LAS CONTRADICCIONES

DE LOS PARTIDOS

La evidente crisis de partidos y políticos no es un subproducto de la crisis económica, responde a una larga lista de problemas que en estos momentos ya no se pueden obviar.

Ignacio Escolar

PERIODISTA. DIRECTOR DE ELDIARIO.ES

Su crisis es evidente. Ni siquiera los propios partidos la niegan: nunca antes los ciudadanos han confiado menos en ellos y aparecen en las encuestas como uno de los mayores problemas de la sociedad. Su imagen está bajo mínimos, tienen un enorme problema de credibilidad y no son pocos los políticos que se enfrentan, a diario, con abucheos en casi cualquier lugar al que acuden.

Es cierto que hay partidos y partidos, y que aquellos que defienden que “todos los políticos son iguales” suelen apoyar a los peores. Pero es un error pensar, como algunos prefieren creer, que esta crisis de los partidos es solo un subproducto de la crisis económica: que cuando el paro baje y suba el PIB, todo volverá a la normalidad. No tiene pinta de que vaya a ser así.

El deterioro de las instituciones es tan profundo que no solo la recuperación económica bastará para recuperar la confianza de unos ciudadanos cuyas convicciones democráticas, sin embargo, no están en duda: el apoyo a la democracia representativa alcanza máximos históricos. Es el funcionamiento y la calidad de esa democracia lo que está en cuestión, empezando por sus cimientos: por los partidos. Su crisis responde a una larga lista de contradicciones, de problemas que hace años que están ahí, pero que ahora ya no se pueden obviar.

1. La democracia se levanta sobre organizaciones muy poco democráticas. Artículo número 6 de ese famoso papel mojado al que llamamos Constitución: “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política (…) Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. ¿Democráticos? ¿Cómo de democrática fue la elección de Mariano Rajoy por José María Aznar, o de Aznar por Manuel Fraga, al frente del Partido Popular? ¿Tiene sentido que la mayoría de los partidos representados en el Parlamento elijan sus listas con procedimientos opacos, donde suele ser la dedocracia quien decide los candidatos?

Los pocos partidos que mantienen algo de democracia interna para escoger a sus dirigentes suelen utilizar para ello métodos más propios del siglo XIX que del XXI. En tiempos del tren a vapor o de la clandestinidad, tenía sentido que los congresos de los partidos se decidiesen por medio del voto indirecto, nombrando delegados por cada agrupación que después se reunían para, entre unos pocos, elegir al líder. Pero, en los años de internet, ¿qué sentido tiene que los máximos dirigentes de los partidos no sean votados de forma directa por los militantes o incluso simpatizantes? ¿Hay alguna ventaja objetiva de este método de elección indirecta, aparte de la capacidad que otorga a los dirigentes de un partido para mantener el control de la organización incluso contra el criterio de sus bases?

Los argumentos de aquellos que se oponen a las primarias no suelen ser muy distintos a los que, en tiempos, otros presentaban contra la democracia: el riesgo del populismo, la división interna, el exceso de personalismo… A algunos solo les falta decir aquella frase tan rancia de “no confundir la libertad con el libertinaje”. Pero como bien explica el sociólogo Ignacio Urquizu en esta misma revista, en el fondo de lo que hablamos es de algo tan sencillo como creer o no creer en la democracia como método de trabajo, no solo como herramienta para la alternancia en el poder. Es una cuestión de principios (o de ausencia de ellos).

2. Los partidos gestionan la representación, pero lo hacen con un sistema electoral no muy representativo. Probablemente la capacidad transformadora que algunos atribuyen a la reforma electoral es exagerada. Un sistema estrictamente proporcional no vacuna contra el despotismo y la corrupción. Como recuerda Carlos Elordi, Italia es un ejemplo de un modelo electoral proporcional casi puro… que ha provocado más problemas que bendiciones a los italianos. Sin embargo, es también cierto que el diseño de un modelo creado desde el búnker franquista –lo explica en estas páginas Pere Rusiñol– es hoy percibido como injusto por una gran parte de la sociedad. Y con razón. El sistema prima a los dos grandes partidos, es relativamente positivo para los nacionalistas periféricos y penaliza a las minorías dispersas. Provoca el voto a la contra, en vez del voto a favor. De hecho, es probable que en las próximas elecciones generales veamos un importante retroceso en las urnas de los dos grandes partidos que, sin embargo, no será para tanto en su representación en el Congreso, gracias a la ley electoral. Si esta ley es hoy injusta, en una situación como la que ahora pronostican las encuestas lo sería aún más.

3. Los partidos son los intermediarios de la soberanía popular en un momento en el que la intermediación declina. ¿Cómo saber qué quiere el pueblo? La actual democracia es la respuesta tecnológica de la era de la imprenta a esa pregunta. Los ingredientes eran dos: un censo electoral –algo complicado de conseguir en los tiempos preinformáticos– y una caja llamada urna donde depositar el voto. Era un proceso caro y complejo: por eso no salía a cuenta votar a todas horas. Pero hoy en día, en los años de internet y las redes sociales, la tecnología permite otras opciones para resolver esa misma pregunta: encuestas en tiempo real, democracia más participativa, sistemas de debate virtual… Pensar que la democracia representativa, tal y como hoy la conocemos, no va a seguir evolucionando para dar aún más voz a los ciudadanos es tan ingenuo como creer que hemos llegado al final de la historia. “¿Habrá partidos? Es como preguntar si habrá universidades o periódicos en el futuro”, analiza el catedrático en ciencia política Joan Subirats. “Lo que imaginamos es que habrá espacios educativos y espacios informativos”, y también organización e ideas en la política, que probablemente se parezcan tan poco a los partidos como los políticos de hoy al Conde de Romanones.

4. El control sobre sus finanzas está en manos de los supuestamente controlados. ¿Quién vigila a los vigilantes? En el caso de España, nadie. Es la mano izquierda quien fiscaliza a la derecha, bajo las órdenes de un mismo cerebro. Son los propios partidos quienes nombran a los miembros del Tribunal de Cuentas que examinan su contabilidad. ¿El resultado de esa dependencia casi jerárquica? A la vista está. El Tribunal de Cuentas entrega sus informes con cinco años de retraso, justo el plazo en el que prescribe el delito de financiación ilegal. Sus investigaciones nunca han encontrado ni uno solo de los grandes escándalos de corrupción. Ni los sobres de Bárcenas, ni la Gürtel, ni el Palau, ni Nöos ni los Eres de Andalucía han sido descubiertos por este inútil órgano de control que está capturado por sus supuestos vigilados. ¿La solución? Basta con mirar al extranjero: consiste en crear organismos formados por personas realmente independientes del poder político, nombrados por mayorías cualificadas, con mandatos irrevocables y también no renovables. Es lo que hacen en Francia, donde –por ejemplo– las cuentas de la campaña del expresidente Nicolas Sarkozy han sido rechazadas; esto implica que su partido perderá gran parte de sus subvenciones oficiales. Se trata de la contabilidad de 2012. En España, no sabremos cómo fueron las cuentas de los partidos en ese año hasta 2017, con suerte. Y si aparece alguna irregularidad, no habrá tampoco una durísima sanción.

5. Nunca antes ha sido más necesaria la política, nunca antes ha sido más débil. La crisis de los partidos y de la intermediación llega en mitad de la tormenta perfecta, especialmente en la Europa intervenida: cuando fracasa el estado nación, superado por la globalización de los mercados y por mantas, como el euro, que solo abrigan la cabeza o los pies, pero no las dos cosas a la vez. El economista Dani Rodrik lo plantea como un trilema. Democracia, Estado nación y globalización: elige dos de tres. Puedes ser un Estado nación globalizado, como China. O un país formalmente democrático y globalizado, pero sin soberanía económica, como es España hoy. Los ciudadanos exigen a los políticos soluciones y quedan después frustrados al descubrir que dan igual las urnas porque las decisiones transcendentales sobre sus vidas, que son siempre económicas, se deciden muy por encima de sus cabezas. La soberanía está hoy más allá del Congreso: en organismos tecnócratas, como el Banco Central Europeo, o en parlamentos donde los españoles no votan, como el alemán. ¿La solución? Sin duda pasa por más política, una capaz de plantar cara a los mercados, y también por elevar la soberanía a un mayor ámbito de decisión; tal vez a una Europa verdaderamente unida y donde todos los ciudadanos, griegos o alemanes, cuenten con los mismos derechos. Pero la política está atrapada en una espiral que la debilita, precisamente por no poder resolver esta situación. Solo Angela Merkel consigue sobrevivir a la crisis del euro, precisamente porque en el epicentro de la tormenta es el único sitio donde el viento parece estar en calma.

6. La llave de la reforma la tienen los mismos que, si hay reforma, serían desahuciados. ¿Quién tiene en España el poder para refundar la política, los partidos, las instituciones? Precisamente la generación de la Transición, la que aún ocupa el poder político y económico, la que nos ha llevado hasta aquí. ¿El mayor símbolo? El rey, y su tan real como metafórica enfermedad: una infección en la prótesis que le impide caminar.

7. Pedimos mejores políticos, despreciamos a todo aquel que se involucra en la política. “No le digas a mi madre que soy diputado, ella piensa que soy pianista en un burdel”, bromean algunos parlamentarios. Los hay honestos y se quejan, con razón, de el discurso antipolítico que les presenta a todos ellos como receptores de sobres y privilegios, como aprovechados con pensión vitalicia que nunca se bajan del coche oficial. Las falacias sobre ellos se extienden –como ese bulo de que España es el país europeo con más políticos–, y se pueden convertir, poco a poco, en profecías autocumplidas: si todos los políticos aparecen ante la sociedad como corruptos y mangantes, solo quienes sean así tendrán incentivos para continuar.

8. Los políticos no vienen del extranjero. Hay un académico sueco, Bo Rothstein, que ha encontrado una relación bastante directa entre el nivel de corrupción que hoy tienen los países y su nivel educativo de 1870. La historia va muy deprisa, pero algunas de sus dinámicas son a cámara lenta. En el caso de España, hablamos de un Estado que solo consiguió acabar con el analfabetismo hace apenas 40 años, casi un siglo más tarde que los países del norte de Europa con los que hoy nos queremos comparar. Nuestro porcentaje de universitarios es hoy alto, pero el factor que más influye en la educación sigue siendo el nivel educativo de las familias: cuántos libros había en la estantería del salón de sus padres. La herencia de un siglo XIX para olvidar y un siglo XX derrotados por una dictadura aún se nota, y mucho, en la España de hoy. Fenómenos antropológicos como el de Carlos Fabra, en Castellón, demuestran que el caciquismo jamás se marchó.

La responsabilidad es compartida: es del partido, del político. Y también de la sociedad, que tolera o incluso premia electoralmente la corrupción, que permite la mentira en el Parlamento o que se acostumbra a esa trampa argumental que intenta igualar la responsabilidad política con la responsabilidad penal; como si el único motivo que justifica una dimisión en política fuese la entrada en prisión. ¿Mejores partidos? Claro que sí. ¿Mejores políticos? Por supuesto. Pero para eso hacen falta ciudadanos comprometidos, que hagan algo más que quejarse en Twitter o en la barra del bar.

LA MUERTE DEL

“Si quieren hacer política, que monten un partido”

La generación que encontró su espacio político en Internet ha reventado las costuras de lo institucional. Ahora, un nuevo modelo de participación social amenaza el inmovilismo y los fetiches de partidos, sindicatos y movimientos sociales tradicionales.

Juan Luis Sánchez

PERIODISTA. SUBDIRECTOR DE ELDIARIO.ES

A los treintañeros nos han contado que el final de los setenta y el principio de los ochenta en España fueron apasionantes. Que había un bullir, que había un romper, que había un salir, un discutir, un elevarse, un confrontar sano pero duro, en la calle y en los bares. Que los cafés eran apasionados y las cervezas intensas. Que además de lo que se construía en los medios, en las negociaciones de alto nivel, la sociedad estaba hinchada de política.

Luego nos han contado menos que a ese bullir se le apagó el fuego. Con la llegada de los partidos políticos de izquierda y centroizquierda a las instituciones se produce un fenómeno clave: hay una fuga de energía y talento hacia las instituciones en forma de personas que empiezan a ocupar puestos de administración y retroalimentada por una confianza tácita en ellas.

La cosa es que mientras todo eso empieza a rodar dentro de la maquinaria de representación democrática recién estrenada, en las bases sociales no cala la sensación de que la vigilancia no solo debe ser individual, como votante y ciudadano, sino colectiva. Si parecía que durante la Transición se estaba formando una sociedad civil, en los ochenta pudo más la sensación de que ya todo estaba ganado, de que ya se había llegado al fin del camino. La izquierda se institucionaliza, se instaura la sensación de que estar en el poder político supone tener el poder real, de que ya era solo cuestión de pelear “contra la derecha”.

Muchas de las personas que habían formado parte de aquel despertar ciudadano tras la dictadura emprenden rumbo a las instituciones. Con la creación de un Estado del Bienestar, paradójicamente, se produce una desarticulación de la política civil porque en las organizaciones se asume que debe ser la administración la que se encargue de gestionar y representar toda demanda social.

En España no han faltado organizaciones no gubernamentales. El problema es que su relación con el Estado ha sido en la inmensa mayoría de los casos de dependencia, salvo en algunas grandes organizaciones de inspiración internacional, y eso hace mucho más complicada su labor de contrapoder, especialmente con las fuerzas políticas denominadas de izquierda. Muchísimas pequeñas ONG o plataformas en España han vivido con dinero de subvenciones e incluso han sido meras subcontratas del Estado, que ha delegado en ellas alguna función pública, que era desempeñada a menos coste que lo que supondría hacerlo con cuerpos públicos de empleo. Muchas ONG han sido, qué paradoja, un método de precarización de los servicios públicos. Para rematar, ha sido habitual escuchar a los políticos más conservadores decir que las ONG no podían recibir tanta ayuda pública, que qué derroche, para después proceder a recortarla; es decir: se han subcontratado servicios a organizaciones a las que luego se les ha eliminado la subvención para gestionarlos. Otro logro más contra el Estado del Bienestar.

Por tanto, si hoy existe algo de tejido asociativo está muy enfocado sobre el trabajo social de pequeña escala y sobre la solidaridad o la cooperación internacional, pero en ningún caso es comparable con la fuerza de la cultura comunitaria y asociativa en Estados Unidos, Alemania o Francia. La filosofía de la mayoría de las organizaciones ha sido hasta ahora asistencial, muchas veces evitando el conflicto político con la mano que le da de comer o que le facilita el trabajo, es decir, con las instituciones. Hay muy pocas organizaciones que tengan departamentos de incidencia política –lobby– como los de Amnistía Internacional, Intermón Oxfam o Greenpeace, encargados de hacer presión cualificada, académica, científica, en los despachos, a los representantes políticos en la defensa de sus causas.

Tan es así que, cuando sucede, el poder político se siente verdaderamente insultado, agredido. Victoria Anderica, del lobby protransparencia Access Info Europe, nos cuenta en Las 10 mareas del cambio (eldiario.es Libros) algunos episodios chanantes de su trabajo de concienciación a las administraciones. Recuerda, por ejemplo, cómo tras años de lobby, Moncloa les llamó en 2011 para interesarse por su apuesta de Ley de Transparencia solo después de una campaña en Twitter en la que, admite Anderica, apenas participaron 200 personas. Al otro lado del teléfono, una directora general del ministerio de Presidencia, que entonces dirigía Ramón Jáuregui (PSOE), les invitaba a una reunión, pero advertía: “Tenéis que tener en cuenta que yo ya le he dicho al ministro que vosotros sois gente seria, que sois más o menos como profesionales. El ministro no se va a reunir con cualquiera”, le dijo a la directora de Access Info Europe, Helen Darbishire, que ha asesorado durante más de 20 años a gobiernos de Europa y América Latina en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Cuántas veces no habremos escuchado eso de “si quieren hacer política, que monten un partido” en referencia a cualquier colectivo que ejercía un activismo cultural, académico o de movimiento. La cultura política española imperante en los últimos 30 años establece claramente que la política es lo que sucede dentro de los partidos políticos. En las redacciones de los medios de comunicación se tiende a compartimentar la realidad según el número de votos: si no tienes representación electoral, tu mensaje no merece espacio mediático. Y si no eres un partido, debes convencer a uno para que enarbole tu bandera, con el riesgo de que se apropie de ella, para que tu causa sea escuchada.

Pero las cosas han cambiado. La fisonomía política española se ha transformado, la conexión de dependencia entre el tejido asociativo y las administraciones se ha roto por culpa de los recortes y se han revuelto las conciencias de medio país. En la educación, en la sanidad, en el feminismo, en la transparencia, en la cultura, en la defensa de los derechos humanos se han producido activaciones que pueden derivar –al menos– en que tengamos por fin una sociedad civil con capacidad real de percusión, una cultura asociativa por la que los ciudadanos no deleguemos cualquier tipo de atención a la comunidad en el Estado sino que nos hagamos cargo de defender como ciudadanos aquello en lo que creemos, más allá de la orientación de nuestro voto.

Lo que ahora sucede es que hay grupos de ciudadanos marcando el paso de la oposición política, aprendiendo muy rápido cómo funcionan las estructuras rutinarias del poder y los medios, jugando siempre en la frontera entre la precipitación y la eficacia espontánea. Ahora son las instituciones las que tienen que aprender un nuevo lenguaje de participación que se ha inaugurado y funciona fuera de ellas. Se ha invertido la carga de la responsabilidad: ahora es la política de siempre la que tiene que aprender a ganarse la confianza de la política de ahora.

