DEBAJO DEL PARAÍSO SIEMPRE SE ESCONDE UN CRIMEN

IGNACIO ESCOLAR

Director de eldiario.es

Existen porque las élites lo permiten, porque ese crimen se tolera, porque quienes tienen las herramientas para cerrar para siempre estas cuevas de Alí Babá son los mismos que esconden allí sus tesoros. Si las grandes potencias mundiales dedicasen a la lucha contra los paraísos fiscales una fracción de los esfuerzos y recursos económicos, diplomáticos, militares y legislativos que emplean en combatir el terrorismo o el narcotráfico, hace décadas que este problema habría desaparecido. No hace falta invadir países, ni llenar de perros adiestrados las fronteras o los aeropuertos. Sería muy fácil acabar con ellos; bastaría con que los Estados lo quisieran de verdad. El sistema financiero mundial no es otra cosa que una enorme red informática donde cada uno de los nodos, cada uno de los bancos, acepta las transacciones de los demás. Las transferencias que vienen desde Suiza, desde Delaware o desde Panamá no cruzan las fronteras en pateras o escondidas en el doble fondo de un camión: lo hacen por la puerta grande, con total normalidad.

Las cuentas numeradas y el secreto bancario sobreviven a la globalización porque los países que hacen de la opacidad financiera y el lavado de dinero negro su principal exportación no reciben sanción alguna y mucho menos son aislados por el resto de la comunidad internacional. Porque son tolerados. Los paraísos fiscales no son otra cosa que una construcción legal que persiste porque los demás Estados lo aceptan; como explican desde Attac, bastaría con que el resto de los países dejase de reconocer como válido cualquier acto jurídico que se produce en estas cuevas de ladrones para que este castillo de naipes se derrumbase sin más.

De cuando en cuando, de cumbre en cumbre, los líderes de las grandes potencias amenazan con mandar parar. “La era del secreto bancario ha terminado”, aseguró Nikolas Sarkozy en la cumbre del G20 de Londres, en abril de 2009. Lo recuerdo perfectamente, estaba en aquella sala de prensa cuando el presidente francés lo prometió entre otras peroratas pomposas sobre “refundar el capitalismo”. Gordon Brown fue más cauto ese mismo día: “Más bien es el principio del fin del secreto bancario”. Y en el inicio del arranque del principio del camino hacia el fin llevamos ya más de un lustro sin que parezca que esta película de terror se vaya a terminar. Los paraísos fiscales ya no existen, como prometió Sarkozy… pero solo desde un punto de vista legal. La OCDE puso una serie de requisitos para no aparecer como tal en una lista negra y la mayor parte de los países cambió levemente su legislación para adaptarse a las nuevas y laxas normas. Entre estos requisitos, el más exigente era firmar al menos una docena de acuerdos bilaterales de cooperación fiscal. Todos lo hicieron, aunque la mayor parte de acuerdos de “cooperación” se firmó entre un paraíso fiscal con otro; en la práctica, tienen una casi nula utilidad.

El mundo sigue prácticamente igual, y todo el dinero más negro –el de la corrupción, el del narcotráfico o el de la trata de seres humanos– sigue desembocando en Suiza, en Delaware, en Jersey, en Liechtenstein, en Panamá o en las Caimán: en países donde los criminales saben que contarán con toda la fuerza de un Estado para proteger su botín. Casi nada ha cambiado, salvo que estos países ya no aparecen en ninguna lista negra y ni sufren ni sufrirán sanción alguna. Son respetados miembros de la comunidad internacional. Y hablo solo del secreto bancario y la opacidad: el dumping fiscal –la otra cara de esos “paraísos”, que permite a las grandes corporaciones no pagar apenas impuestos– ya ni siquiera es un debate prioritario.

Es cierto que el secreto bancario ya no es hoy lo que fue, y que los principales paraísos fiscales, empezando por Suiza, están colaborando más que antes en algunas de las investigaciones judiciales más escandalosas. Pero tal milagro no ocurre siempre y, a medida que las leyes cambian y se rebaja la opacidad, también avanzan los trucos de la banca Suiza para esquivar las nuevas normas y proteger a esos delincuentes a los que ellos llaman clientes.

Para Suiza, la evasión fiscal no es un delito lo bastante importante como para saltarse el secreto bancario, y solo en casos más graves –como narcotráfico o corrupción política– colaboran, a regañadientes y con miles de trabas, con otros países como España. Ya no hace falta viajar a Ginebra para poder enviar o sacar dinero de allí, y los grandes corruptos utilizan un sistema similar a la hawala para operar. No hace falta cruzar la frontera con un maletín lleno de billetes para esconder el botín en Suiza: basta con cruzar información. El que necesita llevar dinero en efectivo allí se lo da a otra persona que quiere sacarlo, y un agente cruza la transferencia entre ambas cuentas en Suiza. El dinero negro ni se crea ni se destruye, solo cambia de mano.

Tampoco es necesario pisar Suiza para abrir una cuenta opaca allí. Basta con hablar con algunos de los hombres de negro de la banca suiza en la cafetería de cualquier hotel de lujo de Madrid para conseguir una cuenta numerada con la que operar. Y como los que pagan los cohechos también suelen tener también cuentas en Suiza, el dinero de la mordida ni siquiera pasa por el país.

Ni siquiera es necesario irse a Suiza para recuperar el dinero después. Basta con pisar el cajero, donde también funcionan las tarjetas de crédito que se emiten en Suiza, para ir sacando el dinero en billetes con total impunidad. Tampoco es necesario que la tarjeta esté a nombre del verdadero titular –las cuentas suizas de Luis Bárcenas, por ejemplo, estaban a nombre de la fundación Sinequanon de Panamá–. Basta con saber el número pin.

La impunidad con la que operan estos cómplices necesarios está bien simbolizada en la figura de sus intermediarios, como Arturo Fasana: un “gestor de grandes patrimonios” que aparece en prácticamente todos los charcos, desde la Gürtel a Gao Ping. Su cuenta española, “soleado”, sigue siendo hoy un gran pozo negro aún por sondear. Por ella han pasado más de 15.000 millones de euros de medio centenar de poderosos clientes cuyos nombres aún no se conocen. Uno de esos probablemente fue el teléfono al que llamó Fasana cuando fue detenido por la policía en el aeropuerto de Madrid. Pocas horas después, el escurridizo Fasana estaba de nuevo en libertad.

SUIZA, EL AGUJERO NEGRO DE LA DEMOCRACIA

Todos los grandes casos de corrupción, sin excepciones, han elegido el salvoconducto suizo para ocultar dinero. Desde las comisiones de Urdangarin al desvío de fondos del caso Palau pasando por la actividad de Bárcenas y la Gürtel.

PILAR VELASCO

Periodista. Cadena SER

En la política española existen dos clases de puertas giratorias. Las de clase A y las de clase A-Oro. Las que llevan al consejo de administración y las que dan a Suiza. Las puertas engrasadas a base de privilegios que los ciudadanos ven girar pasmados y las que no se ven: aquellas que esconden cierta estructura financiera criminal y dan a parar a un Estado paralelo. Todos los grandes casos de corrupción, sin excepciones, la utilizan. Cada causa top ten tiene altos cargos imputados que han elegido el salvoconducto suizo para ocultar dinero. Allí acaban los beneficios del Ibex-35, los narcotraficantes, la financiación del terrorismo y el dinero de la corrupción, entre otros. Y tras ellas, cualquiera: un traficante de cocaína, el concejal que acaba de adjudicar una rotonda, un aforado recién elegido en las elecciones. Suiza no es el único territorio off shore abonado de entidades propicias al cobijo del fraude y la evasión. Pero es, con diferencia, el paraíso fiscal más utilizado por los políticos españoles envueltos en estos casos.

Por el cauce helvético ha desfilado la financiación irregular de los principales partidos españoles. Las pruebas fundamentales de Gürtel están allí. La presunta contabilidad B del PP, también. Allí han encontrado refugio las actividades de Luis Bárcenas y la familia Pujol. Y de la documentación enviada a los juzgados por las autoridades helvéticas salen los nombres de quienes habrían cobrado sobornos millonarios esquilmando presupuestos públicos. Por Suiza pasan las comisiones de Iñaki Urdangarin, el desvío de fondos públicos del caso Palau, las supuestas mordidas de alcaldes y concejales, las herencias de los Pujol, Artur Mas, la Casa Real y los ahorros (también presuntos) de exsecretarios generales regionales del PP, como Francisco Granados.

Sin el espejo suizo la dimensión de la corrupción sería otra, y sin la colaboración judicial –todavía deficiente– no habría cómo apuntalar muchos de los delitos cometidos en España. Las causas quedarían en nada, o casi nada. Y sólo al trasluz de las comisiones rogatorias emerge el verdadero retrato de la corrupción nacional.

Suiza no tiene color político y en materia de corrupción la cantidad no lo es todo. Sin embargo, el Partido Popular, bien porque gobernó en los años del boom, liberalizó suelo y empresas públicas, bien por su buena relación con grandes constructoras, posee un buen palmarés en número y relevancia de los cargos, implicación de miembros del Gobierno, continuidad en el tiempo y presuntos millones de euros defraudados. A la par está Convergència i Unió, con la sede embargada por la Justicia. Las operaciones de las tramas Gürtel y Pretoria, destapadas por el juez Baltasar Garzón en 2009, hunden sus raíces en la presunta financiación ilegal de ambos partidos con sus idas y venidas off shore.

Para comprender esta economía B montada en torno a la red Gürtel –para vislumbrar, en definitiva, cómo emigra la corrupción a Suiza–, hay que remontarse 35 años atrás, cuando los responsables de la tesorería popular abren sus primeras cuentas. Era el conocido como grupo de Badajoz, que sería a las finanzas del PP lo que el clan de Valladolid a la política. En 1980 Ángel Sanchis daba trabajo a un Luis Bárcenas de 23 años en una empresa montada en Extremadura. A los dos años, Manuel Fraga le encargó las cuentas del partido con carta blanca para llevarse a cinco personas. Entre los elegidos, Luis Bárcenas y Francisco Yáñez, empresario que permanecería en Génova hasta su fallecimiento. Eran unos chavales, y para entonces (y hasta la fecha) los conseguidores del partido y extesoreros (Rosendo Naseiro, Luis Bárcenas, el propio Ángel Sanchis o el exsenador sobrino del fundador, Luis Fraga) ya compartían depósitos, empresas tapadera y agentes fiduciarios.

Un primer andamiaje de cuentas opacas montado después de la Transición que crece en volumen y protagonistas al fragor de la burbuja inmobiliaria y el desmantelamiento de los controles administrativos. Y no es casualidad, ni siquiera para la Justicia, que la fecha de los primeros ingresos en la caja B del PP coincidan con la apertura de estas cuentas; 20 años de contabilidad en negro destapados por Luis Bárcenas tras la aparición de su primera cuenta en el Dresdner Bank en 2013 con 22 millones de euros acumulados.

Aunque a los bancos del país helvético llega la high class de la corrupción, el presunto soborno político comparte las rutas del crimen organizado. El más apabullante es el tejido financiero de Luis Bárcenas para esconder en tres continentes una fortuna de 48,2 millones de euros. Según la investigación, su modo de operar es el más complejo, el que delata un engranaje delictivo de ocultación al máximo nivel, un máster en operaciones de fraude y presunto blanqueo sólo comparable a los movimientos en paraísos fiscales de Francisco Correa, el caso Malaya y veremos si le hacen sombra los Pujol.

Tras 30 años montando el chiringuito suizo, cazados por la Justicia, toca desmantelarlo. Bajo la máxima “lo que se hace en familia se resuelve en familia”, Bárcenas comenzó a borrar su fortuna tres días después de las primeras detenciones de la trama Gürtel en una carrera que discurriría paralela a la investigación de la financiación irregular de su partido. El procedimiento es siempre el mismo: necesitan al testaferro, un clan de confidentes elegidos en el seno de la familia –esposas mediante–, la confidencialidad del partido y los negocios, además de una buena defensa que goce del amparo del secreto profesional.

Los extesoreros del PP anteriores a Bárcenas, junto a abogados bien avenidos al calor del partido del Gobierno, han sido los encargados de hacer desaparecer el dinero. “Me eligió para actuar en su nombre por la sensación de persecución que tenía. Necesitaba alguien de confianza”. Quien dice estas palabras es Iván Yáñez en su declaración ante el juez Pablo Ruz, el hijo del histórico trabajador del PP Francisco Yánez, pero también socio en una empresa del exconsejero e imputado en el caso Bankia Javier López Madrid, yerno de Juan Miguel Villar Mir, reconocido empresario donante del partido. Génova 13, Bankia, constructoras... Bien conectado con los entresijos del PP, buen conocedor de cómo operar en paraísos fiscales, Yáñez fue el elegido para esparcir por el mundo la compleja estructura societaria en Suiza y mover con agilidad el patrimonio del extesorero antes de que la policía dé con todo ello.

Un trabajo laborioso, pero no tan difícil. La banca privada está montada para que el dinero sea más rápido que los agentes, la Justicia y el trámite para bloquear cuentas. Bárcenas acudió a los circuitos de Estados Unidos, Suramérica y Europa a través de operaciones de fondos y transferencias sin cortapisas. Del hilo de la primera cuenta aparecieron otras 20. En ese momento, escondía 17,2 millones de euros en Suiza. Cuatro años después, cuando por fin llegó la petición rogatoria de información, quedaban 9,6. El resto se había esfumado en cuentas repartidas por Paraguay, Nueva York, Atlanta, Alemania, Argentina, Gran Bretaña, Irlanda, Liechtenstein, Hong Kong y un largo etcétera.

Pasó lo mismo con la fuga a Nueva York. Las sucursales elegidas fueron el HSBC y la Unión de Bancos Suizos (UBS), sancionadas por EE UU con multas históricas por ayudar a los clientes a evadir impuestos e incumplir el protocolo antiblanqueo. A instancias del juez, las autoridades neoyorquinas remitieron la documentación de donde se vació la cuenta del Dresdner Bank. De los 22 millones, 4,5 llegaron a ambos bancos. Investigado por la Justicia, en las cabeceras de la prensa internacional en calidad de extesorero del partido del Gobierno, el HSBC y el USB aceptaron los ingresos del testaferro y Ángel Sanchis sin rechistar. En agosto de 2013, Ruz pidió bloquear las inversiones y productos incluyendo cajas de seguridad. Quería conocer los titulares, apoderados y beneficiarios en EE UU de las empresas tapadera que recibían el goteo de fondos desde Suiza. Cuando la petición llegó, el dinero tampoco estaba allí.

Ángel Sanchis sacó un millón de dólares un día, 270.000 dólares al siguiente. El broker Iván Yánez hizo lo propio a través de un correo: “Instrucciones para (vaciar) la cuenta conjunta”. El último documento del HSBC enviado a España decía: “El querido cliente ha cerrado la cuenta”. Según la gestora en el 452 de la Quinta Avenida, el dinero iba camino del Deutsche Bank, en Francfort, Alemania, de la mano de Yáñez. Y hay más. La otra parte de la fortuna Bárcenas la invertía Sanchis en Brasil y Argentina en “empresas de cítricos” y “maderas preciosas”. Son las llamadas operaciones comerciales de dudosa credibilidad, las más habituales para el blanqueo por la dificultad que tienen los peritos para comprobar si realmente se han producido. Según la declaración de Bárcenas, de estas hizo decenas.

Ante estos vaivenes, normalmente las pruebas no resultan suficientes y el caso se cierra. Los abogados consiguen anularlos, o llega un punto donde los instructores, exhaustos, se rinden al rastreo del dinero. Es un mecanismo endiablado difícil de rastrear y verificar donde las sucesivas transacciones saltan de un país a otro, de una cuenta a otra, en una espiral vertiginosa que no hay quien cierre. Una ingeniería fiscal que, al margen de las presuntas mordidas, permitió a Bárcenas defraudar 11,5 millones de euros de 2000 a 2011, millón al año, sin contar las siete declaraciones consecutivas a devolver. Y sin contar con la amnistía fiscal, una autopista de repatriación de dinero negro sin límite de velocidad por donde circuló la sociedad vehículo Tesedul, matrícula de Uruguay, con 11 millones en acciones de los que Bárcenas trajo de vuelta diez. Las alarmas sólo saltaron cuando su abogado lo hizo público.

Este mínimo trazo es una muestra de algunos movimientos. El dinero, hoy, sigue perdido. Casi seis años después, los investigadores continúan sumergidos en la maraña de la evasión buscando fondos en decenas de cuentas, apoderados, reintegros, sociedades.

Como Bárcenas, el político que decide abrirse una cuenta en Suiza sabe que, en parte, está a salvo. O no será descubierto o saldrá casi indemne. El sistema de transacciones está protegido por el secreto bancario, las cuentas no son fáciles de bloquear ni tampoco demostrar el cohecho e ir más allá del fraude, poco penado cuando no va acompañado de otros delitos. Lavar dinero, evadir impuestos, ocultar comisiones: por estos motivos un cargo público paga las altísimas comisiones de apertura, no hay más. Uno de los máximos responsables policiales de Anticorrupción resume la gravedad del binomio político-Suiza en las investigaciones: “Salvo en casos muy puntuales, en España son profesionales de la política sin otra ocupación ni ingresos conocidos. Su nómina tributa al 100%. Para nosotros es un indicativo de la cantidad que ese cargo ha tenido que llevarse en comisiones irregulares hasta el punto de tener que abrir una cuenta en Suiza para ocultar el dinero”.

Una vez allí, gozan de impunidad. Los bancos apenas denuncian la presencia de imputados por corrupción y sólo informan mediante una petición muy específica de la Justicia (indicando la cuenta y el titular). El tiempo que necesita un juez para encontrar dicha entidad y la tardanza de los trámites no ayuda. Las respuestas, además, son imprecisas. Tanto Bankia como el helvético Lombard Odier han obstruido en numerosas ocasiones la instrucción.

Gestores y testaferros son parte de los servicios financieros. Agathe Stimoli, agente de Bárcenas y Luis Fraga en el Dresdner Bank, movía los fondos antes y durante la investigación sin comprobar el origen de un solo ingreso, sin llamar la atención a las autoridades, a sabiendas de la dimensión de los hechos y de que debía declarar ante el juez. Frederic Mentha, gestor de Bárcenas y también de Gao Ping en el HSBC, sólo fue apartado de su puesto tras el escándalo de la mafia china, no la política. Como explica Hervè Falciani, el garganta profunda del HSBC: “Los gestores son parte de la operativa del blanqueo y del fraude”. La policía, que investiga la lista Falciani con más de 100.000 evasores –repleta de apuntes a mano de gestores–, asegura que es difícil de probar. El informático rebate: “De eso se trata”.

A día de hoy, Ruz acusa a Bárcenas de llevarse unos 300.000 euros vinculados a los fondos administrados del PP de los 48,2 millones detectados en Suiza. No ha podido concluir si el resto son negocios personales, prebendas de constructoras o parte de los donativos anotados durante años de contabilidad B. Llegará el juicio y no sabremos si Bárcenas estaba solo en las cuentas o llevaba consigo a otros beneficiarios. Tal vez los numerosos amigos y máximos dirigentes a los que amenazó con tirar de la manta y a quienes ya sólo reprocha haberle retirado la palabra. En el inventario colectivo quedan las denuncias del PP a los policías, las peticiones para desimputar a su extesorero, aquel “Luis, sé fuerte” y la destrucción de los discos duros a martillazos. Blindaje en Suiza, sí, pero no sólo.

El tiempo de los maletines ha pasado y las comisiones se mueven sin necesidad de pasar por España. Ya ocurrió con las operaciones de compraventa de cuadros entre Bárcenas y Naseiro, donde según la policía el presunto blanqueo desfilaba de una cuenta a otra directamente en Suiza. Incluso la antigua trama Filesa (PSOE), donde un exsenador y un diputado mandaban las comisiones directamente allí; o los inspectores de Hacienda del caso Huguet-Aguiar en 1999, cuando el entonces delegado de la Agencia Tributaria de Cataluña, Ernesto Aguiar, y el exjefe regional de Inspección Josep María Huguet recibían cantidades millonarias en Suiza por trabajos para empresas de Javier de la Rosa.

José María Mollinedo, hoy presidente de Gestha, recuerda cómo, destinado en el equipo de estos inspectores, se sintió utilizado: “Nos amedrentaban para que sancionáramos a la mínima y descubrimos luego cómo Javier de la Rosa les pagaba favores en Suiza. Nunca imaginamos que los jefes de la recaudación en Cataluña fueran los jefes del fraude. Magdalena Álvarez, entonces máxima responsable de la Agencia, lo dejó en manos de la Justicia sin ir más allá. Los trapos sucios de Hacienda suelen quedarse dentro, sin lavar”.

Con el grifo del crédito abierto, las prácticas de Bárcenas camparon por los municipios controlados por el PP. Arturo González Panero, diez años alcalde en Boadilla del Monte en la dorada época del boom. Sin estudios, pasó de los boy scout a la concejalía de Deportes y de ahí a la alcaldía en 1999. El Albondiguilla, alias recogido en las grabaciones, concedió más de 100 millones de euros en obras a Teconsa, FCC, Sufi, Hispánica, UFC…, núcleo duro de las empresas donantes del PP, lo equivalente a dos veces el presupuesto anual completo del municipio adjudicados enteros a la trama. A Guillermo Ortega, El Rata para sus amigos, su último trabajo conocido antes de ser alcalde fue de estanquero frente al consistorio de Majadahonda. Años después, tenía tres cuentas en Suiza.

Benjamín Martín Vasco, exdiputado de Esperanza Aguirre, que habría cambiado un pelotazo en Arganda por unos ahorros transferidos de Miami a Suiza ocho días después de ser acusado por Baltasar Garzón de cobrar 150.000 euros en comisiones. Y Alberto López Viejo, favorito de la expresidenta de Madrid, hizo lo propio a través de las contratas de basura. Políticos sin oficio que, a cambio de engrasar las arcas municipales del partido, abrieron su vía de financiación particular. El estallido de la burbuja ha sacudido los pilares de las instituciones claves del Estado. Y tras el polvo, de todo. Desde políticos-empresarios y cargos venidos a más hasta los tótems morales de la construcción nacional, defensores de la Patria, artífices del statu quo a quienes una corrupción casi nunca les parece para tanto. A Suiza han llegado las herencias del Molt Honorable expresident Jordi Pujol, Artur Mas y su Majestad; además de la estirpe de hijos y yernos que han campado por el erario protegidos por la familia.

A la sombra del saqueo valenciano y balear estaban Diego Torres y Iñaki Urdangarin, acompañado por la infanta Cristina. Su capítulo helvético es igual de sencillo, igual de presuntamente burdo. La cuenta investigada recibía dinero desde otra radicada en el mismo país y donde una empresa participada por Aguas de Valencia ingresó 375.000 euros. La asistente del duque, Julita Cuquerella, cual gestora suiza, llegó a apuntar a mano: “Me pide [Iñaki] que te copie el siguiente número de cuenta. Que tú ya sabes para qué es”. Era del Credit Suisse, en Lausana. 375.000 euros por mediar ante un magnate afgano por trabajos nunca realizados. Como es habitual, desvinculó a su esposa. Según las declaraciones de los implicados, sólo era el escudo fiscal, la presencia de la hija del rey en Aizoon cual muro de contención para evitar inspecciones de Hacienda, como así ocurrió. El impacto social del caso Nóos recayó en la codicia más que en la cantidad, en ese mirar hacia otro lado del rey y el ímpetu de Hacienda y la Fiscalía por preservar a la infanta. Una defensa a ultranza similar a los años de Banca Catalana con una diferencia: los escudos del Estado han perdido la inmunidad ante la opinión pública.

