Santiago Carrilo, Felipe González y Adolfo Suárez. EFE

OTRA DEMOCRACIA

Ignacio Escolar

DIRECTOR DE ELDIARIO.ES

“¿Tú sabes cómo hizo Adolfo Suárez para lograr que las Cortes franquistas votasen su disolución?” La anécdota me la cuenta un veterano periodista. Dice que se la explicó el propio Suárez, en una cena privada, años atrás. “Se puso de acuerdo con varias embajadas, con la de Estados Unidos, la de Reino Unido, la de Israel… Les pasó una lista de los procuradores en Cortes más difíciles de convencer, los más duros, los que podían arrastrar al resto. Los embajadores les fueron invitando a viajes con su familia en el extranjero para conseguir que ninguno de ellos estuviese en el Parlamento el día en que Suárez planeaba convocar la votación. Lo consiguió. Casi todos picaron y se fueron de viaje. La ley para la reforma política salió adelante por mayoría, pero hubo unos cuantos procuradores que no llegaron a votar”.

La anécdota probablemente sea buena. No la he podido comprobar, pero es verdad que hubo un importante número de procuradores franquistas que no estaba en las Cortes aquel día; solo votó el 77%, según el boletín de las Cortes. Sea cierta esta historia, sea una exageración de Suárez o del periodista que me la contó, define a la perfección el mito de la Transición (sin pecado concebida): cómo España logró, contra pronóstico y por una suerte de batallitas, hazañas y heroicidades, pasar de la dictadura a la democracia por consenso y sin violencia.

El mito fundacional es falso por dos razones: porque hubo violencia, y mucha: más de 700 muertos, como recuerda en esta misma revista Ignacio Sánchez Cuenca. Y porque lo verdaderamente inusual habría sido que España hubiese continuado siendo por mucho más tiempo una dictadura, la única de su tiempo en toda Europa occidental. ¿De verdad el rey Juan Carlos y el resto de los protagonistas de la transición tenían otra opción que transformar ese régimen caduco y anacrónico en una democracia europea más o menos como las demás? ¿Realmente había otra alternativa para las élites españolas cuando inclu so Portugal había llegado a la democracia, en condiciones mucho más difíciles y con una economía menos desarrollada? ¿En serio hay que agradecer al rey que no se sumase al golpe de Estado del 23-F que, con sus desprecios a Suárez, había contribuido a engordar? ¿Es el modelo político, económico y cultural que parió aquella Transición el fin de la historia? ¿No hay nada más? ¿Acaso la Constitución bajó en unas tablas del monte Sinaí y es un texto sagrado que solo se puede tocar cuando lo ordena el BCE?

Aquel sistema democrático que nació de la Transición ha sido un éxito para España. Pese a sus muchos defectos, pese a la crisis actual, las tres décadas que vinieron después son, de largo, el periodo más próspero de nuestra historia. España no es lo que era, en la mayor parte de los casos para mejor. Incluso si nos comparamos con la terrible situación actual, en estos 35 años se ha avanzado en igualdad, en renta media, en acceso a la educación, en prosperidad… Pero el modelo sin duda está marchito y no es solo culpa de la depresión económica y ese abismo del paro en el que nos encontramos tras la resaca de la burbuja del ladrillo. Aunque la economía se recupere –si es que tal milagro se produce antes de 2018, que es la fecha que hoy pronostica el FMI para el fin de esta pesadilla–, hay otros problemas que no se van a resolver esperando que se arreglen solos sin más.

La España de las Autonomías es una fórmula agotada, incapaz de encajar ese país de “nacionalidades y regiones” del que habla la Constitución, un eufemismo con el que se quiso emboscar la realidad de un Estado plurinacional. La monarquía está tocada. No es solo por el talonmanista Urdangarin: también se ha roto el tabú sobre la figura del rey y hasta se habla de sus negocios y sus “amigas entrañables” en horario de máxima audiencia en televisión. El sistema bipartidista hace agua: nunca antes los dos grandes partidos han estado tan cuestionados ni ha sido tan baja su imagen en las encuestas. Solo un político recibe un suspenso mayor que el presidente del Gobierno peor valorado de la historia de la democracia: su supuesta alternativa, el líder de la oposición.

La corrupción dinamita la credibilidad de todas las instituciones, desde el Ejecutivo, hasta la Casa Real, hasta el Poder Judicial. Y los recortes, que imponen organismos por encima de nuestros ámbitos de soberanía –por encima del propio Parlamento–, están debilitando un Estado del bienestar español que aún estaba por terminar. La combinación de todos estos factores crea una enorme falla ciudadana; un divorcio que gestiona un Gobierno con una sólida mayoría absoluta en el Congreso, pero con un menguante apoyo social.

Sin duda estamos ante un cambio de régimen. Si esto fuese Francia, pasaríamos de la cuarta a la quinta República. Como esto es España, el resultado es más difícil de pronosticar. ¿Un estallido social violento? Parece improbable. Como argumenta Nicolás Sartorius, España es un país vacunado contra la violencia por los históricos fracasos de todos los intentos de lucha armada del pasado siglo: ETA, el maquis antifranquista o el terrorismo anarquista. ¿Un nuevo liderazgo político? No se vislumbra, aunque casi mejor que no aparezca si la solución es un Berlusconi español. ¿Una regeneración en los grandes partidos? Llegará, más tarde o más temprano, pero probablemente solo con eso no bastará.

De una manera u otra, la situación es tan insostenible que solo puede cambiar. Los años de la crisis van a ser el catalizador de un nuevo régimen, de un nuevo acuerdo social. Al igual que el periodo 1979-1982 configuró unas estructuras políticas, económicas, mediáticas y culturales que han sido hegemónicas durante las siguientes tres décadas, la actual gran recesión española acabará transformando el país, aún no sabemos si por reforma o por ruptura.

La única certeza del nuevo régimen es una palabra: democracia. Nadie pide otra cosa. Otra democracia mejor, más transparente, más avanzada, más participativa y más limpia. Las encuestas demuestran (ver infografía en página 70) que el apoyo a la democracia ha crecido en estos 35 años. Sin embargo, la palabra democracia no significa lo mismo para toda la sociedad. No todos la ven igual. Los estudios del CIS demuestran que para las personas de mayor edad, democracia equivale a prosperidad económica. Ligan el concepto a lo material, y están dispuestos a aceptar cierto nivel de corrupción o de injusticia si a cambio se garantiza el bienestar. Es la democracia del régimen de la Transición. Sin embargo, para los jóvenes, democracia es algo relacionado con los valores: con la participación, con el respeto, con ser escuchados, con la justicia, con la honestidad... Es algo sentimental, tal vez utópico. Pero si algo demuestra la historia es que los jóvenes, a la larga, siempre tienen todas las cartas para ganar.

Ilustración: César Fernández

¿TRANSICIÓN 2? NO, GRACIAS, YA VI LA PRIMERA Y NO ME GUSTÓ

Isaac Rosa

ESCRITOR

Se oyen cada vez más voces pidiendo una “Segunda Transición”, para superar la crisis institucional y sistémica en que andamos enfangados. Ojo con las palabras: cada vez que oigo hablar de una nueva Transición, pienso exactamente en eso: otra vez la Transición, repetir la jugada 40 años después. Sobre todo cuando quienes piden esa “Segunda Transición” siguen siendo fans de la primera. La Primera Transición (yo ya la llamo así, por si era la primera de una serie), reconozcámoslo, fue durante muchos años un éxito de crítica y público. Fijó un consenso social amplio, hegemonizó el discurso político y el cultural durante décadas, fue motivo de orgullo para toda una generación, y se propuso como modelo a exportar para otros países. Lo tenía todo para triunfar: un relato perfecto, intenso, emocionante, con buenos y malos, con intriga, con banda sonora tarareable y con final feliz. Fue bonito durante un tiempo, y hasta hace poco todavía eran más los que aplaudían que los que abucheaban. Pero la crisis, esto que llaman crisis, nos ha arrebatado del todo la inocencia. Ya no somos niños para una película infantil como aquella, y hemos comprendido que el bonito relato encubría la realidad de un país que no rompió con el pasado represor, que no construyó una verdadera cultura democrática, que fijó unos límites estrechos al juego político y que alimentó un sistema corrupto y un modelo económico de rapiña que nos ha acabado estallando en la cara.

Por eso ahora, cuando me cuentan lo del proyecto Transición 2, digo: “No, gracias, ya vi la primera y no me gustó”. Sospecho que muchos defensores de la “Segunda Transición” (término cuyo copyright tiene, por cierto, José María Aznar, autor de un libro así titulado en 1994) en realidad pretenden un remake, con nuevos actores y mejores efectos especiales, pero que no dejaría de ser una versión de lo mismo. Desde que Joan Garcés publicó su fundamental Soberanos e intervenidos sabemos bien que la Transición (la Primera) fue un proceso controlado y vigilado —desde dentro por los poderes económicos y desde fuera por uno de los bandos de la Guerra Fría—; que tenía unas líneas rojas muy claras en términos de desarrollo democrático, organización territorial y modelo económico; que avaló un pacto de silencio e impunidad; y que, de no ser por la presión popular, se habría quedado incluso más corta. “Segunda Transición”, ¿qué significa? ¿Más de lo mismo? ¿Que todo cambie para que todo siga igual?

Ilustración: RetroVisor.

ESPAÑA, UN ESTADO ZOMBI

El hundimiento económico y la corrupción han noqueado al sistema político que se inició en 1978. Nunca antes sus protagonistas, desde los políticos al rey, habían visto tan erosionada su credibilidad.

Iñigo Sáez de Ugarte

PERIODISTA. SUBDIRECTOR DE ELDIARIO.ES

Todo empezó con una plaza llena de gente. La respuesta inicial del sistema fue desdeñosa. Decían que los indignados eran cuatro gatos. Cuando no eran cuatro gatos, dijeron que no representaban a nadie. Cuando se vio que sí representaban a alguien, dijeron que eran peligrosos. Cuando empezó a vislumbrarse que el mayor peligro era no hacer nada ante este desafío, llegó la confusión. ¿Es posible reformar la democracia en España? Ante la amenaza de ruina del edificio, ¿vale con redecorar sus salas más importantes o son los cimientos los que hay que sustituir?

Qué tiempos aquellos en que todo parecía diferente y esas protestas podían ser ignoradas por el poder. ¿Cuándo? Hace sólo 22 meses. Algunas respuestas de entonces dejan ahora en evidencia a sus autores.

Ante la jornada de reflexión (aparentemente un nuevo pilar de la democracia) de las elecciones autonómicas de 2011, el director de El Mundo planteó el conflicto en términos apocalípticos: “Civilización o barbarie”. ¿Quién puede negar ahora que algunos de los rasgos distintivos de esa “civilización” han sido los sobres de Bárcenas, los sobornos de la Gürtel, las comisiones de Urdangarin, la cocaína de los ERE o los espías de Barcelona?

Los partidos políticos y sus diputados aún no tienen todas las respuestas y algunos ni siquiera saben cuáles son las preguntas. La comparecencia de Ada Colau en una comisión parlamentaria sobre la crisis de los desahucios reveló el abismo que se abre ante ellos.

En su intervención, Colau llamó “criminal” al representante de la patronal bancaria por no asumir ninguna responsabilidad, decir que la dación en pago “no resuelve nada” o que el sistema hipotecario es “eficaz”. El presidente de la comisión quiso que la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca rectificara. Debería de estar agradecida por haber sido invitada. No guardaba las maneras adecuadas. Ellos (los diputados) eran representantes de la soberanía nacional y se sentían amenazados. Colau se negó a aceptar ese discurso.

“Se le sometió a un juicio de la transición. Se le acusó de violenta”, explica Guillem Martínez, coautor del libro CT o la cultura de la transición. “Ese es el marco que ha existido en España. Todo lo que sobrepasa la cultura política española está formado por los violentos, los radicales. Ella no pudo ser sometida a este marco. Lo que ocurrió es que las personas que se manifestaron ante las sedes del PP tenían otra idea de violencia, denunciaban la que ejercen las entidades bancarias”.

Lo cierto es que, en otra época, Colau habría sido apartada por los grandes partidos y olvidada por ellos. Pero han perdido la capacidad de imponer los límites del lenguaje político y se han colocado a la defensiva. Cuando se discutió la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre desahucios en el Congreso, la PAH llevaba consigo 1.402.854 firmas. Los mismos partidos que, según Colau, les habían tratado en el pasado con “arrogancia y menosprecio” cambiaron de actitud.

El PSOE, que había votado contra la dación en pago, estaba dispuesto a considerar la idea. Y los dirigentes del PP “nos pidieron que saliéramos un momento al pasillo del Congreso”, explicó después Colau, “y nos dijeron que estaban planteando cambiar el sentido del voto y nos intentaban pedir que bajáramos la presión social. Estaban reconociendo que era la presión social la que los hacía replantearse el sentido del voto”.

Ya no son sólo los políticos los que marcan lo que puede o no hacerse. Y son más que los manifestantes del 15M o los firmantes de la propuesta de la PAH. El 74% de los españoles cree que el Congreso no representa a la mayoría de los españoles, según un sondeo de Metroscopia publicado en febrero por El País. Es más, el 80% no se siente personalmente representado. ¿Se puede caer más bajo? Parece que sí. El 85% dice que los diputados no desempeñan su trabajo con honestidad, un nivel de descrédito sólo comparable al de los banqueros.

“No nos representan”. No ocurre con mucha frecuencia que una pancarta termine siendo más representativa del estado de opinión de un país que los discursos en la tribuna parlamentaria.

¿Pueden abstraerse los políticos de esa presión social y confiar en que al menos les seguirá apoyando su gente, las bases del partido? No deberían estar tan seguros. El diputado socialista Ramón Jáuregui admite que en muchos temas la moderación de los líderes no es bien recibida: “Cuando discuto con muchas personas, descubro que en las bases hay una posición más rupturista. Citemos el caso europeo, por no citar la monarquía, que es más clásico. Hay una tendencia a un discurso antieuropeo que está aumentando en la izquierda. Y así otros muchos ejemplos. Sí, creo que las bases han cambiado, y no existe la fuerza vertebradora que [los dirigentes] teníamos antes”.

¿Hasta qué punto está corrompido el sistema político para que tanta gente haya perdido la confianza en los políticos y para que la palabra reforma parezca hasta insuficiente? Guillem Martínez lo ve claramente como una crisis sistémica. A diferencia de los bancos, el Estado ya no es demasiado grande para caer, y la corrupción ha dado el tiro de gracia a un proceso de decadencia: “Desde el momento en que comenzó a apuntarse el caso Bárcenas y el caso Urdangarin, todos los profesionales del sistema político sabían que se había acabado, que esto es el fin. Es la explicación de que el sistema es corrupto, no es soberano y actúa sólo en beneficio propio”.

Las críticas más duras a la situación actual no conducen necesariamente a una posición rupturista. El periodista José Antonio Zarzalejos introduce una distinción interesante: el sistema político, que cuenta con mecanismos para su reforma, y el régimen político, “que es el que ha entrado, digamos, en barrena y que está en una fase terminal”. ¿Qué entiende el exdirector del diario Abc por lo segundo?: “Me refiero a funcionamientos y hábitos de las élites dirigentes, no sólo de la política, sino también empresariales, financieras y hasta culturales. Se mueven con unos patrones impropios de un sistema democrático. Nadie se apea del poder. No hay renovación en la clase política, y tampoco en la empresarial. Hay un falseamiento de la democracia. No se atiende a la opinión pública y se la ignora con un cierto despotismo”.

Ante este panorama tan deprimente, parece poco probable que una reforma de la Constitución o de cualquier ley pueda surtir efecto. Es un problema de mentalidad de la clase dirigente. España tiene un defecto estructural en la maquinaria de fabricación de sus élites. La fidelidad al líder, nacional o local, es el activo más poderoso para hacer carrera. La conexión del diputado con sus votantes es entre reducida y nula. Los rebeldes son expulsados de las listas electorales. Los puestos de mando intermedios en la Administración son utilizados para alimentar una amplia red clientelar. En algunas Comunidades Autónomas, hasta los empleos de conserje se conceden a las personas conectadas con el partido, aunque sea sólo vía familiar.

Y, como decía Zarzalejos, el problema no se reduce a los políticos. Un personaje como Gerardo Díaz Ferrán, hoy en prisión, llegó a ser presidente de la CEOE. En cuanto a la falta de relevos en la cúpula, hay pocos ejemplos tan llamativos como el de Cándido Méndez, que lleva casi 19 años al frente de UGT. No hay que saber mucho de sindicalismo para saber que será reelegido de forma abrumadora. Y en cuanto a niveles astronómicos de negligencia, pocos pueden superar a los financieros y políticos que hundieron a las cajas de ahorro y que vieron premiada su incompetencia con indemnizaciones millonarias.

No va a salir una nueva generación de políticos en cuestión de meses, pero las posibilidades de mejora aumentan si se cambia la forma de elegirlos. El financiero César Molinas provocó una intensa discusión con un artículo en el que decía tener el remedio para acabar con las llamadas “élites extractivas”. Todo se solucionaría con el sistema electoral británico: “Los sistemas mayoritarios producen cargos electos que responden ante sus electores, en vez de hacerlo de manera exclusiva ante sus dirigentes partidarios. Como consecuencia, las cúpulas de los partidos tienen menos poder que las que surgen de un sistema proporcional y la representatividad que dan las urnas está menos mediatizada”.

La letra suena bien, pero la melodía desafina. El sistema británico no impidió la extensión de privilegios en una casta desconectada de sus votantes, como demostró el escándalo de los gastos de los parlamentarios. Los beneficios existen pero al precio de reforzar el bipartidismo. Hacerlo en la época en la que el PP y PSOE están viendo erosionada su base electoral no parece muy inteligente. O sí lo es, si la única prioridad es salvar al bipartidismo de sí mismo.

Hay algo más importante: en el Reino Unido el Parlamento es el auténtico centro de la vida política nacional. Pongamos un ejemplo. El viernes 23 de febrero pasadas las diez de la noche, la agencia Moody’s quitó a la deuda soberana británica la calificación AAA. El lunes a las tres y media de la tarde, el ministro de Hacienda compareció en la Cámara de los Comunes a petición propia para hacer una declaración sobre la política económica del Gobierno y responder a las preguntas de los diputados. Sólo habían pasado 63 horas. Algo así sería imposible en España. Los gobiernos mantienen controlado al Parlamento. No quieren sorpresas.

Casi cualquier llamamiento a reformas estructurales pasa por cambios constitucionales. Algunos creen que ese remedio ya no es suficiente. “Se está depositando en la reforma de la Constitución unas expectativas que no creo que se cumplan”, dice Belén Barreiro, presidenta del CIS hasta septiembre de 2010. “Si coges los problemas más graves, crisis económica y corrupción, sinceramente me pregunto qué tiene que ver la Constitución con todo esto”.

El Gobierno ya ha dejado clara su posición sobre tocar la Carta Magna: no a todo. “Lo peor que podría hacer España es abrir un paréntesis indefinido sobre su propio rumbo político. Conmigo, no cuenten”, dijo Rajoy en el debate del estado de la nación.

Si bien el PSOE se muestra más abierto a cambios, se mueve con extraordinaria cautela y en función de los acontecimientos de Cataluña. Sí tiene una propuesta concreta de reforma constitucional centrada en acercarse al federalismo.

“Todo lo que hemos elaborado se inspira en el modelo alemán”, dice Ramón Jáuregui. Proponen la eliminación del Senado y la creación de una “Cámara de representación territorial de los Gobiernos autonómicos” (como el Bundesrat alemán). El Título VIII de la Constitución es “enormemente complejo y confuso”. La alternativa: “Un solo artículo en la Constitución explicando las competencias exclusivas del Estado, punto. Todas las demás, a las comunidades autónomas”. También hay que respetar las singularidades de las nacionalidades con lengua propia: “Creemos que tenemos que hacer un marco en el que Cataluña –y también Euskadi– se sienta cómoda sin cercenar la igualdad”.

Jáuregui admite que en España hay muy poca cultura federal y que existe una “confusión entre igualdad y uniformidad”, a pesar de que el Tribunal Constitucional ha dejado claro que el sistema autonómico entraña diferencias. La crisis ha acentuado las críticas a las CCAA y reforzado a los que apoyan un giro centralizador. “Ahora hay toda una corriente mediática muy recentralizadora y antiautonomista que el Gobierno no ha combatido”, lamenta Jáuregui.

En este caso, olvida que los socialistas extremeños se han distinguido a lo largo de años en sus críticas a las peticiones de los nacionalistas catalanes o del PSC. Belén Barreiro recuerda además que antes de la crisis las críticas del PP habían hecho crecer “las posiciones a favor de un Estado centralista”.

Lo que no considera el PSOE bajo ningún concepto es discutir la existencia de la monarquía. El monarca ha sido respetuoso con el marco democrático, dice Jáuregui, y además sólo hablamos de elegir a “un jefe de Estado con facultades simbólico-formales”.