El mercado, sin embargo, lo entiende todo muy rápido y lleva décadas con su maquinaria de rentabilización en marcha. Google, Facebook, Apple... han entendido desde el primer momento el nuevo esquema. Es el mercado el que se pregunta cómo las nuevas redes sociales, en contacto con otros factores, pueden acelerar a la ciudadanía en su beneficio. Como comenta Guillermo Zapata, escritor y guionista, “para un ciudadano es más sencillo participar de las decisiones o de los procesos de Google que de su ayuntamiento. Y, claro, entonces lo que pasa es que confiamos más en Google que en el ayuntamiento”.

Tenemos unas instituciones que militan en sí mismas, unas formaciones políticas que gastan más tiempo en reivindicar su utilidad que en ser útiles. Se ha extendido lo que podríamos llamar Síndrome Parlamento Europeo: es muy complicado encontrar un diputado europeo de cierto perfil público que no base su discurso en la defensa de las instituciones de la UE; “se toman muchas decisiones importantes que afectan a nuestra vida diaria”, dice el argumento que reclama que seamos más europeístas, como si hubiera alguna cosa inherente a la influencia que la haga ser democrática automáticamente o como si el problema fuera que no creemos en Europa en vez de que no creemos en esta construcción de Europa.

Ese mismo efecto de militancia en las formas políticas actuales se atisba en partidos, medios y referentes institucionales. El rey se plantó una noche en nuestro salón, la Nochebuena, para decirnos lo que era la política y lo que no. Les dijo a millones de españoles que ya no le miraban con los mismos ojos que antes, y él lo sabe, que él estaba con “la política grande”, esa “política con mayúsculas” que se hace valer “frente al pesimismo”. Llamó pesimistas a los que se quejan, que ya hay que tener valor. Muchos medios aquella noche picaron el anzuelo para titular “el rey reivindica la política”, que quedó de nuevo retratada como la contención de lo establecido, la huida de la confrontación ideológica y, sobre todo, aquello que sucede en los asientos del Congreso. Nunca fuera.

Como se explica en esta misma revista, las juventudes de los partidos políticos no están haciendo el trabajo de estimulación política de universitarios, becados, precarios. La politización juvenil, desde los años del Nunca Máis y el No a la Guerra, sucede fundamentalmente en forma de coordinación apartidista, inclusiva, y que muchas veces muere víctima precisamente de la cooptación de los partidos. Cuando los jóvenes acceden al poder por esta vía, hace tiempo que son viejos.

Los partidos de izquierdas no quieren entender que necesitan una sociedad civil porque es el único contrapeso que puede equilibrar la demoledora fuerza económica y fáctica de la derecha y el liberalismo. La política vieja ve en el activismo un caladero de votos o una mano de obra barata que empuje a su favor cuando lleguen las elecciones. En vez de ver una inmensa oportunidad de hacer real la hegemonía, aceptando las críticas y no evitándolas, hay quien intentará reproducir llegado su momento esa absorción hacia las instituciones de la fuerza social. Esta vez será más complicado que ocurra porque las redes de dependencia han cambiado por completo.

Y no estamos hablando de gente que protesta. No estamos hablando de movimientos sociales tradicionales. Es el nacimiento de una nueva sociedad civil.

Se ha gestado un modelo de protesta propositivo y constructivo. “Ya no se basa todo en la insistencia del No sino en la fuerza del Sí”, nos dice Marta, que participa en el colectivo Yo Sí, Sanidad Universal, que defiende la asistencia sanitaria a inmigrantes tras el recorte de la sanidad universal que ahora cumple un año. Más que concentrar sus esfuerzos en la protesta están pensando en maneras de trampear el sistema, hacer caer una ley injusta por la vía de la desobediencia civil, del incumplimiento masivo. Han montado un método de acompañamiento para personas sin derecho a tarjeta sanitaria que consiste en afianzar un pequeño grupo de personas donde siempre haya un sanitario que haga de caballo de Troya de la persona sin papeles en los centros sanitarios.

La PAH ha reunido casi un millón y medio de firmas contra los desahucios y por la dación en pago a través de una red ciudadana construida con un trabajo independiente y constante de asistencia jurídica, psicológica y activista. El potencial del método PAH, que hasta tiene su propia Obra Social y convierte en activista a capas sociales empobrecidas que están tradicionalmente lejos de los estímulos políticos pero sufren directamente la crisis, todavía está por descubrir.

La marea azul, que en España es en esencia un pulso vecinal, ha conseguido en toda Europa paralizar el decreto de la UE que se utilizaba como pretexto para la privatización de la gestión del abastecimiento de agua. Ha sido la primera Iniciativa Ciudadana Europea –una ILP en versión comunitaria, donde se necesitan al menos un millón de firmas de 11 países diferentes para lograr que se admita a debate– en ser admitida a trámite. En Italia se rechazó la privatización por referéndum. En París se ha renacionalizado el servicio.

Es paradigmático el caso de la marea blanca. Médicos y pacientes han sido capaces de organizar una consulta popular en la que han participado 935.794 personas solo en la Comunidad de Madrid, derribando todas las dificultades que deliberadamente les ha puesto la administración en forma de exceso de celo en la burocracia. Y estamos hablando de un sector tradicionalmente conservador, poco dado al activismo social.

Nada de lo anterior significa que los partidos o los sindicatos no sirvan para la democracia. Quien espere leer eso tiene que probar en otra ventanilla. Pero sí que deben aceptar su nuevo papel, que su intermediación sea mucho más fluida, porque fuera de sus estructuras van a pasar muchas más cosas que hasta ahora. Y si no lo ven ellos, lo verán otros que vengan después, que formarán partidos políticos de nuevo cuño que ya empiezan a ensayarse. La pregunta siguiente es si esos nuevos partidos volverán a vampirizar la sociedad. Si ocurre, entonces habrá un recambio de élites institucionales, una nueva mano de notables en juego, pero no una sociedad civil potente y útil para la sociedad.

Ante el bloqueo institucional y el fraude democrático solo existe la salida del desbloqueo social, que puede ocurrir a través de la reforma o a través de la ruptura, a través de la redefinición de las reglas o del cumplimiento de las que hay, pero que no será sostenible sin organizaciones sociales independientes.

DE PROFESIÓN, POLÍTICO

Los políticos españoles se han convertido en un problema. Así lo constatan los estudios sociológicos, que los sitúan como una “casta” privilegiada.

Gonzalo Cortizo

PERIODISTA. JEFE DE POLÍTICA DE ELDIARIO.ES

Tres décadas después de la Transición, los políticos españoles se han convertido en un problema. Así lo ven los ciudadanos consultados por el Centro de Investigaciones Sociológicas. Se instaura en el imaginario social la existencia de una “casta” que basa sus actuaciones en el instinto de supervivencia y en la conservación de sus privilegios; la figura del “político profesional” ha cobrado vida como un elemento lógico en una industria alejada de sus clientes y que sigue vendiendo “el espíritu de la Transición” como razón última de su existencia.

Cada cuatro año elegimos para sus puestos a 350 diputados y 266 senadores. A esa lista habría que sumar los 1.200 parlamentarios autonómicos. La relación se engorda con más de 1.000 diputados provinciales, 8.800 alcaldes y 68.000 concejales electos.

En ese recuento habría que anotar al Gobierno con sus ministros, secretarios de Estado, altos cargos de empresas públicas, asesores, oficinistas de libre designación, gabinetes de prensa, conductores y cocineros. Esta maraña burocrática se repite en las comunidades autónomas. Es la industria de la política. Si tomamos como ejemplo al presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, nos encontramos con el paradigma de político profesional.

Según la biografía que publica en la web de su Gobierno, en 1982 se afilió a las juventudes de Alianza Popular y en 1991 ya era concejal en el Ayuntamiento de Castellón. Sólo tenía 27 años. A partir de ahí, su carrera política siempre fue hacia arriba. En mayo de este año, Fabra se vio salpicado por un pequeño escándalo al trascender su intención de contratar a un personal coach y pagarle 20.000 euros de fondos públicos.

Cuatro meses después supimos que bajo ese paraguas presidencial se cobijan 16 asesores, tres conductores y un cocinero. Como señala el experto en opinión pública Fermín Bouza, “la política es un oficio que tiene grandes ventajas para quien se dedica a ella”.

“Hay que estar en contra de los profesionales de la política pero no de los políticos profesionales”. La frase fue pronunciada por la veterana Rosa Díez en una entrevista con la periodista Ana Pastor. Díez, que entró en política en 1977, dejó para la hemeroteca del canal de televisión La Sexta la siguiente afirmación: “Yo no he vivido de la política. Yo he vivido de mi trabajo y mi trabajo ha sido la política”.

Según los analistas, los partidos tienen clara responsabilidad en la fabricación de políticos profesionales. Las agrupaciones de juventud de las principales formaciones se han convertido en una factoría de cachorros de lo orgánico: chicos preparados para ascender en los aparatos, pero cuyas ideas y propuestas o nunca han sido puestas encima de una mesa o nadie las conoce. De acuerdo con Bouza, “la promoción se hace exclusivamente desde dentro de los partidos con méritos espúreos”

Susana Díaz, nueva presidenta de Andalucía, es un ejemplo de político criado en los jardines de infancia del PSOE. Estrenó su vida laboral con 24 años como concejal en el ayuntamiento de Sevilla. No se le conoce otra actividad profesional.

Muy cerca del ámbito político en el que se mueve Díaz se encuentra Javier Arenas, uno de los ejemplos más claros de que toda una vida en política reporta grandes beneficios económicos para quien adorna esa biografía. Desde 1990 y solo en dinero reconocido públicamente, Arenas ha ganado en política la friolera de 2.574.713 euros.

La fotografía se repite con el presidente del Gobierno. Mariano Rajoy entró en la cosa pública con 26 años. Tras un breve discurrir por los registros de la propiedad en donde ejerció en varias plazas, fue elegido diputado autonómico por Alianza Popular. Rajoy, que nunca renunció a su plaza de registrador, no ha vuelto a medir el valor de un terreno o inmueble.

Quizás el caso más paradigmático en nuestro país sea el de Fátima Báñez. La ministra de Trabajo nunca ha trabajado, al menos lejos del PP. Según la web del ministerio que dirige, nunca ha cotizado en empresa alguna ni ha aprobado oposiciones para obtener un empleo público. Sus primeros puestos le llegaron con los 30 años ya cumplidos y en forma de pequeños cargos de responsabilidad en el PP andaluz.

Fermín Bouza opina que “el objetivo principal de un político es mantenerse en el puesto”. Con el paso de los años, quien lo haya conseguido, acabará perdiendo las referencias con cualquier profesión anterior en el caso de haberla tenido. Para el sociólogo Ignacio Urquizu “hay políticos con más de 30 años de carrera a sus espaldas y que ya no saben hacer otra cosa”

Si miramos a otros países como Francia, las vías de acceso a la política están claramente estructuradas y parten fundamentalmente del mundo académico. La prestigiosa École Nationale d’aministration (ENA) es un vivero en el que se ha formado la práctica totalidad de la clase política del país vecino. Se da la circunstancia de que esa escuela es pública y su acceso no está limitado a la capacidad adquisitiva de sus alumnos.

De sus aulas han salido presidentes como Jacques Chirac o Valèry Giscard D’Estaing y primeros ministros como Dominique de Villepin, Lionel Jospin o Alain Juppé. Otro modo de llegar a la presidencia en Francia es formar parte del grupo de “notables”, aquellos líderes políticos locales que habiendo destacado en sus territorios acceden a los primeros puestos de responsabilidad a nivel nacional. No representando el francés un ejemplo ideal, sí parece difícil pensar que figuras como Fátima Báñez o Javier Arenas encontrasen encaje en la vida pública del país vecino.

LOS PARTIDOS SEGÚN LOS VOTANTES

El bipartidismo, aunque aún no se puede dar por enterrado, está viviendo su mayor crisis desde la restauración de la democracia: la imagen de los principales partidos no ha dejado de deteriorarse en los últimos años.

José Fernández-Albertos

INVESTIGADOR DEL INSTITUTO DE POLÍTICAS

Y BIENES PÚBLICOS DEL CSIC

El deterioro de la imagen. Aunque los partidos políticos nunca y en casi ningún lugar han sido instituciones bien valoradas por los ciudadanos, es bien sabido que su imagen se ha deteriorado en nuestro país de forma notable en los últimos tiempos. Los gráficos muestran la proporción de españoles que, en 2000 y en 2010, están de acuerdo con algunas frases referidas a los partidos: que los partidos son “necesarios para la democracia”, que “sólo sirven para dividir” y que “son todos iguales”. Aunque los partidos son en 2010 percibidos como necesarios para la democracia muy mayoritariamente y en la misma medida que una década atrás, las dos preguntas restantes muestran que el porcentaje de entrevistados que manifiestan opiniones negativas sobre ellos ha aumentado considerablemente en esta década.

No tenemos datos comparables más recientes sobre estas cuestiones, pero si examinamos la evolución de la identificación partidista desde 2010 se puede observar que el proceso de alejamiento de la ciudadanía respecto de los partidos se ha intensificado desde entonces. El gráfico muestra cómo el porcentaje de entrevistados que ante la pregunta de a qué partido se sienten más cercanos son incapaces siquiera de mencionar el nombre de uno ha aumentado espectacularmente en sólo cuatro años. Los encuestados que se consideran cercanos a los dos grandes partidos se han desplomado. De cada tres personas que declaraban que el PSOE era su partido más cercano en 2010, sólo dos lo seguían haciendo en 2013. Este distanciamiento respecto de los partidos grandes no ha sido compensado por incrementos en las afinidades hacia los partidos pequeños. IU y UPyD han visto crecer el número de gente que se siente cercana a ellos, pero sólo muy marginalmente. Como resultado, hoy un 40% de los españoles son incapaces de decir un partido al que se sienten más cercanos que a los demás. La serie no se puede reconstruir hacia más atrás de 2010, porque antiguamente el CIS sólo preguntaba por “cercanía” a los encuestados que no expresaban una intención de voto por ningún partido, pero un análisis de esos datos indican con claridad que el desapego a los partidos actual no tiene parangón en nuestra historia democrática reciente.

¿Cambios en la ideología de los partidos? Esta desafección de la ciudadanía hacia los partidos no parece que haya ido acompañada de cambios significativos en la ideología de los partidos, al menos tal y como la perciben los ciudadanos. El gráfico muestra la evolución en el tiempo (de abajo hacia arriba) de la posición de los cuatro partidos de ámbito estatal en la escala ideológica. Las líneas discontinuas reflejan la posición del votante medio de cada partido, y las continuas la posición media en la que el conjunto de la población percibe que está situado ese partido (esta segunda serie sólo alcanza hasta 2011 porque la última vez en la que el CIS incluyó esta pregunta en los cuestionarios fue en la encuesta postelectoral de noviembre de ese año). La línea negra continua representa la posición del votante medio en cada momento en el tiempo.

Es interesante ver que, con la excepción de Izquierda Unida, los votantes de los tres partidos restantes se sitúan sistemáticamente más a la izquierda que los partidos a los que votan (si medimos la posición de los partidos por las creencias del conjunto del electorado). Esta diferencia es particularmente llamativa para el caso del Partido Popular: sus votantes son, en una escala de 1 a 10, un punto más de izquierda que su partido. ¿Cómo es posible que persista en el tiempo esta “disonancia” entre la ideología del votante popular medio y la de su partido? En primer lugar, el Partido Popular es percibido como muy extremo por grupos de votantes alejados ideológicamente de él, lo cual mueve su ideología percibida media hacia la derecha sin que tenga apenas costes electorales. En segundo lugar, como el politólogo Lluís Orriols ha mostrado en varias ocasiones, el Partido Popular es “camaleónico” hacia su electorado: es percibido como un partido de derecha por aquellos grupos de votantes más conservadores, y como centrista por parte de los votantes moderados.

Que desde el punto de vista agregado la ideología percibida media del PP sea más extrema que la ideología de su electorado no implica necesariamente que los votantes de este partido lo vean como alejado a sus preferencias ideológicas.

El gráfico también muestra algo bien conocido: el votante medio español es ligeramente de izquierdas (la posición ideológica media siempre está por debajo del 5), y se ubica entre las posiciones asignadas al PSOE (ligeramente más a la izquierda que este votante medio) y la de UPyD (ligeramente más a la derecha).

Por último, no parece que haya ningún cambio significativo en la ideología de ninguno de estos partidos durante este periodo, ni usando como medida la ideología del votante medio del partido ni la de la percepción general del partido. Es cierto que el Partido Popular parece que experimentó una leve pero constante evolución hacia la derecha en la primera década del siglo (el votante medio del PP se derechizó entre 2000 y 2011 medio punto), pero desde las últimas elecciones generales esa tendencia parece haberse revertido.

Podría ser que estas posiciones medias de los electorados y de los partidos estuvieran ocultando una mayor variación ideológica en los electorados y una mayor heterogeneidad ideológica dentro de los partidos. Si, como muchos argumentan, la identidad de los partidos se hubiese ido difuminando con el tiempo, deberíamos esperar que los partidos estuvieran compuestos cada vez más por grupos de votantes más heterogéneos y fueran percibidos de manera más diferente por la población. No parece ser ese el caso. El gráfico muestra la evolución de un indicador de la dispersión de la ideología de los votantes y de las percepciones de los partidos (la desviación típica) para este mismo periodo, y muestra dos cosas: que el Partido Popular es el que tiene un electorado ideológicamente más heterogéneo y sobre el que hay menos consenso sobre dónde ubicarlo en la escala ideológica (las líneas que representan al PP tienden a estar por encima de las demás); pero más importante, que ni los electorados ni las percepciones de los partidos son ahora más heterogéneos que lo eran a principios de siglo.