Podríamos seguir. No hay institución sin su escándalo suizo. Son casos protegidos por los silencios cómplices –es decir, intereses– que ahora se desmoronan con el estruendo de la crisis política española.

La saga de los Pujol dejará trazos parecidos a la Gürtel. Pero lo más relevante será ver a los dirigentes de la moralidad frente a la nueva configuración de Cataluña. Treinta y cinco años de engaño fiscal, aún sin que Pujol haya confesado la cantidad, dan para mucho. Como a los Bárcenas, las declaraciones de la renta les salen a devolver y las primeras cuentas datan de los ochenta, con Marta Ferrusola de titular e hijos. 227.000 euros en efectivo sacados entre 2011 y 2014 podrían ser la escarcha del iceberg. Y Pujol Ferrusola Junior podría estar a la altura del juzgado número 5 de la Audiencia: 32 millones de euros moviéndose por 13 paraísos en ocho años a través de al menos cinco sociedades; pagos de 30 empresas de hasta 12 millones; sobornos, extorsiones, falsas asesorías. Veremos dónde queda el origen de las herencias, el “problema del 3%” de los contratos públicos para Convergència y los supuestos desvíos a Pujol.

Esta vez, serán los catalanes quienes arrebaten la senyera a quienes tantos negocios parecen haber tapado con ella. Y, al tiempo, no permitirán al Gobierno instrumentalizar la corrupción, es decir, vincular el futuro de los frentes judiciales de la familia del expresident a la presión de Cataluña para llevar a cabo la consulta. Instrucción por un lado, política por otro.

Porque a los millones de euros evadidos en Suiza, a los numerosos cargos e instituciones implicadas, la opinión pública sospecha de ciertos acuerdos intangibles que deciden el punto final de algunas tramas, en qué momento se hace la vista gorda o cuándo y hasta dónde se persiguen y cuáles. Es el control político de la corrupción, un concepto perverso, donde los escudos del Estado mencionados caen o se levantan según convenga. Suiza no debería ser ajena a los efectos del secreto bancario en la política de los países que tiene alrededor. Pero, además, el fin de la opacidad –no descartable por la OCDE en un futuro próximo– sólo podrá evitar la fuga del dinero de la corrupción si la maquinaria que lo persigue no tiene su palanca de cambios en La Moncloa.

LOS PUTICLUBS DEL GRAN CAPITAL

ISAAC ROSA

Escritor

Cada vez que una investigación saca a la luz cuentas secretas en paraísos fiscales de un narcotraficante, un tesorero de partido corrupto, un dictador criminal, un millonario evasor o una gran empresa tramposa, siempre me acuerdo de las operaciones policiales contra puticlubs de carretera: “La Guardia Civil descubre un local donde obligaban a mujeres a prostituirse”, “Desmantelada una red de proxenetismo en un club de carretera”, “Los traficantes de personas operaban en varios clubes de la provincia”.

Qué sorpresa, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar algo así? Lugares que actúan a la vista de todo el mundo, anunciados con luminosos inconfundibles, sobre cuya actividad nadie tiene dudas, que operan en un cierto limbo legal, y que suelen funcionar como sumidero para otras actividades delictivas (mafias migratorias, tráfico de drogas, bandas organizadas). Así pasan años, hasta que un día entra la Guardia Civil y “descubre” que en ese sitio tan insospechado pasan cosas feas.

Lo mismo con los paraísos fiscales. Están a la vista de todo el mundo, anunciados con luminosos (en Internet ofertan sus servicios sin eufemismos), todos sabemos a qué se dedican, operan en el limbo de la desregulación internacional, y son el sumidero al que conducen todas aquellas actividades delictivas que necesitan manejar dinero en la sombra: mafias, narcotraficantes, venta de armas, corruptos, ladrones, evasores fiscales, empresas tramposas, reyes con fortuna no reconocida. De vez en cuando aparece un juez e investiga unas cuentas en uno de estos puticlubs financieros, y descubre, oh sorpresa, que allí pasan cosas feas.

Con una diferencia sustancial: mientras en los clubes de carretera la Guardia Civil no entra más porque no quiere, en los prostíbulos del capital internacional no hay autoridad que pueda presentarse a inspeccionar. Y en los casos en que un juez o una agencia fiscal de algún país pide información, son todo dificultades.

¿Piensan que es un poco forzada la comparación entre paraísos fiscales y puticlubs? Pues las semejanzas no terminan ahí. Aparte de que haya centros offshore con nombre de puticlub (o al revés, que tanto da), los paraísos del dinero cumplen en el capitalismo una función muy parecida a los locales de alterne en nuestras sociedades. De ahí su tolerancia, la vista gorda de las autoridades, y el escándalo hipócrita con que a menudo nos referimos a unos y otros.

El dinero, el dinero grande, el capital internacional, es muy de irse de putas. Y es en los paraísos fiscales donde el gran capital hace realidad sus fantasías más inconfensables: ¡Secreto bancario! ¡Sin impuestos! ¡Desregulación! ¡Blanqueo! ¡Testaferros! ¡Sociedades interpuestas! Todo aquello que no te atreves a hacer sin menoscabar tu reputación o tener problemas con la familia, pero que está a tu alcance con solo aparcar en uno de esos garitos a las afueras.

Tanta necesidad tiene el gran capital de dar salida a su libido financiera, que en cada carretera, en cada polígono, a la salida de cualquier pueblo, hay un paraíso fiscal a su alcance: más de setenta repartidos por todo el mundo. Desde países históricamente respetables hasta islas casquivanas que no sabemos situar en el mapa, pasando por enclaves dentro de países y excolonias.

Como con las casas de lenocinio, aquí también hay categorías. Hay paraísos fiscales de lujo, situados en los mejores barrios de la aldea global, donde te dan toallas limpias, te aparcan el coche, y además de bancos tienes casinos y playas fantásticas para aprovechar la visita. Y hay también puticlubs sórdidos, con tejado de uralita, donde vas, echas un polvo rápido en plan cuenta secreta o sociedad pantalla, y te largas cuanto antes.

El gran capital español es de los más puteros del planeta. Sospechamos que la mayoría, sino todas las grandes fortunas españolas tienen un cuarto reservado en los clubes más selectos del planeta. Hablamos mucho de Suiza, donde desde Falciani sabemos de al menos 1.500 españoles clientes fijos. Pero se sospecha que hay muchos más en otros clubes más opacos.

En cuanto a las grandes empresas españolas, les gusta tanto ir de putas fiscales, que hasta tienen habitación propia en los principales clubes. La casi totalidad (33 de 35) del Ibex-35 tiene filial en paraísos fiscales. Y cada vez más. Hay bancos y constructoras que, como los antiguos marineros, en cada puerto tienen una filial. El club favorito de los españoles es Delaware, en Estados Unidos. ¿Ven lo que decía sobre los nombres intercambiables? Abres un garito en la carretera de A Coruña, le pones “Delaware” en neón rosa con silueta de conejita y triunfas.

Cada vez que se reabre el debate sobre la prostitución, siempre sale alguien diciendo que el oficio más viejo del mundo nunca desaparecerá, que somos así y no vamos a cambiar. Algo parecido podemos decir del capitalismo global. En su versión actual, turbofinanciera, no podría existir sin paraísos fiscales, sin rincones opacos donde esconder millones, lavar dinero o evadir impuestos. Precisamente por eso hay que acabar con estos antros donde se cometen delitos a la luz del día, tras sus descarados neones.

EL OASIS QUE NUNCA EXISTIÓ

La victoria póstuma y agridulce de los que lucharon contra
los silencios del pujolismo

El ‘caso Pujol’ entierra de manera definitiva el mito del oasis catalán. Las sólidas mayorías de CiU y los pactos a ambos lados con PSOE y PP han permitido disfrutar al nacionalismo conservador de más de veinte años de poder.

ROGER PALÀ I BALANYÀ

Periodista, impulsor de Critic

Jordi Pujol gobernó Catalunya de 1980 a 2003. Después de un primer pacto en minoría en el que consiguió unir el apoyo de UCD y de la ERC federalista de Heribert Barrera, en 1984 llega la mayoría absoluta. La primera de tres consecutivas. Eran los tiempos en los que Pujol era considerado “español del año” por el diario ABC, CiU era el icono de la moderación frente al radicalismo vasco y en las primeras casas okupadas de Barcelona resonaba L’Odi Social y su Que pague Pujol, canción que hoy adquiere tintes casi proféticos.

Los 23 años de gestión de Pujol estuvieron salpicados de escándalos por supuesta corrupción. Para muestra, un botón. El expresident tuvo 56 consellers a lo largo de 23 años de gestión. Un reportaje del Anuari Mèdia.cat de 2014, editado por el Grupo de Periodistas Ramón Barnils, recopila que 20 de ellos se vieron implicados en presuntos casos de corrupción. La mitad fueron imputados, pero sólo cuatro llegaron a ser juzgados y sólo uno condenado.

El periodista Víctor Saura, que fue director adjunto de la revista El Triangle, publicación que destacó por abordar a fondo los escándalos del pujolismo, lo recuerda así: “Existía una oposición social y política, pero el silencio era la norma en los medios mayoritarios”. Las razones de todo ello, según dice, hay que buscarlas en que “el sistema de comunicación catalán está muy supeditado a un grupo mediático concreto [se refiere al Grupo Godó, editor de La Vanguardia] que ha hecho posible que los escándalos tuvieran un impacto ínfimo en relación a su magnitud”. A todo ello se añadía una política de opacidad: “No se facilitaba ningún tipo de respuesta ni información a la prensa, incluso la oposición tenía problemas para que le respondieran las preguntas parlamentarias”.

Esto último lo sabe bien Joan Boada, diputado en el Parlamento catalán durante cuatro legislaturas por ICV, secretario general de Interior durante el tripartito de izquierdas y uno de los “arietes” parlamentarios contra Pujol y CiU. Boada habla directamente de amenazas, y cita un caso concreto en el que un miembro de la familia Pujol le llamó para preguntarle “si es que les tenía una manía especial”, y hacerle ver “que no era recomendable que siguiera en ese camino”. Otro diputado que destacó especialmente en investigar los escándalos del pujolismo es Joan Ridao, de ERC, que consiguió y publicó la primera lista de asesores del Gobierno de Pujol.

Relaciones con el grupo Sumarroca. Con la entrada del Gobierno de izquierdas, se acabaron “las adjudicaciones de obra pública a discreción” a empresas del entorno convergente, afirma Boada. “Pero el pujolismo lo dejó todo atado. Pocas semanas antes de perder el gobierno en 2003 adjudicaron la Línea 9 del Metro de Barcelona a Emte, una empresa del Grupo Sumarroca”. El volumen de la operación fue de 150 millones de euros. En la querella que han presentado contra Pujol, Guanyem, ICV y Podemos acusan a las empresas de Carles Sumarroca, fundador de Convergència Democràtica, de concesión irregular de contratos públicos y cohecho.

Lo que nadie publicó nunca en aquella época –ni siquiera la atrevida revista El Triangle– es la historia de las cuentas de Pujol en Andorra. Boada ve necesaria la comisión de investigación en el Parlamento, pero tiene pocas esperanzas: “Depende de si los jueces se ponen a fondo. Pero lo más importante es que haya presión ciudadana”. En este sentido, se muestra desencantado. “No he visto ninguna manifestación frente a la casa de Pujol para exigir justicia, parece que la gente está más ocupada con la independencia”.

No todos lo ven así. Víctor Saura cree que probablemente el proceso soberanista tenga relación con el estallido del caso: “Lo que sí está claro es que ha habido un momento, justo cuando Pujol se declaró independentista, en el que el Estado ha decidido poner el foco en sus actividades”. La tesis del proceso como regenerador democrático es la que defienden ERC o entidades como la Assemblea Nacional Catalana u Òmnium Cultural, que creen que hay que investigar “a fondo”. La presidenta de Òmnium, Muriel Casals, afirma: “El caso Pujol ha sido una cura de humildad. Queremos ser un país mejor pero aún no lo somos”.

Desde el inicio de su gestión, el Gobierno de Jordi Pujol fue encadenando una larga lista de escándalos de presunta corrupción. Según fuentes parlamentarias, podría abarcar unos 60 casos que implicarían tanto a CDC como a Unió Democràtica. Se trataría de casos no resueltos o cerrados en falso, aunque también los hay en los que ha habido condena, como el caso Treball. En más de una decena, según estas fuentes, se habrían visto implicados miembros de la familia Pujol, principalmente sus hijos Jordi, Oriol, Josep, Pere y Marta.

‘Caso Pujol’. Múltiples frentes para un clan que se desmorona. ¿Herencia paterna en Andorra o fortuna acumulada a base de gestionar comisiones de obra pública gracias a les conexiones familiares en la administración? La confesión de Pujol ha hecho aflorar en la opinión pública un tema que durante años fue objeto de polémica parlamentaria pero trascendió poco en los medios: las relaciones de las empresas de sus hijos con la Generalitat.

El primogénito de Pujol, Jordi Junior, está en el ojo del huracán. Parece que no hay informe de la UDEF, la unidad de delitos fiscales de la policía, en el que no aparezca mencionado. Júnior habría realizado entre 2004 y 2012 hasta 118 movimientos bancarios que suman 32,4 millones de euros en 13 países, muchos de ellos considerados paraísos fiscales, como Luxemburgo, las Islas Caimán o Suiza. La tesis de los investigadores es que Júnior funcionaba a modo de comisionista desde su despacho en la zona alta de Barcelona. Hay que tener en cuenta las estrechas vinculaciones de Pujol Ferrusola con Felip Puig: compartieron escuela, empezaron juntos en las juventudes de CDC y el hermano del conseller de Treball, Jordi Puig, ha sido socio de Pujol Ferrusola en diversas empresas.

Aunque en un primer momento parecía que Júnior tenía que hacer carrera política, el primogénito acabó volcado en los negocios y el papel institucional recayó en el quinto hijo, Oriol. El caso ITV ha acabado con la carrera política del hasta hace poco secretario general de CDC, en otro tiempo destinado a convertirse en el sucesor de Artur Mas. El juez instructor considera probado que el hijo de Pujol lideraba una trama para gestionar concesiones públicas de inspecciones de ITV en una serie de empresas de Sergi Alsina, Sergio Pastor y Ricard Puignou. La relación entre Alsina y Oriol Pujol Ferrusola es muy estrecha, hasta el punto de compartir segunda residencia en la localidad ceretana de Urús. La mujer de Oriol Pujol también habría trabajado y facturado para Alsina.

A lo largo de los 23 años de gestión de Pujol, también habrían trabajado para la administración catalana las empresas de Pere –la consultora Entorn–, Marta –con su despacho de arquitectura– y Josep Pujol Ferrusola –con la consultora Europraxis–.

Banca Catalana. El primer gran escándalo del pujolismo. Banca Catalana fue una entidad creada en marzo de 1959 por Florenci Pujol, padre del expresidente. Su hijo Jordi fue accionista hasta 1976. A finales de los setenta la entidad entró en crisis, y fue intervenida por el Banco de España en 1982. Miles de pequeños inversores perdieron su dinero, pero algunos administradores tuvieron ocasión de retirar los fondos. El fiscal encargado del caso, Carlos Jiménez Villarejo, presentó en 1984 una querella contra Jordi Pujol y una veintena de antiguos directivos de la entidad por presuntos delitos de apropiación indebida y maquinación para alterar el precio de las cosas, acusándoles de haberse apropiado y repartido 20.000 millones de pesetas (120 millones de euros). Pujol acababa de ganar las primeras elecciones por mayoría absoluta. En un contexto de retroceso autonómico –con la LOAPA recién aprobada– tuvo la habilidad de convertir aquel episodio en un ataque contra su persona y, por extensión, contra Catalunya. La querella se archivó.

‘Caso Casinos’. La supuesta financiación irregular de CiU nunca juzgada. En enero de 1990, el director financiero del holding Casinos de Catalunya, Jaume Sentís, presentó una querella que acusaba al presidente de la entidad, Artur Suqué, de haber desviado 3.000 millones de pesetas (18 millones de euros). Hasta 1.000 de estos millones habrían ido destinados a financiar CiU a través de una serie de empresas en la órbita del partido, que habrían emitido cientos de facturas falsas a Casinos de Catalunya. El caso tuvo una instrucción extremadamente lenta y discutida, y fue archivado por el juez Ramón Gomis en 1997. Por un error de forma, Gomis decretó que la resolución podía ser recurrida al cabo de cinco días cuando en realidad eran tres. El querellante recurrió al cuarto día y el juez denegó la reapertura de la causa.

‘Caso Treball’. O Unió y el dinero de los parados. Después de 15 años de instrucción, en enero de 2012 se había de juzgar el caso Treball, llamado así en referencia a la financiación irregular de Unió Democràtica de Catalunya a través del desvío de fondos de formación para parados de la Conselleria de Treball (Trabajo) a las arcas del partido. A última hora hubo acuerdo con la fiscalía para evitar que los condenados ingresaran en prisión, previo retorno de 338.000 euros y una multa de 250.000. El pacto suponía que Unió admitiera haberse financiado con fondos irregulares entre 1994 y 1999. La Audiencia de Barcelona no quiso entrar en el juego y ordenó el ingreso en prisión de los condenados a pesar de que recibieron penas de menos de dos años. Finalmente fueron indultados parcialmente por el Gobierno. El único alto cargo al entrar en prisión fue un actor secundario, Vicenç Gavaldà, secretario de organización del partido entre 1994 y 1996.

‘Caso Adigsa’. Un caso abierto de precomisiones de obra pública. El caso estalló a partir de la confesión de un constructor arrepentido, Juan Antonio Salguero, que en 2005 afirmó haber pagado 108.000 euros en comisiones a un intermediario, Josep María Penín, por obras de reforma en viviendas de protección oficial de la empresa Adigsa, que gestiona la vivienda pública de la Generalitat. Penín es pariente lejano de Felip Puig, conseller de Obras Públicas en el último tramo del Gobierno de Pujol y actual titular de la cartera de Economía con Artur Mas. En su primera declaración, Penín afirmó que tanto Puig como Oriol Pujol estaban al tanto de las irregularidades de Adigsa, pero posteriormente se retractó. El pasado julio, nueve años después del inicio de la causa, se hacía público el procesamiento de tres exresponsables de Adigsa por delitos de fraude, malversación o tráfico de influencias. Por el camino han sido exonerados el presidente de la compañía, el diputado de CiU y concejal en Badalona Fernando Falco, y el conseller Puig.

Los Pujol, especialistas en paraísos fiscales

FÉLIX MARTÍNEZ

Periodista

El matrimonio entre Jordi Pujol y Marta Ferrusola produjo nada menos que siete hijos. La madre, encargada de su educación, los formó en la cultura de la evasión fical. Ya en los primeros años 80 del siglo pasado, la matriarca del clan abrió una cuenta en Andorra con dinero procedente de Suiza con el equivalente a ocho millones de euros. Figuraban como titulares, además de la propia Marta Ferrusola, sus siete hijos, a pesar de que solo los dos mayores, Jordi y Marta, tenían más de 18 años.

Con el tiempo, tres de los vástagos del matrimonio, Jordi, Josep y Oriol, retiraron su parte correspondiente de aquella cuenta. El resto, Marta, Pere, Mireia y Oleguer, mantuvieron su correspondiente millón de euros hasta el pasado 14 de julio, después de que la prensa descubriera su depósito andorrano. Entonces, regularizaron sus fondos con la Hacienda española y los ingresaron en el Banco de Madrid.

De los tres hijos Pujol Ferrusola que retiraron sus fondos, sólo Oriol, el que se dedicaba a la política, regularizó el dinero en España en aquel momento. Los otros dos los dedicaron a sus propios negocios, utilizando a su vez paraísos fiscales. En el caso de Josep, la opción parece haber sido simple: Suiza. En 2012 se acogió a la amnistía fiscal del ministro Montoro y regularizó dos millones de euros que tenía ocultos en Suiza, aunque la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía está investigando sus viajes.

Su hermano Jordi, el primogénito de la familia, demostró ser un auténtico maestro en el manejo de fondos por distintos paraísos fiscales, el juez de la Audiencia Nacional lo mantiene imputado por delito fiscal y blanqueo de capitales, entre otras cosas por haber movido 32,4 millones de euros por nada menos que 13 países con algún enclave fiscal privilegiado: Andorra, Luxemburgo, Croacia, Argentina, Uruguay, Suiza, Estados Unidos, México, Francia, Islas Caimán, Reino Unido, Liechtenstein y Gabón.

El más pequeño de los hermanos, Oleguer, también ha seguido operando con paraísos fiscales al margen del dinero que tenía depositado en la "cuenta familiar" en Andorra. La Fiscalía le investiga por el presunto blanqueo de 2.000 millones de euros en la compra de la red de oficinas del Banco Santander a través de un entramado de sociedades que empieza en las islas del canal de la Mancha de Jersey y Guernsey, controladas a su vez por una sociedad luxemburguesa, filial de una compañía radicada en Holanda.

JORDI PUJOL, EL FIN DE LOS SILENCIOS

JOSEP CARLES RIUS

Periodista. Director de Catalunya Plural

Jordi Pujol fue durante décadas el administrador de un sentimiento, del nacionalismo catalán. Ahora sabemos que lo hacía en beneficio propio, y de su familia. Construyó un relato basado en valores y principios compartidos por los cientos de miles de catalanes que le mantuvieron en el poder durante 23 años. Y que en los últimos tiempos hicieron de su mano el tránsito del nacionalismo a la independencia. Hoy su decepción es infinita. La caída de Pujol tiene un impacto demoledor. Para su principal obra, CiU, y el tiempo dirá si, también, para el independentismo.

Quienes creyeron en Pujol han descubierto el cinismo de la apariencia, de la moral que se aplica a los otros pero no a uno mismo; la que sirve como instrumento de control social. La fe propagada por alguien que no la tiene, pero se sirve de ella. El clan por encima de todo, el sentido patrimonial de la política hasta el punto de sentirse propietario de un país y soñar con dejarlo en manos del propio hijo.

Y no es sólo una cuestión personal o familiar. El pujolismo fue un régimen construido sobre múltiples complicidades y silencios, de políticos, de los empresarios que pagaban y de la prensa que calló. Complicidades y silencios que únicamente se explican en un país sumergido aún en los viejos hábitos del franquismo; en una Catalunya y una España donde perduran los caciques. La fortuna descubierta a los Pujol en los paraísos fiscales no revela sólo un fraude fiscal, sino que apunta, una vez más, al saqueo del dinero público a través del pago de comisiones por parte de los contratistas de la Administración. Dinero para los partidos y dinero para el clan. Corrupción sistémica, en estado puro.

Así, el ocaso de Jordi Pujol debería servir para alcanzar, de una vez, la mayoría de edad política. La emancipación respecto a los falsos padres de la patria y sus redes clientelares. Es la ocasión para alcanzar una mayor radicalidad democrática, para desmontar un régimen que nació en nombre de la libertad y la democracia, pero que ha envejecido con la corrupción. El día de la confesión de Pujol, el 25 de julio del 2014, empezó un nuevo tiempo que está por construir. Un tiempo sin los carnets de buenos y malos catalanes que repartía el pujolismo y que nadie debería jamás reeditar. Un tiempo con menos silencios, más libre, más ético.

