eldiario.es

Síguenos:

Boletines

Boletines

Menú

La justicia evita que Madrid desahucie a un discapacitado al corriente de pago

Un juzgado determina que el Ayuntamiento de Madrid no comunicó con un mes de antelación su intención de dar por finalizado el contrato

Javier Lasso de la Vega vive en un piso de carácter social, con un contrato de arrendamiento indefinido, y tiene una minusvalía psíquica del 65%

En febrero le intentaron desahuciar por sorpresa, como denunció eldiario.es, sin que al inquilino se lo notificasen previamente

- PUBLICIDAD -
Portal del bloque en el que vive Javier, al que Madrid intentó desahuciar por sorpresa / L.G.

Portal del bloque en el que vive Javier / L.G.

La justicia ha desestimado la demanda interpuesta por la  Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) para dar por finalizado el contrato que tienen suscrito con Javier Lasso de la Vega, un inquilino que lleva 20 años viviendo en uno de los inmuebles sociales que el Ayuntamiento de Madrid tiene en la calle Madera, en el centro de la capital. Lasso tiene 56 años y sufre una minusvalía psíquica valorada en un 65%. Vive solo desde que su madre falleció. "Tiene su pensión. Entra y sale, hace su vida y está integrado en la comunidad", cuenta Loli Ramírez, una de sus vecinas.

En 2012 la EMVS intentó dar por finalizado el contrato de los vecinos de este bloque de viviendas. En el caso de Javier señalaron que su alquiler "no es de por vida" aunque en su contrato aparezca que su vinculación es "indefinida". Como alternativa le ofrecieron una opción a compra que él rechazó. Desde entonces tienen un conflicto abierto para evitar que el gobierno de Ana Botella venda esos inmuebles a un fondo buitre. Por ahora, lo han conseguido después de que Renta Corporación, una inmobiliaria de la que ha sido consejero Ignacio López del Hierro, marido de Dolores de Cospedal, renunciase a esta operación.

El Ayuntamiento ya intentó en febrero ejecutar su desahucio, como publicó eldiario.es. Se presentaron por sorpresa policías y una comisión judicial en su casa para obligarle a marcharse, a pesar de que no le habían comunicado que tuviera un proceso judicial abierto. Su abogada consiguió paralizarlo al demostrar que las notificaciones del tribunal nunca le llegaron porque la EMVS no comunicó correctamente el domicilio de su cliente.

Este mes el Ayuntamiento ha reiterado su intención y en este caso la justicia ha vuelto a dar la razón a los vecinos. En una sentencia dictada el pasado 13 de abril, el juzgado de 1º instancia número 97 de Madrid no ha permitido que se extinga el contrato, ya que consideran que a Javier no le han comunicado esa intención con un mes de antelación, como indica el artículo 1255 del Código Civil para poder "dar por terminado el presente contrato".

El acuerdo que Lasso tiene con la EMVS expiraba el 13 de diciembre del 2012, hasta ahora ambas partes aceptaban que se renovase de forma automática. Sin embargo, en esta ocasión la EMVS quería darlo por finalizado, sin habérselo comunicado correctamente a la justicia. "La notificación de la voluntad de resolver debe de realizarse antes del día 13 de noviembre del 2012", señala el juez, que añade que el demandado "recibió la comunicación el día 20 de noviembre de 2012, es decir, fuera del plazo legal".

El Ayuntamiento de Madrid tiene 20 días para presentar un recurso de apelación ante este juzgado. eldiario.es se ha puesto en contacto con la EMVS para conocer si van a recurrir esta decisión, sin haber recibido respuesta por ahora. Desde el departamento municipal que gestiona las viviendas pública municipal han justificado esta denuncia señalando que "los alquileres sociales no son indefinidos, sino que están sujetos a determinadas características y criterios sociales y económicos, que en ocasiones son coyunturales".

Los vecinos de la calle Madera están asociados con otros 27 edificios en una organización que han llamado 'Yo no me voy'. A través de esta agrupación trabajan conjuntamente para impedir que la EMVS presione a los vecinos de forma individual con el fin de que cambien las condiciones de sus contratos. "Hace tres años nos empezaron a decir que nuestros contratos habían prescrito y que había que firmar uno nuevo. Hemos demostrado en los tribunales que eso no es así. Si nosotros tenemos la misma situación económica, ese documento es vigente", explica Alberto Romeral, afectado y miembro de la directiva de 'Yo no me voy'.

- PUBLICIDAD -

Comentar

Enviar comentario

Enviar Comentario

Comentarios

Ordenar por: Relevancia | Fecha