Crisis económica y polarización. En resumen, y al menos en estos datos, no es posible detectar un incremento de la polarización partidista en España en los últimos años similar a la observada en otros países. ¿No deberíamos esperar que la crisis económica y sus desiguales consecuencias en diferentes segmentos de la población deberían haber contribuido a una mayor diferenciación de los partidos?

Antes de abordar esta cuestión, conviene recordar una peculiaridad de la competición electoral en España: a diferencia de la gran mayoría de países de nuestro entorno, en los cuales el principal eje de conflicto político es sobre al papel que debe jugar el Estado en la economía (dicho de forma simplificada, ¿debe el Estado recaudar mucho y proveer muchos servicios, o todo lo contrario?), en nuestro país la gente con diferentes adscripciones partidistas tiene posiciones muy parecidas en torno a esta cuestión. El gráfico procedente de una serie de trabajos realizados con Dulce Manzano muestra la correlación entre la predisposición a votar al PP respecto al PSOE y la opinión que tiene el entrevistado sobre diferentes temas de relevancia política: si el Estado debe ser completamente laico o confesional, si España debería ser un Estado central o debería descentralizarse, sobre cómo de flexible debería ser en la entrada de inmigrantes, sobre si debería priorizarse el orden público sobre las libertades individuales, la protección al medio ambiente sobre el crecimiento económico, y finalmente sobre el papel si el Estado debería aumentar sus ingresos y proveer más servicios o lo contrario. Una correlación alta indica que existe una asociación fuerte entre sentirse predispuesto a votar más a un partido que a otro y adoptar una posición determinada sobre esa cuestión. Una correlación baja indica que la cercanía a uno de los dos partidos no está asociada con opiniones de un signo o de otro en ese tema.

Es muy llamativo que el conflicto “económico” sea el que peor distinga a los electorados de uno y otro partido: es cierto que los encuestados cercanos al PP tienden a preferir menos impuestos y menos servicios públicos que los del PSOE, pero cualquiera de las otras preguntas sirve mucho mejor que esta para diferenciar los electorados. De hecho, los ciudadanos perciben a los dos grandes partidos como muy parecidos en estas dos cuestiones.

La crisis económica no parece haber alterado sustancialmente este orden de cosas, al menos hasta el año pasado. El gráfico muestra la evolución de la posición del electorado y de los tres principales partidos de ámbito estatal respecto a este eje de conflicto político. Tres resultados merecen ser señalados. Primero, la opinión mayoritaria era y sigue siendo priorizar los servicios públicos y el gasto social respecto a las rebajas de impuestos (hasta los votantes del PP tienen una posición media inferior a 5, el punto medio en esta escala). En segundo lugar, todos los electorados se han movido levemente hacia la “derecha” en estos tres años. Por último, las diferencias entre los electorados en estas cuestiones siguen siendo mínimas e incluso se han reducido. De hecho, parece que son los votantes de izquierda los que más han aumentado su sensibilidad hacia las subidas de impuestos durante este periodo. La crisis no parece que haya generado una mayor polarización política en nuestro país, al menos así lo constatan estos indicadores sobre la preferencia por un determinado modelo de Estado del bienestar.

Dos posibles escenarios de futuro. Este escueto repaso a la popularidad y a la identidad ideológica de los partidos políticos en España nos ofrece algunas pistas sobre cómo deberíamos esperar que evolucionara nuestro sistema de partidos en el corto y medio plazo.

Podemos imaginar dos escenarios hipotéticos “extremos”. En el primero de ellos, el desplome de la popularidad de los dos grandes partidos acaba catalizando en unos mayores apoyos a las nuevas fuerzas políticas, dando como resultado un sistema de partidos multipolar. Es el escenario que dibujan ya muchas encuestas, y que alteraría de manera radical la competición electoral, el sistema de partidos, los tipos de gobierno, y las relaciones entre el ejecutivo y el parlamento tal y como las conocemos hasta la fecha.

En un segundo escenario, los dos grandes partidos logran mantener su centralidad como lo han hecho sin interrupción desde 1982. A pesar de que la imagen de PSOE y PP esté en mínimos históricos y nada apunte a que se vaya a revertir en el corto plazo, hay algunos factores que podrían hacer que estos dos partidos no vieran alterada su centralidad en el sistema. En primer lugar, las encuestas muestran que los electores desencantados con estos partidos no están encontrando acomodo fácil en las terceras opciones. Muchos de ellos se definen como abstencionistas o indecisos, ocultando quizá una tendencia subyacente a reactivar sus identidades partidistas previas cuando lleguen las elecciones. En segundo lugar, tanto Rajoy como Rubalcaba son líderes enormemente impopulares, por lo que un cambio podría lograr atraer a nuevos votantes o al menos frenar la pérdida de los actuales. Por último, no hay que olvidar que un cuarto del parlamento se elige en circunscripciones de cinco diputados o menos, lo que las hace en la práctica casi inaccesibles para terceros partidos. A no ser que ocurriera una debacle de PP y PSOE, el sistema electoral sin duda amortiguará las consecuencias en términos de representantes que tendría una pérdida de votos para los partidos grandes.

Podemos especular sobre qué factores contribuirían a que nos aproximáramos más a un escenario u otro. Un alargamiento de la crisis económica nos acercaría seguramente al primer escenario. Pero si a diferencia de lo observado hasta la fecha la crisis acaba derivando en una mayor polarización entre los dos principales partidos, quizá eso podría lograr reactivar la competición entre PP y PSOE, lo que nos movería hacia el segundo.

En definitiva, el bipartidismo no se puede dar todavía por enterrado, pero sin duda se enfrenta en la actualidad a su mayor crisis desde la restauración de la democracia.

URNAS IMPERMEABLES A LA CORRUPCIÓN

Malversación, cohecho y tráfico de influencias invaden los periódicos y los informativos, pero apenas mueven votos. Los españoles, sin embargo, están cada vez más lejos de la clase política, algo que a la larga puede incrementar la impunidad.

Natalia Chientaroli

JEFA DE SOCIEDAD DE ELDIARIO.ES

Felipe González se enfrentó con una sonrisa a las cámaras la noche del 3 de marzo de 1996. Tras una legislatura salpicada por escándalos de corrupción y en la que competían en la portada de los periódicos el procesamiento judicial de miembros del Gobierno, las dimisiones de ministros, las escuchas ilegales a la Casa Real y hasta una fuga de película, los resultados de las elecciones generales no podían ser más “dulces”.

El PSOE había perdido por menos de 300.000 votos, y había conseguido prácticamente el mismo apoyo que en 1993: apenas un 1,3% menos. González se pavoneó: “Nos ha faltado una semana y un debate” y agradeció los 9,4 millones de votos “a pesar de lo que ha llovido”.

Frente a unas encuestas que vaticinaban un desastre electoral épico, el PP de José María Aznar le arrebataba el Gobierno al PSOE por la mínima mientras politólogos y sociólogos apuntaban una conclusión que se ha mantenido como parte de la sabiduría popular: los españoles no castigan la corrupción en las urnas.

No es que no la perciban. Según la última encuesta de Transparencia Internacional, los españoles creen que sus políticos se encuentran entre los más corruptos del mundo. El 83% de los participantes en el estudio duda de su integridad. Los partidos reciben un 4,4 de nota (5 es la peor), una calificación a la altura de países como Paraguay, India o Chipre, y peor que en Colombia, Argentina, Liberia o Túnez, por ejemplo. Además, el 66% de los encuestados piensa que el problema ha aumentado en los últimos años.

“Hemos tenido siempre una cultura muy laxa, tolerante y permisiva con la corrupción”, analizaba Jesús Lizcano, presidente en España de Transparencia Internacional, tras la presentación de estos datos. Para este catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, el cambio social sólo puede esperarse a largo plazo, ya que se trata de “cuestiones de moral y principios éticos que deben aprenderse en el ámbito familiar y en las escuelas”.

Si esto es así, puede ser que los anticuerpos culturales para enfrentarse a la falta de honradez de los representantes políticos esté creciendo lentamente. El informe del CIS del pasado julio indica que aunque el desempleo sigue siendo la principal preocupación para el 80,9% de los encuestados, la corrupción es ya la segunda, con un 37,4%. Una subida de cinco puntos.

En 1996, días antes de que el PP ganara las elecciones, el CIS también detectaba que la corrupción era uno de los tres mayores problemas de España, aunque con un 20,9% (16,5 puntos menos que ahora). Y los políticos no estaban ni de lejos tan mal valorados. El 6,7% los calificaba de “problema”. Hoy lo hace el 27,6%. De Roldán a Bárcenas hay un salto cuantitativo: la desconfianza ciudadana casi se quintuplica.

Según datos de la Fundación Alternativas, en las elecciones municipales de 2007 casi un 70% de los candidatos implicados en casos de corrupción consiguió la reelección. Y en las de 2011, en 60 de 106 ayuntamientos volvió a ganar el partido acusado o condenado por corrupción. Es más, en el 58% de los municipios fue reelegido el propio candidato implicado.

El de Jesús Gil es quizá el caso más paradigmático. Con un historial en el que constan 25 imputaciones en procedimientos penales (muchos anteriores a su andadura política), gobernó Marbella durante 11 años en los que incluso debió abandonar temporalmente la alcaldía para ir a la cárcel. En 1999 fue a prisión por el caso Camisetas –el desvío de fondos municipales hacia su club de fútbol, el Atlético de Madrid–, pero siguió como alcalde hasta que en 2002, ya inhabilitado, dejó en el ayuntamiento a su hombre de confianza, Julián Muñoz. A los marbellíes no les importó. En 1999 Gil había sumado 21.971 votos, el 52%, con 15 concejales. En 2003 Muñoz incluso se da el gusto de superarlo en 7 votos, y vuelve a triplicar el resultado del PSOE, con 15 concejales contra 5.

Pablo Fernández-Vázquez, Pablo Barberá y Gonzalo Rivero, del departamento de Ciencia Política de la Universidad de Nueva York, sostienen en un estudio publicado este año, Rooting Out Corruption or Rooting For Corruption?, que no todos los actos de corrupción son percibidos de la misma manera. Y apuntan que cuando el ciudadano entiende que la acción del político le beneficia (porque mejora su bienestar o el de su entorno) tolera sus actividades ilegales o su enriquecimiento. Otro estudio, de los profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona Jordi Muñoz, Eva Anduiza y Aina Gallego, Why do voters forgive corrupt politicians?, afirma que el efecto positivo para el elector eleva en 14 puntos porcentuales la probabilidad de votar a un político corrupto.

Gil llegó a Marbella con el discurso adecuado: un millonario que tiene como objetivo convertirse en el tallador de un diamante en bruto. La transformación de la ciudad fue tal que a pesar de los escándalos del incombustible y mediático constructor, el GIL (Grupo Independiente Liberal) siguió lucrándose con total impunidad de la sucesión de pelotazos urbanísticos. Una moción de censura les apeó del ayuntamiento, pero las prácticas corruptas continuaron ajenas al color político de los protagonistas. El 29 de marzo de 2006, los principales miembros del consistorio marbellí amanecían acusados de prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias... Entre ellos, la alcaldesa, Marisol Yagüe (expulsada del PSOE), la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, y el asesor municipal de Urbanismo, Juan Antonio Roca, que ya había sido gerente de Urbanismo con Jesús Gil. La Operación Malaya, en la que se incautaron bienes por valor de 2.600 millones de euros, se convirtió en un culebrón mediático en el que se hablaba de cuadros de Miró en el baño y en el que había hueco para la actuación estelar de Isabel Pantoja. Con sus 95 procesados, Malaya actuó como punto de inflexión, significó el impulso de otras investigaciones y puso en primer plano a la corrupción como consecuencia de una burbuja que aún no amenazaba con estallar.

Un cambio en el sistema electoral. De acuerdo con un estudio de la Universidad de La Laguna, el 8,6% de los municipios españoles ha registrado algún caso de corrupción urbanística desde el año 2000. En total, 676 ayuntamientos, lo que significa que 26,3 millones de españoles, el 56,1%, ha vivido de cerca algún caso. Andalucía y la Comunidad Valenciana encabezan la lista de territorios más afectados, con 154 y 94 municipios tocados. El texto Aproximación a una geografía de la corrupción urbanística señala a la zona del Mediterráneo como la más generadora de delitos políticos, en parte porque es la que ha sufrido un crecimiento urbanístico más acusado y, en muchos casos, descontrolado. Murcia aparece con un 57,8% de municipios afectados. Por detrás, Baleares, con el 35,8%.

Esa indiferencia de los votantes hacia la corrupción no solo se ve en municipios medianos como Marbella. La sufren autonomías enteras. La Fiscalía Anticorrupción investiga en Baleares más de una veintena de casos diferentes, la mayoría correspondientes a la legislatura 2003-2007, en la que el PP de Jaume Matas y Unió Mallorquina (UM) gobernaban en coalición las islas. La expresidenta del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar (UM) y el exconseller de Turismo (UM) Miquel Nadal han sido condenados a seis y cuatro años de cárcel por prevaricación, fraude y revelación de información confidencial por los casos Can Domenge y Voltor. Pero otros casos siguen en danza: Scala, Bitel, Maquillaje, Andratx, Turismo Joven, Son Oms, Peaje, Bomsai, Ibatur, Mar Blau, Cloaca, Picnic, Sant Elm, Funeraria, Piñata, Ossifar, Relámpago... Hasta llegar a Nóos, que implica a la familia real. En 2011, con medio PP desfilando por los tribunales y Matas, el líder histórico, a punto de ser condenado, los populares se temían una catástrofe en las urnas. Renovaron el partido y ganaron por mayoría absoluta, como si nada hubiera pasado.

Y si en Andalucía la corrupción tomó la forma del folletín malayo, en Alicante olía a Brugal. El caso, que comenzó investigando en 2006 posibles delitos de soborno, extorsión y tráfico de influencias en la concesión irregular del servicio de recogida de basuras de varias localidades alicantinas, acabó con la imputación de la alcaldesa de la capital, Sonia Castedo (PP). Estaba implicada en la trama por la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, junto con su antecesor, el también popular Luis Díaz Alperi. En 2010 Castedo reconoció que un constructor, el empresario y principal imputado, Enrique Ortiz, le había regalado un viaje en yate a las Islas Baleares. Pero poco después, en 2011, la alcaldesa consigue el mejor resultado de la historia del PP en Alicante. Pasa de 15 concejales a 18, con casi 12.000 votos más que Alperi. Después fue imputada, y así sigue, por lo que a pesar del aplastante triunfo, el líder de su partido, Mariano Rajoy, se ha cuidado mucho en los últimos años de no aparecer en ninguna foto con la flamante alcaldesa.

Pero Castedo no es la única. En la actualidad hay más de 300 políticos españoles imputados por su presunta implicación en casos de corrupción. Casi medio centenar de exalcaldes y una treintena de alcaldes en el poder figuran en investigaciones judiciales. Algunos de ciudades tan importantes como Lugo, Murcia o la propia Alicante.

En las elecciones municipales y autonómicas de 2011 más de 100 imputados aparecían en las listas de los principales partidos. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, el PP presentaba una con nueve imputados, incluido su número uno, Francisco Camps. El criterio de populares y socialistas para incluir o no a los políticos afectados por investigaciones judiciales llenaba entonces páginas de periódicos. Nunca se ha logrado una norma clara o un acuerdo fidedigno entre partidos.

“A la hora de limpiar las instituciones de políticos corruptos, tenemos lo peor de cada sistema electoral: ni candidatos a los que podemos castigar individualmente ni la opción de dirigir el voto hacia alternativas nuevas o minoritarias”, apunta Víctor Lapuente en el informe de la Fundación Alternativas ¿Por qué la corrupción no se castiga?

Pero no es esta la única razón por la que la reprobación popular no se traduce en las urnas. El estudio de Pablo Fernández-Vázquez, Pablo Barberá y Gonzalo Rivero concluye que la falta de castigo electoral no se debe a que el votante tolere la corrupción, sino a que valora sus beneficios indirectos. Una situación habitual en tiempo de vacas gordas, pero que en plena crisis económica es más improbable. A ello hay que sumarle, por supuesto, el músculo de los partidos.

Los partidos, sobre todo los grandes, suelen poner su inmensa maquinaria de movilización en marcha para proteger a los miembros bajo sospecha o minimizar el impacto electoral de sus actos. El caso de la Comunidad Valenciana es muy ilustrativo. En 2009, su presidente, Francisco Camps, fue imputado por el juez Baltasar Garzón en otra de las investigaciones que han marcado la vida política española de los últimos años: el caso Gürtel. A pesar de ello, y de una segunda imputación en 2010, Camps volvió a presentarse a las elecciones autonómicas con el apoyo de los principales miembros de su partido, incluido Mariano Rajoy. En mayo de 2011 consiguió su tercera legislatura con casi los mismos votos que en 2007, cerca del 49%, y con más diputados. Pero esa misma maquinaria de apoyo se encarga también de eliminar aquellos elementos que puedan llegar a perjudicar al partido. La mayoría absoluta de Camps no impidió que ese mismo año la presión interna por la repercusión mediática del caso lo llevara a dimitir cuando estaba a punto de sentarse en el banquillo.