ESPAÑOLES EN EL PARAÍSO

Fortunas de origen franquista, cantantes de pop y empresarios del ladrillo tienen en común el uso de paraísos fiscales para esconder su dinero y hurtar al resto de ciudadanos los impuestos que debían pagar en su país.

PEDRO ÁGUEDA

Periodista

Solo un paraíso fiscal separa a veces la legalidad del delito. El destino idílico del dinero, allí donde se pierde el rastro de su procedencia, es un instrumento que no solo utilizan políticos corruptos o traficantes de droga. También empresarios, artistas y deportistas que no han delinquido para hacerse ricos recurren a ellos para dejar a un lado su patriotismo y mantener a una distancia prudente el radical concepto de solidaridad. Guardar dinero fuera de España no es delito; no tributar por ello, sí. Prestigiosos despachos de abogados ponen a disposición de las fortunas españolas una compleja madeja societaria de ocultación que sería inviable sin la existencia de los paraísos fiscales.

Ana Torroja. Una parte de la burguesía mallorquina recuerda haber vivido la jornada del 27 de abril de 2007 entre la sorpresa y la preocupación. Esa mañana, la policía irrumpió en el despacho de los hermanos Feliú, un elegante bufete del centro de Palma con gran predicamento entre la clase acomodada de la isla. El registro suponía la erupción de la operación Relámpago, una gigantesca investigación que acabó invadiendo varios juzgados de Palma, dando paso a un sinfín de piezas separadas por delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. Los investigadores sospechaban que los Feliú habían montado una suerte de sucursal de paraíso fiscal en pleno centro de la capital balear.

Entre la documentación incautada apareció una larga lista de clientes y sociedades de sospechosa creación. Entre ellas había una llamada Carlito’s Way, como la película en que Al Pacino interpreta a un antiguo miembro de la mafia que intenta reorientar su vida sin éxito. En España, la distribuidora no se complicó y tituló la cinta Atrapado por su pasado. Según la condena pactada con la Fiscalía Anticorrupción siete años después, Carlito’s Way es una de las ocho sociedades que utilizó Ana Torroja, exvocalista de Mecano, para esconder al fisco 660.000 euros de los beneficios de la gira La Fuerza del Destino, solo en los ejercicios de 2006 y 2007.

Atrapada por las evidencias, Ana Torroja pactó el pasado abril, siete años después, una condena de conformidad con Anticorrupción. La cantante fue condenada a dos penas de nueve meses de cárcel que fueron sustituidas por el pago de las cantidades defraudadas más una multa del 70%. En total, Torroja ha esquivado la cárcel pagando al fisco más de 1,5 millones de euros. El acuerdo de conformidad recogía los atenuantes de reconocimiento del delito y colaboración con la Justicia, aunque ésta solo se produjo cuando la artista se vio acorralada. Siempre se había negado a declarar, mientras su abogado articulaba maniobras para anular la causa.

La sentencia considera probado que Torroja intentó engañar a la Administración fingiendo su residencia en el extranjero y cobrando a través de sociedades pantalla. Cuatro de las sociedades del entramado estaban en el extranjero, repartidas entre Holanda y los paraísos fiscales de Antillas Holandesas y Panamá. Otras cuatro figuraban abiertas en España, entre ellas Carlito’s Way, en la que Torroja aparece como administradora única. Supuestamente, esta sociedad se dedicaba a dar servicio a restaurantes.

Ana Torroja intentó hacer creer a la Administración que residía en Reino Unido y que allí tributaba por las ganancias por sus discos y conciertos. No era así. No pagaba en España ni en Inglaterra. Durante la investigación quedó acreditado que Torroja es “residente fiscal” en España, explican fuentes de Anticorrupción. Dos de las sociedades radicadas en Holanda eran de las denominadas Besloten Vennootschap (BV). Para abrirlas se necesita un capital mínimo de 18.000 euros y una sede, que puede ser gestionada por terceras personas y no tener empleados. Torroja cedía todos sus derechos a las sociedades BV, que eran las que cobraban. Las BV estaban a su vez participadas por otras sociedades radicadas en paraísos fiscales, una tupida tela de araña para esconder quién es el último beneficiario. Si Holanda, en pleno corazón de la Unión Europea, permite las BV, los paraísos fiscales hacen posible crear una sociedad por apenas 1.000 dólares y ocultar quién es el verdadero dueño.

Uno de los hermanos Feliú, Gabriel, estuvo procesado en la pieza separada ñ, la letra que correspondió al caso de Torroja. Pero resultó absuelto. Según las fuentes consultadas de Anticorrupción, Torroja sabía muy bien lo que hacía, hasta el punto de que llevó a cabo la misma práctica delictiva con tres despachos de abogados distintos. En los ejercicios fiscales que le han valido la condena, Torroja no fue asesorada por los Feliú. La estrategia de pacto del fiscal Anticorrupción Juan Carrau ha permitido recuperar ya al Estado más de 20 millones de euros entre todos los acusados de la operación Relámpago.

Los Carceller. Si hay una fortuna en España que hunde sus raíces en el régimen franquista esa es la de Demetrio Carceller Arce, presidente en la actualidad de la cervecera Damm, entre otros muchos negocios. La saga arrancó con el abuelo, Demetrio Carceller Segura, uno de los fundadores de Falange y ministro de Industria de Franco entre 1940 y 1945. Ferviente defensor de la Alemania nazi, al menos mientras ésta tuvo posibilidades de triunfar en la Segunda Guerra Mundial, Demetrio Carceller está considerado “el iniciador de la corrupción a gran escala”, según cita el historiador José Ramón Villanueva Herrero.

“Ninguno de los negocios, empresas, industrias, comercios, permisos de importación, de explotación, negocios bancarios, establecimientos de industrias o su ampliación, o de comercio, ni una sola actividad industrial, comercial o de la banca españolas, puede realizarse sin contar con el beneplácito de don Demetrio Carceller” durante esos años, asegura el también historiador Josep Fontana.

En 2011, el diario El Mundo cifraba entre 1.200 y 1.400 millones de euros la fortuna de su nieto, Demetrio Carceller Arce, quien además de estar al frente de Damm posee la petrolera Disa y con ella participa en un 13,01% en la constructora Sacyr. Carceller Arce ha heredado de su padre, Demetrio Carceller Coll, el gusto por la discreción. De esa forma de vida saben bien la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción. Durante años, Carceller Coll y su esposa han residido en secreto en la localidad madrileña de Galapagar. Los multimillonarios no acudían a fiestas de la alta sociedad y cuando salían a cenar evitaban las tarjetas de crédito. Demetrio Carceller Coll prefería llevar siempre un buen fajo de billetes para pagar, algo infrecuente en miembros de tan arraigadas fortunas. Hay una explicación: don Demetrio intentaba hacer creer a Hacienda que residía en Portugal y Reino Unido desde 1990.

Según Anticorrupción, Carceller Coll también ocultó ser el dueño de los paquetes de acciones en distintas empresas a través de un entramado societario compuesto por estructuras fiduciarias tipo trust, radicadas en paraísos fiscales como Panamá, Luxemburgo, Antillas Holandesas y Madeira. Para ello contó con la ayuda del abogado de Barcelona Gabriel Pretus Labayen, cuyo apellido ya dio nombre a la Operación Pretoria, en la que se vieron envueltos destacados dirigentes de CiU. El letrado compartirá banquillo con el empresario.

Además, Carceller Coll utilizaba a su hijo, según los investigadores, para ocultarse detrás de operaciones financieras. Todo este manual práctico del delito económico le ha valido a Demetrio Carceller Coll una petición de 48 años de cárcel por parte de Anticorrupción, que le acusa de 13 delitos de fraude fiscal y otro de blanqueo de capitales. Para su hijo, el Ministerio Público pidió 14 años de cárcel como cooperador en cuatro de esos delitos fiscales y en el de blanqueo. En total, se calcula que los Carceller han defraudado supuestamente más de 72 millones de euros solo en los ejercicios fiscales para los que no ha prescrito el delito.

El juez Pablo Ruz, de la Audiencia Nacional, abrió juicio oral e impuso una fianza a los Carceller de 764,8 millones de euros con los que asegurar los pagos que implicaría una posible condena. No fue un gran problema para los empresarios. Con la totalidad de las acciones de Damm, cuyos beneficios ya había embargado el juez, y el 30% de la petrolera familiar, cubrieron la fianza. Pero el pasado 2 de enero la Sección Tercera de la Sala de lo Penal se descolgó con un auto aceptando el recurso de la defensa y levantando la imputación contra el presidente de Damm. “La actividad de gestión del recurrente no resulta acreditadamente integrada en lo ilícito por actividades de clase algunas encaminadas al fraude fiscal”, aseguraba el ponente del auto, Guillermo Ruiz Polanco. Cuando parecía que la habilidad de unos abogados caros y el sorprendente fallo de la Sala de lo Penal alejaban, una vez más, a un acaudalado empresario del banquillo, el Tribunal Supremo estimó el recurso de Anticorrupción y ratificó el procesamiento. Carceller padre e hijo compartirán banquillo en los próximos meses.

Juan Ferri y José Baldo. El 5 de noviembre de 2013, Juan Ferri y José Baldó no se subieron al avión que les iba a devolver a España desde México. Una llamada les alertó de que estaban registrando las oficinas de una de sus empresas. La operación Mar Nuestro estaba prevista para el día 6, pero los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pidieron al juez Javier Gómez Bermúdez, de la Audiencia Nacional, adelantar unas horas un registro por temor a perder valiosa información. Los empresarios tardaron un mes en regresar a España, tiempo que los investigadores están convencidos que dedicaron a preparar su defensa. No se equivocaban en la gravedad del asunto. El juez, que un año antes había ordenado registrar sus domicilios, ahora les quería esposados ante él.

Ferri y Baldó hicieron fortuna con el ladrillo en el Benidorm de los años ochenta. Hoy poseen 14 hoteles en España y México con los grupos Sandos y Mar Confort, un negocio viento en popa si se atiende a que solo tardaron tres días en reunir los 14 millones de euros en los que Gómez Bermúdez fijó su fianza.

Pero los dos empresarios no atrajeron la mayoría de los focos sobre la operación.

El motivo es que comparten la lista de imputados con otro presunto delincuente financiero que se ha ganado en los últimos años una reputación: Roberto López Abad, exdirector general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. El exbanquero afronta un juicio por la primera de las cuatro piezas separadas en las que Gómez Bermúdez ha dividido el expolio y las irregularidades en la gestión de la entidad, rescatada con 15.000 millones de dinero público. Una de ellas investiga la “trama urbanística” y es ahí donde coinciden los dos empresarios de Benidorm con López Abad.

En tiempos de Roberto López Abad, la CAM entró en la compra de terrenos, creando una sociedad que sería dueña de una parte de los proyectos que financiase. Ferri y Baldó necesitaban liquidez para la puesta en marcha de sus hoteles en el Caribe y el resultado fue Valfensal, una sociedad de la que la CAM tenía el 30%. Dicho y hecho. En 2004 llegó la primera inyección del dinero de la caja para el primer hotel. Los investigadores están convencidos de que la CAM vio “una oportunidad de negocio” en el proyecto hotelero del Caribe. “Eran los años de las vacas gordas”, recuerda uno de los responsables de la investigación de la UCO.

Los empresarios informaron a López Abad y al entonces director de Empresas de la CAM, Daniel Gil, de que iban a crear una empresa instrumental en el paraíso fiscal de las Antillas Holandesas –actual Curaçao– donde la tributación es del 3%, frente al 30% de República Dominicana o México, menor aún que en España. Ni López Abad, ni Gil pusieron reparo alguno, según el magistrado Gómez Bermúdez. Entonces, dividieron los beneficios del hotel en dos: el 20% tributaba en los países donde estaba el establecimiento y el 80% restante iba destinado a la empresa teleoperadora que había conseguido los clientes.

El diseño de esta d corresponde, según los investigadores, al despacho Garrigues, en colaboración con otro bufete local de las Antillas Holandesas. La firma, Jacksonsport, tenía una dirección, un teléfono y hasta supuestos empleados. Pero todo era falso. Cada gestión se realizaba desde las oficinas en Alicante de Mar Confort. Y sin tributar por ello en España. Los investigadores creen que Jacksonsport facturó más de 246 millones de euros entre 2004 y 2010, sin declarar uno solo en España.

Eso sí, con el dinero obtenido, Ferri y Baldo pagaban los intereses del préstamo de la CAM. La Caja, sin embargo, no veía un euro de los beneficios de su inversión. ¿Por qué? Los empresarios pactaron con López Abad y Gil no repartir beneficios. Esto hace sospechar al juez, la Fiscalía y a la Guardia Civil que los banqueros recibieron algo a cambio. Contra ellos y los dos empresarios, Gómez Bermúdez dictó prisión eludible con fianza. El juez alegó riesgo de fuga a las Antillas Holandesas –con las que España no tiene tratado de extradición– y de destrucción de pruebas. “Aún no sabemos dónde está el dinero”, confiesa el oficial de la Guardia Civil encargado del caso. López Abad solo pasó una noche en prisión. En 24 horas reunió 1,5 millones de euros de fianza.

‘Gigi’ Sarasola y los Borbón. Gruesos tipos de cráneo afeitado y acento eslavo se cruzan habitualmente en chándal con otros de traje caro y fijador en el pelo por los pasillos de la Audiencia Nacional. Es consecuencia de que el tribunal sea competente para investigar algunos delitos de cuello blanco, los que requieren para ser cometidos de la existencia de una organización criminal. Entre esas dos facciones estilísticas del edificio de la calle de Prim de Madrid emergió el pasado 27 de septiembre una nueva, más próxima a la segunda pero con un toque dandi. Se trataba del otrora galán de la jet set madrileña Fernando, Gigi, Sarasola. El juez Fernando Andreu le había citado como imputado por integrar el último eslabón de una red de blanqueo de dinero descubierta en la operación Emperador.

Según sospechan los investigadores, Sarasola pertenecía al selecto grupo de españoles con cuentas en paraísos fiscales, tan cotizados para la trama de blanqueo que afloró durante la investigación a la red de Gao Ping. Los acaudalados españoles necesitaban cash –como aluden al efectivo algunos petulantes miembros de esta clase social– y los chinos lo tenían, tanto que no declaraban la mayor parte de sus beneficios. La trama hacía de intermediaria entre unos y otros, sin que llegaran a tener nunca contacto. Desde las cuentas en Suiza de los españoles se hacían transferencias a bancos chinos. Esta era una de las formas, la más elaborada, que tenían los miembros de la red de Gao Ping de sacar su dinero fuera de España sin declarar. A cambio, los españoles se llevaban una comisión.

En la Fiscalía Anticorrupción se denomina a estos españoles “compradores de dinero”. Como tales son sospechosos de haber cometido dos delitos: uno fiscal y otro de blanqueo. Para acreditar el primero, el Ministerio de Hacienda debe averiguar si las cantidades recibidas en metálico han sido declaradas o no y pagados los correspondientes impuestos. En cuanto al blanqueo de capitales, una fuente de Anticorrupción no tiene dudas: “Si reciben dinero en una bolsa de deporte con dinero que procede del delito, es blanqueo”.

En las escuchas telefónicas del caso Emperador aparecía una sociedad a la que la trama se refería como “los de Génova”. Se trata de Salermar, con sede en esa calle de Madrid, y cuyo apoderado es José Antonio Gil. Sarasola es el presidente y en su declaración ante el juez dijo desconocer ninguna trama de blanqueo y responsabilizó de cualquier recepción de dinero a su socio.

Un papel similar al de Gigi Sarasola y su socio desempeñaron, según el juez, tres familiares del Rey. Uno de ellos, la empresaria María Ilia García de Sáez Borbón Dos Sicilias. Ésta admitió ante Andreu que su madre recibió dos entregas en metálico de 20.000 euros de manos de Malka Mamman Levy, alias La Sobrina, cabecilla de la trama en España. La Sobrina actuaba como una franquicia de una organización internacional en cuya cúspide se cree está el belga de 74 años François Leiser, del que Suiza niega la extradición a España. Y en la misma red participa, según los investigadores, Arturo Gianfranco Fasana, nada menos que el contacto en el país helvético de Francisco Correa, el cabecilla de la trama Gürtel.

La prima lejana del rey aseguró al juez que pensaba que esos pagos procedían de una cuenta en Suiza que su madre tiene en el banco Hermitage con un millón de euros, y con la que se acogió a la amnistía fiscal de Montoro. Las cuentas en Suiza se presentan como una tradición en los borbones. El conde de Barcelona atesoró una fortuna de 1.100 millones de pesetas que dejó a sus hijos al morir en 1993. A Juan Carlos de Borbón le correspondieron 375 millones que guardó en una cuenta del banco UBS, trasladada más tarde a Societé Generale. Según la Casa del Rey, el monarca empleó el dinero en pagar deudas de los condes de Barcelona y en “gastos determinados”. En 1995 canceló la cuenta. No hay documentos que acrediten que pagó impuestos por aquella herencia, solo “el convencimiento” de que así se encargaron de hacerlo sus albaceas.

LOS EVASORES DE FALCIANI AÚN SECRETOS UN AÑO DESPUÉS

El exempleado de la banca suiza Hervé Falciani lleva más de un año en libertad trabajando con las justicias europeas. Los resultados de su trabajo no son tangibles, frenados por la falta de recursos y de voluntad política.

BELÉN CARREÑO

Jefa de Economía de eldiario.es

El 8 de mayo de 2013, Hervé Falciani (Mónaco, 1972) quedaba libre. Libre ante la Justicia española, pero preso de por vida en una cárcel de seguridad que trata de protegerle de quienes no desean que revele sus secretos. Ha pasado más de un año desde que Falciani ya puede trabajar con las justicias europeas para desactivar la red de blanqueo de dinero que usaba, como uno de los eslabones, el banco HSBC de Ginebra. Un año en el que los paraísos fiscales se han popularizado, pero donde los avances materiales no son los esperados.

Sentado en una céntrica plaza de Madrid, el informático francoitaliano echa la vista atrás sobre ese último año de trabajo en una conversación con eldiario.es. Estamos a las puertas del verano y calienta el sol, pero finalmente hay que refugiarse en el interior del bar por una tormenta pasajera. Una imagen que coincide con las dificultades que está sufriendo al colaborar con muchas justicias. Cuando parece que escampa, tiene de nuevo que echar a correr.

“En Francia no ha cambiado nada después de la publicación de la lista”, lamenta ensombreciendo con un gesto su habitual sonrisa. Profeta en su tierra, Falciani pasa mucho tiempo los últimos meses trabajando con la fiscalía francesa para volver a reactivar la investigación sobre evasión fiscal que el Gobierno de Sarkozy paralizó cuando se descubrió la magnitud de los nombres que aparecían en la lista. “Los resultados que ha habido son gracias a la presión mediática”, concluye.

Este es, sin duda, el primer fruto del trabajo oculto de Falciani durante este año largo. Los ciudadanos hablando de paraísos fiscales. Hay una preocupación por estos agujeros negros que hasta antes del inicio de la crisis no se percibían como un problema real de los contribuyentes europeos. El francés se valió de su candidatura a las elecciones europeas por el Partido X para tener una plataforma con la que llegar más lejos en su denuncia.

Aunque el informático no cosechó los votos suficientes, se muestra satisfecho con una de sus pretensiones. “La gente sabe y habla de los paraísos fiscales. Hace un año no era así. Ya es algo”. Esta concienciación social se ha percibido en España y también en Francia, donde se ha filtrado la lista de forma pormenorizada con el consiguiente escándalo social. “Alemania e Italia son las que están aún rezagadas en esta lucha”, confiesa.

Falciani expresa públicamente su alegría por esta alarma social pero calla una parte importante. Su trabajo, por ahora, no ha dado frutos tangibles, o no los esperados. Las instrucciones de los casos que han tomado como base la lista con más de 130.000 cuentas que el monegasco extrajo del HSBC son aún secretas. Precisamente, porque al menos en España aún no han dado el salto fuera de la Fiscalía Anticorrupción.

Solo se conocen dos sonados casos que de alguna forma han estado ligados a la lista Falciani, una relación que no se ha confirmado desde el Gobierno. Por un lado, la red de blanqueo de dinero del magnate chino Gao Ping, lo que se conoce como la Operación Emperador, y por otro, el caso Pujol. De ambas instrucciones se sabe que los nombres de algunos de los implicados aparecían en los listados del banco suizo, pero no está claro si las pruebas aportadas por los archivos “robados” han sido definitivas o no en los casos. No obstante, ninguna de las dos operaciones ha llegado a su fin. En el caso de Gao Ping se ha detenido o imputado a decenas de personas, pero el proceso sigue abierto y aún no se ha recuperado un euro del dinero que ha defraudado la jet-set española que utilizaba al empresario para blanquear su dinero.

En cuanto a los Pujol, las versiones sobre su presencia en la lista Falciani son contradictorias. El informático lleva a gala no comentar ningún nombre propio de su lista, y ha cumplido este secretismo a rajatabla en todas las entrevistas que ha concedido en estos 15 meses.

El Partido X, al que Falciani sigue estrechamente ligado, asegura que sí, que el trabajo del que fue su cabeza de lista ha sido decisivo a la hora de destapar la trama. Sin embargo, por el momento solo se está hablando del patrimonio oculto en Andorra, en un banco que no guarda relación aparente con el HSBC y que ha tenido su propio delator. Así las cosas, es difícil saber si la conexión con la lista es indirecta o a través de algún hijo de la familia.

Fuentes de Hacienda apuntan a que la conexión con Falciani es la del know-how de los entramados fiscales. Es decir, que aunque los apellidos no aparecieran como tal en su lista original, el francoitaliano habría ayudado a desenmarañar la tupida red societaria tejida en paraísos fiscales por la familia catalana y que ha precipitado la declaración complementaria del expresident. En cualquier caso, desde Hacienda reconocen que hacía meses que se estaba investigando a los Pujol porque ya alguien había tirado de la manta.

También se ha publicado que Falciani ha ayudado a resolver el rompecabezas de Gürtel. En principio, solo tres cuentas de las decenas que se le han descubierto al tesorero del PP Luis Bárcenas estarían en el HSBC. Pero, de nuevo, la labor del exinformático habría pasado por desarticular el modus operandi de estas redes que son como juegos de muñecas rusas en las que las sociedades pantalla hacen casi imposible la labor de la Justicia.

Sea como fuere, de los casi dos años de estrecha colaboración de Falciani con la Justicia (comenzó ya a trabajar desde la cárcel de Valdemoro donde estuvo preso) apenas se sabe nada de los resultados ligados a la lista.

La primera parte que se filtró, en 2010, cuando Francia comenzó a repartir los ficheros a los países vecinos (antes de que Sarkozy frenara el proceso) se resolvió con varias regularizaciones voluntarias. De los 1.500 nombres que se comunicaron solo se ha confirmado públicamente la resolución de 659 casos. Aparentemente, en el último año la lista debería haber vuelto a incrementarse pero ya no se conoce nada nuevo. Por ahora, lo recaudado roza los 300 millones de euros, pero se especuló en el momento que Hacienda podría recuperar hasta 900 millones solo con los miembros de aquella lista inicial.