Quien siente más urgencia es Zarzalejos, que se considera monárquico y ha escrito varios artículos sobre la crisis de la Casa Real. Cree que la monarquía puede ser “funcionalmente democrática” en la medida de que sirva a los intereses del Estado. Pero es consciente del deterioro de su posición ante la opinión pública, y no por razones políticas, sino por la conducta del rey, es decir, “por razones de edad, salud y deterioro de la gestión del titular”.

El exdirector de ABC cree que ha llegado el momento de plantear seriamente la opción de la abdicación y que la corona pase a manos del príncipe. No sería “un fracaso”, sino hacer posible la continuidad de la institución.

Lo que ya no es posible es mantener el discurso oficial del papel básico del rey en el establecimiento de la democracia al que se apuntan constantemente los grandes medios de comunicación. Esas hazañas bélicas (“episodios nacionales” en expresión del periodista) son irrelevantes para las nuevas generaciones.

El riesgo está claro: “Si no hay un debate sobre cómo tiene que ser la monarquía más allá del carisma que ha tenido don Juan Carlos, si aquí seguimos con el prietas las filas y seguimos haciendo de la monarquía un tabú, estamos abocados a que la monarquía colapse”.

Ya a finales de 2011 en una encuesta de El País los partidarios de la monarquía y la república alcanzaban el mismo porcentaje entre los menores de 35 años: 45%. Las revelaciones sobre los negocios de Urdangarin y el accidente de caza de Botsuana han empeorado la posición del rey.

Zarzalejos insiste en que la cuestión de la abdicación no es un episodio de la vida privada del monarca ni una cuestión familiar, sino que debe ser un debate público en el que participen el Gobierno y la oposición. De otra manera, ¿cómo se le puede llamar monarquía parlamentaria?

No es eso lo que opina el PSOE, que casi parece aterrorizado ante la simple mención del asunto. “La decisión sobre el futuro del rey corresponde al rey”, ha dicho Soraya Rodríguez, portavoz parlamentaria del partido. Los socialistas no quieren entrar en ese debate. Es probable que la mayoría de sus votantes no piense igual.

Y todo eso antes de que Corinna se paseara, presumiblemente con el permiso del rey, por las portadas de El Mundo y Hola luciendo joyas de gran valor y en calidad de amiga “entrañable”. Al menos, esta vez María Antonieta no ha pedido a los parados que si no tienen pan, coman pasteles. La conducta del yerno y de la amiga íntima hace cada vez más insostenible la actitud de los dos grandes partidos de aislar al rey del escrutinio público habitual en una sociedad democrática.

Dentro del sistema, las reformas estructurales no son viables si no hay un acuerdo básico. ¿Consenso? Es una de las palabras mágicas de la Transición, el grial de la CT, pero ya sólo funciona como placebo de la clase política. Las propuestas de “pactos de Estado” ya no impresionan a nadie. Lo nuevo es que los ciudadanos han perdido toda esperanza en que unos políticos resignados a seguir las instrucciones de Bruselas puedan cambiar el curso de los acontecimientos. Un Estado zombi, eso sí, podría durar mucho tiempo. Ha ocurrido antes en la historia de este país.

@ManelFontdevila

Fotos: Marta Jara

DECONSTRUYENDO LA TRANSICIÓN

eldiario.es se reúne con Alberto Garzón, María González Veracruz y Nicolás Sartorius para diseccionar la Transición española y las consecuencias de aquel periodo, mitificado por algunos y cuestionado por otros. Con ellos abordamos los asuntos que quedaron pendientes en la construcción de la democracia.

Olga Rodríguez

PERIODISTA. DEFENSORA DE LA COMUNIDAD DE ELDIARIO.ES

“La democracia real solo es posible sin capitalismo”

ALBERTO GARZÓN

Economista de formación, es uno de los políticos más vinculados a movimientos como el 15M. Es diputado por Málaga y miembro de la dirección de IU.

A sus 27 años, este diputado, el más joven del Congreso y el tercer político más influyente en Twitter, vislumbra un proceso constituyente a partir de la crisis actual, republicano, democrático y con otro modelo económico.

¿Qué fue la Transición española?

La Transición quedó reflejada en la Constitución del 78, en la que hay elementos positivos para la construcción de la democracia, que son los relacionados con el Estado de bienestar, conquistados por la presión de los trabajadores de la lucha antifranquista. Y por otro lado hay muchas cesiones consecuencia de la correlación de fuerzas existente.

¿Qué cesiones?

La Transición legaliza partidos sin modificar el proceso de distribución de la renta, la riqueza o el poder. Es decir, las oligarquías del franquismo siguen siendo después las oligarquías de la democracia, incluso los títulos nobiliarios siguen teniendo la misma vigencia. La Transición no se hace por revolución, es una transición de una dictadura férrea que va mutando sin cambiar a las personas, que pasan de franquistas a demócratas en un día. Esto lleva a una amnesia y a un relato de la equidistancia que dice que es lo mismo luchar contra una dictadura que mantenerla.

Habla de una correlación de fuerzas. ¿En este momento se podrían replantear algunas cuestiones de aquella Transición?

Sí. El relato de la Transición conseguida por hombres brillantes de Estado dispuestos a ceder espacios ideológicos en pos de la unidad común se ha caído. Los que hemos nacido después del 78 no podemos interiorizar aquel relato. Las instituciones están en crisis, no solo por cómo fue la Transición, sino también por la crisis que pone en entredicho las políticas económicas que se han aplicado y las instituciones relacionadas con el sistema político, la Casa Real o el sistema judicial.

¿Considera necesaria la monarquía?

Soy republicano por convicción democrática, defiendo que todas las personas sean iguales ante la ley independientemente de la familia de la que procedan. En segundo lugar, el rey es un instrumento para fortalecer ese relato de la transición al que me he referido. Jugó un papel en la construcción de la democracia de baja intensidad que hemos tenido desde entonces. Esto no significa que tenga que seguir. Creo que no se le debe nada en términos políticos.

¿Qué habría que cambiar del modelo actual?

Se necesita una nueva Constitución que pueda reflejar una ruptura con instituciones ya caducas, concebir la política de otra forma distinta, que se aproxime de verdad a fenómenos como la corrupción, la organización de la economía y los servicios públicos. Por mucho que cambien las caras, si no cambian las instituciones sigues jugando en el mismo tablero de ajedrez, con las mismas reglas.

¿De qué modo habría que modificar esas reglas?

La democracia real solo es posible sin capitalismo. Estamos en una democracia de mercado en la que el que tiene más dinero es el que más manda. Si hubiera una democracia real, nuestra capacidad de acción iría mucho más allá que un voto cada cuatro años. Decidiríamos qué hacemos con los recursos económicos. Sería deseable una Constitución que garantice una democracia económica, porque, si no, llegas al Gobierno y te das cuenta de que careces de instrumentos y capacidad de acción. Le ocurrió a Zapatero: sin banca pública, sin capacidad fiscal, sin grandes empresas públicas, lo que le queda es pedirle a Botín y al Santander que se comporten bien. Estamos en una democracia representativa casi pura y es preciso avanzar hacia una democracia participativa.

¿Qué debe hacer la izquierda para impulsar ese giro? ¿Necesita la izquierda una segunda transición?

Lo que necesita es recordar que en el pasado tuvo que hacer muchas cesiones que no son comprendidas por los más jóvenes. Y al hacer aquellas cesiones se desprendió de símbolos identitarios, lo que contribuyó a que su base social se disgregara. Construir una base social implica dotar de una identidad a un proyecto. Ahora tenemos una democracia donde los partidos políticos tienen un papel nuclear, están configurados de una forma muy antidemocrática y rígida en su funcionamiento interno, con procesos de promoción muy poco meritocráticos. Esto ha facilitado que los partidos tengan unas oligarquías cooptadas por el poder económico en los casos en los que ha habido una gestión institucional, sobre todo PP y PSOE. Esas oligarquías no están dispuestas a pactar en términos de programas o ideas. Por eso la unión de los partidos es muy difícil.

¿La unión de la izquierda?

Sí. Cuando se dice “vamos a unir a la izquierda”, esto es extraordinariamente complicado por el modo en que están configurados los partidos. Sin embargo, es mucho más factible reagrupar a las bases sociales de esos partidos, con inquietudes similares. Es por ahí por donde hay que avanzar. No es casualidad que en América Latina los procesos de transformación que han ido a la raíz del problema los hayan llevado a cabo movimientos nuevos que han aglutinado muchos sectores antiguos. Por ahí tienen que ir las directrices: un proyecto político y económico que dé respuesta a los problemas de la ciudadanía, que construya una democracia y que intente centrarse en las ideas y en el programa y no en las cuestiones identitarias de cada partido, porque ahí sí que va a haber obstáculos.

Es decir, ¿habría que contar con los movimientos sociales?

Sí, a eso me refiero. Las encuestas reflejan un alto nivel de aceptación de las pensiones y la sanidad públicas o de la dación en pago retroactiva superior siempre al 70%, pero el Parlamento vota siempre en dirección contraria. La voluntad de la ciudadanía se pierde en ese camino. Hay trampa. Se define la voluntad de la gente solo a través del resultado electoral que obliga a concentrar toda tu ideología en un voto. Un proceso constituyente implica reunir a la ciudadanía para que debata lo que hay que consolidar y reformar, y eso no se puede hacer solo con los partidos tradicionales. Por ejemplo, Izquierda Unida, que se define actualmente como partido y movimiento social, tiene que seguir perdiendo parte de partido y ganando parte de movimiento social para establecer mayor horizontalidad. Todo esto es un proceso. Si se aborda, se verá que mucha gente que votó al PP en determinados momentos va a defender la sanidad pública, por ejemplo. Hay que romper por tanto esa mediación rígida de los partidos y es fundamental que movimientos sociales como el 15M o la PAH participen en ese proceso.

¿Este proceso es posible dentro de la Unión Europea?

La UE actual está alejada de la ciudadanía. En términos teóricos sería ideal construir una UE distinta, democratizar el BCE, impulsar una unión política y fiscal. Pero no es probable que esto ocurra por la correlación de fuerzas actual, que no va en esa dirección. Entonces, ¿qué sería lo mejor? Que esa articulación de alternativas se haga en la periferia de Europa, entre Grecia, Portugal, España e Italia fundamentalmente, que compartiendo su papel dependiente de un centro europeo puedan convertirse en un punto fuerte para negociar, casi forzando a las instituciones supranacionales a una modificación. Es decir, una especie de lucha de clases a escala estatal que diga: “O esto se cambia o hacemos implosionar la UE”. No podemos ir hacia una autarquía pero tampoco terminar absorbidos por instituciones antidemocráticas que conducen a un modelo injusto y antisocial.

“Es el momento de reconstruir la política”

MARÍA G. VERACRUZ

Licenciada en Bioquímica, es secretaria de Participación, Redes e Innovación del PSOE, además de diputada en el Congreso por la Región de Murcia.

La diputada socialista, nacida en Murcia hace 33 años, es uno de los nuevos rostros dirigentes del PSOE. Se manifiesta a favor de revisar el modelo de Estado para garantizar los servicios sociales y alcanzar una democracia más directa.

¿Qué aciertos y errores tuvo la Transición?

El principal acierto es el mismo que el principal error. Que todos cedieran un poco para alcanzar consenso es sin duda el principal acierto y a la vez es lo que deja algunas cuestiones importantes, errores que en un momento como ahora hay que subsanar, yo creo. Son una cierta rigidez y una propia concepción del Estado y de las instituciones muy centrada en ese momento para resolver una situación.

¿Hubo una democracia otorgada o conquistada?

Yo creo que otorgada no. No se pueden hacer los análisis treinta años después sobre una situación que se vivió muy impactante para la ciudadanía. Yo soy muy empática y trato de ponerme en el lugar de aquella gente y no solo de los partidos, sino de la ciudadanía. La gente que vivió aquello te cuenta cómo sintió que conquistaba la democracia y los derechos y libertades que vinieron después. Respetando e incluso queriendo lo que sucedió, me refiero con querencia, no se puede equiparar a este momento. Creo que toca una segunda fase de apertura o de madurez o de conquistas, pero no de retrocesos, porque creo que hay unos discursos un poco peligrosos.

¿Cuáles?

Los antipolítica. Es el momento de reconstruir la política, el Estado en toda su definición, porque el Estado no es solo la política, evidentemente. Ahora toca reinventar. Pero siempre respetando lo que somos y para la mejora, nunca para el retroceso. Deteriorar la propia democracia creo que es muy peligroso y no nos lo podemos permitir. Después de la democracia no hay nada y lo que hay me da miedo. Quiero más democracia real, pero democracia.

¿Cómo se consigue eso?

Trabajando esa reconquista ciudadana. Creo que ahora hay que hacerlo desde abajo y no desde arriba. Solo saldremos mejor de esta si conseguimos que los ciudadanos tengan un papel central en la nueva definición de la política, del Estado, de la democracia.

¿Hay margen para ese cambio en este modelo?

La situación mundial es conocida, creo que no se puede ser tan sumiso a Europa y que hay margen para plantarte de alguna manera. ¿Cómo? Ganando una Europa más socialdemocrata, porque tenemos una Europa de mayoría de derechas, y el problema no es la política sino la falta de política, el problema es que el Banco Central Europeo no emita eurobonos y que al final sea Angela Merkel la que mande. ¿Cómo se puede frenar eso? Solo con políticas y solo con más izquierda en Europa. Por eso son tan importantes las elecciones europeas. Y en España es el momento de abordar una reforma fiscal, que, un poco de autocrítica aquí, no hemos abordado hasta ahora y puede ser uno de los mayores fallos que hemos tenido en los últimos años: que los que más tienen aporten más, abordar una economía más justa a la vez que más competitiva.

Los sindicatos jugaron un papel muy importante en la Transición. ¿Cuál han de desempeñar ahora?

Los sindicatos tienen el reto, al igual que los partidos políticos, de reinventarse de alguna manera, pero bajo mi punto de vista son imprescindibles ahora más que antes. Hay que combinar la modernización, los retos que tiene un sindicato en el siglo XXI, como nosotros los partidos, con su absoluta necesidad, con una base social que defienda sus derechos.

España es el segundo país del mundo con más fosas comunes. ¿No cree que esto ha contribuido a una cierta cultura de la impunidad?

Siempre he pensado que para volver a entedernos todos había que cerrar bien las heridas. En el proceso de reconciliación no pasa nada por superar algunas cuestiones. Yo defendí la ley de Memoria Histórica e incluso creo que algunas de las reivindicaciones por parte de las asociaciones eran muy legítimas. Podíamos haber ido un poquito más allá y no entiendo por qué la derecha se pone tan nerviosa cuando a las víctimas se les otorga lo que se merecen. Así que, sin duda, sí puede haber una relación entre una cosa y otra, sin tratar de abrir nada, ni de culpar, sino simplemente de hacer justicia en positivo. En cualquier caso no se nos puede olvidar que todo lo que tenemos es muy reciente y le ha costado mucho a muchas personas. Hay que ser autocrítico para mejorar, pero no podemos caer en la autodestrucción. Tengo 33 años y quiero valorar que he estudiado en una escuela pública, que he tenido libertad, que he tenido más derechos que mi madre o mi abuela. Para ser capaces de construir el futuro tenemos que valorar mucho nuestro presente y nuestro pasado más reciente.

¿Cree que se pueden abordar esas cuestiones que algunos sectores consideran que quedaron pendientes?

Creo que habría que revisar muchas cosas. Creo que hay revisar el modelo territorial, más federalismo, más unión, más control sobre los derechos de los ciudadanos. Hay que revisar el modelo de Estado para poder satisfacer a quienes necesitan del Estado para tener garantizada su sanidad y educación y para quienes no se sienten identificados y tienen anhelos de irse incluso puedan volver a sentirse. También es el momento de la laicidad del Estado, habría muchos capítulos que revisar, la democracia más directa, habría que revisar los mecanismos de la iniciativa legislativa popular o la propia reforma electoral.

¿Qué papel desempeña la monarquía en todo esto?

Yo respeto que muchos de mis mayores vean la monarquía casi como una garantía para la democracia porque tienen muy reciente demasiadas cosas. El otro día cuando volvía a ver la imagen del golpe de Estado, la verdad es que se te ponen los pelos de punta. Entiendo que para mucha gente es muy importante, pero también soy consciente de que para mucha gente más joven simplemente le chirría que porque nazcas en una familia tengas privilegio y seas jefe de Estado, con lo cual yo creo que ese debate está ahí. No sé si en este proceso el partido va a llegar tan lejos porque creo que hay otros temas mucho más urgentes que abordar, como la laicidad. El asunto de la laicidad chirría todavía más, pero bueno, es un debate que está ahí.

Recientemente participé en una conferencia sobre economía y en el turno de preguntas un hombre del público dijo: “Yo he militado en la socialdemocracia y ahora me arrepiento porque abrazó el neoliberalismo”. ¿Qué le parece?

Es normal, por la situación que vive muchísima gente. La mayoría de la gente a la que le repercuten negativamente las políticas de la derecha es gente que cree en otra cosa. Estoy convencida de que hay mucha gente que es socialdemócrata, progresista. Y creo que esa frustración es normal pero el único matiz que tengo está precisamente en la solución. La solución es esa. Si en un momento determinado no hemos sido lo suficientemente contundentes o no hemos tenido la suficiente fuerza, ahora tenemos que ganarlo y eso solo se gana desde abajo. Entiendo que es un sentimiento que tiene mucha gente y estamos trabajando para demostrarle a esa gente que somos ellos, que defendemos lo mismo, aunque en un momento determinado hayamos podido equivocarnos o ser más flojos.

“Los grandes cambios ocurren cuando la gente se moviliza”

NICOLÁS SARTORIUS

Vicepresidente de la Fundación Alternativas, fue preso del franquismo por militar en el PCE y CC OO. Dejó IU en 1996 y entró en el PDNI, partido que acabó integrado en el PSOE.

Nicolás Sartorius sufrió la represión franquista y, como dirigente del PCE y CC OO, fue testigo del tránsito de la dictadura a la democracia. Ahora, a sus 74 años, repasa aquella época que vivió activamente y analiza el contexto actual.

Siempre ha dicho que los movimientos sindicales fueron clave en la Transición...

Sin duda. Aquí ha habido una historia mal contada. Parece que cuando Franco muere llega la democracia, y no es verdad. Franco muere y llega Arias Navarro, que representó un Gobierno dictatorial, sin libertades. Durante ese periodo decisivo, desde Comisiones Obreras y otros movimientos conseguimos una movilización fortísima, con huelgas y manifestaciones enormes. Esto hizo inviable que la dictadura, bajo otras formas, pudiera continuar, y es lo que empujó al Rey a quitar a Arias Navarro y traer a Suárez. Sin aquellas tremendas movilizaciones, no habría podido haber democracia, o habría tardado mucho más.

O sea, que, en su opinión, fue una democracia conquistada.

Mi opinión es que fue una democracia conquistada, con muchos más sacrificios de los que se ha dicho, con miles de años de cárcel de mucha gente, muertos, asesinatos. Evitamos un choque frontal violento en el que habrían tenido que intervenir las fuerzas armadas, pero hubo mucha violencia contra esos movimientos de protesta y por lo tanto no fue para nada una democracia otorgada, sino conquistada. Hubo un momento de movilización y luego tuvimos que pactar también, porque cuando la relación de fuerzas no te permite conseguir todo lo que quieres, tienes que pactar.

¿El precio de ese pacto fue muy alto?

Yo creo que en términos democráticos no. Hubo que hacer concesiones. Por ejemplo, no encarcelar a los que habían torturado y matado. Si lo hubiéramos hecho, no habría habido democracia, habría habido un enfrentamiento violento. No teníamos toda la fuerza, porque la fuerza de las armas la tenían los de enfrente. Un cierto precio con la Iglesia también se pagó. Por ejemplo, las relaciones Iglesia-Estado a través del Concordato preconstitucional, porque se hizo antes de la Constitucion. Pero el meollo de la cuestión, que era la democracia, las libertades democráticas, la homologación de España en un sistema europeo, eso se conquistó.

¿Y con respecto a la monarquía?

Se aceptó porque era parte del pacto. En el PCE y en CCOO discutíamos sobre esto: Si la monarquía era una monarquía donde el rey no tenía poderes ejecutivos, a nosotros nos valía. Yo, desde un punto de vista teórico racional, soy republicano. Pero el rey jugó un papel importante en un momento determinado de la Transición, contribuyendo a que no hubiera un enfrentamiento entre la oposición y el régimen. Cumplió un papel positivo. Y, además, este rey no ha borboneado, no ha intentado poner o quitar Gobiernos o ministros.

Además de la represión oficial, ¿qué otras fuerzas jugaron un papel obstaculizador en ese camino hacia la democracia?