Hacer que se esfume la cara más quemada parece ser la estrategia de los grandes partidos para evitar que las acusaciones o los delitos debiliten su poder, sobre todo en sus históricos bastiones. El socialista José Antonio Griñán ha admitido que la investigación de la juez Mercedes Alaya sobre el caso de los ERE ilegales ha pesado en su decisión de dimitir como presidente de la Junta de Andalucía. Susana Díaz, su sucesora, ha eliminado del Gobierno a los consejeros que podrían ser salpicados por esta trama de supuesta malversación de fondos durante una década para beneficiar a familiares y amigos. Es su intento de bajar los decibelios de un caso que ya cuenta con un centenar de imputados, entre ellos la exministra Magdalena Álvarez. Este caso y el de Mercasevilla, que investiga una presunta extorsión, pueden haber hecho daño a los socialistas. En las últimas elecciones autonómicas, en 2012, el PSOE perdió por primera vez en 30 años. Pasó de la mayoría absoluta a conseguir menos votos que el PP, lo que le obligó a formar gobierno con Izquierda Unida. Sin embargo, los analistas no mencionaron tanto la corrupción como el desgaste del Gobierno de Zapatero y su derrota en las generales como razones del batacazo.

Algo similar ocurre con el hundimiento electoral de CiU, que en las últimas elecciones autonómicas de noviembre de 2012 pasó de 62 diputados a 50. Las razones se atribuyeron al rechazo a la política de recortes y no a la lista de casos de corrupción que han salpicado a la coalición: Palau, Pretoria, Estevill, ITV o Pallerols, cuya sentencia en firme obligó a reconocer a Unió que se había financiado ilegalmente. El de Convergència es un caso único: el principal partido de una comunidad, que además está en el Gobierno, tiene la sede embargada por un caso de corrupción (Palau).

Al desaparecer de la candidatura el político bajo sospecha, el votante puede pensar que ya ha recibido su castigo y así seguir apoyando a la misma formación política. En Madrid, tras el estallido del caso Gürtel, el PP revalidó su mayoría en los tres municipios más ligados a la trama. El alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, dimitió en 2009 tras conocerse su implicación en la investigación, en la que aparece con su alias, El albondiguilla. En 2011, el PP presentó otro candidato, que consiguió el 65% de los votos, apenas 5 puntos menos que Panero, y repitió una distancia de 50 puntos respecto del segundo, el PSOE. En Arganda del Rey la situación es parecida. El alcalde Ginés López dimitió en 2009, y en las municipales el PP consiguió prácticamente el mismo porcentaje de votos, más del 53%. Y en Pozuelo de Alarcón, tras la imputación de Jesús Sepúlveda y su renuncia, los populares volvieron a ganar las elecciones con más del 67% de los votos. Sepúlveda ha vuelto a ser noticia tras la revelación en eldiario.es de que tras su salida del ayuntamiento y hasta hace pocos meses continuó cobrando un sueldo como asesor del partido.

Otro factor que ayuda a que los políticos corruptos no sean castigados en las urnas es el de la politización de los medios de comunicación. La adscripción ideológica tan evidente que se da en España de los medios puede modificar la percepción de la sociedad ante un caso de corrupción. Las denuncias contra un determinado partido pierden credibilidad entre sus votantes si las realiza un medio cercano al partido rival. “Cuando un periódico destapa un escándalo de corrupción suele ser recibido por la otra trinchera como una estratégica interesada, que tiene como única intención el descrédito o la difamación del adversario por cuestiones estrictamente políticas. Esto provoca que los ciudadanos, tristemente atrincherados en alguno de los bandos, se tomen con altas dosis de cinismo los escándalos publicados en los periódicos rivales”, explica Lluís Orriols.

Esta dinámica genera, además de una creciente desafección política, un riesgo de fallo del sistema. La convicción de que todos los partidos son corruptos garantiza el statu quo. ¿Para qué cambiar el voto si todos son iguales? Mejor seguir apoyando al partido más cercano ideológicamente. De ahí que la defensa habitual de las formaciones políticas ante un caso de corrupción sea apelar al discurso del “y tú, más”.

La cuestión está en si la cada vez más evidente preocupación de los ciudadanos por la corrupción, cuya sombra afecta incluso al presidente del Gobierno y su partido, se traducirá en una exigencia ciudadana de renovación política o en una distancia cada vez mayor entre representados y representantes, a tono con el “que se vayan todos” que se coreaba en las manifestaciones argentinas tras la debacle económica e institucional de 2001. Puede que el desafío resida más en los electores que en los elegidos.

EL FUTURO DE LOS

PARTIDOS

Habrá partidos? Habrá espacios educativos y habrá espacios informativos. Habrá también activistas, agitadores de conciencia, personas que asuman o personalicen responsabilidades colectivas. Y ello exigirá organización e ideas.

Joan Subirats

CATEDRÁTICO DE CIENCIA POLÍTICA DE UAB

En el escenario actual se mezcla el derrumbe de los acuerdos que impulsaron la Transición política y el nuevo orden constitucional con la tremenda erosión en la credibilidad de los partidos que los protagonizaron y de las instituciones que esos mismos partidos se afanaron en ocupar y blindar. Y todo ello bien sacudido y zarandeado por el cambio tecnológico, la crisis económica y la pérdida de referentes sobre hacia dónde nos dirigimos. No puede, pues, resultar extraño que hablar del futuro de los partidos en España sea como tomar parte en el juego de cricket que describe Lewis Carroll en su Alicia en el país de las maravillas: un campo lleno de surcos y pendientes, donde las pelotas eran puercoespines con tendencia a desenrollarse e ir cada uno por su lado; los palos eran flamencos que en el momento del golpe se daban la vuelta para mirar al jugador con aire interrogante y las puertas por donde tenían que pasar las bolas eran soldados apoyados formando arcos que también se levantaban y se movían. Si todo esto no fuera suficiente, los jugadores no respetaban los turnos y discutían por cada jugada. No es extraño que Alicia encontrara el juego “verdaderamente difícil”.

Antes. La Transición fue protagonizada por los partidos políticos y por los movimientos sociales que en aquella época estaban profundamente articulados en torno a algunos de esos mismos partidos. Todos sabemos que las normas de participación y representación que se establecieron en esa etapa fundacional primaron de manera extraordinaria a los partidos y, sobre todo, a los partidos que ya estaban dentro del sistema y que mantenían una posición de hegemonía. Leyes electorales, iniciativas legislativas, posibilidad de referendos y consultas directas, distribución de espacios electorales en los medios, reparto de fondos económicos… Se mire por donde se mire, la lógica es la misma: participar implica partido e institución. Institución implica partido. Y, así, la lógica fue la misma en el desarrollo de las autonomías o en los ayuntamientos democráticos, con clara partidificación de candidaturas locales que tenían, en su origen, sus propias dinámicas.

En todos estos años, la ocupación por parte de los partidos de las instituciones y de todo el entramado que de ellas se deriva (entes o empresas públicas, organismos autónomos, representación en instituciones financieras, consejos de entidades participadas, organismos europeos y multilaterales…), vista con normalidad, ha ido siendo absoluta. Se fue generalizado el uso de fundaciones de los partidos que vehiculan fondos y personas. Y también se fue convirtiendo en rutinario el uso del mecanismo de la puerta giratoria, por el cual exdirigentes de partido o excargos institucionales (y de partido) pasan a ocupar cargos importantes en compañías de utilities (eléctricas, gas, agua, comunicación…), sin que ello acabe impidiendo regresos más o menos acelerados a la vida política activa.

Al mismo tiempo, los partidos fueron dejando muy pocos resquicios para que la dinámica social pudiera disponer de sus propios espacios de autonomía y de expresión política diferenciada. Sin distinciones significativas, al menos hasta hace poco, todos los partidos entendieron siempre que la política era cosa suya. La movilización social, surgiera de donde surgiera y tuviera la temática que tuviera, tenía que desembocar en la ventanilla correspondiente del partido, que se ocuparía de ver cómo se podía arreglar la cosa. La verdad universal era: “No hay política fuera de los partidos, ni fuera de las instituciones (que es donde están los partidos para representarnos a todos)”.

La teoría ha ido dando fe de estos cambios, y así, si antes se hablaba de “partidos de notables” o “partidos de cuadros” y luego de “partidos de masas”, más recientemente se habla de “partidos cartel”, partidos en los que su actividad se hace cada vez más autorreferencial, tecnocrática y profesionalizada. Ese tipo de estructuras ha ido requiriendo muchos recursos, sea para alimentar constantemente las estructuras de poder que se ocupaban, como para asegurar el mantenimiento de la legitimidad o consenso conseguido en las sucesivas contiendas electorales. Los recursos han ido viniendo de las subvenciones que las instituciones que ellos ocupan les van proporcionando (mucho), de cuotas de militantes (poco), a veces de porcentajes de los sueldos que sus afiliados cobran en las instituciones (poco), de donaciones de privados previstas en las leyes (según), y de otras fuentes (ni se sabe).

Como bien sabemos, es en ese punto en el que acaba el párrafo anterior de donde vienen muchos problemas. La mezcla de profesionalización, falta de renovación, necesidad de seguir haciendo que la máquina representativa siga su curso y que, si puede ser, amplíe la capacidad de generar consenso… Todo ello provoca la necesidad de contar cada vez con más gente que proporcione ideas, trabajo y actividad, o de conseguir más dinero para que todo fluya. Si entra mucha gente, bien, pero ello hace que crezca la competencia y los codazos. Para conseguir más recursos, una vez habituados a gastar todo lo que llega por los canales oficiales, solo ha ido quedando la posibilidad de aprovechar las posibilidades, pocas o muchas, que las posiciones de poder ocupadas ofrecían. Y por ahí llegamos donde estamos. La descripción es sumaria y seguramente injusta, ya que no todos son iguales, ni todos han hecho exactamente lo mismo. Pero, seguramente, en relación a los grandes partidos, el paisaje no es muy distinto al que aquí hemos esquematizado.

Ahora. ¿Y ahora qué? En pocos años el escenario descrito se ha vuelto mucho más complicado y azaroso. Nos hemos fijado en los partidos políticos, pero es evidente que si miramos a muchos otros lados, el escenario ha cambiado radicalmente en pocos años para casi todos. En la política institucional, la crisis económica, el cambio de época, ha impedido que la máquina de “dinero-votos-más presupuesto-votos-dinero…” siguiera su curso inalterable, comprando conciencias, tapando bocas, ya que todo lo que podía parecer irregular acababa teniendo consecuencias positivas para todos. No todos al mismo nivel, sin duda, pero a quien más, quien menos, le caía algo… Sin presupuestos incrementalistas, sin la máquina del ladrillo generando “externalidades positivas” para los que la manejaban, y con dificultades para seguir distribuyendo a través de las políticas sociales, todo se tambalea. Y, además, están las redes sociales que permiten no solo hacer política sin la intermediación de los partidos, sino que surjan acontecimientos como el 15M que arrase diciendo que la política (institucional y de partido) ya no es parte de la solución, sino que es parte del problema.

Al final, volvemos a estar como al principio. Reclamando democracia. Reclamando hacer nueva política. Culpando a los que están en el poder de quedarse con todo. Pero siendo cada vez más conscientes, como en los setenta, de que los que mandan no son los que dicen mandar, sino los que les dicen lo que tienen que hacer. Bárcenas, los ERE en Andalucía o el caso Palau en Cataluña son la parte visible y escandalosa del iceberg político-financiero que sigue usando las palancas institucionales, aquí y en Europa, para mantener su hegemonía. Pero ahora el poder es más difuso, menos aprehensible, y los partidos tratan de defender sus posiciones como hace la SGAE u otros espacios de intermediación.

Nos encontramos en una situación de creciente fragmentación social, con una gran pluralidad de ideas, de lugares y destinos, y en cambio, los sistemas de gobierno y de decisión colectiva siguen absurdamente centralizados. Son cada vez más las ciudades donde se detectan nuevas formas de hacer, de estar y de conectar, mientras los Estados tratan trabajosamente de ver cómo siguen manteniendo legitimidad y apariencia de poder. Los partidos centrales (y de centro) tratan de atrapar y articular una realidad cada día menos atrapable y articulable. ¿Son necesarios?, o ¿siguen siendo necesarios, ya que no tenemos con qué reemplazarlos?

La existencia de los partidos está íntimamente vinculada a la necesidad de legitimación política, primero de los Estados liberales, y después de su progresiva democratización. Y, por tanto, son claves en las dinámicas de representatividad que fundamentan esos regímenes. Pero ¿cuáles son sus mandatarios? ¿A quién han de dar cuentas? ¿Cómo asegurar la continuidad de vínculo con quienes les han votado? No es un problema específico de España, pero aquí, en el caso de los grandes partidos, empieza a ser patológico. Y la crisis de los partidos arrastra la de las instituciones, ya que unos y otras no se entienden por separado. Por otro lado, los partidos son organizaciones, y como tales deberían estar atentas al cambio en su entorno, para evitar crisis de acomodación. Mientras las empresas y otras formas asociativas han tratado de buscar respuestas posfordistas a sus crisis recurrentes, los partidos siguen anclados en sus pautas tradicionales, a las que han añadido marketing y web.

Y, ¿después? Decía hace poco Ulrich Beck en una entrevista que los partidos son creaciones del Estado-Nación, mientras que la generación global, la que se mueve en las redes, está en una situación similar a la de Cristóbal Colón al llegar al Nuevo Continente. Son ellos, decía el sociólogo alemán, los que están explorando el Nuevo Mundo, un mundo sobre el que aún no disponemos de mapas. Estamos, por tanto, en los albores de una nueva época, y las protestas que surgen aquí y allá son expresiones, diversas, contradictorias, que lo que tienen en común es la voluntad de refundar la política, de transformar lo actualmente existente.

Deberíamos distinguir por tanto, momentos, fases, situaciones. No sabemos cómo se hará política en el futuro. O sea, no sabemos cómo se tomarán decisiones colectivas que traten de afrontar problemas comunes, distribuyendo costes y beneficios entre unos y otros, que eso es la política. Sí que sabemos que la diferenciación social, la heterogeneidad, crecerá, y que por tanto la capacidad de articular esa complejidad en unidades o agregados con ciertas dosis de unidad ideológica y de disciplina organizativa no será algo fácil ni probablemente esperable.

Si seguimos reclamando que nos devuelvan la democracia que nos prometieron, entonces hemos de asumir que las decisiones deberán tomarse de manera agregada, con deliberación y presencia más o menos directa de la ciudadanía. La escala será variable, ya que dependerá del tipo de problema, de la comunidad involucrada, etc. Por tanto, difícilmente podemos imaginar que seguirán existiendo partidos-nación, que eran en cambio plenamente funcionales en marcos de Estado-nación. La intermediación será necesaria, pero no será como la que hoy reclaman de forma monopolista los partidos. Más decisiones directas, con más necesidad de articular debates y generar agregados que puedan acabar decidiéndose desde posiciones informadas y conscientes de sus efectos. Más horizontalidad, más conocimiento compartido, más decisiones colectivas. La representatividad será un elemento clave, pero no podrá seguir basándose en que los “presentes” (los representantes, los que el partido ha decidido que se presenten, y que los ciudadanos han elegido) hacen lo que quieren en nombre de los “ausentes”. Ya que esos “ausentes” estarán mucho más “presentes”. Sin rendición de cuentas, sin transparencia, no habrá representación que aguante. ¿Habrá partidos? Es como preguntar si habrá universidades o periódicos. Lo que imaginamos es que habrá espacios educativos y habrá espacios informativos. Habrá también activistas, agitadores de conciencia, personas que asuman o personalicen responsabilidades colectivas. Y ello exigirá organización e ideas.

Entre dónde estamos y dónde llegaremos, la oscuridad es notable. No hay mapas. Pero hay exploradores. Y hay quienes lo miran todo diciendo, cuando haya mapas ya iremos. Me apunto a la exploración.

NI CONTIGO NI SIN TI

Isaac Rosa

ESCRITOR

De acuerdo, estos partidos ya no nos valen, con ellos no esperamos llegar muy lejos, y su suerte parece inseparable de la del régimen que han gestionado, la España de la Transición. Ahora bien: si no nos subimos al autobús partidista y elegimos ir a pie, por nuestra cuenta, ¿esperamos llegar mucho más lejos? ¿O tal vez podríamos cantarle a los actuales partidos aquello tan desesperado de la copla: “Ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio; contigo porque me matas, sin ti porque yo me muero”?

Ni contigo. No creo que haya que argumentar demasiado la primera parte del verso, aplicado a los partidos actuales: “Contigo no, porque me matas”. Del derrumbe económico, institucional y social español son corresponsables los partidos que no supieron gestionar la prosperidad cuando la hubo, que no supieron anticipar el desplome, y que no se esforzaron por desarrollar mucho más aquella democracia en pañales que nos dejó la Transición. Por eso ya no esperamos que nos conduzcan más que a un precipicio o un callejón sin salida, y no confiamos en sus discursos de regeneración.

Ahí estarían, en primer lugar, el PP y el PSOE, las dos patas del bipartidismo. La alternancia en el poder ha sido un tapón a las aspiraciones de más democracia, más derechos y más bienestar. Y ahora, llegado el momento de las grandes decisiones, ambos actúan como un freno, incapaces de romper con sus propias inercias, o directamente comprometidos en que nada cambie en el fondo.

Aunque la mayor parte de responsabilidad se la repartan PP y PSOE, no están solos: en su gestión de la España constitucional han participado también los nacionalistas gobernantes, CiU y PNV. Cada uno a su manera, y con sus tiras y aflojas, han sido responsables de que sus territorios no sean ajenos a la descomposición actual, pero también de que no hayan resuelto sus conflictos nacionales después de tantos años.

Otros como IU, ERC y minoritarios, tampoco escapan limpios. Pueden esgrimir en su defensa su discurso crítico que señalaba los agujeros del sistema y aspiraba a transformarlo, pero a la hora de la verdad sus participaciones en gobiernos municipales o autonómicos nunca fueron tan audaces como sus discursos prometían, ni hoy son vistos por la mayoría como una alternativa real.

