Ilustración: César Fernández

LOS SEÑORES FEUDALES NUNCA SE FUERON

La miseria de hoy, por primera vez en la historia, se podría solucionar. El problema actual no es que falte producción, sino cómo se reparte: es una tragedia aún más injusta porque hoy tiene arreglo.

Ignacio Escolar

PERIODISTA. DIRECTOR DE ELDIARIO.ES

Entre todas las mentiras hay una que conviene desmontar: esa idea de que los estamentos sociales y los privilegios forman parte del pasado, de la historia, de una vieja era ya superada por la democracia, la Revolución Francesa, el capitalismo y la modernidad. Es la caricatura del absolutismo o la aún más tenebrosa Edad Media donde los señores feudales disponían de la vida y la muerte de sus miserables siervos; una simplificación que se contrapone frente al mito de la igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades del mundo actual: ese sueño americano donde los estamentos fueron abolidos y cualquiera que tenga talento logrará prosperar en la pirámide social, sin importar la cuna o el país donde nació.

La mentira es doble: claro que la sociedad de la Edad Media era muy desigual, pero no tanto como aparece en las películas; hay medievalistas contemporáneos, como el historiador francés Guy Bois, que desmontan con datos este cliché. Y tampoco el mundo actual ha terminado con ese mal. Al contrario: la brecha económica ha aumentado a niveles nunca antes vistos. El ascensor social está roto, y cada vez es más inusual que el hijo de una familia pobre ascienda en la pirámide social. Por supuesto, la humanidad ha avanzado, y mucho. La reducción de la pobreza extrema ha sido espectacular en el último medio siglo, donde cientos de millones de personas –especialmente en Asia y Sudamérica– han escapado de las más terribles hambrunas. Pero el problema de la desigualdad aumenta.

El porcentaje de la riqueza mundial en manos del 1% más privilegiado es mayor cada década. La distancia entre el hombre más rico y el más pobre del planeta nunca ha sido mayor. Nunca. Los muy ricos son más ricos que nunca y los muy pobres son tan miserables como siempre. Hasta los faraones de Egipto quedarían eclipsados con la riqueza de cualquiera de los multimillonarios que encabezan la lista Forbes, pero no está claro que uno de sus súbditos notase una gran mejoría si viajase en el tiempo al siglo XXI hasta países como Somalia, Zambia, Sierra Leona o Burundi.

Es cierto, las menguantes clases medias en Occidente disfrutan hoy de una calidad de vida superior a la de un noble en la Edad Media. Pero, ¿cuál es la gran diferencia entre un pobre del tercer mundo del siglo XXI con un pobre del siglo X antes de Cristo en un planeta donde casi la mitad de la población mundial sobrevive con menos de dos dólares diarios? Los olvidados del presente tienen televisión por satélite y teléfonos móviles; en África, además de las guerras, las epidemias y las hambrunas, ya hay siete celulares por cada diez personas. Pero la esperanza de vida –menos de cuarenta años de media en los países más pobres–, la mortalidad infantil o la desnutrición que padece un importante porcentaje de la humanidad no son muy diferentes hoy a los de hace tres mil años.

Hay una gran diferencia, y no son los teléfonos móviles: que la miseria de hoy, por primera vez en la historia, se podría solucionar.

El aumento exponencial en la producción que ha experimentado la economía mundial en los últimos dos siglos –desde que empezamos a gastar los ahorros energéticos de millones de años del planeta a través de los combustibles fósiles– no se ha repartido por igual.

Es cierto que millones de personas han salido de la pobreza, y que hay también razones para ser optimistas sobre el futuro de la humanidad. Pero, a diferencia de lo que ocurría con la miseria previa a la revolución industrial, el problema actual no es que falte producción, sino cómo se reparte. Es una tragedia aún más injusta porque hoy tiene arreglo. Millones de personas pasan hambre, pero ya no es consecuencia de un problema maltusiano en el que la población crezca más rápidamente que la producción de alimentos.

En el primer mundo, más de la mitad de la comida acaba en la basura, según recientes datos de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas (la FAO, según sus más conocidas siglas en inglés). Y acabar con el hambre en la Tierra, según otro famoso informe de la FAO de 2009, costaría 30.000 millones de euros anuales. ¿Es mucho dinero? No tanto.

La humanidad se gasta 850.000 millones de euros al año en armamento y solo las subvenciones del primer mundo a la agricultura suman 250.000 millones de euros anuales. Solo Europa ha empleado en el rescate al sector financiero 3.700.000 millones de euros. Solo salvar a la banca del Reino Unido costó 781.200 millones. Solo los beneficios de una multinacional como Apple ascendieron a 43.000 millones de euros en 2012. Y solo el hombre más rico del mundo según la lista Forbes, el mexicano Carlos Slim, posee una fortuna de 53.000 millones de euros, por comparar.

La miseria no es hoy ni una plaga bíblica ni una maldición ni una catástrofe natural. Tiene arreglo. Tiene solución, y la salida hacia ese mundo mejor no tiene que ver con aumentar la producción sino con mejorar el reparto: con combatir la desigualdad. Es algo obvio cuando miramos las grandes cifras del planeta Tierra, pero también cuando ponemos el foco en las calles. En España compartimos dos problemas que deberían ser incompatibles: somos, en términos relativos, uno de los países del mundo con más casas vacías –la mayor parte ha terminado en manos del Estado a través del banco malo– y al mismo tiempo tenemos a miles de ciudadanos desahuciados. Gente viviendo en la calle y pisos vacíos, en una misma ciudad. Familias enteras durmiendo en un portal bajo carteles descoloridos de “se vende”, cuatro plantas hacia el cielo, más allá. Es la peor estampa de una época moralmente miserable, la más difícil de explicar.

Igualdad, solo en la letra de la ley. La desigualdad no solo aumenta entre el primer y el tercer mundo. También en Occidente, también en los países desarrollados, estamos de regreso al pasado; a los años del gran Gatsby, como explica Iñigo Sáenz de Ugarte en este segundo número de Cuadernos de eldiario.es. A los de los nada románticos muertos por tuberculosis por no tener los papeles adecuados, como cuenta en estas páginas Juan Luis Sánchez. A los de la dominación de la mujer, como narran Lucía Lijtmaer, José María Calleja, Olga Rodríguez o June Fernández. A los de esa nueva nobleza que tampoco paga impuestos, como describen Belén Carreño, Carlos Elordi o Ana Requena.

La defensa de la igualdad se ha escrito en mármol en el pedestal sobre el que se levantan todas las democracias. En la mayoría de las constituciones suele aparecer como uno de los primeros artículos, en la planta noble, en el cuerpo doctrinario principal: la sacrosanta igualdad de todos los ciudadanos en obligaciones y derechos. La igualdad de oportunidades. El derecho a la vivienda. El derecho al trabajo. El derecho a la educación, a la sanidad y bla, bla, bla. La práctica dista mucho de esta teoría, que cada vez está más lejos de la realidad.

La igualdad económica está retrocediendo en las democracias, especialmente en Europa: el mismo continente que durante gran parte del siglo XX encadenó más de treinta años, tras la Segunda Guerra Mundial, en los que la desigualdad, por primera vez, disminuyó de forma contundente y continuada. Aquellas décadas gloriosas son hoy historia, tal vez una pompa de jabón que nunca se repetirá. La contrarreforma conservadora de Reagan y Thatcher fue el punto de inflexión, y la crisis de estos últimos años ha sido la puntilla, el hundimiento final. La gran depresión ha acelerado un proceso que venía de tiempo atrás. El evidente fracaso del modelo neoliberal basado en la desregulación del sector financiero le ha salido gratis a sus responsables: el virus tenía siete vidas más. La misma equivocada teórica económica que provocó la crisis no solo no ha sido derrotada tras el colapso de las grandes catedrales de Wall Street, sino que su poder ha aumentado y ha puesto contra las cuerdas a la política, a la soberanía de las naciones y a toda la sociedad.

Pero las causas de este hundimiento no nacieron en el año 2007. Se sembraron mucho antes. Por un lado, el desmantelamiento del modelo social europeo y el Estado del bienestar: un capitalismo de rostro humano que nació por el miedo a la revolución comunista y que ha dejado de ser útil para las élites económicas y empresariales desde que la caída del muro de Berlín y el colapso de la URSS dejó al bloque occidental sin rival. Por otro, la globalización, que acaba con las armas tanto de la lucha obrera como de la fiscalidad para lograr una mayor distribución de la renta.

De poco sirve a los trabajadores pelear con una huelga ante una fábrica que se va a otro país; de poco sirve redistribuir con los impuestos cuando las élites recurren a los paraísos fiscales. De poco sirve en ocasiones trabajar –un imposible para tanta gente hoy– cuando aumenta el número de trabajadores cuyo sueldo se demuestra insuficiente para superar el umbral de la pobreza. En Alemania, inventores del modelo, a esto lo llaman minijobs.

El sector público cada vez pesa menos y, en ocasiones, redistribuye marcha atrás: aumentando la desigualdad. Como bien explica el sociólogo Ignacio Urquizu, no todo el gasto público ha servido para reducir la brecha económica. Al contrario: hay veces que el Estado deja de ser Robin Hood para actuar como el sheriff de Nottingham: robando a los pobres para llevar el dinero a los ricos. ¿Un ejemplo obscenamente claro? También en estas páginas: el club de campo de Madrid, o cómo los trabajadores madrileños acaban subvencionando con sus impuestos el ocio, la hípica, y las clases de golf de las oligarquías empresariales y políticas de la capital.

La desigualdad aumenta, y pone en riesgo la propia libertad. Temía Alexis de Tocqueville –como también recuerda Urquizu– que la llegada de la democracia acabase con el derecho a la propiedad. Pronosticaba que, cuando esa mayoría de personas pobres accediesen al poder, se repartirían las mansiones, los campos, las joyas y el dinero de las élites. Sobra decir que nunca fue así y que el peligro hoy es otro, muy diferente al que asustaba a Tocqueville: que los más ricos pongan el Estado a su servicio; que vivamos en una democracia que lo sea solo en lo formal y donde los grupos de interés, los grandes medios de comunicación y las oligarquías empresariales controlen la sociedad. Que los privilegios continúen, igual que antes con el señor feudal: con indultos, con leyes a medida, con impunidad y con una opinión publicada que, más que periodismo, en ocasiones ejerce como relaciones públicas del poder.

Cuanto más aumenta la desigualdad económica, más crece el dominio de esas élites frente al resto de los ciudadanos. Y frente a quienes defendían que la libertad económica a la larga siempre conducía hacia la libertad individual, ahí está el ejemplo de China para demostrar que esta tesis no era verdad. Puede ser peor. Puede empeorar y que sea precisamente el exceso de eso que se llama “libertad económica” –y que suelen ser oligopolios y monopolios que poco o nada tienen que ver con la auténtica libertad de mercado– lo que genere unas élites que manejen el Estado a su voluntad, contra el interés del resto de la sociedad. Que sea la ley de la selva de la desregulación económica y la libre circulación de capitales la que acabe con las verdaderas libertades, además de con la igualdad. ¿Podrá sobrevivir la democracia en un mundo donde la desigualdad se dispare aún más? Es dudoso. Y es para echarse a temblar.

Remake de la película 'El gran Gatsby'. WARNER

LA RÉPUBLICA DEL 1%

La idea de Estados Unidos como tierra de oportunidades se ha convertido en un pálido reflejo de la realidad por el aumento de la desigualdad, que ha llegado a su punto más alto desde los años 20. En la débil recuperación tras la última crisis, son los de arriba los que se quedan con los mejores frutos.

Iñigo Saez de Ugarte

PERIODISTA. SUBDIRECTOR DE ELDIARIO.ES

“Si las clases bajas no ofrecen un buen ejemplo, ¿para qué sirven? Como clase, parecen no tener ningún sentido de la responsabilidad moral”. Oscar Wilde pretendía ser irónico cuando hizo que Algernon, personaje de La importancia de llamarse Ernesto, pronunciara estas palabras. Ahora vivimos en una época en que personajes muy reales están claramente a la altura del aristócrata imaginado por Wilde.

Gente como el multimillonario Stephen Schwarzman (patrimonio personal: 6.500 millones de dólares), consejero delegado del fondo de capital riesgo Blackstone. Cuando le preguntaron por los problemas fiscales de EEUU, se fijó en el 45% de sus compatriotas que no pagan impuesto federal de la renta: “Se trata de que estamos todos juntos metidos en esto. La idea de que la mitad de la gente no esté implicada en el impuesto sobre la renta es algo extraña. No voy a decir cuánto tiene que pagar la gente, pero todos deberíamos ser parte del sistema”.

Ese 45% está formado principalmente por contribuyentes que no llegan al mínimo exento para pagar impuestos directos, parados, estudiantes o jubilados. Obviamente sí pagan impuestos indirectos.

Schwarzman quiere que paguen más los que menos tienen. Se diría que los considera unos privilegiados. Algernon suscribiría encantado esa tesis. No es eso lo que indica la realidad fiscal de EEUU. Los 400 contribuyentes más ricos (ingresos medios: 200 millones) pagan cerca del 20% de sus ingresos en impuestos, aproximadamente el mismo porcentaje que corresponde a los que ganan entre 200.000 y 500.000 dólares.

En 2009, 116 de esos 400 multimillonarios pagaron menos del 15% en impuestos.

No todo se reduce a impuestos. La realidad es que eso que se llamó el sueño americano no pasa ya de un pálido reflejo de la realidad. La desigualdad continúa aumentando en EEUU. El proceso no comenzó con la actual crisis, pero se ha acelerado o quizá se haya hecho más difícil de ocultar.

“Un aspecto de la equidad que está profundamente arraigado en los valores de EEUU es la igualdad de oportunidades”, escribe Joseph Stiglitz en el libro El precio de la desigualdad. “EEUU siempre se ha considerado a sí mismo un país donde hay igualdad de oportunidades. Las historias de Horatio Alger, sobre individuos que desde abajo conseguían llegar a lo más alto, forman parte del folclore estadounidense. Pero poco a poco (…) el sueño americano que consideraba este país como una tierra de oportunidades empezó a ser simplemente eso: un sueño, un mito reafirmado por anécdotas e historias, pero no respaldado por los datos. La probabilidad de que un ciudadano estadounidense consiga llegar a lo más alto partiendo desde abajo es menor que la que tienen los ciudadanos de otros países industrializados avanzados”.

Lo mismo se puede decir de otro mito, el que dice que si los de arriba no se esfuerzan lo suficiente, ellos o sus hijos se verán superados por ciudadanos más avispados. Puede ser cierto con las empresas, incluidas algunas muy grandes, pero no con las personas.

En junio de 2001, la revista Time dedicó un largo reportaje a una nueva tendencia, por entonces discutida por algunos economistas, y no aceptada por todos. El titular era revelador: “¿Está menguando la clase media?”. Se había empezado a hablar de ello en los años 80 pero sólo en círculos académicos y a partir de las críticas progresistas a la política económica de la Administración de Reagan.

Se enfrentaban al problema de definir exactamente quién compone la clase media (un punto de partida habitual consistía en elegir a las familias con ingresos anuales de entre 15.000 y 50.000 dólares). No se podía negar que muchos de los que abandonaban la clase media iban hacia arriba, y no sólo hacía abajo.

Los ingresos de muchas familias se habían visto favorecidos antes por la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Los dos salarios habían permitido afrontar la época de alta inflación que fueron los años 70. Pero ya desde los 80 se hicieron evidentes los efectos de la pérdida de empleos en el sector industrial, agudizada en la década posterior.

Había una diferencia entre esa realidad laboral y los nuevos empleos que surgían en el sector servicios. Estas ocupaciones ofrecían salarios más bajos, menos cobertura sanitaria y menos protección sindical. En el reportaje de Time, ese cambio se simbolizaba por ejemplo en Keith Grant, trabajador de 28 años de una planta siderúrgica de Chicago, despedido de su empleo de 30.000 dólares anuales dos años atrás. Sólo había encontrado ocupación en el departamento de mantenimiento de un hotel de la cadena Holiday Inn por 13.000 dólares.

Era el fin de la prosperidad creciente que la clase media de EEUU había disfrutado en los años 50 y 60. En ese periodo los ingresos medios de un trabajador habían pasado de 14.832 a 27.338 dólares. Y ahí se detuvo la máquina del sueño americano. En el año 2000, esa cifra era de 27.735. El ascensor social ya estaba estropeado.

Lo que al comienzo de esa década era una acumulación de indicios no definitivos cobró un carácter más evidente en los años anteriores a la actual crisis. En 2005, tres economistas de Citigroup le dieron forma de manera provocadora al acuñar el término plutonomía para referirse a la economía de EEUU, Reino Unido y Canadá: el crecimiento económico era básicamente producto del gasto de los superricos, una minoría privilegiada, y ellos eran los principales beneficiarios. Era ese 1% del que tanto se habló después gracias a las movilizaciones de Occupy Wall Street.

Esta ola de riqueza ilimitada de una élite muy selecta se había dado antes “en la España del siglo XVI, la Holanda del siglo XVII, la Edad Dorada (en EEUU tras la guerra civil), y los años 20 (en EEUU)”, decían los autores. En el reparto de ingresos y consumo los privilegiados marcan el ritmo de la economía.

El 1% de los más ricos gana al año tanto como el 60% más pobre. En cifras absolutas, un millón de hogares recibe tantos ingresos como 60 millones de hogares. Su patrimonio es similar al del 90% más pobre.

Los abogados de Citigroup han amenazado en varias ocasiones con acciones legales a las webs que han reproducido el estudio, lo que hace que aparezca y desaparezca de Internet con una cierta frecuencia. En el mundo financiero, da mala imagen verse asociado a tamaño gesto de sinceridad. Otros datos confirman la idea de los autores del informe. Según Moody’s Analytics, el 5% más rico fue responsable del 37% del consumo en 2010, sólo 2,5 puntos menos que lo que gasta el 80% de la población en la escala inferior.

Si es verdad que la desigualdad se reduce durante las recesiones, en esta última ha ocurrido lo contrario. Entre 2007 y 2009 aumentó. Según Gallup, entre mayo de 2009 y mayo de 2011, el consumo diario creció un 16% en el caso de los norteamericanos que ganan más de 90.000 dólares al año. En el resto, no experimentó una variación significativa.

La recuperación de la Bolsa, que desde el año pasado disfruta de un impulso alcista, está muy por encima de lo que ocurre en el mercado laboral. Es la salida de una recesión con la recuperación de empleo más anémica que se recuerda allí. Los que más tienen reciben una parte mayor de sus ingresos gracias a las inversiones en Bolsa, con lo que por ahí es lógico que exista una diferencia. Además, el valor de las viviendas se ha reducido tras el estallido de la burbuja, y ese suele ser el mayor activo de patrimonio de la clase media.

Por eso, se produce un incremento del 1,6% de la desigualdad de ingresos en 2011, el mayor aumento anual en las dos últimas décadas, según datos de la oficina del censo difundidos en septiembre de 2012. La tasa de pobreza se ha mantenido estable con respecto al año anterior, pero la nueva realidad comienza a abrirse paso en la conciencia del país. Una tercera parte de los norteamericanos se sitúa a sí mismo en la clase baja o media baja, cuando cuatro años antes eran el 25%. En la cúspide todo se ve mejor. El 5% más rico (con ingresos superiores a 186.000 dólares) ve aumentado su porcentaje de la tarta nacional en un 5% en un solo año.

Hay cambios estructurales en la economía que favorecen estas tendencias. La economía norteamericana ha perdido desde 2007 dos millones de empleos en los trabajos administrativos y de oficina, los que se denominan habitualmente de cuello blanco. Otros empleos han surgido, muchos de ellos relacionados con la tecnología y el sector sanitario y de dependencia, pero en conjunto ofrecen menores salarios.

Por una razón u otra, el ingreso medio de una familia norteamericana ha caído un 5,6% desde junio de 2009, cuando acabó técnicamente la recesión. Y un 8,9% desde el comienzo del siglo XXI.

El caso es que aunque EEUU goza de una recuperación aún inédita en Europa, son los de arriba los que se han visto más beneficiados. Los economistas franceses Thomas Piketty y Emmanuel Saez llegaron a la conclusión de que el 93% de los ingresos extra generados por la economía en 2010 fueron a parar al 1% de los contribuyentes (ingresos mínimos: 352.000 dólares).

El 99% se quedó con el 7% restante, de media 80 dólares por hogar descontada la inflación. El fin de los recortes fiscales a los más ricos aprobados en la época de Bush sólo atenuará algo esos números.

Por mucho que cambien las circunstancias económicas, hay algo que sigue siendo un hecho: en principio, hay más posibilidades de encontrar un empleo y de tener un sueldo alto si tienes una licenciatura universitaria. La educación es el gran nivelador social… para quien pueda permitírsela. Ese ascensor social puede bloquearse si continúa creciendo el peso de la deuda que los estudiantes asumen para pagar las carísimas matrículas y que deben devolver tras su licenciatura. El volumen de esa deuda ha crecido un 511% desde 1999. EEUU tiene el mayor porcentaje de población activa con estudios universitarios entre las grandes economías. Pero entre los jóvenes de entre 25 y 34 años, ni siquiera está entre las diez primeras.

En una economía con salarios más bajos, muchos creen que la devolución de esos préstamos será un peso insoportable. Muchas familias ni siquiera pueden permitirse que sus hijos estén cuatro o cinco años sin trabajar. ¿Y qué ocurre cuando tras los estudios hay que comenzar a pagar el crédito y no se encuentra un empleo? El 41% de los graduados en los dos últimos años está realizando trabajos para los que no se necesita licenciatura, según Accenture. Son camareros, taxistas o cajeros que tienen sobre sus hombros una deuda de 30.000 o 50.000 dólares.

