Teresa Romero reclama 150.000 euros al consejero por “vulneración de honor”

La auxiliar de enfermería Teresa Romero, que ha superado recientemente un contagio por virus del Ébola, y su marido, Javier Limón, van a presentar esta semana una demanda civil en la que reclaman 150.000 euros al consejero madrileño de Sanidad, Javier Rodríguez, por “vulneración del derecho al honor”.

Así lo ha señalado a Efe Nicolás Marchal, uno de los abogados de la pareja, que ha explicado que consideran que el consejero vulneró el derecho al honor de la auxiliar de enfermería al acusarla de “mentir y ocultar información”.

“Fueron declaraciones que hizo públicas una persona con un alto grado de responsabilidad y que persistió en sus incriminaciones en distintos medios”, ha señalado.

Antes de presentar esta demanda civil, los abogados de Teresa Romero y javier Limón tratarán de resolver esta reclamación a través de un acto de conciliación.

Además, la pareja ha emprendido otras dos acciones legales, una de ellas referente al perro del matrimonio, Excalibur, que fue sacrificado por orden de la Consejería de la Sanidad como medida preventiva.

Por este asunto, Teresa Romero y su marido presentarán también esta semana una solicitud para iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial que incluye una reclamación por vía administrativa de 150.000 euros para reparar el daño causado, ya que el matrimonio consideraba el perro como el hijo que nunca tuvieron.

Por otro lado, la pareja ha decidido presentarse como acusación particular en la querella para denunciar un posible delito contra la seguridad de los trabajadores interpuesta en varios juzgados por asociaciones y colectivos sanitarios ante la “falta de medios y recursos” para enfrentarse a posibles casos de ébola.

El Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid ya ha abierto diligencias previas por la posible existencia de una infracción penal tras admitir a trámite una de estas denuncias, presentada por quince médicos del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital La Paz de Madrid.

En este caso, Teresa Romero y Javier Limón han pedido a través de sus abogados una reclamación por responsabilidad civil a la Consejería de Sanidad de 300.000 euros.

Además, según ha señalado el letrado Nicolás Marchal, este posible delito contra la seguridad de los trabajadores puede llevar aparejado una responsabilidad penal si se demuestra dolo o imprudencia, con una pena de prisión entre seis meses y tres años contra la persona que se señale como responsable.