Al margen de las responsabilidades de unos y otros, lo principal es la incapacidad de todos para dar respuesta al momento actual. En distinta medida, pero todos son rehenes de un sistema que se hunde, fuera del cual no saben respirar, y del que no pueden, no saben o no quieren desatarse a tiempo para no hundirse con él.

Ni sin ti. Pero vayamos con la segunda parte de la copla, la más dolorosa: “Tampoco sin ti, porque yo me muero”. No queremos partidos, vale. No queremos estos partidos, cuya valoración es cada día más baja en las encuestas, y cuyo respaldo electoral va a menos (ni siquiera IU logra sacar mucha ventaja de la actual situación; por algo será). Una parte de los ciudadanos va aún más allá: no queremos partidos, ni estos ni otros, no queremos políticos, queremos otra democracia, real, directa, sin intermediarios.

Ahora bien: ¿sabemos vivir sin partidos? ¿Con qué los sustituimos? ¿Cómo es esa democracia sin partidos? Y todavía preguntaría más: ¿estamos preparados para vivir sin estos partidos?

Por ahora, no lo parece. Los partidos tradicionales caen en los sondeos, pero sin pasarse. PP y PSOE tocan fondo en su apoyo histórico, pero una cosa son las encuestas y otra las urnas, y mientras no haya una alternativa creíble y sí mucho miedo, a nadie extrañe que en próximas elecciones sigan siendo los administradores de la cosa, aunque con menos apoyo (y con ayuda de la ley electoral). Hay una parte importante de los ciudadanos que, aun expresando rechazo al bipartidismo, todavía no concibe la vida sin él, sin PP y PSOE, sin PSOE y PP. Aunque lo hagamos con cara de enfado, seguimos jugando a su juego, saltando al ritmo que marca su comba bipartidista desde hace décadas.

El bipartidismo es también un estado mental, una disciplina de muchos años con la que ahora nos cuesta romper. El propio sistema actual de partidos está inscrito en un lugar mucho más sólido que un texto constitucional: dentro de nosotros. El sistema español de partidos somos nosotros, que no hemos conocido otra cosa ni todavía somos capaces de imaginar algo diferente, algo mejor.

Por eso, incluso los que ya son capaces de mirar a los ojos a los partidos de toda la vida y decirles: “Puedo vivir sin ti”, todavía tropiezan en el “sin ti yo me muero”. De hecho, los intentos de vida fuera del esquema de partidos, cuando cuajan, suelen conducir tarde o temprano al mismo rincón melancólico: “¿Por qué no fundamos un partido?”

EL MALENTENDIDO

DE D’HONDT

El modelo electoral español fomenta el bipartidismo, castiga la pluralidad y refuerza los aparatos de los partidos. El origen está en la Transición: la Ley Electoral es uno de sus mejores símbolos.

Pere Rusiñol

PERIODISTA

El día menos pensado se organiza un escrache en la tumba de Víctor D’Hondt, el jurista belga que en 1878 inventó el sistema de reparto de escaños que se utiliza en España y en muchísimos otros países. Sería un gran malentendido.

Muchos grupos regeneracionistas, incluidos los surgidos del 15M, han convertido la Ley D’Hondt casi en un símbolo para demostrar la injusticia de la ley electoral española y, por extensión, de la democracia misma. Las cifras son muy contundentes: ¿puede hablarse realmente de democracia cuando a algunos partidos les bastan 50.000 votos para obtener escaño y en cambio a otros cada acta les puede llegar a costar más de 200.000?

Y, sin embargo, para mejorar el modelo de elección del Congreso –el Senado es sólo una Cámara de segunda lectura– ni siquiera es imprescindible fulminar la Ley D’Hondt ni centrar el debate en complejas fórmulas matemáticas o modelos comparados.

El debate sobre la Ley Electoral no es en realidad técnico –desde hace años hay sobre la mesa propuestas muy afinadas y mucho más proporcionales que encajan perfectamente con la Constitución–, sino político. Y tiene que ver con la madre del cordero de todo el entramado institucional español: la Transición.

En realidad, la Ley lectoral es la Transición. Con sus virtudes, que se han expresado durante más de 30 años, al menos de forma aparente; y sus defectos, que ahora parece que pueden hacerlo estallar todo en cualquier momento.

La narrativa hegemónica sobre la Transición, el proceso que permitió pasar de la dictadura a la democracia y consolidar un sistema que a grandes rasgos dura hasta hoy, puso en los años de vacas gordas el acento sobre el consenso como elemento definitorio.

Y es verdad. Pero el consenso fue al final: en el acabado del edificio construido sobre los cimientos de los últimos gobiernos de la dictadura.

Ignacio Sotelo, sociólogo de referencia de la socialdemocracia española, lo sintetizó el pasado 1 de julio en un artículo imprescindible, El mito de la Transición consensuada, publicado en El País, precisamente el diario emblemático de la Transición: “La Transición no provino de ningún consenso entre el régimen y la oposición democrática, sino que fue una imposición neta de la fracción reformista del franquismo, que la mayor parte de la población revalidó, dispuesta a apoyar cualquier reforma que permitiera salir de la dictadura sin sufrir traumas graves ni correr demasiados riesgos”.

El consenso se fraguó más tarde, sobre las bases que colocó la “fracción reformista del franquismo” y en la medida en que acabaron beneficiando al conjunto de partidos del tronco central del régimen de la Transición, que ha funcionado como un reloj durante más de 30 años.

Esta es la historia de la Transición y también de su herramienta básica, la Ley Electoral, que se basa aún en la norma con la que Adolfo Suárez convocó las elecciones de 1977.

Es un modelo que decidió sin ningún consenso Suárez y su equipo, que no tenían en aquel momento ninguna legitimidad democrática, pero sí una obsesión: evitar que ganara el ya inexistente Frente Popular.

En palabras de Sotelo: “La ley electoral no cumplía los requisitos mínimos de equidad: listas cerradas y bloqueadas, sistema proporcional con correcciones de tal tamaño que lo desfiguran por completo, al ser la provincia el distrito electoral, pero limitando el número de diputados a 350, que favorece a las que tuvieran menos habitantes y perjudica a las más pobladas”.

El abogado Joan Garcés, autor de Soberanos e intervenidos (Siglo XXI), que analiza cómo las transiciones española y chilena fueron tuteladas por los poderes occidentales, es aún más tajante: “La derecha tenía el trauma de 1931 y estudió bien la ley que hizo posible la República: la norma que se impuso en 1977 era exactamente el reverso de aquella”.

Desde una perspectiva teórica, la derecha española suele sentir atracción por la arquitectura institucional anglosajona, donde impera un modelo electoral mayoritario que suele facilitar la formación de gobiernos fuertes. En el sistema mayoritario, el ganador en una circunscripción se lleva todos los escaños en juego, aunque su ventaja sobre el segundo sea de un solo voto.

Pese a ello, Suárez rehuyó el modelo precisamente por los fantasmas de la República y el Frente Popular: un sistema mayoritario podía resultar un acicate para que socialistas y comunistas unieran sus fuerzas en las urnas; sobre todo con dos vueltas como en Francia. Además, por increíble que hoy parezca, en aquella época la izquierda era más disciplinada que la derecha: en un sistema mayoritario en el que el diputado realmente se gane su propio escaño, el caudillo siempre pierde poder.

La Transición –y el régimen que acabó fundando– se jugó, pues, con unas normas electorales impuestas por la “fracción reformista del franquismo”. Pero acabaron siendo aceptadas por todos los actores centrales que sobrevivieron y convertidas finalmente en emblema del consenso en la medida en que todos acabaron ganando, incluidas las cúpulas, que vieron muy reforzado su poder interno con las listas cerradas y bloqueadas.

El PSOE vociferó inicialmente en contra, con Alfonso Guerra gesticulando indignado eso de que las hectáreas iban a tener preminencia sobre las personas. Pero fueron los socialistas los que, ya con mayoría absoluta, acabaron elevando el sistema de Suárez al rango de ley, con retoques mínimos. Y hasta hoy.

A los nacionalistas mayoritarios –CiU y PNV– el modelo nunca les incomodó. Alianza Popular (AP) defendía el modelo mayoritario, pero compartía con UCD el pánico hacia el fantasma de la República y el Frente Popular: se sumó al carro. Y el PCE protestó un poco, pero todo valía con tal de ser legalizado, lo que acabaría sucediendo tres semanas después. No fue hasta su hundimiento y posterior reinvención como IU cuando abjuró del doble consenso entremezclado –Transición y Ley Electoral–, pero ya en la década de 1990.

En contra de las denuncias retóricas iniciales de la izquierda, la preeminencia rural sobre la urbana no le ha supuesto jamás una desventaja con respecto a la derecha, como se demostró en seguida: el mayor número de escaños obtenidos en democracia los cosechó el PSOE ya en 1982: 202.

“La obtención de mayorías absolutas por la derecha en zonas urbanas densamente pobladas, mientras la izquierda llega a asegurarse mayorías en algunos parlamentos gracias al voto rural, pone en duda esta prevención, haciendo mucho más verídica la sospecha de un acuerdo entre quienes disponían de mejores expectativas, ya fuera a escala estatal, ya fuera a escala de las nacionalidades históricas”, concluye el historiador Ferran Gallego en El mito de la Transición (Crítica).

En realidad, el modelo beneficia a los partidos hegemónicos a la derecha y a la izquierda: al bipartidismo. El primer partido de ámbito nacional obtiene una prima sustancial, al tiempo que el segundo partido logra también una sobrerrepresentación. Todo ello a costa del resto de partidos de ámbito nacional, severamente castigados. El politólogo de la Fundación Alternativas Rubén Ruiz-Rufino, uno de los mayores expertos en modelos electorales, lo sintetiza así: “El sistema electoral español es abiertamente benévolo con las grandes fuerzas políticas, a la vez que tremendamente injusto con las fuerzas minoritarias de implantación nacional”. Los datos son tajantes: desde 1982 –el año que estrena el vigente mapa de partidos, tras el hundimiento de UCD–, tanto el PSOE como el PP han obtenido una prima de diputados con respecto al porcentaje de apoyo electoral (ver gráfico). El ganador, muchísimo más. Pero también el perdedor, en tanto que segundo partido: un buen negocio para ambos.

Cuanto mayor es la victoria del primer partido, mayor es la prima. La atronadora victoria del PSOE en 1982 fue espectacular, sí, pero no tanto como parecería en la fotografía del Congreso resultante: se acercó a los dos tercios de los escaños sin llegar a la mitad de los votos, con una prima superior a ocho puntos porcentuales. Y la rutilante mayoría absoluta de Mariano Rajoy tiene el mismo truco: le bastó el 44,6% de los votos.

El reverso lo sufren todos los demás partidos de ámbito nacional, ya sean el PCE, Izquierda Unida o, más recientemente, Unión Progreso y Democracia (UPyD): son sistemáticamente penalizados. El castigo funciona exactamente de forma inversa al premio que tienen los mayoritarios: cuanto mayor es el apoyo a los terceros partidos, mayor es la penalización. La traducción en escaños de la fuerza electoral que llegó a tener IU con Anguita en la década de 1990 solía quedarse casi cinco puntos por debajo. Es decir, el porcentaje de escaños suponían la mitad del porcentaje de voto popular.

Durante años, la bandera por la reforma de la Ley Electoral la alzó casi en solitario IU, el único gran partido perjudicado. Pero la queja por el maltrato del modelo ha servido también a sus dirigentes para camuflar algunos reveses electorales sonados. Pese a que el modelo efectivamente le perjudica, con sistemas mayoritarios como el británico o el francés IU hubiera tenido muy difícil conseguir un solo escaño sin pactos preelectorales. Y con el modelo alemán –muy proporcional y de circunscripción nacional para asignar escaños–, también hubieran quedado en ocasiones fuera del Parlamento (en 1986, 2004 y 2008) al no alcanzar el umbral del 5% que se exige en Alemania para entrar en la Cámara.

Finalmente, para los nacionalistas el modelo es básicamente neutro: en teoría, ni les favorece ni les perjudica a la hora de traducir los votos en escaños. Sin embargo, en la práctica les supone una enorme ventaja: la penalización de los terceros partidos les convierte en bisagra cada vez que no hay mayoría absoluta. El modelo ha reforzado mucho su poder negociador al convertirles en garantía de la gobernabilidad.

El ingrediente clave de la alquimia de Suárez que acabó blindando el régimen de la Transición no es la Ley D’Hondt, sino la provincia como circunscripción electoral: “El sesgo mayoritario del sistema electoral en España no se debe tanto a la fórmula D’Hont, sino al reducido tamaño de las circunscripciones”, recalca Ruiz-Rufino.

La consecuencia es que “el 64% de los escaños se eligen en circunscripciones de menos de 10 diputados, donde existe un sesgo favorable a las fuerzas políticas más votadas”, según ha contabilizado Ruiz-Rufino. Esto significa que en la gran mayoría de circunscripciones el tercer partido queda siempre fuera del reparto. En ocasiones, incluso si superara el 20% de los votos, lo que supone un empujón adicional en favor del llamado voto útil hacia las formaciones mayoritarias.

La responsabilidad de la fórmula D’Hondt es muy limitada. Es el sistema menos proporcional de entre los proporcionales, pero la auténtica muralla de los terceros partidos es otra: la provincia como circunscripción, dopada con los escaños mínimos y el Congreso limitado a 350 actas.

La prueba es que el modelo alternativo más acabado para mejorar la proporcionalidad ni siquiera necesita prescindir de la Ley D’Hondt: lo ha elaborado el Grupo de Investigación en Métodos Electorales (GIME) de la Universidad de Granada y acercaría mucho más la fotografía del Congreso al resultado electoral sin la necesidad de tocar el esqueleto formal del modelo vigente, con Ley D’Hondt, Congreso de 350 escaños y participación de la provincia en el reparto.

El del GIME, dirigido por el catedrático y matemático Victoriano Ramírez, es un trabajo de aliño para refutar el argumentario oficial, según el cual avanzar hacia una mayor proporcionalidad en la Ley Electoral exigiría reformas de gran calado que incluirían la Constitución, en la medida en que ésta fija la provincia como circunscripción electoral. La propuesta que el GIME remitió al Congreso en el marco de la ponencia que en 2010 debatió sobre la Ley Electoral cambiaría el plato de forma muy significativa sin necesidad de alterar los ingredientes básicos (http://www.ugr.es/~sistemaelectoral/RGB.html). Bastaría con asignar los escaños según un sistema por fases, que primero determinara el número total de actas por formación –a través de varios criterios– y luego las distribuyera por provincias.

El modelo del GIME mejora notablemente la proporcionalidad sin aplicarla de forma mecánica y pura. Si se hubiera utilizado en las elecciones generales de 2011, el PP tendría una mayoría absoluta muy raspada –justo los 176 escaños que la definen– y las principales ganancias recaerían en IU y UPyD, los más perjudicados por el vigente modelo (ver gráfico). Y Equo también estaría en las Cortes.

Los escollos técnicos llevan años resueltos y no sólo por el trabajo del GIME, sino por múltiples propuestas que buscan mejorar la proporcionalidad, incluida nada menos que la del Consejo de Estado. Pero no ha habido el más mínimo cambio.

“Hasta el momento ninguno de los dos grandes partidos ni los principales partidos nacionalistas han tenido el más mínimo interés en cambiar la Ley Electoral; es como si existiese un acuerdo unánime, no escrito, entre todos ellos”, lamenta Ramírez.

Tiene su lógica: el modelo actual beneficia a todos los partidos centrales del sistema surgido en la Transición, que a su vez ha gozado de un alto respaldo popular en los últimos 30 años.

La Ley Electoral es el último blindaje de un mundo que de súbito ha entrado en crisis: tanto para los partidos que integran ese espacio central ahora en apuros como para sus respectivos aparatos, en posesión del arma nuclear interno que implican las listas cerradas y bloqueadas.

No se le puede pedir al búnker que se practique el haraquiri.

Aunque esto también se pensaba en 1976.

PODER Y DINERO

La dependencia de los partidos de la financiación pública, su fuerte endeudamiento con la banca y las prácticas de patrimonialización de la administración caracterizan el modelo político español.

Manuel Maroto Calatayud

PROFESOR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

Los ciclos de escándalos de corrupción cumplen periódicamente el papel de devolver a los partidos políticos al debate público. Pero ese debate suele ser pobre: suele girar en torno a la disección de casos aislados (como si nada hubiera en común entre ellos), a las anécdotas y vicisitudes judiciales, a juicios éticos y a estereotipos sobre la cultura española. Sin embargo, la cuestión de la financiación de los partidos es más importante, aún, de lo que parece.

1. La financiación perfiló en su origen el sistema español de partidos. Se suele pasar por alto que el sistema de partidos español nace en el contexto de la Guerra Fría, y en el del final de una dictadura que había aniquilado y demonizado el pluralismo de partidos republicano, reprimiendo durante casi cuarenta años cualquier forma de sociabilidad democrática. Esto impuso límites y condicionantes a la formación de la futura democracia (analizados brillantemente en la obra de Joan Garces Soberanos e intervenidos. Estrategias globales, americanos y españoles, Siglo XXI, 2012). EEUU y a la RFA querían evitar el surgimiento de un movimiento comunista fuerte (como el portugués, o el italiano), tutelando organizaciones cercanas al centro político. Y en España la principal oposición organizada que había sobrevivido en la clandestinidad al franquismo era, precisamente, el PCE.

