El rechazo a la ley laboral francesa pierde fuelle en su 12ª protesta

La movilización contra el proyecto de ley laboral del Gobierno socialista francés celebró hoy su duodécima jornada de protesta, que discurrió pacíficamente y bajo fuertes medidas de seguridad pero no logró superar las cifras de las marchas anteriores.

La concentración tuvo lugar al mismo tiempo que el primer ministro, Manuel Valls, anunció un nuevo recurso al artículo 49.3 de la Constitución para adoptar la controvertida reforma sin votación parlamentaria en la Asamblea Nacional.

La CGT, sindicato a la cabeza del rechazo a la llamada ley “El Kohmri”, situó en 45.000 el número de participantes en París y la Policía lo rebajó a entre 6.500 y 7.500, cifras mucho menores que las de la concentración del pasado 28 de junio, cuando la Policía calculó entre 14.000 y 15.000 asistentes y los sindicatos 55.000.

La marcha bloqueó entre las 13:30 y las 17:00 hora local seis paradas de metro y el acceso a todo el recorrido, entre la plaza de Italia y la plaza de la Bastilla.

Fuentes de la Prefectura de Policía parisina informaron a Efe de que hubo siete detenciones y se puso en marcha el mismo dispositivo que en las pasadas ocasiones, con más de 2.000 miembros de las fuerzas de seguridad desplegados en la capital francesa.

Interrogado sobre la esperanza de que el Gobierno cambie de opinión, un manifestante respondió que las movilizaciones van a continuar. “No vamos a parar hasta que el Gobierno dimita y nosotros consigamos lo que queremos para nuestro país”, declaró a EFE.

Otro manifestante anunció que, de aprobarse la ley, las protestas continuarán después de las vacaciones, a partir de septiembre. “Hay elecciones presidenciales en menos de un año y es algo que va a tener un peso en el debate”, añadió.

Esta lucha, agregó, “afecta a todo el mundo. A los trabajadores del sector privado, pero también a los del público. Es una ley verdaderamente retrógrada”.

La controvertida reforma establece, entre otras cosas, la preponderancia del diálogo social dentro de cada empresa sobre el convenio sectorial, algo que el Ejecutivo considera imprescindible para aumentar la competitividad.