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La Fiscalía investigará la responsabilidad de la Comunidad de Madrid en la muerte de una anciana en una residencia

La Fiscalía investigará la responsabilidad de Comunidad en la muerte de una anciana en la residencia de Arganda

Europa Press

eldiario.es —

La Fiscalía de Alcalá de Henares ha incoado diligencias “preprocesales” para investigar posibles responsabilidades administrativas en la muerte de una anciana de 93 años el pasado 9 de mayo en una residencia de Arganda del Rey, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Así consta en un escrito en el que se detalla que la apertura de la investigación se realiza al efecto de “depurar las posibles responsabilidades administrativas que haya podido tener la dirección del centro como la Agencia Madrileña de Atención Social”, adscrita a la Consejería de Políticas Sociales.

Agrega que lo hace ante la labor de sendas partes de “supervisión e inspección” y al estimar que se han producido “deficiencias en la atención de los usuarios del centro”. Fuentes jurídicas han indicado a Europa Press que al estar el caso ya judicializado, el fiscal se inhibirá al juzgado competente, el Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid.

El fiscal desmiente al consejero de Cifuentes

Según ha adelantado la Cadena Ser, el fiscal que lleva el caso destaca en el escrito que las sujeciones de la víctima “no habían sido ni pautadas por el médico, ni consentidas por la familia”.

Esta emisora recuerda que el consejero de Políticas Sociales aportó una respuesta cuando compareció en la Asamblea de Madrid para dar explicaciones que no coincide con la aportada ahora por la Fiscalía. En ese momento aseguró que un facultativo había prescrito su colocación “por la fragilidad de los huesos” de Cecilia.

El consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo, defendió cuando se produjeron los hechos que la actuación de la residencia fue “acertada, correcta y ejemplar”, y achacó la muerte a un “fatídico accidente” motivado por “el estado basal” de la residente.

Un enfermero llevó este caso ante el Ministerio Público para denunciar que la muerte de esta residente se pudo producir por la falta de personal. La noche en la que sucedieron los hechos, él era el único enfermero en el turno de noche para atender a 343 ancianos y la situación de precariedad ya había sido advertida por la plantilla hace dos años.

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