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Malaui confirma la moratoria en la aplicación de la ley antigays

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Malaui confirma la moratoria en la aplicación de la ley antigays

Malaui confirma la moratoria en la aplicación de la ley antigays

Malaui se ha reafirmado en su intención de mantener la moratoria impuesta en la legislación que permite encarcelar y obligar a los homosexuales a que se sometan a exámenes médicos tras la presión internacional que ha sufrido el país.

Según las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y el Centro para el Desarrollo de la Gente (CEDEP, en inglés), las últimas decisiones del Gobierno de Lilongwe demuestran su compromiso con los derechos humanos.

"Es alentador comprobar que el Gobierno de Malaui refuerza su compromiso con los derechos humanos. El próximo paso es deshacerse de las leyes discriminatorias de una vez por todas", declaró ayer el director del CEDEP, Gift Trapence, una organización malauí.

El ministro de Justicia, Samuel Tembenu, aseguraba hace unos días que el Gobierno malauí va a mantener suspendida la aplicación de las leyes antigays, tal y como se comprometió a hacer en 2012 para distanciar a Malaui de otros países menos tolerantes.

La polémica estalló el 7 de diciembre después de que una pareja fuera detenida por miembros de un grupo de vigilantes de Lilongwe, que asaltaron físicamente a uno de ellos y destrozaron la casa del otro.

Ambos fueron entregados a las autoridades, que según HRW les obligaron a someterse a análisis de VIH y enfermedades de transmisión sexual y fueron puesto en libertad bajo fianza a pesar de que la Policía negó que hubieran sido detenidos.

Se trata del primer incidente registrado en Malaui desde el año 2009, cuando una pareja de homosexuales fue detenida y encarcelada bajo los cargos de "conocimiento carnal en contra del orden de la naturaleza" e "indecencia", aunque serían amnistiados un tiempo después.

En 2012, la entonces presidenta, Joyce Banda, hizo un llamamiento público para despenalizar las relaciones homosexuales y su ministro de Justicia, Ralph Kasambara, pidió una moratoria en los arrestos alegando que podría haber un conflicto legal con la Constitución.

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