El escaparate más sonrojante de esa situación está formado por los salarios de los consejeros delegados (CEO) de las grandes empresas. Bloomberg reunió los datos de las remuneraciones totales de los CEO de las empresas que cotizan en el índice S&P 500. Su estimación es que la ratio frente al sueldo medio de sus trabajadores es de 204-1. En algunas empresas, la diferencia es inmensa: JC Penny (1.795-1), Abercrombie (1.640-1), Oracle (1.287-1), Starbucks (1.135-1), CBS (1.111-1), Nike (1.050-1).

Un estudio de los profesores Lawrence Mishel y Natalie Sabadish en 2012 incluyó las opciones sobre acciones ejecutadas por los directivos, además de su sueldo. La ratio era 20,1-1 en 1965. Llegó a su punto más alto en el año 2000 con 383-1 y se redujo hasta 231-1 en 2011.

Hace tres años, el Congreso aprobó una ley que ordena a las empresas que cotizan en Bolsa a revelar esta diferencia entre lo que cobran los más altos directivos y sus trabajadores. No puede sorprendernos que la presión de las grandes corporaciones haya impedido que se cumpla. La SEC aún no ha aprobado los criterios con los que poner en práctica este requisito.

EEUU parece cada vez más una República del 1%. Los niveles de desigualdad son los más altos desde los años 20. Es una casualidad, o quizá no tanto, que ahora se estrene otra versión cinematográfica de El gran Gatsby, de Scott Fitzgerald, publicada en 1925.

La novela permitió una curiosa combinación de literatura y economía. Alan Krueger, presidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente norteamericano Barack Obama, llamó en 2012 la “curva del gran Gatsby” a la gráfica que une el coeficiente de Gini (una medida estándar de desigualdad) con la “elasticidad intergeneracional de ingresos”. En este último caso, una posición cercana al valor 1 transmite la idea de que los ingresos y la posición social de los hijos dependen por completo de los que tenían sus padres. Estados Unidos se sitúa en un lugar mucho más cercano a Latinoamérica que a los países nórdicos europeos.

La fascinación por la vida de los de arriba y la esperanza inquebrantable en que con trabajo duro se podrá llegar muy lejos han sido un elemento de cohesión social imprescindible en la sociedad norteamericana. Todo parecía posible, fuera cierto o no. Gatsby anhelaba de joven esa “luz verde” en la mansión de los Buchanan, símbolo de lo que quería alcanzar. Después, otros anhelaban poder compartir el misterio y la riqueza de Gatsby.

¿Pero es posible sentarse algún día en la mesa del 1%? Scott Fitzgerald fue en cierto modo el primero en utilizar el concepto del 99% que se ha visto estos años en tantas pancartas de denuncia de la crisis económica.

En un cuento poco conocido –Los nadadores, publicado en 1929, sólo cinco días antes del crash–, una mujer francesa ve a un grupo de alegres jóvenes norteamericanas en la playa con todo el futuro por delante. Le dice a su marido que los sueños de las chicas no son más que sueños. Casi todas quedarán decepcionadas: “Es la historia que les han contado. Y al final le ocurre sólo a una, no a 99”.

¿Llegará el momento en que el 99% vea que ese sueño es inalcanzable?

Ilustración: César Fernández

EL COLUMPIO DE BRECHT

Isaac Rosa

ESCRITOR

Lo decía Johanna, la trágica protagonista de ‘Santa Juana de los Mataderos’: el capitalismo es un sistema donde hay unos pocos arriba y muchos abajo, “y los de arriba gritan a los de abajo: subid, para que todos estemos arriba”. Pero, si miramos bien, se ve que entre unos y otros hay “algo que parece un camino, pero no es un camino sino una tabla”. Y entonces descubres que es la tabla de un columpio (como un balancín infantil), y los dos extremos dependen entre sí: “Los de arriba están arriba solo porque otros están abajo, y solo mientras estén abajo”, y los de abajo tienen que ser siempre más que los de arriba “porque si no, el columpio no aguantaría”. La imagen puede parecer simplista: el sistema económico como un columpio, con una mayoría abajo para que una minoría pueda estar arriba. Bertolt Brecht escribió Santa Juana en una fecha nada casual: entre 1929 y 1931, en plena Gran Depresión, cuando la clase trabajadora mundial se hundía en el desempleo y la miseria tras el derrumbe de 1929. El resultado es un descarnado retrato del capitalismo salvaje (valga la redundancia).

¿Nos vale hoy la imagen del columpio? Pónganle todos los matices que quieran, pero ilustra bien el momento que vivimos en esta Europa donde regresan la desigualdad, el desempleo y la miseria tras unas décadas en que nos hicimos la ilusión de que, si no estábamos todos en la parte elevada, al menos nos parecía más equilibrado. En los últimos años una multitud ha caído rodando por la tabla, mientras los menos están más arriba que nunca.

La desigualdad no es hoy una consecuencia. Más bien es el motor económico de esta nueva fase del capitalismo. Tras el hundimiento de la economía financiera, la acumulación capitalista se produce ahora mediante transferencia vertical de riqueza: desde abajo hacia arriba. Salarios, derechos, patrimonio público, ahorros, vivienda, futuro, todo suma, todo se transfiere. La desproporción hoy entre la fortuna de unos y la escasez de otros; entre los bonus ejecutivos y los salarios obreros; entre los rescates bancarios y las políticas de empleo; es de una obscenidad que diríamos prerrevolucionaria, sino fuera porque todavía hay muchos abajo que creen que algún día podrán trepar por el tablón.

Si esto es un balancín, dan ganas de saltar en marcha, como cuando de niño te apartabas y el que estaba arriba caía de golpe.

Ilustración: BETTA

EL PRIVILEGIO DE LOS TENEMOS PAPELES

España ha decretado la desigualdad en un derecho fundamental: la sanidad. Los inmigrantes sin papeles tienen restringido su acceso. Y eso a pesar de que se sufraga con impuestos como el IVA, que pagamos todos, con o sin papeles.

Juan Luis Sánchez

PERIODISTA. SUBDIRECTOR DE ELDIARIO.ES

Te llamas Josefa. Naciste en Soria, creciste en Málaga –cosas de la vida– y ahora vives en Castellón. Te has quedado sin trabajo. Un día vas en el autobús y sientes un mareo muy fuerte... Te preocupas. A la semana y media, otra vez.

Decides ir a tu médico de cabecera. Te manda unas pruebas y resulta que eres diabética. Vaya por Dios. El Estado te paga la mayoría del tratamiento y te hace el seguimiento, porque la enfermedad va cambiando: primero pastillas, luego inyecciones... En fin, engorroso pero controlado.

Llamas a tus hijos, que ya están creciditos, para pedirles que se hagan las pruebas también, por quedarte tranquila. A uno de ellos le sale el azúcar alto; hay que cuidarse.

Ahora te llamas Loveth. Naciste en Nigeria y hace tiempo que no le explicas tu vida a un español. Para qué. Total, que vives en Castellón desde hace dos años. Limpias por horas en un par de casas de familias muy amables contigo. Un día vas en el autobús y sientes un mareo muy fuerte... Te preocupas. A la semana y media, otra vez.

Decides ir al médico. No te dan cita porque no tienes papeles y el Estado no ofrece asistencia sanitaria a quien no los tenga. Te dicen que solo puedes acudir en caso de urgencia, así que vas a Urgencias del hospital. El personal que te recibe te dice que marearse un par de veces hace días no es urgente. Que si quieres que te hagan pruebas en el hospital te las van a tener que cobrar. Preguntas cuánto. Piensas en tus hijos. Es fin de mes. Decides dejarlo estar. Sales del hospital sofocada, entras en el bar de enfrente y pides un refresco. Piensas un rato en que no sabes qué te pasa. En tus hijos. En la casa que tienes que ir a limpiar en media hora. Sacas unas monedas mientras te levantas del taburete y las pones sobre la barra del bar. Pagas tu refresco. IVA incluido.

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Este doble ejemplo de ficción compone un retrato real: el del privilegio de una mayoría de habitantes de España sobre una minoría, los inmigrantes sin papeles, a los que España ha dejado sin cobertura sanitaria en 2012. Es una recreación no demasiado dramática. Porque para casos dramáticos ya están los reales.

Como el de Alpha Pam, ciudadano senegalés de 28 años que ha muerto de tuberculosis en España. De tuberculosis en España. No ha fallecido escondido, invisible, marginal bajo los plásticos de algún invernadero y sin haber tenido contacto con el sistema sanitario, no; ha fallecido después de acudir con síntomas de esta enfermedad hasta en siete ocasiones a centros de salud en Baleares. La última vez, ya bastante enfermo, consigue tras mucho protestar que le atiendan en urgencias del Hospital de Inca, pero no se considera su estado como algo urgente, por lo que le revisan en cinco minutos, le dan unas recetas de medicamentos genéricos (que tendrá que pagar él), no le hacen ninguna prueba diagnóstica y le generan un “compromiso de pago”, una factura, por haber usado el sistema de salud sin tener papeles. Once días después, el 24 de abril, Alpha Pam muere en su casa de una enfermedad muy contagiosa, casi erradicada en España, medio año después de haber ido por primera vez a un médico.

El decreto aprobado por el Gobierno de 2012 deja sin médico a las personas que no tengan permiso de residencia. Si no eres un niño o una mujer embarazada, el sistema público de salud solo te atiende si requieres de una intervención urgente. Nada de prevención, nada de pruebas diagnósticas, nada de tratamiento, nada de recuperación.

Mejor con un ejemplo absurdo, pero real: si te partes una pierna, el hospital te pone la escayola en Urgencias. Sí, pero no te la quita, porque eso ya es seguimiento y no está cubierto para los sin papeles. Te la quitas como puedas.

El caso de Alpha Pam demuestra que la atención en urgencias se queda corta para prevenir epidemias y otros problemas de salud pública colectiva, e insuficiente para evitar la muerte. Los enfermos de sida, diabetes, tuberculosis, con depresión, esquizofrenia, cáncer y un largo etcétera de patologías que requieren diagnóstico temprano y tratamiento no pueden acudir a la sanidad pública para hacerse pruebas, ni para que les paguen parte de los medicamentos que toman durante años, ni siquiera para recibir cuidados paliativos si la cosa se pone fea de verdad. Eso queda para el privilegio de los que tenemos papeles.

En Médicos del Mundo llevan desde la aprobación del decreto documentando el efecto de su aplicación sobre la vida de las personas y asesorando a los afectados. Y denuncian que la confusión mediática, el exceso de celo en algunos hospitales y el miedo están incluso empeorando una situación de partida ya de por sí injusta. Todo eso se explica bien con el caso de Mihaela (nombre ficticio para una mujer real).

Mihaela vino a España desde Rumanía siguiendo a su marido, que trabaja en una granja de vacas en un pueblo de Galicia; es europea, pero no tiene permiso de residencia. Cosas de ser de Rumanía. Oyó en televisión que los inmigrantes no podían ir al médico, que tendrían que pagar, que serían identificados como “irregulares”. Este miedo a acercarse a ningún centro sanitario le hizo aguantar dolores insoportables en el pecho, hasta que un día una amiga le descubrió una infección grave y la llevó al Hospital Universitario de Santiago de Compostela, donde fue operada inmediatamente. La atención de urgencia que recoge el nuevo decreto incluye todo lo necesario “hasta la situación de alta médica”, pero la administración del hospital le hizo una factura de 1.551,32 euros por la intervención. Ahora Mihaela, con ayuda de Médicos del Mundo, ha recurrido esa factura, que la pone ante el abismo de ser oficialmente morosa de un país que no la reconoce como ciudadana.

Volvamos a eso de “hasta la situación de alta médica”, porque no incluye la rehabilitación. A María Concepción Amaya, hondureña sin papeles que cuidaba ancianas en España, la operaron en Valencia tras un repentino accidente cerebral. Le abrieron la cabeza para poder llegar a la zona del daño y la volvieron a intervenir cuatro días después. Tras eso, tocaba derivarla a un centro de rehabilitación antes de recolocarle el hueso que le habían quitado. Pero María no tiene papeles... y no tiene derecho a que le den cita. La mandaron a su casa con un agujero sobre el que solo había una capa de piel y pelo. Que sí.

Otra situación habitual que deja desprotegida a gente vulnerable: Martha, emigrante uruguaya con nacionalidad española, se trajo en 2006 a su madre a vivir con ella a Gran Canaria, donde trabaja. Poco después de la aprobación del decreto, la madre de Martha se fractura el fémur en una caída. Llaman a una ambulancia, la trasladan al hospital, donde la operan y le colocan una prótesis. ¿Tiene tarjeta sanitaria la madre? Ya no. ¿Cubre la tarjeta sanitaria de la hija la asistencia de la madre? No. Factura.

Como Loveth en la ficción y como Alpha Pam, Mihaela y María Concepción en la realidad, los inmigrantes consumen. Y la sanidad no se financia con las cotizaciones sociales que salen cada mes de las nóminas de los que tenemos papeles y trabajamos, no; el dinero que se destina para sanidad pública y subvención de medicamentos sale íntegramente de los impuestos como el IVA, que todos, tengamos papeles o no, pagamos. Para que nos entendamos: están pagando impuestos que nos financian servicios a los que les cerramos las puertas.

Desobedientes. El movimiento contra los desahucios ha convertido en legítimo el delito de desobedecer a la autoridad que intenta abrir camino para que un secretario judicial desaloje de su casa a una persona. Es un método con licencia abierta, que invita a copia.

Una marea blanca de personal sanitario ha decidido que su juramento hipocrático está por encima de la ley y se han organizado alrededor de plataformas como Yo Sí, Sanidad Universal, que da información y asesoría a miles de médicos que incumplen el decreto y se buscan los resquicios legales para atender en sus consultas a inmigrantes sin papeles y procurarles pruebas y medicamentos con ayuda de las ONG.

Entre el personal sanitario, dicen desde Yo Sí..., hay “muchísima confusión” y la atención a enfermos llega a ser arbitraria. “No ha habido cursos generalizados, ni talleres, ni formación de ningún tipo para los empleados de los sistemas de salud” sobre los cambios recogidos en el decreto, cuentan. Los servicios de urgencia se taponan ahora más que nunca y la recepción, aún más saturada y burocratizada, es de peor calidad.

Hay también algo de rebeldía política y hay comunidades autónomas donde no se está aplicando el decreto: Andalucía, País Vasco, Asturias o Navarra. En otras, como Galicia, se están buscando fórmulas para rodearlo sin incumplirlo.

El sistema implica “una ruptura de la equidad”, afirman los médicos desobedientes, que viene a aumentar la brecha que suponen medidas como el copago, la retirada de determinados medicamentos de la financiación pública o el recorte en el transporte en ambulancia en zonas rurales. Su lectura política va más allá: “No se invierte menos en sanidad, sino que el gasto de lo que supone mantener a la gente sana se está trasladando a los hogares vulnerables” para “priorizar el pago de la deuda” comprometido con la reforma de la Constitución pactada por PP y PSOE en 2011.

El cierre del círculo de la paradoja de los no-ciudadanos que pueden ser morosos... es que también pueden ser clientes. Las principales aseguradoras privadas se frotaron un par de veces las manos –antes de darse cuenta de que los inmigrantes sin recursos, efectivamente, no tienen recursos– y lanzaron una campaña para vender cobertura médica privada a personas rechazadas por el nuevo decreto.

Con las personas más vulnerables del sistema cubiertas con seguro privado, el horizonte está claro: un estudio publicado en 2009 por varios investigadores de las facultades de Medicina y Derecho de Harvard calcula que el 60% de los casos de bancarrota familiar en Estados Unidos está relacionado con una enfermedad imprevista. El coste de hacer frente a operaciones o tratamientos arruinó las arcas domésticas.

Se podrían desglosar datos que desmienten que la sanidad pública en España sea insostenible o más cara que en otros países; que demuestran que la población inmigrante, sobre todo la que vive de manera irregular, no consume servicios públicos porque se siente fuera del sistema, nos tiene miedo; que la excusa del “turismo sanitario” no se sostiene. Pero volveríamos a un marco lógico tramposo, por el cual solo son respetables aquellos derechos humanos que no nos salgan muy caros.

Los inmigrantes sin papeles son personas que llevan, en algunos casos, años viviendo en España. Su desigualdad empieza mucho antes de poner un pie en tierra española pero no mejora después. En cuanto son interceptados en una patera o en una calle, les entregan una orden de expulsión por la cual el Estado les dice: vete a tu país por tus propios medios. Eso, después de ocho años de viaje por el desierto, sin dinero o simplemente por dignidad, no sucede así como así. Si le pillan una segunda vez, esa persona, sin haber cometido ningún delito más que entrar en España sin papeles, es ingresada en una cárcel para inmigrantes que se llama Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Los CIE los mantienen en régimen carcelario hasta dos meses. Hasta 60 días de prisión mientras miran quiénes son y si los pueden repatriar. Según datos oficiales, después de someterles a esa experiencia de encierro traumático, el Estado no es capaz de devolver a su país ni a la mitad. Entonces se les deja en la calle de nuevo con la orden de que salgan de España.

Paralelamente a todo esto se ha iniciado una cuenta atrás: si son capaces de esquivar a la policía durante tres años, si son capaces de vivir entre nosotros sin hacerse notar, sin molestar a nadie, si aguantan el miedo, si se ganan la vida al margen de todo, tendrán posibilidades de solicitar un “certificado de arraigo social”, que puede ser un primer paso, combinado con algún improbable contrato de trabajo, de obtener un permiso de residencia. De tener papeles. Durante esos tres años, no existes para la Sanidad, pero los ayuntamientos te meten en el censo, que va ligado a la recepción de fondos públicos según población.

Te llamas Loveth. Eres pero no eres. Vete, pero quédate y limpia. Consume, cuida, paga IVA, pero no se te ocurra enfermar.

“Tenemos una democracia secuestrada”

Foto:MARTA JARA

ADA COLAU

Portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), es el rostro de uno de los colectivos que más está sufriendo la crisis, el de aquellos que se han visto en la calle tras perder la casa.

Encarna la fuerza de los movimientos sociales, en un contexto de desprestigio de la política tradicional y de los partidos. Ada Colau (Barcelona, 1974) dio la batalla en V de Vivienda y, a raíz de esa experiencia, se implicó en la defensa de quienes no pueden hacer frente al pago de la hipoteca, hasta el punto de haber recogido con la PAH 1,4 millones de firmas para la ILP por la dación en pago, iniciativa ninguneada por el Gobierno del PP. Estudió Filosofía en la Universidad de Barcelona y trabaja en el Observatorio de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC).

Los desahucios son consecuencia del empobrecimiento que ha sufrido la sociedad. ¿Cómo se ha producido?

Este proceso no ha sido progresivo. Llama mucho la atención que ha sido muy abrupto. Ha generado un shock y un trauma, porque se venía de una situación de crecimiento constante, trabajando, con muy buenos salarios, comprando viviendas, formando familias… Y, de ahí, miles y miles de personas pasan a perderlo absolutamente todo. Afecta a todos, incluida gente de clase media, como arquitectos e ingenieros. En poco tiempo pierden el trabajo, y lo hacen en una sociedad tan materialista como la nuestra, con un capitalismo tan salvaje en el que se mide a la persona por lo que tiene y no por lo que comparte o hace en la vida. Perder el estatus económico te hace perder el estatus social, la vergüenza, la casa y, además, con una deuda de por vida. Estamos hablando de que hagas lo que hagas no te vas a recuperar jamás, después de algo tan legítimo como tener una vivienda como el Estado te decía, con una hipoteca. Nadie sabía que podías quedarte con una deuda de por vida: te pueden embargar las cuentas, te dejan en una muerte civil, dejas de ser sujeto de crédito y te conviertes en un moroso condenado a la economía sumergida.

¿Cómo se trabaja con quien se ve en esta situación?

Estamos hablando de miles de personas que, con un estatus social, pasan a un empobrecimiento absoluto sin haber sido conscientes de lo que habían asumido: una deuda de por vida insalvable. Antes que enseñar a negociar con el banco, teníamos que restituir una mínima autoestima y desculpabilizarla. La gente no podía ni hablar. Ese trauma afecta a todo tipo de gente. Los primeros años de la crisis si no estalló la situación fue por el entorno, pero no por el Estado. Va avanzando la crisis y cada vez hay más gente en paro y el cojín familiar se agota. Y la gente empieza a enfrentarse con que no tiene para comer y no sabe ni dónde pedir ayuda. Tienen que hacer un aprendizaje rapidísimo de los circuitos de la supervivencia. También aumenta el estado de shock que todo ese empobrecimiento radical y veloz se produzca en una sociedad de la abundancia. Todavía somos una sociedad con millones de viviendas vacías. Aumenta la sensación de que eres un proscrito, porque todo sigue funcionando con una cierta normalidad.

¿Ha fallado el modelo de crecimiento y la reacción al problema?

Es escandaloso. Es increíble que en todo este tiempo no haya dimitido nadie. Nosotros veníamos de la experiencia previa de V de Vivienda, en la que la ciudadanía se adelantó y denunció la burbuja inmobiliaria, que negaba la Administración (2006-07), el sector inmobiliario y financiero, y los medios reproducían esas voces, y las voces críticas no salían jamás. Lo increíble es que el Estado negó la burbuja cuando había estallado, Zapatero hablaba de aterrizaje suave, y con la PAH hemos sabido detectar el problema, nos hemos adelantado, y las administraciones están tardando años en reaccionar, y encima de forma torpe.

En ese sentido, ¿ha fallado también la representación institucional?

Tenemos una democracia secuestrada por determinados intereses económicos. Las administraciones no sabían ni de qué les hablábamos. Su único referente era el sector inmobiliario, empresarios que intentan colocar su producto. Cuando ya no se podía negar el problema, hace cuatro años empezamos el movimiento porque se sabía lo que estaba pasando, y las reacciones eran tibias e insuficientes. La primera, significativa para mí, es la de Andalucía y su decreto. En Cataluña llevamos años, y nos hemos encontrado con buenas palabras, pero esto no se resuelve con una pequeña partida económica en ayudas sociales. Es una ley injusta, y cuando toman conciencia las administraciones de que arreglar el conflicto pasaría por hacer frente a los intereses de las entidades financieras, se rajan. Pueden aprobar parches, pero no se atreven a más. La administración está secuestrada, ya sea porque los partidos o las administraciones están endeudadas. Hay una cobardía absoluta y no se atreven.