La ultraderecha jugó un importante terrible, cometía asesinatos, intentaba hacer descarrilar el proceso. También estaba ETA asesinando, jugando un papel desestabilizador. Creo que es muy injusto cuando ahora se juzga la Transición con cierto sentido crítico, porque no se tiene en cuenta la situación de entonces. Había un Ejército con mandos franquistas dispuestos a dar un golpe de Estado como el que se intentó el 23-F. Todos los aparatos del Estado procedían del franquismo, una judicatura que había comulgado con la dictadura. Teníamos que medir muy bien la relación de fuerzas, porque si no lo hacíamos, podíamos llevar a la gente al desastre. Además, todos los países de Europa querían una democracia en España pero no una desestabilización violenta. De hecho, intervinieron todos apoyando la monarquía: EEUU, Francia, Reino Unido.

Y Alemania.

Alemania, por supuesto. Todos apoyaban al rey para que pudiera llevar a España a una democracia que nos permitiera entrar en la UE. Teníamos fuerza para impedir que el régimen continuara bajo otras formas, pero no teníamos fuerza para darle una vuelta completa, para hacer una revolución política.

¿Qué pasó después con la fuerza de la calle? ¿Es probable que se institucionalizara demasiado?

Creo que los partidos se olvidaron de que, para conquistar cosas, para mejorar, hay que saber combinar muy bien el trabajo institucional con el trabajo en la calle. Si te apartas de la calle, si te olvidas de ella, estás perdido. Todos los avances importantes que se han dado en la humanidad han sido siempre por la movilización de la gente. Sin ella, no hay conquistas serias. Los grandes cambios se producen cuando la gente se mueve. Por tanto, hay que trabajar en ese sentido. Los partidos tienen que salir de sus locales, tienen que ir a las asociaciones, a los barrios, a la calle.

¿Qué relación de fuerzas sería necesaria ahora para abordar los asuntos que no pudieron abordarse en la Transición?

La relación de fuerzas ahora buena no es. Creo que hay varios asuntos. Una cosa es intentar sentar en el banquillo a los represores de entonces, que se puede plantear y me parece muy bien que Baltasar Garzón lo intentara, pero eso es un tema jurídico. En todo caso, yo no iría por ahí. En cambio, creo en el derecho a conocer lo que pasó. El Estado debería colaborar y el PSOE debió colaborar cuando estuvo en el poder. El derecho de las víctimas a ser reparadas es fundamental, y el Estado tiene la obligación de colaborar, ya sea en descubrir los cadáveres en las cunetas, los muertos que hubo.

¿Por qué no se ha hecho?

Porque no ha habido voluntad de hacerlo. Eso es un fallo, un error que se puede echar en cara a todos los gobiernos. No hay derecho a que la gente tenga familiares en fosas comunes, que no dispongan de todos los instrumentos del Estado para saber dónde están y usar los medios para encontrarlos. Esto es algo que hay que seguir reivindicando y luchando por ello. Por tanto, memoria y conocimiento de lo que ha pasado, y no solo en los libros que se están publicando, sino también en la televisión...

¿Y en los libros de texto?

Y en los libros de texto. Es fundamental. El Estado tiene que intervenir para reparar lo que hubo, asesinatos y crímenes de la Guerra Civil, que son miles y miles enterrados por ahí.

¿Qué otros cambios considera que se podrían abordar ahora?

Centraría el tiro en una batalla potente contra los desahucios y en la lucha contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales. Es un escándalo ante el que los movimientos sociales tendrían que empezar a moverse, podrían concentrarse delante de quienes no pagan, por ejemplo. No hay ingresos porque las multinacionales y los ricos no pagan, porque tienen todo tipo de instrumentos para no hacerlo. Si todos pagaran impuestos, no tienes déficit ni deuda, y habría dinero para la sanidad, para la educación.

¿Es necesaria una segunda Transición?

Yo a la Transición la absuelvo. Pero sí son precisos cambios. Necesitaríamos un gran pacto para abordarlos. Hay que cambiar el sistema productivo, porque el que había ha reventado. También es precisa una reforma de la política, de los partidos, de la ley electoral, hacer una semejante al modelo alemán, donde una parte de los diputados se elige en listas de partido y otra por circunscripciones. Hay que abrir las primarias a los ciudadanos. No es lo mismo un candidato apoyado por tres millones de personas que por cien dirigentes del partido reunidos en una sala. ducen a un modelo injusto y antisocial.

Flujo de interacciones en redes sociales en 2011. ONTSI

LA POLÍTICA SERÁ OTRA COSA

La generación que encontró su espacio político en Internet ha reventado las costuras de lo institucional. Ahora, un nuevo modelo de participación social amenaza el inmovilismo y los fetiches de partidos, sindicatos y movimientos sociales tradicionales.

Juan Luis Sánchez

PERIODISTA. SUBDIRECTOR DE ELDIARIO.ES

Una tarde de invierno sin frío. Sábado. La convocatoria no coincide con ningún partido de fútbol importante. Las redes sociales llevan 12 días en tensión, 12 días cuajando un caldo de cultivo a punto de romper a hervir. La hora fijada, perfecta: seis de la tarde. El aviso es desordenado, amateur y con solo 34 horas de antelación, pero ya están al tanto en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza... También hay concentración en otros países. Twitter, mientras, revienta por el escándalo político. Los medios de comunicación, preparados para la prueba del algodón. Va a pasar, parece que va a pasar: se van a llenar las calles.

No pasó.

Ese día fue el 11 de diciembre de 2010 y Wikileaks llevaba dos semanas publicando entre fanfarrias escándalos extraídos de cables diplomáticos. La plataforma sufría el acoso mediático y era boicoteada por Visa, MasterCard y PayPal. Y con todo, tras 12 días de portadas digitales, manos en la cabeza y trending topics, en la manifestación de Madrid no había más de 300 personas. Sumando todos los asistentes en las diferentes convocatorias españolas, no había más de 1.000.

Ah, claro, es que “el mundo virtual es una cosa, pero el mundo real es otra”, se escribió. Ah, claro, es que “qué fácil es hacer click, darle a me gusta”, pero luego “hay que estar en la calle para cambiar las cosas”.

Lo mismo ocurrió con la oposición a la ley Sinde. El 16 de enero de 2011 se convocaba una manifestación en Madrid contra la aprobación del texto; fueron 40 personas. El 4 de marzo, otra; fueron 200.

Sin embargo, el análisis de los datos publicado en varios estudios académicos –cómo se echan de menos los enlaces en un artículo en revista de papel– señala que sin el músculo digital acumulado durante aquellos meses contra Sinde y con Assange no se entiende la eclosión social en 2011, no se explica la manera en que se ha expresado la desesperación, no se acaban de identificar los nodos de influencia que potenciaron la protesta.

La red como músculo político, la calle como fetiche mediático. En otras palabras: fracaso tras fracaso en la calle, el éxito se abría paso en red. Invisible a la miopía mediática, una malla cultural y social se tejía en la periferia y comenzaba a repolitizarse. Gente que huyendo de la política acabó encontrándose con la política.

El proceso había comenzado mucho antes. Con el Nunca Máis, luego con el No a la guerra, con el “queremos votar sabiendo la verdad” del 13M de 2004, luego con el movimiento V de Vivienda o de cultura libre... Una corriente generacional ajena a las estructuras políticas clásicas fue madurando usando la tecnología y sus códigos. El arroyo subterráneo crece hasta desbordarse en superficie entre el 15 y el 22 de mayo de 2011.

Ese nuevo músculo digital pertenece fundamentalmente a “gente de entre 20 y 30 años que no había tenido experiencias de politización más allá del desencanto de sus padres o de sus hermanos mayores en los años 90”, explica Víctor Sampedro, catedrático de Opinión Pública que dirige el máster en Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digitales de la Universidad Rey Juan Carlos. Como no encuentran espacios políticos propios, esos jóvenes durante años “se refugian en la red, donde socializan sus ideas sin prejuicios o militancias concretas”. Por eso, la ley Sinde tiene tanto que ver con todo lo que ha pasado. “La gente se quejaba: vaya con estos jóvenes, son capaces de movilizarse por Internet y no por otras cosas”, recuerda Sampedro. No entendían que se estaba tocando el espacio político de la “ciudadanía digital”, que en ese momento empieza a salir del refugio, espoleada. “La marea por los derechos digitales se convierte en una marea por los derechos sociales”.

La política tradicional no supo preverlo, verlo ni entenderlo porque miraba al sitio equivocado. En el esquema que ahora se desmorona, tanto para la derecha como sobre todo para la izquierda, el único espacio no institucional donde se puede expresar la reivindicación social es la manifestación convocada. En un país donde aún la inmensa mayoría de los lobbies son solo empresariales, se mantiene el fetiche de “la calle” como único espacio homologado de presión social. Lo ha dicho hace poco hasta la activista y economista Susan George: “La revolución no está en la web, está en la calle”. Si “la lucha” no es “en la calle” entonces “no es real”, se suele afirmar. Internet se concibe como un espacio previo a la realidad, como una fase por la que pasar para después ir a lo serio.

“Internet es un nuevo escenario, es un nuevo país, es una nueva realidad social”, dice sin embargo Joan Subirats, director del Instituto Universitario de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona. “Lo primero es evitar pensar en Internet como si fuera una herramienta, como un martillo. No; es mucho más”, explica. “Su uso no solo nos permite hacer cosas sino que su uso nos cambia, nos transforma” también en la parte más analógica de la vida.

La izquierda tradicional tardó mucho en preguntarse en serio por qué razón lógica una manifestación de 300 personas en Madrid es más representativa de la opinión pública española que un debate en Twitter en el que participan 30.000 o 300.000 personas con voz propia. O cómo una concentración en Barcelona donde acudan 5.000 personas durante una hora va a tener más impacto y capacidad de cambio que una campaña online que nace en un wiki y deriva en vídeos, posts y cientos de miles de páginas vistas.

La manifestación tiene un poder simbólico que aún se conserva excepcionalmente, y consigue su efecto, pero la mayoría de las ocasiones simplemente satisface una necesidad mediática ritual: los periódicos quieren una foto de una mancha anónima de cabezas juntas para darle espacio y valor a una acción social. Cuando uno va a una concentración, muchas veces es un bulto, una cabeza para ser contada a ojo, para ser fotografiada con otras desde lejos, detrás de una pancarta que no se ha debatido. Alguien hace el discurso y tú pones el cuerpo.

Ya no vale solo con eso. Esa ciudadanía en red no regula su tono social a través de manifestaciones recurrentes, aunque puedan tirar de ellas alguna vez. Sus síntomas de fractura social no podrán medirse solo en función de si la gente se concentra, acampa o se siente apelado por una asamblea.

Se habla mucho de la brecha digital, la que separa a los conectados a Internet de los que no lo están, la que deja fuera de la vida política online a todo el que no tenga capacidades o medios de acceso. Pero no se habla lo suficiente de la brecha analógica: la que deja sin participar a todo el que no viva en un determinado sitio o que no pueda acudir a la convocatoria a una determinada hora; al que necesita conciliar o tiene una expresión oral tímida. Si un grupo de personas queda cada martes a las 19.30 en Madrid, todo el que no viva en Madrid o no pueda desatender otras obligaciones a esa hora y ese día queda fuera de la corriente política que pueda nacer de ese grupo. Utilizando herramientas en red, esa barrera física desaparecería. La brecha analógica ha fomentado una política centralizada, masculinizada y profesionalizada.

El voto como consecuencia, no como causa. Las reglas políticas que se están generando con el uso masivo de Internet son diferentes a las tradicionales. La clave de todo el cambio está en que “pierden peso las intermediaciones”, explica Subirats. Es decir, la gente puede ya hacer muchas cosas por su cuenta sin depender de partidos, sindicatos o medios de comunicación. “Los intermediarios antes eran imprescindibles porque eran los únicos capaces de manejar los mecanismos de acción colectiva”. “Antes”, dice el catedrático, “cuando la gente tenía un problema, acudía a ellos”. La crisis institucional está acelerando el desgaste de ese modelo: “Ahora sucede que, tal y como existen esos intermediarios, se han convertido en parte del problema y no son capaces de aportar valor”.

Los partidos se quedan cortos y la gente hace política sin ellos. En un esquema infinito de iniciativas cruzadas, lobbies ciudadanos y colectivos efímeros, las estructuras van siempre demasiado tarde.

Ni siquiera las menos comprometidas por el poder o las más nuevas son capaces de seguir el ritmo de una ciudadanía que ahora participa políticamente cada día, no cada cuatro años. Que debate en público, ante cientos o miles de personas, en su cuenta de Facebook o Twitter, sobre temas sociales, laborales, económicos, culturales. Que genera pequeñas comunidades de intereses. Que comparte conocimiento con millones de personas sin tener que desplazarse o vivir en una ciudad especialmente activa políticamente.

Ahora que día a día el individuo conectado puede hacer política sin intermediarios, su posicionamiento ideológico no viene derivado del voto, sino al revés. Uno ya no defiende determinadas cosas porque es lo que defiende el partido al que vota, sino que tras cuatro años de participación personal, toca mirarse al espejo y pensar qué opción es más coherente. El voto es una consecuencia y no una causa de la identidad ideológica de las personas. La lealtad y la militancia a una organización ya no son valores políticos supremos sino la capacidad personal de aportar a diferentes espacios comunes.

El mensaje no es que los partidos ya no sirvan de nada. “Los partidos van a seguir siendo importantes, pero cumplirán otro papel”, dice Subirats. “El futuro de los partidos está en saber agregar y articular todos esos intereses”, aunque tendrán mucho menos poder que ahora “para gestionar la selección de élites y la ocupación de espacios institucionales”, dice Subirats. Una estructura pequeña, ágil y porosa atravesada por el debate público.

¿Y los partidos grandes? ¿Están preparados para este cambio? Le preguntamos a alguien que los ha asesorado. “Los partidos políticos en España no han avanzado lo más mínimo, siguen organizados de la misma manera que hace treinta años”, se lamenta César Calderón, consultor político, militante del PSOE muy activo en redes y autor del libro Open Government–Gobierno Abierto (2010). “Las soluciones pasan por cambios orgánicos y de valores tremendamente radicales”.

Ahora que el monopolio de la palabra no lo tienen los periodistas o los políticos, ahora que la generación de ideas sucede en la red y, mucho después, cala en las organizaciones, cobra mucho más valor el acceso a una información rigurosa.

Transparencia y desconfianza. La privatización en Madrid de seis hospitales y 27 centros de salud se ha justificado técnicamente sobre apenas un puñado de datos confusos. La Comunidad dice que, según sus cálculos, los hospitales privatizados son más baratos que los públicos. ¿De dónde sale ese cálculo? No se sabe. Lo único que el Gobierno autonómico ha hecho público son once folios. Once folios como informe de una transformación radical de la atención sanitaria de millones de personas.

“Si el consejero de Sanidad de Madrid tuviera la obligación de hacer públicos los datos, los informes, los cálculos, podríamos entre todos legitimar esa decisión o no”, explica Victoria Anderica, de la Coalición ProAcceso, que une a organizaciones que reclaman un acceso ciudadano a la información de las administraciones. Plantea un “escenario transparente” en el que “la gente es más consciente” de los problemas y más empática con las soluciones, hasta en los casos en que estas sean desagradables.

Internet ha roto las costuras de la vida política. Ahora el mapa es otro y el representado tiene más peso que antes sobre el representante. Es, en realidad, un juego basado en la desconfianza: puedo votarte, pero eso no significa que delegue mi vida política en ti. Ahora hay herramientas para articular la desconfianza, lo que ha de verse “como algo positivo”, explica Joan Subirats. “Hay que desconfiar de la democracia: crear más instrumentos de control desde la sociedad, dar la capacidad a la gente de controlar, evaluar y denunciar la actuación de los poderes”, concluye.

O visto desde otra perspectiva, “los ciudadanos ya no son únicamente fuente de problemas para las instituciones sino que también son productores de soluciones”, dice Subirats. La inteligencia colectiva, a veces amateur, empuja procesos políticos necesarios que serían imposibles dentro de los mecanismos tradicionales.

Esa producción ciudadana tiene un potencial difícil de imaginar: lobbies en red, datos públicos procesados por expertos, participación directa en votaciones oficiales, fiscalización de cuentas al milímetro e información contrastada en común. Esto acaba de empezar.

Y, con todo, esa misma actitud escéptica, desconfiada, hay que aplicarla a la propia teoría de que la tecnología cambiará la política por completo y lo hará para bien.

El experto en cultura digital José Luis de Vicente lo explica en sus ideas sobre tecnología que publicó en Diario Turing: no hay soluciones simples para problemas complejos; la tecnología también produce dinámicas desiguales de poder.

Ilustración: César Fernández

¿A TRANSICIÓN CULTURAL: SESIÓN CONTINUA

Rafael Reig

NOVELISTA, PROFESOR EN HOTEL KAFKA

La cultura del franquismo era chovinista, aburrida, orientada al consumo y dada al deporte. Lo que más se leía era el premio Planeta, se exaltaba a cualquier español que consiguiera la más mínima resonancia fuera, se hablaba de retumbantes conceptos como “la Hispanidad” o “la fraternal amistad hispano-árabe”; en cine había españoladas, bien para consumo interno (Esteso, Pajares, etc.), bien para dejar boquiabiertos a los foráneos (Carlos Saura); había escritores que escandalizaban diciendo tacos, como Cela; y pintores de cromos, como Dalí, a los que se respetaba porque sus cuadros eran caros; a los arquitectos se les daba libertad para que llenaran las ciudades de chirimbolos, a ser posible enormes. Había amor entre Zoco y María Ostiz, y cantaban Manolo Escobar y Serrat. Y por encima de todo, lo que de verdad tenía importancia eran las victorias deportivas, el Real Madrid, Orantes o Paquito Fernández Ochoa: el orgullo de ser español. Sin complejos.

Entonces vino la transición cultural y todo cambió. Apareció la “nueva narrativa española” y ganó el Planeta (Muñoz Molina, Millás, Álvaro Pombo, Eduardo Mendoza, Soledad Puértolas, etc.). Se empezó a exaltar a cualquier español que sonara fuera. Volvieron los conceptos rimbombantes, “Alianza de Civilizaciones”, “Marca España”, etc. Tenemos españoladas para nativos, como Torrente, o bien españoladas de exportación, como Almodóvar. Pérez-Reverte suelta tacos y todo el mundo sabe que un Barceló es muy caro; los arquitectos erigen falos imponentes y puentes impracticables para los peatones. Hay amor entre Piqué y Shakira, entre Sara Carbonero e Iker, y canta Bisbal. Y Serrat y Sabina. Y por fin el deporte sobrepasa ya cualquier delirio que el Caudillo hubiera podido concebir bajo los efectos del LSD, con la Furia Roja, un tal Nadal que aparece en la tele hasta cuando se falla un premio literario o unos que juegan al baloncesto y de los que nos sentimos muy orgullosos. Sin complejos.

La transición cultural fue, como la política, una prolongación del franquismo y su concepción decorativa de la cultura, chovinista, aburrida, orientada al consumo y dada al deporte. Sólo falta ya Arturito Pomar, un niño prodigio del ajedrez.

Felipe González y Adolfo Suárez. EFE

A VUELTAS CON LA TRANSICIÓN

El papel del consenso se ha exagerado: el tránsito de la dictadura a la democracia se hizo sin la oposición.

Ignacio Sánchez-Cuenca

PROFESOR DE SOCIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

El papel del consenso se ha exagerado: el tránsito de la dictadura a laCon motivo de los problemas políticos y económicos que está atravesando España, vuelve a hablarse con insistencia de Transición; de la primera, la de 1977, para atribuirle algunos de los pecados originales que están en la base de nuestro sistema, pero también de una fantasmal segunda que tendría que producirse en algún momento para poner al día el entramado institucional y económico del país. De la “segunda transición” ya escribió José María Aznar en un lamentable libro propagandístico publicado en 1994, cuando estaba a las puertas del poder. Resulta difícil entender que con ese antecedente se retome ahora la expresión. En general, cuando se habla de transición política se hace para referirse a un cambio de régimen. No creo, sin embargo, que quienes propugnan la segunda transición estén pensando en un régimen no democrático. Más bien, al usar el término “Transición” parece que se quiere indicar que algunas tareas quedaron pendientes o mal resueltas en los albores de nuestra democracia.

Es verdad que la Transición no fue como la han contado muchos de sus protagonistas y apologetas, pero, a mi juicio, tampoco es la causa de nuestros males actuales. En la versión canónica, la Transición española se presenta como un modelo a seguir, pues constituye un caso de democratización exitosa, sin derramamiento de sangre y caracterizado por grandes acuerdos entre las fuerzas políticas. Vale la pena repasar hasta qué punto fue así.

La Transición española fue exitosa, desde luego, pues la democracia ha sobrevivido sin quiebro hasta el día de hoy. Pero lo mismo puede decirse de la transición portuguesa, de la polaca o de la coreana. ¿Qué tuvo entonces de especial la española? Más bien poco. Si analizamos los países que han pasado de dictadura a democracia en los últimos 40 años, España tenía condiciones más favorables que la mayoría. Dado su nivel de desarrollo económico, la probabilidad de que España acabara siendo una democracia a mediados de los años 70 era del 85%. En Portugal, en cambio, dicha probabilidad era mucho más baja, del 57%. El verdadero éxito fue el portugués, no el español: el país luso consiguió democratizarse en condiciones mucho más difíciles que las nuestras.

