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El Supremo obliga a las escuelas catalanas a impartir el 25% de las clases en castellano

La Sala de lo Contencioso avala el porcentaje fijado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que califica de "proporcionado y razonable"

La sentencia precisa, además, que deben impartirse en castellano no solo las asignaturas correspondientes a esta lengua sino también algunas de las troncales

El último capítulo de este enfrentamiento es el recurso del Gobierno al TSJC para que se repita el periodo de matriculación porque el sistema "erradica" el castellano

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El Tribunal Supremo.

El Supremo obliga a las escuelas catalanas a impartir el 25% de las clases en castellano. / Efe

El Tribunal Supremo ha ordenado que las escuelas catalanas impartan un 25% de las clases en castellano y ha fijado, además, que deben darse en este idioma no sólo las asignaturas correspondientes a esta lengua sino también alguna de las materias troncales.

En una sentencia hecha pública este viernes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo avala el porcentaje que fijó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en ejecución de las resoluciones del alto tribunal, que reconoce desde 2010 que el castellano debe ser lengua vehícular en los colegios catalanes.

El Supremo precisa que el porcentaje fijado es "proporcionado, razonable y ajustado a la consecución de la enseñanza del castellano". La condición de lengua vehicular no puede alcanzarse si se reduce su uso "a una asignatura más" por lo que debe incluirse en otra materia de carácter troncal, agrega.

Esta decisión del TSJ provocó que dos padres de alumnos recurrieran al Supremo demandando un incremento del porcentaje al 50%. La Generalitat también recurrió al considerar que los tribunales catalanes no están legitimados para fijar los criterios a seguir.

Recurso a la normativa de matriculación

La guerra en esta trinchera, sin embargo, no ha terminado aquí.  El Gobierno ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la normativa que regula la preinscripción y matriculación de los niños en los colegios catalanes para el curso que viene. El Ministerio de Educación entiende que la Generalitat no garantiza el derecho de las familias a escolarizar a sus hijos en castellano y solicita al tribunal de manera cautelar la apertura de un nuevo plazo "donde las familias puedan por cualquier medio solicitar el castellano como lengua vehicular de sus hijos", según explica la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio.

La mano derecha de José Ignacio Wert argumenta, para justificar la decisión del Gobierno, que en el formulario que se facilita a las familias para realizar este proceso no existe ninguna casilla para elegir el castellano como lengua principal en las clases y que a quien manifiesta que ésta es su lengua materna (esta opción sí se ofrece) se le remite a una "atención individualizada". Ambos casos contravienen la normativa vigente.

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