Pero su objetivo es muy claro.

V de vivienda, que se movilizó por el derecho a la vivienda (artículo 47 de la Constitución), no hizo ese esfuerzo de concreción. Aprendimos de aquello. Cuando fundamos la PAH teníamos claro que había que hacer una estrategia de acción y estamos ante una situación límite. A la gente se la deja en la calle con deudas de por vida. Identificamos los asuntos de emergencia (deuda y vivienda) y buscamos el asesoramiento para hacer propuestas, y también mecanismos de autotutela del derecho que se estaba vulnerando. Hicimos una campaña de desobediencia civil para parar desahucios, negociación caso a caso con los bancos y establecimos la interlocución con administraciones locales y autonómicas para que aumentara el parque de alquiler social. Esto ha sido parte del éxito, saber lo que queremos a corto, medio y largo plazo. Y por un lado tener claro que es un problema de reglas injustas, pero también hay que hacer efectivo el derecho, sin esperar que esa Administración secuestrada por los intereses de las entidades financieras responda algún día. No podemos esperar. Hay que parar los desahucios.

¿Está en crisis el sistema?

Es muy injusto lo que estamos viviendo. Está claro que hay una crisis de representación, del modelo social, que esa democracia light de la Transición no es suficiente, el bipartidismo no responde a la sociedad actual. Es inaceptable. El último rescate es el banco malo. El colmo de las vergüenzas de este país. Se limpian los balances de las entidades financieras, con sus activos tóxicos, y se destinan decenas de miles de millones, lo que traerá consigo recortes en educación, sanidad, etc… Y ni quiera hay una iniciativa social, como darles las viviendas a quienes lo necesiten en situaciones de emergencia, desahuciados o en riesgo. Provocan una situación incendiaria. Están enviando el país al caos. Su comportamiento es injusto, peligroso, no se resuelve el problema de la vivienda pero se rescata a la banca.

¿Qué perspectivas hay?

Si no se da una salida, hay miles y miles de personas sin horizonte de recuperación y nada que perder… ¿Qué va a hacer esa gente? Resignarse a ser una proscrita y vivir en la economía sumergida y en la exclusión social, mientras ve que hay viviendas vacías… El país no va a salir de la crisis así, es una crisis económica a perpetuidad. Tener a miles de personas morosas de por vida, sin nada a lo que agarrarse, sin incentivos para recuperar la actividad económica... En EE UU tienen dación en pago, porque saben que para la actividad económica es fundamental que la gente pueda volver a empezar. Si los ciudadanos no salen de la crisis, el país tampoco. El PP está en una situación complicada. Por mucho poder que tenga la banca y la relación de dependencia de este Gobierno con las entidades financieras, el Gobierno debe responder al interés general. Si no lo hace, tendrá un problema de credibilidad muy grande: o responde a la ciudadanía o a las entidades financieras. Las dos cosas juntas no pueden ser.

Pero las autoridades dicen que no hay recursos.

Hay una ofensiva de los grandes poderes económicos para ganar lo máximo aunque sea a costa de empobrecer a la mayoría. Hay un modelo de deuda generalizado que pasa por recortar cada vez más derechos básicos como sanidad y educación. La ciudadanía no es tonta, no se está dejando engañar y va a reaccionar cada vez más. Se hace un discurso de recortes, pero no hay escasez de recursos, sino que hay cada vez más diferencias entre ricos y pobres. Cada vez más se le suben los impuestos a los pobres y a los ricos se les bajan, y no se persiguen los delitos fiscales y se perdonan a los corruptos cuyos delitos prescriben, mientras se dejan a las familias condenadas de por vida por haberse endeudado para acceder a un bien de primera necesidad. Esa injusticia manifiesta es tan descarada… Durante la burbuja inmobiliaria había un proceso capitalista muy fuerte, en el que las élites financieras y económicas hacían un gran beneficio, pero con un cierto consenso social: si ganaban unos, ganábamos todos; todos podían acceder a la propiedad inmobiliaria, por ejemplo, y los pobres podían ser propietarios… En ese modelo salvajemente capitalista había un consenso para que beneficiara a todo el mundo. Pero ahora para que unos puedan mantener sus privilegios estratosféricos, directivos que ganan millones al año, hay que empobrecer a la inmensa mayoría de la población despojándola de todo, de los derechos más básicos que ha costado décadas conseguir, y que supone amenazar la supervivencia de las personas. La gente, cuando entiende que el conflicto es ese, no se va a quedar resignada viendo cómo se lo quitan todo para que unos pocos vivan mejor que nunca. Si no se resuelven esas cuestiones de fondo y se reequilibra la economía, la conflictividad social irá a más.

Ilustración: César Fernández

NACER EN EL PAÍS EQUIVOCADO DE UN MUNDO EQUIVOCADO

Rosa María Artal

PERIODISTA Y ESCRITORA

Elías tenía 58 años cuando murió hace pocos meses en Galicia. Huido de su Mozambique natal por la guerra, dio tumbos por varios países que segregan a los negros y terminó por recalar en España. Era músico y nunca perdió la mirada de una intensa humanidad. Como causa de sus desdichas, explicaba: “Nací en el país equivocado de un mundo equivocado”. Muy equivocado. Un 1% de la población mundial con más ingresos ha pasado de poseer un 10% de la riqueza a atesorar un 20% en los últimos 30 años. El hambre mundial se paliaría con la cuarta parte de los ingresos de las 100 personas más adineradas. Entre 18 y 33 billones de dólares se encuentran ocultos en paraísos fiscales. La evasión de impuestos supera lo que los 27 miembros de la UE invierten en sanidad. España navega perdida en una Europa más privilegiada, que también ha perdido el rumbo. Lidera, en cuantía y rapidez, el aumento de las desigualdades sociales en la Unión desde el inicio de la crisis. Índices alarmantes que devastan la estabilidad de millones de personas. Traen hambre, precariedad, desempleo, enfermedad y muerte. Dolor y angustia de presente, desesperanza en el futuro. Sin masiva respuesta. Aún.

La gran estrategia neoliberal reside tanto en propiciar el lucro ilimitado de unos pocos a costa de la mayoría, como en idiotizar a la sociedad. En robarle –además– su pensamiento crítico, la capacidad de razonar. En formar rebaños de ovejas clonadas, para pensar, hacer y desear lo mismo. Los medios de comunicación son los grandes vehículos del plan. En la larga tradición del poder, Dios o el rey fueron autoridad inapelable (como hoy el dinero). Impuesta, en un mundo sin instrumentos sociales para acabar con flagrantes desequilibrios. Algo cambió, sin embargo, cuando flamearon las guillotinas del supremo hartazgo. Y, oh, sorpresa, se comprobó que las sociedades más igualitarias funcionan mejor.

Jamás se ha logrado una unánime docilidad. Y, cuando crece la miseria, cuando la injusticia abofetea en agravios comparativos constantes, cuando la prepotencia y la mentira germinan incluso en indeseado odio, llega el punto de no retorno. Ay del poder ciego y soberbio que no ve tensarse la cuerda o cree que la podrá someter. Porque la razón demuestra que la equidad favorece el mayor bien de todos… salvo el de las alimañas que viven de la sangre ajena.

El modelo español es una máquina de generar empleo precario. AP

MÁS DESIGUALES QUE NUNCA

Después de algo más de 30 años de democracia, la sociedad española es más desigual que nunca. La brecha social es tal que sitúa a España cerca de Bulgaria y Lituania. El impacto de la recesión en el empleo y las políticas de recortes han agravado una situación que el país ya arrastraba de lejos.

Ana Requena Aguilar

PERIODISTA. REDACTORA DE ELDIARIO.ES

Cinco años de crisis, desempleo y recortes han hecho que en poco tiempo la brecha social en España haya crecido mucho. Sin embargo, el récord español de desigualdad lleva décadas forjándose. Informes y expertos señalan que durante la época de bonanza económica, España tampoco fue capaz de reducir sus niveles de desigualdad y pobreza. O lo que es lo mismo, nuestro modelo de desarrollo no redistribuye la riqueza cuando crece; mientras que cuando se colapsa se olvida de la lucha contra la exclusión social y empeora la brecha social. “Nuestra desigualdad tiene un componente estructural importante que la crisis ha agravado. Durante la época de bonanza algunos países aprovecharon para reducir su desigualdad, pero nosotros no”, explica Luis Ayala, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos y autor de varios informes sobre desigualdad. Un dato: durante los años previos a la crisis, cuando España crecía entre un 3% y un 4% al año y el empleo hacía lo propio, la tasa de pobreza apenas se movió.

Lucía Vicent, investigadora de Fuhem Ecosocial, asegura que el triunfo del modelo neoliberal ha hecho que durante años se haya alentado el desmantelamiento de los servicios públicos y la pérdida de legitimidad de las políticas públicas, lo que, en el fondo, implicaba favorecer el aumento de las brechas sociales. “En tiempos de la bonanza económica nos hicimos más vulnerables para llegar a esta situación. Un diagnóstico interesado de la crisis ha ocultado que en las últimas décadas la sociedad se ha ido polarizando y que la desigualdad creció ya en los años anteriores. De hecho, esa creciente desigualdad ha sido determinante para que la crisis se haya dado aquí con tal intensidad”, dice Vicent.

Ya durante la recesión, la desigualdad en España ha crecido de forma fulgurante: el índice de Gini –que sirve para medir la brecha social– aumentó casi un 10% solo en los dos primeros años de crisis. La recesión habría supuesto, por tanto, un efecto regresivo sin precedentes sobre la distribución de las rentas, que se suma a los datos mediocres que ya lastraban al país.

La estructura productiva de España es en buena parte responsable de nuestras desigualdades: una economía poco competitiva, que genera muchos puestos de trabajo de mala calidad y en sectores de baja cualificación. Una vez que los empleos se destruyen, cientos de miles de trabajadores poco formados y con unas prestaciones de desempleo limitadas se ven en la calle. En el otro lado, se encuentran un mercado laboral y un sistema educativo incapaces de ofrecer ni un reciclaje adecuado ni nuevos nichos de trabajo donde insertarse.

“Tenemos una estructura todavía muy centrada en baja tecnología, empeñada en competir a base de salarios bajos y que crea poco empleo estable, algo que nos ha diferenciado de otros países”, apunta Ayala. Para Lucía Vicent, el modelo de crecimiento español se ha basado en una burbuja inmobiliaria, residencial e industrial, que ha fomentado empleos “con una volatilidad muy alta” y que no ha estimulado la inversión productiva.

La otra cara de ese modelo productivo es el mercado laboral, donde se han gestado o ensanchado parte de las desigualdades. “Desde el momento en que para la mayoría de los hogares las rentas salariales son la principal fuente de ingresos, lo que sucede en el mercado de trabajo afecta mucho a la mayor parte de la población, tanto en el presente como en el futuro, porque condiciona también las prestaciones futuras”, explica Coral del Río, profesora de Economía Aplicada en la Universidad de Vigo. Las recetas que se han aplicado en los últimos años no han ayudado a mejorar la situación: las reformas laborales han abaratado el despido, flexibilizado las condiciones de contratación y debilitado la negociación colectiva.

Una de las consecuencias más llamativas de ese modelo de crecimiento que funcionaba como una máquina de generar empleo precario ha sido el aumento de los trabajadores pobres, es decir, de las personas que, a pesar de tener un empleo, no tienen ingresos suficientes para satisfacer las necesidades básicas y rozan la exclusión social. La tasa de pobreza laboral ha pasado del 10,7% en 2007 al 12,7% en 2012. “Hace 20 o 25 años, cuando se hablaba de trabajadores pobres no se consideraba una problemática importante dentro del contexto europeo, pero ahora ya no es así, ya no podemos decir que estamos protegidos ante la pobreza laboral. Ahora hay bolsas importantes de trabajadores con salarios que no son suficientes para superar el umbral de pobreza”, señala Del Río. España se sitúa, según los últimos datos disponibles, como tercer país de la Unión Europea con mayor índice de trabajadores en hogares pobres, solo superada por Rumanía y Grecia.

Un informe de la Fundación Primero de Mayo de CCOO alertaba hace unos meses de que, además del aumento cuantitativo de la pobreza laboral, preocupa también el incremento cualitativo: los trabajadores que ya eran pobres lo son ahora aún más.

¿Por qué? Coral del Río insiste en que el modelo de crecimiento español, ligado a la construcción y a servicios de poca cualificación y bajas remuneraciones, tiene parte de la responsabilidad. Pero, sobre todo, la alta temporalidad y la poca incidencia de las prestaciones sociales en un momento en el que el paro y la precariedad se han desbocado.

El estudio de la Fundación Primero de Mayo apuntaba varios factores clave que aumentan el riesgo de pobreza laboral: el trabajo por cuenta ajena, la temporalidad, la inestabilidad y el trabajo a tiempo parcial. De los 3,5 millones de empleos que se han destruido desde 2007, 2,2 millones eran temporales, cuyas indemnizaciones por despido son muy inferiores a las de los contratos indefinidos. La elevada rotación en estos empleos hace que muchos trabajadores ni siquiera acumulen derecho a cobrar prestaciones ni adquieran formación en sus puestos.

Los contratos a tiempo parcial son también una fuente de desigualdad que sufren especialmente las mujeres. Hace poco, el propio Tribunal Constitucional consideró que la forma en la que la Seguridad Social calcula las cotizaciones de los trabajadores a tiempo parcial es discriminatoria a la hora de acceder a una pensión. La sentencia declara que este sistema de cómputo es inconstitucional “tanto por lesionar el derecho a la igualdad como también, a la vista de su predominante incidencia sobre el empleo femenino, por provocar una discriminación indirecta por razón de sexo”.

En 2011, la tasa de trabajo a tiempo parcial era del 23,5% en las mujeres y del 6% en los hombres. Aunque en España este tipo de ocupación es muy inferior al resto de países de Europa, en los últimos años esta fórmula ha crecido alentada por las reformas laborales. Los datos muestran que la mayoría de trabajadores –hombres y mujeres– no desean estos contratos, “lo que demuestra que las condiciones son claramente peores que en otros países”, apunta Del Río.

Las cifras también dicen que, en el caso de las mujeres, se ven obligadas a aceptarlos, sobre todo, porque tienen que encargarse de las tareas de cuidados. “Es la consecuencia de la falta de un sistema de bienestar que no da servicio a la dependencia, y las consecuencias para las mujeres son tremendas”, subraya la economista.

Ricos y pobres. El informe Foessa 2013 constata un deterioro de las rentas de los españoles desde 2007 como consecuencia de la caída de ingresos y del aumento del coste de la vida: en cinco años, la renta disponible de los hogares ha bajado más de un 10%, una caída “considerablemente más pronunciada” que la registrada en la mayoría de los países de la Unión Europea.

“Tenemos unas desigualdades salariales altas. Comparados con otros países, la desigualdad entre la parte baja y la media de los salarios no es especialmente diferente, pero las distancias entre la parte media de los salarios y la parte alta es muy elevada. Es decir, en España tenemos bastante movilidad salarial entre la parte baja y media de la tabla salarial, que está relacionada sobre todo con la eventualidad laboral. Sin embargo, la movilidad desde los salarios medios a los altos es muy difícil de conseguir, mucho más que en otros países”, explica el catedrático de Economía Aplicada Luis Ayala.

La desigualdad es mayor en el caso de las mujeres, que siguen cobrando de media un 16,2% menos que los hombres. En 2012, el salario medio por hora a precios corrientes de los hombres fue de 11,75 euros y 9,98 euros para las mujeres. La segregación ocupacional –una tendencia que hace que hombres y mujeres trabajen en sectores y ocupaciones diferentes– explica parte de esta diferencia. Varias expertas han constatado que en los sectores feminizados, como los cuidados o la dependencia, los salarios tienden a ser más bajos que los sectores con fuerte presencia masculina, lo que sugiere una devaluación social del trabajo de las mujeres. 

Por otro lado, aunque la brecha se produce tanto en el salario base como en los complementos, varios informes señalan que es en estos últimos donde las diferencias se ensanchan aún más. Las consecuencias de esta discriminación se dejan sentir en el tiempo, y hace que las mujeres generen peores prestaciones y pensiones, hasta el punto de que el riesgo de pobreza es mucho mayor entre las mujeres mayores de 65 años que entre los hombres de la misma edad.

El hundimiento de las rentas ha sido mayor entre la población con rentas más bajas: desde 2006, sus ingresos han caído un 5% en términos reales cada año. En estos años, la distancia entre la renta del 20% de la población más pudiente y el 20% de la población más desfavorecida ha crecido un 30%.

El informe Foessa señala que esta ampliación de las diferencias entre los extremos de la distribución de la renta confirma “la mejora relativa de los hogares más ricos y el drástico empeoramiento de los hogares más pobres”. Desde que hay datos disponibles nunca se había experimentado un aumento tan importante de la desigualdad de rentas. “No solo han caído los salarios, sino la capacidad económica real de los hogares debido a la congelación de las pensiones, al aumento de precios, el IVA, los recortes... El resultado de esa ecuación es que la situación de los hogares ha empeorado y cuanto más pobres eran ya los hogares, más ha empeorado su situación. Un recorte de becas supone que una familia que antes no tenía que pagar los libros de sus hijos o el comedor escolar ahora sí lo tienen que hacer y son gastos familiares de mucho peso”, asegura Gaby Jorquera, de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN).

El número de hogares con todos sus miembros en paro ha crecido incesantemente estos años y ya son casi dos millones, el 11% de los hogares. Por otro lado, el aumento del paro de larga duración (las personas que llevan buscando un empleo más de un año), es otro de los elementos que ha diferenciado a España del resto de países. Este desempleo de largo plazo amenaza con enquistarse. Hay varios motivos que hacen que este indicador sea especialmente malo: implica que buena parte de estas personas ya no cobran prestación, y que, según la tendencia general, a mayor tiempo en el paro, menos probabilidad de reinsertarse tiene una persona.

¿Cómo compensar las desigualdades? Un informe de la Fundación Alternativas señala tres pilares básicos para compensar las brechas sociales y garantizar la igualdad de oportunidades: la educación, la sanidad y las pensiones. Precisamente, los tres soportan desde 2010 el peso de los recortes.

“Para corregir las desigualdades tendría que haber una capacidad compensatoria del sector público que no hay, es más, la hay en menor medida de lo que correspondería a nuestro nivel de riqueza como país”, asegura Ayala. El gasto social por habitante en España es menor que otros países con niveles de renta más bajos, como, por ejemplo, Portugal, y está muy lejos del de Alemania, Francia, Irlanda o Noruega.

La investigación de la Fundación Alternativas asegura que el gasto sanitario “beneficia en gran medida a los grupos sociales más desfavorecidos y de forma considerable a las clases medias”. Apunta también que el gasto farmacéutico y el de atención primaria son cruciales, ya que “contribuyen en mayor medida a la progresividad de este gasto”.

Precisamente, en los últimos años se ha puesto en marcha el copago farmacéutico, varias comunidades autónomas han cerrado o reducido el servicio de los centros de atención primaria y son frecuentes los conciertos para privatizar la gestión de algunos servicios. Los autores concluyen que cuando la gestión de centros sanitarios o educativos se transfiere al sector privado “se aumentan las desigualdades”.

“El crecimiento del coste de acceso a servicios básicos hará que esta sea una sociedad cada vez más desigual. Las política sociales tienen efectos preventivos sobre la desigualdad y la pobreza, así que el rumbo contrario implica que estas se enquistarán en la sociedad y será más difícil combatirlas y sacar a la gente de la exclusión social”, subraya por su parte la investigadora de Fuhem Lucía Vicent.

El sistema tributario tampoco es suficientemente redistributivo: durante la bonanza ha tendido a reducir tipos impositivos, mientras que en la crisis se han subido impuestos indirectos como el IVA . “El sistema fiscal ha pasado a cumplir objetivos meramente recaudatorios y no se ha ido a fortalecer su carácter redistributivo y de corrección de las desigualdades”, asegura Luis Ayala.

Un sistema de protección insuficiente. Mientras la tasa de paro ha tocado su récord, el 27,1%, el sistema de cobertura de las prestaciones por desempleo está en el 63%, su registro más bajo de los últimos años. Los requisitos para acceder a muchas prestaciones han aumentado y su cuantía ha disminuido.

“Todos los países tienen una última red, un sistema de garantía de ingresos para las personas que hayan agotado todas las prestaciones”, señala el catedrático. En España, el último colchón lo proporcionan las comunidades autónomas y lo hacen de forma desigual. Son muchas las organizaciones que piden una renta mínima de ciudadanía que sostenga a las familias. “Sería una medida de igualdad y corregiría el aumento de la brecha”, dice Gaby Jorquera, de EAPN.

Por otro lado, uno de los mantras que el Gobierno ha repetido ante los recortes es que la mejor política social “es el empleo”. Los expertos lo desmienten: “Todas las fuentes de desigualdad se están acrecentando y el futuro es complicado. No podemos afirmar que cuando nos recuperemos estas pérdidas se van a compensar. Recuperar el empleo no es recuperar el bienestar”, dice tajante Ayala.

Jorquera confirma esta tesis. “No solo va a haber un aumento de la pobreza, sino una profundización en ella. Cada vez será más difícil recuperar a las personas que caen en la exclusión social, además hay un empobrecimiento general de la sociedad”, asegura. Y concluye: “Si empezáramos a hacer las cosas de una forma distinta, este problema de desigualdad y pobreza mejoraría. La pobreza no es una catástrofe que no puedes controlar, es un fenómeno humano totalmente controlable”.

Ilustración: RETROVISOR

HACIENDA SOMOS (CASI) TODOS

Los contribuyentes sufren el sistema impositivo sin poder aprovecharse de algunas de las decenas de argucias que trufan el entramado fiscal español y que sí favorecen a los grandes patrimonios y a los empresarios.

