Panamá quiere combatir discriminación laboral de afectados por jarabe tóxico

El Gobierno de Panamá puso hoy a funcionar una comisión especial que se encargará de defender los derechos laborales de las víctimas de un envenenamiento masivo ocurrido hace una década por culpa de un jarabe contaminado distribuido por el Seguro Social.

El objetivo de este grupo, que se reunirá cada dos meses durante un año, es identificar a todos los afectados y analizar su historial laboral para ver si han sido víctimas de algún tipo de discriminación, explicó el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Luis Ernesto Carles.

“No fue un error humano, es una comisión de un delito que ocasionó un daño permanente en la vida de mucha gente (...) y no puede quedar impune. La Justicia hace su parte y a mí me toca abordar la parte sociolaboral”, reconoció Carles.

Según el Comité de Familiares de las Víctimas y Sobrevivientes por el Derecho a la Salud y a la Vida, desde que se descubrió el escándalo en 2006 se han identificado cerca de 200 casos de discriminación, entre los que hay personas que no han sido contratadas por estar enfermas, que han sido despedidas de manera injustificada o forzadas a renunciar para no ser indemnizadas.

El dietilenglicol, la sustancia altamente venenosa de uso industrial que se utilizó para fabricar el jarabe antigripal, “no se puede convertir en un elemento discriminatorio, como tampoco puede ser el VIH, el embarazo o la insuficiencia renal”, dijo el ministro.

La comisión, que está integrada por funcionarios del ministerio y representantes del comité de víctimas, brindará asistencia legal a todo aquel que quiera demandar a algún empleador, ayudará a buscar trabajo a los afectados desempleados y sensibilizará a las empresas.

“Es un gesto histórico porque hay mucha gente que nunca se ha preocupado por nuestro futuro”, reconoció José Sarmiento, una de las víctimas.

El caso dio un inesperado giro esta misma semana cuando la Corte Suprema de Justicia revocó la absolución de cinco personas, entre ellas el exdirector del Seguro Social René Luciani, y les condenó a 18 meses de cárcel.

En la sentencia original, que fue invalidada por el máximo tribunal, solo fueron condenados cinco de los casi 30 imputados, lo que causó gran decepción entre las víctimas.

El caso, que dio la vuelta al mundo y generó un gran revuelo en Panamá, se remonta al 2003, cuando la estatal Caja del Seguro Social (CSS) distribuyó un jarabe elaborado con dietilenglicol, una sustancia altamente venenosa que se utiliza como refrigerante industrial.

En 2003, la CSS compró cerca de 9.000 kilos de supuesta glicerina pura a la empresa panameña Medicom, que a su vez adquirió la mercancía a la farmacéutica española Rasfer Internacional S.A., que la trajo desde China.

Con esa supuesta glicerina pura, la CSS elaboró un jarabe para la gripe, que resultó no ser apto para el consumo humano.

Las autoridades sanitarias distribuyeron por el país más de 200.000 frascos del “jarabe de la muerte”, pero no fue hasta el año 2006 cuando se empezaron a identificar los primeros casos de envenenamiento.

Según el comité de víctimas, hasta el momento se han reconocido cerca de 800 muertes y más de 1.300 afectados, entre los que hay más de 250 menores.