Estas cifras son peccata minuta de lo que podría suponer en materia de recaudación la lista completa para España. Según un borrador filtrado de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Falciani aseguró el 1 de octubre de 2012 (aún en la cárcel) a los agentes en presencia de su abogado que el monto que se podía destapar de dinero oculto de españoles era de 100.000 millones de euros. Bien por exageración o bien como fruto de la investigación llevada a cabo, un año después, en noviembre de 2013 aseguró en el programa Salvados de laSexta que la cantidad podía ascender a 200.000 millones de euros. Una cosa es el capital total oculto, y otra lo que puede gravar Hacienda, en función de las prescripciones de la cantidad defraudada.

De entre todas las fortunas ocultas desveladas en aquella tanda, destacó la de la familia Botín, que dejó más de 200 millones de euros por los rendimientos que su fortuna había dado entre 2005 y 2009. Según diversos cálculos, el pago de este impuesto podría corresponder a un patrimonio de alrededor de 2.000 millones de euros. Pero también la familia Masaveu (la más importante del Principado de Asturias), el empresario Bosch i Aymerich, Eufemiano Fuentes, los Lao (fundadores de la empresa de juegos Cirsa) y otros centenares de ricos menos famosos que los banqueros cántabros estuvieron bajo el escrutinio de la Agencia Tributaria.

Según una recopilación de casos que publicó El País el 21 de abril de 2013, muchos de estos nombres llegaron a los tribunales pero la mayoría de los casos se solventaron y archivaron por la vía amistosa con Hacienda con regularizaciones voluntarias. Cabe recordar que apenas dos años después de que tuviera lugar la filtración de esta primera parte del listado, el Partido Popular llegó al poder y lanzó, como una de sus medidas estrella, la amnistía fiscal. Bien es cierto que los que ya aparecían en la lista no se podían acoger, pero los que estaban dudosos de estar o llegar a aparecer en algún momento (al reanudar las investigaciones, ya que la cesión de los datos por parte de Francia había quedado cortada) se pudieron incorporar a este proceso impulsado por Cristóbal Montoro.

En este sentido no es despreciable el efecto llamada que se ha dado desde la aparición de la lista y, sobre todo, desde el salto a los medios de Falciani. Ya en 2010, la Agencia Tributaria marcó el teléfono de los asesores fiscales de grandes patrimonios asegurando que tenían nombres de sus clientes en la lista. Los que se sabían culpables no dudaron en salir del armario sin esperar a que el fisco iniciara el papeleo, lo que desde Hacienda se apunta como un gran mérito por el ahorro para las arcas públicas.

Una vez superado el primer golpe, la lista ha seguido siendo un cebo colosal para destapar el fraude fiscal. Cuando Hacienda forzó a declarar los bienes ocultos en el extranjero (con la llamada declaración 720) también amenazó con que se cotejaría lo revelado voluntariamente con la lista Falciani. De nuevo, los abogados recomendaron a sus clientes que afloraran sus bienes ante la posibilidad (ya entonces el informático estaba colaborando oficialmente con la Justicia) de aparecer retratados en las listas de Anticorrupción.

Agotadas todas las oportunidades voluntarias de pesca y repesca, los próximos nombres que aparezcan por evasión fiscal lo harán ya por el juzgado. Fuentes tributarias aseguran que, por ejemplo, destapar un fraude como el del jugador del FC Barcelona Lionel Messi plagado de sociedades pantalla hubiera sido imposible de llevar a juicio hace años sin los conocimientos que ha propiciado Falciani a la Justicia española.

No cabe duda de que los apellidos con más lustre de la lista están por descubrir. Basta compararla con la que se ha filtrado en Francia, plagada de personajes de la esfera cultural y empresarial como Jeanne Moreau, Jacques Dessange, Nina Ricci, Paul Bocuse, Alain Aflelou, Christian Karembeu o el ministro francés de Presupuesto, Jérôme Cahuzac, para intuir que la lista de españoles defraudadores aún debe dar mucho más de sí.

Por ahora, la falta de medios, que el francés denunció públicamente a principios de 2014 con la consiguiente reprimenda del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y, cómo no, la voluntad política mantienen los trabajos con la lista a medio gas. Los próximos meses serán decisivos para averiguar si la renuncia a ser un hombre libre que ha hecho Hervé Falciani ha merecido la pena y si se traduce en recaudación para las arcas públicas.

PARAÍSOS FISCALES

DINERO OCULTO, MÁS DESIGUALDAD

El capital depositado en los paraísos fiscales priva a los Gobiernos de fondos esenciales para pagar los servicios sociales y ensancha la brecha entre ricos y pobres.

JUAN PEDRO VELÁZQUEZ-GAZTELU

Periodista. Revista Alternativas Económicas

A medida que se disipan la s nubes más negras de la crisis va quedando al descubierto un paisaje devastado: sociedades cada vez más desiguales y empobrecidas cuyos ciudadanos tardarán mucho tiempo en recuperar su nivel de vida anterior. Lo dice Thomas Piketty, el economista de moda y autor del celebrado libro El Capital en el Siglo XXI: las desigualdades van a seguir aumentando mientras los beneficios del capital que manejan los más ricos crezcan a mayor ritmo que las rentas del trabajo; es decir, más que la economía real. Y si hay algo diseñado específicamente para aumentar los rendimientos del dinero, esos son los paraísos fiscales.

Seis años después de la caída de Lehman Brothers, punto de partida de la crisis, el dinero que se mueve en estos territorios sigue creciendo, y hay pocos indicios de que la situación vaya a cambiar. Más allá de su dudosa legalidad, los paraísos fiscales tienen un efecto muy dañino en la economía de las naciones. En un momento de dolorosos recortes de gastos sociales para reducir el déficit y la deuda, su existencia permite a los ciudadanos más ricos ocultar su dinero para no pagar impuestos, con lo que privan a los Gobiernos de los ingresos necesarios para financiar la educación, la sanidad o la creación de empleo. Los paraísos fiscales no solo agrandan las desigualdades de renta entre países ricos y pobres, sino también entre ciudadanos de un mismo país.

“Es escandaloso que se permita que tanto dinero se quede sin pagar impuestos y que se salgan con la suya las personas en mejor disposición de pagar los bienes y servicios públicos”, afirma Kevin Rousell, director de Desigualdad, Finanzas para el Desarrollo y Servicios Esenciales de Intermón Oxfam, en la presentación del último informe al respecto de la organización. “Muchos Gobiernos dicen que no tienen más alternativa que recortar el gasto público y la ayuda al desarrollo, pero hemos llegado a la conclusión de que si se cobraran impuestos al dinero privado oculto se podría poner fin a la pobreza extrema no una, sino dos veces”.

¿Cuánto dinero hay depositado en los paraísos fiscales? Tax Justice Network (TJN), una organización sin ánimo de lucro con sede en Londres, calcula que en el año 2010 la cifra oscilaba entre los 21 y los 32 billones (con b) de dólares, entre 16 y 25 billones de euros al cambio actual. De ellos, 550.000 millones procedían de España, una cifra superior a la mitad del PIB. Como los cálculos solo tienen en cuenta la riqueza financiera y excluyen propiedades inmobiliarias, yates y otros activos no financieros, la cantidad podría ser aún mayor. Intermón Oxfam cifra el dinero escondido en paraísos fiscales en 18,5 billones de dólares (14,4 billones de euros).

En su estudio The Price of Offshore Revisited, el más completo realizado hasta ahora sobre el tema, TJN calcula que los impuestos perdidos en el año 2012 por el uso de los paraísos fiscales podrían alcanzar los 255.000 millones de dólares si estos depósitos dieran una rentabilidad del 3% y se gravaran con un tipo impositivo del 30%. La cifra, por ejemplo, duplica la que los países ricos invierten en ayuda al desarrollo.

Los paraísos fiscales reflejan como ningún otro indicador lo mal repartida que está la riqueza en el mundo: el dinero almacenado en ellos pertenece a los 10 millones de habitantes más ricos del planeta, y una tercera parte es propiedad de solo 100.000 personas. Casi todos los expertos coinciden: la existencia de estos lugares agranda las desigualdades sociales más allá de lo que pensaban los economistas y está comprimiendo los sistemas fiscales en todo el mundo; es decir, aumentado la competencia entre países por gravar con impuestos cada vez más bajos a los más poderosos mientras aplican impuestos más altos a los que menos tienen.

En el mundo en desarrollo la situación es dramática. En muchas dictaduras, las élites políticas y económicas tienen por costumbre almacenar sus fortunas –en muchos casos fruto de la corrupción– lejos de sus territorios. Ello contribuye a concentrar la riqueza y el poder en muy pocas manos, mientras la mayoría de la población continúa sumida en la pobreza y encima debe hacerse cargo de pagar la deuda pública.

Pero el uso de los paraísos fiscales no es exclusivo de las clases dirigentes de los países subdesarrollados. Como escribió recientemente el premio Nobel de Economía Paul Krugman en The New York Times, “en las zonas altas de la economía estadounidense, esconder buena parte de la riqueza fuera del país es probablemente la norma, no la excepción”. Lo mismo podría decirse de las élites europeas y asiáticas.

Krugman citaba en su artículo un nuevo estudio de los catedráticos Emmanuel Saez y Gabriel Zucman, de la Universidad de California-Berkeley, según el cual el 40% de los ricos estadounidenses canalizan sus inversiones a través de paraísos fiscales como las Islas Caimán, las Islas Vírgenes y Luxemburgo. Como todo ese dinero es opaco al fisco, no figura en las estadísticas macroeconómicas, que quedan así desvirtuadas. Si toda esta riqueza escondida aflorase, apuntan los autores del estudio, la zona del euro, por ejemplo, vería reducida su deuda de tal manera que pasazía de ser deudora neta a acreedora neta.

Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y autor de ¿Hacienda somos todos? Impuestos y Fraude en España (Debate), afirma que aunque los grandes países están tomando alguna medida para erradicar estas prácticas y está disminuyendo el abuso del secreto bancario, la situación sigue siendo “un poco deprimente”. Este inspector de Hacienda explica que el dinero no llega a estos territorios en maletines, sino fundamentalmente a través del sistema financiero. “En un momento en el que los contribuyentes de los países industrializados hemos tenido que rescatar a buena parte de la banca, a cambio se tenía que haber sido mucho más exigente con las entidades financieras para que no colaborasen en el desvío de fondos hacia estos territorios que no cumplen con los más mínimos estándares ni en tributación, ni en lucha contra el blanqueo de capitales”, dice De la Torre.

Al contrario de lo que suele salir en las películas, la industria de la evasión de impuestos no tiene como principal base operativa islas exóticas del Caribe o del Pacífico Sur, sino lujosas oficinas de los principales centros financieros de Occidente como Nueva York, Londres o Ginebra. El sistema de evasión fiscal, según Tax Justice Network, está organizado y gestionado por un selecto grupo de especialistas muy bien pagados que trabajan para los mayores bancos del mundo –con UBS, Credit Suisse y Goldman Sachs a la cabeza–, ayudados por conocidos bufetes de abogados. Sus actividades, afirma la organización, son toleradas por bancos centrales y organizaciones internacionales como el G-20, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco de Pagos Internacionales.

A finales de 2010, los 50 mayores bancos del mundo gestionaban conjuntamente 12,1 billones de dólares (9,4 billones de euros) en activos transfronterizos para clientes privados, incluyendo fundaciones y fondos patrimoniales. La cifra creció a un ritmo del 16% anual entre 2005 y 2010. Muchos de esos bancos han sido, precisamente, protagonistas de los rescates llevados a cabo en los últimos años con dinero del contribuyente.

Intermón Oxfam calcula que dos tercios del dinero depositado en paraísos fiscales, unos 12 billones de dólares (9,3 billones de euros), está oculto en lugares vinculados directa o indirectamente a la Unión Europea, como Luxemburgo, Malta (ambos países miembros de la UE) o Andorra. El otro tercio, unos 6 billones de dólares (4,6 billones de euros), se encuentra en paraísos fiscales cercanos al Reino Unido como Bermudas, Islas Caimán, Gibraltar, Jersey o las Islas Vírgenes.

¿Qué es un paraíso fiscal? Existen múltiples definiciones del término. Generalmente se considera un paraíso fiscal aquel territorio o país que exime completa o parcialmente del pago de impuestos a inversores extranjeros que abren una cuenta bancaria o crean compañías domiciliadas en ellos. No hay una única lista de paraísos fiscales, ya que cada país y organización internacional utiliza sus propios criterios para elaborarlas, en muchas ocasiones con un alto grado de subjetividad.

Sus defensores argumentan que la gran mayoría de los usuarios, ya sean individuos o empresas, lo hacen de manera legítima y que únicamente se aprovechan de las ventajas competitivas que ofrecen. Esos lugares, sostienen, les permiten diversificar inversiones, firmar alianzas con empresas de otros países y hacer negocios en lugares con menor regulación y burocracia que sus países de origen.

Un equipo de 40 periodistas de varios países analizó durante más de un año cientos de miles de documentos filtrados para explicar cómo funcionan los paraísos fiscales. En su informe, coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), los periodistas encontraron transferencias y vínculos entre empresas e individuos que muestran cómo el secreto financiero se ha extendido rápidamente por el mundo. Una de las principales conclusiones de la investigación es que la opacidad de los paraísos fiscales socava el ordenamiento legal de la mayoría de las naciones y obliga a los ciudadanos de a pie a pagar más impuestos para compensar la pérdida de ingresos fiscales. El secreto y la falta de supervisión permiten a políticos corruptos saquear bienes pertenecientes a la comunidad y dar cobertura a delincuentes como traficantes de seres humanos, narcotraficantes y mafiosos.

Es el caso del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, que ha reconocido tener varias cuentas con decenas de millones de euros en Suiza, tradicional refugio del dinero opaco. Otros ejemplos de reciente repercusión en España son los de la familia Pujol y la familia Botín. Los principales accionistas del Banco Santander tenían también millones depositados en cuentas en Suiza, un dinero que el padre del recientemente fallecido Emilio Botín sacó de España en 1936 tras el estallido de la Guerra Civil. Más consecuencias tuvo el caso del expresidente del Banco Bilbao Vizcaya (BBV) Emilio Ybarra, implicado en un caso de cuentas secretas en la isla de Jersey que precipitó el final de su carrera como banquero. El BBV tenía en la dependencia británica 224 millones de euros no declarados destinados a engordar los fondos de pensiones de sus consejeros y a compensar la caída de sus retribuciones por la fusión con Argentaria. El asunto aún colea en los tribunales.

De la Torre sostiene que es difícil saber si España es un país especialmente activo en la fuga de capitales. “Es cierto que hubo una salida masiva entre 2010 y 2012, que se ha revertido, en parte, en 2013, pero creo que se debió a razones de inseguridad financiera (posibilidad de ruptura del euro)”, señala. “Históricamente se han dado fugas de este tipo, y ahora conocemos muchos casos, por todo tipo de razones: corrupción, blanqueo, puro fraude fiscal… pero el dinero había salido con anterioridad”.

No existe un cliente-tipo de los paraísos fiscales. Sus ventajas las aprovechan personajes muy diversos: desde políticos asiáticos y multimillonarios estadounidenses a dictadores africanos, traficantes de armas de Oriente Próximo y equipos de fútbol europeos. Entre otros personajes conocidos, los documentos del ICIJ identificaron a la baronesa y coleccionista de arte Carmen Thyssen-Bornemisza como usuaria de una empresa radicada en las Islas Cook, en el Pacífico Sur, para comprar obras de arte a través de casas de subastas como Christie’s y Sotheby’s, incluyendo un Van Gogh.

También se descubrió que María Imelda Marcos Marotoc, hija mayor del dictador filipino Ferdinand Marcos, era propietaria de un fondo depositado en las Islas Vírgenes. Las autoridades filipinas prometieron investigar si el dinero formaba parte de la fortuna amasada por su padre en actividades corruptas, cifrada en 5.000 millones de dólares (3.651 millones de euros), durante las dos décadas (1965-1986) que gobernó el archipiélago. Otros nombres conocidos incluidos en el informe son los de la esposa del actual viceprimer ministro ruso, Igor Shuvalov, y dos directivos de la empresa gasista Gazprom, así como la estadounidense Denise Rich, que recaudó millones de dólares para el Partido Demócrata y cuyo exmarido, Marc Rich, fue indultado por el expresidente Bill Clinton tras ser condenado por fraude y extorsión.

Pero son los familiares de políticos y grandes empresarios de la República Popular China los más ávidos clientes de los paraísos fiscales. Un reciente informe de ICIJ menciona a más de 22.000 ciudadanos chinos, entre ellos parientes cercanos del presidente Xi Jinping, del expresidente Hu Jintao y de los exprimeros ministros Wen Jiabao y Li Peng, así como de Deng Xiaoping, impulsor de la apertura de China a la economía de mercado. Varios diputados de la Asamblea Nacional Popular también figuran en la lista, acompañados de la mujer más rica del país, Yang Huiyan, y numerosos empresarios. China encabeza la lista de países con mayor fuga de capitales, con 9,4 billones de dólares (6,8 billones de euros), según TJN.

Francisco de la Torre apunta, sin embargo que la utilización directa de paraísos fiscales por parte de grandes patrimonios con fines puros de fraude fiscal es una práctica en declive. “Ha habido demasiados casos recientes de ruptura del secreto bancario por unas causas u otras: wikileaks, cesión voluntaria de datos de algún banco suizo a Estados Unidos…”, explica.

Tax Justice Network elabora su propio Índice de Secreto Financiero, una especie de ránking de los países más opacos a los movimientos de dinero. La lista más reciente la encabeza Suiza, seguida de Luxemburgo y Hong Kong. Sorprendentemente, figuran en lugar destacado Alemania, Japón y EE UU. Este último país tiene su propio paraíso fiscal: Delaware, un Estado de la costa Este del país con menos de un millón de habitantes pero con un sistema fiscal, unos bancos y unos tribunales especialmente ventajosos para las empresas. En su ciudad más poblada, Wilmington, a menos de 200 kilómetros de Washington, hay un edificio en el que están domiciliadas 285.000 compañías, entre ellas Coca-Cola, Apple, Google, Ford o General Electric. No todos los nombres son tan conocidos y prestigiosos. En Delaware, como en todos los paraísos fiscales, operan también empresas interpuestas que representan a hombres de negocios de dudosa reputación, narcotraficantes y dinero del juego.

En Europa, Irlanda juega un papel similar al de Delaware en EE UU. Allí se han radicado y pagan sus impuestos multinacionales estadounidenses como Google, que disfrutan de enormes ventajas fiscales para los ingresos obtenidos en el resto de la Unión. Aunque el impuesto de sociedades oficial de Irlanda es del 12,3%, las grandes corporaciones extranjeras suelen pagar apenas un 2,2% gracias a las deducciones y otros trucos. Todo un chollo si se compara con el 18,5% de impuesto de sociedades que se paga en Reino Unido, el 20% de Alemania y el 30% de España. En 2012, Google declaró en Irlanda unos ingresos de 15.000 millones de euros, por los que pagó solo 17 millones en impuestos. Starbucks hace lo propio en Holanda, y Amazon, en Luxemburgo, por lo que sus negocios apenas dejan beneficios en países como España, Reino Unido o Francia, donde facturan mucho más.

Francisco de la Torre cree que la globalización está haciendo cada vez más fácil el uso de los paraísos fiscales. “Tengo la impresión de que ha aumentado la utilización de estos territorios por parte de las grandes multinacionales para pagar menos impuestos a través de la cesión de intangibles (activos inmateriales) a filiales radicadas en estos territorios”, explica. “Posteriormente, estas filiales facturan a otras filiales en países como Holanda o Irlanda, que admiten estos importes como gastos deducibles en su impuesto de sociedades. Finalmente, desde estos países se factura a toda Europa y al mundo”.

La mayoría de los beneficiarios de los paraísos fiscales se esconden en el anonimato, lo que hace aún más difícil seguir el rastro del dinero. Muchos de ellos contratan a firmas especializadas que les ayudan a crear empresas ficticias capaces de eludir los controles gubernamentales y mover fondos por varios países a gran velocidad. Estas empresas suelen nombrar directivos y consejeros falsos que sirven de pantalla a los verdaderos propietarios. Ahí radica uno de los principales obstáculos para perseguir a los evasores, ya que impide a los investigadores probar la verdadera identidad de los beneficiarios de determinadas cuentas y operaciones. Una investigación conjunta del ICIJ, la BBC y el diario The Guardian identificó a 128 de esos falsos directivos que representaban legalmente a más de 21.000 empresas. Algunos de ellos supuestamente dirigían 4.000 compañías cada uno.

“Los impuestos son el precio que pagamos por vivir en una sociedad civilizada”, dijo Oliver Wendell Holmes, juez del Tribunal Supremo de EE UU a finales del siglo XIX. ¿Qué pensaría hoy el magistrado sobre la escasa voluntad política de combatir los paraísos fiscales? Las recientes promesas en ese sentido de Gobiernos e instituciones internacionales han sido recibidas, en el mejor de los casos, con escepticismo, teniendo en cuenta que grandes potencias como EE UU, Rusia y China figuran entre los países que más dinero negro mueven. La crisis ha endurecido el lenguaje de los políticos, pero aún no han pasado de las palabras a la acción.

LAS SICAVS. PARAÍSOS FISCALES DE ANDAR POR CASA

BIBIANA MEDIALDEA

Profesora de Economía Aplicada, UCM

Los paraísos fiscales pueden evocar realidades exóticas, complejas, lejanas. Nada más lejos de la realidad. Según los últimos datos del servicio estadístico de la UE (Eurostat), los ingresos fiscales que recaudó en 2013 el Estado español supusieron un exiguo 37,8% del PIB. Esta precariedad financiera no sólo nos sitúa a años luz de países como Finlandia (56%) o Suecia (51,5%), que por supuesto. También por debajo del promedio de la Eurozona (46,8%) y la UE (45,7%), incluso de países considerados paraísos fiscales como Luxemburgo (43,6%).

De hecho, para encontrar un país europeo con renta per cápita equivalente a la española cuyo Estado sea un recaudador fiscal tan incapaz como el nuestro tenemos que recurrir a Irlanda (35,9%), otro paraíso fiscal según la mayor parte de las clasificaciones al uso.

El sistema fiscal español se caracteriza por su regresividad extrema. Se dice que funciona como Robin Hood, pero al revés: tiende a gravar proporcionalmente más a los grupos sociales de menor nivel de renta y patrimonio. Tratar de recaudar de quien menos tiene no sólo es injusto, también es poco eficaz. Limita inevitablemente la capacidad de movilizar recursos públicos por la vía de los impuestos. En nuestro caso, este rasgo se ve exacerbado por la existencia de instrumentos que pueden caracterizarse, en sentido estricto, como paraísos fiscales internos y legales. Nos referimos específicamente a las Sicav.

Las Sociedades de Inversión de Capital Variable (Sicav) son instrumentos originariamente diseñados para facilitar la participación en los mercados financieros de agentes con patrimonios reducidos. En teoría son sociedades anónimas formadas por no menos de 100 personas físicas que se agrupan para invertir conjuntamente en los mercados de capital.

Al igual que otros instrumentos de inversión colectiva, como los fondos de inversión o los fondos de pensiones privados, tratan de estimular la patrimonialización financiera del “pequeño ahorrador”, que de otra forma difícilmente colocaría sus ahorros en el complicado y arriesgado mundo de las finanzas. Así se consigue no sólo canalizar más recursos hacia el negocio financiero, sino también legitimarlo socialmente, creando la ilusión de que cualquiera puede participar de forma equitativa de las ganancias que genera.