Belén Carreño

PERIODISTA. JEFA DE ECONOMÍA DE ELDIARIO.ES

“Los ricos pagan muy pocos impuestos”. Esta frase, por cotidiana, parece demagógica. Sin embargo, el que la pronuncia no es el tendero de la esquina, ni el ama de casa, es el presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, Ransés Pérez Boga. Esta manida sentencia resume un malestar extendido: el sistema impositivo español no satisface prácticamente a nadie. Ni al que lo aplica, el Estado, que reconoce su insuficiencia recaudatoria, ni a los que lo controlan, los inspectores de Hacienda, y mucho menos a los que lo pagan. O, mejor dicho, a los contribuyentes que sufren el sistema sin poder echar mano de algunas de las decenas de argucias que trufan el entramado fiscal español y que sí favorecen a los grandes patrimonios o a los propietarios de empresas.

La brocha gorda de la recaudación fiscal deja pocas dudas sobre el auténtico pilar del sistema. El impuesto de la renta (IRPF) supone alrededor del 43% de todos los ingresos del Estado. El origen de las rentas que declaran este impuesto es, en un 85%, el trabajo asalariado, ergo, el mayor esfuerzo contributivo lo hacen sin lugar a dudas en España los trabajadores.

El esquema fiscal español tiene como resultado que el tejido empresarial apenas aporte un 13% de la recaudación del Estado, y que el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) contribuya con el 22% de los ingresos. Los asalariados aportan casi cuatro de cada diez euros con los que se mantienen los servicios públicos, frente a poco más de un euro que saldría de los beneficios de las empresas y dos de cada diez euros del consumo.

Los trabajadores soportan más cargas. Las nóminas, un bien muy preciado en un momento de 6,2 millones de parados, ligan a los asalariados de forma indisoluble con los compromisos ante la Agencia Tributaria. Sin embargo, otros ingresos, como las rentas del ahorro o los beneficios empresariales, se casan con el fisco sin jurar esta fidelidad inquebrantable ya que el propio sistema es más permisivo con que este tipo de ganancias paguen menos tributos. Además, la ingeniería fiscal logra en muchas ocasiones que las ganancias originadas más allá del trabajo por cuenta ajena se cuelen por la red de los tributos.

La cuestión no es, obviamente, pagar o no pagar impuestos. Los grandes interrogantes que se plantean en momentos de apreturas financieras como los actuales son: ¿es equitativo nuestro sistema? ¿Pagan más los que más tienen? ¿Al que más tiene le es más fácil defraudar? ¿Hay margen para una mayor justicia fiscal? ¿Puede mejorarse la eficiencia recaudatoria sin aumentar la presión a los que es más fácil controlar, es decir, los asalariados?

Luis del Amo, secretario técnico del Consejo de Economistas de España, matiza la primera de estas cuestiones bajo dos supuestos clave a la hora de diseñar un sistema de recaudación equilibrado. Por un lado, existe la equidad horizontal, esto es, que los que ganan lo mismo paguen los mismos impuestos. Por otro lado, hay que analizar la equidad vertical, esto es, que los que ganan más, paguen más en proporción.

Aunque los expertos reconocen que formalmente se cumplen estos dos supuestos, en la práctica, también asumen que la equidad fiscal está muy lejos de cumplirse. Como siempre, en la letra pequeña se escribe la línea roja de la igualdad. “El reparto equitativo de las cargas no se refleja en la declaración de la renta”, sentencia Del Amo.

El diseño del impuesto de la renta es, sin duda, el mapa de la redistribución de los ingresos en España. Además de ser el canal por el que se aportan más ingresos, es el que más usuarios procesa, con más de 19 millones de declaraciones en 2010. El escalonamiento de los tipos con los que se gravan en función de los ingresos es un espejismo de equidad en su recaudación. Más allá de los tramos, en su concepción radica un desigual tratamiento por iguales ingresos, ya que se distingue el origen del capital (por trabajo o por ahorro). Esta diferenciación rompe inmediatamente la equidad horizontal, ya que a iguales ingresos no se tributa lo mismo, dependiendo del origen de la ganancia.

Así, un asalariado pagará más por sus ingresos del trabajo que un autónomo que se acoja al sistema de módulos o un rentista por el rendimiento de su inversión. Carlos Garcimartín, profesor de Hacienda Pública de la Universidad Rey Juan Carlos, reconoce contundente que tanto en módulos como en la declaración por rentas del ahorro se tributa menos que por la renta del trabajo. A iguales ganancias, el currante abona más.

En el caso de las rentas del ahorro, la quiebra de la igualdad horizontal es muy fácil de ver. Así, a las ganancias que procedan de algún tipo de ahorro, inversiones, pisos, etc... se les puede aplicar un tipo máximo del 27% si superan la base imponible de 24.000 euros. Sin embargo, las rentas procedentes del trabajo tienen una escala de tributación mucho más elevada que puede llegar a captar hasta el 52% de la base liquidable en la declaración de la renta. En definitiva, ser rentista sale a cuenta.

La tributación por módulos es algo más compleja. Por este sistema, los rendimientos de actividades económicas que cumplan determinadas condiciones pueden acogerse a un sistema de tipo fijo de tributación que también es muy favorable y, sobre todo, muy difícilmente verificable por parte de la propia Hacienda.

Laberinto de deducciones. Pero entre los mismos asalariados también se vulnera la equidad horizontal, tal y como está planteado el sistema. Se hace mediante la panoplia de deducciones, reducciones y bonificaciones a las que se pueden acoger los contribuyentes y que marcan también la asimetría a la hora de enfrentarse con Hacienda.

Estos supuestos para desgravar pueden tener carácter estatal o autonómico, y marcan en muchos casos la política económica del Gobierno de turno. Los dos factores en el ámbito estatal que restan más parte de la recaudación son la desgravación por compra de vivienda y los planes de pensiones. En ambos casos, el objetivo a la hora de aplicar esta deducción no es social, sino el de incentivar bien la compra de un inmueble, bien un plan de pensiones, dos productos sujetos a fuertes lobbies empresariales.

En cualquier caso, la posibilidad de poder acogerse a una de estas ventajas fiscales, ya presupone un cierto nivel elevado de renta. O bien un poder adquisitivo para poder comprarse una casa con la solvencia necesaria para solicitar una hipoteca, o la de tener un remanente de ahorro lo suficientemente elevado como para dedicar una parte a un plan de pensiones.

En ambos casos, las estadísticas tributarias señalan que cuanto mayor es el nivel de renta, mayor es la desgravación que se aplican estos contribuyentes. Aunque en número son más los contribuyentes de “clase media” que piden estas desgravaciones, en importe, es mucho mayor lo que se restan las clases más adineradas (ver gráfico).

En total, este tipo de beneficios fiscales (también se puede desgravar por mínimos familiares) le restarán en 2013 al Estado 39.000 millones de euros, algo más que el año anterior (2,3%) pese a que hay cada vez menos contribuyentes. La partida de la vivienda drena alrededor de 4.000 millones de euros al Estado. Y los planes de pensiones le restan alrededor de 5.700 millones de euros (con datos de 2010).

La mayor parte de las deducciones, al menos en número, proceden del margen autonómico. Pese a que la cuantía a deducir en este tipo de figuras suele ser pequeña, su abanico es amplísimo y en muchos casos de dudosa finalidad. En Madrid, por ejemplo, se puede deducir parte del gasto de los uniformes de los colegios (pero las posibilidades a lo largo de España son casi ilimitadas).

La facilidad con la que los partidos políticos de uno y otro color hacen campaña electoral con el arma de los beneficios fiscales ha dejado el sistema como un queso de Emmental. Por eso, los expertos piden que en materia de fiscalidad se haga política de Estado, con una responsabilidad que frenaría la implantación de este tipo de nuevos instrumentos que solo sirven para parchear el sistema.

“A los políticos les cuesta menos hacer una bajada de impuestos que una subida de gastos”, lamenta el economista Ignacio Conde Ruiz, de la Fundación Fedea. Conde es partidario de que las políticas sociales se hagan a posteriori, ofreciendo los incentivos necesarios por la vía del gasto.

Los expertos albergan pocas dudas sobre la perfectibilidad de este sistema, que privilegia a los que ganan mucho. “Hay un sesgo claro hacia los asalariados”, lamenta Carlos Garcimartín, quien recuerda también cómo la declaración de la renta es la que se utiliza para solicitar becas o cualquier otro tipo de ayuda estatal.

El impuesto sobre la renta tiene además otra particularidad que, aunque obvia, no deja de ser menos dolorosa para el asalariado. Los que lo pagan perciben sus ingresos, o al menos una parte de ellos, de la economía oficial. Esta contribución a las arcas del Estado no afecta a los trabajadores o empresarios en negro.

Impuestos en negro. En un país con una abultada economía sumergida, los últimos datos del especialista en la materia, el profesor de la universidad de Linz Friedrich Schneider, asegura que en 2013 la economía sumergida en España equivaldría a casi un 18,6% del PIB. De ser así, casi uno de cada cinco euros que se mueven en la actividad económica española lo harían libres de impuestos.

Esta laguna en la fiscalidad es lo que marca la diferencia de posicionamiento entre partidarios y detractores del IVA. El Impuesto sobre el Valor Añadido es el más extendido entre los habitantes de un país, ya que todos los consumidores, contribuyentes, asalariados, empresarios o visitantes extranjeros tienen que abonarlo.

Los críticos con el IVA señalan que una tasa fija penaliza al que gana poco frente al que tiene mucho dinero. Sin embargo, sus defensores arguyen que el impuesto obliga a contribuir con el sistema a los que realizan también sus actividades en negro y que su gradación permite que los que consuman servicios más costosos también paguen más. ¿Si los que ganan lo mismo, tributan diferente, qué pasa con los que tienen más? De nuevo ante esta cuestión el sistema tiene una marcada asimetría. Así, la llamada equidad vertical, que los más tienen paguen más, se resquebraja ante los requiebros fiscales legales que permiten el sistema.

La trampa legal más conocida que usan los ricos para pagar menos se parapeta detrás de unas siglas: Sicav. Las sociedades de inversión colectiva tributan a un reducidísimo tipo del 1%, lo que permite a las grandes fortunas invertir sin apenas pasar por Hacienda. Las condiciones para acogerse a una sociedad así son mínimas, entre ellas, el que la compongan 100 inversores, una norma que ha dado lugar a que se extienda el fichaje de los conocidos como “mariachis”. Inversores de paja que sirven de comparsas de las auténticas fortunas para montar este tipo de sociedades.

Garcimartín lamenta que entre los múltiples defectos (fiscales) que tiene una Sicav esté el de cobrar dividendos como si fueran salidas de capital de la sociedad, lo que les libra de pagar el tributo correspondiente. Los expertos consultados son unánimes con la necesidad de modificar el sistema o de elevar el tipo correspondiente a estas inversiones.

Quienes defienden las Sicav aseguran que es la mejor forma de mantener la riqueza en territorio español. Sin embargo, la repercusión real en la actividad de este tipo de patrimonios en una economía globalizada está muy en cuestión. Las carteras opacas y diversificadas de estas sociedades no permiten garantizar que el patrimonio esté rentando en España.

Más allá de estos instrumentos, la contribución de las grandes fortunas es muy poco exigente en España. El inspector de Hacienda Pérez Boga recuerda que los patrimonios empresariales no tributan, lo que supone una brecha directa en el reparto equitativo de las cargas en el sistema.

La necesidad de gravar la riqueza es una polémica cada vez más en auge no solo en España, sino en toda Europa. El impuesto sobre la fortuna francés ha sido pionero y un modelo que muchos creen que podría tener un alto encaje en España.

Garcimartín apuesta por la propuesta que el PSOE lanzó en abril de 2013 en materia de impuestos. En el programa socialista se defiende la idea de unir IRPF y Patrimonio en un solo impuesto. El mínimo exento sería teóricamente más elevado que el actual, pero a cambio se gravaría la riqueza con la suficiente eficacia, independientemente de su origen. Así, al patrimonio se le imputaría una renta y pagaría por ella en la misma proporción que lo hace el trabajo asalariado.

A los que critican esta posibilidad por la posible fuga de capitales, los defensores del impuesto recuerdan que los patrimonios de estos importes tan elevados tienen muchos costes a la hora de traspasar las fronteras. Sobre todo, porque una gran parte son bienes inmuebles, imposibles de deslocalizar. Con todo, en Francia se han dado ya dos casos muy notorios de adinerados franceses que han cambiado de residencia para no cumplir con las nuevas normas del Gobierno de Hollande: Bernard Arnault (dueño de Louis Vuitton) y el actor Gérard Depardieu.

Precisamente, tener un gran patrimonio facilita también la posibilidad de escapar a la Hacienda local. Los ricos tienen más flexibilidad a la hora de cambiar de residencia o de llevar su patrimonio a rendir a zonas grises que escapan a la vigilancia del fisco, como los paraísos fiscales, algunos tan aparentemente respetables como Luxemburgo.

El impuesto que deben abonar las empresas también es disfuncional en términos igualitarios. Su tipo más elevado, que opera para las grandes empresas, está en el 30%, de nuevo mucho más bajo que el que tienen que soportar las rentas altas. Pero, además, se da el caso de que las abundantes deducciones que se pueden aplicar las empresas reducen su tipo efectivo (lo que pagan de verdad) a poco más del 12%.

Se rompe así la equidad entre las mismas empresas sujetas a tributar con estos tipos porque las deducciones favorecen en la mayor parte de los casos a las grandes corporaciones.

“Las deducciones están ligadas a la inversión, así que las más grandes son las que se las pueden aplicar”, matiza el representante de los inspectores de Hacienda. Esta posibilidad hace que, finalmente, las pymes paguen más impuestos en proporción que las grandes empresas, remarca Garcimartín. “El sistema tal y como está provoca una planificación agresiva por parte del contribuyente”, advierte Pérez Boga.

Y como guinda a todo este laberinto de facilidades normativas para los que más tienen, la mayor injusticia fiscal de todas se cometió al promulgar la amnistía fiscal. Un perdón para los más ricos que vivían, directamente, al margen de la ley.

Ilustración: César Fernández

NO HACER NUNCA NADA MÁS

Lucia Lijtmaer

PERIODISTA Y ESCRITORA

Es guapa, culta y treintañera. Habíamos trabajado juntas y nos tenemos simpatía, así que cuando me la encontré en un bar, tan desmejorada, me sorprendió. Una chica que había sido coqueta, siempre bien vestida, estaba flaca, ojerosa, frágil. Lo achacó al insomnio, al cansancio. Pero cuando empezó a hablar no pudo parar.

De lo que me acuerdo, por encima de todo, es del terror. No empezó el primer mes, al principio estaba muy enamorado de mí. Le fascinaba todo: desde mi manera de hablar hasta la curva de mi codo. Pero algo desencadenó la primera discusión: celos salidos de la nada. “¿Por qué hiciste aquello que hiciste?” Esa pregunta cae sobre ti como un jarro de agua helada nocturno. Zas. Ya no eres tú, ya lo has estropeado. Vienen las confesiones: él sabe las cosas que habías hecho antes, te lo dice tranquilamente. Lo sabe, pero está por encima de todo eso, porque él es bueno, él te quiere. Hay algo que te dice, en ese momento, que es injusto. Todavía tienes alertas, es pronto, y saltan. Podrías discutir pero él te perdona, y de repente eso es más importante: volver a ese momento inicial, borrarlo todo.

Con el tiempo, entra una variable un poco más refinada: las preguntas. Él intenta convertirte en ese modelo de perfección que tú eras y claro, no te adecuas a él. “¿Por qué dices lo que dices? ¿Por qué no lo piensas antes? ¿Por qué gritas, a veces, cuando te desesperas?” Asumes que estás loca. Tienes que ser un poco loca, para acabar gritando así, ¿no? Pides perdón. Has hablado sin pensar. Pero es demasiado tarde, vuelve el terror helado. Lloras. A veces piensas en morir, cuando discutís mucho.

Desde ahí, todo se desliza muy rápidamente hacia el final. Te cambias el pelo, él elige tu ropa, dejas de salir con tus amigos. Quieres gustarle, ¿no? Cuando él te dice que te sientes en un lugar concreto, a veces te niegas. Sale una parte de ti que pensabas ya no existía. Los días siguientes son un infierno, porque él se acuerda de todo. Le prometes no salir, le prometes no hacer nada nunca más. El terror. No hacer nada nunca más.

¿Y él? Él es guapo, culto, treintañero. Cuando me lo he encontrado en alguna reunión social le doy la espalda. La gente me dice que exagero.

Ilustración: EMMA GASCÓ

“NO VAYAS SOLA, TE PUEDE PASAR ALGO”

Las mujeres crecen entre mensajes que les alertan del peligro de ser violadas por la calle, pese a que la mayor parte de las agresiones sexuales las cometen hombres conocidos. Esta amenaza condiciona el comportamiento cotidiano de unas y otros.

June Fernández

PERIODISTA. DIRECTORA DE PIKARAMAGAZINE.COM

“Pídele a algún amigo que te acompañe”. “Hazme una llamada perdida cuando llegues”. “Voy contigo, que me quedo más tranquila si te veo entrar al portal”. Estas son algunas de las frases que las mujeres acostumbran a escuchar cuando salen de fiesta o vuelven a casa de noche en un día cualquiera. La idea que subyace es que una mujer sola en la calle es una víctima potencial de agresiones sexuales por parte de hombres y que, por ello, la calle –incluso esa que recorre a diario– es un territorio hostil.

“Las jóvenes emplean continuamente, de forma normalizada y naturalizada, consciente o inconsciente, mecanismos de protección frente a este miedo preprogramado”. Es una de las conclusiones que aporta la investigación Agresiones sexuales: cómo se viven, cómo se entienden, realizada por la consultoría Sortzen para el Gobierno vasco, para la que se realizaron grupos de discusión con chicas jóvenes, mujeres inmigrantes, padres y madres de adolescentes, profesorado y hombres (incluidos algunos organizados contra el sexismo). Las chicas reconocieron hábitos como coger un taxi para recorrer una distancia corta a la hora de volver a casa, hacer una llamada para confirmar que han llegado bien o pasar por ciertos lugares corriendo. Se trata de un miedo presente en todas las chicas que se “retroalimenta de otros relatos de miedo y se transmite generacionalmente”, señalan en el estudio. Las que habían sufrido una agresión reaccionaron limitando aún más sus movimientos.

El guión del miedo. Una joven camina sola de noche. Un desconocido la persigue. Ella corre, pero él la alcanza. La viola. A veces, sólo después de forzarla, la asesina. Esa escena, que hemos visto en infinidad de películas de Hollywood, se ha quedado anclada en nuestra memoria. La experta en políticas de prevención de violaciones Sharon Marcus habla de la violación como un guión preescrito que marca la vida de las mujeres, desde antes de haber sufrido agresiones. Frente al fantasma de la violación como destino inevitable, ella propone analizar en detalle qué sucede en los intentos de violación para desarrollar estrategias efectivas de prevención.

Lohitzune Zuloaga, socióloga experta en políticas de seguridad, confirma que en las encuestas sobre inseguridad ciudadana la población femenina “expresa unos porcentajes de inseguridad significativamente mayores que los varones”, y que se sienten con más probabilidades de sufrir delitos como tirones de bolso, atracos, estafas y, sobre todo, agresiones sexuales, pese a que (salvo en el caso de los delitos contra la libertad sexual) el perfil de víctima de delitos que arrojan las estadísticas policiales es el de un varón entre 20 y 50 años.

Zuloaga indica que las violaciones y abusos sexuales conocidos en España no alcanzan el 0,4% del total de las infracciones registradas. Aunque reconoce que es un tipo de delito que se denuncia poco, debido al “costo social y personal” que conlleva el proceso, concluye que “el miedo que sentimos las mujeres a ser víctimas de una agresión sexual grave es muy desproporcionado en comparación con las probabilidades reales que tenemos de sufrirla”.

¿Se trata entonces de un miedo irracional sin fundamento? En absoluto. Zuloaga lo atribuye a que “las mujeres hemos sido educadas en la idea de que tenemos altas probabilidades de ser violadas y de que tenemos que estar alerta frente a la violencia que puede sufrir nuestro cuerpo y protegerlo. Esta percepción se consolida en la literatura criminal, las películas y las series de televisión, donde es habitual que las víctimas femeninas de delitos sean mujeres violadas”.

Diversas autoras feministas han tratado de explicar por qué la sociedad educa a las mujeres en ese terror sexual. La periodista y activista Susan Brownmiller fue pionera en afirmar, en 1981, que la violación no es una conducta aislada de individuos inadaptados, sino que la amenaza de sufrirla funciona como un mecanismo patriarcal para condicionar el comportamiento cotidiano de todas las mujeres, limitando sistemáticamente su autonomía y su libertad sexual. Cuando sufren una agresión, a menudo se las culpa por haber roto con el modelo de feminidad tradicional, como hizo el policía de Toronto cuando pronunció la frase que fue el germen de las Marchas de las putas, organizadas en más de 60 ciudades: “Las mujeres deben evitar vestirse como putas para no sufrir violencia sexual”.

“Lo peor que le puede pasar a una mujer”. La escritora francesa Virginie Despentés argumenta en su visceral ensayo Teoría King Kong que la constante representación de la violación en las artes ha servido a lo largo de la historia para sostener el mito de que la sexualidad masculina es “peligrosa, criminal e incontrolable por naturaleza”.

Uno de los fragmentos más duros de Teoría King Kong es cuando Despentés relata que ella y su amiga fueron violadas en un coche por unos chicos que las habían parado cuando hacían autoestop. Despentés llevaba una navaja, pero ni se le pasó por la cabeza utilizarla. “Estoy furiosa con una sociedad que no me ha enseñado a golpear a un hombre si me abre las piernas a la fuerza, mientras que me ha inculcado la idea de que la violación es un crimen horrible del que no debería reponerme”, sentencia. Despentés define como una “espada de Damocles entre las piernas” esa “doble obligación de saber que no hay nada tan grave y, al mismo tiempo, que no debemos defendernos, ni vengarnos”.