¿Fue pacífica nuestra Transición? Depende de cuál sea el punto de comparación. Si volvemos la vista atrás, a la Guerra Civil, es evidente que tras la muerte de Franco no hubo una nueva confrontación bélica entre españoles. Aunque entonces los actores políticos no podían saberlo y tenían un gran temor de que pudiera repetirse un enfrentamiento civil, nosotros sí sabemos hoy que la probabilidad de que hubiera habido una Guerra Civil en nuestro país en los años setenta era cercana a cero: cuando los países alcanzan un cierto nivel de desarrollo, las guerras civiles no se producen. Si el punto de comparación no son los años treinta del siglo XX, sino otras experiencias de democratización en países europeos, entonces no queda más remedio que reconocer que los niveles de violencia política y represión estatal que acompañaron a la transición fueron muy elevados. Entre la muerte de Franco y el primer episodio de alternancia democrática en el poder en octubre de 1982, en España perdieron la vida más de 700 personas como consecuencia de la actividad de grupos armados y de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Por último, creo que se ha exagerado enormemente el papel del consenso y de los grandes acuerdos entre las élites políticas en el desarrollo de nuestra transición. En sentido estricto, el tránsito de la dictadura a la democracia, es decir, el periodo que va de la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975 a las elecciones generales del 15 de junio de 1977, se hizo sin concurso de las fuerzas opositoras. Estas lanzaron un fuerte desafío al régimen en la calle y en la fábrica en los primeros meses de 1976, tratando de conseguir una transición mediante ruptura. En algunos lugares, como Getafe, Sabadell o Vitoria, la estrategia rupturista tuvo gran seguimiento popular, produciéndose situaciones casi insurreccionales y de vacío de poder del Estado. Sin embargo, en el resto del territorio, los partidos de izquierdas no tuvieron fuerza suficiente para provocar la caída del régimen y la instauración de un Gobierno provisional que convocara elecciones constituyentes. Por un lado, el Estado era bastante fuerte (mucho más que en Portugal, por ejemplo) y podía dominar las huelgas y manifestaciones. Por otro, las encuestas de la época indican que no más de un cuarto de la población apoyaba la vía de la ruptura. Hacia la primavera de 1976, los franquistas ya estaban convencidos de que podían controlar el cambio político. Este se haría desde dentro del régimen, mediante los procedimientos de reforma del sistema constitucional franquista, sin negociar con los líderes de la oposición. Es cierto que si la oposición no hubiera presionado, las élites franquistas no se habrían movido, pero dicha presión no fue suficiente para impedir que la Transición se llevara a cabo desde el régimen. El principio rector fue el del continuismo jurídico (“de la ley a la ley”). De ahí que la democracia llegara como consecuencia de la aprobación de la octava Ley Fundamental del franquismo, la Ley para la reforma política, el 18 de noviembre de 1976. La democracia nació, así pues, mediante un suicidio institucional del régimen (el famoso harakiri de las Cortes).

Las elecciones de 1977 fueron una sorpresa para los partidos derechistas de Adolfo Suárez (UCD) y Manuel Fraga (AP). La suma de votos de las fuerzas de izquierda alcanzó el 50%. Con una sociedad tan dividida, las nuevas élites parlamentarias llegaron a amplios acuerdos en torno a tres grandes cuestiones: la Ley de amnistía, las reformas económicas (Pactos de la Moncloa) y la elaboración de la Constitución. Hubo, pues, consenso político, pero sólo después de las primeras elecciones democráticas, cuando se descubrió que la correlación de fuerzas entre la izquierda y la derecha era más equilibrada de lo que se había supuesto inicialmente.

El continuismo jurídico de la Transición (“de la ley a la ley”) tuvo aspectos positivos y negativos. Por ejemplo, hizo posible que buena parte de las élites franquistas se integraran en el nuevo sistema democrático. Gracias a esta oportunidad generosa de integración, pudo aprobarse una Constitución en la que se han sentido recogidos la gran mayoría de los españoles, tanto de izquierdas como de derechas. Entre los aspectos negativos, no hubo la necesaria renovación democrática en el sistema judicial, en los aparatos policiales y, quizá, tampoco en el poder económico.

Estoy convencido de que es necesario estudiar más a fondo el periodo de la Transición, desde una mirada algo más crítica de la que ha sido dominante. Así, seguimos sin tener suficiente información sobre la supervivencia de las élites políticas y económicas del franquismo en el periodo democrático y las consecuencias que ello ha podido tener en nuestro país. Ahora bien, de aquí no se sigue que los males que aquejan a nuestra actual democracia tengan que ver con nuestro proceso de transición. Los problemas de la “partitocracia” y la corrupción existen en muchos países con historias políticas muy distintas a la nuestra, empezando por Italia. Y los terribles problemas económicos que está sufriendo el país, sobre todo las clases más desfavorecidas, tienen que ver fundamentalmente con la especulación inmobiliaria, el diseño defectuoso del área euro, la presión de Alemania, el poder de la banca y la debilidad del tejido productivo español, no con lo que se acordó en la Transición.

Quizá haya llegado el momento de emprender reformas institucionales y económicas profundas, pero dejemos la Transición en paz. democracia se hizo sin la oposición.

El Valle de los Caídos.EFE

MEMORIA DE UNA DEMOCRACIA CONCERTADA

Se ha hecho visible la existencia de un Poder Judicial a la medida de la élite, capaz de castigar a quien pone en peligro el poder establecido.

Emilio Silva

PERIODISTA Y SOCIÓLOGO

La muerte de Franco abrió un momento de cambios políticos y sociales que iban a dirimir el modelo de democracia que sucedería a la dictadura. Sectores de las élites franquistas y de la oposición política llevaban tiempo trabajando en los posibles escenarios.

Para quienes ostentaban el poder en el franquismo el objetivo era hacer una transición a la democracia conservando todos sus privilegios. Por un lado los bienes económicos, conquistados por la violencia y por la corrupción económica y política. Por otro la impunidad, como una protección ante su implicación en las violaciones de derechos humanos de la dictadura.

Quienes tuvieron poder para diseñar el proceso comenzaron por impedir que a las primeras elecciones generales de junio de 1977 se presentaran partidos republicanos. Se trataba de sesgar el Parlamento para que nadie en él cuestionara la monarquía, ni rechazara la ley de amnistía, con la que los franquistas conquistaron su impunidad política y judicial.

Desde ese mismo momento, quienes querían estrecheces en el modelo democrático, quienes barrieron las consecuencias de la dictadura bajo la alfombra, quienes colaboraron en esconder el pasado democrático de la Segunda República, comenzaron a tejer un relato idílico, sobreactuado, que se consolidó en el espíritu de la Transición.

En esos finales de los setenta, familiares de los desaparecidos por la dictadura iniciaron las exhumaciones de fosas, entendiendo que el cambio político alentaba ajustar los cuentos y las cuentas con el pasado. En diciembre de 1978 se reunieron en Madrid un grupo de abogados, representantes de movimientos de derechos humanos y políticos con el fin de crear un Tribunal Cívico Internacional contra los Crímenes del Franquismo. Los asistentes fueron detenidos.

Había sectores sociales que no aceptaban la amnistía, el continuismo del poder judicial o la benevolencia hacia quienes habían negado la existencia de libertades durante cuatro décadas.

Para entender la laxitud de la oposición política con representación parlamentaria hacia el franquismo hay que tener en cuenta factores de oportunismo electoral y otros sociológicos. Quienes gestionan la democracia desde 1975 son fundamentalmente hijos del régimen. Fueron formados en universidades franquistas en los años cincuenta y sesenta, a las que accedían mayoritariamente familias vinculadas a la dictadura, independientemente de que luego hayan militado en fuerzas políticas de izquierda o derecha. Esa realidad permite explicar la amable convivencia que han tenido los distintos gobiernos con jueces, policías, militares, fiscales, grandes empresarios y banqueros y una jerarquía de la Iglesia católica repleta de privilegios.

El movimiento que quiere justicia extiende su actividad, más intensa, a partir de las elecciones municipales de 1979, cuando conquistan el poder político local partidos que han sido clandestinos en la dictadura. Se vivió así un alejamiento de sectores de la sociedad que trataban de hacer una lectura democrática y humanitaria del pasado, y un Parlamento en el que la amnistía cerró en falso esa memoria con los votos del PSOE y del PCE.

Comienzan los ochenta y a la falta de impunidad social se suma el desmoronamiento de la UCD y el advenimiento de una victoria del PSOE. Ahí también opera la memoria, en un momento en que la monarquía es una institución frágil y con poco arraigo. No por el hecho de que la victoria de Felipe González suponga una amenaza para los poderes del Estado, sino por la reacción que pueda darse en la sociedad, teniendo en cuenta que el anterior monarca, Alfonso XIII, abandonó el país por la reacción a la celebración de unas elecciones municipales.

El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 acaba con el disenso entre el poder institucional y esos sectores sociales. El teniente coronel Tejero, al grito de “¡quieto todo el mundo!”, conquista la impunidad social y da una última oportunidad a los disidentes del consenso para elegir entre aceptar ese modelo o arriesgarse a que vuelva un Gobierno militar.

Para entender el modelo de crisis que vivimos hoy, la creciente indignación y la fragilidad democrática que padecemos, es necesario entender ese momento fundacional, en el que se forjó el molde en cuyos márgenes se han desarrollado las tres últimas décadas.

La crisis ha mostrado desnudo el esqueleto de nuestra democracia. Se ha hecho visible la existencia de un Poder Judicial a la medida de la élite, que convive sin conflictos con la corrupción, la impunidad o que es capaz de castigar a quien pone en peligro el poder establecido, como ha sido el caso de Baltasar Garzón, que al investigar el franquismo amenazó con agrietar la ley de hierro de nuestra oligarquía.

El partitocentrismo, los hábitos poco democráticos en el ejercicio del poder, la falta de cultura de los derechos humanos, la fragilidad de los movimientos sociales, las bajas tasas de lectura o el alto fracaso escolar son consecuencia de ese modelo, del establecimiento de una democracia concertada que hoy tiene a amplios sectores de la sociedad desconcertados.

FOTO: Juan Luis Sánchez

LA CULTURA DE LA TRANSICIÓN Y EL NUEVO SENTIDO COMÚN

“No hay poder capaz de fundar el orden por la sola represión de los cuerpos por los cuerpos. Son necesarias fuerzas ficticias” (Paul Valéry).

Amador Fernández-Savater

INVESTIGADOR INDEPENDIENTE

Profanar, según nos han explicado, es una manera especial de tocar que rompe los encantamientos y acerca a los seres humanos aquello que lo sagrado había separado y petrificado. Es la acción contraria a consagrar. Algo de ese orden ha ocurrido en muy poco tiempo en España con las piezas clave del régimen político del 78: monarquía, Constitución, Parlamento, sistema de partidos, prensa, banca... Lo que hasta ayer mismo era intocable (sagrado) ahora se puede tocar. Un gesto de profanación —multitudinario, callejero, alegre— ha atravesado las distancias sacralizadoras volviendo vulnerable lo invulnerable. El régimen del 78 ha perdido su aura y ahora es susceptible de discusión, crítica, guasa. A ese aura, a esa distancia, a esa membrana protectora hoy en crisis la llamamos Cultura de la Transición y es un filón clave para entender la cultura oficial en España durante los últimos 35 años.

El término Cultura de la Transición (a partir de ahora CT) no se refiere sólo al ámbito cultural en el sentido convencional (cine, música, arte, libros), sino a toda una organización de lo visible, lo decible y lo pensable. A una máquina de visión y de interpretación del mundo. Es cierto que un uso tan amplio del término “cultura” puede ser problemático, pero tiene la pertinencia y la virtud de señalar, recordar e insistir en que toda organización social es en primer lugar un orden simbólico y estético que configura una percepción común de las cosas: lo que se puede ver, lo que se puede decir de lo que se ve, lo que se puede pensar y hacer al respecto. Como dice Paul Valéry, no hay poder político que pueda funcionar ni un solo día sin el recurso de “fuerzas ficticias” que no son simples ilusiones, mentiras o espejismos, sino potencias configuradoras de realidad.

La CT es una fábrica de la percepción donde trabajan a diario periodistas, políticos, historiadores, artistas, creadores, intelectuales, expertos, etc. Lo que allí se produce desde hace más de tres décadas son distintas variantes de lo mismo: el relato que hace del consenso en torno a una idea de la democracia (“representativa, liberal, moderada y laica”) el único antídoto posible contra el veneno de la polarización ideológica y social que devastó España durante el siglo XX. Ese consenso funda un “espacio de convivencia y libertad” que se presenta a sí mismo como algo frágil y constantemente amenazado por la virtualidad del terror (golpe militar, ETA, ruptura de España, etc.). La CT es la siguiente alternativa: “normalización democrática” o “dialéctica de los puños y las pistolas”. O yo o el caos.

La CT define el marco de lo posible y a la vez distribuye las posiciones. En primer lugar, prescribe lo que es y no es tema de discusión pública: el régimen del 78 queda así “consagrado” y fuera del alcance del común de los mortales. En segundo lugar, fija qué puede decirse de aquello de lo que sí puede hablarse (sobre todo, cuestiones identitarias, culturales y de valores). Aquí hay dos opciones básicas: progresista y reaccionaria, ilustrada y conservadora, izquierda y derecha. La alternativa PP/PSOE (y su correlato o complemento mediático: El País/El Mundo, Cope/Ser) materializa ese reparto de lugares. La CT no es una de las opciones, sino el mismo tablero de ajedrez. El marco regulador del conflicto. Por último, dispone también quién puede hablar, cómo y desde dónde. La CT está afectada por una profunda desconfianza en la gente cualquiera, que se expresa bien como desprecio, bien como miedo, bien como paternalismo. La voluntad de esa gente cualquiera —demasiado ignorante, demasiado incapaz, demasiado visceral— debe ser depurada, reemplazada, sustituida: representada por los que saben (políticos o expertos). Los lugares privilegiados de palabra serán siempre por tanto las instancias de representación (partidos, sindicatos, medios de comunicación, academia). Y el respeto de ciertos términos, así como la asunción de determinados tonos, inflexiones y referencias en el discurso, definirá un “hablar bien” que dará acceso a los lugares privilegiados.

En definitiva, la CT es un espacio de convivencia sin pueblo. Una arquitectura política sin gente. En su orden de clasificaciones, la calle queda marcada como el lugar de la antipolítica. Quizá un lugar necesario en condiciones de “déficit democrático” pero siempre como algo provisional, transitorio, eventual. Así se entiende que la apatía ciudadana haya sido interpretada tantas veces por la CT como una señal de “maduración democrática”. La buena política es aburrida porque se hace lejos y la hacen otros (aunque la CT sea algo esquizofrénica en este punto y a veces también deplore esa apatía: el ideal para ella sería la participación entusiasta y continua dentro de los canales establecidos, como el voto y la militancia en partidos políticos). La calle poblada es la imagen de la guerra civil que la CT conjura. Una vez deshabitada la calle, alejaremos definitivamente el fantasma de la guerra civil. En nombre de la convivencia, la cohesión, la estabilidad y la responsabilidad, la gente debe desaparecer. Quedarse en su lugar y dejarse representar por los que saben. Ausentarse.

Y sobre el capitalismo, ¿qué dice la CT? Borges explica en algún sitio que la demostración de que el Corán es un libro árabe es que no aparecen mencionados los camellos. En la CT pasa un poco igual con el capitalismo: va de suyo. Es el sistema que (gestionado así o asá, dependiendo de las dos posiciones básicas de la CT) produce mayor riqueza y desarrollo, organiza mejor los recursos y las capacidades, nos encarrila en definitiva hacia el progreso arrancándonos de esos “terruños identitarios” donde sólo pueden brotar “mentalidades retrasadas” o incluso “identidades asesinas”. La modernidad se asocia de ese modo a un hiperdesarrollo capitalista que es a la vez deseable e inevitable. Fue más o menos así como la CT nos explicó la necesidad de aprobar el Tratado de Maastricht y entrar en la UE. La CT es un modo de naturalizar la economía y no hablar de ella, de dar por sentado sus necesidades y desproblematizarlas.

La crisis de la CT y el 99%

El mayor éxito durante todos estos años de la CT ha sido sin duda construir un verdadero monopolio sobre el sentido común: decidir qué es sensato y qué no. Tan fuerte era ese monopolio que la CT ni siquiera se dignaba muchas veces a contestar a sus críticos. Simplemente repetía algunas de sus palabras-rodillo (cohesión, estabilidad, unidad) y señalaba al que no hablaba bien —porque usaba otras palabras o las mismas en un sentido inapropiado— como a un loco (más o menos simpático, más o menos peligroso, dependiendo de los casos).

Pero mientras, los camellos seguían a lo suyo. En las últimas tres décadas, se ha configurado un orden global que articula jerárquicamente Estados, instituciones supraestatales y capital financiero. De modo que la política de los Estados ha quedado muy reducida a un asunto de gestión de las necesidades y las consecuencias de ese orden global en un territorio y una población concreta. Y cuanto menos margen de maniobra tiene la política de los Estados, más gesticula la CT en torno a las imágenes míticas de la independencia nacional. No para de hablar de soberanía, España, el imperio de la Ley, la ciudadanía, 1812, la Nación, pero las palabras van por un lado y las cosas por otro. El ejemplo más claro es la Constitución española, sagrada e intocable depositaria de todos los valores CT (convivencia, sentido común, consenso). Bastó un telefonazo de Angela Merkel en septiembre de 2011 para que el ala izquierda de la CT modificase la Constitución al dictado y en un plisplás, sin mucha objeción por parte del “patriotismo constitucional”. Y así con todo. La CT justifica el desvío de soberanía en nombre de la soberanía. Y de ese modo ella misma sacrifica su credibilidad. Cuando capitalismo y normalidad ya no coinciden, chirría mucho que no se hable de los camellos.

La CT como máquina de visión y de interpretación del mundo se avería muy a menudo últimamente. Sobre todo en la conjunción entre dos tipos de fenómenos: una catástrofe de(l) orden global y una politización de nuevo tipo. Pienso por ejemplo en el hundimiento del Prestige y el movimiento Nunca Máis, en la ocupación de Irak y el “no a la guerra”, en el atentado del 11M de 2004 en Madrid y la respuesta social, en la crisis económica y el 15M. En ninguno de esos casos, la CT ha conseguido imponer a la sociedad su lectura de la situación, ni tampoco sus recetas (“todos detrás de los representantes y los que saben”). Por un lado, la CT cada vez se percibe menos como protección y cada vez más como fuente o justificación de los peligros contemporáneos asociados al orden global (desde la “guerra contra el terror” al desmantelamiento actual del Estado del bienestar). Por otro lado, nuevas politizaciones interrumpen el relato de la CT proponiendo otras descripciones de lo que pasa y otros espacios de elaboración, ya no organizados según la dicotomía izquierda-derecha, sino según la lógica 99%-1% (o arriba-abajo).

Esto es algo para pensar. Desde el Nunca Máis al “no a la guerra”, pasando por las actuales mareas contra los recortes o el movimiento contra los desahucios, ninguna politización importante en los últimos años se ha entendido o autorrepresentado a sí misma en el eje izquierda/derecha. La izquierda o la extrema izquierda pueden ser antiCT (aunque desde luego la CT es tan hija del PSOE como del PCE), pero se inscriben en un campo de posibles y posiciones que la CT maneja perfectamente: “las dos Españas”. Precisamente para fugarse del tablero de ajedrez de la CT y abrir terreno común para el encuentro entre diferentes, las nuevas politizaciones usan palabras no codificadas políticamente como afectados, cualquiera, personas, indignados, etc. No escogen entre PP o PSOE, sino que redefinen el mapa de posibilidades: el PPSOE contra el 99%. Si estas nuevas politizaciones huyen de la CT es porque se trata de un marco reductor que impide asumir los problemas que nos propone nuestra inscripción en un orden global donde compartimos un único mundo común, la interdependencia es la regla y todos somos “afectados”.

La CT está perdiendo su monopolio sobre el sentido común. En el último debate sobre el estado de la nación, Rajoy volvió a llamar “locos” a todos los que cuestionaban su gestión de la crisis económica, pero ya no impresiona ni impone el silencio a nadie. La CT ha envejecido muchísimo en un par de años. Pero no se trata principalmente de un envejecimiento “objetivo”. Si ahora la vemos como medio gagá y desconectada de la realidad es porque las nuevas politizaciones han modificado la percepción común. Lo que antes no veíamos, ahora lo vemos. Lo que antes aceptábamos como inevitable y necesario, ahora lo rechazamos. Lo que antes tolerábamos, ya no lo toleramos más. Loca y peligrosa nos parece ahora la máquina que desahucia quinientas familias a diario y quienes la justifican. El caos son ellos.