Había que poner en marcha, cuanto antes, un sistema de partidos “homologable a Europa”. Saltándose cuarenta años perdidos que, para los partidos europeos, habían significado transformaciones tan fundamentales como la asunción del consenso antifascista de posguerra como fundamento de la democracia. En España, en cambio, a los partidos republicanos no se les permitió registrarse a tiempo de concurrir a las primeras elecciones (lo denunció incluso Victoria Kent, en una columna en El País del 23 de abril de 1977). Con todo, los cambios se sucedieron. En 1982, el PSOE renovado, que a principios de los años 70 tenía unos cuantos centenares de afiliados, ganaba las elecciones con una amplia mayoría absoluta. En 1986, España entraba en la OTAN. ¿Cómo llegó todo a ocurrir tan rápido? André Schiffrin narra en sus memorias (Una educación política: Entre París y Nueva York, Península, Madrid, 2008, p. 205) cómo le sorprendió la cantidad de carteles que un PSOE recién legalizado era capaz de distribuir incluso en las localidades más pequeñas del país. Años después, le preguntó a Willy Brandt por cómo Henry Kissinger se había vanagloriado de inyectar dinero en los partidos socialdemócratas español y portugués a través del SPD alemán y de la Fundación Friedrich Ebert. “Típico de Henry”, dijo, al parecer, Brandt, riéndose. “Fue idea nuestra, pero él se ha llevado el mérito”. Fuera de quien fuera el mérito, Alemania y EEUU fueron dos motores de la Transición política española. AP recibía dinero de la Fundación Hanns Seidel, a la que inundaban de facturas falsas, y UCD hacía algo similar con la Konrad Adenauer. SPD y CDU actuaban en esto “como procónsules de Washington, destinados a aplicar las directrices del imperio” (Jorge Verstrynge, Memorias de un maldito, Grijalbo, Madrid, 1999). Sería simplista decir que la financiación extranjera fuera el factor determinante en la gestación del actual sistema de partidos, pero también lo sería negar su enorme importancia.

2. La campaña de la OTAN: adiós a la financiación militante. A la hora de comprender la evolución del sistema de partidos, la entrada en OTAN tiene una significación especial. Simbolizó la inclusión definitiva de España en el mapa geopolítico, y en un proyecto concreto de democracia donde la política tiene que ser limitada para satisfacer las exigencias de gobernabilidad de la economía de mercado (Samuel P. Huntington, The crisis of democracy, New York University Press, 1975). Representó, además, el triunfo de esos condicionantes sobre la democracia interna de los partidos. La entrada en la Alianza se produjo en contra del criterio de las bases del PSOE, de la posición original del partido y de una opinión pública que llegó a mostrarse favorable por vincularse la OTAN a la entrada en la Unión Europea.

La campaña consagró un modelo de comunicación y movilización política basado en la publicidad, los expertos, los medios de comunicación de masas: en el capital, y no en los militantes. Hizo falta mucho dinero para convencer de que pasar en diez años del socialismo autogestionario a la OTAN tenía algún sentido. Se le atribuye a Alfonso Guerra haber dicho en 1979 que prefería diez minutos en televisión a 10.000 militantes: la campaña de la OTAN demostró que, efectivamente, la televisión resultaba más útil que la molesta militancia cuando se trataba de dar un viraje, brusco y desde arriba, a las preferencias políticas sociales.

3. El endeudamiento impone estrategias de adaptación financiera... También era más cara. Al contrario que la comunicación de masas, los militantes no solo no cuestan dinero: en otros tiempos, solían ser ellos quienes lo ponían. En España, la militancia era escasa, lo que facilitaba ese consenso entre élites tan característico de la Transición. El triunfante PSOE, por ejemplo, aspirante a “partido de masas” español, era en 1986 “un partido endeble y poco organizado, con un número de afiliados extraordinariamente bajo” y una “vida interna raquítica” (Mario Caciagli, Elecciones y partidos en la transición española, CIS, 1986). Los grandes partidos no contaban ya con la ayuda del amigo alemán, incómodamente expuesta a mediados de los 80 con el escándalo Flick. Para el referéndum de la OTAN no hubo subvenciones, y la campaña coincidió con las elecciones generales de junio: 1986 fue “un año loco para los tesoreros”, diría un responsable socialista. Sin una base social de la que financiarse, y sin proyecto de hacerlo, los grandes partidos se adaptaron: recurrieron a la banca, a aumentar su acceso a recursos públicos y a la financiación empresarial (legal e ilegal), para hacer frente a los crecientes costes de movilización de un electorado cada vez menos vinculado ideológicamente con ellos.

4. Las estrategias de adaptación financiera imponen modelos de partido... Los flujos de dinero cartografían las relaciones de poder dentro de los partidos: a cada modelo de organización financiera corresponde un modelo de organización política. Los tradicionales partidos de masas dependían de las cuotas de un número lo más alto posible de militantes para financiarse. Poder movilizar a las mayorías sociales era su gran ventaja frente a los poderosos partidos de notables, en los que unas pocas personas con muchos recursos controlaban el partido y el grupo parlamentario. Su financiación se encontraba, así, distribuida en la multitud militante, y no concentrada en unas pocas manos. Se reproducía el esquema ideal de distribución democrática de poder de los partidos obreros.

¿A qué modelo de partido corresponden la financiación de los partidos españoles? Aunque cada uno de los grandes partidos españoles tiene sus particularidades, como sistema de partidos comparten puntos en común. Los politólogos han discutido si el sistema español se ajusta a lo que han llamado un modelo de “partido cartel”, caracterizado por el bipartidismo, una autonomización con respecto a las bases que se compensa con recursos públicos, y una competencia electoral aminorada a través del bloqueo de la entrada de nuevos partidos, y la institucionalización de la labor de la oposición (Richard S. Katz y Peter Mair, El partido cartel. La transformación de los modelos de partidos y de la democracia de partidos, Zona Abierta, 2004). Un modelo de partido emancipado, definitivamente, de la sociedad. La movilización de intereses se realiza a través de lobbies y de medios de comunicación de masas. La dependencia de los partidos españoles de la financiación pública (una de las más altas de Europa), su fuerte endeudamiento con la banca y las prácticas de patrimonialización de la administración parecen reflejar, efectivamente, un modelo con tendencias cartelizadoras.

Mantener este modelo implica además blindar los aparatos de partido frente a las presiones de abajo. En los “sobresueldos” de Bárcenas se retrata una élite partidista, vinculada entre sí por pagos secretos a la militancia, pagos que constituyen un mecanismo de sujeción vertical antidemocrático. Se forma así, dentro del partido, una pequeña oligarquía financiada con dinero de lobbies empresariales, con los que la organización, a su vez, queda vinculada. El propio Bárcenas es una alegoría de la miseria del mandato constitucional de democracia interna en los partidos: ha demostrado acumular más poder de decisión dentro del PP que los 800.000 militantes que la organización afirma tener (a los que por cierto, no se exige pagar cuotas), y el suficiente peso como para condicionar su comportamiento y, con él, el del Gobierno. El que paga, manda.

5. Y los modelos de partido imponen modelos de democracia. Los escándalos de financiación ilegal que se suceden desde los años ochenta han sido formas patológicas de dar salida a todos estos problemas. Patológicas porque la producción y gestión de escándalos ha quedado en manos, de manera casi exclusiva, de los medios de comunicación, de las élites dentro los propios partidos, y de la judicatura, en lugar de abrir camino a mecanismos de responsabilidad política democrática. La ruptura de las vinculaciones entre sociedad y partidos, y por tanto entre sociedad y Estado, explica la pobre respuesta legislativa al problema de la financiación. Son los propios aparatos de los partidos los que legislan. En un país en el que reformar el Código Penal parece un deporte nacional, el código ha resistido treinta años de escándalos sin un delito de financiación ilegal. Tenemos, además, una Ley de Partidos diseñada para ilegalizar a Batasuna, que nada dice sobre prácticas de financiación ni democracia interna; una Ley de Financiación de Partidos cuyo cumplimiento se ha hecho depender de un Tribunal de Cuentas de muy discutible independencia política y más limitada capacidad operativa. Paradójicamente, las sucesivas reformas de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos han permitido aumentar la disponibilidad de recursos públicos y privados de las organizaciones políticas, alimentando sus tendencias cartelizadoras.

6. ¿Fin de ciclo? El último ciclo de escándalos parece, con todo, anunciar novedades. Un tesorero airado, vendiendo la transparencia que no nos regala la ley, ha permitido vincular las donaciones a partidos con la adjudicación de contratos públicos: los gráficos que publicó eldiario.es en febrero (Los donativos registrados por Bárcenas coinciden con adjudicaciones del PP) son un sencillo ejercicio analítico del que no hay precedentes en nuestro país. Un presidente atrincherado, pero forzado a anunciar reformas. Una querella (#QuerellaBarcenas) apoyada por miles de personas. La contabilidad oficial del PP de dos décadas, publicada al completo por Anonymous en julio pasado. En ella se puede leer, en los encabezamientos de página: “Empresa: Partido Popular”. De nuestra capacidad de entender los escándalos y generar movilización a partir de ellos dependerá, en buena parte, que la institución “partido político” pase a diluirse definitivamente en la de empresa (y no solo en el software de contabilidad).

ETERNA JUVENTUD O

VEJEZ ETERNA

En tanto que estructuras de aprendizaje, antes que de presión, las juventudes de los grandes partidos españoles son una región de la Cultura de la Transición (CT) no muy diferenciada de sus mayores.

Guillem Martínez

PERIODISTA Y ESCRITOR

Adiós a todo eso. Aunque nadie lo pueda creer cuando contempla sus cenizas, los partidos juveniles fueron la pera. Las juventudes de los PS español, francés e italiano fueron determinantes en la creación de sus respectivos PC. En la sección juvenil del SPD (toma, moreno), se intelectualizó la última propuesta anarquista alemana clásica, a través de Rudolf Rocker, una meditación sobre las posibilidades reales de reforma desde el Estado, que influyó notoriamente en la crème de la crème del anarquismo español y suramericano de los treinta. Sí, las juventudes fueron importantes. Laboratorios de ideas en los que se experimentó la ideología y la gran aventura del siglo XX –el reparto de la riqueza–, lo que provocaba la tensión con sus partidos seniors, centros de ayuda, socorro mutuo, y de formación –en ocasiones, en su acepción más literal y bella, en un momento en el que el acceso al conocimiento y a la información era absolutamente restrictivo; era hacer la pirula a los malos–. Sí, las secciones juveniles de los partidos fueron la pera. ¿Lo siguen siendo?

Las juventudes y el viejo sur. En todo caso, no son un fenómeno global. No existen en otras democracias. En Estados Unidos no son una estructura sólida, o lo son en la medida en que lo son las estructuras de los dos grandes partidos. Si nos ponemos flamencos, sólo existen en Europa continental.

Y, ahora que lo pienso, socorro, en China y Corea del Norte. Es decir, explican, antes que la democracia, distintas culturas de partidos. En el Norte de Europa, un biotopo determinante, históricamente, en el dibujo de una socialdemocracia que ha reaccionado con cierta beligerancia ante la cesión de derechos que supuso la integración europea, las secciones juveniles de la socialdemocracia conforman un pack tan identificable con una socialdemocracia aún con juego de piernas.

Cuando, por ejemplo, un psicópata noruego planeó atentar contra la socialdemocracia de su país, atentó contra sus juventudes. Conforme se va bajando hacia el Sur del continente, vemos un Reino Unido que come aparte, claro, y unas juventudes aparentemente importantes, cotidianas y poseedoras de menos tensión que en el Norte. En Francia, las juventudes han proveído de serie hasta algún President, como Sarkozy. En España, son parte del paisaje. Es decir, como sucede con las olas y los árboles, en ocasiones cuesta diferenciarlas del conjunto del mar y del bosque. Son muchos los políticos formados –o deformados– en las juventudes de los grandes partidos refundados en los setenta y ochenta. Metáfora sobre su cotidianidad: es posible que el próximo líder del PSOE nazca del enfrentamiento de Carme Chacón y Eduardo Madina, dos políticos que han pasado por las juventudes de sus partidos hasta adquirir su naturaleza de paisaje. Lo que puede orientar, a su vez, sobre el rol de las juventudes de los grandes partidos en España.

El Rol & Rol. Recientemente se han producido dos de los escasos momentos de tensión española entre partidos juveniles y seniors. El primero, a): fue hace meses. Tráiler: el líder del PSC abogó en declaraciones por la abdicación del rey. En breve, las JSC emitieron un comunicado abiertamente republicano. Segundo, b): diversos miembros de Nuevas Generaciones han reivindicado el franquismo, fotografiándose en el trance de gesticular saludos o de exhibir simbología prohibida por ley en otros Estados con pasado fascista. La polémica culminó con el anuncio del PP de que cualquier miembro de sus juventudes sorprendido en actitud de extroversión sería expulsado del entramado PP. Si se observa a) o b), se puede colegir que las juventudes son una suerte de vanguardia ideológica de sus partidos.

Pero una observación más detallada puede orientar hacia la idea de que las juventudes son una región más de sus propios partidos, y que verbalizan contradicciones internas implícitas en sus propios partidos, sin aportar en ello mayor o menor meditación. En el caso de la JSC, las juventudes se alineaban con su partido, el PSC, antes que el PSOE. Es decir, participa de un enfrentamiento entre federaciones, más que de un enfrentamiento entre ideologías o programas.

En el caso de NNGG, la sección verbaliza una contradicción interna del PP, uno de los partidos más raros de Europa, uno de los pocos que agrupa a toda la derecha, desde el neoliberalismo hasta el ala gore. La polémica juvenil, rutinaria en el PP, permitió omitir declaraciones de militantes del PP senior que, en el mismo tiempo-espacio reivindicaron implícitamente el franquismo como bien social –caso de Rafael Hernando, portavoz del PP en, glups, el Congreso. NNGG, por otra parte, aceptó la decisión de sus mayores en silencio y sin tensiones. El hecho de que el PP suspenda de sus jóvenes patriotas es una metáfora. Suspender es lo contrario que aprobar. Lo que es un apunte léxico del rol de las juventudes de los grandes partidos: la formación. Es decir, exponerse a ser aprobado –o suspendido– en el trance de demostrar sus conocimientos adquiridos. El sistema de partidos español, por otra parte, debe de ser aprendido, en tanto es uno de los más raros de Europa.

Quien se mueve, no sale en el daguerrotipo. Los partidos políticos españoles tienen un déficit de democracia interna llamativo. Exemplum: la última vez que, en un congreso, el PSOE admitió el voto individual de sus delegados fue en 1979. Desde entonces han ido tirando con el voto conjunto de federaciones, algo más fácil de prever y modular. Según Joan Garcés (Soberanos e Intervenidos, Siglo XXI, Madrid), este déficit democrático, junto al sistema electoral local, es un fósil que explica que la Transición fue un diseño externo, un proyecto que tuvo su éxito gracias a la cooptación, a través de fundaciones internacionales –fundamentalmente alemanas–, de los líderes de partidos. ¿Cómo consigue un grupo reducido de líderes imponer sus opiniones en un partido democrático? Garcés explica que sesgando la democracia interna, y convirtiendo los partidos en entes verticales. Sea como sea, en los partidos españoles brilla una figura interna, exótica, inexportable y más nativa que las lentejas. El secretario de Organización. En Francia, Inglaterra o Alemania, democracias más sólidas e interiorizadas, no existe ese cargo. O, al menos, no en su esplendor.

Los cargos electos de esas democracias ejercen una mayor iniciativa frente a su electorado y, en ocasiones, contra sus partidos e, incluso, gobiernos. En España, un parlamentarismo apático, sin disensiones internas, de rodillo, eso no es posible. Un diputado díscolo se enfrentaría al secretario de Organización. Es decir, desaparecería de las próximas listas electorales. Este sistema de democracia interna inexistente, y que presupone que la función de los partidos no es el debate, no es tan fácil de interiorizar. Requiere un aprendizaje. De hecho, es un sistema al que sólo pueden optar profesionales –las juventudes pueden ser la escuela o la cantera–. Y algunos amateurs, y la cosa es de tragedia.

Recuerden el caso del juez Baltasar Garzón reconvertido en diputado. O recuerden el caso más importante de entrada de no militantes en una lista electoral. Fue en las del PSC en 2003 cuando, por iniciativa de Pasqual Maragall, y a través de la agrupación Ciutadans pel Canvi, accedieron al Parlament e, incluso, al Govern, personas independientes vinculadas a las izquierdas, el independentismo y el catolicismo social. El choque de culturas fue tan llamativo –el motor inicial: la negativa de esos independientes a pagar un 30% de su sueldo al partido, algo usual en todo el Estado– que finalizó con un golpe de timón del aparato, que coló, como sucesor de Maragall a José Montilla, un hombre con pocas ideas, pero capaces de ser compartidas por un secretario de Organización ad hoc y por una militancia, juventudes incluidas, formada en una cultura. La Cultura de la Transición.

No es país para amateurs. Posiblemente, en tanto que estructuras de aprendizaje, antes que de presión, las juventudes de los grandes partidos son eso. Son una región de la Cultura de la Transición (CT) no muy diferenciada de sus mayores. Verbigracia: Beatriz Talegón, líder de las JS europeas, y militante al uso de las JS españolas, con una carrera previa en instituciones. Esta militante adquirió cierto protagonismo en la cumbre de la Internacional Socialista de Cascais, en la que denunció que era contradictorio hablar de socialismo en un hotel de cinco estrellas. Se aprovechó su tirón y juventud para contraponerla con el 15M. El momento culminante fue un debate televisado con Ada Colau, momentos después de que Talegón fuera expulsada por los participantes en una manifestación de la PAH. Talegón optó por el sentimentalismo, uno de los pilares comunicativos de la CT: lloró, habló de sentimientos e, implícitamente, convocó el llenapistas de la CT: la violencia; había sido una víctima de la violencia y la intolerancia. Fue incapaz de hablar de otras violencias, violencias no fijadas por la CT y que la sociedad está verbalizando, sin partidos ni juventudes de partidos.

