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La nueva ley de Inspección del Trabajo crea una Oficina contra el fraude laboral

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La nueva ley de Inspección del Trabajo crea una Oficina contra el fraude laboral

La nueva ley de Inspección del Trabajo crea una Oficina contra el fraude laboral

El Consejo de Ministros ha analizado hoy un informe sobre el anteproyecto de ley de Inspección de Trabajo y Seguridad Social que prevé la creación de una nueva oficina de lucha contra el fraude, que se constituye como el "cerebro" de la programación y la planificación de la actividad inspectora.

Fuentes del Ministerio de Empleo han explicado que la nueva oficina, que entrará en funcionamiento cuando se apruebe la ley, en agosto o septiembre, contará con diversas unidades especializadas que abordarán, por ejemplo, los casos de fraude por formación profesional o la creación de empresas ficticias.

La nueva normativa configura la Inspección de Trabajo como un organismo autónomo, que presidirá la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y en el que tendrán mayor participación las comunidades autónomas y los interlocutores sociales.

La Inspección de Trabajo configurada como entidad autónoma también buscará un marco de colaboración con unidades policiales y cuerpos de funcionarios para llevar a cabo las inspecciones contra el fraude de manera más certera.

La nueva oficina de lucha contra el fraude servirá de enlace con la plataforma europea contra el trabajo no declarado, en el marco de la UE.

Según datos aportados por Empleo, el pasado año se registraron 102.183 denuncias por fraude, la mayoría de ellas (más de 37.000) por trabajo no declarado a la Seguridad Social y 31.700 por abuso laboral.

Además las inspecciones por el trabajo a tiempo parcial aumentaron el 127 %.

El buzón de lucha contra el fraude, habilitado por el Gobierno, contabilizó desde agosto de 2103, más de 15.200 denuncias que hicieron aflorar hasta 3.000 empleos irregulares.

Se trata, según Empleo, de pasar a un modelo de inspección "perdurable, fuerte y moderno" que propicie la cohesión territorial.

Por ello, el Gobierno ha hablado con las comunidades autónomas para que tengan acomodo en el nuevo modelo y se refuercen los instrumentos de coordinación.

Además de estudiar el anteproyecto de ley, el Gobierno pedirá hoy al Consejo Económico y Social (CES) un dictámen urgente al objeto de que el anteproyecto de Ley se apruebe en Consejo de Ministros en las próximas semanas de manera definitiva.

El Gobierno confía en conseguir el máximo consenso posible en la tramitación parlamentaria.

La norma también refuerza la estructura de la inspección de trabajo con el incremento de medios personales.

De hecho, entre 2012 y 2015 se habrán incorporado 201 nuevos efectivos entre inspectores de trabajo y seguridad social y subinspectores de empleo.

Ochenta más están en proceso de selección y se incorporarán en 2016.

Asimismo, la oferta de empleo público para 2015 incluye una tasa de reposición de hasta el 50 % de los efectivos inspectores.

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