No ratificar una denuncia de violencia machista es un riesgo letal
Los datos demuestran que las mujeres víctimas de malos tratos son cada vez más conscientes del peligro que supone seguir unidas a sus agresores. Se va reduciendo el número de las que retiran o no ratifican las denuncias o reanudan las relaciones con los agresores. Aun así, los expertos señalan que precisamente esa dificultad por romper con el círculo de violencia sigue siendo uno de los escollos para luchar contra la violencia machista.
“Se trata de una violencia que se produce en el ámbito del hogar, en el espacio privado, por lo que en muchas ocasiones la única prueba con la que contamos es el propio testimonio de la víctima”, señala la fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, Soledad Cazorla, quien explica que no siempre existen testigos, ni informes médicos o forenses que acrediten el maltrato. Y sin testimonio es a veces imposible continuar con el proceso.
Esta situación se ha puesto de manifiesto tras la última muerte por violencia machista este miércoles, en la que un hombre ha asesinado a su expareja en Ciudad Real dos días después de que dejara de estar en vigor la orden de alejamiento. Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, el juzgado sobreseyó el caso después de así que lo solicitara la Fiscalía “por no quedar acreditados los hechos de la denunciante, a la vista de las versiones contradictorias de las partes y la no persistencia de la denunciante en la incriminación”.
La orden de protección, en vigor desde el 8 de diciembre, cuando la víctima había presentado la denuncia, y que prohibía al agresor acercarse a su expareja y llevar y poseer armas, quedó en suspenso. La mujer decidió no ratificar la denuncia.
María José Bueno, psicóloga y responsable del Área de Violencia de Género de la Federación de Mujeres Progresistas, explica que “el proceso de violencia tiene unas repercusiones y unos vínculos muy fuertes. Y a veces desde su entorno más cercano, sobre todo en las localidades pequeñas donde todo el mundo se conoce, las víctimas no consiguen ayudas”. Y añade: “El drama es que sin la denuncia no se puede activar la protección”.
“Las mujeres maltratadas tienen una patología muy concreta, presentan relaciones de sometimiento y dependencia y piensan que se merecen lo que les ocurre”, explica la presidenta de la Asociación de Juristas Themis, Ángela Cerrillos. De ahí, subraya, que sea tan importante la especialización de los juzgados, y sus unidades forenses, para lograr que una vez que la mujer ha logrado romper el círculo de la violencia consiga seguir adelante y no se eche atrás.
Por ello, los expertos insisten en que no se puede bajar la guardia y critican los recortes en esta materia. “Los recursos ya eran insuficientes y ahora estamos llegando a una situación con los recortes que va a ser aún más difícil luchar contra la violencia machista”, señala Bueno. Los equipos psicosociales son fundamentales, indica la psicóloga, y subraya que son los encargados de ver a la víctima y al agresor, y emitir los informes que luego tendrá en cuenta el juzgado para dictar sentencia.
Las renuncias para continuar con el proceso se habían reducido en un 1,3% en el tercer trimestre de 2012 con respecto al periodo anterior, según el último informe elaborado por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Este informe recoge datos de los 106 juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer y de los 355 que tienen competencias compartidas, y destaca que el número de denuncias presentadas se había incrementado un 3,4%.
La última memoria publicada de la Fiscalía General del Estado, y referida a datos de 2011, contiene conclusiones parecidas: de las 65 víctimas fallecidas en 2011, tres aceptaron seguir conviviendo con su agresor tras haberse decretado la orden de alejamiento, cuatro menos que el año anterior. “Este singular descenso nos hace concluir que las mujeres comprenden que consentir quebrantamientos cuando existe una medida cautelar o pena de alejamiento es situarse en una situación de riesgo extremo que puede concluir con la pérdida de su vida”, se subraya en la propia memoria.
Sin embargo, hay datos que demuestran que aún muchas víctimas al llegar al juzgado se siguen acogiendo a su derecho a no declarar contra un familiar, en virtud del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamento Criminal. De las 228 retiradas de acusación por parte de la Fiscalía en 2011, más de la mitad, 115, se debieron al derecho de dispensa de la víctima. En estos casos, al no poder sostener la acusación, que se basaba en el testimonio de la mujer, el Ministerio Público tuvo que retirarla.
“Esta dispensa es nuestro gran enemigo”, afirma Soledad Cazorla, quien subraya que desde el año 2005, cuando entró el vigor la Ley Integral contra la Violencia de Género, viene reclamando un cambio en la legislación a este respecto “en los casos en los en que la víctima denunciante pone en marcha el procedimiento judicial”. De igual opinión es Ángela Cerrillos: “Es necesario un cambio en la ley para que el proceso pueda continuar”. Sin embargo, ambas son pesimistas de que se produzca “y por ello seguiremos insistiendo cada año en nuestra memoria”, asegura Cazorla.
