Provea advierte sobre la criminalización de la protesta en Venezuela

La organización defensora de los derechos humanos Provea ve con preocupación lo que describe como una criminalización de las recientes protestas ocurridas en Venezuela y pide al Gobierno de Nicolás Maduro señales claras y voluntad política para entablar un diálogo con la oposición.

El coordinador general de Provea, Marino Alvarado, sostuvo en una entrevista con Efe que muchas de las protestas “de carácter pacífico” registradas luego de las elecciones presidenciales del 14 de abril fueron dispersadas con un uso “desproporcionado de la fuerza” y en algunos casos con un uso “inadecuado” de armas de fuego.

“Nosotros hemos venido denunciando que el presidente Nicolás Maduro se inauguró aplicando la Ley Antiterrorista contra las manifestaciones públicas”, afirmó Alvarado.

“Es la primera vez que se aplica esta ley a manifestaciones públicas en Venezuela y nosotros venimos advirtiendo que esto pudiera ser una tendencia que nosotros hemos denominado como etapa superior de la criminalización de la protesta en el país”, añadió.

Citó un caso en el estado de Lara (centro-occidente), donde, manifestó, “algunas” personas que fueron detenidas tras protestar recibieron “maltratos y fueron torturadas”, y llamó a una investigación “transparente” de los incidentes, que a su entender fueron protagonizados por sectores “radicales” de ambos bandos.

Venezuela se encuentra en una situación de crisis política después de que Maduro ganara los comicios del 14 de abril con 225.000 votos de ventaja sobre el opositor Henrique Capries, quien ha pedido a la justicia que se repitan las elecciones, solicitud que el Gobierno rechaza de plano.

Para Alvarado, la salida a la actual situación pasa por la existencia de un “diálogo que sea constructivo, que permita establecer una agenda mínima”.

“Implicaría resolver tanto la petición que ha hecho la oposición de que se haga una auditoría y reconteo de los votos, como la misma petición que ha hecho el Gobierno de que el presidente Maduro debe ser reconocido como presidente”, afirmó.

Advirtió de que el nivel de conflictividad social en Venezuela, donde, según cifras de Provea, solamente el año pasado hubo más de 5.000 protestas, podría continuar elevado durante la Presidencia de Maduro.

“Nos preocupa mucho el ambiente de confrontación que hay en el país, con un gobierno que tiene un discurso que no contribuye a generar diálogo, con una oposición que mantiene algunas actitudes que contribuyen también a la confrontación”, dijo.

En los días posteriores a las elecciones, las calles de Venezuela fueron escenario de protestas violentas que según cifras oficiales dejaron al menos nueve muertos y más de 80 heridos.

El presidente Maduro ha culpado de lo ocurrido a los llamados de la oposición a reclamar contra el resultado de los comicios, mientras que el líder opositor Henrique Capriles ha dicho que el Gobierno está detrás de los incidentes.

Desde entonces, la violencia ha cesado pero la oposición y el oficialismo mantienen duros cruces verbales en los que se acusan mutuamente de querer generar desestabilización en el país.

En tal sentido, Alvarado consideró indispensable que se entable un diálogo entre ambos bandos, “porque de lo contrario los dos sectores van a conducir al país a situaciones superiores de violencia que no le convienen a Venezuela”.

“Creemos que el país está en una situación muy crítica desde el punto de vista del conflicto político, y aquí lo fundamental es que desde el Gobierno se den claras señales de tener voluntad para dialogar y para resolver por vía democrática el conflicto”, dijo.

El activista se mostró partidario de que el oficialismo y la oposición pidan colaboración a “algún organismo internacional”, como Mercosur, Unasur o la Unión Europea, para que medien entre ambos y ayuden a destrabar el conflicto.

El propio Alvarado protagonizó el mes pasado una polémica con el Gobierno después de que Provea desmintiera que algunos centros de salud locales hubieran sufrido daños de gravedad durante las protestas, tal como denunciaban funcionarios del Gobierno.

En su opinión, la política en materia de comunicación oficial en torno a este incidente “pretendió presentar una situación mucho más grave de lo que realmente ocurrió”.

Alvarado señaló que Provea mantiene su posición de que la magnitud de los daños contra los llamados Centros Médicos de Diagnóstico Integral fue menor que la denunciada oficialmente y pidió una investigación para que los hechos no se repitan.

Inés Guzmán