Ana Botella mantiene los talleres culturales de Madrid a base de profesores 'low cost'
16 años de experiencia y más de 100 alumnos cada curso. Es la carta de presentación de Cristina Gil, licenciada en Bellas Artes y exresponsable del taller de restauración de muebles en un centro cultural del distrito de Barajas en Madrid. En 2013, dijo basta a las condiciones que le imponía la empresa IDEL, que ganó el concurso público del Ayuntamiento de Madrid para la gestión de ese servicio. De un año para otro, el salario por 30 horas semanales descendió de 1.200 euros a 812. Era el único modo de que, tras la salida a concurso, IDEL pudiera hacerse de nuevo con la adjudicación.
Los cursos y talleres de más de 100.000 personas, en 102 centros de los 21 distritos de la ciudad, dependen de profesores y profesoras que forman el eslabón más débil de la cadena que arranca con la enorme deuda del Consistorio dirigido por Ana Botella y que, desde la aprobación del Plan de Ajuste 2012-2022, hace que prevalezca el criterio de baja económica sobre todos los demás a la hora de elegir contratistas para dar servicios. El resultado: salarios por los suelos.
En el caso de los talleres culturales, la mejor oferta monetaria de la puja se premia con 400 puntos sobre un total de 600. La importancia que se presta a la propuesta de programación didáctica se traduce en 70 puntos y los aspectos organizativos no merecen más que 60. No existe ningún límite que ponga obstáculos a las bajadas temerarias ni tampoco cláusula alguna que establezca unos mínimos en las condiciones de los trabajadores.
Pero el ahorro no se queda solo aquí. Mientras se reducen los costes de los servicios, las matrículas de los alumnos y alumnas se mueven en el sentido contrario. El propio plan, aprobado al calor de la deuda disparatada de la ciudad de Madrid, determina la “adecuación de los importes de los precios públicos de los talleres culturales al coste del servicio mediante el incremento de precios públicos correspondientes”.
Esto significa que, si hasta entonces los usuarios aportaban el 68% de ese coste, ahora cargan con el 100%, por lo que la aportación del Ayuntamiento se reduce a cero. Este ajuste repercute directamente en el precio de las mensualidades, que han subido considerablemente, a la vez que empeora la calidad de un servicio que sale cada vez más barato.
Aligerar las cuentas en más de 16 millones
Con esta última medida, el Ayuntamiento deja de invertir más de 4,2 millones de euros; una cifra a la que hay que sumar los 12 millones anuales que, según datos del Plan de Ajuste, se ahorra el Consistorio anteponiendo el criterio económico sobre cualquier otra consideración. “Se está produciendo una descualificación muy preocupante de las actividades culturales, además de la precarización del empleo”, advierte Javier Ollero, asesor en temas de cultura del Grupo Socialista en Madrid.
A Cristina Gil, de 46 años, le suena todo esto. Asegura que su taller de restauración se confundía a menudo con “el curso manualidades” o, en el más absoluto de los desprecios, con “las clases a marujas”. Nunca consiguió tener un contrato fijo discontinuo. Pasó tres lustros de obra y servicio, hasta que la bajada de sueldo la apartó de la docencia no reglada. El resto de sus compañeros, dice, tragaron con las nuevas condiciones. “No me marché solo por lo económico, porque siempre he hecho mis cosas aparte del taller. Fue más bien una cuestión de dignidad. Esto no es un tema de ilegalidad, sino de ética”, explica al otro lado del teléfono.
Habla deprisa mientras prepara todos los materiales para ponerse manos a la obra con una restauración. “El responsable único y primero de todo esto es el Ayuntamiento, que va a acabar matando los centros culturales. No sé, me parece de una insensibilidad pasmosa dejar caer algo tan positivo como la energía que se generaba en el taller, al menos en el mío”, zanja.
Con la marcha de Cristina, el curso de restauración está en horas bajas. Pero las clases de los centros cívicos no son las únicas golpeadas por los recortes del Consistorio. También están afectando a las escuelas infantiles –cuyas adjudicaciones dependen de una subasta a la baja–, a los centros de mayores –donde, según el Grupo Socialista, una buena parte de las clases las imparten voluntarios– y a los teatros. “Estamos hablando de miles de empleados que trabajan por horas y que en muchas ocasiones no llegan al salario mínimo interprofesional”, denuncia Ollero, que asegura que en teatros como el Fernando Fernán Gómez, el Price o el Español los acomodadores y los taquilleros cobran a cuatro euros la hora.