Sí, las secciones juveniles de los partidos fueron la pera. ¿Lo siguen siendo?

URGENTE PARA LA IZQUIERDA

Olga Rodríguez

PERIODISTA Y ESCRITORA

Más de 11 millones de personas están en riesgo de pobreza o de exclusión social en España. Hay más de 5.900.000 desempleados –según la EPA–, 1.800.000 hogares tienen a todos sus miembros en el paro, los sueldos se congelan o disminuyen, los servicios públicos merman de forma dramática. Pagamos la deuda de los bancos mientras se asfixia a las personas desahuciadas. Las ganancias de los más ricos siguen creciendo mientras el índice de miseria supera el 26%.

Son momentos muy duros para mucha gente. Por eso se precisa, más que nunca, una coordinación entre movimientos sociales y organizaciones políticas de la izquierda que compartan objetivos comunes. Sí, hay objetivos comunes. Las diferencias residen más bien en los modos, en cómo abordar los procesos, en cómo gestionar el poder y los liderazgos.

Es sencillo distinguir a las agrupaciones políticas y a los movimientos sociales que defienden un mundo más justo, menos desequilibrado, más solidario, que condenan las alianzas con los poderes financieros y las políticas neoliberales que tantos derechos básicos nos han robado. Sin embargo, y a pesar de la extrema urgencia, no parece que haya voluntad suficiente para cooperar en un proyecto capaz de construir puntos de encuentro.

No hay tiempo para competiciones de pureza militante, para guerras de poder o comportamientos antidemocráticos y herméticos en los partidos de la izquierda. Es hora de actuar con responsabilidad y con voluntad de cesión. De admitir que en muchos frentes los movimientos sociales han llevado la delantera a las organizaciones políticas.

No hemos tocado fondo aún. El desmantelamiento de los servicios públicos sigue su curso. Los movimientos sociales actúan como redes protectoras capaces de amortiguar las caídas de la gente que cada semana pasa a formar parte de los excluidos.

Las asambleas de los barrios surgidas del 15M, las asociaciones vecinales, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, las organizaciones en defensa de los derechos de las personas migradas y de la igualdad de género son algunos de los grupos que, con objetivos y contenidos políticos, actúan a su vez cubriendo de una forma u otra necesidades fundamentales que se nos niegan a través del Estado.

La política tiene que estar en la calle, y estar en la calle es también desplegar redes de solidaridad capaces de cubrir necesidades fundamentales y de canalizar la voluntad de tanta gente dispuesta a ayudar, a colaborar, a involucrarse. Gente que puede encontrar, a través de esa implicación, un modo de empoderarse, de adquirir mayor conciencia política y por lo tanto mayor voluntad de compromiso.

¿Dónde queda el papel de las organizaciones políticas de izquierda en todo esto? Las bases de algunos partidos políticos están colaborando activamente en los movimientos sociales. Muchos integrantes de organizaciones políticas claramente de izquierdas son parte fundamental de lo que llamamos “la calle”, ese lugar de encuentro donde tenemos que conquistar lo que se nos está arrebatando.

Sin embargo, esas personas que llevan tiempo tejiendo redes sociales, colaborando en iniciativas horizontales e integradoras, tienen una capacidad de acción muy limitada dentro de sus partidos políticos, de los que a veces solo reciben consignas o castigos.

Organizaciones políticas de izquierda que podrían ser grandes referentes de los movimientos sociales se encierran en los despachos y levantan muros ante propuestas que suponen dejar entrar aire fresco, facilitar la inclusión, participar en una puesta en común en la que muchos puedan sentirse implicados.

La crudeza de la situación económica y social exige un cambio, una voluntad clara de renunciar a los egos, a los repartos antidemocráticos de poder dentro de los partidos, e incluso, ¿por qué no?, a las siglas.

Como dijo Malcolm X, es fundamental “estar con la verdad, no importa quién la diga, estar con la justicia, no importa a quién favorezca y a quién no”.

Nadie debería cuestionar a estas alturas que lo importante son los objetivos que unas siglas persiguen y no las siglas en sí mismas. Existe un tejido social consolidado e importante, conectado a muchos integrantes de organizaciones políticas de la izquierda real. Hay un marco idóneo para construir y desarrollar un proceso integrador capaz de impulsar un cambio real, una plataforma que facilite la lucha y no que la complique aún más, un escenario en el que no quepan las guerras de poder internas que tanto tiempo, esfuerzo y energías se llevan y que nada tienen que ver con los intereses de los ciudadanos.

En juego está el futuro de millones de personas y la salud de un país cada vez más maltrecho.

¿POR QUÉ CELEBRAR

PRIMARIAS?

Apostar por la primarias es una cuestión de convicciones, más allá de cálculos electorales. Debe ser una señal inequívoca de que en los partidos se cree en la democracia como la mejor forma para resolver los problemas de la gente.

Ignacio Urquizu

PROFESOR DE SOCIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Desde hace mucho tiempo se ha instalado en el debate político español el fenómeno de las primarias. Es cierto que es una discusión un tanto peculiar. En primer lugar, es una reclamación que aparece y desaparece en el tiempo. Así, bajo el liderazgo de José Luis Rodríguez Zapatero, sólo se especuló con esta forma de elegir al candidato a presidente del Gobierno en el tramo final de su mandato. Hasta entonces, las voces que reclamaron primarias abiertas fueron más bien escasas.

En segundo lugar, entre los grandes partidos, casi todo el debate se centra en el PSOE. En muy contadas ocasiones escuchamos a miembros del PP o de IU exigiendo esta forma de elección para sus formaciones. Tanto la opinión pública como la publicada parecen mucho más exigentes con el Partido Socialista que con el Partido Popular o con Izquierda Unida.

En tercer lugar, casi toda la discusión gira sobre cuándo hay que convocarlas y quiénes pueden ser los posibles candidatos. El debate parece más focalizado en cuestiones de corto plazo y en su vertiente estratégica. Esto provoca que se traslade una imagen de las primarias un tanto reduccionista. Así, es muy frecuente asociar esta forma de elección con la estrategia electoral del partido, como si las primarias no implicasen más cosas.

En definitiva, en España toda esta discusión es más bien pobre y superficial. Apenas escuchamos argumentos elaborados y profundos. Desconocemos los costes y los beneficios que genera este tipo de elección. Tampoco sabemos qué piensan los ciudadanos sobre este proceso. Por todo ello, no comprendemos muy bien por qué un partido político debe utilizar las primarias a la hora de elegir a sus líderes más allá de lugares comunes.

Las primarias nacieron en EE UU. La primera constancia que tenemos de ellas es en 1905 en el estado de Wisconsin. Por vez primera, los principales partidos norteamericanos se vieron obligados a elegir a los delegados de sus convenciones en una votación abierta. El salto al terreno nacional se produjo pocos años después, en 1912. En esa fecha, Theodore Roosevelt fundó el Partido Progresista y uno de los principales puntos de su programa electoral era la generalización de las primarias como mecanismo para elegir no sólo al candidato a presidente de la nación, sino también a multitud de cargos públicos. ¿Qué le llevó a Teddy Roosevelt a proponer la extensión de las primarias a todos los partidos?

Roosevelt fue presidente de los Estados Unidos entre 1901 y 1909. Tras un periodo apartado de la política, en 1912 decidió volver y disputar el liderazgo del Partido Republicano al entonces presidente norteamericano, William H. Taft. Roosevelt perdió la nominación porque los “jefes” de su formación política en los distintos estados se decantaron por Taft. Es cierto que en esta competición por la candidatura republicana los pocos estados que celebraron primarias preferían a Roosevelt. El resultado final fue sorprendente. Los demócratas, encabezados por el joven Woodrow Wilson, ganaron las elecciones presidenciales y ha sido la única ocasión en la historia de Estados Unidos que una tercera fuerza política queda en segundo lugar. Teddy Roosevelt, con su nuevo Partido Progresista, logró superar a su rival en las primarias republicanas, William H. Taft, demostrando que los ciudadanos le preferían frente al candidato de los “jefes” .

Las primarias poco a poco se fueron abriendo paso en Estados Unidos. En cambio, tanto en América Latina como en Europa las experiencias son mucho más recientes. En algunos países su implantación ha corrido a cargo de los partidos de izquierdas, mientras que en otros ha sido la derecha la que ha recurrido a ellas. Y si algo tienen en común casi todos los casos de América Latina y Europa es que se celebraron por parte de formaciones políticas que estaban en la oposición y que se encontraban en una situación de debilidad interna.

En España, todo empezó en 1998, cuando el entonces líder socialista, Joaquín Almunia, decidió buscar una legitimidad más allá del XXXIV Congreso del PSOE, donde había sido elegido como secretario general. Al igual que el resto de casos europeos y latinoamericanos, el partido socialista se encontraba en esos momentos en la oposición y sufría una profunda división interna entre renovadores y guerristas. El resultado final significó la derrota de los “jefes” del partido, puesto que la militancia optó por el candidato que retaba a la dirección, Josep Borrell.

Esta experiencia se ha repetido en España en 13 ocasiones más, aunque sólo en el ámbito regional. Únicamente en una ocasión las utilizó el PP y fue en las últimas elecciones autonómicas en las Islas Baleares. Por su lado, el PSOE ha recurrido a ellas en distintos momentos del tiempo. En 1999, tras las primeras experiencias, se pusieron de moda y siete federaciones las convocaron. En 2003, en cambio, sólo una las empleó; mientras que en 2011 fueron tres las federaciones socialistas que decidieron utilizar este método para elegir al candidato autonómico.

En definitiva, aunque las primarias son un fenómeno netamente norteamericano, poco a poco se han ido abriendo paso en otros países, y España no es excepción. Pero ¿qué piensan los ciudadanos de esta forma de elección de candidatos?

En España no disponíamos de encuestas donde se hubiese preguntado a los ciudadanos por sus preferencias sobre la organización interna de los partidos. Por ello, gracias un proyecto de investigación del plan nacional de I+D del Ministerio de Ciencia y Tecnología, decidimos elaborar una encuesta donde se preguntara a los españoles por esta cuestión. Las conclusiones son las siguientes.

En primer lugar, los ciudadanos prefieren las primarias como forma de elegir a los líderes. La tabla 1 recoge la opinión de los españoles sobre cuál es la mejor forma de seleccionar a los candidatos. Vemos que la mayoría se decanta por un modelo abierto y participativo –37,3%– y, en cambio, la opción minoritaria es que sólo participen los órganos internos de la organización.

En segundo lugar, si analizamos esta cuestión considerando los rasgos ideológicos y la edad de los ciudadanos –ver tablas 2 y 3–, vemos que los que abogan por una mayor apertura en la selección de candidatos son los votantes de centro y los más jóvenes. En cada una de estas categorías encontramos el máximo porcentaje de la opción “todos los ciudadanos y ciudadanas” y el mínimo de personas que preferían que fueran los órganos internos del partido los que tuviesen la última palabra. No obstante, cojamos la categoría social que cojamos, en cada una de las tablas 2 y 3 siempre la opción más popular es la mayor apertura posible de la organización a la hora de escoger a sus candidatos.

En definitiva, en términos de opinión pública, la inmensa mayoría de los españoles considera que las primarias es el mejor mecanismo para elegir a los líderes. Además, aquellos que las utilicen obtendrán una gran ventaja en dos grupos de electores muy importantes: los moderados y los jóvenes. Nunca un partido político ha ganado unas elecciones sin contar con la confianza de estos dos grupos sociales.

Los problemas que plantean las primarias. Como ya he señalado en artículos previos, es cierto que las primarias pueden ser una oportunidad: permiten una mayor participación política, dan una gran proyección mediática y los votantes las pueden utilizar como una fuente de información muy valiosa. Además, recientes estudios académicos muestran que si la oposición las utiliza, la probabilidad de que el Gobierno siga en el poder disminuye de forma significativa. Es decir, son un excelente instrumento para desgastar electoralmente a los gobiernos. No obstante, este tipo de elección de candidatos también tiene sus problemas.

En primer lugar, las primarias son lo más aproximado a un plebiscito y, como sabemos, un referéndum es un excelente instrumento de manipulación política. Quizás un ejemplo puede clarificar qué quiero decir con este argumento. Imaginemos que un Gobierno pasa por un momento de impopularidad. Para salvar esta situación, podría convocar directamente a la ciudadanía en un plebiscito, formulándoles una pregunta donde todo el mundo esté de acuerdo. Ganar este referéndum le resultaría relativamente sencillo dado el consenso social y, al mismo tiempo, aumentaría la popularidad del Ejecutivo. Por lo tanto, el plebiscito serviría como instrumento de legitimación de gobiernos impopulares.

Las primarias también pueden acabar cumpliendo este objetivo de manipulación. Si el líder de un partido político sabe que no tiene rivales internos competitivos y, por lo tanto, puede ganar las primarias fácilmente, al convocarlas incrementará su legitimidad aunque sea un candidato muy impopular entre los ciudadanos.

En segundo lugar, las primarias pueden acabar aumentando y potenciando las posibles divisiones internas dentro de una organización política. De nuevo, un ejemplo puede ilustrar bastante lo que quiero decir. Imaginemos el caso de una agrupación que se encuentre dividida en varias facciones. Si una de éstas se decanta por un candidato, automáticamente otra de las facciones apoyará a otro de los aspirantes. Esto no significa necesariamente que cada uno de los grupos esté fascinado con el candidato que apoya, sino que lo hace por las dinámicas internas de la agrupación. Así, puede ocurrir que la facción A apoye al candidato Y con el único objetivo de debilitar a la facción B, pero no porque el candidato Y le parezca maravilloso. Si esto ocurre, las motivaciones del voto serían muchas, excepto lo que se decide en esas primarias: el mejor candidato para presidente del Gobierno. Es decir, al final las primarias acabarían incrementando el enfrentamiento interno. Además, puesto que las razones del voto tienen que ver con las divisiones dentro de la organización, nada garantiza que las gane el aspirante más popular para la ciudadanía.

En tercer lugar, las primarias encajan muy bien en sistemas presidenciales (Francia, Estados Unidos…) y, en cambio, tienen más dificultades para articularse en sistemas parlamentarios. Una de las críticas que recibe nuestro sistema político es el excesivo personalismo de la política. Las primarias enfatizan este presidencialismo, contribuyendo a la mutación de nuestro sistema político.

¿Por qué celebrar primarias? Como acabamos de ver, esta forma de selección tiene costes y beneficios. Entonces, ¿por qué celebrar primarias dados los riesgos que implican? Creo que hay dos fuertes motivaciones para apostar por ellas y ambas tienen que ver con las convicciones democráticas.

En primer lugar, una mayoría de ciudadanos desea que los partidos utilicen este instrumento a la hora de escoger a sus candidatos. Por lo tanto, hay una fuerte preferencia por la democratización de las organizaciones políticas. Se trataría de dar respuesta a esta demanda ciudadana.

En segundo lugar, las formaciones políticas son una pieza fundamental de la democracia y, por ello, tienen difícil sustitución. Se encargan de algo tan valioso como elaborar un proyecto político para el conjunto de la sociedad, donde se dé respuesta a casi todos los problemas existentes. Y, al mismo tiempo, seleccionan a las personas que se encargarán de materializar ese proyecto político. Por lo tanto, los partidos son parte fundamental de la democracia. Entonces, ¿cómo argumentar que algo que es importantísimo para el funcionamiento de un sistema democrático no se rige por las reglas de la democracia?

En resumen, más allá de las estrategias electorales, apostar por las primarias es una cuestión de convicciones. Celebrarlas tiene que implicar algo más que cálculos electorales y debe ser una señal inequívoca de que se cree profundamente en la democracia como la mejor forma de resolver los problemas de la gente.

PLANTADOS EN MACETAS

Rafael Reig

ESCRITOR

La única estrategia política real es la conquista del poder. Lo demás son pamplinas. Como una planta, un partido político se mustia y acaba marchitándose si no le llega el nutritivo riego del poder.

El primer partido que gobernó en la Segunda Restauración fue la UCD de Adolfo Suárez, presidente designado y no elegido, que no tuvo más remedio que improvisar un “partido del presidente” (como se decía entonces) al único efecto de ocupar también el Gobierno en un sistema de partidos, igual que se habría agenciado sin pérdida de tiempo un buen saco de arpillera si el Gobierno se ganara mediante carreras de sacos. En el balcón de La Moncloa, plantó un partido político en una maceta para regarlo con el agua del poder.

Del PP poco hay que decir: su trayectoria “sin complejos” desde la ciénaga franquista hasta la “marca España” ha acabado describiendo un círculo.

Hablemos de la izquierda. Los partidos que habían crecido a la dura intemperie del franquismo, durante la Transacción aceptaron trasplantarse a una maceta para recibir también riego con agua oficial embotellada.

Felipe González, para convertir al PSOE en “alternativa real de poder” tuvo que soltar lastre (ideología, militancia, etc.) y, como Lázaro de Tormes, “arrimarse a los buenos”, la avarienta oligarquía bancaria y empresarial que constituye nuestro cazurro “poder fáctico”. Así convirtió al PSOE en un partido bonsái plantado en maceta.

Cuando el PCE, en el IX Congreso (el primero en la legalidad, en 1978), Santiago Carrillo abandona el leninismo y sustituye la estructura celular por la territorial, hace así su propio esfuerzo por “arrimarse a los buenos” y trasladar a un tiesto el “partido de masas”, para ponerse también bajo la regadera del poder.

No es bueno que nuestros partidos crezcan en maceta y sean todos electoralistas, sin más proyecto que el de conseguir, a cualquier precio, más agua embotellada por medio de los votos. Con tanta sed, como sabemos quienes tenemos plantas, las hojas se vuelven amarillas y el encharcamiento llega a pudrir las raíces, igual que los partidos se corrompen.