Las personas que participaron en la investigación Agresiones sexuales: cómo se viven, cómo se entienden coincidieron en considerar que una violación es “lo peor que le puede pasar a una mujer”. Esta idea es peligrosa, señalan las autoras del estudio, porque “resta, a quien sufre la agresión, la capacidad de recuperarse y reinterpretar esa vivencia; fija a la víctima en el trauma”. Las chicas expresaron también que ante los abusos reaccionaban con “sentimientos de paralización, de no saber cómo responder a la situación o de reacciones de huida y escape”.

¿Es porque se sienten más débiles? Sharon Marcus asegura que “la habilidad de un violador para atacar depende más de cómo se posiciona socialmente en relación con la mujer que de su supuesta fuerza física superior”. Frente a quienes aconsejan a las mujeres no oponer resistencia, porque el violador se pondrá más violento, la experta aporta datos de encuestas a mujeres que lograron bloquear al agresor con gestos como un comentario asertivo, un empujón o un grito, incluso en casos en los que este iba armado. Marcus lamenta que a las mujeres se les asigne el papel de ser “objetos de violencia y sujetos del temor” que se paralizan y callan ante una agresión, y defiende que “los hombres elaboran el poder masculino en relación con esa imaginaria indefensión femenina”.

Maitena Monroy lleva desde 1988 impartiendo talleres de autodefensa como forma de combatir esa sensación de indefensión. Frente a los cursos de defensa personal para mujeres que se limitan a enseñar técnicas físicas, el objetivo de Monroy es que las mujeres adquieran “la actitud vital de reclamar nuestro derecho a existir sin violencia”. Para ello, el primer paso es identificar las agresiones a las que se enfrenta la población femenina en los diferentes ámbitos (la calle, la discoteca, el transporte público, la familia, etc.), cuestionar el origen de esa violencia y contar con recursos para enfrentarla. Por ejemplo, ante la situación de un hombre que la sigue por la calle, en autodefensa se refuerza el criterio de la mujer (para que no piense que está paranoica), se aprenden trucos para ahuyentar al agresor y, finalmente, estrategias (no sólo físicas) para defenderse en caso de que se materialice el intento de violación.

El papel de la familia. En la investigación de Sortzen, madres y padres expresaron que “tienen más miedo a lo que un desconocido les pueda hacer a sus hijas, aunque la realidad muestra que las agresiones por conocidos son más frecuentes”. La consecuencia, según la socióloga Lohitzune Zuloaga, es que “las mujeres estamos muy alerta ante el peligro de las ‘violaciones tradicionales’, y totalmente desarmadas para enfrentar e incluso reconocer como tales las violaciones en entornos supuestamente seguros”, como cuando un novio, amante o esposo presiona e incluso fuerza a la mujer a mantener relaciones sexuales.

Las madres admitieron en los grupos de discusión que transmiten miedo a sus hijas: “A mi hijo nunca lo previne, nunca se me pasó por la cabeza que le pudiera pasar algo; en cambio a las hijas siempre les decía ‘tened cuidado, llamadme cuando lleguéis’. Les insistimos en que vayan siempre juntas, que no beban, que no se fíen, que llamen para ir a buscarlas en coche, que cuidado con esa minifalda, que luego pasa lo que pasa”. Muchas lamentaron no saber cómo asesorar a sus hijas sin ejercer ese control excesivo.

Maitena Monroy contesta: “Esos mensajes se lanzan con buena intención, pero transmiten que la única solución a la violencia es que las mujeres dejen de hacer cosas, lo cual implica negar derechos como el de estar solas”. Ella aboga por explicar a las chicas que “las agresiones se deben a que hay hombres machistas que no respetan los derechos de las mujeres y actúan con violencia”. Se trata de contarles “qué les puede pasar y cómo hacer frente”, pero insistiendo en mensajes en positivo como que “su cuerpo es suyo” y que tienen derecho a decidir “qué hacer con él, cómo vestir, y vivir una sexualidad libre y deseada; y a gritar y llamar la atención si alguien les molesta”. Por ejemplo, recalca que “viajar sola sí que es buena idea [pensar que tenemos que ir con alguien que nos proteja nos hace dependientes], y que tengo derecho a ello, pero que puedo sufrir agresiones; por lo que voy a prever situaciones concretas que me han pasado antes o que me den miedo y pensar cómo voy a actuar si me ocurren”.

La calle, territorio hostil. En el estudio de Sortzen, la mayoría de las jóvenes afirmaron haber sido perseguidas por hombres cuando caminaban solas de noche. Según Lohitzune Zuloaga, “el acoso sutil (y no tan sutil) al que las mujeres nos vemos rutinariamente expuestas interviene en nuestra percepción de que existe una amenaza real de ser agredidas”. Es decir, las agresiones machistas cotidianas explican esa mayor sensación de inseguridad; recuerda a las mujeres que –parafraseando un popular lema feminista– la noche y la calle no son suyas.

La indignación que le provoca “la insoportable y rancia costumbre del acoso callejero” llevó a Alicia Murillo a poner en marcha la iniciativa El cazador cazado, que consiste en grabar con el móvil a los hombres que le hacen comentarios sobre su cuerpo cuando camina por la calle. Esta actriz, cantante y activista documenta así las reacciones de los hombres (sorpresa, negar la agresión, culpar al amigo, ponerse agresivos...) cuando la mujer les responde. “El mal llamado piropo no es un halago, es otra forma que el patriarcado tiene de hacer ver que el cuerpo de las mujeres es un espacio comunitario que se puede tocar, maltratar y sobre el que se puede opinar libremente. Hace que las mujeres caminen más inseguras por las calles y, por tanto, sean más vulnerables y dependientes”, sentencia.

En la actualidad, Murillo imparte talleres basados en esa experiencia, con el fin de que las mujeres se reapropien del espacio público y ejerzan su derecho a defenderse de comentarios y ataques machistas, recurriendo incluso al humor, “porque reír descaradamente es lo más subversivo y agresivo que podemos hacer ante el patriarcado”.

Las mujeres inmigrantes están especialmente expuestas y se sienten particularmente vulnerables ante el acoso machista en la calle, según refleja la investigación del Gobierno vasco. A la sensación de no manejar los mismos códigos se suma, en el caos de las inmigrantes sin papeles, el miedo a ser deportadas si acuden a la policía para denunciar una agresión. En el grupo de discusión, las mulatas y latinas expresaron que se sienten “señaladas y marcadas con un estereotipo racista” como exóticas y sexuales. Una participante relató el siguiente incidente: “Yo estaba de pie, esperando, cuando viene un hombre y me dice ‘cuánto por el polvo’. Yo no entendía de qué me hablaba. Me asusté mucho”.

A Maitena Monroy le preocupa “la sensación de impotencia, de rabia y de inseguridad que genera en las mujeres sentirse expuestas todo el rato, y el poder que eso da a los agresores que las convierten en objetos sexuales”. En sus talleres se aprenden y comparten formas de responder a agresiones recurrentes en la vida de las mujeres, como la del hombre que les toca el trasero en la calle o en el metro o el exhibicionista que les muestra el pene y se masturba, etc. Buena parte del trabajo consiste en analizar cómo las mujeres ocupan el espacio público y marcar límites a los agresores machistas a través del lenguaje corporal y no verbal.

El papel de los hombres. Una de las conclusiones de la investigación del Gobierno vasco es que, a la vez que recae sobre las mujeres la responsabilidad de prevenir las agresiones sexuales, los hombres reflexionan y debaten poco sobre este problema. Incluso los que participan en grupos de hombres por la igualdad admitieron que no han debatido sobre la violencia sexual dentro de sus colectivos. Maitena Monroy considera imprescindible que los hombres “cuestionen al machito de turno” y discutan sobre su implicación contra la violencia machista, no sólo en entornos feministas sino sobre todo en espacios masculinos, como cuando están de cañas o viendo el partido con los amigos.

Más de 700 hombres y 300 mujeres han participado en los talleres que imparte Hilario Sáez Méndez, miembro del Foro de Hombres por la Igualdad, basados en el cortometraje Mi señora, en el que un hombre acosa verbalmente a otras mujeres delante de su esposa. Sáez reconoce que la mayoría de los hombres quita importancia a las actitudes de acoso machista tanto en la calle como en la pareja o hacia amigas. Sin embargo, añade que durante los talleres muchos participantes “sintieron vergüenza de género” y entendieron que “el acoso no es más que una vieja táctica de caza para asustar a las mujeres y hacer que acepten nuestra protección a cambio de sumisión”. Abordar el grave problema de la desigualdad de género aislándolo de su contexto, atrapándolo en una botella de cristal para analizarlo, es como estudiar una especie animal fuera de su hábitat, usando como único escenario un tapiz blanco. Las mujeres sufren la desigualdad dentro de un contexto de desigualdad general, en un planeta donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres.

LA REVOLUCIÓN SERÁ FEMINISTA O NO SERÁ

Olga Rodríguez

PERIODISTA. DEFENSORA DE LA COMUNIDAD DE ELDIARIO.ES

Abordar el grave problema de la desigualdad de género aislándolo de su contexto, atrapándolo en una botella de cristal para analizarlo, es como estudiar una especie animal fuera de su hábitat, usando como único escenario un tapiz blanco. Las mujeres sufren la desigualdad dentro de un contexto de desigualdad general, en un planeta donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres.

En un momento de evidente retroceso en el campo de los derechos humanos y laborales, en el que el despido libre, la bajada de salarios y el enorme porcentaje de desempleo debilitan enormemente el poder de los trabajadores y su capacidad de acción y organización, es preciso tener presente más que nunca que la lucha por la justicia social está íntimamente ligada a la batalla contra la desigualdad de género.

Las mujeres solo disponen del 1% de la riqueza del planeta, según el último informe del Banco Mundial. En nuestro país son las más afectadas por el paro, los recortes y la reducción de los derechos laborales. La crisis que comenzó en 2008 para todos existía en realidad mucho antes para las mujeres, con trabajos peores pagados que los hombres, situaciones más precarias, más riesgo de acoso laboral y sexual y grandes dificultades para acceder a puestos de responsabilidad.

Con las políticas neoliberales aplicadas desde entonces, la desigualdad social y de género no hacen sino aumentar. Por eso, decir no a los recortes es también defender la igualdad de género, y viceversa. El trabajo contra la desigualdad de género requiere políticas que busquen una redistribución más equitativa de la riqueza y una soberanía nacional real contra los intervencionismos de organismos supranacionales para los que priman los intereses de los grandes poderes por encima de los ciudadanos.

Como se recordó en el 15M, la revolución será feminista o no será. Del mismo modo, el feminismo tendrá que reivindicar un modelo de justicia social en el que no prevalezcan las dominaciones de clase ni se interioricen actitudes discriminatorias. En ello es fundamental que hombres y mujeres vayan juntos, en busca de una masculinidad liberadora, positiva y reivindicadora de las relaciones equitativas.

“Los recortes sanitarios, como el del plan contra el sida, son letales”

Foto:MARTA JARA

BOTI G. RODRIGO

Activista social. Presidenta de la Federación Estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (FELGTB). Ha sido candidata por Madrid en las listas de IU (2004 y 2008) y Equo (2011) a las generales.

Boti G. Rodrigo es uno de los símbolos de la lucha por la igualdad en España. La igualdad que reclaman todos aquellos que no son heterosexuales y que, a pesar de lo mucho que se ha avanzado por reconocer la diversidad sexual, aún sufren discriminación.

En los últimos años se ha producido un importante progreso en el reconocimiento de su colectivo, pero no están satisfechos.

Porque la diversidad sexual y de género, el colectivo formado por lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB), es discriminado por no estar mayoritariamente instaurado en la sociedad. La sociedad, principalmente heterosexual, machaca todo lo que no se engloba en la mayoría. Sí, se nos discrimina.

¿Qué asuntos quedan pendientes?

En noviembre de 2012 el Tribunal Constitucional declaró que cabíamos en la Constitución, que el matrimonio igualitario es constitucional, y dijo que sería inconstitucional no tenerlo. Nos han aprobado la dignidad para las personas transexuales de 2007, que permite ver cambiada su mención de género y sexo en su partida de nacimiento. Nos falta la igualdad real. Estamos muy lejos. Queremos que nuestros jóvenes dejen de sufrir acoso escolar homofóbico: afecta al 60%. De ellos, un 43% planea el suicidio y, de éstos, un 17% llega a consumarlo. Un sistema educativo que mira a otro lado es una vergüenza porque cierra los ojos ante la realidad de que existen niños y niñas LGTB que sufren invisibilidad, cuando no acoso con un gran sufrimiento. El Gobierno no quiere ver que en las aulas se sientan chavales LGTB. Con la ley anterior habíamos conseguido con Educación para la Ciudadanía recoger nuestra existencia y transversalidad con la idea de diversidad sexual y de género. El ministro no quiere ver la verdad de las aulas. También reivindicamos un trato igualitario para los hijos nacidos fuera del matrimonio, antes de la ley de 2005, porque en esos casos la compañera de la madre no tiene otra posibilidad más que inscribirlo como una adopción. Esto no pasa con los heterosexuales, donde las parejas tienen los mismos derechos independientemente de si hay o no matrimonio. Y llamamos la atención de que el colectivo transexual es uno de los que sufre mayor discriminación. Estamos luchando para que se reconozca como variedad humana, y parece que la Organización Mundial de la Salud (OMS) va a eliminar el concepto de patologización.

¿Cómo les afectan los recortes?

Hemos sufrido la desaparición del plan nacional sobre el sida: se ha recortado un 76,3%, lo que supone la no prevención, la no vigilancia y la no investigación, lo que deja fuera de la atención sanitaria a un colectivo importantísimo y crea un problema donde no lo había. Han ahorrado un euro hoy para que ese euro se multiplique en un gasto posterior con un subidón de infecciones y el drama que eso acarrea. Nos deja sin armas, sin defensas frente a un problema capital. Tenemos, además, el problema de fármacos, el repago en los medicamentos de dispensación, como los que se usan para el tratamiento de la hepatitis. Los recortes sanitarios han sido letales.

¿Y el paro?

Hay miedo a que te pongan en la calle, sobre todo las mujeres lesbianas y las transexuales. Supone una vuelta al armario en demasiadas ocasiones. El índice de paro en las mujeres transexuales ronda el 80%, además, tienen un precoz abandono escolar, lo cual les invalida para una correcta formación, y los recortes les hacen aún más susceptibles de estar fuera del sistema. Una sociedad sin protección para los núcleos más desfavorecidos te hace volver al armario. Como los mayores LGTB, que han vivido y luchado por su reivindicación y, cuando son mayores, imagínate que han de ir a una residencia de ancianos regentada por religiosos. La invisibilidad y el volver al armario al final de la vida es uno de los peores castigos imaginables.

Hubo un tiempo en el que personas relevantes salieron del armario. Pero ha dejado de ocurrir. ¿Les ayuda?

Ayudó muchísimo. Dota a nuestro colectivo de referentes. Siempre hay que tener referentes, nos da tranquilidad. Federico García Lorca, Alejandro Magno… Ha habido muchos referentes, pero echamos de menos a la lesbiana política, a la cantante importantísima… No lo dicen por memez, porque piensan que van a arruinar su carrera, pero tienen arruinada su vida. Viven en la más absoluta esquizofrenia. No es un asunto privado, es un asunto político. Que yo sea lesbiana no es personal, es político. Tengo que dar cuenta de que lo soy porque al decirlo normalizo una situación, y detrás de mí vendrán muchos jóvenes que están sufriendo en las aulas. No hay un nosotros y un vosotros. Es una tontería intentar compartimentar un colectivo marginado y, de otra parte, el otro que mira con superioridad: es machismo, heterocentrismo y patriarcado puro y duro, que son nuestros monstruos. Están ahí para darnos de palos.

¿Sigue presente la homofobia en la sociedad española?

Es que nos dicen: “Ya tenéis el matrimonio, ¿qué más queréis?” Lo que yo quiero es que nadie se meta en el armario, quiero que nadie sufra, quiero que nadie se sienta marginado... Lo nuestro es como esas películas del desierto, avanza la duna y como no espabiles se te come la arena otra vez. La homofobia es como esa arena de la que te tienes que defender permanentemente, porque, de lo contrario, la arena se te come. La homofobia está metida en el ser humano, incluso dentro de nosotros mismos. La llevamos interiorizada, es nuestro peor enemigo. Te automarginas. La homofobia es como el machismo, todos los hombres lo llevan, por lo que es fundamental reeducarse; significa el desprecio al diferente. Y cómo nos gusta despreciar al diferente, al débil, al que se siente inferior por siglos de palizas y lucha. Hasta que, de repente, alguien se planta en firme, como aquella negra, Rosa Parks, quien en 1955 afirmó que nunca más se volvería a sentar en la parte de atrás del autobús. Eso mismo siento con mi colectivo. Nunca más.

Ilustración: César Fernández

IGUALDAD PARA INFORMAR

José María Calleja

PERIODISTA Y ESCRITOR

El año pasado, 52 hombres asesinaron a 52 mujeres en España. Imaginemos por un momento qué hubiera ocurrido si hubieran sido asesinados 52 políticos, 52 jueces, 52 futbolistas o 52 periodistas. Parece evidente que la repercusión de esos hechos no deseados en los medios de comunicación hubiera sido espectacular. Hace años han sido asesinadas más de 52 personas a manos de una banda terrorista en este país y el despliegue mediático, sobre todo a partir de los noventa, fue enorme.

No se ve hoy en los medios de comunicación españoles un tratamiento semejante al otorgado al terrorismo a la hora de informar de los asesinatos de mujeres. En términos generales, no tratamos el terror que sufre la mujer de manera proporcionada a la gravedad de una tragedia que se ha llevado por delante la vida de 450 mujeres desde 2007 hasta hoy.

A diferencia del terrorismo, los medios de comunicación no hemos sido capaces de elegir las palabras exactas, no tenemos aún un relato mayoritariamente compartido, ni en el enfoque de la información desde el punto de vista de las víctimas, ni en la selección de imágenes, muchas veces elegidas más por el morbo que por la información. No hay, en la mayoría de los medios, ya desde antes de la crisis, periodistas especializados en el terror que sufre la mujer, y sus muertes lo mismo van en sucesos que en sociedad, o se diluyen en un breve.

Se suelen ofrecer sin criterio testimonios de gentes que muchas veces parecen más preocupadas por su propio protagonismo que por la relevancia del hecho y se echa en falta una explicación del contexto que ayude a entender por qué se dan tan reiterados crímenes. En muchos casos se busca más conmover y atrapar al espectador que informarle con profesionalidad.

Falta un compromiso, que debería empezar en los propios periodistas, por tratar de forma adecuada esta sangría. Depende de nosotros, los periodistas, que este desigual trato informativo cambie, que los asesinatos de mujeres sean contados de manera coherente con la trascendencia del problema y que esa transformación ayude a avanzar en la solución de este drama.

Foto: AP/GTRESONLINE

LA DESIGUALDAD EN DEMOCRACIA

La participación de los ciudadanos en la toma de decisiones no ha significado un mejor reparto de la riqueza. Entonces, ¿cuál es en realidad la relación entre democracia y desigualdad?

Ignacio Urquizu

PROFESOR DE SOCIOLOGÍA DE LA UCM

El reparto de la riqueza siempre ha sido un reto para la democracia. Clásicos como John Stuart Mill o Alexis de Tocqueville vieron en la desigualdad una amenaza. Para estos autores, si los pobres podían votar, quizás su primera decisión fuese expropiar a los ricos. Por ello, pronosticaban que el derecho de propiedad no podría sobrevivir a las demandas de la mayoría.

En cambio, Karl Marx llegó a ver en la democracia una oportunidad, aunque sólo fue por un momento. En su narración de El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte plantea el sufragio como una posibilidad para tomar el poder por parte del pueblo, que siempre tiene pretensiones redistributivas.

Pero lo cierto es que la desigualdad y la democracia han sobrevivido de forma conjunta, sin ser una amenaza y sin implicar siempre redistribución. Es decir, en muchas ocasiones, la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones no ha significado un mejor reparto de la riqueza. Entonces, ¿cuál es en realidad la relación entre democracia y desigualdad?

Si atendemos al origen de las democracias, los últimos estudios revelan que uno de los factores que más explica su surgimiento es la igualdad. O esa es por lo menos una de las conclusiones más relevantes de un conocido estudio de Carles Boix y Susan Stokes, que más tarde desarrollaría Carles Boix en solitario en su libro Democracy and Redistribution (2003, Cambridge University Press).

Una de las ideas más extendidas en ciencia política es que el desarrollo económico producía democracias. Conocida como la teoría de la modernización y desarrollada por Saymour Martin Lipset, su argumento principal era que si una sociedad accedía a un elevado nivel de desarrollo (extensión de la educación, aumento de la renta per cápita, incremento del asociacionismo, etc.), esta modernización acabaría forzando el surgimiento de democracias representativas.

No obstante, los datos no avalaban tan sencillo argumento. Fernando Limongi y Adam Przeworski analizaron 135 países entre 1950 y 1990 y observaron que, en realidad, no es el desarrollo económico lo que produce el surgimiento de democracias. De hecho, existen numerosos casos de dictaduras ricas. Para estos autores, la aparición de sistemas políticos que permiten la participación de la ciudadanía es una cuestión exógena que depende de factores tan diversos como la muerte del dictador (por ejemplo, Francisco Franco), la convocatoria de un referéndum (por ejemplo, Augusto Pinochet) o revueltas ciudadanas (por ejemplo, la primavera árabe).

En cambio, una vez la democracia aparece en un país, si su economía no progresa, puede acabar contribuyendo al final de la experiencia democrática. Por lo tanto, no sería la modernización lo que explicaría el surgimiento de los sistemas representativos, pero sí que explicaría la esperanza de vida de los regímenes democráticos.

