Nueve comunidades, las AMPAS y los sindicatos recurrirán las reválidas
Nueve de las 12 autonomías no gobernadas por el PP ya han anunciado que recurrirán el decreto de 29 de julio que implanta las reválidas de ESO y Bachillerato para este curso. Quieren preguntar a los tribunales si un Gobierno en funciones está capacitado para tomar estas decisiones y se quejan del “coste”, del mensaje de “desconfianza” hacia el profesorado y de la aprobación de una medida a pesar de la “controversia”.
De momento el Ministerio de Educación, pese a que por boca de Íñigo Méndez de Vigo ha dicho que las reválidas se harán “con total tranquilidad”, todavía no tiene claro si podrá concluir el proceso de desarrollo y regulación de estas evaluaciones.
Lo sabrá en los próximos días, cuando reciba el informe que ha encargado a la Abogacía General del Estado para conocer qué salidas legales hay para aprobar la orden ministerial que fija las características de las pruebas. En la situación actual, el proceso está bloqueado por la ausencia de presidente, vicepresidenta y secretario en el Consejo Escolar del Estado, un órgano cuyo visto bueno es imprescindible para que se celebren las reválidas en junio.
Mientras al Ejecutivo se le acumulan los recursos a estas pruebas, el ministro ha iniciado una ronda de reuniones en busca de un Pacto Nacional por la Educación, sin saber si quiera si el PP estará en un futuro gobierno.
Canarias
Ha aprobado solicitar al Tribunal Supremo (TS) que anule el decreto, del 29 de julio pasado, por “indefensión” de la comunidad autónoma debida a la “omisión clara, manifiesta y ostensible del trámite de consulta previa” por parte del Gobierno central.
Cantabria
Ha autorizado a la Dirección General del Servicio Jurídico a interponer un contencioso-administrativo porque esas pruebas suponen una “segregación” para el alumnado, “desconfianza” para centros y profesorado y un coste “elevado” para la autonomía.
Castilla-La Mancha
Ha decidido presentar recurso. El consejero de Educación, Ángel Felpeto, ha anunciado que trabaja con la Universidad regional para que los alumnos de segundo de Bachillerato no salgan perjudicados.
Comunitat Valenciana
La Consejería valenciana de Educación ha anunciado que lo recurrirá tras constatar que el ministro en funciones Íñigo Méndez de Vigo “no está dispuesto a establecer ningún diálogo”.
Extremadura
La Junta prepara un recurso por entender que las evaluaciones no mejoran la educación, “impuestas” por un gobierno en funciones.
Asturias
Tiene una posición “beligerante” sobre la cuestión, según el consejero de Educación, Genaro Alonso, que ha señalado que el Gobierno asturiano ha decidido recurrirlas porque “no son justas”.
Baleares
El Gobierno balear tiene intención de impugnar el decreto que regula las evaluaciones de la Lomce, según anunció el pasado agosto el consejero de Educación y Universidad, Martí March. Comparó estas pruebas con “la reválida franquista” y explicó que se había encargado a la Abogacía de la comunidad que iniciase acciones judiciales.
Aragón
Aragón anunció el mes pasado que recurrirá en el TS; consideraba “inaceptable” que una regulación que genera tanta “controversia” sea aprobada por un gobierno en funciones.
Catalunya
El Gobierno catalán ha acordado presentar un requerimiento de incompetencia al Estado, paso previo a recurrir en el Tribunal Constitucional por vulneración de competencias en educación y lengua cooficial.
Andalucía
La Junta ha advertido que presentará un contencioso-administrativo en el TS si el Gobierno “no rectifica”, pues las “reválidas” son un “auténtico despropósito”.
Navarra
Fuentes de Educación de Navarra han dicho a Efe que el Gobierno Foral, a día de hoy, está pendiente de cómo evoluciona la aplicación de la Lomce en función del gobierno central que pudiera formarse.
Para el Ejecutivo navarro sería deseable que el ministro de Educación informara a las comunidades sobre cómo va a proceder respecto a la “reválida” de Bachillerato y decidir, entonces, si presenta recurso o no.
Euskadi
El Gobierno vasco, por su lado, no va a recurrir porque ya presentó, hace dos años, un recurso de inconstitucionalidad contra la propia Lomce.
Castilla y León
Las críticas también han surgido en las comunidades gobernadas por el propio PP. El consejero de Educación de Castilla y León, Fernando Rey, ha sido crítico con la evaluación de Bachillerato como sistema de acceso universitario, y tampoco es partidario de que haya una prueba al final de esa etapa.