¿Qué será de la CT? Quizá encuentre una nueva pujanza en partidos como Ciutadans o UPyD. Quizá desaparezca poco a poco. Quizá mute o se hibride con otras fuerzas ficticias con las que tiene puntos de conexión aunque también muchas diferencias: el discurso del “gobierno técnico” que habla de racionalidad, eficacia, buena gestión y calidad; o el discurso de mercado que habla de servicios, clientes, consumo e imagen (la Marca España). Habrá que seguir con atención estos rejuvenecimientos, relevos y préstamos entre los diferentes relatos. Pero lo más importante desde un punto de vista emancipador es que está naciendo un nuevo sentido común que se elabora por abajo y en el que caben perroflautas, jueces, bomberos, policías, médicos, profesores y gente cualquiera: el 99%, como estamos viendo y viviendo en todas las manifestaciones contra los recortes.

El nuevo sentido común no es sólo una crítica o una protesta contra la CT. Protestar o criticar no propone otra definición de la realidad, ni permite salir del círculo de lo negado. Es en primer lugar y ante todo una nueva organización de lo visible, lo decible y lo realizable. Una revolución cultural. Un desplazamiento (más que una crítica) que nos propone ver otras cosas o mirar desde otro sitio. Y que afecta al núcleo más íntimo de la CT: su definición de democracia ya no es la única posible ni va de suyo. La democracia es de nuevo una pregunta abierta. Democracia real, democracia 2.0, “democracia y punto”, la democracia que se investiga y ensaya en las redes, las calles y las plazas no se plantea como gestión de lo necesario de espaldas a la gente, sino que tiene más que ver con esta fórmula del antropólogo francés Pierre Clastres: “Control político de la economía y control social de la política”.

Para acabar. La CT propuso la arquitectura del 78 como marco de convivencia superador de las rivalidades que marcaron la historia española del siglo XX. Pero ahora vemos bien claro que se trataba de una convivencia encogida, bajo chantaje y silenciosa. El marco de la CT no resolvió ni siquiera los problemas más específicamente “nacionales”, simplemente los tapó bajo la alfombra de las palabras-fetiche. Por eso reaparecen de nuevo ahora: el encaje territorial, la memoria de la Guerra Civil, la monarquía, etc. Eran problemas congelados, no resueltos. Y en el presente deshielo de la CT, cuando su mapa de lo posible y su orden de clasificaciones se deshacen, se abren de nuevo. Por eso, aquí y allá se habla de la necesidad de una “segunda transición” o “proceso constituyente” que nos permita elaborarlos a fondo y de verdad. Desde el nuevo sentido común, esa “segunda transición” se plantearía según el postulado contrario a la primera: no el miedo a la gente, sino la confianza en la inteligencia de cualquiera y la necesidad de incorporar las capacidades de todos (el 99%) para inventar una nueva convivencia sin miedo y en equidad.

Ilustración: César Fernández

TODOS DICEN ALGO

Suso de Toro

ESCRITOR. PREMIO NACIONAL NARRATIVA

El historiador me dice que la Transición, como el Régimen desde el Pacto de Madrid de 1953, estuvo tutelada por EE UU, que tenía mucho interés en conservar la Península Ibérica como un gigantesco portaaviones de gran valor estratégico.

Un año antes, la Revoluçao dos cravos en Portugal abrió un proceso político que puso en riesgo sus bases militares en ese país, y les preocupaba que en España peligrase la sucesión a Franco de su candidato Juan Carlos como tenían previsto. Por eso tiene lógica la implicación o el conocimiento de los norteamericanos del atentado a Carrero Blanco. El proceso político español con sus características propias estaba absolutamente enmarcado por la política de bloques.

El analista político me dice que tras la patética agonía de Franco, los turbulentos y sangrientos dos años siguientes fueron el escenario en el que mostraron y midieron sus fuerzas la oposición antifranquista en toda su diversidad y los poderes fácticos, o sea, el Ejército y todos los cargos del Estado. Todo ello contemplado por nuestros amos, que esperaban el momento para poner sobre la mesa la entrada en la OTAN.

Aprendida la lección de Portugal, había que conducir el proceso para evitar que se desestabilizase la retaguardia europea frente al comunismo. La principal fuerza ilegal organizada, el PCE, ya había interiorizado la experiencia del Partido Comunista Italiano, que tuvo que entregar las armas de los partisanos a los liberadores norteamericanos y había teorizado el eurocomunismo, que en la práctica suponía que Italia siempre estaría gobernada por la Democracia Cristiana. El intento de disputarle democráticamente el poder terminó con el asesinato de Aldo Moro. La verdadera y única batalla del PCE, pues, no era conseguir el poder, sino poder existir como sus homólogos franceses e italianos. No era poco, dada nuestra historia.

Con esa misma finalidad de mantener el proceso bajo control, la Internacional Socialista tenía mucho que decir y desde Alemania, adonde habían emigrado antes tantos españoles con sus maletas de cartón, llegaron entonces maletas supuestamente repletas del dinero del caso Flick para lanzar un nuevo partido, el PSOE. El Partido Socialista, que fue decisivo en el primer tercio del siglo XX hasta la derrota de la República y que había sido perseguido y destruido por el franquismo en el interior, reapareció inesperada y alegremente tras la muerte de Franco como una marca portada por una nueva generación de políticos respaldados por poderosos socios europeos. Su éxito supuso la derrota política y, en la práctica, el fin de los comunistas.

El militante me dice que todo lo que fue ocurriendo era previsible y respondía a la correlación de fuerzas entre los antifascistas y los poderes del franquismo, pero a pesar de que los franquistas cedieron y legalizaron primero los sindicatos y luego el partido socialista, luego el PCE y finalmente todos los partidos… era imposible no sentir el sabor de la derrota: la lucha desesperada por la utopía se resolvía en logros comunes, nada era como habían deseado tan desesperadamente y la realidad traicionaba el sueño. Era evidente, habían perdido aquella guerra y habían quedado fuera de aquella realidad, cuando todos celebraban la victoria ellos no podían celebrarla porque eran ellos mismos los derrotados y no comprendían nada.

Habían sido derrotados para siempre los cinco compañeros fusilados unos meses antes. Nadie recordaría aquellos asesinados incómodos, ellos mismos manchados de sangre, pues acabadas las guerras todos repudian el olor de la sangre y los soldados que vuelven del frente son incómodo recordatorio. Los supervivientes son fantasmas que no encuentran fácilmente su lugar y dicen: “No era para esto por lo que luchamos”. Los militantes antifascistas resultaron ridículos y sin sentido, con sus heridas y sus medallas de latón. Eran rudos, ni siquiera eran verdaderamente demócratas, estaban llenos de pecados. Y todo el mundo deseaba ardientemente olvidar o recrear unos nuevos recuerdos más acordes con el nuevo tiempo de flores y colores, los antifranquistas eran testigos incómodos y resultaron tan incómodos y extemporáneos como los viejos franquistas puros. Así, contemplaron con amargura el triunfo de los arribistas y los logreros, y oyendo cómo calificaban todas aquellas traiciones y aquel mercadeo de “Transición modélica y ejemplar” sintieron el sabor de la mierda en la boca.

Pero la vida lucha por vivir y también los supervivientes traicionaron a los que quedaron atrás e intentaron vivir la juventud que habían perdido, los años ochenta fueron una segunda oportunidad para ensayar ser otros, jugar a ser como todos pues estaban vivos.

El ciudadano sensato me dice que no podía haber sido de otro modo. Que la Transición ciertamente no fue en absoluto modélica ni ejemplar, pues se hizo bajo la amenaza vigilante del Ejército español, de lo que llamábamos “cuerpos represivos” y de todos los poderes del Estado con el apoyo último de la potencia norteamericana pero, teniendo en cuenta aquel chantaje, se hizo lo que se pudo. Y estuvo bien, permitió vivir en relativa paz y beneficiarse de la prosperidad europea. Fueron decisiones sensatas, que no se aprovechasen debidamente las oportunidades y se malograse la prosperidad ya entra en una nueva fase histórica del delirio español.

El melancólico me dice que todo fue mentira, que el antifranquismo tenía razón. Que su locura utópica y desesperada era razonable, que fue una derrota no conquistar un Gobierno provisional democrático que anulase el Pacto de Madrid sobre las bases militares, el Concordato franquista con el Vaticano, que reconociese el derecho de las nacionalidades a autodeterminarse, que propusiese una república federal o confederal, que llevase a juicio a los jerarcas franquistas, que disolviese los cuerpos represivos, que investigase los crímenes del Régimen…Todo aquello que fue tenido por radical, absurdo y extemporáneo. El melancólico me dice que luchar contra el franquismo era la realidad y que estas décadas fueron un sueño narcótico del que despertamos con regusto amargo.

El escritor me dice que leyó en estas décadas artículos y libros burlándose de quienes se mancharon en la clandestinidad y no dejó de asombrarle esa mezquindad innecesaria. También anécdotas frívolas de miles de aprovechados que “corrieron delante de los grises”. Y me dice que aún hoy es incapaz de escribir sobre aquello que era miedo, vergüenza, asco y orgullo; de aquello que, como el Régimen, tenía mucho de sacerdote y mucho de militar, culpa y violencia. Y, sobre todo, desesperación. Pero que todo aquello fue verdad y que, si no puede decir aquello, todo lo que diga será falso y fútil.

Manifestación del 15M. EFE

GENERACIÓN SIN ÍDOLOS

Las movilizaciones actuales no muestran tantos espejos en los que mirarse como antes: ya no hay necesidad de rostros conocidos que levanten pancartas y pongan la música.

Héctor Juanatey

PERIODISTA. REDACTOR DE ELDIARIO.ES

“Gallo negro, gallo negro,

gallo negro, te lo advierto:

no se rinde un gallo rojo

más que cuando está ya muerto”

Chicho Sánchez Ferlosio

Los versos que sirven de entrada al texto son del poeta y cantautor Chicho Sánchez Ferlosio. Conforman la penúltima estrofa de uno de tantos poemas hechos canciones que completaron el elepé A contratiempo, su primer vinilo comercial. Aquel que casualmente, o todo lo contrario, se grabó a finales de 1977, meses después de las primeras elecciones democráticas, y salió al mercado ya entrado 1978, año de la aprobación de la Constitución. El disco fue un fracaso comercial. Rompedor desde el primer tema, desbarataba los cánones de consenso que se fijaban entonces. No encaja, ni se espera que lo haga, con el término Cultura de la Transición (CT), acuñado en el libro del mismo nombre coordinado por Guillem Martínez.

En su crítica sobre el libro de Martínez, largamente expuesto en este primer Cuadernos, el periodista y escritor Kiko Amat defendió que a partir de ahora “todo debe analizarse en el contexto de la Cultura de la Transición y su pertenencia a ella (o su marginalidad, impuesta por la misma)”. Bien, pues Chicho Sánchez Ferlosio sería esa marginalidad impuesta.

Con la muerte del franquismo, en España surgieron varios referentes del mundo de la cultura (músicos, actores...). Próximos a formaciones políticas concretas, aprovecharon su reconocimiento para promover el impulso de unas determinadas ideas políticas y el establecimiento de un nuevo régimen, que resultó ser ese Estado social y democrático de Derecho que se grabó en la Carta Magna. Son personas que, entrada la democracia, transigieron y se adaptaron a una hegemonía cultural abrigada por el Estado que, a su vez, dejó fuera a todo aquel que supusiera un conflicto político en un momento en el que predominaba la sensación de una preferible amnesia colectiva.

Víctor Lenore es periodista musical y explica cómo funcionaba el sistema de aislamiento, que ve como una “máquina de excluir discursos problemáticos o expresiones culturales de la clase trabajadora”, como el rock radical vasco. El autor del capítulo musical en el libro de Martínez cree que lo ocurrido en los últimos treinta años se resume muy bien con el flamenco, que “pasó de ser un género popular, festivo y/o reivindicativo a integrarse en la industria por medio del nuevo flamenco, básicamente pop aflamencado vestido por estilistas y desconectado de la situación social de los gitanos”. Para el periodista, “todo lo que oliera a conflicto político, o simplemente a pobre, era marginado”.

El propio Amat, en una entrevista de Henrique Mariño, definía esta época como “el gran engaño que sufrimos en dos décadas de cultura posfranquista”. Y añadía: “Hubo gente que, poco antes, había vivido un pequeño lapso bizarro de libertarismo tras la muerte del dictador, cuando parecía que algo sensacional iba a pasar. Yo ya no vi eso, sino unos medios sólidamente alineados con el poder, cosa que no pasa en ninguna otra parte de Europa”.

Es innegable, no obstante, que artistas como Ana Belén, Víctor Manuel, incluso más tarde Joaquín Sabina, se vieron convertidos en referentes para esa parte de la población que apostaba por unas determinadas ideas políticas, entonces consideradas rupturistas. Faros que con el paso del tiempo se fueron desideologizando e institucionalizando. La idea del consenso, pensada desde el Estado y respetada por los medios de comunicación, alejó cualquier atisbo desencantado. Aun así, algunos nombres como Leopoldo María Panero lograron bordear esa muralla.

“Y si esto no es el fin,

si esto no es un final, entonces

es la bomba que va a estallar.

Es una bomba que va a estallar”

Nacho Vegas y Fundación Robo

Y llegamos a estos últimos años, en los que no solo no hay referentes, sino que, según Lenore, las nuevas movilizaciones sociales consideran que ya no son necesarios.

Desde el momento en que se inició el 15M, una de las principales fijaciones de los medios fue la de adivinar qué representantes de la cultura apoyaban al movimiento. El periodista denuncia que existe una “tendencia a centrar todo en los artistas, a convertirlos en símbolos”. Continúa: “Cuando se habla de movimientos políticos, los medios siempre tratan de hablar de artistas y eso ya no es necesario. El 15M es la movilización más grande que se recuerda desde 1936 y demuestra que ya no hacen falta artistas que la apoyen ni que representen a una generación entera”.

Esta generación de la que habla es la que no solo no requiere ya símbolos, sino que tampoco se siente representada por la Constitución de 1978. Son aquellas personas que no tenían edad para votarla y que, 35 años después, exigen el inicio de un nuevo proceso constituyente. Y no son una minoría. La mayor parte de la población española con edad para votar no participó en el referéndum de la Carta Magna.

P la pregunta de qué artistas secundaban el movimiento. Históricamente, el mundo de la cultura ha sido siempre el mejor altavoz para las movilizaciones. Sucedió en la Transición y, en los últimos años, volvió a verse de una forma notable con el ¡No a la guerra! y con aquella gala de los Goya presentada por los actores Guillermo Toledo y Alberto San Juan. Aunque el 15M rechace desde un inicio liderazgos y caras que lo representen, conoce la importancia de que sus peticiones trasciendan y en eso todavía hoy, aunque cada vez menos, juegan un papel importante los artistas.

En la última gala de los Goya, por ejemplo, diferentes asociaciones surgidas al calor del 15M reclamaron a los profesionales del cine que mostraran en televisión las protestas de la calle. Este es, no obstante, un papel determinado por el reflejo en los medios de comunicación.

Pese a ello, es notable la falta de la llamada canción protesta, que siempre acompañó movimientos políticos de relevancia, en los medios de comunicación tradicionales. En ese sentido, el error es la costumbre, la tendencia a pensar que solo hay canción protesta si esta se presenta en los medios de comunicación convencionales.

Sin el Estado ni los medios como asilo, e inspirado en el 15M, nació el proyecto musical colectivo Fundación Robo. Se presentan así: “Espoleados por la reciente agitación política, en Robo intentamos crear un espacio en el que reflejar la realidad que nos rodea. [...] Con esta crisis, la misma de cada veinte años, muchas personas han hecho crack por dentro. Es hora de poner en común la frustración y convertirla en energía política. Tener a mano unas rimas contundentes puede resultarnos útil”.

Lenore insiste en que toda esta expresión política musical viene de entornos excluidos por los medios de comunicación. La diferencia hoy día es, sin embargo, que aunque estos no hayan cambiado su enfoque, la gente ya no los necesita. “Existen pequeños informativos, las redes sociales... Las personas van creando ya sus propios canales de comunicación para acceder a los distintos ámbitos de la cultura”. La Cultura de la Transición ha saltado en pedazos. “En el periodismo se sigue viendo muy bien, pero a los medios que mejor les va ahora mismo es a los que han optado por saltarse las normas”.

Kiko Amat opina que es en estos entornos excluidos donde se encuentran los referentes. “En los años 60 o 70 el pop era el referente, el transmisor callejero de un país. Pero ha dejado de ser el vehículo desde el que lanzar un mensaje de insurrección. Sigue habiendo referentes, pero en otras disciplinas”.

Puede que la mayoría de los medios de comunicación y el Estado no hayan querido hacer caso a grupos como La Polla Records, que en el festival Viñarock de 2003, años antes del 15M, cantó eso de “Lo llaman democracia y no lo es”.

La clave está en que los medios y la industria cultural ya no tienen el monopolio de la decisión acerca de lo que es cultura y no. Hay otros modos de acceder al territorio entonces aislado.

Evaristo, el cantante de La Polla Records, proclamó ese cántico político de protesta antes de su tema Ellos dicen mierda. Relata, entre otras cosas, lo siguiente: “Dentro de nuestro vacío solo queda el orgullo, por eso seguiremos de pie. Mogollón de gente vive tristemente y van a morir democráticamente y yo no quiero callarme”.

FOTO: Iván Martínez

UNA DERECHA SIN COMPLEJOS

Buena parte de los que hoy mandan en el Partido Popular, empezando por el propio Rajoy, fueron escogidos por el “fundador”, Fraga, como la joven guardia que había de dar continuidad a su proyecto, marcado por los numerosos exministros de Franco que componían su dirección inicial.

Carlos Elordi

PERIODISTA Y ECRITOR

El dato fundamental para entender la verdadera ideología del PP —la única derecha española hoy realmente posible— es que sus principales cuadros dirigentes proceden en línea directa y sin solución de continuidad del partido que Manuel Fraga Iribarne fundó en 1976, de Alianza Popular. Buena parte de los que hoy mandan en el Partido Popular, empezando por el propio Rajoy y de los que aún influyen mucho, como Aznar, y no pocos de los capitostes regionales y provinciales del partido, no sólo militaron en AP desde su nacimiento, sino que pronto fueron escogidos por el “fundador”, Fraga, como la joven guardia que había de dar continuidad a su proyecto, que en sus primeros pasos estaba demasiado marcado por la imagen de los numerosos exministros de Franco que componían su dirección.

Esos entonces “chicos” compartían plenamente las ideas políticas del fundador. Por disciplina insoslayable —nunca hubo posibilidad alguna de disensión ideológica, ni en AP, ni en el PP—, y porque estaban convencidos de ellas. Eran las suyas desde que eran niños. No habían conocido otras. Ni en sus casas, prácticamente sin excepción todos ellos eran hijos de gentes del régimen, cuando no de gerifaltes —políticos o económicos— del mismo, ni en los colegios ultrarreaccionarios que habían frecuentado —en sus tiempos había muy pocos de los otros—, ni en sus ambientes universitarios y sociales, que vivían cerrados a cualquier otra opción.

Y lo que, en sustancia, Fraga defendía era la vigencia de los fundamentos ideológicos del franquismo: unidad “indisoluble” de España, una acción política inspirada moralmente por los principios de la Iglesia católica en lo relativo a la familia, la educación y las relaciones personales, una visión muy tradicional del capitalismo, que respetaba por encima de todo la preponderancia de los intereses de los grandes poderes económicos, y que aceptaba los sindicatos porque a aquellas alturas ya no había más remedio, pero que en el fondo añoraba la supresión de la lucha de clases y el sindicato unificado de empresarios y trabajadores que había decretado Franco: por algo Fraga había sido falangista durante décadas. Y sus cachorros también habían mamado esa leche.

Fraga había venido definiendo y organizando su proyecto político desde tres o cuatro años antes de la muerte del dictador. Su idea central era que lo sustancial del corpus doctrinal que éste había creado durante casi cuatro décadas y, sobre todo, su aparato organizativo estatal, incluida la mayor parte de sus miembros, podían perfectamente sobrevivir, aunque adaptándose a las nuevas realidades, como la existencia legal de opciones políticas de izquierdas dentro de un marco de libertades restrictivo y cuya frontera debería estar constituida por los socialistas, quedando los comunistas totalmente excluidos del juego político. Algunas encuestas le decían que con eso, con una capa de pintura europeísta y con el buen recuerdo de Franco que, según él, tenía la mayor parte de los españoles, las futuras elecciones estaban ganadas.