No obstante, es cierto que el estudio de Limongi y Przeworski se centra en un periodo temporal en el cual los principales países ya eran sistemas políticos con sufragio universal. Por lo tanto, se hacía necesario mirar mucho más atrás en el tiempo, cuando pasaron de ser oligarquías a democracias. Además, algunas variables que podrían ser consideras relevantes, como puede ser la desigualdad o la apertura económica, no estaban incluidas en su análisis. Esto es lo que hacen Boix y Stokes. Estos académicos observan que detrás del surgimiento de las democracias, entre otros factores, está la igualdad.

Así, si la riqueza está repartida de forma muy equitativa, aumenta la probabilidad de que un país se convierta en una democracia. En el fondo, esta evidencia empírica no haría más que confirmar el argumento de los clásicos: una vez se reducen las posibles tensiones redistributivas del futuro, la democracia deja de ser una amenaza.

Pero, ¿hasta qué punto Stuart Mill o Tocqueville estaban en lo cierto? Es decir, una vez que las democracias surgieron, ¿se produjo la redistribución en perjuicio de los que más tenían?

El gráfico que acompaña este texto (ver página 54) muestra la evolución del porcentaje de riqueza nacional que acumulan el 10% (líneas superiores) y el 1% más rico (líneas inferiores) de varias economías desarrolladas. En todos los países se observa la misma tendencia: desde principios del siglo XX hasta finales de los años 70, los más acomodados han visto descender su riqueza como porcentaje de la renta nacional. Esto es un claro indicio de redistribución.

Por lo tanto, los temores de los clásicos parecían fundados. Una vez toda la ciudadanía pudo votar, la demanda de un mejor reparto de la riqueza se tradujo en el establecimiento de Estados del bienestar. Es durante estas décadas cuando la socialdemocracia pasó por su etapa dorada, expandiendo las políticas sociales a amplias capas de la sociedad.

Pero fue el Estado del bienestar y no la socialización de los medios de producción lo que permitió la redistribución. Es cierto que después de la Segunda Guerra Mundial siguió debatiéndose dentro de la izquierda la conveniencia de las nacionalizaciones. Pero este debate ha ido apareciendo y desapareciendo en la historia del socialismo, sin que pueda afirmarse que ha tenido efecto alguno sobre la igualdad.

Así por ejemplo, en los años 80, una vez François Miterrand accedió a la presidencia de Francia, decidió nacionalizar “36 bancos, dos sociedades financieras y 11 grupos industriales, con un coste equivalente al 2,6% del PIB”. Si miramos los datos del gráfico para Francia, lo que vemos durante esa etapa es un aumento de la desigualdad.

Por lo tanto, aunque una parte de la izquierda ha asociado la socialización de los medios de producción con la igualdad, los datos no parecen corroborar este argumento.

De hecho, la redistribución está relacionada con quién paga los servicios públicos (política fiscal) y con quién se beneficia de éstos (grupo social que recibe las políticas sociales). Dicho de otra forma, cuanto más redistributivo sea el gasto público, más igualdad se generará en la sociedad.

La pregunta que surge es: ¿qué sucedió a partir de los 80 para que la redistribución se frenase? Producto de la crisis de los 70 y del aumento de la globalización, los gobiernos pasaron a dar prioridad a la políticas de oferta. Es decir, mejorar el atractivo de las economías se convirtió en una parte fundamental de las estrategias económicas. Así, un porcentaje relevante del gasto público pasó a utilizarse en políticas no redistributivas.

Los únicos países que durante un tiempo fueron capaces de compatibilizar políticas de oferta con redistribución fueron España y Grecia en los 80. Seguramente, en la medida que partían de altos índices de desigualdad y que durante ese tiempo expandieron el Estado del bienestar a toda la sociedad, puede explicar la diferencia con otros países. Junto a ello, un segundo factor relevante que puede explicar el aumento de la desigualdad en los últimos 30 años es que parte de lo que se denomina gasto social no genera redistribución.

Así, por ejemplo, Jorge Calero y María Gil en el Informe sobre Desigualdad 2013 de la Fundación Alternativas observan que las partidas destinadas a colegios concertados, estudios superiores y becas no están contribuyendo a mejorar la redistribución de la renta. Dicho de otra forma, son gastos regresivos, puesto que benefician a quienes más tienen.

En definitiva, la desigualdad no ha sido un problema para los sistemas democráticos en la medida que las demandas de la mayoría no han generado un colapso de las democracias. Junto a ello, es cierto que hasta los años 80, la distribución de la renta mejoró en todas las sociedades desarrolladas. Pero desde entonces esta tendencia se ha estancado. Esto tiene que ver con la capacidad redistributiva del gasto público. Por un lado, una parte de este se ha destinado a mejorar la oferta económica de los países. Por otro, un porcentaje del Estado del bienestar no está contribuyendo a la redistribución. En el futuro, uno de los principales retos de la izquierda es cómo reformar el Estado del bienestar para que siga reduciendo la desigualdad, algo que no se consigue desde los 80.

Ilustración: César Fernández

LOS CUALQUIERA

Ruth Toledano

PERIODISTA Y ESCRITORA

Uno de los comentarios más odiosos sobre la crisis o gran estafa señala como una de sus causas el que, en la burbuja económica, las clases media y trabajadora aspiraran y accedieran a cosas que han sido privilegio de los ricos: casas, coches, viajes… La satisfacción de esos apetitos suponía el triunfo de la sociedad del bienestar, pero cuando las cosas se pusieron feas los dueños del pastel hablaron claro: “Es que ahora cualquiera se compra una casa o se va de vacaciones al Caribe”. Más allá de la sostenibilidad ecológica y moral de esa generalización del consumismo, aquel bienestarismo acortaba distancias de clase políticamente incorrectas. Este renovado cualquiera, sin embargo (el cualquiera que se atrevió a ser propietario, a viajar, a aumentar su calidad de vida), lleva implícita una distinción que resucita los fantasmas sociales de las diferencias.

“Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”, otra sentencia célebre, esconde tras su plural mayestático un claro dedo acusador: ¿quién puede vivir por encima de sus posibilidades sino quien, en el fondo, no ha de tenerlas?, ¿quién sino la clase trabajadora (tras más de un siglo de lucha y consecución de derechos laborales) y, en última instancia, la clase media (entendida como clase productiva y consumidora)? La falacia radica en que el endeudamiento lo generaron ricos y bancos, que especularon con los cualquiera, pero serán estos quienes habrán de pagar la deuda y deshacer su camino al bienestar. En alarmante estadística, empobrecerse.

Desempleo, recortes en servicios públicos y reducción salarial fuerzan en el Estado español una brecha social que aumenta las desigualdades y dificulta el futuro. Ya no se trata de viajar al Caribe o de tener coche nuevo: es que no podrá estudiar cualquiera, no tendrá cobertura sanitaria cualquiera, no tendrá cualquiera acceso a una vivienda. Los bancos son rescatados y no los derechos fundamentales de los ciudadanos, y los ricos pescarán sus ganancias de siempre en un río que no revolvieron ni trabajadores ni clases medias, por mucho que sus aspiraciones materiales (consumistas) puedan en parte ser cuestionadas. El capitalismo de la globalización y la burbuja económica ha abusado tanto que sería el momento de redistribuir, de impartir justicia. Pero el sistema político es su cómplice y el condenado vuelve a ser ese cualquiera que dejó de serlo solo de prestado. Su condena es regresar al sitio que el capital siempre le ha destinado. “La historia de toda la sociedad, hasta la fecha, es la historia de la lucha de clases”, escribió Karl Marx en su Manifiesto comunista. En el camino de regreso, cobra renovada vigencia esta sentencia.

Ilustración: BELÉN ESPEJO

INTERNET
CIBERUTÓPICOS Y PESIMISTAS DIGITALES

Las brechas también se manifiestan en el acceso a la tecnología, entre países y también dentro de un mismo país. Internet es un espejo que nos muestra la gran desigualdad en el mundo que estamos perpetuando.

Marilín Gonzalo

PERIODISTA. JEFA DE PRODUCTO DE ELDIARIO.ES

Si hay un espacio de libertad que puede terminar con las desigualdades de antiguas estructuras e instituciones, ese parece ser internet, con sus modos díscolos y su insurgencia frente a esquemas tradicionales. Si hay una nueva “tierra prometida”, esta parece estar muy cerca del acceso al conocimiento que nos da la red.

La red de redes ha ido revolucionando industrias y modos de organización a escala mundial. Se ha convertido además en el nuevo espacio público, sin necesidad de reconocimiento de autoridades, gobiernos o medios de comunicación. Si antes decíamos “lo ha dicho la tele”, ahora “lo vi en Twitter”, “está en Youtube” o “envíame el enlace” son las nuevas formas de legitimación de los contenidos que nos llegan.

Los modelos de grandes industrias, como la música primero, el cine, los medios de comunicación después, y ahora también las editoriales se ven tambalear cuando los hábitos de consumo cambian y las herramientas de producción se hacen accesibles a más personas. Ya suena a lugar común hablar de las posibilidades que implica subirse en esta nueva nave que nos impulsa hacia el futuro.

Contra este optimismo digital surge el escepticismo de pensadores como Evgeni Morozov. La idea que subyace en la visión de los ciberutópicos, explica Morozov, es que si das dispositivos y conectividad a las personas, la democracia surgirá inevitablemente.

El problema con este tipo de argumento, explica Morozov, es que confunde los usos deseados con los usos reales de la tecnología. Tenemos las herramientas para terminar con las desigualdades, pero ¿lo estamos logrando o es una declaración de intenciones? Morozov define internet como el nuevo campo donde los métodos de control siguen reproduciéndose, porque los gobiernos totalitarios han aprendido a manejar el ciberespacio.

La visión crítica hacia aquel optimismo viene desde hace tiempo, cuando se empezó a hablar de la brecha digital, o fractura digital, que es la cantidad de personas que tienen acceso a internet, entendido como dispositivos más conectividad.

Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), el 39% de la población mundial está conectada, pero en los países en desarrollo ese porcentaje es del 31%, mientras que en los países desarrollados es el 77% el que tiene acceso a internet. Otra institución, esta vez financiera, como el Banco Mundial, da cifras similares: en 2011, de cada 100 habitantes de países desarrollados, 67,4 estaba en internet, mientras que en el resto de los países esta cifra caía a 27,96.

El crecimiento del acceso a internet no se detiene, pero a pesar de la tendencia positiva, el 90% de no-conectados pertenece a países pobres o en desarrollo. Es decir, de acuerdo con los estudios, dos tercios de la población mundial están desconectados de internet y de las oportunidades a las que un tercio privilegiado tiene acceso.

Para entrar en internet se necesita electricidad o baterías, un dispositivo (ordenador o teléfono inteligente), conexión (infraestructura y acceso a esas redes). Pero para ser parte activa y construir algo en la sociedad de la información se necesitan, además de lo dicho, alfabetización –damos por descontado el saber leer, escribir y manejar un teclado– y habilidades específicas de uso del ordenador, del software y las redes. Y cuando internet empieza a ser más accesible a todos, cabe preguntarnos si los que vamos a bordo de esta nave estamos en la sala de control o sólo vemos las olas pasar.

Aquí nacen las otras brechas digitales, las desigualdades dentro de la brecha. Según un informe encargado por Intel con la colaboración de ONU Mujeres, a escala global en los países en desarrollo, un 25% menos de mujeres que de hombres tiene acceso a internet, disparidad que se eleva a un 45% en regiones como el África subsahariana.

Incluso en economías que están creciendo rápidamente, la brecha es grande: alrededor de un 35% menos de mujeres que de hombres en el sur de Asia, Oriente Próximo y el norte de África se conecta a la red y alrededor de un 30% en algunas partes del continente europeo.

El coste económico, el analfabetismo, la falta de conciencia de las oportunidades, y la desigualdad que existe entre unos y otros países e incluso dentro de ellos, hace que estas brechas también se manifiesten en el acceso a la tecnología, dejando a millones fuera de la nave. Internet, además, es un espejo que nos muestra la gran desigualdad presente en el mundo y que estamos perpetuando si no hacemos algo para cambiarla.

Por lo tanto, saber qué hacemos quienes ya estamos en la red también interesa. Si la forma y el grado de participación es un parámetro importante, los estudios hablan por ejemplo de la regla del 1%, o principio del 90–9–1, una ratio que varios estudios en comunidades online, como Yahoo, Flickr, Wikipedia o Menéame han confirmado, donde el porcentaje de productores de contenido es sumamente reducido. La ratio de creadores/consumidores es de un 0,5% también en un estudio llevado a cabo en Twitter en 2011 que confirmaba que sólo una “élite” de 20.000 usuarios generaban tuits con el 50% de las URL que el resto consumía.

Respecto del tipo de actividad, Morozov estudió una jerarquía piramidal de cibernecesidades: nos dedicamos más a 1) divertirnos, 2) hablar, 3) compartir en redes sociales, 4) aprender (en sitios como Wikipedia o las charlas de TED) y, finalmente, 5) a actuar en campañas o por causas a las que nos adherimos.

Cuando usamos internet de forma activa y colectiva, los cambios son tan grandes que equivalen a cambios de categoría y no sólo de escala. En este sentido, Steve Levy observó, al escribir sobre el cambio que significó la aparición del iPod, que si uno hace algo un 10% mejor, logra una mejora, pero si hace algo 10 veces mejor, crea algo nuevo.

Internet no sólo puede hacer que nos comuniquemos mejor, sino que el grado y el alcance de esa comunicación transforma la manera en la que actuamos y vivimos. Hasta tal punto que el acceso a internet ha sido considerado por Naciones Unidas como un derecho humano, porque posibilita la educación, la libertad de expresión y la libertad de reunión de maneras nuevas. Vint Cerf, uno de los padres de internet, no está de acuerdo, porque considera que la web como herramienta no puede ser un derecho en sí, sino que lo es aquello que posibilite hacer esa herramienta.

Mathew Ingram, un periodista especializado en temas tecnológicos, justificaba la decisión de la ONU diciendo: “Los coches pueden no ser un derecho, pero la posibilidad de moverte con libertad ciertamente lo es, e internet es más como el sistema de carreteras que como un coche o un caballo”.

El agua antes que internet, o las matemáticas antes que aprender a programar. La idea de que hay que tener primero ciertos derechos o saberes, para que después vengan las “nuevas tecnologías”, como si el aprender no fuera parte de un proceso en el que el tener una ventana abierta al mundo y estar conectado en redes no favoreciera de manera multiplicadora ese aprendizaje, transformándolo en sí mismo. Como si al analizar el enorme salto que hizo dar la imprenta a la humanidad pudiéramos separar la herramienta del alcance que permitió.

Hay un momento en todo debate en el que se menciona la brecha digital como excusa para quitar importancia a internet, para recordarnos que estamos dejando fuera a quienes no pueden acceder a un ordenador… Y olvidamos así una gran brecha analógica que es y ha sido mucho más grande, pero también más invisible. A ella se refirió brevemente Juan Luis Sánchez en nuestro número anterior, a aquella cantidad de gente –siempre mayor numéricamente– que por una infinita variedad de causas no podrán estar en un lugar definido en tiempo y espacio.

La brecha digital es un concepto que ha sido usado como excusa muchas veces para negar o subestimar el impacto que tiene internet sobre el progreso de la sociedad y los individuos conectados. Podemos hablar de cantidad de smartphones o banda ancha por país, pero la distancia analógica siempre será mucho mayor, meramente por posibilidades numéricas, ya que internet permite conjugar personas, espacios y tiempos que analógicamente no es posible conectar.

El optimismo no está mal, pero deberíamos dejar de pensar en términos de “iPods per cápita” y más en qué estamos haciendo los que sí accedemos a internet, cómo podemos fortalecer a los intelectuales, a los disidentes, a las ONG y a los miembros de la sociedad civil. Como propone Morozov, “debemos callarnos nuestras conjeturas ciberutópicas y empezar a hacer algo efectivamente”.

Si se trata, como dijo William Gibson, de que el futuro ya está aquí, sólo que no está distribuido equitativamente, quienes estamos viendo sus posibilidades tenemos tarea por hacer.

Foto: EFE/ ESTEBAN COBO

DESIGUALDADES DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS

CLASE, ETNIA Y GÉNERO

Desde que se denunció, hace más de medio siglo, la relación existente entre la clase social y el logro académico, las políticas educativas han intentado luchar contra ella sin obtener grandes resultados.

José Saturnino Martínez García

PROFESOR DE SOCIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

En las últimas décadas, el fracaso escolar administrativo, es decir, no obtener el título mínimo obligatorio, ha experimentado variaciones, sin que apenas cambie la desigualdad de oportunidades educativas por origen social. Y si lo ha hecho, tras la LOGSE, ha sido en el sentido de aumentar ligeramente la distancia entre las clases sociales altas y bajas. Esta constancia de la desigualdad de oportunidades educativas se ha observado en muchos otros países, durante largos periodos de tiempo, aunque podría estar disminuyendo en la última década.

Los sociólogos discutimos sobre esta constancia y posibles variaciones. Por un lado, están quienes atribuyen este fenómeno a la propia institución escolar, pues el profesorado, la forma de evaluar o el tipo de contenido que se enseñan (“la cultura general”) favorece a unas clases sociales frente a otras. Por otro lado, están quienes creen que es cierto que la influencia de origen social es importante, pero no tanto por los sesgos de la propia escuela, sino debido a que las familias con más recursos tienen más posibilidades de afrontar los costes directos e indirectos de estudiar, así como proporcionar un ambiente que estimula el desarrollo de capacidades cognitivas y no cognitivas (como el autocontrol) relacionadas con el éxito educativo. Además, los jóvenes de clases altas y medias, si no estudian, corren el riesgo de descender de clase social, cosa que no le sucede a los de las clases populares. Y ninguna familia quiere ver que una generación vive peor que la anterior.

Desde que los sociólogos denunciaron esta relación entre clase social y logro educativo, hace más de medio siglo, las políticas educativas han intentando luchar contra ella, con nuevas didácticas, con sistemas comprensivos, con planes especiales para las zonas más deprimidas o el alumnado más problemático... Algunas experiencias particulares son exitosas en lograr que los jóvenes de orígenes populares mejoren su rendimiento educativo, pero cuando se intentan generalizar por todo el sistema educativo, no obtienen tan buenos resultados. Esto se debe a que ciertos ingredientes del éxito son difíciles de lograr mediante legislación o incentivos materiales, como la motivación del profesorado, de las familias y del alumnado, que cristalizan en lo que algunos estudios llaman “buen clima escolar”.

La experiencia más radical de lucha contra las desigualdades de clase se realizó en los antiguos países de socialismo real, en los que se empezó por abolir las clases, en un sentido marxista (propiedad privada de los medios de producción), pero no en un sentido weberiano (oportunidades vitales relacionadas con la inserción en la actividad económica).

Se establecieron cuotas de discriminación positiva de acceso a la universidad a favor de los hijos de los obreros. Pero ni siquiera una política tan drástica mejoró considerablemente las oportunidades de llegar a la universidad para estos jóvenes. Los padres de profesiones de alto estatus movilizaron sus redes sociales (el Partido) para saltarse las cuotas.

A pesar de esta persistencia, algunas políticas educativas están asociadas a menos desigualdad de oportunidades por origen social. Una de ellas es retrasar la edad de elección entre trayectoria educativa que lleva a la universidad y a la FP. La LOGSE se propuso este objetivo, pero realmente no lo desarrolló, pues aumentó el tronco común de formación de los 14 a los 16 años con más contenidos del antiguo BUP (que preparaba para la universidad) que de FP. Esto llevó a que los dos nuevos años se convirtiesen en un calvario para quienes hubiesen optado por la FP. La Ley Orgánica de Educación y la Ley de Economía Sostenible intentaron paliar este problema desarrollando los Programas de Cualificación Profesional Inicial, que dan la posibilidad de aprender rudimentos de una profesión y de lograr el título de Educación Secundaria Obligatoria. La propuesta del PP de introducir una FP Básica en la educación obligatoria podrá aumentar la desigualdad de oportunidades si no permite el paso a la educación postobligatoria, como le sucedió en su día a la LOGSE con los Programas de Garantía Social.

Otra medida asociada a menos desigualdad de oportunidades educativas son los exámenes externos a los centros, que no deben confundirse con las reválidas (es decir, que si no se superan, no se pueden cursar estudios postobligatorios). Las pruebas externas permiten que tanto alumnado como profesorado tengan un criterio claro sobre los conocimientos y competencias que deben lograrse. Pero el diablo está en los detalles. Si estas pruebas se hacen con objeto de que tengan importantes repercusiones en la vida profesional del profesorado y de los centros, la evidencia internacional muestra que aumentará mucho la presión para entrenar al alumnado para superar las pruebas, y lo que es peor, para amañarlas. Además, lo que se exige en las pruebas pueden ser unas competencias básicas, necesarias para progresar en la vida, o contenidos absurdos y memorísticos, que se olvidarán al poco de realizarlas.

No menos resistentes que las desigualdades de clase se muestran las desigualdades étnicas o de “raza”. En EEUU, a pesar de distintos esfuerzos de lucha contra la segregación de los colegios, según el “color” de piel de sus estudiantes, se observa una tendencia a la “resegregación”. Esto es especialmente llamativo si se tiene en cuenta que se han organizado prácticas como el “busing”, que consiste en llevar en autobús a los jóvenes de los barrios donde un grupo étnico es mayoritario a otro donde es minoría. La segregación residencial se ha hecho tan grande que esta medida ha terminado por tener un efecto mínimo. A pesar de diversas políticas de apoyo a las minorías, las diferencias de rendimiento educativo se mantienen.

Las medias de rendimiento de grupos de población con un origen compartido persisten aun en la distancia: los inmigrantes en un país mantienen rendimientos educativos próximos a los de quienes permanecen en el país de origen. Por ejemplo, los turcos en Alemania en las pruebas de rendimiento de PISA obtienen resultados más próximos a los turcos residentes en Turquía que a los de sus nuevos vecinos alemanes. Lo mismo se puede decir de los chinos, cuya diáspora se dispersa por más países.

