El presidente argentino veta la ley para frenar los despidos impulsada por la oposición

El presidente argentino, Mauricio Macri, decidió hoy vetar una ley para frenar los despidos por seis meses aprobada este jueves por el Congreso a instancias de la oposición, a la que acusó de pretender “trabar” el progreso del país.

En un acto en la localidad de El Jagüel, en la provincia de Buenos Aires, Macri anunció su decisión de vetar la norma, a la que tachó de ley “antiempleo”, con lo que hará uso de esa facultad constitucional por primera vez desde que ocupóó la presidencia el pasado 10 de diciembre.

La ley declara la emergencia laboral por 180 días, período durante el que un empleador deberá pagar doble indemnización en caso de despedir a un trabajador.

La norma fue impulsada por el kirchnerista Frente para la Victoria y el también peronista Bloque Justicialista, con el apoyo de las centrales sindicales y de otros sectores de oposición, y con el rechazo del gobernante frente Cambiemos y de los empresarios.

El argumento para aprobar la ley ha sido la ola de despidos que registra Argentina, un diagnóstico que el Gobierno rechaza de plano.

El Ejecutivo admite que hay un estancamiento en la generación de empleo, pero argumenta que se trata de “una difícil herencia” que viene desde hace cinco años, cuando el país era gobernado por Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

Macri, que asumió la Presidencia en diciembre pasado, recordó hoy que la propia expresidenta se mostró meses atrás contraria a frenar por ley los despidos.

“¿Y por qué ahora la impulsan? Porque desde la política quieren ponernos palos en la rueda, no quieren que progresemos”, dijo Macri.

Según él, “aquellos que gobernaron hasta hace poco” proponen “leyes que congelan el empleo, cepos al trabajo” porque pretenden “trabar” el “progreso” del país.

Macri aseguró que las empresas, tanto locales como extranjeras, están recuperando la “confianza” en Argentina y, más que en despedir empleados, piensan invertir y contratar trabajadores, por lo que, a juicio del Gobierno, la polémica ley actuará como un desincentivo.

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, dijo a los periodistas al término del acto que el veto no tendrá coste político para el Gobierno, porque el Ejecutivo “desde el primer momento dijo que este proyecto de ley no favorecía a los trabajadores”, en particular “los que están buscando trabajo o están en la informalidad”.

Las leyes argentinas establecen que, en caso de veto presidencial, el Congreso puede insistir en la aprobación de la ley, para lo que debe ser confirmada por ambas cámaras del Parlamento, con el voto de dos tercios de sus integrantes.

En la Cámara alta, el proyecto fue aprobado por 48 votos a favor (dos tercios de los miembros del Senado) y 16 en contra, mientras que en Diputados, de 257 integrantes y donde el equilibrio de fuerzas está más repartido, recibió 147 votos a favor, tres en contra y 90 abstenciones de Cambiemos.

El presidente del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, Héctor Recalde, lamentó el veto presidencial y adelantó hoy que tomarán “los recaudos dentro de la ley para poder ratificar la aprobación”, aunque admitió “que en Diputados es más difícil que en el Senado”.

Recalde sostuvo en un comunicado que desconocer una ley aprobada “por una abrumadora mayoría” del Congreso “no aporta en absoluto al diálogo político que Macri tanto predica y declama pero que no practica”.

Desde el ámbito sindical, las dos alas en las que está dividida la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) analizan convocar una huelga ante la decisión presidencial, mientras que los tres sectores en los que está fracturada la Confederación General del Trabajo (CGT), que reúne a los gremios más poderosos, aún no se han pronunciado.