PSOE acusa al Gobierno de reducir la atención sanitaria a 1,5 millones de funcionarios

El diputado socialista y portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad, José Martínez Olmos, ha reprochado al Gobierno central que recorte la financiación de la mutua que atiende a los funcionarios y ha alertado de que pone en riesgo los derechos asistenciales de más de un millón y medio de empleados públicos.

Martínez Olmos ha denunciado en Granada los recortes impuestos por el Gobierno central a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), organismo dependiente de Hacienda, que, a su juicio, ponen el riesgo la asistencia sanitaria a los empleados públicos.

El diputado socialista ha subrayado la incertidumbre y preocupación ante unos recortes que afectan a las prestaciones que reciben un millón y medio de personas en España, 318.000 funcionarios en Andalucía.

Según el PSOE, los trabajadores públicos adscritos a Muface ya han visto reducido el cuadro médico y los servicios sanitarios, por lo que existen casos de enfermos graves que se tienen que desplazar a otros lugares para recibir asistencia.

Martínez Olmos ha revelado además que ante la imposibilidad de que algunos pacientes vean cubiertos sus tratamientos con Muface, se les ofrece la opción de adquirir una nueva póliza para cubrir sus tratamientos mediante un copago adicional.

Ha tachado de “insostenible” la situación en la que se encuentra esta mutua y ha apuntado que, en 2011, se exigía un número mínimo de facultativos en los centros privados adscritas a Muface, aunque el pasado año el Gobierno central modificó las condiciones y permitió suprimir parte de su cartera de servicios.

Como ejemplo, Martínez Olmos ha explicado que el convenio establecía que para una ciudad con unos 30.000 funcionarios mutualistas, la oferta de cardiólogos ascendía a trece, una cifra que este año se reduce a ocho.

El grupo parlamentario socialista ya ha presentado una batería de iniciativas en el Congreso de los Diputados para pedir explicaciones al Gobierno por un recorte en la prestación que han calificado de drástico al descender la inversión en 50 millones de euros al año.