Más de 3.300 personas excluidas del sistema sanitario en tres años

Más de 3.300 inmigrantes han sido excluidos de la sanidad pública en los últimos tres años, pese a tener derecho a ella, entre las que se encuentran embarazadas y niños, debido a la reforma sanitaria de 2012, según la Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto de reforma sanitaria (Reder).

Todos estos casos han sido documentados por esta asociación que hoy ha presentado el informe “Cinco mitos para cinco años de exclusión sanitaria” en el que analizan los distintos casos producidos durante este “lustro de exclusión injustificada e injustificable”.

Y es que hoy se cumplen cinco años de la aprobación del Real Decreto Ley 16/2012, que supuso la retirada de 873.000 tarjetas sanitarias a extranjeros sin papeles y provocó que a otros miles, que sí tenían derecho a asistencia según esa norma, se les haya denegado la atención.

Por ello, Reder, formada por más de 300 organizaciones sociales entre las que se encuentran Médicos del Mundo, la Sociedad Española de Medicina de Familia o Cesida, pretende desmontar los “mensajes falaces” del Gobierno para “ocultar los efectos reales” de la reforma sanitaria.

No es cierto, asegura su informe, que en España nadie se quede sin asistencia sanitaria, ya que desde enero de 2014 (cuando se constituyó la Red) a marzo de 2017, han contabilizado hasta 3.340 personas que han resultado excluidas del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Esta cifra no refleja todos los casos de exclusión, una “grave situación” cuya dimensión real es “mucho mayor”.

Además, aunque existen situaciones excepcionales para recibir asistencia, Reder denuncia que 146 mujeres embarazadas, 243 menores de edad, 66 personas de avanzada edad en situación regular y 26 solicitantes de asilo fueron excluidos en este período.

También han contabilizado 341 casos de denegación o facturación indebida de la atención en urgencias.

No importa la gravedad de las enfermedades, pues el estudio alerta de que 51 afectados por la retirada de asistencia tenían cáncer, 87 hipertensión, 26 VIH, 74 enfermos cardiovasculares, 107 diabéticos y 53 casos de salud mental grave.

Otro mito que desmonta este estudio es el de que “la sanidad es hoy más universal que nunca”, pues la reforma sanitaria de 2012 no solo excluyó a inmigrantes en situación irregular, sino que también restringió su acceso a otras personas con distintas situaciones administrativas.

Así, 619 personas con pasaporte comunitario, a los que se suman otras con permiso de residencia válido, solicitantes de asilo en trámite o turistas y estudiantes con visado, se han visto perjudicadas por esta medida.

En cuanto a su procedencia, casi la mitad de los afectados (49 %) son latinoamericanos, mientras que un 18 % proceden de la Unión Europea, un 15 % del África subsahariana y un 11 % del norte de este continente.

Uno de estos casos, expuesto en el informe, es el de M.L., una mujer boliviana víctima de explotación sexual con una deuda de más de 30.000 euros facturada tras acudir a urgencias por una agresión machista y ser atendida por dar a luz.

O el de la venezolana J.G., de 56 años, que llegó a Canarias en un proceso de reagrupación familiar y, al denegársele la tarjeta sanitaria, no puede recibir la insulina necesaria para tratar su diabetes.

Reder también desmiente que dar la tarjeta sanitaria a personas en situación irregular fomente el turismo sanitario, ya que estos suelen ser jóvenes con buen estado de salud, cuyo uso del SNS es “sensiblemente inferior” al de los españoles (entre un 69 % y un 77 % del gasto medio).

E indica que no es verdad que las nuevas normativas autonómicas promulgadas el último año para atenuar la reforma hayan acabado con la exclusión sanitaria, si bien sí reconoce que suponen un “impacto positivo”, aunque algunas corren el riesgo de ser anuladas.

Tampoco es cierto, señala el documento, que la reforma fuera inevitable para salvar la sanidad: el Gobierno alegaba una deuda acumulada de 16.000 millones de euros que no justificó con ninguna memoria económica.

De esta manera, Reder ha alertado de que el SNS es hoy en día “más injusto, insolidario e ineficaz”, por lo que ha pedido a los grupos parlamentarios un cambio legislativo para “reconocer el derecho a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones a todas las personas que se encuentren en territorio español, independientemente de su situación administrativa”.