Objetivo: devolver un techo a quienes el terremoto se lo arrebató

Dieciocho metros cuadrados pueden no parecer muchos para vivir, pero lo son para quienes no tienen nada. Esa es la medida de las “viviendas progresivas” que van a asegurar un techo a cientos de familias que perdieron su casa en el terremoto que arrasó el noroeste de Ecuador el pasado 16 de abril.

En total serán 297 viviendas modulares que partirán de España hacia Ecuador gracias a Cruz Roja Española.

Los materiales que componen estos habitáculos ya están esperando en el puerto para salir hacia el país latinoamericano y empezar a construirse en “mes o mes y medio”.

Desde España, Cruz Roja envía los cimientos, la estructura de acero galvanizado, con toldos de plástico para poder cubrirlas en primera instancia, según ha explicado la directora de Cooperación Internacional de Cruz Roja, María Alcázar, en la presentación de las viviendas.

Dos de ellas han hecho de “avanzadilla” y ya están en el terreno para que las familias y los voluntarios aprendan a construirlas.

Luego habrá que buscar una solución para cubrir las paredes “que se adapte a la cultura local”, que sea “segura” y “económica”, ha aseverado Alcázar.

La idea es que estas viviendas, en principio precarias, se conviertan en la solución habitacional segura de alrededor de 1.500 personas, de las más de 30.000 que el gobierno ecuatoriano calcula que se han quedado sin hogar.

“Es un lugar que de forma progresiva va a avanzar hasta que sea una vivienda final”, ha dicho el Coordinador General de Cruz Roja Española, Antoni Bruel.

El proyecto no es nuevo. Cruz Roja ya envío estas estructuras a Indonesia tras el tsunami del 2004 y a Haití tras el terremoto de 2010.

Fue en estas catástrofes cuando se dieron cuenta de que, después de la ayuda inmediata -de la asistencia sanitaria y el abastecimiento de agua y comida-, es necesario devolver a las personas afectadas “sus medios de vida”, es decir, una vivienda y la actividad económica que estaban desarrollando antes del seísmo o del tsunami.

“Desde que se les da una tienda de campaña o unos toldos hasta que (el gobierno) construye una casa y pueden entrar en ella, pueden pasar dos años”, ha lamentado Alcázar.

En Indonesia las paredes de las viviendas de Cruz Roja acabaron siendo del bambú típico de la zona y en Haití, las 4.427 viviendas, ahora son de colores.

Cada estructura cuesta 1.500 euros y una vez instalado y cubierto, el precio ronda los 3.000 euros.

En cada módulo cabe una familia de hasta cinco miembros, pero se pueden acoplar varios para adaptarse al tamaño de cada familia.

Incluso pueden unirse hasta seis y crear una escuela o un centro comunitario.

Pero el proyecto de Cruz Roja no es fácil, y en el mes y medio que tienen hasta que llegue el barco con las viviendas progresivas aún tienen mucha logística por delante.

En España han reunido un millón de euros en donaciones, pero aún necesitan 686.000 más para sufragar el coste de este proyecto.

Y deben encontrar terrenos seguros para instalarlos -que no estén al lado de un río, por ejemplo-, formar a las personas que los van a construir y encontrar a las familias beneficiarias.

Para eso, además del equipo de España, tienen desplazadas a ocho personas en el terreno (tres que ya estaban y cuatro más que se unieron a Cruz Roja Ecuador en los primeros días).

Raquel Jiménez es una de estas delegadas y ha relatado que aún no tienen un criterio de selección de las familias determinado sobre todo porque las dos fuertes réplicas (de 6,8 grados) de los últimos días hacen necesaria una nueva valoración de los daños.

En general, se exige que las familias tengan un “terreno que sea suyo”, que esté en una zona “fuera de riesgo” y que haya un “potencial para crear un medio de vida”.

Los tres expertos de Cruz Roja han insistido en especial en el terreno en propiedad porque según Bruel es importante “para que luego no aparezca un propietario que quiera quitarles la casa”.

En Haití trabajaron en una especie de catastro que les sirviera a las familias para poder demostrar que el terreno y la casa que se habían construido era suya.

Por eso, también ayudan a documentar la tenencia de tierras y trabajan con el gobierno para que ceda terrenos que luego se puedan reescriturar.

“Si no hay problema con la propiedad, en menos de seis meses están viviendo en ellas”, ha concluido Alcázar esperanzada.