En los meses que siguieron a la muerte de Franco, se vio que eso no iba a ser tan fácil. Que en España bullían deseos profundos de cambio. No sólo entre las capas populares, que aunque mayoritariamente no expresaban un mensaje político claro, sí que parecía que no iban a aceptar que los herederos del dictador siguieran mandando aunque éste estuviera enterrado en el Valle de los Caídos. También en sectores de las clases medias, en los que se manifestaban claros deseos de cambio. Y en las nacionalidades históricas, en las que el rechazo al centralismo era ya mayoritario y en las que estaba claro que Fraga y los suyos no tenían nada que rascar. Por si todo eso fuera poco, las huelgas y las movilizaciones obreras —que culminaron dramáticamente en la matanza policial de Vitoria, en marzo de 1976—, confirmaban que el experimento continuista no tenía mucho futuro.

Y en esas, Adolfo Suárez apareció en escena, agarró los mandos y poco a poco, sobre la marcha, comprendió que o la derecha rompía de alguna manera con el pasado, en las formas y si era preciso hasta en los contenidos, o el postfranquismo, que luego fue una transición, podía terminar muy mal para ese mundo. Y su mensaje caló: para empezar, y eso fue decisivo para el proceso, entre buena parte de los miembros del aparato institucional y de Gobierno, en definitiva del poder funcional del sistema, que hicieron oídos sordos a los sueños continuistas de Fraga y se hicieron reformistas, y, para terminar, en el rey: de su decisión de apoyar el experimento Suárez, que los ultras y buena parte de AP consideraron una traición, nacieron los resabios, si no las malquerencias, que aún hoy no pocos cuadros del PP tienen hacia el monarca.

Y Alianza Popular se quedó compuesta y sin novio. No obtuvo ni la sexta parte de los votos que UCD logró en las primeras elecciones, las de 1977. Y aún le fue peor en las de 1979. Pero Fraga no tiró la toalla. Se agarró como una lapa a las oportunidades de lucimiento que su escaño le ofrecía, se convirtió en un orador imprescindible en las Cortes de aquellos años, y participó en la redacción de la Constitución. Como protagonista, como auténtico exponente de la derecha real que deslucía no poco a los representantes de UCD, que defendía sus principios ideológicos y que sólo cedía cuando no había más remedio. No tuvo que esperar mucho para obtener fruto de todo ello. UCD se deshizo por sus propios medios y por la presión de los poderes fácticos —el económico, sobre todo, el eclesial y el militar, a los que AP, aparte de malmeter todo lo que pudo en el partido de Suárez, se ofreció como alternativa— y ya antes de las elecciones de 1982, las del triunfo clamoroso del PSOE, bastantes decenas de diputados centristas se habían pasado, de hecho, a sus filas parlamentarias. Después de aquellos comicios, AP era ya el partido único de la derecha.

Pero estaba condenado a la oposición. Fraga, un exministro de Franco, no podía ganar elecciones. Y al final, tras aguantar casi una década, tuvo que ceder. A su manera, claro está. Tras un fallido experimento con Hernández Mancha, escogió a José María Aznar como el alevín que, controlado por él, debía dar la cara en las elecciones. AP se convirtió en PP. Y Aznar empezó a correr por su cuenta, a independizarse de Fraga. Y a proclamar que el suyo no era un partido de derechas, sino de centro-derecha, y más tarde liberal, o democristiano, o lo que hiciera falta. Eso sí, sin hacer crítica alguna del franquismo o de sus postulados ideológicos que, en la intimidad, seguían plenamente vigentes en la formación: en su cúspide, en el medio y más abajo.

Tras una larga espera —y un terrible fracaso, el de las elecciones de 1993, que los sondeos daban por ganadas al PP—, Aznar llegó al Gobierno en 1996. Pero con tan escasa mayoría parlamentaria que tuvo que pactar con los nacionalistas catalanes y vascos, lo cual, además de las concesiones que tuvo que hacerles, le obligó a meter en un cajón bien cerrado sus auténticas intenciones, su ideología real.

Del cajón salieron cuando el PP obtuvo la mayoría absoluta en 2000. Aunque había algunos añadidos, no pocas puestas al día, y bastantes tratamientos cosméticos de los planteamientos originales, en lo sustancial eran los mismos que los que tenía Fraga antes de que empezara la primera transición: desconfianza, o algo más, hacia los nacionalismos, capitalismo de manual, moral católica y atlantismo a todo pasto, ahora en forma de mitificación de George Bush, al tiempo que se criticaba el exceso de poder de Alemania y Francia y se descalificaba sin límites todo cuanto habían hecho los socialistas, incluyendo lo que para Aznar eran “excesos” del Estado del bienestar que había montado el PSOE. Y con un toque, de “estilo”, casi tan relevante como todo lo demás: el de que, según Aznar, la derecha tenía que perder “sus complejos”, o, lo que es lo mismo, no tenía por qué ocultar que venía del franquismo y que, en su corazón, seguía admirando la obra del dictador.

Los mismos hombres, y mujeres, y las mismas ideas que al principio. Con un infinito mayor conocimiento de la mecánica política en un sistema democrático, con firmes apoyos en el poder económico en donde ya nadie discute la primacía del PP y que se beneficia de su preponderancia política y trata de influir en sus opciones, y ahora con un partido de 800.000 militantes, no pocos de ellos fichados gracias a la ayuda de esa organización que está presente hasta en el más pequeño pueblo de España que es la Iglesia católica.

Esa es la parábola del Partido Popular. Aparte de tratar de ganar las elecciones, con las dificultades que se saben, y de que su gente no le sustituyera por otro, Mariano Rajoy no ha sido sino una continuación de ese designio.

Y cuando este 20 de febrero, en su discurso sobre el estado de la nación, Rajoy afirmó que “reformar la Constitución no es un drama”, algo que el PP hasta ese día había considerado poco menos que un sacrilegio, más de uno se preguntó cuáles eran las intenciones reales al respecto del actual líder del PP. Es decir, si lo que Rajoy tenía en la cabeza era abrir el texto constitucional para que en él cupieran soluciones a problemas como los que plantean los nacionalistas catalanes o los gravísimos fallos del sistema electoral y de partidos. O, por el contrario, en lo que estaba pensando era en dar una vuelta de tuerca para reducir el poder de las autonomías y, de paso, el de los sindicatos. Eso cuadraría muy bien con la ideología fundacional del PP, a la que Rajoy nunca ha dicho que haya renunciado.

Alberto Ruiz Gallardón. EFE

JUSTICIA VINTAGE

El mundo judicial, hermético y antiguo, permanece tan alejado de la sociedad como hace 35 años.

Gonzalo Cortizo

PERIODISTA. JEFE DE POLÍTICA DE ELDIARIO.ES

Según la estadística, en España hay un juez por cada 10.000 habitantes. El nivel de togas per cápita nos sitúa por debajo de países como Moldavia o Albania y explica, en buena medida, las quejas más comunes referidas al ámbito judicial: lentitud, ineficacia o prescripción de los delitos. Sin embargo, además de estos problemas, el mundo judicial atesora otros que le son propios y que mantienen a la Justicia tan alejada de la ciudadanía como lo estaba en los albores de la democracia, con la salvedad de tímidas excepciones que han animado a jueces de base a plantear cambios legales en materia de desahucios.

Los últimos estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas señalan a los jueces como los trabajadores públicos peor valorados por la población. La pregunta del CIS encierra un error de bulto al englobar a la judicatura junto al resto de funcionarios. Los jueces, en su mayor parte, no se sienten un servicio público equiparable a médicos o profesores, sino algo más. Son un poder del Estado y se comportan como tal. En este punto radica, en buena medida, su lejanía con la sociedad.

Como señala Javier García Fernández, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense, “cada juez es un poder en sí mismo”. La primera consecuencia de esa independencia individual son sentencias que, en ocasiones, rayan la extravagancia. Como mecanismo de compensación, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ofrece un escaso contrapeso. Según este catedrático, “salvo que un juez realice una apología del delito en sus sentencias, es inusual una sanción por parte del CGPJ”. Los jueces son gobernados por los jueces, un poder en la línea del horizonte.

En un sector tradicionalmente pétreo y naftalínico en exceso, se están produciendo cambios y soplos de aire fresco que llegan desde abajo, provocados por las situaciones que la crisis arrastra a diario en los tribunales. Pese a la tradicional distancia, anteriormente señalada, en los últimos meses se ha registrado un acercamiento entre jueces y ciudadanos: los primeros se han negado a convertirse en meros cobradores del frac al servicio de los bancos y han pedido soluciones al drama de los desahucios.

Un total de 47 jueces decanos se dio cita a finales de enero en Barcelona para buscar soluciones y exigir cambios en la legislación. Tras su reunión, redactaron un informe que el CGPJ decidió desestimar. Pese a la resistencia de la cúpula judicial, el gesto se ha configurado como una de las primeras ocasiones en las que el Poder Judicial impulsa al Ejecutivo y al Legislativo en la búsqueda de soluciones. José Luis González Armengol, juez decano de Madrid, afirmó en este contexto: “Los jueces se han puesto del lado de la sociedad, porque la cercanía a la sociedad es una función primordial de un juez”.

A la espera de analizar cómo fraguan las reclamaciones judiciales, el sector continúa con las peleas que le son propias y tradicionales. Alberto Ruiz Gallardón ha levantado en armas al colectivo con su propuesta de que sea el Congreso el que elija de manera exclusiva a la totalidad de los vocales de CGPJ, órgano rector de los jueces. El ministro de Justicia ha propuesto, además, un sistema de tasas judiciales que acercan cada vez más a la Administración de Justicia a la condición de privilegio y la aleja del derecho o el servicio público. Las tres principales asociaciones judiciales han presionado al Gobierno hasta el punto de que Gallardón ha metido la marcha atrás parcialmente, al menos en lo tocante a las tasas.

Los políticos luchan por controlar a los jueces y estos por controlarse a sí mismos. ¿Y los ciudadanos? Según Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, “podrían analizarse formas de elección directa por parte de los ciudadanos para el CGPJ”. Sin embargo, nadie ha puesto estas propuestas sobre el papel, ni en ningún programa electoral. En otros países, como EE UU, los jueces se someten a las urnas y son los ciudadanos quienes los eligen.

Aunque los jueces tienen prohibido afiliarse a un sindicato, las asociaciones cumplen esta labor y cobran cada día más peso. Sin embargo, la mitad de la judicatura, que no está adscrita a ninguna asociación, queda fuera de las decisiones fundamentales y de los sillones más codiciados en órganos como el Tribunal Constitucional.

Otro de los ejemplos que demuestra la antigüedad del mundo judicial es el papel de la mujer. En las últimas promociones de jueces, la cuota de mujeres se situó en dos tercios. La Justicia se ha feminizado por la base, pero la cúpula sigue siendo un territorio masculino. El Constitucional, entregado a defender valores fundamentales como la igualdad, cuenta con solo dos magistradas en 12 asientos.

Además, el acceso a la carrera judicial sigue siendo un privilegio de unos pocos y en un espectro muy concreto de la sociedad. Es un acceso único en Europa, basado en una oposición modelada en el siglo XIX. Las oposiciones no comportan ni una sola prueba escrita y se limitan al recitado de una serie de temas que el aspirante repite ante el tribunal tras años de estudio exclusivamente memorístico.

Dicho de otro modo, un opositor a juez dedica entre 9 y 12 años de su vida adulta a prepararse para el cargo, financiado por su familia mientras estudia y alejado de la vida diaria. Durante su gestión, el exministro de Justicia socialista Mariano Fernández Bermejo propuso un modelo alternativo que abriese la carrera judicial a través de cursos de postgrado para licenciados en Derecho. Tras la dimisión del ministro, nunca se volvió a saber nada de su propuesta.

En definitiva, los jueces son antiguos en la cúpula y empiezan a moverse por la base. La carrera sigue siendo para unos pocos y los ciudadanos carecen de herramientas de decisión directa en el Poder Judicial. Alejados ya de los tiempos en los que la Justicia venía de Dios, la foto de la judicatura conserva aún buena parte de su sabor antiguo, lento y alejado de toda modernidad.

Iustración: BETTA

IGUALDAD, MÁS FORMAL QUE REAL

Desde la llegada de la democracia, los avances han sido imparables, pero la sociedad está aún lejos de alcanzar una igualdad plena.

Ana Requena Aguilar

PERIODISTA. REDACTORA DE ELDIARIO.ES

Parece difícil de imaginar, pero hace menos de cuarenta años tener una cuenta bancaria propia, cobrar personalmente una nómina o interponer una denuncia eran actos cotidianos vetados para las mujeres. Con la llegada de la democracia, la igualdad comenzó a hacerse hueco en la sociedad a marchas forzadas. Las mujeres pudieron entonces ejercer de nuevo su derecho al voto —interrumpido por la dictadura— y las nuevas normas fueron, poco a poco, consagrando la igualdad formal. Se reconoció la plena capacidad jurídica de las mujeres, que pasaron a ser titulares de derecho. Poco a poco llegaron el divorcio y el nuevo derecho de familia, la entrada masiva a las universidades, el derecho al aborto y a la anticoncepción, la ocupación de profesiones y puestos tradicionalmente masculinos, la lucha contra la violencia de género, o la aprobación de la Ley de Igualdad en 2007.

Sin embargo, y a pesar de los avances, fundamentalmente legales y formales, la sociedad está aún lejos de una igualdad plena. “La igualdad formal es imprescindible pero hay mucho más. Uno de los problemas que tiene el feminismo hoy día es que se ha centrado casi exclusivamente en la igualdad formal olvidando que si no cambiamos lo simbólico nos encontraremos con un punto en el que será muy difícil avanzar más. Actualmente somos iguales formalmente, pero estamos más sometidas que nunca a la dictadura del aspecto físico, a la maternidad tradicional, y ciertos roles también tradicionales experimentan un revival en la moda y en las relaciones sexoafectivas entre los y las jóvenes: los adolescentes son más machistas. Cuando digo lo simbólico me refiero a, entre otras muchísimas cosas, las imágenes de las mujeres en la cultura popular, el cine, la publicidad, la televisión, que refuerzan estereotipos y no los desafían”, dice la escritora y feminista Beatriz Gimeno. “La igualdad no solo no está conseguida sino que estamos en un momento de serio retroceso, y el espejismo de lo que se ha conseguido perjudica sobre todo a los jóvenes”, advierte María Naredo, jurista e investigadora de Amnistía Internacional.

El mercado laboral ha sido uno de los terrenos donde el avance de la igualdad ha sido más fulgurante, pero también donde más discriminación sigue produciéndose. A mitad de los años ochenta, la tasa de actividad de las mujeres rondaba el 33%. Veinte años después, en 2012, ha batido su récord histórico y ha llegado al 53%, una cifra que, no obstante, aún está trece puntos por debajo de la de los hombres, en el 66%. “Hay que pensar que esto ha pasado solo en una generación”, subraya Carmen Sarasua, profesora de Historia Económica en la Universidad Autónoma de Barcelona, que asegura que a pesar de la diferencia que aún separa las tasas de actividad de hombres y mujeres, España queda bien parada en relación con la UE. “Los buenos datos de los países nórdicos o de Alemania tienen detrás el trabajo a tiempo parcial de las mujeres, con un efecto muy negativo para sus rentas y carreras. En España, en cambio, este tipo de contrato de momento no ha cuajado”, explica.

No obstante, el número de trabajadoras con contrato parcial triplica al de los trabajadores. La primera razón de las mujeres para acogerse a la jornada parcial es no haber podido encontrar un empleo a tiempo completo, seguido de tener a su cargo el cuidado de niños o dependientes, un motivo que aparece en último lugar en el caso de los hombres.

Otros datos también muestran que la posición de las mujeres en el mercado laboral está aún marcada por la precariedad. La brecha salarial apenas se reduce: las mujeres cobran un 16,2% menos que los hombres. Carmen Sarasua destaca, además, que la mayor parte del trabajo sumergido es femenino y corresponde a sectores como el empleo doméstico —con una regulación laboral, además, menos garantista— o las manufacturas.

¿Por qué? Sarasua señala que las estructuras sociales perjudican a las mujeres. Es decir, el mercado laboral penaliza a las mujeres porque las tareas domésticas y de cuidado siguen recayendo en ellas y los servicios públicos son insuficientes para hacerse cargo de ese trabajo. Por ejemplo, las encuestas de usos del tiempo muestran cómo las mujeres dedican dos horas y cuarto más al día a estos trabajos que los hombres.

La economista Carmen Castro considera imprescindible romper “la división sexual del trabajo”, algo que pasa por invertir en infraestructuras sociales: universalidad del derecho a la educación infantil, pública y gratuita, servicios a la dependencia, centros de atención a personas mayores... “Desgraciadamente, una tendencia opuesta a lo que se está haciendo ahora”, señala Castro, que es parte de la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPIINA). La Plataforma defiende que el desequilibrio entre los permisos de paternidad y maternidad es un pilar fundamental en la desigualdad laboral y social.

La PPIINA propone la equiparación de permisos de maternidad y paternidad intransferibles y remunerados. Es decir, que los dos miembros de la pareja tengan un permiso individual y pagado de, al menos, 16 semanas. “Tiene un efecto favorable sobre la implicación de los hombres en las tareas de cuidado, sobre el empleo de las mujeres y la reducción de la brecha salarial. Todas las personas tenemos que tener el mismo derecho a participar en las responsabilidades de cuidado. Si el Estado no lo promueve, está fomentando un sesgo sobre dónde están depositadas las expectativas de los cuidados, que es sobre las mujeres”, explica la economista.

La Asociación de Hombres por la Igualdad (Ahige) también ve en los permisos iguales e intransferibles unas de las claves para el cambio. “Es urgente romper los elementos que suponen una carga para la incorporación de las mujeres al mercado laboral en igualdad de condiciones y esto pasa por una política de permisos iguales e intransferibles para hombres y mujeres”, dice Santiago Fernández, miembro de la coordinadora de la asociación, que también reclama políticas de sensibilización y concienciación dirigidas específicamente a los hombres para ahondar en un cambio de roles y de actitudes. “Al final, todo esta inferido en la idea de lo que es desarrollarse como hombres y mujeres”, resume.

El debate sobre la paridad y las cuotas como forma de aumentar la llegada de mujeres a los puestos clave y de responsabilidad, que empezó hace años, sigue sin resolverse. Aunque las mujeres son ya mayoría en las universidades, representan tan solo cerca del 30% del personal de dirección de las empresas y el 12% de los consejeros de las empresas que cotizan en Bolsa. “La cuotas son necesarias, una herramienta transitoria para ayudar en este proceso, para que la igualdad en el acceso al mercado sea real y alcanzar un nivel en el que las cuotas ya no hagan falta”, señala Luzma Piqueres, socia de Add Talentia. Ahora, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reading, trata de sacar adelante una norma que asegure que el 40% de los consejos de administración de las empresas esté formado por mujeres y que fije multas para quien la incumpla. “Hay muchas resistencias, cualquier excusa para seguir en la lógica actual se da por buena, pero hay que pensar que es una oportunidad para hacer un cambio cultural”, asegura Piqueres.

La expresión más cruda de que la igualdad real queda lejos son los asesinatos de mujeres, en su mayoría a manos de sus parejas o exparejas, que siguen sucediéndose. Cada año hay, de media, 130.000 denuncias por violencia de género y en la última década más de 600 mujeres han sido asesinadas bajo esta forma de violencia. La aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género en 2004 supuso un hito, la culminación de un trabajo de varias décadas —en buena parte hecho por organizaciones de mujeres y por miembros de la sociedad civil— para que la violencia machista pasara de considerarse un asunto privado a un problema de envergadura que debía incumbir a toda la sociedad. La norma trajo consigo avances clave: un tratamiento jurídico y penal específico para los casos de violencia de género, los juzgados especializados, o la sistematización de estadísticas. Al mismo tiempo, reconocía la necesidad de consolidar la red de atención a mujeres que durante los años noventa había ido creciendo en las comunidades autónomas.

“Hubo un auge pero después ha habido una desactivación, ahora la preocupación social es ínfima, más baja que en 2000 y no porque se haya eliminado el problema. La sociedad, con mucha responsabilidad de los medios, considera que qué más se puede hacer, hay una idea de fatalismo, como si hubiera un número de muertes que no se pueden evitar. Es una idea que hay que quebrar como sea”, asegura la jurista e investigadora de Amnistía Internacional María Naredo, que considera que se cometió el error de identificar la Ley Integral con la solución del problema. “Una vez que tienes una norma hay que implementarla, faltan políticas públicas efectivas, falta inversión, falta seguimiento”, asegura Naredo, que ve imprescindible que la sociedad civil se mantenga vigilante. Precisamente, en lugar de avanzar en inversión, los recortes de los últimos años han mermado la red de atención y las ayudas a mujeres maltratadas.

Recientemente, un informe de Amnistía Internacional señalaba algunas de las claves sobre las que actuar para mejorar la lucha contra la violencia machista, como la mejora de la formación y la coordinación de los turnos de abogados de oficio para garantizar una atención adecuada. También subrayaba la necesidad de evaluar el funcionamiento de los juzgados especializados para comprender, por ejemplo, por qué cada vez se conceden menos órdenes de protección o se producen más sobreseimientos.

