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El presidente ugandés rechaza firmar una nueva ley contra la homosexualidad

El presidente ugandés rechaza firmar una nueva ley contra la homosexualidad

EFE

Kampala —

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El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, rechazó hoy firmar la nueva ley contra la homosexualidad aprobada en diciembre por el Parlamento, que preveía la cadena perpetua por delitos de “homosexualidad agravada” y que de este modo volverá a la cámara de legisladores.

Museveni, que justificó su decisión en la falta de quórum en el Parlamento en la votación en la que aprobó la ley, aseguró, en una carta explicatoria a los diputados, que los homosexuales son personas “anormales” que, sin embargo, “pueden ser rescatadas” a través del empleo y la emancipación económica.

“Incluso con (esta) legislación, continuarán practicando la homosexualidad o el lesbianismo por dinero, de forma clandestina”, agregó Museveni, que se mostró partidario de la cadena perpetua para quienes “atraen” a la juventud “normal” hacia “estos comportamientos repugnantes”.

“La cuestión en el centro del debate sobre la homosexualidad es qué hacer con una persona anormal. ¿La matamos? ¿La encarcelamos? ¿O la reprimimos?”, dijo el presidente sobre la polémica ley, cuya primera versión contemplaba la pena de muerte para castigar actos de homosexualidad.

Según analistas ugandeses, Museveni se ha negado a aprobar la ley consciente de la previsible reacción en contra de la comunidad internacional.

Tras el rechazo del presidente, el Parlamento puede volver a enviar la ley al presidente con enmiendas o sin ellas.

Aunque el jefe del Estado vuelva a negarse a firmarla, la ley quedaría promulgada y entraría en vigor aún sin la firma del presidente.

La nueva ley contra la homosexualidad ha protagonizado en los últimos cuatro años la vida pública en el país africano, y ha puesto a Uganda bajo la lupa de ONG de derechos humanos y Gobiernos occidentales durante todo este tiempo.

En diciembre, Amnistía Internacional (AI) pidió al presidente Museveni que vetara la ley, por constituir, pese a la eliminación de algunos de los castigos más duros como la pena de muerte, una “discriminación salvaje” y un “asalto a los derechos humanos”.

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