La principal fórmula que utilizan los instrumentos de inversión colectiva para estimular la patrimonialización financiera son los incentivos fiscales. Es el caso de la participación en los fondos de pensiones privados. El tratamiento fiscal de las Sicav es más que llamativo, propio de un paraíso fiscal: se grava sólo el 1% de sus beneficios. Es una tributación casi simbólica. Además, se permite que cuando sus accionistas retiran el dinero lo hagan bajo la fórmula de “reducción de capital con devolución de aportaciones”, de modo que los reembolsos en vez de tributar al IRPF, como sería lógico, lo hacen por el impuesto de actos jurídicos documentados y transmisiones patrimoniales, que sólo grava entre el 0,5% y el 1% del importe retirado. Como se puede constatar, las Islas Caimán tienen poco que envidiar.

Utilizar incentivos fiscales de tal calibre para alimentar la inversión financiera es en sí mismo cuestionable: ¿Por qué pagar con recursos públicos el estímulo de un negocio cuyas ganancias se concentran en quienes más tienen y cuyo crecimiento descontrolado genera desastres financieros que terminan socializándose y generando mayor gasto público? No parece razonable.

Pero el asunto es más grave si consideramos que la mayoría de las Sicav son, además, fraudulentas. Según la información disponible no son esos “pequeños ahorradores”, que materializarían la quimera del capitalismo popular, los que conforman las Sicav. Son, en su gran mayoría, patrimonios individuales y familiares que de forma rutinaria recurren a “inversores de paja” (muchas veces personal de los mismos bancos que realizan la operación) que les permiten “cumplir” el requisito de los 100 suscriptores y sortear, de esta forma, la legalidad. Incumplen así la condición básica de ser genuinos instrumentos de inversión colectiva, que es precisamente lo que en teoría justifica su trato fiscal privilegiado.

El uso fraudulento de las Sicav no es marginal. El Sindicato de Técnicos de Hacienda Gestha estima que en torno al 90% son sospechosas de ser instrumentos para la inversión financiera de fortunas individuales o familiares. En el año 2005 la Agencia Tributaria trató de investigar esta irregularidad manifiesta que apunta a un fraude colosal. Pero ante el recurso de las Sicav afectadas, el Tribunal Económico Administrativo Central dictaminó que la situación fiscal de las Sicav dejara de ser competencia de la Inspección de Hacienda. Sin comentarios.

En la actualidad las Sicav son el instrumento más cómodo y seguro para el desfalco fiscal que acometen las élites de este país. Su existencia no escapa de la capacidad de actuación de nuestros gobiernos: son legales y perfectamente regulables en el ámbito estatal. Las Sicav son un regalo a las familias más ricas del país. Un regalo que nos sale muy caro: su precio coincide exactamente con el uso que podríamos dar a los recursos públicos que cada año dejamos de ingresar por su causa.

DE LA LAVADORA AL BITCOIN

Desde el Chicago de la ley seca, los delincuentes siempre han buscado métodos para blanquear el fruto de sus actividades. Las monedas virtuales o incluso los derechos de emisión de carbono son algunas de las últimas técnicas que se han puesto en práctica.

PILAR BLÁZQUEZ

Periodista

Chicago, años 20 del siglo pasado. La ley seca impera en la ciudad. Mientras los bares cierran por falta de permisos, las calles se salpican de un curioso negocio: las lavanderías. Al Capone había sido trincado por la policía por un delito fiscal. El resto de mafiosos no estaban dispuestos a que les ocurriera lo mismo. Así que uno de sus sucesores, Lucky Luciano, puso en marcha una nueva estrategia ( que muchos se la atribuyen al propio Al Capone). Creó una cadena de lavanderías automáticas. La inversión era mínima (local y máquinas). Nada de personal. El cliente llegaba y echaba una moneda en una máquina para lavar su ropa. No había ni recibos, ni facturas. Por tanto, podían declarar todos los ingresos que quisieran que, por supuesto, no provenían de las coladas de los americanos sino de tráfico ilegal de alcohol y drogas. Desde entonces, se acuñó el término lavar o blanquear dinero para referirse a la transformación del dinero negro en dinero de curso legal.

El sistema era tan bueno que las empresas fantasma todavía son hoy uno de los métodos más utilizados por las redes de tráfico de drogas o armas. Aunque ahora, aquellas lavanderías son bares, restaurantes, peluquerías, transportistas y, últimamente, según el Servicio de Blanqueo de Capitales, también las típicas tiendas de todo a cien. En España, el sistema de tributación por módulos facilita la operativa. Hacienda marca a este tipo de negocios una cotización tributaria en base a metros cuadrados del local, tipo de actividad, número de mesas, puestos de atención, potencia de motor, etc. Aunque no entre nadie en esos negocios se pueden declarar ingresos, e incluso si van bien se pueden declarar más sin temor a tener que pagar más impuestos, ya que la cuota siempre es la misma.

Sin duda es menos arriesgado que otros clásicos del blanqueo como el pitufeo. Éste consiste en contratar a muchas personas (los pitufos) para que cada uno porte una pequeña cantidad de dinero en efectivo. Su meta puede ser ingresarla en un banco (hasta 999 euros no se pide el DNI) o sacarla del país hacia cualquier paraíso fiscal. En España, es posible atravesar las fronteras con 10.000 euros en el bolsillo sin tener que dar ninguna explicación de dónde provine el dinero. Aunque la voracidad del mundo virtual ha dejado este método casi como pieza de museo, era uno de los utilizados por la mafia china de Gao Ping, que se servía del enorme movimiento internacional que tienen los ciudadanos de ese país.

Una versión distorsionada de este sistema pasa por hacer pequeños ingresos, por unos días, en cuentas de clientes poco atractivos a las inspecciones fiscales, como viejecitos. Muchos ni se enteran y al resto se les explica que fue un error informático. Por supuesto, esto implica la colaboración de algunos empleados de la entidad financiera en la que se intenta realizar el blanqueo.

También reducido a mínimos está el blanqueo a través de la compra de inmuebles, paralizada por la crisis. Aunque, en los últimos años, la llegada masiva de ciudadanos de la Europa del este comprando propiedades al contado en España tiene en alerta a todas las autoridades encargadas de la prevención. Nada más fácil que escriturar cualquier inmueble por encima de su valor real para transformar el dinero negro en blanco.

Otro clásico que no suele faltar en cualquier operación contra redes de blanqueo son los seguros de vida manipulados. Individuos que contratan pólizas de vida de altas indemnizaciones, simulan su muerte y la familia cobra la indemnización. La clave es que ese dinero no es el resultado de cuotas pagadas al seguro (algo que nunca ocurre) sino que procede de actividades ilícitas.

Pero, de lo que no hay duda es que no hay nada más fácil para transportar una ingente cantidad de millones que en un pequeño diamante escondido en un bolsillo. Por eso las piedras preciosas de alto valor son uno de los métodos estrella de toda la vida para blanquear. Le siguen de cerca las obra de arte. ¿Qué inspector de Hacienda está capacitado para cuestionar la valoración de determinado artista y su obra, por muy desconocido que sea? El famoso Gao Ping era conocido en Pekín por regentar potentes galerías de arte moderno.

Métodos para nostálgicos si se comparan con la oferta de las nuevas tecnologías. ¿Quién necesita complicarse moviendo billetes de papel teniendo monedas digitales? Y no solo es un problema de bitcoins, la más conocida pero ni de lejos la única. Uno de los ejemplos más sonados de blanqueo con monedas virtuales fue el de Liberty Reserve. En junio de 2013, la policía española detuvo a Arthur Budovsky, fundador de Liberty Reserve. En colaboración con los tribunales de EEUU, Budovsky y su socio fueron acusados de montar una plataforma criminal de blanqueo. Eligieron la laxitud fiscal de Costa Rica para domiciliar la empresa y empadronarse ellos. Los usuarios podían comprar y vender su moneda virtual y hacer transferencias tan sólo aportando el nombre, un email y la fecha de nacimiento. Pero esos datos podían ser falsos ya que nadie los verificaba.

Con el mismo esquema funcionan otras muchas divisas virtuales. Un informe de la consultora Yankee Group cuantificó este mercado en 2012 en unos 47.500 millones de dólares. Además, prevé que llegará hasta los 55.400 millones en 2017. En la actualidad es el sistema estrella de blanqueo unido a las redes de juego online.

De esta misma falta de control sobre la identidad de los usuarios también adolecen múltiples plataformas de juego online. En noviembre de 2013, había alrededor de 2.700 (controladas por 867 propietarios), según un informe elaborado por la compañía de software y seguridad informática McAfie. Además, “el número de sitios web sin licencia es diez veces superior al de los operadores con licencia”. Esto significa que desde paraísos fiscales pueden ofrecer partidas de todo tipo sin necesidad de que los usuarios se identifiquen, algo que no ocurre con el medio centenar de empresas identificadas con el dominio .es. El dinero se carga mediante cualquier tarjeta de crédito, prepago o monedas virtuales, y el que gana se lo lleva blanquito a su cuenta. Las redes mafiosas y terroristas apuestan al póker entre ellos. Siempre hay uno que gana, el blanqueo está asegurado con el mínimo coste de las comisiones de la plataforma de juego.

Pero, sin duda, el método más desconocido y sofisticado de blanquear es el que se hace a través de la compra (con dinero negro) de derechos de emisión de carbono, convertidos desde hace unos años en productos financieros que cotizan en mercados especializados y poco regulados. Las mafias pueden comprar en efectivo esos derechos a un broker y luego estratificar operaciones de compra-venta en varios mercados para aumentar sus ganancias y difuminar el origen real del dinero. Al final, los beneficios se recuperan en una cuenta normal de cualquier banco. La UE y Australia fueron los primeros en poner cierto coto a la impunidad de este mercado financiero opaco y prohíben vender derechos que no son propios. También es obligatorio identificar a sus compradores.

En paralelo a todas estas prácticas continúa, casi con más fuerza que nunca, el método tradicional de transferir dinero de los pueblos árabes: la hawala (transferencia). Se basa en la inmovilidad del dinero físico y la confianza entre partes. Siempre se utilizó para enviar dinero a familiares, amigos o socios que estuvieran en lugares lejanos. Se entrega el efectivo a un intermediario de confianza que contacta con otro intermediario en destino y tratan de cuadrar las demandas de ambos lados identificadas sólo por un código numérico. Un millón que envío desde A con otro que se envía desde B, se cuadra y ambos destinatarios lo reciben en 24 horas. Rápido, opaco y seguro, por eso ahora es el sistema preferido de las redes terroristas islámicas.

Esa compensación entre intermediarios es un práctica que también han copiado las empresas remesadoras o de envío de dinero internacional; otro de los puntos calientes del sistema de blanqueo internacional. El movimiento de dinero que hacen estas empresas no siempre es entre un emisor y un receptor. En muchas ocasiones pasan por terceros países, paraísos fiscales, que ayudan a difuminar el origen del dinero. En otras ocasiones, los pagos se hacen en especie. Estas empresas registran la información de los corresponsales intermediarios de las operaciones, pero no siempre los finales. Su funcionamiento ha sido puesto en duda en varias ocasiones. Una de las más sonadas fue cuando MoneyGram fue multada, en 2012 (en el marco de la operación Emperador contra la mafia china), con 1,05 millones de euros por no avisar, con la premura que exige la ley, de sospechosas transferencias entre Madrid y China.

Pero blanquear no siempre es algo tan complicado e ilegal. Gracias a los paraísos fiscales y la inestimable ayuda del sistema financiero también hay otras versiones más sofisticadas y legales (en algunos países más que en otros) como la banca de corresponsales y los bancos pantalla cuyo funcionamiento se detalla en el reportaje dedicado a las entidades financieras en la página 24.

El círculo del blanqueo debe completarse con el retorno del dinero. Y ahí la banca es, de nuevo, la pieza clave. En Madrid es posible utilizar muchos cajeros para sacar dinero de cuentas localizadas en paraísos fiscales, gracias a las tarjetas innominadas. Sería la operación reversible a la mencionada banca de corresponsales. Se trata de tarjetas que representa a un banco y no a un cliente, aunque sea él quien las use. El sistema les aplica la normativa que rige entre entidades y no las prácticas antiblanqueo por las que pasan personas físicas o jurídicas.Servicio de Blanqueo de Capitales, también las típicas tiendas de todo a cien. En España, el sistema de tributación por módulos facilita la operativa. Hacienda marca a este tipo de negocios una cotización tributaria en base a metros cuadrados del local, tipo de actividad, número de mesas, puestos de atención, potencia de motor, etc. Aunque no entre nadie en esos negocios se pueden declarar ingresos, e incluso si van bien se pueden declarar más sin temor a tener que pagar más impuestos, ya que la cuota siempre es la misma.

LA GRAN BANCA, IMPRESCINDIBLE PARA BLANQUEAR

Son el colaborador necesario para lavar dinero. Los colosos financieros apenas controlan el origen de los fondos que ingresan, y los sistemas tecnológicos dificultan su seguimiento. Las multas que reciben son una gota en el océano del blanqueo.

PILAR BLÁZQUEZ

Periodista

Un individuo con un maletín lleno de billetes entra en una oficina de la zona financiera de Madrid. Se acerca a la ventanilla y le susurra al banquero que le gustaría ingresarlo en algún paraíso fiscal. ¿Adivina la siguiente escena?

Si hacemos caso a la teoría, las alarmas del protocolo de blanqueo de capitales deberían sonar por todo el edificio. Pero no siempre es así. “Una vez descartado que sea traficante de drogas, mafioso o terrorista, le invitarán a pasar a un despacho de la zona noble para charlar personalmente sobre cuál es la mejor forma de tratar ese dinero”. Así lo asegura sin ninguna duda, nada menos, que José María Peláez, expresidente de la Asociación de Inspectores Fiscales de la Agencia Tributaria española.

En España, como en la mayoría de los países occidentales, rigen leyes antiblanqueo de capitales que obligan a los bancos (y a otros sectores como abogados, agentes de seguros, marchantes de arte, etc.) a que, ante clientes u operaciones sospechosos, apliquen una serie de medidas de control. En casos como el descrito deben identificar al sujeto, verificar su empleo, sus ingresos, los bienes en propiedad que pueda tener y rastrear el origen del dinero. Si algo no cuadra están obligados a comunicarlo a las autoridades. En el caso español, al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac).

Estas exigencias se han endurecido tras el estallido de la crisis financiera y han obligado a los bancos a incrementar hasta un 53% su presupuesto en la prevención del blanqueo, según un informe sobre el tema elaborado por la consultora KPMG. Una burocracia que no ha resultado demasiado efectiva. Porque la crisis ha dejado en segundo plano la lucha contra el blanqueo. Hasta tal punto llegó esa dejadez que la Autoridad Financiera Británica (FSA) lanzó en 2011 un duro informe en el que detallaba los principales agujeros del sistema financiero y acusaba a la banca de facilitar en exceso la labor de blanqueo. “Los bancos británicos ningunean las normas de lavado de dinero”, llegó a decir.

En cambio en España, en 2013, Banco Santander reforzó su unidad de prevención de blanqueo creando un gran departamento y fichando a Gabriel Panizo, exjefe de Servicio Ejecutivo del Sepblac.

Son las contradicciones de la situación actual. “Es cierto que cada vez hay más legislación y más controles. Pero como falta voluntad real para acabar con el blanqueo al final todo es hacer ruido, pero no se acompaña de una política de penas adecuada”, comenta José María Mollinedo, presidente de la Asociación de Técnicos de Hacienda Gestha.

En 2012, último año del que se tienen datos, el Sepblac recibió 3.058 denuncias por operaciones sospechosas en España. “La lentitud de la justicia nos impide saber cómo han evolucionado durante 2013”, dice Mollinedo. Lo que sí se sabe es que las condenas de años anteriores a entidades financieras llegan con cuentagotas.

Este verano hemos visto cómo la Audiencia Nacional confirmaba una multa de 1,2 millones de euros a Bankinter por no esforzarse lo suficiente en frenar el blanqueo a través de sus oficinas de Gran Canaria. Se une a la que el Ministerio de Economía español impuso, en abril, al Espíritu Santo de 1,1 millones de euros por dos infracciones “muy graves” del deber de comunicación. El banco danés Jykse Bank, con sucursal en Gibraltar; el británico HSBC (2,1 millones), CajaSur, Novacaixa Galicia, e incluso la aseguradora Mapfre han sido otros de los condenados en España (por vía administrativa en la mayoría de los casos) por no aplicar adecuadamente los procedimientos de blanqueo.

Fuera de nuestras fronteras, EE UU y Reino Unido son los países que más ruido han hecho en materia de sanciones. En pleno mes de agosto, EE UU multó con 225 millones de euros al británico Standard Chartered. Una minucia comparado con la multa que recibió en 2013, el HSBC. Nada menos que 1.379 millones de euros por no identificar adecuadamente a personas de alto riesgo y sujetos políticamente expuestos (las personas con cargos políticos son uno de los principales objetivos de control de las políticas de blanqueo). Además, el HSBC tuvo que reconocer que había facilitado el lavado a los cárteles de la droga de México y Colombia. Pero el récord lo tiene el suizo Credit Suisse, que fue multado el pasado mes de mayo con 1.824 millones de euros por ayudar a miles de ciudadanos a evadir impuestos. Hasta ahora esta ha sido la multa más alta de historia por este concepto.

También EE UU lideró la presión contra la banca suiza hasta que obligó al país helvético a romper su sacrosanto secreto bancario. En Europa tampoco han faltado ejemplos. El Coutts&Co, el banco privado que gestiona la fortuna de la reina Isabel II, de Inglaterra, tuvo que pagar 10,4 millones de euros en 2012. Los cajeros bancarios del Vaticano fueron bloqueados durante días en enero de 2013 ante la negativa de las empresas de pagos electrónicos a trabajar sin las medidas antiblanqueo más básicas.

Estas multas pueden parecer escandalosas, pero que nadie se engañe. Apenas son un gota en el océano del blanqueo. Aunque es imposible saber con exactitud las cuantías que se mueven en este sucio negocio, el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Blanqueo de Capitales (Gafi) ha difundido, en alguna ocasión, que cada año se blanquea en el planeta alrededor del 7% del PIB mundial (unos 4 billones de euros).

Más grave aún es que esas multas sirvan para esquivar sanciones penales. Es lo que la banca anglosajona ha bautizado como too big to jail (bancos demasiado grandes para ir la cárcel), en paralelo con el famoso too big to fail (demasiado grandes para caer), que se implantó tras la quiebra de Lehman Brothers.

En definitiva, sanciones que pueden hacer un roto a la cuentas del banco durante un año y a su imagen pública, pero que no cambian ni un ápice el engranaje de la operativa de blanqueo mundial donde los bancos son una pieza clave. Las nuevas tecnologías, una complicada gestión de la información y el abrigo de la opacidad informativa que ofrecen los paraísos fiscales permiten que las conductas que describe el inspector Peláez no sean casos aislados.

Hay dos figuras bancarias clave para burlar los costosos sistemas de blanqueo implantados en entidades financieras: la banca de corresponsales y los bancos pantalla. Ambos se sustentan en la complejidad del sistema informático internacional y las reglas con las que se intercomunican todas las entidades financieras del planeta, casi ininteligibles para los legos en la materia.

Para evitar que el dinero ande de paseo físico entre un banco y otro, el sistema financiero ha diseñado una metodología de trabajo que lo simplifica. Pongamos un ejemplo. Banco E (español) recibe a clientes británicos que quieren enviar en total 15.000 euros a su país al Banco GB y en éste hay españoles ordenando transferencias al Banco E por 10.000 euros. A lo largo del día se hacen las anotaciones pertinentes y al final de la jornada se liquida el saldo. El banco español le tiene que dar al británico 5.000 euros.

El problema, como lleva años advirtiendo el Sepblac, es que para intercambiar la información de esas operaciones, se ha establecido una especie de jerga informática que simplifica codificando la descripción. Es lo que se conoce como código SWIFT (parecido al IBAN con el que ahora se identifican las cuentas de las personas físicas), que recoge en 11 caracteres la identidad del banco, del país emisor y la sucursal en la que está abierta la cuenta. “De esta forma, información que es básica para la lucha contra el blanqueo de capitales como la identidad de los clientes y otros muchos datos desaparecen. Esto, unido al sistema de liquidación diaria hace que, en muchos casos, sea imposible seguir el rastro de las operaciones de blanqueo”, asegura José María Peláez.

Ya en 2007 un informe publicado por el Sepblac aconsejaba modificar esta metodología. Siete años después sigue vigente para alegría de los interesados en lavar dinero negro.

La siguiente herramienta legal que los blanqueadores utilizan en su beneficio es la banca de corresponsales. La incapacidad de las entidades financieras para estar presente en todos los países del mundo propició la creación de esta figura. Se trata de personas que representan a los bancos y que pueden moverse a cualquier país para atender a sus clientes más potentados.

Si alguien está interesado en llevar dinero a un paraíso fiscal, solo tiene que ponerse en contacto con el banco que le interese en ese país. Éste le enviará un corresponsal a recoger su dinero en su propia casa, quien le dará un recibo privado por haberlo entregado en efectivo. Desde ese momento, la identidad del dueño real del dinero desaparece. El corresponsal puede ir a cualquier banco español e ingresar el efectivo. “Aunque es una persona física, representa a una identidad jurídica (al banco del paraíso fiscal). Así que la entidad española lo único que tiene que hacer es registrar ese dinero a nombre del banco extranjero directamente. Es una gestión de banco a banco que nos permite saltarnos con toda impunidad los controles antiblanqueo”, explica el jefe de los Inspectores de Hacienda.

El viaje de vuelta. Es decir que el usuario pueda disponer cuando quiera de su dinero localizado en el paraíso fiscal se diseña a gusto del consumidor. Se puede montar una sociedad holding en Holanda, abrir cuentas en Suiza, o diseñar un fondo de inversión específico. Para pequeñas cuantías el producto estrella es la “tarjeta innominada”. Se denominan así a unas tarjetas de pago (con la misma apariencia que las de crédito) pero sin titular físico. Identifican al banco que las emite y sirven para hacer la operación inversa. Es decir, que el cliente pueda sacar dinero de cualquier cajero español sin necesidad de identificarse porque la operación también es de banco a banco y también permite eludir los controles.

Otra fórmula para recuperarlo son los llamados “préstamos de regreso”. De nuevo, el ejemplo es la mejor forma para explicarlo. Banco A Ld, con sede en Isla de Man, ha recibido ese dinero. Acuerda con Banco B, con sede en Londres, que debe dar un préstamo al cliente por la cuantía del dinero blanqueado. La garantía que se pone para verificar la operación es el dinero depositado en Isla de Man (aunque esto no queda reflejado en ningún sitio). Oficialmente es un préstamo normal que el cliente irá devolviendo en cómodas mensualidades.

Más difícil de justificar ante las leyes antiblanqueo es la otra fórmula estrella para los narcotraficantes y organizaciones mafiosas: los bancos pantalla. “Hay jurisdicciones como las de Samoa o Barbudas que permiten crear un banco con una inversión de menos de un millón de euros, calderilla para ellos, utilizando testaferros que enmascaran la identidad de los propietarios del dinero”, cuenta Peláez. Estos países están en la lista negra de todos los bancos y aseguradoras y cualquier operación procedente de ellos requiere verificación exhaustiva o rechazo de la misma. Pero los asesores jurídicos son capaces de montar elaborados entramados empresariales para encubrir ese origen. Algo que sería casi imposible sin la inestimable ayuda de la opacidad financiera que proporcionan los paraísos fiscales.