Las expertas alertan también sobre la violencia sexual, mucho más soterrada y de la que se tienen pocos datos. En muchos casos, esa violencia procede de conocidos o se produce incluso en el marco de relaciones afectivas consentidas, lo que hace que muchas mujeres no la identifiquen como tal. “No sabemos nada sobre la magnitud de esta violencia, ni tampoco sobre la respuesta que se le da desde el Estado”, asegura la experta de Amnistía.

Micromachismos. Un comentario subido de tono de un desconocido en mitad de la calle, un roce no consentido, las apreciaciones continuas sobre el aspecto de las mujeres y de su vida privada, las justificaciones que aún persisten sobre la violencia de género o los celos... “Los micromachismos son esas actitudes, comentarios, gestos de la vida cotidiana que son machistas pero que por ser sutiles hacen que quien los emite o declara no los sienta como tal. Es el machismo inconsciente de mucha gente que se dice no machista. En parte es lo simbólico y en parte es aquello que queda cuando se ha conseguido la igualdad formal”. Así describe Beatriz Gimeno los micromachismos, esas otras pequeñas violencias aún más soterradas y que tantas veces son justificadas. “Las relaciones íntimas son uno de los reductos de machismo, muchas veces se construyen a través de unos roles dañinos”, advierte María Naredo.

Gimeno destaca que más allá de declaraciones enfáticas en defensa de la igualdad, o de que muchos hombres crean que no se debe discriminar a las mujeres y ellos crean no hacerlo, queda llevar las ideas a la práctica. “Y eso es lo incómodo. Ahora tienes que levantarte sin que nadie te llame la atención y hacer el mismo trabajo en la casa que tu compañera. Y no es lo mismo decir una cosa que ponerla en práctica, decir que se cree en la igualdad que renunciar a privilegios”, subraya.

Educar en igualdad. La Ley de Violencia incluía una parte sobre educación y concienciación social que, sin embargo, ha quedado en nada. “Es la base del problema”, recuerda Naredo. Para Beatriz Gimeno, la educación en igualdad es fundamental: “Se ha descuidado mucho, demasiado tiempo, el empeño en una educación de la igualdad. De hecho, no la ha habido nunca. Educación para la Ciudadanía era un timidísimo intento y ya sabemos cómo acabó”.

Desde Hombres por la Igualdad, Santiago Fernández también lo tienen claro: “El sistema socioeconómico es patriarcal y machista y en su ofensiva neoliberal, que tiene como excusa la crisis, no ceja en plantear y poner los surcos que obligan a retrotraernos a la moral católica de la familia tradicional. Hace falta introducir la formación en cultura de igualdad en todos los procesos formativos y todo debe abordarse desde la perspectiva de género si realmente pretendemos provocar un cambio”.

Ilustración: César Fernández

LAS CHAVALAS BAJO EL MANTEL

Cristina Fallarás

PERIODISTA Y ESCRITORA

Me preguntan sobre nuevos machismos y discriminaciones vigentes al hilo de una nueva Transición, como quien dice. Director de El País: Javier Moreno. De El Mundo: Pedro J. Ramírez. De Abc: Bieito Rubido. De La Vanguardia: José Antich. De El Periódico: Enric Hernández. De 20 Minutos: Arsenio Escolar. De eldiario.es: Ignacio Escolar. Nada. Si acaso dejar constancia de que yo en realidad soy un hombre, pese a estas gozosas tetas que la genética me dio. Mi educación —Sacre Coeur, nada sospechosa— se resume en: no te cases con un notario, sé notaria.

Presidente de Abertis: Salvador Alemany. De Acciona: José Manuel Entrecanales. De Endesa: Francisco de Borja Prado. De Enagas: Antonio Llardén. De FCC: Baldomero Falcones. De Ferrovial: Rafael del Pino y Calvo-Sotelo. Y las de mi quinta, hijas del 68…

…perdonarán que me pase a la primera persona, si no valgo como ejemplo, valga al menos como ilustración. Compré la moto: aspirar a directiva feroz, ser loba insaciable en lo genital, satisfecha por multiplicado, ahhh, consumir noches duras, practicar la antidomesticidad, y con dos cojones todo.

Presidente de Gas Natural: Salvador Gabarró. De Iberdrola: Ignacio S. Galán. De Inditex: Pablo Isla. De Repsol: Antonio Brufau. Del Banco Santander: Emilio Botín-Sanz de Sautuola y García de los Ríos. De Telefónica: César Alierta. Del BBVA: Francisco González.

Asimilé que el poder germina en el dinero, y que el dinero, y no el medio, es el mensaje. Todo un hombre de provecho, qué coño. Una vez, en Madrid, tras una comida de directivos en la que ejercí de estatua, uno dijo: “Pues ahora ya las chavalas, ¿no? Que pasen”. Juro que pasaron. Exactamente debajo del mantel.

Presidente de PRISA Radio: Augusto Delkáder. Consejero Delegado: José Luis Sainz. Director General: Alejandro Nieto. De Antena: Lluís Rodríguez Pi. De Servicios Informativos: Antonio Hernández-Rodicio. Elegí periodismo para conocer a Gil de Biedma. Llegué a sub, que es lo más alto, y allí me oí que el sueldo de los sub modelo macho era más alto porque ellos iban a entrevistar ministros. Acojonada.

Presidente de COPE: Fernando Giménez Barriocanal. Director Editorial: José Luis Restán. De Informativos y cope.es: Juan Pablo Colmenarejo. Consejero Delegado: Rafael Pérez del Puerto.

El adiestramiento en notarismo tenía un precio. Nadie lo mencionó. No lo sabían, ellas. Nadie: el feminismo era esto. Unas teorizan mientras los otros se fajan.

Director General de RNE: Manuel Adrián Ventero. De Informativos: Juan Fernández. De Radio Nacional: Ignacio Elguero de Olavide. De Radio 3: Tomás Fernando Flores. De Radio 5: María Luisa Moreno de Viana. De Radio Exterior: Juan Roldán.

Lo llamaban “igualdad”, y sí, creo que conseguí pasar mi prueba de ser igual que ellos. Pobres, dicen los de la autoayuda que están heridos.

Presidente de Mediaset: Alejandro Echevarría. Consejero Delegado: Paolo Vasile. Director General de Contenidos: Manuel Villanueva.

No es machismo. No exactamente. Son las chavalas debajo del mantel.

FOTO: AP

ECONOMÍA ESPAÑOLA
VIAJE A NINGUNA PARTE

Tras cinco años de recesión, seis millones de parados y con el Estado del Bienestar en desmantelamiento, el revulsivo sigue sin llegar.

Belén Carreño

PERIODISTA. JEFA DE ECONOMÍA DE ELDIARIO.ES

“Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. Giuseppe Tomasi di Lampedusa acuñó esta frase en su célebre obra El Gatopardo. La máxima ha servido de inspiración para denominar una forma de actuación política que pasó a conocerse como “el gatopardismo”. Lampedusa explicitaba así una estrategia muy común de los dirigentes de cualquier época: fingir supuestos cambios revolucionarios que apenas arañan la superficie de la burocracia para que, al final, todo siga tal y como estaba.

España ha sido víctima de un gatopardismo no deliberado. Posiblemente, el peor de todos. Ha sufrido la mayor crisis de su historia, con un lustro de contracción que se ha llevado por delante millones de empleos, sectores enteros de la economía y hasta un Gobierno.Una crisis que apenas ha movido de su sitio al patrón productivo español.

Al comienzo de la crisis, o de la primera ronda de la crisis, muchas voces aseguraron que la recesión sería una suerte de experiencia catártica. Que se llevaría la parte menos productiva, para emerger una nueva economía moderna, tecnológica, científica. La recesión se llevaría “la grasa”, decían los expertos.

Pero la segunda vuelta de tuerca, la que vino de la mano de la crisis de deuda, arrasó con el sueño del cambio de modelo. Las restricciones presupuestarias acabaron con la posibilidad de diseñar una estrategia en la que apostar por sectores con alto valor añadido, por incentivar la ciencia, por mejorar la formación.

La imagen de la economía española se ha quedado en photofinish. Al sector que tome el relevo que ha dejado la construcción, ni se le ve, ni se le espera. La industria ha sufrido un varapalo épico, del que no puede remontar sin contar con el tirón del resto de la UE. El turismo se mantiene a duras penas y las exportaciones son un sí, pero no.

La profesora de Economía de la Universidad Complutense, Mónica Melle, recuerda cómo durante años en España se ha seguido a pies juntillas la idea de que “la mejor política industrial es la que no existe”. La frase la dijo nada más y nada menos que un ministro socialista, Carlos Solchaga. “No estoy a favor de una economía planificada, pero se puede poner orden”, explica esta economista, miembro del colectivo Economistas Frente a la Crisis.

Lo cierto es que durante los años de bonanza, nadie intentó mediar para crear un patrón productivo sostenible. Y el crecimiento asilvestrado del ladrillo resultó ser depredador. Se llevó la formación, se comió a los jóvenes, desvió los recursos, distorsionó la inversión…

Regreso al futuro. España encara 2013 en la casilla de salida. Con los datos de último trimestre de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2012, en España trabajan tantas personas como lo hacían en el primer trimestre de 2003. El problema, evidente, es que no hay el mismo número de activos. Mujeres e inmigrantes entraron a formar parte de una fuerza de trabajo que parecía capaz de absorberlo todo. Y los ha terminado regurgitando.

Mediante el retrovisor, vemos aquella España de 2006 como en un sueño. Se levantaron entonces 664.923 inmuebles, una cifra récord y ahora vista como absurda. Solo en el ladrillo trabajan 2,6 millones de personas. Doce de cada cien euros que se producían en este momento en España lo hacían cavando en la fosa de la construcción. El comercio y el turismo generaban una quinta parte de la riqueza del país. Pisándole los talones estaba la industria, que aportaba un 16,3% del PIB. Su peso relativo había caído ya entonces, diluyendo su importancia a favor de la construcción.

La España de 2012 es el reflejo del espejismo del cambio. La construcción ha languidecido hasta suponer un 8,3% del PIB, un nivel que lleva al sector a la importancia de los años noventa. Pero el espacio que ha dejado no ha sido ocupado por ningún otro sector industrial.

El Estado se ha tenido que abrir paso, y pese a la dureza de los ajustes, el año pasado soportó un 16,2% del PIB, ligeramente inferior al de años anteriores pero aún en niveles de máximos históricos. El Dorado de la industria se ha reducido hasta suponer un 15,5% de la economía. Esta cifra está estancada desde el inicio de la crisis, y está muy lejos del casi 19% que suponía al arranque de la década de 2000.

La industria ha dado un paso atrás, en cuanto a peso en la economía, y los otros sectores productivos desligados del ladrillo se han resituado en niveles previos a la crisis. Algo se mueve en las ramas de actividad relacionadas con los servicios profesionales, pero son unos avances casi imperceptibles.

La ley de la selva. Ante esta aparente parálisis en el patrón de crecimiento, ¿qué se puede esperar de los próximos años? Ángel Hermosilla, miembro del Consejo General de Economistas y autor del estudio La industria: pieza clave para un nuevo modelo productivo sostenible, ve cómo la parte del sector industrial más dependiente del mercado interior ya ha desaparecido. Una vez hecha esta criba, Hermosilla cree que las empresas del sector que han sobrevivido “son competitivas, han tenido capacidad de aguante y se han quedado con la cuota de otros”.

La destrucción de empresas y la eliminación del empleo no han sido homogéneas ni siquiera en un mismo sector. Santiago Carbó, catedrático de Economía y Finanzas de la Bangor Business School (Reino Unido), recuerda que hay sectores donde conviven “las dos caras de la moneda, con empresas muy competitivas que están creciendo y otras que están desapareciendo”. Para Carbó, el nuevo patrón lo fabricarán las empresas supervivientes, que de forma natural marcarán en qué áreas la industria española puede ser más competitiva. Y, aunque se insiste en la salvación de la industria, el turismo es, para este experto, uno de los sectores a tener en cuenta.

“El turismo debe resistir, España debe aprovechar la oportunidad que se le brinda”, dice sin género de dudas Sara de la Rica, catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco. “Algunos de los países potenciales competidores con España, como los del norte de África, están teniendo problemas, y esto debe ser aprovechado por nuestro país. Pero para esto debemos incrementar la calidad sin subir los precios y ofrecer alternativas al turismo de sol y playa”, matiza.

Esta idea de un turismo de calidad alejado del todo incluido es un caballo blanco que nunca se acaba de materializar. El plan Renove de hoteles que puso en marcha el Ejecutivo de Zapatero en 2008 no surtió el efecto esperado. Además, la extensión de la crisis ha afectado también a los países de origen, con la dificultad añadida de atraer un turismo de más calidad.

La última información publicada, de enero de 2013, ha arrojado un jarro de agua fría sobre la evolución del turismo. Las pernoctaciones cayeron más de un 5% respecto al mismo mes del año anterior, y los hoteles tuvieron que volver a reducir sus precios, en esta ocasión en un 1%.

El otro frente en el que los expertos han puesto esperanzas, y en el que el Gobierno ha fiado la salida de la recesión, es el sector exportador. La contribución a la economía de las exportaciones ha sido la única alegría en la crisis, manteniendo contra todo pronóstico la cuota mundial y compitiendo en muchos sectores con los países más importantes.

Carbó recuerda que el alcance de esta mejora está limitado a un número muy reducido de empresas, principalmente de gran tamaño y ligadas de alguna forma a la tecnología o al textil. De la Rica, que colabora también con la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), señala el potencial exportador de sectores que se han defendido bien de los rigores de la recesión, como los relacionados con el suministro de agua y energía.

De esta misma opinión es Rafael Pampillón, el director de análisis de IE Business School, quien, además, subraya el buen comportamiento de los ingresos relacionados con la explotación de patentes españolas en el exterior. Así, entre enero y septiembre de 2012, los ingresos por royalties –lo que se paga por usar las patentes– ascendieron a 644 millones de euros, prácticamente lo mismo que se consiguió en el ejercicio completo de 2010, y la tasa de cobertura (la parte de las importaciones que son cubiertas por las exportaciones) supuso hasta septiembre el 46%.

Con todo, las últimas cifras no auguran un futuro tan rutilante como el previsto para las exportaciones. En los datos de PIB conocidos el último día de febrero, se ve cómo las exportaciones se desinflan también en el último trimestre de 2012. En el año, la mejora fue de un moderado 3,2%, lastrada sobre todo por la caída en picado de la compra de los extranjeros en territorio español.

El economista jefe de Intermoney, José Carlos Díez, se muestra exportaescéptico y, aunque destaca la fortaleza de muchos sectores, pone en duda que el ímpetu exportador pueda echarse a la espalda la salida de la crisis. “Las ventajas competitivas locales son ahora globales”, remarca Díez al asegurar que las empresas que mejor se comporten en España también lo harán en el exterior sin ceñirse a un sector concreto.

Aún más pesimista con la posibilidad de remontar la crisis por la vía exportadora es José Ángel Moreno, presidente de Economistas sin Fronteras. Moreno cree que el tipo de modelo económico que se está perfilando es radicalmente desigual y que polarizará la economía española al apartar a las pymes. En línea con este temor, cree que la industria de tamaño medio se quedará como una simple proveedora de manufacturas de las grandes empresas en un proceso de maquilanización de la economía. Un paso más allá va el profesor de la Universidad de Málaga, Alberto Montero, que teme que la única entrada de ingresos importante que España consiga del extranjero en los próximos años sean las remesas de inmigrantes. Montero no es capaz de visualizar que con las políticas actuales se pueda salir de la crisis ni fortalecer a ningún sector en concreto.

Cambio de paradigma asalariado. La sorpresa de los datos del PIB de 2012 vino por la parte de la aportación que los trabajadores y los empresarios hacen a la economía, pues la renta de los trabajadores aportó menos a la economía que la renta de las empresas. Los expertos consultados están de acuerdo en que el principal cambio que se verá en los próximos años pasa por la merma del consumo, la precarización laboral y la casi obligación de emigrar. Un cambio de modelo muy diferente al que se había aspirado.

De la Rica lo resume con crudeza: “A los consumidores nos esperan años de restricciones muy importantes en nuestra renta disponible, por la devaluación salarial y por las subidas de impuestos. Veremos nuestros sueldos congelados o reducidos en los próximos años y más expuestos que antes a despidos”.

Para Pampillón, la única opción del parado español será “emigrar”. Moreno, de Economistas sin Fronteras, cree por su parte que en los próximos años el paro tendrá muy difícil bajar de la cota del 20%, con una sociedad abocada al “conflicto social”. En esta línea, Melle explica que ahora se entiende cómo el Gobierno ha previsto que con un 1% de crecimiento España genere empleo. “Se crearán minijobs, puestos precarios, para los que se necesita menos actividad económica”. Hasta ahora, el consenso decía que España necesitaba crecer a tasas del 2% para crear nuevos puestos de trabajo.

“El cambio de modelo es lento, y lo que España necesita es un revulsivo”, sentencia Montero. “Hay que alcanzar un punto de ruptura. Hasta entonces, nada cambiará”, concluye. Y así, tras cinco años de recesión, seis millones de parados, y con el Estado del bienestar en desmantelamiento, el revulsivo sigue sin llegar. Por ahora, España no ha retrocedido para coger carrerilla. Solo ha retrocedido.

@BeVergara

Ilustración: César Fernández

CAPITALISMO MARVEL

Antonio Baños

PERIODISTA Y ESCRITOR

Hablar de que estamos sufriendo la revolución de los ricos es lo mismo que decir que estamos siendo atacados, saqueados, sometidos por los fuertes. ¡Menuda novedad!, me diréis. Está bien, quizá no sea una novedad absoluta, pero sí que se trata de un revival al que ya no estábamos acostumbrados. Los más fuertes, en los tiempos del llamado capitalismo renano, o de rostro humano o de consumo, ejercían su poder sorteándose o ganando la voluntad de unas resistencias ciertas. Existía, en aquellos años finales del siglo XX, las llamadas sociedades civiles. Sociedades que, aunque divididas y enfrentadas en clases, tenían mecanismos de representación (partidos, sindicatos) y escrutinio (prensa) que oponían al poder bruto de la fuerza y el dinero un discurso alternativo. Y, como vino a decir Marx en una frase inspirada, la teoría, las ideas, dentro de un cuerpo social organizado, son tan concretas como la más sólida de las armas. El caso es que hoy las cosas ya no son así. La disolución de las resistencias con la trementina del individualismo y el confort han hecho emerger a nuestros ojos un fenómeno que casi ni nuestros abuelos llegaron a conocer: el poder como contingencia. Como bien en sí mismo. El dinero sin sentido ni objetivo convertido en puro arma de dominio que supera los viejos dominios territoriales de las naciones. Hemos vuelto al poder canino, aquel que, como los perros, solo aspira a lamerse su propio culo.

Cuando empezó la ya insoportable moda de las películas de superhéroes en calzoncillos, muchos sociólogos aparecieron diciendo que era la respuesta lógica al miedo post-11S (las Torres Gemelas, no la Diada). O que respondían a la necesidad de soluciones sencillas a los complejos retos de la globalización en crisis. Yo lo veo de otra manera. Lo único comprensible de esas películas son los supervillanos. Steve Jobs, Bill Gates, George Soros, Emilio Botín, Amancio Ortega, Gérard Depardieu o Luis Bárcenas (en orden creciente de sainetismo) son figuras incomprensibles sin el mundo Marvel. Al igual que su correlato pop, los nuevos señores feudales, los amos del mundo ofrecen un descarnado perfil común: el triunfo de la voluntad de dominio del mundo situada a medio camino entre el horror y la farsa. Los nuevos amos viajan, como el doctor Maligno, escondiéndose en los más increíbles paraísos, fiscales y físicos, para huir de una realidad que no reconocen pero que están dispuestos a fulminar con cualquier rayo especulativo. Controlan el mundo desde paneles electrónicos como los malos de James Bond. Tienen a miles de pobres sicarios trabajando en cuevas o en fábricas ilegales para construir aparatos o imperios idiotas basados en jerseys que encogen o en trastos con colores y ruiditos. El icono pop del nuevo capital es el supervillano, cierto. Lo jodido es que los superhéroes, o los que dicen serlo, también los tienen en nómina.

Santiago Carrilo, Felipe González y Adolfo Suárez. EFE

LA FRACTURA DEL MODELO AUTONÓMICO

El Estado de las autonomías está gravemente resquebrajado. Eso se ha producido porque los dos partidos que se reparten el poder en España no han tenido interés en desarrollarlo y consolidarlo.

Antonio Franco

PERIODISTA. EX DIRECTOR DE EL PERIÓDICO DE CATALUNYA

El modelo autonómico nació de forma accidentada e incompleto, entre muchas presiones, y ha sido como una bicicleta que en cuanto ha dejado de intentar ir hacia adelante ha provocado la caída del ocupante. Cada vez resulta más evidente que el espíritu descentralizador con que UCD y PSOE, respaldados por la mayoría de las demás formaciones, plantearon durante la transición la estructura del poder para la etapa democrática respondía más a su debilidad para apostar por un esquema centralista al estilo francés, que a una auténtica convicción.

