La ley antirracista deriva en Bolivia en mecanismo de persecución y censura

La ley contra el racismo y la discriminación que rige en Bolivia desde 2010 se ha convertido por su ambigüedad en un arma de persecución política y de censura para la prensa, según advierten expertos consultados por Efe.

Esta normativa ha cobrado actualidad en los últimos días, después de que el Gobierno boliviano anunciara que procesará a una periodista por no censurar declaraciones racistas realizadas por la persona a la que entrevistaba, un militar que había lanzado graves acusaciones contra el Ejecutivo del presidente Evo Morales.

A juicio del sociólogo y director de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana, Rafael Loayza, autor del libro “Halajtayata: Racismo y etnicidad en Bolivia”, esta legislación “se está transformando en instrumento de persecución por su poca claridad a la hora de tipificar los delitos raciales”.

“Debe haber una ley contra el racismo, que por lo general está producido contra las comunidades indígenas, tradicionalmente desposeídas. Pero cuando esa ley se politiza, se transforma en instrumento de persecución y represión”, sostiene Loayza.

Esta norma choca con la Ley de Imprenta, “una conquista social que ha permitido proteger el ejercicio de la libertad de expresión” y que determina que los contenciosos relacionados con la prensa deben ser juzgados por un Tribunal de Imprenta.

La ley antirracista permite, ante un supuesto delito cometido por un informador, sancionar directamente al medio de comunicación con duras penas, que incluyen su cierre durante un año.

“Es una vía bien pensada para intervenir en los medios”, sostiene el experto, quien califica la normativa de “tendenciosa” porque convierte delitos individuales como el racismo y la discriminación en delitos colectivos.

La organización Human Rights Watch ya advirtió de que esta ley “pone en riesgo la libertad de expresión” y otorga al Gobierno “potestades imprecisas y excesivamente amplias que le permiten censurar injustamente a los medios”.

También el jurista Gonzalo Mendieta considera que el mayor riesgo reside en la ambigüedad de la ley, agravado por la tradición boliviana de resolver todo problema “mediante el derecho penal”.

“Es un mal esta devoción por el castigo para lograr cambios en la sociedad”, opina Mendieta, quien precisa que “nadie puede negar que es una causa justa luchar contra el racismo” y contar con una ley para ello, pero “que el derecho penal sea el instrumento adecuado es algo que está por verse”.

Otra de las situaciones que ha llevado a cuestionar esta ley es el doble rasero a la hora de aplicarla, pues algunas autoridades y políticos oficialistas han cometido deslices verbales penalizables, pero una disculpa pública bastó para que no fueran procesados.

Es el caso del vicepresidente, Álvaro García Linera, quien hace unos meses utilizó la expresión “sidosos” de forma peyorativa y posteriormente se disculpó, sin mayores consecuencias.

“En unos casos se aceptan las disculpas y en otros no”, subraya el jurista.

La imprecisión de los delitos que pueden caber en este “cajón de sastre” lleva a las personas y los medios a la autocensura y a evitar cualquier crítica, agrega Mendieta.

Entre los casos más sonados figuran situaciones como la de una periodista que pidió que en Oruro se instalaran más baños públicos durante el Carnaval debido al mal olor que se producía en la ciudad por la aglomeración de gente en esa festividad.

La informadora fue procesada porque sus declaraciones se consideraron racistas.

En enero pasado, también se utilizaron supuestos de esta ley para acusar de discriminación a una diputada opositora que, como protesta política, se negó a dar la mano al presidente Morales en un acto institucional, lo que el oficialismo atribuyó como un insulto racista al origen aimara del mandatario.

“No se castiga al racismo en su ejercicio, sino en el plano ideológico, donde es más difícil de comprobar”, mantiene Rafael Loayza.

Sin embargo, “poner al adversario fuera de la legitimidad de la discusión es un truco político que comienza a demostrar que no siempre funciona”, añade Gonzalo Mendieta.

Por ello, el abogado cuestiona “cuánto hay de fe (en combatir el racismo) y cuánto de tácticas para poner en figurillas (en evidencia) a quien no está de acuerdo con el discurso oficial”.

Un punto especialmente espinoso de la normativa es la composición del Comité de Lucha contra el Racismo, que decide el ámbito de aplicación de la ley y en el que domina la representación indígena en detrimento de “la otra racialidad que hay en Bolivia, la castellanohablante”, señala Loayza.

Esto es muy grave, pues “se presume que los delitos raciales solo pueden ser cometidos contra indígenas”, agrega el experto.