El PSOE acusa de deslealtad al Gobierno en el reparto de subvenciones del IRPF

Las comunidades socialistas de Andalucía, Extremadura, Aragón y Castilla-La Mancha han acusado hoy de “deslealtad” al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la elaboración del borrador de decreto que regula la convocatoria de subvenciones para ONG con cargo a la casilla de fines sociales del IRPF.

De esta forma se han referido a las sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional, la última de ellas del pasado mes de enero, que determinan que el Gobierno traslade a las autonomías la gestión de la financiación de las entidades sociales que deriva de la recaudación del IRPF de acción social.

Varios consejeros socialistas han aludido a este asunto en declaraciones a los periodistas antes de la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia.

La consejera de Igualdad y Servicios Sociales de Andalucía, María José Sánchez Rubio, ha afirmado que “empezamos con mal pie en un tema de gran importancia como la gestión del 0,7 del IRPF”.

Sánchez Rubio ha opinado que ha habido “un planteamiento desleal” por parte del Gobierno porque las autonomías no han tenido conocimiento del borrador de decreto -que supondrá la distribución de 400 millones de euros de la voluntad de los españoles de colaborar con las ONG- hasta el viernes.

La consejera andaluza ha mostrado su disposición a colaborar con el Ejecutivo para resolver la gestión del O,7 por ciento del IRPF para favorecer el desarrollo del tercer sector.

Ha precisado que en Andalucía se gestionan 39 millones de euros para el tercer sector a través del IRPF y ha resaltado que exigirán “tiempo” para trabajar en este decreto con el fin de ponerlo en marcha “con garantías” para evitar que “en un mes” vuelva al Tribunal Constitucional y ponga en juego las subvenciones para 2017.

Por su parte, el consejero de Sanidad y Políticas Sociales de Extremadura, José María Vergeles, ha lamentado “profundamente” que el Ministerio haya negociado con la Plataforma del Tercer Sector “de espaldas” a las comunidades autónomas y ha expresado su deseo de que Sanidad sea capaz de solucionar esa “falta de lealtad” que ha tenido con las autonomías.

Asimismo, ha mostrado su confianza en que el Ejecutivo solucione este problema porque estas ayudas sociales afectan “a 7 millones de personas, a cientos de miles de empleos y a miles de proyectos”.

Vergeles también ha lamentado que esta reunión haya tenido lugar “tan tarde” y ha mostrado su deseo de que la ministra haga una “gestión adecuada”, tras esta reunión.

En la misma línea, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales de Aragón, María Victoria Broto, ha lamentado “profundamente” que el Constitucional dictara una sentencia en enero, que determina que las comunidades autónomas se encargarán del reparto de la financiación obtenida del IRPF, y no se haya reunido con las autonomías hasta hoy para abordar este asunto.

Asimismo, la consejera aragonesa ha censurado que la Administración del Estado se haya reunido con las entidades sociales sin que lo conocieran las comunidades autónomas y ha agregado: “Nosotros no somos una entidad colaboradora, somos Administración”.

Una opinión semejante ha manifestado también la consejera de Bienestar Social de Castilla La-Mancha, Aurelia Sánchez, quien ha exigido al Gobierno “más lealtad y compromiso con las comunidades autónomas” ya que las reuniones que, según ella, ha mantenido el Gobierno con el tercer sector, también se deberían haber producido con las autonomías.