Valls quiere cambiar la directiva del trabajo desplazado por el fraude masivo

El primer ministro francés, Manuel Valls, subrayó hoy la determinación de su país para reformar la directiva europea sobre los trabajadores desplazados, teniendo en cuenta que el fraude es “masivo” y que la consecuencia es un “'dumping' social inaceptable”.

Valls, en un discurso de presentación del nuevo dispositivo de su Gobierno contra el trabajo ilegal, señaló que ante la evidencia de un fraude a través de “montajes cada vez más complejos”, una de las respuestas tiene que ser la “revisión” de la directiva europea de 1996.

Pese a la oposición de varios países contra las propuestas de reforma de la Comisión Europea, auspiciadas por Francia y por Alemania, que han activado el procedimiento de la “tarjeta amarilla” que obliga a Bruselas a modificar su proyecto, París persiste.

El primer ministro aseguró que seguirán “determinados para que la reglamentación evolucione” y se mostró convencido de que lo conseguirán “con los otros países” que defienden “no sólo la libertad, sino también el respeto de los derechos sociales”.

Según los datos oficiales publicados hoy por “Les Echos”, el pasado año hubo 286.025 trabajadores desplazados declarados en Francia, lo que significa un salto del 25 % respecto a 2014 que el Ejecutivo atribuye en parte a la intensificación de los controles que ha llevado a muchas empresas a regularizar su situación.

El hecho es que el número de los que realizan misiones en Francia acogiéndose a esta figura se han multiplicado por diez en el último decenio.

Los trabajadores declarados en Francia proceden sobre todo de Portugal (16 %), España y Rumanía, realizan sus misiones en territorios próximos a las fronteras en más del 45 % y en más del 80 % de los casos se trata de obreros.

Los sectores privilegiados son la construcción y obras públicas (27 %), las operaciones interinas (25 %) y la industria (16 %).

Junto a la actividad declarada, para 2013 se estimaba que había 220.000 trabajadores en situación ilegal.

Y el Tribunal de Cuentas ha evaluado en 380 millones de euros el dinero que las administraciones y la Seguridad Social francesa deja de ingresar por el trabajo desplazado irregular.

A ese respecto, desde julio del pasado año se dictaron 291 multas por 1,5 millones de euros que se referían a 1.382 empleados.

Valls explicó que el polémico proyecto de ley de reforma laboral que actualmente está en trámite parlamentario -que ha suscitado protestas de una parte de los sindicatos- contiene mecanismos para combatir el trabajo ilegal, como un endurecimiento de las sanciones y en particular una responsabilización de las empresas.

Así, las compañías que subcontraten actividades a otras serán responsables de la declaración de trabajadores desplazados por parte de estas últimas, so pena de sanciones.