Piden un nuevo modelo contra incendios forestales basado en la prevención

La lucha contra los incendios forestales deja en segundo plano la prevención, a la que apenas se dedica un 20 % de los presupuestos frente al 80 % asignado para su extinción, según denuncia la Fundación Alternativas en su “Informe sobre sostenibilidad en España 2017” en el que pide un cambio de modelo.

Subtitulado “Cambio de rumbo, tiempo de acción”, el documento de 138 páginas dedica un capítulo a los incendios forestales para reivindicar un “nuevo modelo de lucha” contra el fuego que priorice las labores de prevención, mejore la eficiencia en la identificación de causantes y en la aplicación ejemplar de sanciones y condenas.

En este sentido recuerdan que hoy en día el problema de fondo no son los incendios en general, sino aquellos de alta intensidad y difícilmente controlables, los grandes incendios forestales (GIF) en los que arden más de 500 hectáreas.

Cada año se producen de media 23 grandes incendios en España, que si bien suponen un 0,12 % del total, en ellos arde el 37 % de la superficie media que se quema anualmente, detallan.

Los escenarios que plantea además el proceso de cambio climático y calentamiento global no son halagüeños, pues prevén un aumento de las temperaturas para finales de siglo de cuatro grados en invierno y seis grados en verano, con periodos de fuertes sequías y olas de calor extremas que serán más frecuentes y duraderas.

Así, la duración de la temporada de incendios será mayor y “si el aumento de temperatura global supera los dos grados centígrados, los días de riesgo de incendio se incrementarán en hasta seis semanas al año”, advierte.

Para reducir su impacto, desde la Fundación Alternativas proponen impulsar políticas territoriales que hagan los paisajes menos vulnerables y, como reclaman organizaciones como WWF España, se detecte, identifique y cartografíe cuáles son las Zonas de Alto Riesgo de Incendio (ZARI).

De hecho, la Ley de Montes de 2003 estableció que las comunidades autónomas debían declararlas, pero más de trece años después “no todas las comunidades” han identificado sus ZARI ni lo han hecho “en base a criterios homogéneos”.

Igualmente, el informe denuncia que la modificación de la Ley de Montes en 2015 era “innecesaria” y ha contado con el rechazo de propietarios, profesionales forestales y grupos conservacionistas, ya que “ofrece una mayor permisividad para cambiar de uso terrenos quemados” y “desvaloriza a los agentes forestales y medioambientales”.

Recuerdan que la estadística muestra que en España, bien por negligencia bien por intencionalidad, la mano del hombre está detrás del 96 % de los incendios forestales y el análisis de las motivaciones que hay tras los incendios intencionados refleja que el 43 % se debe a quemas agrícolas ilegales y el 26 % a quemas para la regeneración de pastos.

Por ello el informe reivindica “un compromiso político serio a largo plazo” con un enfoque que permita la reducción de los 13.000 siniestros que, de media, se producen cada año, y minimice el impacto de los grandes fuegos aplicando políticas territoriales que hagan los paisajes menos vulnerables a las llamas.

Entre las “oportunidades” que ofrece la prevención desaprovechada citan el presupuesto de FEADER para medidas forestales en el periodo 2015-2020 que asciende a 8.200 millones de euros.