Muerto Franco, la democracia no podía consolidarse en el conjunto de España sin una complicidad absoluta y una conformidad con el modelo por parte de Catalunya y Euskadi, dos grandes bastiones de la fuerza empresarial e industrial y dos de los arietes decisivos en la recuperación de las libertades. A eso se añadía que, desde la clandestinidad hasta su afloración pública, los discursos socialista y comunista habían subrayado la necesidad de restablecer la democracia respetando, por la vía de una nueva estructuración formal, la diversidad nacional existente en España.

En paralelo, los discursos de UCD, de los hijos del centroderecha que tan escasamente habían combatido al régimen del 18 de julio, encontraron en el reconocimiento de la pluralidad nacional una fuente de legitimación y lo exhibían como prueba de que no eran menos demócratas que nadie.

La derecha-derecha, el conglomerado que acabaría siendo la Alianza Popular de Manuel Fraga, tuvo en esa etapa definitoria un peso institucional relativo y pudo mojarse poco. A causa de ello, luego lo tuvo sencillo para exhibir reticencias, aceptar los aspectos más superficiales y folclóricos de la división autonómica, defender la “descentralización sí, pero dentro de un orden” y reiterar mucho lo que podríamos llamar “el valor supremo de la sagrada unidad de España”. Posteriormente, fue afinando sus críticas contra la descentralización cuando esta ya era constitucional, aunque Fraga matizó algo las cosas cuando se convirtió en presidente autonómico de Galicia y empezó a sacarle punta a la potencialidad política de lo que hasta aquel momento él limitaba a una esfera meramente administrativa.

Descentralización política

Tras el impulso inicial de UCD, el protagonista de calibrar el sentido y alcance de la descentralización fue el PSOE, a medida que fue ganando poder. Sus dirigentes se sintieron cómodos con la denominación “Estado de las Autonomías”, por la inconcreción que comportaba en relación a la doctrina internacional ya existente sobre lo que eran los estados federales, que era retóricamente su bandera tradicional. Todo hace pensar que tanto Adolfo Suárez como Felipe González deseaban que la descentralización española fuese muy administrativa y poco política con la excepción de las autonomías catalana y vasca, que inevitablemente deberían tener muy visible esa segunda connotación. Tanto eso, como su posible extensión a Galicia, se aceptaba de una forma abstracta por la mayoría de la opinión pública en aquellos primeros tiempos posfranquistas en que había mucha buena voluntad colectiva para los consensos (algo que duró hasta que llegó la radicalización del sentimiento partidista al seno de la mayoría de las formaciones).

Cuando empezó a concretarse el modelo autonómico, los socialistas empezaron a padecer tensiones internas, especialmente desde su decisivo brazo andaluz que pronto asentó la idea, mirando a Catalunya y Euskadi, de que respecto a la autonomía su comunidad no podía ser menos que nadie. Eso empujó al PSOE hacia un autonomismo más profundo y político. Le acabaron de animar sus deseos de abortar la posibilidad de un gran crecimiento de un rival local, el PSA. UCD estuvo de acuerdo en ampliar a toda España el nivel político de todas las autonomías, y la derecha más conservadora no pudo hacer nada en una cuestión en la que electoralmente estaba en neta minoría absoluta frente a la suma de la izquierda, los centristas y los partidos nacionalistas. Esas fueron las claves del parto del “café para todos”, tan elogiado durante un tiempo y ahora, con perspectiva, considerado como la raíz de gran parte de nuestros graves problemas. Es un hecho que fomentó el sentido político –o su conveniencia– particularista en áreas donde no existía previamente, y es otro hecho que nunca llegó satisfacer a una parte de los ciudadanos de las nacionalidades históricas que sí tenían un sentido identitario propio, entre otras causas por su generalización.

En cuanto quedó instaurado el bipartidismo español, ni el PSOE ni la derecha, sus grandes beneficiarios, mostraron el menor interés para que el peso que tenían los Gobiernos y Parlamentos autonómicos en sus respectivos territorios tuviese una progresiva repercusión en la administración y la estructura centrales. Así, empezó la historia de descentralizar competencias hacia las autonomías sin desarmar a la misma escala las instituciones que las gestionaban desde Madrid. O lo de prometer continuamente convertir el Senado en una Cámara de verdadera representación territorial sin llegar a hacerlo. En definitiva, así empezaron a marcarse las distancias respecto a un verdadero modelo federal, pese a que el nivel de descentralización creció, aunque sin la vertebración debida, hasta superar en la práctica, en determinados aspectos, al de muchos de los estados federales.

Felipe González y Alfonso Guerra llevaron las riendas en los años decisivos en que se creó una filosofía de Estado muy autonómico en las autonomías y muy Estado central fuerte, controlando desde arriba con superioridad fáctica a todo lo demás. Un ejemplo de ello es que para tratar las cuestiones problemáticas que afectaban a todas las autonomías se prefirió recurrir y potenciar las reuniones del presidente del Gobierno con los presidentes de las comunidades en vez de crear un órgano idóneo, del mismo modo que no se articuló ningún cauce general para tratar de forma bilateral los contenciosos entre las autonomías fronterizas. Las reuniones de presidentes, celebradas en La Moncloa con una agenda cerrada y decidida por su inquilino, subrayan de forma clara la subordinación jerárquica del poder autonómico, no al poder del conjunto de la Administración del Estado, sino a la persona concreta del presidente de Gobierno de turno.

La insatisfacción

La artificiosidad del esquema lo ha hecho saltar por los aires desde varios ángulos, especialmente el económico. Por el coste e ineficiencia de ir solapando poderes para gestionar unas mismas cosas, por la incapacidad política de diseñar mecanismos transparentes de control del dinero público en todos los niveles de la Administración, por no definir debidamente el reparto del dinero entre las administraciones en función de los servicios que prestan, la población a la que atienden u otros criterios objetivos. En lo que fueron las nacionalidades históricas, el desarrollo estatutario tampoco ha llevado a los niveles federalistas que políticamente se aspiraban, con incidentes graves como el descarrilamiento del plan vasco de Ibarretxe y como la marcha atrás al nuevo Estatut catalán después de haber sido refrendado por el Congreso español y por un referéndum específico en Catalunya. El resultado final es una gran insatisfacción por la realidad que tenemos, excesivamente descentralizada en la opinión de unos e insuficiente según el punto de vista de otros. En el momento en que la crisis económica ha descarnado las posturas, se nos han encadenado los debates ácidos y las tensiones, algunas muy trascendentes, aderezadas por una gran sensación de incapacidad de abrir la gran reflexión colectiva necesaria para sentar las bases de una rectificación aceptable para, por lo menos, una gran mayoría de los ciudadanos.

La raíz de la particular insatisfacción catalana por el modelo económico reside en la consideración mayoritaria de que hay un maltrato financiero que le impide desarrollarse de acuerdo con su propia capacidad. Es evidente que los negociadores catalanes de la Constitución y del modelo autonómico cometieron un error histórico al no apostar en su momento por un concierto como el vasco. Tal vez no lo habrían podido conseguir, tal vez habrían logrado un concierto descafeinado, pero es casi seguro que si lo hubieran reclamado, el concierto vasco habría sido acotado de una forma que no constituyera hoy para los catalanes un recordatorio continuo de discriminación en contra.

Ilustración: César Fernández

CATALUNYA, LA LIBERTAD NO ES LO QUE ERA

Josep Carles Rius

PERIODISTA. DIRECTOR DE ELDIARIO.CAT

Catalunya se implicó en la construcción de la democracia al grito de “llibertat, amnistia i estatut d’autonomia”. Era una aspiración mayoritaria que se expresó en la marcha de un millón de personas en Barcelona en el año 1977, un anhelo compartido con los demócratas de toda España. Casi cuatro décadas después, una parte muy significativa de la sociedad catalana mantiene el grito de libertad, pero esta vez respecto de un Estado al que consideran fuente de buena parte de sus males.

Este es el gran desgarro que va de la primera a la segunda transición. El catalanismo, de CiU al PSC pasando por toda la estela del PSUC, se implicó a fondo en la democracia española. Sólo tres ejemplos muy significativos: Miquel Roca aspiró a crear un espacio de centro en la política española; Narcís Serra dejó la alcaldía de Barcelona para liderar la modernización del Ejército español y Jordi Solé Tura fue uno de los padres de la Constitución.

El catalanismo soñaba con una España moderna y civilizada, que fuera la puerta de Europa y en la que Catalunya se sintiera, por fin, respetada como nación. Una parte de la sociedad catalana cree que este proceso histórico ha acabado en fracaso y la segunda transición ya no es un camino compartido con España, si no la vía de salida hacia un Estado propio. Un viaje mucho más difícil que el emprendido a finales de los setenta, con menos consenso, y que despierta viejos temores de fractura social. Un viaje, además, que empieza sobre las arenas movedizas de la acelerada degradación económica, institucional y política.

La regeneración democrática ya es una urgencia histórica en España y, por supuesto, también en Catalunya. Y la gran cuestión es saber qué papel jugará esta vez Catalunya. En la primera transición, la política catalana desempeñó una función clave, tanto por sus aportaciones como por sus renuncias. Ahora, una mayoría parlamentaria liga la regeneración de Catalunya a la independencia. Unos por convicción, otros, posiblemente, por interés, y muchos, también, porque han perdido la esperanza en la capacidad de la política española para afrontar un reto de tales dimensiones. Esta es la tragedia, que el grito de libertad ya no es compartido por los demócratas de Catalunya y los del conjunto de España.

El Rey Don Juan Carlos I, El Príncipe Felipe y su hija, la infanta Leonor. EFE

REFORMAS PENDIENTES

La Constitución fue fruto de su tiempo. Resultaba anacrónica una dictadura en Europa, pero los miedos, el peso de la historia y los votos de cada uno resultaron decisivos en un texto que hoy se lee de otra manera.

Andrés Gil

PERIODISTA. REDACTOR JEFE DE ELDIARIO.ES

¿Otra Constitución es posible? Seguro. Cada texto constitucional hinca sus raíces en la historia del país, la reciente y la no tan reciente, y es rehén de los actores políticos del momento. La España de 1978 no es la de hoy, y resultaría erróneo mirar con nuestros ojos aquella realidad sin hacer un esfuerzo de empatía. Del mismo modo, es difícil pensar que aquel texto pueda seguir vigente hoy en día sin tocar una coma.

En 1978 hacía tres años que había muerto Franco y la violencia de la extrema derecha (que luego se manifestó en el fallido golpe de Estado de 1981) era real (desde los abucheos al cardenal Tarancón en el entierro de Franco hasta la matanza de Atocha en 1977, meses antes de las primeras elecciones). Por otro lado, la violencia etarra no cesaba: mató a Carrero Blanco en 1973, pero es que entre 1974 y enero de 1977 murieron 19 personas a mano de la banda.

En este contexto, se producen unas elecciones en junio de 1977 que alumbran las Cortes que tendrán que redactar la Constitución. Y cuál es la sorpresa cuando el PCE, el principal partido de la oposición contra el franquismo, cosecha unos exiguos 19 diputados, lejos de los 118 de Felipe González y de los 166 de Adolfo Suárez.

Así, cuando llega el momento de redactar la Constitución, el peso del PCE es equivalente al de los posfranquistas de Manuel Fraga (16 escaños). El búnker y el mayor referente del antifranquismo estaban empatados. ¿Qué quedaba entonces? El pacto general entre el reformismo de UCD y el del PSOE, que en 1974 ya había renegado del marxismo.

Aquel fue el contexto en el que se redactó la Constitución de 1978, con el miedo a la violencia pero también con el afán de la reconciliación. Ahora se le llama desmemoria y ha producido paradojas como que el Valle de los Caídos, un monumento a un dictador, sobreviva 38 años después. Pero en aquel momento, se interpretó como una mirada hacia delante, “sin ira”, como decía aquella canción de Jarcha que formó parte de la banda sonora del momento: ni se revisaron los crímenes del franquismo, ni se persiguieron las tropelías contra los derechos humanos y tampoco se puso en cuestión la figura del monarca, que pocos años antes había jurado los Principios fundamentales del Régimen.

El franquismo fue la victoria de una España sobre las demás, después de una cruenta guerra civil. Pero es que en el siglo XX España ya había vivido la dictadura de Primo de Rivera, y el siglo XIX estuvo plagado de conflictos civiles (carlistas, tres de ellos), y los Gobiernos, ya fueran liberales, conservadores o republicanos, reformaban las reglas de juego a su antojo.

La Constitución de 1978 quiso poner fin a aquello. Y generó ilusiones, y durante mucho tiempo fue ampliamente reconocida dentro y fuera de España.

El problema es que si aquel texto responde a una coyuntura histórica concreta, la actual ha cambiado por completo: ya no hay miedos, ni búnker, ni una ETA que cometa atentados. Y lo que hay es una gran crisis económica, déficit democrático y falta de transparencia.. Ahora toda aquella arquitectura ideada para que los partidos pilotaran la política y la economía en aras de una supuesta estabilidad institucional empieza a tambalearse.

Y muchas de las figuras que corrieron riesgos personales para combatir el franquismo mientras la gran mayoría de los españoles se habían acomodado a la dictadura parece que ahora sean esculturas de un museo de cera, porque las movilizaciones actuales no entienden de referentes como sí lo hacían los jóvenes de 1978.

Apenas un tercio de los españoles de hoy votaron la Constitución de 1978. Y no es fácil de reformar: los ponentes constitucionales buscaban un marco jurídico y legislativo duradero, un orden constitucional blindado. Por eso, sólo se ha modificado dos veces, en 1992 y 2011, cuando los dos principales partidos, el PSOE y el PP, han estado de acuerdo, y se ha hecho por la vía rápida. La primera ocasión vino determinada por el Tribunal Constitucional, para adaptarse al Tratado de Maastricht, e introdujo el derecho de los extranjeros a ser elegidos en unas elecciones municipales. Se hizo en 23 días. En 2011, también con urgencia, los partidos mayoritarios pactaron en diez días un texto (artículo 135) que fija un tope al déficit público.

Sin embargo, desde la mirada actual, hay numerosos asuntos cuestionados. Por ejemplo, la corona nunca ha sido sometida a plebiscito por sí sola, y la Constitución que la ampara establece la preferencia “del varón a la mujer” en la “sucesión al trono”. Esta desigualdad entre los dos sexos es uno de los asuntos que menos fricción debería ocasionar entre los grupos políticos para reformar el texto. Pero nunca se ha puesto remedio a esta discriminación con la mujer.

En lo relativo a la monarquía, también está en el debate político, alimentado por el caso Urdangarin, una exigencia de mayor trasparencia y control sobre las actividades económicas de la Casa del Rey. El proyecto de Ley de Trasparencia presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy habla de fiscalizar todas las “instituciones que reciban dinero público”, si bien el Ejecutivo nunca ha dicho que fuera a incluir a la monarquía, algo a lo que se resisten PP y PSOE pero que piden prácticamente todos los demás grupos.

El caso Urdangarin, junto con Gürtel y Bárcenas, ha hecho cundir la necesidad de un cambio en las leyes y actitudes para frenar la corrupción, hasta el punto de que en el último debate sobre el estado de la nación, el propio presidente del Gobierno lanzó unas medidas que hasta ahora no habían sido propuestas por ningún Ejecutivo.

Más bien al contrario, el PSOE fue condenado por financiación ilegal en el caso Filesa (1997), el PP se había librado de lo mismo por un defecto en la investigación en el caso Naseiro (1990), Unió ha sido declarada responsable civil subsidiaria recientemente por el desvío de fondos europeos para pagar salarios de militantes en el caso Pellerols, y aún está por discernir el alcance real de los papeles de Bárcenas y a dónde conduce el dinero suizo del extesorero.

Una de las reformas que más podrían incidir en el sistema político es la electoral, algo que reclaman, prácticamente en solitario, Izquierda Unida y UPyD. Estas dos formaciones sostienen que están infrarrepresentadas en el Parlamento por la Ley D’Hont, que prima a los dos principales partidos por circunscripción, en este caso provincial. El hecho de que la representación venga determinada por las provincias hace que los dos principales partidos de cada una de ellas sean siempre sobrevalorados, quedando el voto al resto, en el recuento final, con menos escaños que los que les correspondería proporcionalmente.

Así, en las últimas elecciones, a UPyD le costó sumar 228.048 votos para obtener un escaño y, pese a cosechar 126.000 votos más que CiU, la coalición nacionalista logró 16 diputados, 11 más que el partido de Rosa Díez. A IU, por su parte, cada escaño le costó 152.800 votos (tiene 11). En el otro lado, el PP sale a una media de 58.229 votos por cada diputado; el PSOE, a 63.398 votos por diputado.

Pero no sólo es la representación: el funcionamiento de los partidos, protegidos por la Constitución, es cerrado: las listas están bloqueadas y los elegidos responden más a las directrices de las siglas que a los requerimientos de sus electores.

Un síntoma de la distancia entre el sistema político y el resto de la ciudadanía son las Iniciativas Legislativas Populares, para las que hace falta la nada desdeñable cifra de 500.000 firmas, mientras que la Iniciativa Ciudadana de la Unión Europea requiere un millón dentro de un territorio de 500 millones de habitantes. De nuevo, el sistema concede a los partidos y al Ejecutivo un papel preponderante, hasta el punto de que en 35 años sólo se han tramitado cuatro, de las que una, nada más, llegó a ser aprobada (la Ley de Propiedad Horizontal, en 1998).

=

Pero si hay un órgano que representa la distancia entre la política y los ciudadanos es el Senado. Su papel es cada vez más ornamental en el funcionamiento político. Apenas se le conoce por albergar a políticos en retirada y a leales a los que los partidos deciden premiar, como es el caso de Luis Bárcenas hasta que estalló el caso Gürtel.

Esta distancia también se hace patente cuando en la Constitución se leen algunos derechos que no pasan de la mera enunciación, como el de la vivienda digna y los relativos a los servicios sociales. En respuesta, hay diversas iniciativas que promueven el blindaje en la Constitución de los servicios sociales.

En el último debate sobre el estado de la nación, Rajoy, contrario a la reforma, no se negó a hablar de ella. Pero, si en 1978, la UCD temerosa de la izquierda y con mala conciencia tenía 166 escaños, el actual PP, neoliberal y sin complejos, tiene 186. ¿Cómo sería una Constitución en 2013?

Ilustración: César Fernández

EL DINOSAURIO

Javier Gallego

PERIODISTA. DIRECTOR DE CARNE CRUDA 2.0

Cada vez que pienso en nuestro actual sistema “democrático”, me viene a la cabeza el célebre microcuento mínimo de Augusto Monterroso, El dinosaurio: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”. Creo que describe lo que está sucediendo en nuestro país ahora mismo. La ciudadanía va despertando para descubrir la presencia de un animal anacrónico cuyo tamaño y voracidad ponen en peligro su supervivencia.

La buena noticia es que la bestia se tambalea. La cultura de la Transición agoniza. No vamos a negar que logró sacarnos de un hoyo muy profundo pero su huida hacia adelante arrastró consigo muchos de los defectos del pasado que se han acumulado y gangrenado hasta hacer imposible que la democracia avance. El dinosaurio tiene muchos achaques, demasiados: corrupción generalizada, partitocracia y plutocracia, bipartidismo, clientelismo, opacidad, politización y lentitud de la Justicia, un sistema electoral obsoleto, una prensa cautiva del poder, en suma, una democracia poco representativa y apenas participativa y un Estado lejano y opresivo resultan inaceptables para una sociedad más informada, activa y ágil. El dinosaurio se mueve renqueante mientras el ciudadano vuela por la red (y a veces también por las calles perseguido por la policía).

El fin de un época es siempre traumático. El viejo régimen se niega a estirar la pata y perder sus privilegios. El nuevo orden titubea. El padre le dice al hijo que no está preparado para independizarse. El hijo tiene que matar al padre pero duda. Creo que la muerte del padre es inevitable y que el hijo está más preparado para hacer su propia vida de lo que él mismo piensa. En los últimos años no ha hecho otra cosa que prepararse. Ni el cambio será drástico ni dejaremos de repetir errores del pasado pero espero que estemos aprendiendo una lección de estos días aciagos: solo nosotros somos responsables de nuestro destino, de la riqueza del país y del bien común. Tenemos la responsabilidad de ser mejores ciudadanos y exigir mejores dirigentes.

En estos días, en España estamos escribiendo la segunda parte del cuento, una continuación al relato. Dice así: cuando despertó, la Transición todavía estaba allí. Aunque tenía miedo, cogió una piedra, cargó su honda y la lanzó con todas sus fuerzas a la cabeza del gigantesco animal...

Table of Contents

01 Otra democracia

09 Memoria de una democracia concertada

11 Todos dicen algo

14 Una derecha sin complejos

15 Justicia Vintage

17 Las chavalas debajo del mantel

21 Capitalismo Marvel

23 Catalunya, la libertad ya no la que era

24 Reformas pendientes

25 El dinosaurio