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Una de cada tres mujeres que ha solicitado orden de protección es extranjera

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Una de cada tres mujeres que ha solicitado orden de protección es extranjera

Una de cada tres mujeres que ha solicitado orden de protección es extranjera

Los juzgados de violencia contra la mujer han concedido, en los 10 años que lleva vigente la Ley integral, un total de 246.542 órdenes de protección, casi un 68 % de las solicitadas, y una de cada tres mujeres que ha solicitado esta medida es extranjera.

Es una de las principales conclusiones del Informe sobre los 10 años de aplicación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que pone de manifiesto que desde 2007 los juzgados han recibido más de un 1,1 millones de denuncias por maltrato.

La Rioja y Murcia han sido las CCAA donde se han concedido, porcentualmente, más órdenes de protección en esta última década, con un 86 % sobre el total de solicitadas, mientras que Cataluña, con un 52,6 %, y Asturias y Madrid, con porcentajes cercanos al 57 %, han sido las de menor ratio de órdenes concedidas.

De las 365.868 órdenes de protección solicitadas, los jueces concedieron 246.542 (un 67,4 % del total) y fue en los juzgados de violencia sobre la mujer compartidos donde se produjo un mayor porcentaje de concesión de órdenes de protección (un 71,7 %), frente al 62,9 % de los juzgados exclusivos.

El alejamiento y la prohibición de comunicación fueron las medidas que se adoptaron en un mayor número de casos y también destacan la prohibición de volver al lugar del delito o la salida del domicilio y en más de un 5 % de los casos se estableció también una medida de privación de libertad.

En algunos casos en los que no se adoptaron órdenes específicas de protección se acordó, sin embargo, el alejamiento y la prohibición de comunicación para que la víctima no quedara desprotegida.

Aunque las medidas acordadas a instancia de la víctima siguieron representando el mayor porcentaje, superior al 80 %, las medidas tomadas a instancia de la Fiscalía cobraron un mayor protagonismo, y en el caso de las privativas de libertad representan un 58,4 % de las medidas acordadas.

El Informe también pone de manifiesto que un 2,3 % de las víctimas de violencia que solicitaron órdenes de protección eran menores de edad, y que el porcentaje de españoles y extranjeros entre los hombres denunciados fue similar al de las mujeres que solicitaron la protección: un 67,3 % fueron españoles y un 32,7 % extranjeros.

En cuanto al número de denuncias registradas en los juzgados de violencia sobre la mujer (1.114.560 desde que en 2007 se empezaron a contabilizar), el 80 % fueron atestados policiales, los partes de lesiones supusieron cerca del 12 % y la denuncia directa de la víctima o sus familiares apenas llegó al 8 %.

Entre las mujeres extranjeras el fenómeno de la violencia machista es mucho más grave y presentaron cuatro veces más denuncias que las españolas, de manera que el año pasado la ratio de víctimas de maltrato por 10.000 era de 49 en el caso de las españolas y de 196 en el caso de las extranjeras.

También es mayor el número de extranjeras que renuncia a continuar con el proceso judicial (5 veces más).

En estos 10 años, los juzgados de violencia sobre la mujer dictaron 192.804 sentencias, de las que 148.894 fueron condenatorias (107.264 por delito y 41.630 por falta), lo que representa el 77 % del total de sentencias dictadas.

Por su parte, los juzgados de lo penal dictaron 273.034 sentencias, de las que 141.382 fueron condenatorias (el 51,8 % del total). Se enjuiciaron a 284.029 personas, de las que un 96,3 % eran hombres y fueron condenados un total de 146.587 personas, de los que 98.455 eran españoles y 44.336 extranjeros.

Los juzgados de menores registraron una entrada de 1.526 asuntos de violencia doméstica y de género, se dictaron 1.148 sentencias penales, de las que 1.104 fueron en procedimientos por delito y 44, en faltas.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, ha mostrado su preocupación por el escaso número de denuncias que formulan las víctimas o familiares, lo que demuestra que persisten "muchas situaciones de desarraigo, de desamparo, de temor, de soledad de la víctima".

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