Sí, esos lugares a los que los políticos de todo el planeta declararon la guerra tras estallido de la crisis mundial allá por 2008, pero cuyas batallas no parecen tener demasiado éxito. Se han hecho muchas leyes desde entonces. Muchos se han comprometido a intercambiar información para que la OCDE les saque de su lista negra. “La realidad está lejos de lo que cuenta los titulares de prensa. Conseguir la información es muy complicado, ponen todo tipo de trabas y excusas para dilatar los procesos de investigación”, asegura José María Mollinedo, portavoz de colectivo de subinspectores de Hacienda Gestha.

Los expertos en prevención de blanqueo también lo tienen muy claro. “Acabar este problema sería tan fácil como prohibir los paraísos fiscales y dejar sin validez, de un día para otro los billetes de 500 y 200 euros. ¿Quién se vería afectado por estas medidas?”, apunta Luis Rodríguez, vicepresidente del Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

Pero nada más lejos de la realidad. El incremento del control legal impuesto con la crisis contrasta con la evidencia de los datos. La actividad en paraísos fiscales no solo no retrocede si no que se incrementa. El último informe publicado por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, es el ejemplo. En 2012, se constató que 33 de las 35 empresas del Ibex 35 tienen sociedades participadas en paraísos fiscales. En total existen 437, un 6,8% más que el año anterior y un 71% más que 2009. El Banco Santander ostentaba el dudoso honor de liderar ese ránking, con 79 sociedades, siete más que el año anterior y 45 más que en 2009. BBVA ha rebajado su presencia en este tipo de países desde 43 sociedades, en 2011, a 33 en 2012. Aún así son 10 más que en 2009, y ocupa el tercer lugar del ránking de las empresas del Ibex 35, siguiendo a la constructora ACS. El resto de la banca es más moderada. Bankia, ha pasado de nueve paraísos en 2011 a ocho en 2012. Banco Popular y Bankinter se mantienen con tres y uno respectivamente. CaixaBank ha pasado de estar en un paraíso fiscal a estar en dos.

DANTE Y LOS PARAÍSOS FISCALES

JOSÉ ANTONIO MARTÍN PALLÍN

Abogado de Lifeabogados. Magistrado Emérito

del Tribunal Supremo.

Comisionado de la Comisión

Internacional de Juristas (Ginebra)

Parece ser que la antítesis del paraíso es el infierno. En el infierno de la Divina Comedia se había colocado un rótulo en el que se advertía: “Perded toda esperanza los que aquí entraréis”. Esta información es perfectamente trasladable a los que tratan de penetrar en las cuevas blindadas de los paraísos fiscales donde se esconde el botín procedente de los más variopintos crímenes y de las más reprobables actividades. Desde tiempos inmemoriales el dinero tiene una vocación viajera. No tiene patria, ni corazón. Como las aves migratorias busca, en la bonanza de los paraísos fiscales, un lugar seguro.

Dice un proverbio árabe que hay tres cosas que no se pueden ocultar: un hombre montado en un camello, el humo y la riqueza. En esas épocas todavía no se habían inventado los paraísos fiscales y sólo se conocía la cueva de Alí Babá, a la que se accedía con una palabra mágica.

Todos los gobernantes conocen la existencia de estos paraísos. Se suceden, año tras año, reuniones que terminan con grandes proclamas y escasas decisiones. Los poderes políticos han sido sustituidos por el Foro de Davos, una especie de Concilio que nunca ha llegado a condenar de manera efectiva estas prácticas financieras. Estos modernos delincuentes se estructuran y funcionan como una organización de malhechores. Utilizan las reglas del sistema mercantil y financiero, ante la impasibilidad y la impotencia de los procedimientos legales de regulación y castigo.

La reacción de la Unión Europea nunca ha pasado de la publicación de algunas directivas relacionadas con el fraude fiscal. Numerosas cumbres han condenado la existencia de los paraísos fiscales pero no se han tomado medidas efectivas. Ya está bien de falsos e hipócritas golpes de pecho, ha llegado el momento de pasar a la acción. El mantra del secreto bancario es un anacronismo incompatible con los valores democráticos. Las actividades desarrolladas bajo su manto son más peligrosas y causan más víctimas que las organizaciones terroristas.

La impotencia del sistema judicial para hacer frente a esta lacra criminal es desesperante. Las medidas tienen que ser coordinadas. La diversidad jurídica y los espacios opacos deben desaparecer. Los Estados, las entidades financieras y las empresas que manejan ingentes cantidades de capital especulativo tienen que dar un paso al frente y activar leyes de emergencia. Es urgente recuperar la iniciativa imponiendo la transparencia y la ley. Dos palabras sencillas pero de un gran impacto transformador. La respuesta del derecho tiene que ser proporcionada a la gravedad de los daños ocasionados.

Las investigaciones judiciales buscan siempre la constatación de los hechos, la identificación de los delincuentes y la recuperación de las cantidades defraudadas. Cuando los autores se encuentran en los despachos de las plantas superiores de los rascacielos emblemáticos de las potencias financieras, el juez, tarde o temprano, termina tropezando con la barrera infranqueable de los paraísos fiscales. Todo el mundo sabe que no se trata de seres fantasmagóricos. Tienen entidad material y forma física, están en este planeta y no en otras galaxias, pero nadie es capaz de ponerles cuerpo y cara, aunque algunos serían capaces de identificarlos.

La muralla del secreto bancario es una forma de encubrimiento que tiene su encaje perfecto en el Código Penal. Pero además se debería aprovechar la enésima reforma del Código Penal de 1995 para incluirlo en el catálogo de delitos contra la Administración de Justicia en su modalidad de obstrucción a la labor de los órganos judiciales.

Los que trabajan para blindar las responsabilidades de los que manejan los paraísos fiscales pretenden mantener estas conductas al margen del derecho penal. Esgrimen como estrategia la diversidad de la regulación jurídica de las conductas relacionadas con la corrupción y el fraude y las dificultades para conseguir una cooperación internacional efectiva.

Hasta hace poco estos argumentos se imponían al principio de legalidad y de no impunidad. Paradójicamente, el terrorismo internacional a gran escala ha conseguido lo que no había sido posible en la lucha contra el narcotráfico y sus inmensos beneficios. El ataque a la Torres Gemelas desencadenó inmediatamente una ley antiterrorista (Patriot Act) que decide atacar sin barreras al terrorismo de raíz yihadista, incluida su financiación. Aquí se abre la primera brecha y parece que los diques del secreto bancario y la inmunidad de los paraísos fiscales comienzan a resquebrajarse.

No se puede perder más tiempo en declaraciones vacías. Ha llegado el momento de actuar como el sargento de policía de la serie de televisión Canción triste de Hill Street. La charla que daba cada día terminaba siempre con el mismo estribillo: “Vayan ustedes a por ellos antes de que ellos vengan a por nosotros. Y tengan cuidado ahí fuera”.

Los valerosos jueces y policías que tratan de enfrentarse a esta lacra están a la intemperie. Es imprescindible apoyarles y protegerles. Si fracasamos sólo nos queda la palabra mágica: “Ábrete Sésamo”.

“Se podría acabar dos veces con
la pobreza extrema”

Raúl Burillo

Inspector de Hacienda desde 1990, conoce con detalle cómo se defrauda, cómo funcionan los paraísos fiscales y los escasos esfuerzo que se hacen desde las Administraciones para atajarlos.

MARTA GARIJO

Periodista

Si se consiguiera erradicar la evasión fiscal de España se podrían recuperar unos 70.000 millones de euros. Esta afirmación la hace Raúl Burillo (Zaragoza, 1963), inspector de Hacienda desde 1990 ahora destinado en Zaragoza tras haber sido anteriormente delegado especial de Agencia Tributaria en Palma. Un puesto del que fue cesado en 2010 y donde estuvo detrás de casos como el Palma Arena –el caso de corrupción política en la construcción del velódromo de Palma–. En este “gran fraude” al que se refiere Burillo, los paraísos fiscales juegan un papel clave en las tramas para evitar el pago de impuestos. Él lo conoce por experiencia.

Aunque la palabra paraíso evoque a lugares lejanos y paradisíacos, no son tan lejanos –“la mitad del dinero europeo evadido a paraísos fiscales está escondido en aquellos que pertenecen al Reino Unido”, dice– y su fin es mucho más terrenal. “Por un juego de palabras en la traducción española del inglés –de tax haven (refugio fiscal) a heaven, que se traduce como paraíso– olvidamos el concepto de refugio para ocultar y nos centramos en un lugar idílico para guardar el dinero”, apunta este experto.

A pesar de que la OCDE tache cada vez a más países de la lista de paraísos fiscales después de que accedan a firmar acuerdos de cooperación, en la práctica, el secreto bancario y la facilidad para realizar movimientos bancarios en ellos hacen que sigan siendo el destino de grandes fortunas, en muchas ocasiones de dudosa procedencia. Es posible llevar a cabo iniciativas a nivel nacional, pero para tratar de frenar este problema Burillo considera que sería necesario tomar medidas internacionales donde la UE podría ser el marco adecuado para hacerlo, aunque en la práctica no se lleve a cabo. “Europa no lucha de verdad contra los paraísos fiscales”, asegura, y explica que una política activa contra estas prácticas podría ser la solución para suavizar los recortes y las medidas de austeridad.

¿Qué caracteriza a un paraíso fiscal y en qué se diferencia de un país con los impuestos bajos?

En dos cosas. Por un lado, en el tratamiento favorable que dan a los no residentes en su territorio para atraer el capital ajeno, a lo que se añade la falta de conocimiento de quiénes son las personas reales que están detrás del dinero. Sus normativas mercantiles o la ausencia de la misma ampara el secreto, los testaferros y la opacidad.74

¿Cuánto dinero puede moverse en los paraísos fiscales en el mundo?

Lógicamente no existen datos exactos al respecto pero sin duda estamos ante un importe que solucionaría, si este dinero tributara, buena parte de los problemas e injusticias mundiales. Se estima que la cantidad puede ser de entre 20 y 30 billones de dólares. Además, las entidades financieras radicadas en estos territorios controlan el 25% del PIB mundial, por lo que la cifra total podría rondar los 17,5 billones de euros. De ese dinero, 9,5 billones se esconde en paraísos fiscales de la Unión Europea. Lo impresionante es que, según estudios realizados, pertenece solo a unos 91.000 propietarios mundiales. Con este dinero se podría acabar dos veces con la pobreza extrema. Con el dinero europeo oculto, si éste hubiera tributado, se podría rescatar nueve veces a los países del sur de Europa. El dinero evadido a paraísos fiscales europeos facilita directamente la pérdida de más de 80.000 millones de euros de impuestos y, a escala mundial, en los países con PIB más bajo supone una evasión de más de 160.000 millones de sus impuestos de sociedades. Hay datos que son para conocerlos: por ejemplo, la mitad de este dinero europeo está escondido en paraísos fiscales del Reino Unido. La doble moral en los discursos públicos es impresionante.

¿Y en el caso de España?

Solo de forma legal y antes de la crisis habían salido más de 40.000 millones de euros. No se puede saber cuánto se ha evadido de forma oculta, pero podemos imaginar que mucho, dado que el 91% de nuestras empresas del Ibex-35 tiene abiertas sedes en paraísos fiscales.

Parece que el término paraíso fiscal suena exótico, pero sus efectos son muy cercanos. Con una crisis económica como la actual, si se consiguiera evitar el uso de este tipo de refugios para no pagar impuestos, ¿mejoraría el problema del déficit español?

El término en español ha sido complaciente. En inglés se les denomina tax haven, que significa refugio fiscal y da una idea adecuada de lo que suponen realmente estos territorios. Por un juego de palabras, en la traducción española del inglés (de haven a heaven, algo así como paraíso) olvidamos el concepto de refugio para ocultar y nos centramos en lugar idílico para guardar el dinero. La pregunta se responde sola; no cabe duda de que si desapareciera la evasión fiscal, el gran fraude, y las normativas fiscales de favor a determinados sectores económicos no solo acabaríamos con los problemas de déficit actuales, sino que las clases más desfavorecidas y medias, o no tendrían que pagar impuestos o pagarían la mitad de lo que ahora lo hacen. Se recuperarían en España 70.000 millones de euros, por tanto hágase una idea.

¿Qué mueve a las empresas o particulares para decidirse a acudir a un paraíso fiscal? ¿Hasta qué punto es ilegal abrir una cuenta en uno de ellos? ¿O tenerla no es ilegal, sino que lo fraudulento es no pagar impuestos?

Acudir a un paraíso fiscal no es ilegal. Lo utilizan muchas empresas para su expansión internacional porque les facilita el tipo de agilidad que ellos quieren en muchos negocios. Aunque sería interesante conocer a fondo alguna de esas operaciones, dicho sea de paso. Lo que es ilegal o delictivo es esconder el dinero para no tributar por él y evadirlo a lugares adecuados para ese fin como son los paraísos fiscales. Suelen ocultar, además de la evasión fiscal, otro tipo de cuestiones ilícitas muy peligrosas. No tenemos más que pensar en asuntos como el terrorismo, tráficos ilegales de todo tipo o corrupción política, como bien sabemos en nuestro país. En algunos casos se oculta también para evitar que localicen dinero que sirva para pagar deudas. En definitiva, ocultar el origen ilegal o delictivo del dinero y no pagar impuestos o responsabilidades es la clave de los paraísos. Ni más ni menos. Dinero negro y dinero sucio.

En España, en 2010 se llegó a hablar de unos 6.000 millones de euros pertenecientes a millonarios españoles con cuentas en la sucursal suiza del HSBC para ocultarlo al fisco español. Con las regulaciones voluntarias se recuperaron unos 260 millones de euros en concepto de IRPF, según el entonces secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña ¿Los grandes bancos facilitan que se transfiera dinero a paraísos fiscales? ¿Una vez que el dinero está dentro de un paraíso fiscal es imposible recuperarlo?

Una cosa es el dinero oculto y otra el pago de impuestos que deriva de estos importes; son dos conceptos distintos que hay que tener en cuenta. En cuanto a la pregunta sin duda es así, por eso es tan importante controlar las grandes transacciones de dinero. Técnicamente es posible y se debe hacer. Las entidades financieras no pueden alegar secretos bancarios cuando detrás puede haber todo tipo de delitos y de ello depende el estado del bienestar y la justicia económica en el mundo. Los ciudadanos normales poco tienen que temer; no se controlaría a personas sino a las grandes sumas de dinero. De no controlarse no sirve de nada perseguir a los delincuentes porque jamás se recuperará el dinero. Los problemas para llegar a estas cuentas ocultas son tantos que los delincuentes actuarán más rápido y cuando lleguemos a ellas las cuentas bancarias estarán vacías. Los bancos deben someterse a normas ciudadanas y no al revés.

En España ahora es obligatorio que se declaren aquellas cuentas y bienes en el extranjero de un valor mayor a 50.000 euros. Con esta nueva normativa, ¿se consigue algo? ¿Se queda corta?

Es, ciertamente, una medida importante y aún más sorprendente que no existiera hasta este momento, lo que da una idea de la dejación de controles que ha tenido nuestro país sobre las inversiones exteriores y especialmente en los paraísos fiscales. Lógicamente es una norma que pretende la declaración, pero lo que está claro es que quien no lo haga y, además, tenga sus bienes escondidos con titularidades ficticias o fiduciarias sabe que es difícil que lo descubran. Por ello hay que triplicar las investigaciones, las sanciones –especialmente en el caso de paraísos fiscales– y sobre todo la publicidad. La sociedad debe saber quiénes son los que esconden sus bienes en paraísos fiscales si no lo declaran.

¿Es posible luchar contra los paraísos fiscales a escala nacional o son necesarias iniciativas internacionales?

Se puede pero es muy difícil porque las medidas de un solo país le pueden servir a esa nación para protegerse a sí mismo, pero no para luchar contra ellos. El problema es que ni las medidas de autoprotección son eficaces y además, en muchas ocasiones, ni se aplican ni se conocen dentro del propio país. La UE sería uno de los marcos de lucha adecuados, pero nos encontramos, desgraciadamente, que el enemigo está en casa. El Reino Unido, Luxemburgo, Austria, Chipre y Malta son paraísos fiscales, o tienen territorios que lo son, o lo han sido y de forma extraña lo han dejado de ser, pero mantienen secretos bancarios. Eso por no hablar de Suiza, Liechtenstein, San Marino o Andorra. Europa no lucha de verdad contra los paraísos fiscales. Incluso desde la OCDE se admite dar de baja de su condición de paraísos a países que de hecho siguen siéndolo y eso es hacerse trampas en el solitario. Es muy peligroso descatalogar a países por el hecho de firmar convenios de intercambio de información, que están incumpliendo en algunos casos, y que siguen conservando sus normas de opacidad.

En el terreno internacional, ¿cuál está siendo el papel de Estados Unidos en la lucha contra los paraísos fiscales?

Resulta paradójico y rompe los esquemas habituales de buenos y malos, pero el impulso realizado por Estados Unidos para obligar a sus empresas a huir de los paraísos fiscales es muy importante. No solo eso, también para obligar a los países europeos a que hagan lo mismo. La modificación de la directiva europea del ahorro y para acabar con el secreto bancario en Luxemburgo y Austria no habría progresado sin las presiones americanas, aunque ya veremos qué pasa con Suiza y Liechtenstein. Eso nos demuestra que Europa no tiene el mismo interés en acabar con los paraísos que el que tiene en seguir con los recortes del gasto social. No habría recortes sociales si se lucha contra los paraísos pero llama la atención que el candidato del Partido Popular Europeo fuera el político del lobby de los grandes bancos y expresidente de un paraíso fiscal como Luxemburgo, el mismo que presidió el Eurogrupo y dirigió los recortes a la Europa del sur. Ahora mismo EE UU con sus proyectos normativos, sus tratados FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) de intercambio automático de información y su presión sobre Europa es un mayor referente en la lucha contra los paraísos que la propia UE dados los intereses de ésta en mantener la situación. Sería el momento de hacerlo si se logra una mayoría social en este sentido que apoye algo tan obvio como conseguir que paguen los que no lo hacen para conseguir que los que lo llevan haciendo siempre se liberen de esa pesada carga.

¿Hacia dónde tendrían que ir las medidas para controlar los paraísos fiscales?

Los paraísos fiscales son como los vampiros, chupan la sangre de los demás y huyen de la luz. Nadie piensa que pueda acabar con todos los vampiros, como no se puede pensar que vas a cambiar a estos territorios. Por lo tanto, lo que hay que hacer es luchar con las armas adecuadas que son autoprotección y transparencia. Controlar esas operaciones, detectarlas, crear una obligación de información exhaustiva, generar un control de valoración de precios, no admitir deducibilidades en determinadas situaciones, gravarlas con tasas específicas, no admitir el efecto fiduciario, identificar a los responsables y no admitir la apertura de oficinas o establecimientos permanentes en estos territorios. Después de llevar a cabo estas medidas, el que se demuestre que es un incumplidor de estas normas se debe dar publicidad a los ciudadanos. Salir en un listado de defraudadores en paraísos fiscales es algo tan temido o más que pagar lo que corresponde.

EL REFUGIO FISCAL DE LAS GRANDES MULTINACIONALES

Empresas como Google o Amazon aprovechan los entramados impositivos de ciertos países para eludir, legalmente, el pago de impuestos allí donde desarrollan su actividad.

BRUNO PÉREZ VÁZQUEZ

Periodista

Sucedió hace poco más de un año. Matt Brittin, vicepresidente y principal ejecutivo de Google para Reino Unido, comparecía ante la Comisión de Cuentas Públicas del Parlamento para dar explicaciones a sus señorías sobre el milagroso entramado fiscal que permitía a la compañía abonar a las arcas de Su Majestad apenas un 0,15% de los beneficios que obtenía de sus operaciones en el país, cuando el tipo del Impuesto de Sociedades es del 23%.

En un momento de su intervención, acosado por las afiladas preguntas de los diputados sobre la licitud de un esquema fiscal que traslada a Irlanda el 99% de los beneficios obtenidos por la compañía en Reino Unido, Brittin trata de iniciar lo que parece una explicación de manual sobre la total adecuación del mismo al marco legal tanto británico como europeo.

Su intento no dura ni diez segundos. Una voz le reprende al poco de empezar con gran severidad. “No me irrite, por favor. Está usted irritándome. Su compañía presume de no actuar nunca con mala intención. Pero en este aspecto creo realmente que están actuando con mala intención. Muchas gracias”. Sin oportunidad para la réplica, al ejecutivo de Google no le queda más remedio que recoger sus papeles y marcharse.

Las imágenes que dan testimonio de este episodio –que pueden encontrarse sin dificultad en las redes sociales– dieron la vuelta al mundo y convirtieron a su protagonista, la diputada laborista Margaret Hodge, presidenta de dicha Comisión, en un referente planetario de la lucha contra la llamada eufemísticamente “planificación fiscal agresiva de las grandes multinacionales”. Su fama ha crecido posteriormente por sus duros interrogatorios a otros ejecutivos de grandes multinacionales como Starbucks o Amazon, y con sus llamadas de atención a las autoridades fiscales del Reino Unido para que endurezcan una legislación que permite que éstas y otras grandes corporaciones no paguen en impuestos más que las migajas de los multimillonarios rendimientos que obtienen con sus operaciones en el país.

Porque si hay un problema que obstaculiza la batalla contra la operativa de las multinacionales en los paraísos fiscales es que resulta que todos estos entramados son, básicamente, legales. O como mínimo no ilegales.

Los datos son demoledores. Según un estudio del Parlamento británico, en 2011 Google ganó 2.500 millones de libras (3.130 millones de euros) con sus negocios en el Reino Unido. Apenas abonó 3,4 millones en impuestos, lo que implicaría un tipo fiscal del 0,15%. El pagado por Amazon era aún más reducido, del 0,056%. El caso de Starbucks no era menos sorprendente. Facturó 400 millones de libras (501 millones de euros) en ese ejercicio y no pagó ni un solo pound en impuestos.

No se trata de una anomalía británica, afecta a buena parte de los países desarrollados. En realidad, a todos aquellos que no han apostado por convertirse en un paraíso fiscal como sí han hecho miembros de la UE como Irlanda, Holanda, Luxemburgo o Chipre.

La OCDE advertía en un informe reciente, de 2013, de la profunda huella económica de esta distorsión. “Mientras las empresas de tamaño medio y pequeño están abonando un 30% de media por sus beneficios, las grandes multinacionales apenas tienen que hacer frente a una factura fiscal del 5%, lo que está generando graves problemas sobre la competencia”, afirmaba.

Y eso en el mejor de los casos. La ONG Intermón Oxfam ha denunciado que la factura fiscal que pagan las nuevas multinacionales tecnológicas por su negocio fuera de Estados Unidos no llega ni siquiera al 1%.

El perjuicio que estos esquemas de elusión fiscal está causando a las arcas de buena parte de los países del mundo es incalculable. El asunto es de tal magnitud que ni siquiera Intermón Oxfam, que desde hace años elabora anualmente un informe sobre este asunto, se aventura a dar una cifra. Se limita a afirmar que según cálculos conservadores las pérdidas se contarían por miles de millones y que su impacto es más grave sobre las economías menos desarrolladas.

Es lo que el exportavoz de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado y autor de ¿Hacienda somos todos? Impuestos y fraude en España, Francisco de la Torre, denomina “la tributación en el país de Nunca Jamás”, ya que nadie sabe a ciencia cierta dónde terminan pagando sus impuestos estas grandes compañías multinacionales.