A pesar de los esfuerzos y de algunas experiencias de mejora, la desigualdad de oportunidades educativas por clase y por etnia se mantiene. Sin embargo, las desigualdades de género se han invertido, hasta el punto de que es necesario hablar de brecha de género inversa: en España, el abandono educativo temprano de los chicos es casi un tercio mayor que el de las chicas (28% y 20%, respectivamente). Además, cabe resaltar la miopía de quienes estudiaron este fenómeno, pues justo en el momento que se empezó a denunciar de forma consistente el sexismo de la escuela, en los años 80, se estaba produciendo la primera generación de mujeres que terminó por sobrepasar en logro educativo a los varones. Es decir, a pesar de que las jóvenes nacidas en los 60 se criaron en una escuela sexista y patriarcal, superaron en titulación a sus hermanos.

Varios son los motivos que se aducen para explicar esta inversión de la desigualdad. Por un lado se atribuye a la capacidad innata y a la maduración más rápida de las chicas, pero es curioso que esos sean argumentos similares a los que se emplearon hace décadas para explicar los mejores resultados de los chicos. Por otro, las nuevas didácticas “blandas”, que en vez de enfatizar exámenes y clasificar al alumnado, insisten más en llevar el trabajo al día, en cuadernos ordenados, etc., lo cual es más contrario a la cultura juvenil masculina que a la femenina. También se empieza a señalar la posible importancia de la feminización de la profesión docente, que ha ido en aumento, y que puede hacer que los niños tengan problemas para identificarse con la institución educativa. A mi entender, sin embargo, podría tener más peso la compleja relación entre escuela, familia y trabajo. Sin estudios, para las chicas es más difícil encontrar trabajo que para los chicos. Además, una chica que no estudia es muy probable que reciba más presiones para que se dedique al trabajo doméstico del hogar que un chico. Por tanto, la desigualdad en el trabajo y en la familia que sufren las mujeres la compensan con mayor inversión en educación, precisamente debido a que la escuela es más igualitaria.

Resumiendo, los esfuerzos deliberados por combatir la desigualdad de clase y de etnia tienen un éxito escaso, al igual que el sexismo de la escuela de los 80. ¿Qué podemos aprender de esto? Pues posiblemente que la escuela no es el principal lugar para luchar contra las desigualdades sociales. Las desigualdades sociales ni se originan ni se eliminan en la escuela. Cabe pedir que la escuela las atenúe en la medida de lo posible, pero los jóvenes también están sujetos a las influencias del mercado de trabajo, de su ambiente familiar, de su grupo de amigos, de los medios de comunicación… La escuela es un reflejo de todas estas fuerzas sociales, no su causa ni su efecto. Eso sí, un reflejo distorsionado debido a sus propias dinámicas sociales internas; en ella existen conflictos entre familias, profesorado, sindicatos, autoridades educativas, estudiantes…

Para acabar, pensemos en el efecto de la crisis sobre la desigualdad de oportunidades educativas. Podemos hablar de dos efectos de signo contrario: efecto paro y efecto tijeras. En el corto plazo, el efecto paro está llevando a la disminución de la tasa de abandono educativo temprano, pues con tasas de paro superiores al 50%, lo mejor que pueden hacer los jóvenes es estudiar. En la medida que los jóvenes de orígenes populares eran los que más abandonaban los estudios por el trabajo, la desigualdad por clases disminuirá. Esto explicaría además que la reducción esté siendo más intensa entre los chicos que entre las chicas, por lo que ya se está reduciendo la brecha inversa de género. Sin embargo, en el medio y largo plazo, dominará el efecto tijera. Los recortes presupuestarios afectarán en mayor medida a las personas de orígenes populares, que necesitan de más recursos, y se harán notar a edades más tempranas, por lo que no los veremos hasta que quienes empiezan ahora su escolarización terminen la escolarización obligatoria. Debe recordarse que uno de los datos positivos de España en el contexto internacional es la equidad del sistema, debido principalmente a que los adolescentes de orígenes populares lo hacen en España mejor que otros países, y que posiblemente esto guarda relación con la baja ratio alumnado/profesorado. Así que nos estamos cargando algo que hacemos bien.

Ilustración: César Fernández

ANIMALES

Antonio Orejudo

ESCRITOR

Al final de ‘Rebelión en la granja’, de George Orwell, el cerdo Napoleón, líder de la revuelta animal contra los granjeros, termina por reducir a una sola las siete reglas que los animales habían acordado tras el levantamiento: “Todos los animales son iguales –dice el nuevo y único mandamiento–, pero unos son más iguales que otros”. Desde que los franceses la impusieran cortando cabezas, nadie duda de que la égalité es una virtud social. La mayoría de las constituciones hijas de la Revolución Francesa la recogen no como un vago desiderátum, sino como un hecho que sin embargo está muy lejos de ser realidad. El énfasis con el que las cartas magnas de los países desarrollados declaran la igualdad entre los ciudadanos contrasta con la poca voluntad política que se emplea para hacerla efectiva. Nadie pone en duda que todas las personas sean iguales; pero, como acaba sucediendo en la granja de Orwell, unos ciudadanos son más iguales que otros.

La voluntad de un país para hacer realidad esa igualdad literaria de sus himnos se mide con un indicador infalible: la calidad de su enseñanza pública. A mayor inversión en ella, mayor sinceridad en su empeño. En Estados Unidos, por poner el ejemplo de un país muy poco socialista, las escuelas públicas cuentan con unos recursos que en España sólo conocen algunos colegios privados de élite. Y es que el sueño americano, la idea de que cualquiera puede llegar a presidir la nación, todavía pervive –algo desnaturalizado, es cierto– en el imaginario colectivo de los estadounidenses.

La preocupación –traducida en inversión– por la enseñanza pública en un país clasista como el nuestro está en los antípodas de los Estados Unidos. Aunque nuestra Constitución dice que todos los españoles somos iguales ante la ley, a nuestro alrededor se suceden estos días episodios que demuestran lo contrario. Si en España se creyera de verdad en la igualdad y si esta se hubiera constituido en una meta a medio o largo plazo, la política educativa seguiría unos derroteros completamente distintos a los actuales.

Un país que persiguiera de verdad la igualdad de sus ciudadanos consideraría la enseñanza un sector estratégico y vedado por tanto a la iniciativa privada. Así como a nadie le extraña que el Estado tenga el monopolio de la defensa o de la justicia, deberíamos ver con naturalidad que el Estado se ocupara también en exclusiva de la enseñanza. Porque es ahí, en los primeros años escolares, donde se empiezan a gestar las desigualdades que han acabado carcomiendo nuestra democracia.

Esperanza Aguirre, Ángel Acebes, Pío Cabanillas y Eduardo Zaplana. EFE

¿PRIVILEGIOS POLÍTICOS O NECESIDADES REPRESENTATIVAS?

Los políticos tienen ventajas derivadas del ejercicio de su cargo, a menudo poco transparentes, y unos beneficios añadidos relacionados con la ‘puerta giratoria’, lo que les permite conseguir grandes contratos al dejar la política.

Joan Subirats

CATEDRÁTICO DE CIENCIA POLÍTICA DE LA UAB

Desde hace unos años, y de manera más acentuada desde el 15M, el debate sobre los privilegios de los políticos está muy presente en los fundamentos de lo que algunos han llamado “desafección democrática”. La opinión generalizada apunta a que la “clase política” (en Italia, el movimiento 5Stelle les denomina “casta política”) no vive de la misma manera los contratiempos y sinsabores de la gente, refugiados como están en un conjunto de prebendas y beneficios que el resto de los mortales no comparte.

En un debate como el aquí planteado sobre desigualdades y en plena polémica sobre causas y consecuencias de la crisis, parece razonable discutir hasta qué punto podemos hablar de condiciones de vida desiguales de los políticos en relación con el resto de ciudadanos.

De hecho, en el grito “No nos representan” entiendo que se daban tanto razones de falta de cumplimiento de lo que decían que harían al obtener los votos, como razones vinculadas a la sensación de privilegio que acompaña el ejercicio de sus funciones.

De políticos hay de muchos tipos y, por tanto, todo proceso de generalización puede resultar injusto e incluso demagógico. No tiene nada que ver un alcalde de una gran ciudad que acumula sueldos, consejos de administración y gastos de representación significativos, que un alcalde o un concejal de una población que no pase de unos miles de habitantes. Y no tienen nada que ver las condiciones de trabajo y de salario de un diputado en el Parlamento Europeo o la de un diputado de un Parlamento autonómico. Y así podríamos seguir hablando de ministros, consejeros o todo tipo de cargos electos.

Partiendo de esa diversidad, y concentrándonos primero en los elementos comunes, diríamos que los políticos en España acostumbran a tener sueldos por el ejercicio de sus funciones. La existencia de esos sueldos tiene un origen profundamente democrático y equitativo. De no existir una retribución para el ejercicio de esa labor, sólo podrían dedicarse a la política los que ya contaran con suficientes haberes, o bien se supondría que precisamente dedicarse a la política ya implica conseguir, de alguna manera, recursos para vivir.

No podemos decir que en España, en general, esos sueldos sean disparatados, o que estén muy por encima de la media europea, más bien al contrario. Otra cosa es que, en ocasiones, esos salarios se complementen jugosamente con dietas por asistencia a consejos de administración de empresas públicas o participadas. Se está haciendo cierta demagogia con el asunto, lo que justifica que se abogue por suprimir sueldos de parlamentarios autonómicos (Castilla-La Mancha) o de regidores en municipios (reforma local del ministro Montoro). No creo que esta sea la solución a la sensación de privilegio. Apuntaría más bien a hacer transparentes los sueldos, dietas y situación patrimonial de los representantes políticos como se ha hecho en algunos casos (los concejales de Barcelona han declarado recientemente sus ingresos) y favorecer así el control y el debate social sobre ellos, en la línea de la “desconfianza democrática” que apunta Rosanvallon en su libro La contrademocracia (Editorial Manantial, 2007).

Otro gran campo en el que las condiciones de trabajo de los políticos les apartan del común de los mortales es todo lo relativo a su inmunidad o fuero personal. Como es bien sabido, los diputados no pueden ser procesados sin que la Cámara de la que son miembros dé su permiso (suplicatorio). También en este caso, el origen de esa evidente desigualdad de trato ante la justicia se justifica históricamente para evitar que el Gobierno y/o los cuerpos de seguridad se desembarazaran de un opositor político molesto, atribuyéndole cualquier delito.

Esa medida, ciertamente significativa al inicio del parlamentarismo democrático en el que empezaron a oírse voces progresistas y de los trabajadores en Cámaras parlamentarias que hasta entonces sólo oían brillantes discursos de una misma clase burguesa, ha acabado convirtiéndose a veces en un abuso que sitúa a los políticos en un escalón distinto al resto de los ciudadanos en lo referente a su trato con la justicia. Recuerdo perfectamente el caso de un arquitecto (Fernando Chueca Goitia), que al mismo tiempo era senador, y que, al ser imputado por un tema estrictamente relacionado con una de las obras que había dirigido, el Senado denegó el suplicatorio para ser procesado (en 1978). Se trata de un claro abuso, que si lo relacionamos con el hecho de disponer hoy día de medios suficientes para desenmascarar acusaciones infundadas a un político molesto, nos podrían llevar a la conclusión de que la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria resulta un privilegio injustificado.

Distinta es, entiendo, la prerrogativa de la inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones representativas, que está muy conectada con la necesaria libertad de expresión en la defensa de sus puntos de vista y posiciones ideológicas. Hay ya opiniones jurídicamente bien fundamentadas que abogan por la sustitución del suplicatorio por un informe razonado de la Cámara (La inmunidad de los parlamentarios: más privilegios que garantía, de Ramón Soriano), lo que no bloquearía la actuación de la justicia, y mantendría el debate político y social.

En otro orden de cosas, existen privilegios vinculados al ejercicio del cargo (en forma de salario indirecto, comidas, viajes, útiles informáticos, precios bajos en restaurantes/bares de los parlamentos, dietas por residir en otro lugar…), y a mejores condiciones en las pensiones, en sueldos vitalicios vinculados a cargos desempeñados, etc.

Todo ello, siendo importante, es de dimensión menor que los beneficios derivados del uso y abuso de la llamada puerta giratoria, que permite a políticos, cuando dejan su labor, desempeñar funciones de asesoría o de gestión en empresas o entidades que utilizan sus contactos para obtener contratos o informaciones rentables. Una vez más, este tipo de situaciones requieren más y mejor información y transparencia, y una regulación específica. Es inaudito, por ejemplo, que el debate sobre el presupuesto de la mayoría de las instituciones parlamentarias se haga en sesión secreta, o que no estén a disposición de todo el mundo sueldos, gastos y prerrogativas de los representantes políticos, cuando su función y el origen de esos fondos son siempre públicos y recaen en la ciudadanía. Mientras no avancemos por esa línea, la sensación de desigualdad y de privilegio que ahora se tiene de los políticos, muchas veces injusta por su excesiva generalización y falta de concreción, seguirá siendo significativa y justificable.

Emilio Botín y Rodrigo Rato. EFE

RICOS EN RENTAS Y EN FAVORES

La mayoría carece de vocación empresarial. Y los que se mueven en el mundo de los negocios, lo hacen para incrementar su patrimonio por vías muy conservadoras o para obtener favores de los poderes políticos. No son capitalistas, son rentistas o especuladores.

Joan Subirats

CATEDRÁTICO DE CIENCIA POLÍTICA DE LA UAB

Son muy pocos los ricos españoles en cuya biografía figure una contribución significativa al progreso de la nación. Salvo en casos excepcionales, nuestros grandes burgueses han heredado su patrimonio o lo han adquirido mediante procesos fundamentalmente vinculados a operaciones especulativas, bursátiles, inmobiliarias y de otro tipo. Su riqueza no es, por tanto, el resultado de procesos de creación de activos económicos que hayan producido avances sociales importantes. Y ese origen de sus capitales, así como una tradición inveterada de aversión al riesgo, determina la actitud de la mayoría de nuestros ricos ante la actividad económica.

Siempre con las excepciones apuntadas, carecen de cualquier forma de vocación empresarial. Y los que se mueven en el mundo de los negocios, que buena parte de ellos se limita a disfrutar de sus rentas, lo hacen fundamentalmente para incrementar su patrimonio por vías muy conservadoras, huyendo de las aventuras. O dedican lo principal de su actividad a obtener favores de los poderes políticos. Los ricos españoles no son capitalistas, en el sentido productivo del término. Son más bien rentistas o especuladores.

Nuestra economía ha sufrido cambios sustanciales en el último medio siglo. Durante ese periodo, España ha dejado de ser un país agrario y se ha convertido en una economía industrial y, sobre todo, de servicios. Forma parte de Europa, está inserta en el giro mundial de los negocios y desde hace ya varias décadas los capitales extranjeros tienen una presencia destacada en nuestro país. Formidables inversiones en infraestructuras y en educación han dado un vuelco a la realidad física y humana del país. Pero la actitud económica de nuestro empresariado sigue siendo muy similar a la que tenía hace cien años.

Su incapacidad para asumir el papel propio de una clase dirigente es considerada por los historiadores como uno de los factores decisivos del atraso español. Desde la restauración monárquica de 1876 hasta la caída de la monarquía en 1931, la burguesía que protagonizó la gran expansión industrial y financiera que se produjo en ese periodo renunció al compromiso político y social que se habría derivado de su dinamismo económico. Optó mayoritariamente por el conservadurismo, en lugar de encabezar, como había ocurrido en buena parte del resto de Europa, un proceso de transformación y de modernización del país.

La atávica falta de confianza en las posibilidades de su clase y el temor a las reivindicaciones obreras que generó la expansión económica, llevó a la gran burguesía a renunciar a todo intento de renovación y de liderazgo social y a apoyar las fórmulas políticas más reaccionarias, a Alfonso XII y a la dictadura de Primo de Rivera. No sólo eso, también les condujo a una aberración histórica como fue su entendimiento pleno –aunque también en esa época hubo excepciones– con los terratenientes, que formaban la clase política, económica y socialmente más retrógrada del país.

Eso le llevó a asumir sus valores, y a ellos ha seguido aferrada hasta ahora mismo. Nuestros grandes burgueses profesan, de boquilla o de verdad, el catolicismo más rancio, apoyan a la jerarquía católica más reaccionaria, desprecian la acción social del Estado –muchos de ellos consideran un abuso que la gente use la sanidad o la educación públicas– y viven de espaldas a todo lo que tenga que ver con la cultura, aunque sus inversiones en el mercado del arte y su asistencia a la ópera traten de disimularlo.

Aún más: la aristocracia les pirra. En el tiempo de Alfonso XIII, el sueño de cualquier empresario de éxito –incluidos los mitificados grandes capitanes de la industria vasca y catalana– era que el monarca les concediera un título nobiliario. Para no ser menos que los duques, marqueses y condes que, junto con sus latifundios, los venían heredando desde hacía siglos. Cientos de ellos lo lograron, algunos también en el franquismo y hasta con Juan Carlos de Borbón. En una misma longitud de onda, no hay rico español que se precie, que no tenga una finca enorme, que sólo le sirve para la caza –otra pasión de los poderosos–, y también para que las subvenciones de la política agraria europea financien sus gastos.

Cuando llegó la II República, la burguesía, en lugar de apoyarla, porque históricamente esa había sido su causa, se colocó en su contra, haciéndola inviable y se puso del lado del golpe militar. Durante cuarenta años, los ricos españoles fueron franquistas. Abrazaron por convicción o por interés un régimen que reprimió brutalmente todas las libertades, incluida buena parte de las económicas propias de un sistema capitalista normal. Y se dedicaron, y a eso destinaron sus principales esfuerzos, a enriquecerse gracias a los favores del poder.

Ese capitalismo protegido –no solo de las presiones de los trabajadores, sino también de la competencia exterior– dio como fruto una estructura económica débil e incapaz de insertarse en la dinámica occidental. Esa fue la herencia que recibió la democracia. En 1975 se contaban con los dedos de la mano las grandes empresas que hubieran hecho las inversiones necesarias –en muchos apartados, pero particularmente en el tecnológico– para estar a la altura de los retos que planteaban los mercados. Porque la banca, que controlaba las mayores empresas del país, no había querido jugar ese papel y se había limitado a recoger los pingües beneficios que la protección estatal y los favores del poder político le garantizaban.

España carecía de una industria en condiciones de competir en los mercados internacionales y buena parte de la que existía en esa fecha era obsoleta y estaba destinada a desaparecer. Pero sus accionistas no iban a pagar por ello: las fatídicas, pero inevitables, reconversiones industriales que los socialistas hicieron en los años 80 dejaron en la calle a cientos de miles de trabajadores y costaron una fortuna al Estado. Pero no mermaron, salvo en casos concretos, la riqueza de los dueños de las empresas que la sufrieron.

Peor aún, esos capitales recuperados, y buena parte de los demás, no se invirtieron en proyectos transformadores de la realidad económica, sino que entraron en el giro especulativo. En la bolsa y en los mercados financieros, pero, sobre todo, en el sector de la construcción. La modernización de la estructura económica española que tuvo lugar desde mediados de los 80 corrió fundamentalmente a cargo del Estado y de la inversión extranjera, que vino a España para aprovechar oportunidades y repatriar beneficios, no para trasformar el país. Y que se iría en cuanto las condiciones no fueran favorables.

Es cierto que en nuestro país hay empresarios de verdad. Gente que tiene proyectos, que trabaja con denuedo para llevarlos a la práctica y que arriesga a fondo en sus empeños. Pero, salvo contadas excepciones, son titulares de empresas de pequeñas o medianas dimensiones.

Los de las grandes no están por esas labores, prefieren dedicarse a mover el dinero o a obtener contratos de favor por parte de los poderes públicos. Entre otras cosas, porque son meros ejecutivos. Pagados, eso sí, de fábula. Y sus mayores accionistas, entre ellos los bancos, no se lo reprochan: lo único que les exigen es que la acción suba y que repartan buenos beneficios. Pero a pesar de su ineptitud como clase, los poderosos de la economía tienen la sartén por el mango. Ningún Gobierno de la democracia se ha atrevido a lesionar sustancialmente sus intereses. Y la más clara expresión de ello es la política fiscal que han aplicado unos y otros, fueran del PSOE o del PP.

Los ricos españoles pagan por impuestos relativamente bastante menos que los miembros de clase media y los trabajadores y también menos que sus homólogos de los países del entorno europeo.

La brecha, en lugar de reducirse, se ensancha cada año que pasa: un ciudadano con ingresos anuales de 50.000 euros se benefició de una rebaja fiscal del 2,3% entre 1993 y 2008. La diferencia para quien ganara 300.000 o más fue del 37,6%, 16 veces más. Por si eso no fuera suficiente, están las Sicav –hay casi 3.000–, unas sociedades concebidas para que sus titulares, necesariamente ricos, no paguen impuestos; o la evasión fiscal pura y dura: la revista Alternativas Económicas ha asegurado que en los paraísos fiscales del planeta están depositados 550.000 millones de euros de origen español.

Como fruto de lo anterior, pero también de que la crisis está recortando todo menos los beneficios que proporcionan las operaciones especulativas, las diferencias de renta entre los ricos y los pobres no dejan de aumentar, convirtiendo a España en uno de los países de la UE en que esa distancia es mayor. Aunque los grandes medios de comunicación lo oculten, los ricos españoles, con los banqueros a su cabeza, son parte destacada de esos fantasmas denominados “mercados” a los que se hace responsables de casi todos nuestros males.

Ilustración: César Fernández

LOS ZÁNGANOS DE LA COLMENA

Manuel Saco

PERIODISTA Y COLUMNISTA

Se recortan gastos y prestaciones en la sanidad pública, se depaupera el presupuesto para la enseñanza y la investigación básica, se recortan las ayudas a dependientes, se ahorra de forma cicatera en subsidios de paro, aumenta la inestabilidad en los puestos de trabajo, se congelan o disminuyen los salarios, y toda la población obrera de la colmena española se empobrece, mientras los zánganos de la Iglesia nadan en miel y engordan gracias al trabajo de los contribuyentes.

