Ignacio González recorta los requisitos de calidad para poder adjudicar el Campus de la Justicia

El Gobierno de Madrid, que aún dirige Ignacio González, se apresura para llegar a tiempo de estampar su firma en una de las adjudicaciones más cuantiosas de su periplo a la cabeza de la región: los 1.700 millones de euros de la nueva Ciudad de la Justicia. La preparación del plan y el plazo para presentar ofertas de contratistas están batiendo récords a cambio de sacrificar la calidad e incluso errar en las proporciones del proyecto, señalan fuentes conocedoras del trámite y su evolución. El proceso va camino de concretarse incluso cuando González esté en funciones una vez pasadas las elecciones regionales del 25 de mayo y con otro equipo designado por las urnas para dirigir las instituciones autonómicas.

La lógica que se ha aplicado para este concurso es la misma que para la privatización parcial de la sanidad: “La estructura concesional que se ha asumido es similar a los modelos conocidos como Colaboraciones Público Privadas”, reza el anteproyecto. La dinámica es la utilizada para muchos de los hospitales de la región: una privatización de los medios materiales del servicio público en la que una unión de empresas construye y mantiene la infraestructura a cambio de un pago anual durante 30 años.

González anunció esta ciudad en septiembre de 2014. Para la preparación del plan maestro se ha contado con un grupo de asesores externos, según han contado a eldiario.es fuentes implicadas en la licitación. El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid sacó el concurso el 16 de febrero. El cierre de plazo para aspirar al contrato acaba el 1 de abril. Poco más de 40 días. Luego vendrá el análisis de las propuestas, la adjudicación y la firma del contrato. En comparación, en el anterior proyecto de Campus de la Justicia (liquidado oficialmente el año pasado) desde la primera convocatoria (el 24 de enero de 2005) hasta el último fallo (15 de julio) transcurrieron casi seis meses.

Del diseño de Zaha Hadid al edificio más barato

Las prisas han provocado, según los técnicos que han podido analizar los documentos, que en los pliegos preparados por la Consejería de Justicia “no se asegure que haya unas condiciones de calidad” en las nuevas sedes judiciales por las que Madrid prevé pagar un canon de cerca de 60 millones de euros anuales durante tres décadas. El Ejecutivo otorga un peso del 50% a la propuesta arquitectónica y otro 50% a la mejora del precio respecto a sus cálculos.

Así que, una vez pasado el corte técnico, el concurso se convierte en una subasta a la baja en la que el contratista que esté dispuesto a recortar más se lleva el gato al agua. La memoria del plan justifica que es suficiente con hacer un estudio de viabilidad “económico-financiera”, ya que se trata de “un proyecto de infraestructura pública concreto susceptible de ser ejecutado cuanto antes”. De esta manera elimina la posibilidad de estudiar “alternativas a los trazados o localizaciones” del campus.

Los juzgados son edificios con exigencias singulares. Precisan un diseño que permita, por ejemplo, el desplazamiento independiente por sus instalaciones de los acusados, los funcionarios y el público. El uso del espacio, la posibilidad de que haya luz natural en las salas de vistas o en las zonas de trabajo de los funcionarios influye, en definitiva, en la aplicación de justicia.

Lo que temen los expertos consultados es que se ha preparado un concurso que renuncia a la calidad en virtud del precio. Que las sedes judiciales se parezcan más a los malos ejemplos que ahora hacinan, por ejemplo, los juzgados de lo Social en la calle de la Princesa de Madrid. Unas instalaciones habilitadas a toda prisa en 2010 por el Gobierno regional (la inauguración corrió a cargo de Esperanza Aguirre y Francisco Granados) al frustrársele la idea de situar esas sedes en una de las cuatro torres del paseo de la Castellana y donde los expedientes en papel tocan el techo.

Así, la concentración de sedes judiciales ha pasado de un megaproyecto a otro de cuestionada calidad. En el campus preparado por Esperanza Aguirre –con Ignacio González de vicepresidente y Alfredo Prada de vicepresidente segundo y consejero de Justicia– no se reparó en gastos e incorporó arquitectos estrella cuyas maquetas fueron presentadas por el Ejecutivo como si fueran realidades. En la nómina se incluyeron varios arquitectos galardonados con el premio Pritzker como Zaha Hadid, Norman Foster o Richard Rogers. El coste por metro cuadrado se valoró en 6.000 euros. 

Todo eso se iba a pagar con las plusvalías que obtendría la Comunidad de Madrid al vender los edificios en los que tenía ubicados los juzgados. Con la burbuja inmobiliaria pinchada, ese dinero –solo existente en el papel– se evaporó. Como heredero, ha surgido este plan exprés.

Nuevos edificios igual de deficientes

El proyecto de Madrid prevé incluir todo lo necesario para trasladar los 356 órganos judiciales hoy dispersos por Madrid en 200.000 metros cuadrados. Una revisión técnica llevada a cabo por expertos en arquitectura judicial calcula que los asesores contratados por Justicia para redactar este plan se han quedado un 12% cortos. Harían falta 24.000 metros más para dar cabida a las infraestructuras que exige el trabajo judicial (despachos, salas de vistas, calabozos, corredores...). En caso contrario, sería preciso reducir las dimensiones de todas esas dependencias. El proyecto estima que cada metro cuadrado construido cueste 800 euros. Esa desviación de superficie supondría más de 19 millones de euros.

Casos de sedes judiciales cuya situación física contribuye al atasco judicial se extienden por toda España. Pero, sin ir más lejos, en 2013 el fiscal jefe de Madrid se quejaba de las “exiguas” y “manifiestamente mejorables” instalaciones con las que contaban en los juzgados de Violencia contra las Mujeres. La directora general de Justicia, Grande Pesquero, le replicó en la Asamblea de Madrid que “no es cierto que los fiscales se encuentren hacinados. Comparten un despacho multifunción”.

En aquella sesión del 5 de noviembre, la diputada de IU María Espinosa de la Llave denunció que esos juzgados “no tienen habilitado un espacio diferenciado para las víctimas, ni biombos de separación, ni salas de observación, de forma que las maltratadas se ven obligadas a situarse tras estanterías, archivos o en pasillos para no cruzarse con su maltratador”.

A la luz de la importancia de los edificios a la hora de impartir justicia, sacar adelante esta licitación pone sobre la mesa que casi cualquier edificio vale para juzgado: y el pliego no asegura que ese no sea el criterio finalmente aplicado, insisten los técnicos consultados.