El asunto de dónde se pagan los impuestos no es menor. Si las grandes multinacionales globales pueden llevar a buen puerto y sin mayores complicaciones legales estos esquemas es por el funcionamiento de los llamados convenios de doble imposición.

Se trata de acuerdos que se firman entre países para evitar que contribuyentes con intereses en más de un país tengan que pagar más de una vez por el mismo impuesto. Éstos suelen establecer que se pague el impuesto que corresponda allí dónde se ha generado el beneficio, de modo que si, por ejemplo, la filial de una empresa española en Colombia ha ganado 300 millones de euros en ese país pagará el tipo de Impuesto de Sociedades que se utilice allí –sea éste del 30%, como en España; o del 10%– y si repatría ese capital no tendrá que abonar nuevamente ese impuesto en España (siempre que haya convenio de doble imposición, claro).

Estos acuerdos suelen suponer un cierto perjuicio económico para los países más desarrollados, que también suelen tener tipos impositivos más altos, pero éste se da por bien empleado porque, a cambio, disponen de información puntual y detallada del volumen de negocio que sus empresas tienen en otros países, lo que les resulta de gran importancia para evitar fraudes.

Pero resulta que hay muchos territorios de baja tributación que no firman este tipo de acuerdos. Principalmente porque su supervivencia como polo de actividad económica depende de mantener en secreto la identidad de sus clientes.

La resistencia de estos territorios a proporcionar información ha acabado empujando a los países a imponer de forma preventiva tipos impositivos más altos a los contribuyentes con presencia en estos paraísos fiscales, a modo de tasa o multa por no disponer de información precisa de sus negocios en esos territorios.

El auténtico problema surge cuando hay países socios que mantienen relaciones financieras abiertas con paraísos fiscales opacos como es el caso de… la UE.

La mayoría de las tramas que permiten a las grandes multinacionales no pagar impuestos en la UE se apoyan en países como Irlanda, Holanda, Chipre o Luxemburgo, que forman parte de la Unión y que son puerta de salida de miles de millones de euros en impuestos que, en una aplicación estricta de los principios fiscales, deberían haber acabado en las arcas de sus socios.

Es en ese limbo fiscal donde aparecen cosas como el doble irlandés, que lejos de ser una bebida tonificante para calmar el espíritu y reavivar el corazón, define la popular operativa que ha convertido a Irlanda en la sede predilecta de buena parte de las multinacionales del planeta. ¿En qué consiste? En una doble ventaja para las sociedades que se localicen en el país. Por una parte, les garantiza un tipo reducido del 12,5% sobre los beneficios de su actividad en Irlanda; pero además les permite restarse los beneficios facturados en terceros países… paraísos fiscales incluidos.

No extraña que empresas como Google hayan decidido localizar en Irlanda su cuartel central para Europa. Irlanda se beneficia, porque a cambio de ofrecer esa especie de paraíso fiscal corporativo, atrae a su país compañías con miles de empleados altamente cualificados que consumen en Irlanda y pagan el IRPF en el país. Los damnificados son sus países vecinos y socios de la UE a los que por esa puerta se les escapan miles de millones.

El menú básico a disposición de las grandes multinacionales ofrece también el sándwich holandés, que tampoco es un emparedado con queso Gouda o Edam, sino una estructura que aprovecha los convenios de doble imposición firmados con Holanda con sus antiguas colonias (la mayoría, paraísos fiscales) para obtener una cuantiosa ventaja impositiva.

Una empresa que se localice en Holanda sabe que tanto los dividendos que reparta en el país como los que perciba de sus filiales en el resto de Europa estarán exentos, y que pagarán sólo un 3% si la compañía decide enviarlos a una matriz en las Antillas Holandesas. Además, los intereses percibidos de otras filiales del grupo pagarán sólo un 5% como royalties por la explotación de patentes tecnológicas. De este modo, como explica en su libro Francisco de la Torre, una empresa puede obtener beneficios en toda Europa y remitirlos a un paraíso fiscal con un coste mínimo del 8%. Y todo ello cumpliendo escrupulosamente la legalidad y en el centro geográfico de la Unión Europea. Un chollo.

¿La conclusión? “A día de hoy, una gran multinacional puede localizar su base imponible sin ningún problema dónde más le convenga”, resume Jesús Gascón, inspector de Hacienda y exdirector general de Tributos. Es decir: no hay arma eficaz para acabar con los paraísos.

La UE ha sido durante muchos años permisiva con estos esquemas, pero con más de media Europa acuciada por los recortes presupuestarios, el pasado junio, la Comisaría de Competencia que llevaba entonces Joaquín Almunia se decidió por fin a actuar y abrió una investigación a Irlanda, Holanda y Luxemburgo por posibles ayudas de Estado a Apple, Starbucks y Fiat. De momento, se trata de una simple investigación, pero parece marcar un cambio de tono en la actitud de las autoridades europeas ante estos paraísos fiscales europeos.

¿Cómo se lucha contra esto? La solución al asunto es complicada. Las autoridades tributarias nacionales han conseguido desincentivar las aventuras de sus empresas en paraísos fiscales penalizando la repatriación de capitales desde esos territorios. También han avanzado bastante en regular los precios de transferencia en operaciones entre empresas del mismo grupo, que también eran un mecanismo habitual de ajuste para reducir la factura fiscal de las multinacionales.

Pero la reciente Reforma Fiscal planteada por el Gobierno no ha planteado en ninguno de los cuatro anteproyectos de ley que acumula ni una sola medida específica orientada a poner coto a la actividad de los paraísos fiscales.

¿Qué hacer con esas estructuras que tienen como trampolín países de la UE sin ninguna intención de dejar de hacer lo que hacen? “Nos encontramos con empresas que tienen el Departamento Financiero en Suiza, la Tesorería en Bélgica y la sede fiscal en Irlanda; con esos esquemas una autoridad tributaria nacional tiene casi imposible rastrear el movimiento del dinero”, se quejan amargamente desde la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado.

La Oficina de Fiscalidad Internacional, la división creado hace un año por la Agencia Tributaria para poner coto a este tipo de comportamientos, subraya que es un problema internacional, casi imposible de combatir con actuaciones nacionales. Algo en lo que los organismos internacionales parecen estar de acuerdo.

CORRUPCIÓN, CIUDADANÍA Y DEMOCRACIA

Tanto por los resultados que produce como por lo que tiene de incumplir las reglas de juego la corrupción genera desafección. Pero no todos los colectivos se la toman igual.

IGNACIO URQUIZU

Profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y colaborador de la Fundación Alternativas

Las democracias pueden ser juzgadas bajo dos criterios: sus resultados y sus procedimientos. En el primero de los casos, los ciudadanos están más o menos satisfechos con su sistema político si éste produce crecimiento económico, empleo, igualdad, una educación de calidad, etc. Así, los resultados que produce la democracia serían los factores q e estarían detrás del grado de satisfacción con ésta. De hecho, para muchos analistas, lo que explicaría la actual desafección de la ciudadanía con nuestro sistema político sería justamente la Gran Recesión. Es decir, si en España estamos inmersos en una crisis política es porque la democracia no produce los resultados esperados.

En cambio, si lo que se juzgan son los procedimientos, lo que esperarían los ciudadanos es que las reglas del juego no sólo fueran justas, sino que además tuvieran cierta claridad. Dicho en otras palabras, la mayor o menor satisfacción con la democracia estaría relacionada con las normas y los procedimientos que rigen en el sistema político, indistintamente del resultado que produjesen. Así, por ejemplo, la desafección ciudadana hacia el sistema político europeo tendría mucho que ver con una ausencia de claridad en la toma de decisión y, por lo tanto, la imposibilidad de asignar responsabilidades. La ciudadanía europea no sabría muy bien quién toma las decisiones, algo que les haría preguntarse: ¿quién gobierna? El euroescepticismo sería producto de unas reglas oscuras e injustas en la toma de decisiones. Otro ejemplo de este tipo de desafección es todo el debate que se produce en España en torno al sistema electoral.

El fenómeno de la corrupción muestra que ambas visiones a la hora de juzgar una democracia pueden estar íntimamente relacionadas. La literatura muestra que los países con altas dosis de corrupción tienen menos renta per cápita, más desigualdad, menos esperanza de vida, menos satisfacción con la vida o más desempleo. Por lo tanto, la corrupción está estrechamente relacionada con peores resultados económicos, políticos y sociales. Pero, al mismo tiempo, la corrupción no deja de ser una perversión de las reglas del juego y de los procedimientos.

Cuando se produce un caso de corrupción es porque alguien ha decidido no cumplir las normas establecidas. Por lo tanto, la corrupción genera insatisfacción con la democracia por una doble vía: empeora los resultados y deslegitima los procedimientos.

No obstante, esta primera fotografía introductoria se complica un poco más cuando incluimos a los ciudadanos. Muchos estudios académicos muestran a individuos “tolerantes” hacia la corrupción. Es decir, una parte de la ciudadanía estaría dispuesta a aceptar cierto grado de corrupción si a cambio obtienen beneficios, ya sean particulares o colectivos. Por ejemplo, un análisis exhaustivo de las elecciones municipales de 2011 en España muestra que si en una población el escándalo de corrupción tuvo efectos beneficiosos para el conjunto de la ciudadanía, “el voto al partido del alcalde se incrementó en 4,8 puntos porcentuales respecto al porcentaje que hubiera obtenido en ausencia de corrupción”.

Pero hay más datos que parecen confirmar esta afirmación. Si analizamos el caso español en 2007, observamos que no hay una relación estrecha entre los escándalos y la posibilidad de reelección. Indistintamente del partido en el gobierno municipal, los alcaldes inmersos en casos de corrupción eran reelegidos en 2007 con más del 70% de probabilidad. Aunque también es cierto que perdían una pequeña parte de sus apoyos electorales.

Con algo de mayor sofisticación estadística Gonzalo Rivero y Pablo Fernández-Vázquez llegan a una conclusión muy similar. Estos investigadores recogen una muestra muy amplia de municipios andaluces y valencianos y analizan cómo le fue al partido del gobierno municipal en las elecciones municipales de 2011, comparando poblaciones con corrupción y sin corrupción. Concluyen que el mayor castigo electoral lo sufrieron los partidos que, tras sufrir un escándalo de corrupción, presentaron a nuevos candidatos y el alcalde imputado se presentó por otro partido. Muchos de estos estudios se basan en datos agregados. Es decir, analizan los resultados electorales pero no prestan atención a lo que dicen los ciudadanos a través de encuestas. De hecho, cuando vamos a trabajos que se basan en datos de opinión pública, esta visión pesimista de la ciudadanía es contrarrestada por un argumento algo más elaborado.

Para estas investigaciones, la idea que subyace es la siguiente: lo relevante para los votantes no es si hay más o menos corrupción, sino la reacción de los partidos ante ésta. Es decir, ninguna organización política elige tener escándalos de corrupción entre sus filas. Las formaciones políticas no tienen un control tan absoluto como para saber qué hace el último concejal de un pequeño pueblo. De hecho, es probable que si pudiesen elegir los dirigentes de los partidos no tendrían corruptos entre sus miembros. Pero una vez aparece el escándalo, es fundamental la reacción que tenga la organización y si ésta toma medidas.

Pero, ¿qué pasaría si no todo el mundo juzgase la corrupción de la misma manera? Es decir, ¿tienen todos los grupos sociales las mismas prioridades? En estos momentos, en España vivimos una crisis económica que no golpea a todos por el igual y que, por lo tanto, podría afectar al orden de preferencias de los ciudadanos. Es razonable pensar que alguien de renta baja que ha perdido el empleo o puede perderlo esté mucho más preocupado por esa cuestión que por cualquier otra.

Los datos de las encuestas del CIS muestran esta realidad. En el gráfico 1 tenemos el porcentaje de personas que considera el paro el primer problema de España según su clase social. Vemos que desde 2007, siempre los obreros no cualificados han considerado el desempleo más importante que los encuestados de clase alta y media alta. En cambio, cuando nos detenemos en la corrupción como problema, el orden de preferencias cambia –ver gráfico 2–. Ahora es la clase media y media alta quienes están más preocupados por la corrupción que los obreros no cualificados.

No obstante, no podemos extraer de aquí que a los ciudadanos con menos renta no les preocupe la corrupción. El gráfico 2 muestra que, al igual que los individuos de clase alta y media alta, han reaccionado a las circunstancias del país y su preocupación por esta cuestión ha aumentado en los últimos años. Pero están algo menos alarmados que los ciudadanos de mayor renta.

Conclusiones. La relación entre corrupción y democracia tiene muchas vertientes. Una de ellas es la desafección ciudadana. Tanto por los resultados con los que está relacionada la corrupción como por lo que significa de incumplimiento de las reglas del juego, los corruptos acaban generando ciudadanos desafectos con su sistema político. No obstante, esta historia se complica un poco cuando pasamos a analizar el comportamiento y la opinión de los ciudadanos. Entonces descubrimos dos conclusiones relevantes. Por un lado, hay personas “tolerantes” con prácticas corruptas. Si los escándalos de corrupción significan algún tipo de beneficio particular o para el conjunto de la población, éstos no se convierten automáticamente en castigo electoral. Por otro lado, no todos los grupos sociales ven la corrupción con el mismo grado de preocupación. En medio de las crisis económica y política que vivimos, hemos visto que los individuos con menos renta están menos preocupados por la corrupción como problema que los ciudadanos de clase alta y media alta.

Finalmente y para evitar equívocos, cabe recordar que no estamos ante un problema únicamente español. Existe una enorme evidencia empírica que muestra que la corrupción no tiene necesariamente costes electorales en otras democracias. Así, el hecho diferencial no está en el comportamiento de los españoles, sino que estamos “tolerando” más escándalos de corrupción que los demás.

CORRUPTOS Y CORRUPTORES, CONTROLES Y SANCIONES

MERCEDES GARCÍA ARÁN

Catedrática de Derecho Penal de la

Universidad Autónoma de Barcelona

La corrupción en las instituciones públicas afecta al sistema democrático porque quienes deberían velar por el interés general lo perjudican, obteniendo beneficios y proporcionándoselos al corruptor. Ambos rompen las reglas del juego sobre el acceso de los particulares a las decisiones públicas, liquidando principios como la igualdad ante la ley, la imparcialidad de la Administración y el sometimiento de los poderes públicos a su propia legalidad.

Las causas últimas del problema se relacionan con la forma de entender y organizar la prestación de las funciones públicas. Junto a la organización opaca e ineficiente existen causas culturales como la escasa identificación ciudadana con el interés público o con el respeto a la legalidad, la creencia errónea de que hay que ocultar la corrupción para proteger el prestigio de la institución –cuando lo que la prestigia es justo lo contrario–, e, incluso, las diferencias entre la cultura católica y la protestante. Aunque todo apunta a los países menos desarrollados, también en los más ricos y teóricamente más respetuosos con la ley existen agentes económicos que buscan su beneficio corrompiendo a los países pobres.

Pero quizá lo más importante sea la forma en que se reacciona social y jurídicamente contra la corrupción, punto en el que existe un diagnóstico sobre España: en términos generales, tenemos suficientes leyes para castigar a los corruptos, pero no suficientes instrumentos para evitar que la corrupción llegue a producirse o instalarse.

Efectivamente, en el Código Penal existen normas para castigar la corrupción individual clásica, mediante la que el funcionario se enriquece apropiándose del dinero que custodia, solicitando o recibiendo sobornos para desviarse de su función o aceptando regalos en atención a su cargo. Pero también existen normas para la corrupción más moderna que institucionaliza formas de comportamiento mercantil en la función pública: la participación en negocios incompatibles por ley con el cargo, el tráfico de influencias para conseguir decisiones parciales o el abuso de información privilegiada.

Ésta es más peligrosa porque tiende a considerarse inevitable y a disculparse socialmente con el pernicioso argumento de que es útil para agilizar el funcionamiento de una maquinaria administrativa lenta y anquilosada. Y estas respuestas penales alcanzan a todos quienes participan en el ejercicio de funciones públicas, lo que incluye a cargos políticos temporales e implica a los partidos políticos.

Sin embargo, todo ello no es suficiente para eliminar la corrupción pública porque la mera amenaza penal es prácticamente inocua si no se dan, al menos, dos condiciones: la primera, que el proceso penal para enjuiciar el delito no se eternice agotadoramente por la falta de medios y cuente con la colaboración eficaz de los organismos no judiciales implicados en el esclarecimiento de los hechos. Por ejemplo, la Agencia Tributaria y los servicios de inspección interna de las Administraciones, sin olvidar a los partidos, que deben velar por la honradez de sus miembros sin esperar a que estén imputados.

La segunda, que esos mismos organismos supervisores estén en condiciones de ejercer un control extrapenal efectivo sobre las circunstancias que permiten la corrupción. En suma, de poco sirve endurecer el Código Penal para atajar un problema que los controles previos al delito no son capaces de cortocircuitar. Baste recordar que en la mayoría de los escándalos de corrupción han fallado los instrumentos de control de la actividad política, administrativa, bancaria, fiscal, urbanística, etc., que deberían, al menos, dificultar las infracciones.

Por último, parte de la corrupción se atribuye a la financiación ilegal de los partidos, de la que suele decirse alegremente que hoy no es delito y necesita una reforma del Código Penal. No es totalmente cierto, porque aunque no existe un tipo penal expreso para todas las formas posibles de financiación ilegal, la mayoría de ellas son delictivas bajo otro nombre: el cohecho por el que se recaudan fondos, los fondos públicos que se malversan, los delitos fiscales por el dinero negro o, en todo caso, las falsedades contables que se cometen al maquillar las cuentas u ocultar donantes.

No niego que pueda ser aconsejable algún retoque que facilite la aplicación del Código Penal a casos hoy fronterizos con estos delitos. Pero, regresando a los instrumentos extrapenales de control, mientras el Tribunal de Cuentas no tenga reales competencias inspectoras sobre la contabilidad de los partidos y deba contentarse con la documentación que le aportan éstos, o sus conclusiones fiscalizadoras lleven más de cinco años de retraso, se hace difícil saludar entusiásticamente una nueva reforma penal en la materia.

SÁTRAPAS Y PARAÍSOS FISCALES

La ecuación país pobre más gobernante autoritario suele ser igual al saqueo de las arcas por el mandatario. El desalojo del poder de muchos en los últimos años, principalmente en África, ha confirmado lo que todos sabían pero nadie afrontaba.

OLGA RODRÍGUEZ

Periodista y escritora

En 2010 Túnez era un país víctima de la corrupción, el clientelismo, la desigualdad económica y la falta de libertad. Sin embargo, tanto la UE como EE UU y el Fondo Monetario Internacional (FMI) lo presentaban como ejemplo de país competitivo y occidentalizado, “moderado” y elogiable por su política económica. En la mayoría de los medios occidentales se hacía mención a Túnez como lugar recomendable para la inversión debido a su crecimiento económico.

Ante las bondades de los datos macroeconómicos y las posibilidades para el capital extranjero, el fraude, la corrupción, la represión y la censura en Túnez pasaban a un segundo plano. En 2007 el país había sido declarado como el más competitivo del continente por el Foro Económico Mundial para África, y en 2010 ocupaba el puesto 41 en el ránking de desarrollo humano. Mientras, en las zonas interiores el abandono por parte del Estado condenaba al desempleo al 60% de la población juvenil. En 2010 el FMI volvió a destacar el “nuevo ímpetu para las reformas estructurales” del Gobierno dictatorial tunecino, pese al incremento de la pobreza y el desempleo.

Tan solo tres meses después, en diciembre, la divulgación de cables estadounidenses –a través de Wikileaks– que desvelaban la corrupción en el país y las revueltas populares que estallaron en territorio tunecino sirvieron para hacer caer esa gran cortina que protegía un sistema terriblemente corrupto. Fue entonces cuando comenzaron a publicarse informaciones sobre los tejemanejes llevados a cabo por el dictador Ben Ali, su esposa Leila Trabelsi y la familia de ésta, cuyas prácticas, centradas en privatizaciones salvajes al servicio del enriquecimiento propio, les habían servido para controlar el 60% del Producto Interior Bruto del país. Lo que hasta entonces había sido un secreto a voces –una corrupción endémica– terminó siendo reconocido por la comunidad internacional.

El dictador Ben Ali fue derrocado y huyó a Arabia Saudí, el país que le ofreció cobijo, y donde permanece a día de hoy. Sus cuentas bancarias en Suiza fueron congeladas y el ministerio de Exteriores suizo desveló que Ben Ali tenía en ellas 47 millones de euros. También se supo que él y sus familiares disponían de más de 5.000 millones de dólares en propiedades en Francia, con un listado de apartamentos y palacios en París, así como sitios para vacaciones en la costa del Mediterráneo y en los Alpes.

Poco después, Suiza bloqueaba también las cuentas multimillonarias de otros dos mandatarios árabes: el egipcio Hosni Mubarak, derrocado tras las revueltas populares de 2011, y el libio Muamar el Gadafi, por entonces aún en paradero desconocido, y finalmente asesinado en el verano de 2011 con la ayuda de EE UU y Francia. Según Ginebra, Muamar el Gadafi había tenido en bancos suizos 281 millones de euros y Mubarak disponía de 320 millones.

Hosni Mubarak fue arrestado en Egipto, acusado de “intentar matar a manifestantes” y de diversos casos de corrupción. El fiscal que leyó los cargos contra el expresidente egipcio durante el juicio recordó que Mubarak, siendo presidente, aceptó para él y sus dos hijos cinco villas y otras propiedades por un valor de 6,5 millones de dólares del empresario Hussein Salem a cambio de cederle terrenos estatales privilegiados en Sharm el Sheikh.

Otro de los cargos que se le imputaron fue el acuerdo con el que fuera ministro de petróleo, Sameh Fahmi, para la venta de gas a Israel a un precio inferior a su valor real en el mercado, a través de una compañía del empresario Hussein Salem, que fue arrestado en España en 2011 e imputado por estafa y blanqueo de dinero.

Fue entonces cuando se supo que Salem tenía la nacionalidad española desde 2008 y contaba con varios inmuebles de lujo en La Moraleja y Marbella. En Egipto la noticia referente a la nacionalidad española de Salem saltó como un escándalo. Opositores, periodistas y activistas exigieron saber cómo había obtenido Salem la nacionalidad. Debido a la misma, la petición de extradición del empresario egipcio a su país de origen no ha resultado, ya que la Audiencia Nacional señaló que Salem “tenía suficiente arraigo familiar y social en España”.

Otro de los casos que más titulares produjo del régimen de Mubarak fue el de su ministro de Finanzas, Yousef Boutros Ghali, quien huyó de Egipto días antes de la caída de su Gobierno. Boutros Ghali compaginaba su cartera con el cargo de presidente del Comité Monetario y Financiero del Fondo Monetario Internacional, principal órgano asesor de la Junta de gobernadores del FMI. Ghali fue uno de los principales impulsores de las reformas económicas acometidas en Egipto a principios de este siglo y antes, en la década de los ochenta, había sido uno de los principales negociadores de la deuda externa de su país. Con la revuelta egipcia de 2011 diversos movimientos sociales impulsaron una campaña exigiendo la suspensión de aquella deuda contraída en plena dictadura.

Meses después de la caída de Mubarak, Boutros Ghali fue juzgado en ausencia en Egipto y condenado a 30 años de cárcel por enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y tráfico de influencias. Sobre él sigue pesando a día de hoy una orden de búsqueda de la Interpol, pero no ha sido arrestado. Se le ha visto en Londres, donde en 2012 participó en una conferencia en la London School of Economics.

