El Papa puede decidir de forma directa el futuro de los sacerdotes de Granada

El papa Francisco puede decidir personalmente el futuro y las penas para los sacerdotes supuestamente implicados en el caso de abusos sexuales a un menor en la Archidiócesis de Granada, según establece el Derecho Canónico.

Hasta el momento, tres sacerdotes han sido apartados de sus funciones de forma cautelar por el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, siguiendo las indicaciones del Vaticano, que tuvo noticia de los hechos a través de una carta enviada por la presunta víctima, un joven de 24 años que dice haber sufrido abusos desde los 13 o los 14 hasta la mayoría de edad.

El joven denunció los hechos el pasado mes de octubre ante la Fiscalía Superior de Andalucía después de recibir la llamada del papa, que le pidió perdón en nombre de la Iglesia.

Aparte de la vía judicial, ahora se abre también un proceso canónico según el cual, el papa Francisco podría decidir personalmente las penas de los sacerdotes implicados.

Así lo ha indicado a Efe el catedrático de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra José Bernal, quien ha explicado cómo es el proceso que la Iglesia católica pone en marcha ante un supuesto caso de abusos sexuales a menores.

“Cuando se tiene noticia de un supuesto abuso a un menor a través de diversos medios, como una denuncia de la víctima, el obispo de la diócesis afectada inicia una investigación para comprobar si la denuncia es verosímil”, ha relatado.

Si la denuncia tiene fundamento, el obispo recoge el material disponible y lo envía a Roma, a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es la encargada de estudiar el caso.

Este órgano es el que decide si se abre un proceso judicial, un proceso administrativo o si eleva el caso al Romano Pontífice para que él decida de modo directo.

No obstante, una vez que se tiene noticia de los supuestos abusos, la doctrina de la Iglesia contempla la adopción de medidas cautelares, como apartar al sacerdote de su cargo mientras esté en vigor la causa, tal y como ha hecho el arzobispo de Granada a instancias de la Santa Sede.

En el caso de que se abra un proceso judicial o administrativo, lo normal es que la Congregación transmita su decisión al obispo y que él mismo dirija ese proceso.

Así, ante un proceso judicial, la diócesis decide sobre los hechos a través de un tribunal colegiado formado por tres sacerdotes.

Según Bernal, una vez la Congregación para la Doctrina de la Fe comienza a investigar, la mayor parte de los casos como éste acaban con el castigo del presunto delincuente.

Este castigo puede consistir en la expulsión del estado clerical o en la decisión de apartar al acusado del ejercicio del sacerdocio, lo que implica que no puede desempeñar el cargo en una diócesis ni tener contacto con gente joven.

En cuanto a los plazos, este experto señala que no hay un tiempo establecido, pero conociendo la reacción del papa -que llamó por teléfono al denunciante- “intuyo que se va a decidir pronto”.

Bernal apunta que, en estos casos, la Iglesia “suele actuar con contundencia”, sobretodo en los últimos años.

No obstante, ha subrayado la importancia de mantener la cautela para proteger, también, la presunción de inocencia de los implicados.