La Iglesia católica no produce ningún bien material, y su mercancía inmaterial es tan falsa como su dios, sus ángeles, sus vírgenes, sus santos y demonios. Ninguno de sus miembros trabaja. Viven de todos nosotros gracias a lo que María Dolores de Cospedal calificaría como simulación de beneficios celestiales, o un paraíso en diferido. Entre todos regalamos a la Iglesia cerca de 11.000 millones de euros al año entre asignación por IRPF, exención de impuestos, profesorado de religión, conciertos educativos, etc. Una cantidad casi exacta a la recortada en servicios públicos: más de 12.000 millones de euros en educación, sanidad, pensiones, servicios sociales y vivienda. Entre sacerdotes y monjas, la sociedad de zánganos glotones suma la bonita cifra de 75.000 miembros.

Sus privilegios, sobre todo en materia económica y de enseñanza, o sea, de captación de clientes, vienen del Concordato firmado por Franco en 1953, y ratificado en lo esencial en los acuerdos de 1976 y 1979. Ninguno de los gobiernos del muy laico PSOE se ha atrevido a denunciar tales acuerdos, por considerar que el enfrentamiento frontal con la Santa Sede supondría una sangría de votos.

¿Sería justo que la Iglesia fuese, en estos tiempos, tan pobre, al menos, como el resto de los españoles? Las abejas, mucho más listas y laboriosas que los zánganos, han dado con la solución hace ya millones de años. Copio: “La vida de los zánganos se reduce al periodo estival y jamás ven el invierno. Pero, ¿qué pasaría si, llegado el otoño, su desaparición se retrasa y las provisiones de miel acumulada son escasas y no alcanzan para todos? Llegado ese momento, el pueblo acomete contra ellos, y los zánganos que consiguen huir por la piquera (la puerta de la colmena) mueren de frío o hambre. De esta forma, las reservas de miel se mantienen durante el invierno”. Aprendamos de las abejas: saben por experiencia que en tiempos de crisis hay que prescindir de los zánganos.

En 2012, más de 1,3 millones de españoles comieron de la solidaridad. AP

LAS TRIPAS DE LA CRISIS

Los caprichos en los carros de la compra de la clase media dejaron hueco a los productos básicos. Mantener el gasto en alimentación ha supuesto para muchos españoles reducir al mínimo gastos fundamentales.

Luz Sanchis

PERIODISTA Y REDACTORA DE POLÍTICA DE ELDIARIO.ES

Cuando los profesores griegos avisaron de que sus alumnos pasaban hambre, el Gobierno español recitaba la letanía de que nosotros no éramos Grecia. Los servicios sociales no estaban tan seguros. La tijera gubernamental recortaba ayudas y prestaciones, las colas en los bancos de alimentos se hacían cada vez más largas y los índices de pobreza infantil y desigualdad empezaban a subir. Los caprichos en los carros de la compra de la clase media dejaron hueco a los productos básicos, mantener el gasto en alimentación supuso para muchos encender lo imprescindible la calefacción o sentarse en el sofá con el forro polar puesto.

España no pidió el rescate, pero las organizaciones sociales alertaban de que el sistema no estaba funcionando y ellas no daban abasto para rescatar a tantos ciudadanos empobrecidos.

En 2012, más de 1,3 millones de españoles comieron de la solidaridad canalizada a través de los bancos de alimentos. Programas como Proinfancia, de La Caixa, han asistido a 30.000 familias con hijos pequeños “que pasaban hambre” y ver a grupos de personas esperando a que los supermercados saquen sus desechos para alimentarse ellos es una estampa habitual.

La cabeza de un ciudadano metida en un contenedor ofendió mucho al Gobierno. La foto de Samuel Aranda en The New York Times chocaba con el invento de la marca España. Algunas comunidades como Andalucía o Canarias han decretado recientemente medidas de urgencia como garantizar tres comidas al día a los más pequeños o dejar los colegios abiertos en verano para que puedan seguir comiendo también en vacaciones.

El último informe de Cáritas señala que el número de personas a las que atienden se ha triplicado en los últimos tres años y el principal problema del país, el paro, cada vez hace menos distinciones entre nacionales y extranjeros. En el año 2009, los españoles representaban un 25% de los atendidos en los programas de empleo de la ONG. Un año después, eran el 31% y en 2011 llegaron al 39%. Los últimos datos, los que corresponden al 2012, muestran que la falta de empleo ya no entiende de orígenes: el 48% de los atendidos son españoles.

“La sociedad española es ya una sociedad fracturada, la brecha entre ricos y pobres es cada vez mayor y la desigualdad supone un escándalo ético y político”, resume Sebastián Mora, secretario general de la organización. Explica que el 41,6% de las familias con tres hijos ya viven por debajo del umbral de la pobreza. Es uno de los números que prueban que España “es ya una sociedad pobre”.

De todas las cifras en rojo que muestran lo negro del panorama, quizá la más sangrante es la que mide el bienestar infantil. En la lista que elabora Unicef con los 29 países considerados más desarrollados, España ha bajado posiciones hasta el puesto 19, junto a Letonia, Rumania y Estados Unidos. Si hablamos directamente de pobres, Save the Children y Cruz Roja cuentan 2.226.000 niños, una tasa superior al 27%.

Mientras la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, Ana Mato, pregona una estrategia a largo plazo contra la pobreza infantil, los trabajadores sociales ven las necesidades acuciantes. Desde el Consejo de Trabajadores Sociales denuncian el desmantelamiento de los servicios públicos y el peligro de que la caridad tenga que sustituir a las políticas sociales.

Su portavoz, Ana Lima, alerta de que la inminente reforma de la Administración local “potencia la gestión privada integral de muchos servicios que hasta ahora gestionan los ayuntamientos”. De esta forma, la rentabilidad pasa a ser un criterio básico, como ha ocurrido en la gestión sanitaria en varias autonomías.

Los recortes en becas y ayudas para los comedores escolares han sido la puntilla y han supuesto retirar a muchos menores la única comida completa y equilibrada del día, como han denunciado dos organizaciones de padres y madres de alumnos que no suelen estar de acuerdo en materia de política educativa.

Los responsables de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) y de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) pidieron sin éxito que se diera marcha atrás en esta medida. Unas autonomías han reducido las ayudas a la mitad. Otras, como Castilla-La Mancha, las han dejado en cero excepto para los que estudian en jornada partida y necesitan el transporte escolar. En Madrid, el presupuesto ha pasado de 29 millones a 21.

El precio del menú diario del comedor escolar oscila entre los 6 y los 3 euros diarios, ya que unas comunidades fijan los precios máximos y otras no. Perder la ayuda ha obligado a muchas familias a llevarse a sus hijos a comer a casa. Permitir o no el uso del tupper provocó polémica al empezar el curso. Entre muchos otros aspectos, los niños han dejado de ser iguales a la hora del comedor.

El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de diciembre de 2011 detectó que un 41% de las familias había cambiado sus hábitos de alimentación. El panel de consumo alimentario en el hogar del Ministerio de Agricultura muestra que ha caído el consumo de todas las carnes frescas menos el pollo. El pavo, más barato, ha aumentado un 22,7%. Comemos menos pescado, aceite de oliva y lácteos. Los vinos con denominación de origen han caído tanto como han aumentado los de mesa. Por primera vez desde 2004, el primer factor a la hora de elegir dónde comprar ya no es la calidad de los productos. En un 62,7% es el precio.

En casa de Cristina son seis. Su marido trabaja en una sucursal bancaria y ella es profesora de infantil en un colegio concertado. La compra semanal se planifica mucho más que antes, la mayor parte de los productos es de marca blanca y las raciones de comida no han menguado pero sí la forma de prepararlas. La vuelta al guiso de puchero es una forma de que cunda más y ya no hay una pieza de pescado o un filete por cabeza tan a menudo como antes. Dependiendo del día, los críos se quejan de tanto pollo o bromean con la creatividad de su madre a la hora de prepararlo. Las legumbres, las patatas y la pasta son más frecuentes. Los refrescos, zumos, postres dulces o el jamón son para el fin de semana si el presupuesto no se ha desequilibrado por otro lado. Otros extras son impensables: “¿Salir a comer o a cenar fuera? ¿Los seis? Creo que la última vez fue este verano; comimos dos días en el chiringuito.”

Ilustración: César Fernández

RACISMO Y RECONVERSIÓN SOCIAL

Suso de Toro

ESCRITOR. PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA

La desigualdad es inherente a la vida, que es dinámica o no es, y la dinámica es fruto del desequilibrio. Nunca se realizará una utopía serena y eterna, esas utopías parecen científicas o razonables pero en realidad son un atrayente mito ancestral. Constatar que la vida se basa en la desigualdad y que las desigualdades causan dolor a nuestros semejantes es el primer paso para un camino ético que nos lleve a intentar paliar esas desigualdades. Las utopías son sueños de la moral pero a los sujetos les corresponde la ética.

Hay lugares del planeta donde la población vive más y las personas tienen más oportunidades de vivir mejor que hace cincuenta o cien años. Pero en Europa, y en concreto en el Reino de España, estamos viviendo una reconversión social inesperada que aumenta las desigualdades existentes. No solo se agranda la distancia entre ricos y pobres, también se adelgazan las clases sociales intermedias desplazando a muchas personas hacia abajo, y se crea una extensa clase social: los excluidos. No estamos viviendo una coyuntura, las medidas de la banca alemana y del Gobierno usan el bisturí para crear un nuevo modelo de sociedad. A ello hay que sumar el expolio del Estado a manos del entramado político empresarial y que se muestra descarnado en la privatización de la sanidad madrileña, que será exportada al resto de las comunidades del PP. Habrá más pobres, seremos todos más pobres, y el Estado nos va dejando progresivamente a la intemperie.

La distancia humana entre quienes llevan adelante estas políticas y quienes las padecen se resume en las burlas del partido en el poder a la decisión de la Junta de Andalucía de garantizar tres comidas diarias a los niños que no las reciben actualmente. Pueden hacer burlas con una realidad tan grave porque viven incluso físicamente lejos, no se acercan ni se mezclan con esa gente a la que consideran distinta y ajena. El nacionalismo de quienes invocan la unidad de España esconde que en realidad no se consideran parte de la misma nación que los pobres.

El clasismo es una de las formas del racismo y, aunque en las últimas décadas, gracias a la burbuja inmobiliaria, arribistas procedentes de las clases bajas se han colado en el cogollo cortesano del poder político financiero, la cultura dominante en la derecha sigue siendo la de “la gente como Dios manda, la de toda la vida”. Y esos de pata negra son tranquilamente franquistas, sin rubor.

Club de Campo de Madrid. M2020

OCIO VIP Y SUBVENCIONADO

El elitista Club de Campo de Madrid sigue funcionando como si fuera privado, pero en los últimos años ha recibido unos 13 millones de euros del Ayuntamiento de la capital para sus exclusivas infraestructuras.

Natalia Chientaroli

PERIODISTA Y REDACTORA DE SOCIEDAD DE ELDIARIO.ES

El 1 de mayo de 1931 el Gobierno de la II República decidió que la Casa de Campo, hasta entonces de disfrute exclusivo de la realeza, pasaba a ser de uso público. Ese día decenas de miles de madrileños cruzaron las tapias del parque para celebrarlo. El 22 de octubre, en terrenos de este célebre pulmón verde, se inauguró con gran pompa el Club de Campo, con la flor y nata de la alta sociedad española retratada al día siguiente en las páginas del diario Abc. Se cerraba un círculo de privilegio y se abría otro, reducido y duradero.

De aquellas señoritas de rancio abolengo jugando al hockey en terrenos públicos a la familia Aznar en pleno dando clases de golf pagadas por el Ayuntamiento de Madrid hay 70 años de diferencia, pero no tanta distancia como podría parecer. Son dos estampas de una misma escena: la del uso de lo que es de todos para el beneficio de unos pocos. El Club de Campo sigue funcionando como si fuera privado, pero en los últimos años ha recibido unos 13 millones de euros de las arcas municipales para sus lujosas infraestructuras. El cupo de abonados no se ha ampliado en décadas, pero hasta hace poco gozaban de pases VIP desde Carlos Sainz o Rafa Medina a Florentino Pérez o Luis Bárcenas, en una larga lista de políticos, empresarios, periodistas, nobles habituales del papel cuché, cargos públicos y familiares de. Así hasta llegar a unas 650 tarjetas en 2012, el año con más invitaciones “protocolarias”.

La confusa factura de unas clases de golf que Ana Botella, entonces primera dama y ahora alcaldesa de Madrid, aceptó como “un detalle” para la familia del presidente, aunque ahora haya decidido pagarlas, ha logrado descorrer un telón de histórica opacidad tras el cual afloran sospechas de mala gestión y utilización política del patrimonio común. Porque, aunque en los papeles el club es de acceso libre, no muchos pueden permitirse el lujo de un baño en su piscina cubierta (81 euros en fin de semana) construida, eso sí, con dinero del contribuyente. Y si los precios para los no socios son prohibitivos, el sistema para incorporar nuevos miembros resulta igual de desalentador: la lista de espera para quienes quieran pagar los 2.000 euros de suscripción y las cuotas de 700 euros anuales supera los 15 años. En unas instalaciones que pertenecen en un 51% al Ayuntamiento de Madrid y en un 24,5% a Patrimonio del Estado.

Un reducto elitista. La Guerra Civil redujo a escombros el lujoso chalé y el campo de golf de nueve hoyos con los que había nacido el Club de Campo. Pero el infortunio de haber quedado en el frente de batalla sería subsanado rápidamente. En 1942 se fusiona con la Real Sociedad Hípica Española –creada por “familias de renombre y militares de caballería”, según su propia descripción– y sigue funcionando como club privado en 200 hectáreas cedidas por el Ayuntamiento.

Vencido el plazo de 40 años, el alcalde socialista Enrique Tierno Galván (PSOE) decide, en lugar de recuperar las instalaciones, mantener el club a través de una sociedad mixta controlada por el Gobierno municipal. “Fue una negociación larga y difícil”, recuerda Juan Barranco, entonces teniente de alcalde. Aquel refugio elitista contaba con 20.000 influyentes socios; más de un tercio, militares. “La Real Sociedad Hípica hizo valer las inversiones que había realizado en infraestructuras”, explica. Pero buena parte de los habituales del club, que no estaban de acuerdo con su apertura al público, se fueron para fundar otra institución privada. “Decían: ‘Esto va a ser como el Parque Sindical”, rememora Barranco. Lo curioso es que incluso el Parque Sindical o el club del Canal de Isabel II, instalaciones deportivas exclusivas para trabajadores, típicas del franquismo, son hoy totalmente públicas y abiertas. No así el Club de Campo Villa de Madrid. Con el fin de la dictadura, el reducto VIP se democratizó, sí, para sumar a los aristócratas la burguesía de los nuevos ricos y perpetuar el círculo de privilegio regándolo, de tanto en tanto, con dinero público.

Tierno Galván marca en nueve años el plazo para convertirlo en una instalación pública y amortizar el 49% de las acciones que se le reconocen a la Real Sociedad Hípica. Pero en 1991 José María Álvarez del Manzano (PP) estira esa transición otros 35 años, hasta 2026. “Era lo mejor; si no, teníamos que partir el club a la mitad, porque algunos terrenos pertenecen a Patrimonio”, justifica Ignacio del Río, su teniente de alcalde. Mientras, Álvarez del Manzano posaba junto a Severiano Ballesteros en la adjudicación de las obras para construir otros nueve hoyos.

El club crecía a buen ritmo, hasta que en 1999 al presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón (PP), se le ocurre declarar Bien de Interés Cultural la Casa de Campo. El Ayuntamiento y el Club de Campo se oponen, porque esa protección impide cualquier intervención urbanística. Llevan la cuestión a los tribunales y ganan. La declaración se anula por un defecto de forma.

Cuatro años después, el presidente del Gobierno, José María Aznar, y su familia ya han tomado clases en el club sin saber que una década más tarde tendrían que pagarlas. Álvarez del Manzano decide en el tiempo de prolongación de su mandato estirar el blindaje societario hasta 2034, también con el argumento de “amortizar” las inversiones hechas. Un detalle: la sociedad determina en sus estatutos que cualquier superávit se reinvierte o acumula para futuras reinversiones, con lo cual el modelo puede repetirse eternamente.

Espíritu olímpico y pases VIP. Con Gallardón como alcalde y olvidadas las viejas rencillas judiciales, el Club de Campo vive una nueva etapa. Imbuido de espíritu olímpico, el Ayuntamiento destina, entre 2004 y 2011, hasta 13 millones de euros a acontecimientos deportivos e infraestructuras, incluida la piscina y una sala de esgrima de nivel internacional que misteriosamente muta en gimnasio. Los pases VIP se multiplican: entre 550 y 650 de 2010 a 2012. “En mi época no había ni la quinta parte”, se jacta Ignacio del Río.

Descorrido el telón, la decisión política de mantener un club de lujo mientras la falta de dinero deja distritos enteros sin polideportivos municipales genera razonables dudas. Pero la cosa se pone peor entre bambalinas. Ahora sabemos también que el club funcionó sin las licencias en orden durante años. Que desde 2006 hasta hoy el Ayuntamiento olvidó reclamarle el Impuesto de Bienes Inmuebles (unos 500.000 euros anuales), y que varias irregularidades en la ejecución de obras prescribieron sin siquiera ser investigadas. También que el exdirector de Deportes municipal Roberto Sanz Pinacho consiguió en el club un trabajo de asesor por 55.000 euros al año sólo tres semanas después de dimitir tras ser pillado conduciendo borracho.

En el Pleno municipal, UPyD ha propuesto profesionalizar la gestión del club. “Ustedes lo han convertido en un chiringuito político y una agencia de colocación”, acusó el edil Jaime de Berenguer. Actualmente, el gerente es concejal del PP en Boadilla del Monte; en el consejo de administración hay siete ediles madrileños (todos del PP), e incluso uno de los hijos de Esperanza Aguirre, Álvaro Ramírez de Haro Aguirre, figura como representante de Patrimonio del Estado.

Botella, que ha insistido en pagar aquellas controvertidas 200 clases –aunque, consultando agendas, considera imposible haberlas recibido todas–, tiene que lidiar ahora con un asunto que se vuelve más sensible cuanto mayores son los recortes y más agoreros los pronósticos económicos en la ciudad más endeudada de España. De momento, ha cortado el chorro de los pases gratis, ha anunciado la incorporación de 300 nuevos abonados y encargado a Deloitte un informe sobre el posible futuro de las instalaciones. Pero sin prisas. El Club de Campo ha sido propuesto como sede en la candidatura olímpica 2020 y, según su presidente, el concejal José Manuel Berzal, todos “deberíamos sentirnos orgullosos de su gestión”.

Y así, la vida de la alta sociedad madrileña transcurre entre los 18 hoyos del club, los bautizos y comuniones en la iglesia de los Jerónimos y el palco del Bernabéu. El Bernabéu de Florentino y su pelotazo: vender la Ciudad Deportiva del Real Madrid para levantar cuatro rascacielos. Y al que el Ayuntamiento ha autorizado una ampliación, denunciada en los tribunales, en pleno Paseo de la Castellana. Pero esa es otra (interesante) historia.

Ilustración: César Fernández

ARRIBA Y ABAJO

Javier Gallego

PERIODISTA Y MÚSICO

Director de Carne Cruda 2.0 (Cadena Ser)

Mi casa siempre me ha recordado a la de la mítica serie británica Arriba y abajo, aquella en la que los señores vivían en la parte superior y los criados en la parte baja de la vivienda. Yo vivo en un interior, en la zona que antiguamente estaba destinada a los dormitorios del servicio que ahora han sido habilitados como pisos de alquiler. Los dueños de la finca siguen viviendo en la zona noble. Es uno de tantos ejemplos del acercamiento entre clases que ha experimentado nuestra sociedad. Los señores perdieron poder adquisitivo y tuvieron que despedir al servicio y poner dependencias de su propia casa en alquiler o venta para no perderla entera. Desapareció gran parte de la servidumbre y los ricos empezaron a tener que compartir su espacio con la mayoría. Ni ellos vivían ya tan arriba ni el resto tan abajo. Hasta hace poco.

En el bajo de mi casa, los dueños tienen un estudio de arquitectura que se ha desinflado al pinchar la burbuja inmobiliaria. Han tenido que despedir a casi todos los empleados. El de mayor antigüedad, un administrativo de 50 años, ha aceptado una reconversión para no quedarse en paro. Ahora es el portero nocturno de la finca. Pasa las noches en un diminuto despacho luchando contra el sueño (y contra sus sueños, imagino). Los señores, sin embargo, no han renunciado a sus dos coches de lujo ni a su chófer.

Un detalle más. Cada periodo de vacaciones, los dueños de la finca nos envían a los inquilinos una dramática carta pidiéndonos que extrememos las precauciones porque no hay porteros vigilando. Temen que hordas de pobres y delincuentes entren al asalto en la casa. Para eso tienen contratados a porteros de noche.

A pequeña escala, mi casa es una reproducción del escenario de esta estafa. Los de arriba vieron la oportunidad de vivir aún más arriba pero esa avaricia rompió el saco y por el agujero está cayendo la mayoría. Querían vivir por encima de sus posibilidades y han acabado pasando por encima de las nuestras. Neoliberalismo. La crisis es un ataque frontal del capital a la clase trabajadora. El Gobierno del PP tiene muy claro de qué lado está. Tiene muy claro que para que los señores ocupen todas las plantas de arriba, el servicio no puede vivir a su misma altura ni parecida, ni ir a sus mismas escuelas y hospitales, ni tener la misma justicia. Tiene que vivir abajo donde no puedan molestar. Estamos volviendo a zancadas a los tiempos en los que había un abismo entre arriba y abajo. Pero si empujas a la mayoría muy abajo, no habrá portero de noche que te defienda del peligro de ser asaltado por una masa empobrecida.