También fueron juzgados por corrupción otros ministros de Mubarak, en algunos casos por impulsar ventas de propiedades públicas a un precio inferior a su valor real. El paradero del dinero obtenido en esas transacciones, así como en los diversos casos de corrupción protagonizados por integrantes del régimen egipcio sigue siendo hoy, en algunos casos, un misterio. Además, en los últimos meses la mayoría de los altos cargos del régimen de Mubarak están siendo absueltos de los cargos de corrupción que se les imputaron tras las revueltas de 2011. El propio Mubarak no ha tenido tanta suerte: en mayo fue condenado a tres años de cárcel –que probablemente cumplirá en su palacio– por apropiación de fondos públicos.

Estos han sido algunos de los casos que más han dado que hablar en la prensa internacional. Pero no son los únicos. En los últimos años Suiza ha congelado fondos del depuesto presidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, del filipino Ferdinand Marcos y del nigeriano Sani Abacha. Las coincidencias entre ellos es que ya no son mandatarios, pertenecen a países poco poderosos y dejaron de contar con el beneplácito explícito o implícito de la comunidad internacional occidental. El doble rasero de las potencias occidentales a la hora de establecer sanciones ante el uso de paraísos fiscales es un factor a valorar cuando se discute el uso de los mismos.

La pregunta que surge en los círculos que persiguen la corrupción y el uso de los paraísos fiscales es la siguiente: ¿Solo es posible perseguir el dinero en los paraísos fiscales cuando caen los regímenes o gobiernos que llevan a cabo estas prácticas corruptas? ¿Sólo es posible tomar medidas contra estos abusos cuando los que los ejecutan son mandatarios de países poco influyentes? De momento, y salvo alguna excepción, la respuesta parece ser afirmativa en ambos casos.

Una de esas excepciones es la desvelada recientemente por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y publicada por varios medios internacionales, en relación con las cuentas bancarias en paraísos fiscales de familiares de altos cargos chinos. Según dicha información, al menos 13 parientes de máximos dirigentes del gobierno, incluidos el actual presidente Xi Jinping y los dos ex primeros ministros Wen Jiabao y Li Peng, así como 15 grandes empresarios y grandes compañías estatales han mantenido actividad en paraísos fiscales.

Entre 2001 y 2004, Perú recobró 180 millones de dólares que el presidente Vladimiro Montesinos había desviado a paraísos fiscales. Entre 2005 y 2006 Nigeria recuperó 624 millones de dólares procedentes de las cuentas congeladas en Suiza pertenecientes al expresidente Sani Abacha. Suiza también ha impulsado la devolución a Haití de los fondos del exdictador Jean-Claude Duvalier.

Las organizaciones Sherpa y Transparencia Internacional han presentado demandas exigiendo la confiscación y restitución de propiedades registradas a nombre de éstos y otros dictadores. Así, nombran al presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, con inmuebles registrados en Francia, a Denis Sassou, dictador del Congo, al presidente de Camerún Paul Biya, y al fallecido Omar Bongo, quien gobernó Gabón durante más de 40 años.

Según una investigación iniciada por la policía gala en 2007, estos dirigentes poseían en París y en varias ciudades de la Costa Azul propiedades valoradas en más de 160 millones de euros adquiridas presuntamente con dinero público. Atribuían a la familia de Omar Bongo 39 propiedades y 70 cuentas bancarias en Francia, a Sassou Nguesso 18 bienes inmuebles y 112 cuentas y a Obiang un apartamento, una cuenta en Francia, una decena de coches de lujo valorados en cinco millones de euros y dos Bugatti encargados cada uno por un millón de euros. La cosa no acaba ahí. Según una investigación del Senado de EE UU, Omar Bongo poseía cuentas secretas por valor de 130 millones de dólares en EE UU, mientras que el presidente guineano Teodoro Obiang tiene una villa en Malibú valorada en 35 millones de euros.

Un capítulo que merece mención aparte es el de las cuentas secretas del dictador chileno Augusto Pinochet en bancos de EE UU, encubiertas por operaciones en paraísos fiscales como las Islas Caimán, a nombre de familiares del dictador. Las acusaciones contra Pinochet por delitos de fraude, evasión de impuestos, cohecho y malversación de caudales públicos indignaron a algunos sectores chilenos que hasta entonces habían mirado hacia otro lado cuando se acusaba al dictador de crímenes de lesa humanidad. La investigación constató que hasta 2002 el propio Pinochet hizo transferencias y giros de sus depósitos, cuando ya había sido declarado incapaz por razones de salud mental de afrontar el juicio por 75 crímenes de la llamada “Caravana de la muerte” en plena represión.

El Subcomité de Investigaciones del Senado estadounidense desveló que el banco Riggs, con sede en Washington, tomó la iniciativa de contactar a Pinochet en 1994, cuando envió a “varios de sus altos responsables a Chile para ofrecerle la apertura de una cuenta en Washington”, lo cual fue aceptado por el dictador chileno. El banco abrió una cuenta para él personalmente y lo ayudó a establecer en Bahamas dos sociedades offshore (libres de impuestos) llamadas Ashburton y Althorp. Luego abrió más cuentas a nombres de dichas sociedades en Estados Unidos y en Reino Unido.

También el presidente guineano, Teodoro Obiang, hizo uso del Riggs con un depósito de tres millones de dólares (2,19 millones de euros) en efectivo y un total de 750 millones de dólares (548 millones de euros). Como denuncian diversas ONG, los ingresos del petróleo financian los fastuosos estilos de vida de la pequeña élite que rodea al presidente, mientras la mayoría de la población guineana vive en una situación de terrible pobreza.

Los países del G-20 critican los paraísos fiscales pero al menos algunos los permiten en su propio territorio. Es el caso de la isla de Jersey, dependiente de la Corona británica –con gobierno autónomo–, considerada el mayor refugio fiscal de capital extranjero del mundo, según el Financial Centres Index. Otros ejemplos son Isla de Man, también dependiente de la Corona británica, Hong Kong y Macao en China, o Nevada y Delaware en EE UU.

De hecho uno de los pilares de las dinámicas actuales es el uso de los paraísos fiscales por el poder económico. Miles de compañías multinacionales ocultan sus operaciones y no pagan impuestos gracias a tener cuentas en esos refugios fiscales. Una reciente investigación divulgada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha revelado que 130.000 políticos y empresarios de todo el mundo usan paraísos fiscales para hacer sus negocios y esconder su dinero. El extesorero de la campaña electoral de Hollande, Jean-Jacques Augier o el presidente de Azerbayán, Ilham Alíyev, aparecen en dicha investigación.

La organización Tax Justice Network sitúa entre 21 y 32 billones de dólares (entre 15 y 23 millones de euros) los flujos de dinero en paraísos fiscales en 2010. Muchos de esos fondos proceden de actividades como el narcotráfico, la venta de armas o el terrorismo, pero más de la mitad de esos capitales proceden de grandes multinacionales, algo que subrayan diversas ONG como Oxfam.

Juan Hernández Vigueras, profesor universitario y miembro del Comité de Apoyo de Attac-Madrid, señala en su libro La Europa opaca de las finanzas que “ciertas políticas europeas amparan a países y territorios catalogados por la OCDE como paraísos fiscales que, con sus especialidades financieras opacas y de escasa o nula tributación, compiten ventajosamente como segundos clientes de la eurozona, tras EE UU”.

En los últimos años han saltado varios escándalos relacionados con el uso de paraísos fiscales por parte de políticos occidentales. El que fuera candidato republicano estadounidense, Mitt Romney, fue descubierto con una enorme cantidad de dinero depositada en las islas Caimán. En Grecia el siete veces exministro socialista Akis Tsojatzopoulos ha sido condenado a 20 años de prisión por lavado de dinero y corrupción. El veterano político se dedicó a blanquear ingresos ilícitos por medio de una elaborada red de empresas nacionales y en paraísos fiscales.

En Francia, el ministro del Presupuesto Jérome Cahuzac tuvo que dimitir cuando fue acusado de blanqueo de dinero y fraude fiscal. Él mismo confesó que ocultó fondos en una cuenta secreta en Suiza con dinero procedente de su actividad anterior como consultor para la industria farmacéutica. Ante la opinión pública el escándalo fue mas sonoro, si cabe, debido a que Cahuzac era el ministro de Hollande que precisamente estaba pidiendo a los ciudadanos franceses austeridad y quien acometió recortes presupuestarios junto con el ministro de Finanzas, Pierre Moscovici. Antes de admitir los hechos ante los jueces, Cahuzac negó por activa y por pasiva haber tenido una cuenta en el extranjero. “No tengo, y nunca he tenido cuentas en el extranjero, ni ahora, ni antes”, afirmó.

Nigel Farage, líder del Partido de la Independencia en Reino Unido, tercera fuerza del país, pagó a un consejero fiscal para lanzar un fondo de educación en un paraíso fiscal con el que el político pretendía evadir impuestos. El presidente de la Comisión Europea a propuesta del Partido Popular Europeo, Jean Claude Juncker, fue primer ministro de Luxemburgo, un paraíso fiscal. Y, como recordaba recientemente el diario Financial Times, en España “el partido gobernante ha estado haciendo pagos desde una cuenta secreta en Suiza durante años”. (Más información en la página 15).

El problema no radica tan solo en las prácticas de algunos políticos, sino en la permisividad con la que operan los gobiernos para dar vía libre al uso de los paraísos fiscales por parte de las multinacionales. A pesar de que desde el discurso dominante se sigue intentando atribuir las peores prácticas a los países del llamado Tercer Mundo, lo cierto es que los paraísos fiscales son una herramienta que define el contexto económico actual a nivel mundial, marcado por el aumento de la desigualdad.

Mientras grandes empresas y familias multimillonarias evitan pagar impuestos, los ciudadanos de a pie soportan la carga tributaria y la deuda de sus países. Como ha denunciado Tax Justice Network, grandes bancos “como el Bank of America, UBS, Credit Suisse, Citygroup o HSBC, entre otros, realizan estas acciones con total conocimiento de que sus clientes casi seguramente están evadiendo o evitando impuestos”.

CIUDADANOS CONTRA LA OPACIDAD

En los últimos años proliferan las propuestas contra la evasión, pero la situación retrocede más que avanzar. Además de las medidas legales, la presión popular se perfila como una de las herramientas que más resultados puede ofrecer contra los paraísos fiscales.

MARIANA VILNITZKY

Periodista de Alternativas Económicas

Terminar con la neblina de información financiera y fiscal que reúne a empresas, criminales, corruptos y dictadores en paraísos fiscales es una tarea casi quimérica. Organizaciones no gubernamentales, economistas y organismos internacionales han ideado muchas propuestas que permitirían terminar con ese agujero negro informativo y con las consecuencias que tiene la evasión impositiva para el resto de la ciudadanía.

La organización Tax Justice Network, que reúne a una red de personas expertas en paraísos fiscales, ha resumido las propuestas técnicas de la sociedad civil en cinco medidas.

La primera es la que se conoce como propuesta “país por país”. Los informes anuales de las compañías multinacionales contienen información sobre su riqueza económica y financiera: beneficios, ganancias, impuestos, préstamos, empleados, etc. Las leyes internacionales generalmente permiten unificar toda esta información en datos globales o regionales. Se pueden tener, por ejemplo, los datos de Europa o el mundo, pero es imposible saber lo que pasa en cada país.

Uno de los problemas principales de los paraísos fiscales es que la información es secreta. Si se consiguieran los datos país por país se alcanzarían unos objetivos básicos de transparencia. Estos datos aportarían a las democracias, pues la ciudadanía podría saber qué hacen las multinacionales en cada país y dónde tributan. Hoy se envían millones de euros a lugares donde no se pagan impuestos. Por el momento, lo que está pasando es lo contrario. Como las corporaciones multinacionales son cada vez más complejas y grandes, la información que dan es cada vez más difusa.

La segunda de las propuestas es la de los impuestos unitarios. Actualmente una compañía puede tener, por ejemplo, 10.000 empleados en España, 10.000 en Francia y cinco contables en las Islas Caimán. Con el apoyo de profesionales especializados, la mayor parte del negocio se puede ubicar en esas islas, con impuestos cercanos a cero. Eso le permite a la compañía (y es legal, se le llama “eludir” y no “evadir” impuestos) evitar pagar una buena parte de sus impuestos en España o Francia. La propuesta es llegar a un acuerdo internacional para que se paguen impuestos por los negocios totales de las empresas donde trabajan, sin importar dónde están ubicadas sus contabilidades. Así, aunque cinco trabajadores estén en las Islas Caimán, España y Francia podrían obtener cada uno casi el 50% de los impuestos totales “unitarios”, y solo una mínima porción en las Islas Caimán.

La tercera de las propuestas es el intercambio automático de información. Tiene que ver, una vez más, con la transparencia. Hoy, los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) establecen que, siempre que así sea requerido, los paraísos fiscales deben enviar la información de una empresa determinada que se requiera. Por ejemplo, si un miembro de la OCDE prestó dinero a un país pobre, y al poco tiempo el dinero se esfumó hacia un paraíso fiscal por un gobierno corrupto que solo dejó la deuda, antes de empezar a buscar en el país receptor hay que saber el nombre de la persona con quién entró el dinero al paraíso fiscal, su número de cuenta del banco y lo que se supone que hizo (y pasar además por los juzgados del paraíso fiscal antes de que den información). Al no ser automático, no es posible mirar todas las cuentas para encontrar quién introdujo dinero en un momento dado proveniente de un país determinado, y que puede ser el sospechoso de haberse llevado el crédito de la OCDE. Si los datos se intercambiaran automáticamente, sería factible encontrarlo. Hoy, entre millones de empresas presentes en los paraísos fiscales hay que saber lo que se está buscando para encontrarlo.

La cuarta de las propuestas también está relacionada con la transparencia. Supongamos que un individuo tiene el nombre de una empresa que está buscando porque le debe dinero, y se encuentra con que está ubicada en un paraíso fiscal. Si después de los juzgados hubiera un acuerdo con el paraíso fiscal para que otorgue información sobre esa empresa, en los expedientes solo aparecerían los nombres de directivos, no de los dueños reales de la empresa. Hay personas que dirigen cientos de empresas. Son contratados por las compañías solo para prestar su nombre. Tax Justice denuncia que todos los avances que se han hecho con los paraísos fiscales para que sean más transparentes se topan con este problema. Pide que se den los datos reales de los dueños, y no de sus empleados.

Y la última de las propuestas tiene que ver con las condenas a los intermediarios. Actualmente cualquier evasor de impuestos tiene que contar con el apoyo de bancos, abogados, contables, testaferros, fondos fiduciarios en los países de origen y en los paraísos fiscales... Hoy se puede condenar a una persona que está implicada en lavado de dinero de las drogas, pero no a alguien que ayudó a evadir impuestos. Si se condenara a los intermediarios probablemente habría menos implicados. Hay cuatro grandes multinacionales que trabajan ayudando a poner dinero en paraísos fiscales: Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young y KPMG.

Las propuestas continúan, pero “los logros son mínimos, hasta el momento”, reconoce John Christensen, director de la organización Tax Justice y economista que para aprender trabajó durante ocho años dentro del sistema, en la consultora Deloitte, asesorando a Gobiernos y a empresas justamente para que puedan colocar dinero en paraísos fiscales. Aunque se han hecho muchas declaraciones, e incluso medidas legales por parte de los países ricos, en el fondo hay retrocesos.

“Estamos muy decepcionados”, insiste Christensen. “Los gobiernos han hecho grandes operaciones de maquillaje cuando se han comprometido a acabar con paraísos fiscales”.

Recientemente se han pronunciado y han llevado a cabo regulaciones desde Europa, el G-8 y el G-20. En marzo pasado, por ejemplo, los líderes europeos pactaron para 2015 el fin del secreto bancario en el seno de la UE. Los avances legislativos son constantes, pero según Tax Justice vienen con trampa.

“Sí, han llevado adelante nuestras propuestas”, continúa Chirstensen, “pero nosotros miramos el detalle. Y en el detalle está el engaño. Las informaciones que se dan son de fundaciones o fideicomisos, que no muestran quiénes están realmente detrás de esas instituciones. Sigue siendo todo muy turbio”.

“España, por ejemplo, tiene una legislación muy avanzada en cuanto a operaciones con un paraíso fiscal”, completa Miguel Ángel Mayo, del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha y miembro de la Asociación por una Fiscalidad Justa. “Pero siempre hay sociedades interpuestas y países que lo permiten. El dinero es como la energía. Nunca desaparece, solo cambia de manos. ¿Adónde se ha ido todo el dinero que ha ganado España entre 2000 y 2007? Parece que hubiera desaparecido, pero está en paraísos fiscales”, argumenta.

Por parte de las empresas el interés es claramente nulo. En el Observatorio de Responsabilidad Social (OBRSC) trabajan desde hace años con los departamentos de RSC de las empresas del Ibex-35. Entre otras cosas, cada año, llenan un extenso cuestionario sobre su responsabilidad social, y la situación en lo que respecta a los paraísos fiscales va de mal en peor: el 91% reconoce sin tapujos que elude impuestos en empresas filiales o participadas en paraísos fiscales.

“Estamos muy defraudados con las iniciativas de los gobiernos, pero confiamos en la sociedad civil concienciada”, añade Christensen. “Cada vez que un gobierno venga con una nueva propuesta que parezca positiva, los periodistas vendrán a nosotros a preguntarnos qué nos parece. Y si no son medidas que en detalle se traduzcan en soluciones reales, lo explicaremos”.

“Si las organizaciones de la sociedad civil dejaran de centrarse tan exclusivamente en la ayuda para revitalizar el debate sobre los impuestos y su rol en la rendición de cuentas, las cosas podrían cambiar”, concluye Nicolas Shaxson, autor del libro Islas del Tesoro, los paraísos fiscales y los hombres que se robaron el mundo. “La ayuda puede ser un complemento, pero con diez dólares que se escabullen del mundo en desarrollo, por cada dólar que entra, necesitamos una nueva perspectiva. Si pudiéramos crear un movimiento que una a los ciudadanos de los países pobres y a los de los países ricos en esta causa, esto serviría”.

De hecho, se está intentando hacer. Junto a Tax Justice Network se creó en 2013 la Global Alliance for Tax Justice, con 81 organizaciones que se han ido sumando a la presión internacional de la sociedad civil. Para las empresas, el incentivo no viene dado por los departamentos de Responsabilidad Social Corporativa, sino más bien por los de marketing. Lo que parece influir un poco más es su Reputación Social Corporativa: aquello que diga la opinión pública.

Recientemente la multinacional estadounidense de cafeterías Starbucks trasladó su sede europea a Reino Unido. Hasta hora, la empresa se había establecido en Holanda, donde gozaba de una importante reducción de impuestos.

Las tiendas de Reino Unido, como las de otros países europeos, son franquicias que pagan a Starbucks por la marca. En 2012 los resultados económicos de la empresa en Reino Unido reportaron pérdidas, pero según reveló una investigación de la Agencia de Noticias Reuters, a sus accionistas les avisaron de que no era así. No es que hubiera pérdidas sino que las ganancias estaban contabilizadas en su sede de Holanda. Registrar pérdidas en Reino Unido implicaba pagar todavía menos impuestos.

Después de una larga campaña de la sociedad civil inglesa de boicot a Starbucks, con piquetes en las puertas de sus cafeterías, y una importante bajada en las ventas de 2013 a 2014, la compañía volvió a ubicar su base en Reino Unido y se comprometió a pagar más impuestos.

“Lo que ha sucedido con Starbucks demuestra el gran poder que tienen los consumidores, que a veces pueden ser incluso más eficaces para luchar contra los paraísos fiscales que cambios legislativos”, considera Francisco de la Torre, exsecretario general de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda. “Si las multinacionales empiezan a temer los daños de imagen como consecuencia de la movilización de los consumidores es más probable que dejen de utilizar paraísos fiscales”.

Fue gracias a la sociedad civil y a los consumidores... con un pequeño empujón: David Cameron acaba de anunciar que las ganancias del extranjero de empresas radicadas en Reino Unido no pagarán impuestos (aunque la compañía niega que éste haya sido su incentivo). La guerra entre gobiernos por ver dónde se ubican las empresas presiona a la baja cualquier contribución a las arcas públicas. De hecho, la propuesta de las multinacionales es que este tipo de empresas no pague impuestos en ningún lado.

La última de las esperanzas radica en el propio curso de la historia. Christensen considera que algo que puede hacer cambiar las cosas es el triste aumento de la desigualdad, cada vez más pronunciado en todos los países, que puede crear muchos dolores de cabeza a los gobiernos, además de un posible aumento de la violencia. El miedo a un estallido social por falta de respuestas es otra forma de presión ciudadana. “La mejor fórmula para acabar con la desigualdad es a través del Estado, pero los Estados necesitarán tener dinero, que se va en grandes cantidades hacia los paraísos fiscales”, agrega Christensen. “Al final, tendrán que tomar cartas en el asunto”.

DÓNDE VAS A ESTAR MEJOR QUE EN SUIZA

JAVIER GALLEGO

Director del programa Carne Cruda.

carnecruda.es

Te ofrecemos una oportunidad única para tu fraude fiscal. Te invitamos a un país europeo líder en evasión, un país con una economía sumergida de más de 250 millones de euros, el 25% del PIB, 10 puntos por encima de la media de Europa, un país en el que las grandes fortunas y empresas como la tuya dejan de pagar al Estado unos 44.000 millones de euros al año, tres veces más que los autónomos y pymes. ¡Cómo no hacer tus negocios aquí, donde los que más tenéis sois los responsables del 72% del fraude total!

Cómo no cometer tus delitos aquí, si somos el país europeo que tiene menos inspectores de Hacienda y el que menos investiga las grandes bolsas de fraude. En este país, “Hacienda somos pocos” y en la crisis hemos reducido personal aunque el fraude ha aumentado en 50.000 millones de euros. En este país, “Hacienda somos tontos”, el gobierno nos hacemos los suizos ante las estafas millonarias y dedicamos el 80% de nuestros efectivos a perseguir el fraude de profesionales liberales y autónomos que solo supone el 8% de lo estafado. Por si esto no te deja del todo tranquilo, te ofrecemos una amnistía fiscal para regularizar tu dinero fraudulento.

No es la única ventaja fiscal que te ofrecemos. Disfruta también de una de las tasas impositivas más bajas de la clase alta europea. Nominalmente parece que tenéis que pagar más impuestos que el pequeño y mediano empresario pero, gracias a las deducciones, el porcentaje final es menor que el de los curritos. Mientras a ellos les crujimos a impuestos para pagar una deuda pública que se podría cubrir con lo que los ricos defraudáis, a vosotros os ofrecemos montar una SICAV que tributa solo al 1%. No me digas que no: tienes que venir a descubrir este paraíso fiscal.

Te invitamos a descubrir un país como Colón. No Cristóbal sino el detergente. Nadie lava más blanco que nosotros. Somos los primeros de Europa en blanqueo de capitales, según un estudio de la secretaría de Estado norteamericana que los datos de Hacienda confirman. Aquí se lavan al año más de 190 millones de euros al año. Aquí hasta la hija del rey está acusada de hacer la colada con billetes de 500. Aquí hasta el yerno del monarca idea mecanismos para defraudar al fisco. Aquí hasta el soberano y el rey Midas de los bancos tienen cuentas en Suiza.