Sufrir violencia machista en un pueblo de España: “¿Adónde puedo ir yo?”
Algunas ni siquiera pueden desplazarse a los juzgados más cercanos. A otras la vergüenza les invade el cuerpo cuando piensan que el guardia civil ante el que tienen que denunciar es amigo de la familia de toda la vida. Muchas piensan que podrían hablar de ello con alguna de sus vecinas más cercanas, pero la idea escapa rápido de su mente. “¿Cómo voy a denunciarle si regentamos juntos la única panadería del pueblo? ¿Qué haré después?”, suelen preguntarse.
La violencia machista en los municipios más pequeños no ocurre con mayor frecuencia ni su manifestación es más intensa, pero en ellos el silencio se alía con un sistema al que le cuesta reconocer sus características propias. Una violencia que existe, aunque no se nombre: El 20,4% de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2010 vivía en municipios de menos de 10.000 habitantes, donde reside el 20% de la población española.
Evolución de las mujeres asesinadas por violencia machista según el tamaño del municipio
Las condiciones de vida que se suelen dar en los pueblos otorgan unos rasgos específicos a la violencia machista. La tendencia de este tipo de violencia a quedar oculta se une en estos casos a la falta de recursos, la lejanía de los juzgados –que además no son específicos de este tema– o de las comisarías o cuarteles y a la falta de movilidad, la dependencia económica o la invisibilidad de gran parte del trabajo que realizan las mujeres.
“Hay mucho silencio porque este tipo de violencia, que ya de por sí está oculta, tiende a esconderse más en determinados ámbitos. En los pueblos, hay muchas mujeres que ni siquiera tienen carné de conducir para desplazarse o si acceden al ámbito laboral suelen hacerlo en trabajos familiares, que limitan su capacidad de independencia”, analiza la profesora de Sociología de la Universidad de Oviedo Ángeles Martínez, autora de la investigación “¿Adónde puedo ir yo? Violencia de género en las áreas rurales de Asturias”.
Violencia económica
Las expertas coinciden en que la violencia machista se denuncia menos en los lugares con menos población. Según la macroencuesta elaborada en 2015 por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las localidades de menos de 2.000 habitantes son las que en menor proporción se acude a la policía o a los juzgados –un 17,1% de las víctimas frente al 29,1% de las mujeres residentes en municipios de mayor tamaño–.
“¿Adónde puedo ir yo?”, el título de la tesis, es el resumen de una situación a la que la lejanía de muchos pueblos de los centros urbanos y la dispersión territorial llevan a muchas mujeres. “He entrevistado a algunas cuyo vecino más cercano se encontraba a dos kilómetros, muchas veces son zonas aisladas a las que a veces ni llega internet, lo que hace todavía más difícil la ruptura con el silencio”, apunta Martínez.
La falta de independencia económica, clave para salir de la violencia, es otro de los talones de Aquiles: “En muchos casos no se incorporan al mercado laboral, y si lo hacen es en pequeños negocios familiares. En muchas ocasiones su trabajo es invisible, no reconocido, lo que les impide disfrutar de derechos asociados al empleo”.
La socióloga recuerda a varias mujeres a las que conoció para elaborar su investigación que vivían “una violencia económica enorme porque hay muchos casos en los que son ellas las que trabajan la huerta o incluso van a vender al mercado, pero de forma invisible”.
Las redes de apoyo como colchón
Los núcleos pequeños en los que todos los habitantes se conocen unos a otros reduce las posibilidades del anonimato, que “hace muy difícil romper el silencio porque ¿a quién le van a contar las mujeres que viven una situación de violencia? Tienen miedo a no ser creídas porque el hombre puede ser un magnífico vecino”, analiza Teresa López, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur).
Sin embargo, la cercanía y colectividad que suele darse entre los habitantes de los municipios de menor tamaño puede ser también usado como herramienta a favor para crear redes de apoyo. Es lo que intentan desde Fademur, que aprovecha los talleres y formaciones que realiza en el ámbito rural sobre inserción laboral o nuevas tecnologías para tratar la violencia machista.
Además, han declarado sus cientos de oficinas que se extienden por todo el territorio “espacios seguros” y en ellas aconsejan a las mujeres que acuden pidiendo ayuda e intentan constituirse como nexos de apoyo. “Lo que no funciona es poner un autobús informativo en el centro de la plaza del pueblo delante del único bar que existe en el que todo el mundo está viendo quién sube y quién no. Tampoco funcionan las charlas o eventos específicos, a esos solo vamos las convencidas”, ejemplifica López.
Fademur reivindica al Gobierno un plan específico para abordar la violencia de género en el ámbito rural y demanda que las instituciones “aprovechen el trabajo que ya estamos haciendo en el terreno. Pedimos que nos usen para ser los nexos de unión en los pueblos”, concluye la presidenta.
Más mujeres en los juzgados específicos
El Consejo General del Poder Judicial ha identificado las características específicas de la violencia de género y el ámbito rural y califica “la ruralidad como un factor de vulnerabilidad”, tal y como apuntó la presidenta del Observatorio de Violencia de Género y Doméstica, Ángeles Carmona, el pasado día 15 en la subcomisión creada en el Congreso para articular el futuro pacto de Estado.
La magistrada propone extender la jurisdicción de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, que solo ven esta temática y están en capitales de provincia y ciudades grandes, a otros partidos judiciales en los que no hay. En esos casos, la violencia de género la llevan juzgados mixtos que también se dedican a otros asuntos y que, por lo tanto, “están sobrecargados y no tienen los mismos recursos que los específicos, entre otras cosas, la coordinación no es tan inmediata”, matiza Carmona.
Si se extiende la jurisdicción, las víctimas que viven en municipios de menos habitantes también serán “atendidas en órganos especializados en la materia”, tal y como recomendaba un informe elaborado en 2015 por el Consejo General del Poder Judicial. En él se analiza la carga de los juzgados especializados y se concluye que, en general, podrían asumir más trabajo. “No puede haber víctimas de primera y de segunda”, concluye la presidenta del Observatorio.