Lo peor, sin embargo, es la claudicación. El único argumento de la política es el poder. Ahora bien, ¿por qué nos hemos dejado convencer todos de que el poder sólo reside en el Parlamento y en el Gobierno? ¿Por qué aceptamos que el poder sólo lo da el agua embotellada y no la lluvia de la calle? ¿Por qué nos hemos dejado meter en una maceta?

Al menos para la izquierda, el poder, la esencia de la política, no está sólo en el escaño o en el sillón, sino que está en la acera, en el lugar de trabajo, en el aula, en el periódico, en el barrio y hasta en las peñas de las fiestas del pueblo. Si sólo hacemos política para ganar votos, estamos jugando en el tablero de la derecha, estamos aceptando que el único poder real es el oficial (que al final siempre acaba siendo el de los “poderes fácticos”), estamos aceptando crecer dentro de un tiesto.

Hemos claudicado: a cambio de agua de riego, hemos renunciado a la política, reducida ahora al carnaval electoral. Sin duda, los llamados “movimientos sociales” no hacen sino acusar a los partidos de esta claudicación: como los partidos han abandonado la política para ponerse bajo la regadera oficial, les recuerdan que la política también se hace en la calle. Y también les recuerdan que el contenido material de la política no es el que decida el Parlamento, sino el que quieran darle los ciudadanos. Y tampoco permiten que olviden o finjan olvidar que el poder no está encerrado en el invernadero del Parlamento con su riego automático, sino que se encuentra en los charcos de todas las aceras y en el botijo de todas las fábricas, las obras, los campos de labor.

Creo que hasta los islamistas les recuerdan lo mismo a nuestros partidos: ¿dónde hay más poder en Egipto, por ejemplo? ¿En la plaza Tahrir o en el palacio presidencial?

Así las cosas, sólo veo un futuro para los partidos (de izquierdas). No aceptemos ni un día más el pacto de la Transacción: los partidos no se cultivan en maceta, regados con agua oficial embotellada. Devolvamos los partidos a la sociedad y volvamos a hacer política en la calle, en el trabajo, en el bar. Que los partidos sean silvestres, regados con agua de lluvia, que sean avena loca, arbustos trepadores, helechos arborescentes, esa flor que brota en la grieta de una piedra.

Las raíces de un partido, que son sus militantes, tienen que reventar la maceta en la que nos dejamos meter, y así dejaremos de pensar sólo en ganar votos, porque el trabajo real de un partido es crear convicciones y conciencia.

INTRUSAS EN SUS PROPIOS PARTIDOS

Ministras y consejeras, presidentas de gobiernos autonómicos, de parlamentos y de partidos políticos. Las mujeres avanzan pese a las inercias sexistas, las actitudes machistas y el desgaste de hacerse valer en un ámbito masculinizado.

June Fernández

PERIODISTA. DIRECTORA DE PIKARAMAGAZINE.COM

Basta con buscar una foto del Congreso de los Diputados durante la Transición y la del último pleno para observar que en estas décadas los escaños han dejado de estar monopolizados por las corbatas. En las tres primeras legislaturas a partir de 1978, la presencia femenina en la Cámara Baja no superó el 7%, cifra que fue creciendo paulatinamente hasta alcanzar el 37,1% en 2004. La Ley de Igualdad exige desde 2007 a los partidos diseñar listas electorales paritarias, si bien tras los comicios de 2011 la presencia de mujeres en el Congreso se quedó en el 36%. Y, aunque suenan nombres de mujeres como posibles candidatas a presidenta del Gobierno, hasta la fecha ninguno de los partidos españoles con opciones de gobernar ha elegido a una mujer como cabeza de lista.

Esta infrarrepresentación de la mitad de la población “cuestiona la legitimidad democrática”, considera Dolors Comas d’Argemir, catedrática de Antropología de la Universidad Rovira i Vigili y exdiputada del Parlamento catalán con Iniciativa Per Catalunya (ICV). Pero, además de los números, sostiene que la clase política contemporánea, cuya construcción se caracterizó por la exclusión de las mujeres de la vida pública y del derecho al sufragio, arrastra inercias masculinas que afectan tanto a la organización interna como a la agenda política. Así, a finales del siglo XX, ese monopolio masculino se resquebrajó, pero las estructuras, tiempo y estilos de liderazgo siguen correspondiendo a un modelo masculino. Por ello, la incorporación de más mujeres en la política es positivo pero no suficiente. “Hay que abordar cambios de mentalidades, en los estereotipos fuertemente arraigados sobre las capacidades de hombres y de mujeres”, considera.

“Todavía somos intrusas en la política. Te sientes minoría aunque en la sociedad seamos mayoría. Yo trabajo casi siempre rodeada de seis o siete varones”, cuenta la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano. Aun así, es optimista, porque cree que, de los tres espacios en los que históricamente los hombres han expresado su hegemonía, la Iglesia, el poder financiero y la política, es en esta última donde más avances ha habido.

Democratización de los partidos. La Ley de Igualdad no se ha traducido en una Cámara de los Diputados paritaria, puesto que la mayor parte de puestos de salida en las listas fueron reservados para los hombres. La profesora de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco, Arantxa Elizondo, lo atribuye a que los partidos políticos son entidades “muy jerárquicas” con procesos internos de selección y promoción (como la elección de cargos y candidaturas) que, “lejos de realizarse mediante procedimientos sistematizados y objetivos, se realizan de forma opaca, marcados por un funcionamiento basado en el liderazgo y en los clanes de poder interno”.

Comas d’Argemir añade que la integración de las mujeres en las instancias políticas es bien recibida mientras que aporten capacidad de trabajo sin disputar el poder. La exdiputada pone como ejemplo la apuesta de su partido por una dirección bicéfala, formada por un presidente y una presidenta. Y si en la ejecutiva de ICV antes había unos 12 hombres y tres mujeres, hoy la componen un equipo paritario de unas 28 personas. “Incorporar a mujeres supone engrosar los órganos de poder, rara vez se aparta a un hombre de ellos”, subraya.

Otra de las inercias, que según Arantxa Elizondo ya se está corrigiendo, ha sido un reparto desigual de las tareas en el que las mujeres eran asignadas principalmente a áreas como Bienestar Social, Educación, Sanidad y Cultura. “Se proyecta en la vida política y en el funcionamiento institucional los estereotipos que guían qué hacen las mujeres y qué los hombres”, explica Comas d’Argemir. El problema es que esas áreas son consideradas menos centrales, reciben menor presupuesto, y a sus representantes se las percibe como menos influyentes que a quienes están al frente de Interior o Economía.

“Yo me dedicaba a política social y sentía que se consideraba un tema de segunda categoría aunque nadie lo diga así”, señala la exdiputada catalana, quien añade que los hombres tienden a lograr una mayor proyección pública, mientras que las mujeres llevan un trabajo “más interno, a veces de apoyo, menos visible”.

Valenciano observa que “las mujeres suelen ser más prudentes y autoexigentes, venden menos éxitos, porque saben que les cuesta más lograr el aplauso y que serán más cuestionadas”. Además, señala otra tendencia que lastra las posibilidades de promoción interna de las políticas: “Cuando una reunión termina a las ocho de la tarde, es recurrente que la mayoría de mujeres se retiren a ocuparse de sus familias, mientras que ellos se quedan a tomarse unas cañas, un momento en el que a menudo se deciden muchas cosas”. Todas las entrevistadas coinciden en reconocer que muchas alianzas y lealtades se siguen fraguando en esos espacios informales (el bar, el partidito de fútbol o pádel...) que las mujeres frecuentan menos, ya sea por conciliar su vida familiar o por no sentirse cómodas en ellos.

Elena Cortés, consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y la responsable de Política Institucional del Consejo Andaluz de Izquierda Unida, afirma que la política ha funcionado históricamente como “una fraternidad de hombres”. “La alteración de ese orden masculino que provoca la lucha de las mujeres, efectivamente, genera tensión, por el conflicto por perder su estatus, poder y privilegios”, subraya. En su opinión, compartida por todas las entrevistadas, uno de los motivos por los que es necesario democratizar el funcionamiento de los partidos y garantizar procesos de designación transparentes y participativos es la necesidad de “desmasculinizar la cooptación”.

Maternidad con culpa. Según un estudio realizado en 2007 por la doctora en Filosofía Alicia Miyares, sólo el 2,6% de las diputadas en ese momento llevaban tres o más legislaturas ocupando un escaño en la Cámara Baja, frente al 23% de sus colegas masculinos. “Los varones son insustituibles; las mujeres, intercambiables”, concluía su autora, quien lamentaba que esta tendencia impedía consolidar liderazgos femeninos.

La mujeres duran menos en política porque “pagan un mayor coste personal”, opina Elena Valenciano: “Hay tensiones por los hijos, por el cuidado de los padres... La pareja debería suplir esa labor afectiva y de cuidados, pero no siempre ocurre. Vives dividida”. Ser padre no es un obstáculo para escalar posiciones en política; ser madre, sí. La prueba es que durante el primer Gobierno de Rodríguez Zapatero, los ministros tenían 2,75 hijos e hijas de media, y las ministras sólo el 0,6. Las críticas a Soraya Sáenz de Santamaría cuando interrumpió su baja por maternidad para incorporarse al Gobierno de Mariano Rajoy revelan que la prensa y la opinión pública cuestionan cómo las políticas concilian su trabajo con la vida familiar, un marcaje que no aparece en el caso de los varones.

La presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, también atribuye el techo de cristal que obstaculiza la promoción de las mujeres en los partidos políticos a su mayor asunción de las responsabilidades familiares: “Tú te planteas si tu papel como madre se verá resentido si optas a un alto cargo y sientes culpa todo el rato, algo que los políticos no viven aunque sean padres”. Quiroga celebra que los partidos políticos hayan avanzado en materia de conciliación, flexibilizando los horarios y las formas de trabajo: “Utilizar las videoconferencias ha sido una revolución”.

Juicio erótico y paternalismo. Es raro encontrar un perfil periodístico sobre Arantza Quiroga que no alabe su belleza. Cuando fue nombrada presidenta del Parlamento vasco, la prensa le arrancó con preguntas morbosas titulares como “Nunca usaría preservativo” o “No hay peligro de que pose en bikini”. “Dice mucho de la sociedad en la que vivimos. Yo intento pasar de eso”, se limita a responder.

“Hay un juicio físico e incluso erótico hacia las mujeres políticas”, señala Valenciano. La número dos del PSOE está ya acostumbrada a que la prensa le pregunte sobre su físico; por ejemplo, por el discreto tatuaje que lleva en el hombro. “Al final te uniformas más, porque sabes que si te sales del canon estético va a ser comentado. Si te maquillas, porque te maquillas; si no te pintas, porque no lo haces”, lamenta. Días después de hablar con Cuadernos de eldiario.es para este reportaje, un periódico de gran tirada publicó una entrevista con ella con el siguiente titular: “Me desnudaría para pedir el voto si fuera imprescindible”. La periodista llega a preguntarle si guarda vídeos eróticos en el móvil como Olvido Hormigos y si Rubalcaba le parece sexy.

Respecto del trato de los compañeros y los adversarios políticos, las entrevistadas lamentan sobre todo la tendencia al paternalismo y la condescendencia hacia ellas. “Haces una propuesta determinada y, en lugar de ser considerada audaz o innovadora, se considera fruto de la ensoñación o la falta de experiencia”, afirma Cortés. Quiroga relata una anécdota que le contó otra parlamentaria: “Pese a que ella era la encargada de asuntos económicos, en una reunión de alto nivel, sus interlocutores no quisieron empezar a hablar hasta que llegase otro compañero de partido, alegando que los temas que tenían que tratar tal vez fueran demasiado complicados para ella”.

“¿Tú sabes que ya no se lleva el traje de tigresa?”, le espetó a una de las entrevistadas (que prefiere que esta anécdota no vaya vinculada a su nombre) uno de los políticos que participó en una reunión que dirigía ella en un tono firme. “Me sentí... Buf...”, resopla.

Las políticas se enfrentan a varones que mantienen un estilo de liderazgo o de confrontación agresivo y autoritario. “Yo me sentía incómoda. Si tu estilo es otro, algunos creen que te pueden tomar el pelo”, cuenta Comas d’Argemir. Pero matiza que una importante aportación de las mujeres a la vida política es haber introducido un estilo de liderazgo más empático, horizontal y conciliador: “Soraya Sáenz de Santamaría se explica, argumenta, no tiene un estilo como De Guindos, que descalifica con tono de superioridad”, observa. “Y decir cosas muy duras políticamente sin gritar, con calma y utilizando argumentos puede poner muy nerviosos a determinados hombres que mantienen ese estilo agresivo”.

Una mirada feminista. Cuando las políticas públicas están diseñadas por hombres, a menudo obvian las realidades que afectan a la población femenina. Arantza Quiroga considera que la conciliación de la vida laboral y personal, incluida la de las propias políticas, es una de las áreas en las que no se avanzó hasta que entraron las mujeres en política: “Tuvo que llegar una mujer a la presidencia del Parlamento vasco para adelantar la hora de las reuniones, aprobar que las parlamentarias puedan delegar el voto cuando dan a luz y tengan apoyo para compatibilizar la lactancia con la vida parlamentaria”, cuenta.

Para Elena Valenciano, otro ejemplo claro es “la falta de una respuesta política contundente para luchar contra la violencia machista. Si en vez de mujeres fueran un grupo de hombres los asesinados por decenas al año, sería considerado un tema prioritario”. Aunque ella se muestra satisfecha con cómo su partido ha incorporado la defensa de los derechos de las mujeres a su agenda política, reconoce que la asignatura pendiente es incorporar la perspectiva de género a los temas generales como el empleo o la pobreza, para observar cómo esas realidades afectan de forma específica a las mujeres.

Alternatiba, un pequeño y joven partido político vasco nacido tras la escisión de Ezker Batua e integrado en la coalición Bildu, formó desde el principio una “mesa feminista de elaboración colectiva”, con el objetivo de “incorporar los postulados y reivindicaciones feministas tanto a la agenda de la organización, como a la forma de organizarnos y funcionar”, explica su integrante Ana Etxarte, concejala de Bildu en el Ayuntamiento de Bilbao.

Sin embargo, reconoce que el conocimiento y apropiación de muchos de sus compañeros sobre feminismo les “obliga a tener que entrar en debates muy básicos sobre el origen del patriarcado y la desigualdad entre hombres y mujeres”. “En la agenda que se entiende más propia de las mujeres, de nuestros derechos específicos, no hay problema. Pero cuando se realizan aportes desde el feminismo que implican transformaciones profundas y un cambio de modelo [por ejemplo, propuestas de modelo económico], la apropiación de ellas no es similar”, abunda.

Alternatiba ha optado también por constituir un “espacio autónomo de mujeres”. Etxarte argumenta su necesidad explicando que ese espacio refuerza el empoderamiento y la autonomía de las integrantes del partido. Elena Valenciano también apuesta por estrechar el apoyo y la solidaridad entre las mujeres: “Hay políticas que juegan más al juego de los hombres, pero para mí las otras compañeras son una fuente de fuerza; cuando me siento hundida me veo con ellas y me siento parte de una gran cadena”. Arantza Quiroga aboga por consolidar “una unidad de acción entre mujeres de diferentes partidos, respetando la diversidad ideológica”. Señala que muchas medidas de conciliación aprobadas en el Parlamento vasco surgieron a raíz de que las parlamentarias comentasen sus inquietudes y necesidades tomando un café después de una reunión.

Todas ellas consideran que no es suficiente con que haya paridad en política, si tanto hombres como mujeres no asumen un claro compromiso para promover la igualdad real. “Cuando ocupas una posición de poder democrático viniendo de la izquierda, debes tener muy presente en todo lo que haces que estás ahí para transformar el poder y preguntarte siempre para qué, y para quién, lo estás ejerciendo”, defiende Elena Cortés.

NUESTRA PARTITOCRACIA NO QUIERE CAMBIOS

A falta de una fuerza externa al sistema que lo cambiara por vía de una revolución, son los partidos que actualmente existen, la partitocracia, los únicos que tienen los recursos políticos para propiciar los cambios necesarios.

Carlos Elordi

PERIODISTA Y ESCRITOR. AUTOR DE ¿QUIENES MANDAN DE VERDAD EN ESPAÑA?

Aunque “partitocracia” significa “gobierno de los partidos”, en el lenguaje político habitual el término se refiere al extraordinario poder institucional y en casi todos los terrenos de la actividad social que las grandes formaciones han alcanzado en algunas democracias, particularmente en las europeas, y a su voluntad inequívoca de aumentar aún más ese poder. Es, por tanto, una palabra que encierra una enorme carga crítica y quien la utiliza está implícitamente proponiendo acabar con ese estado de cosas. La pregunta que, con algunas excepciones, hoy atraviesa el mundo político occidental, en el que la crisis económica, sus orígenes y su evolución, ha puesto seriamente en cuestión las bases mismas de sus sistemas democráticos, es si esa aspiración, la de acabar con la degeneración partitocrática, es realizable. Porque la transformación que eso implicaría habría de hacerse contra esos partidos casi omnipotentes pero también con su participación en el proceso.

Italia es el ejemplo más claro de esa dificultad. Porque en 1992 su sistema partitocrático se vino abajo como consecuencia de la acción judicial contra la corrupción en los partidos que desde hacía décadas ocupaban omnímodamente el poder –y que había alcanzado unas dimensiones muy superiores a las que se han registrado en España en los últimos años–, de la movilización popular contra esas prácticas –que unió a ciudadanos de todas las sensibilidades políticas– y del rechazo de ellas por parte de los grandes poderes económicos –que hasta entonces habían participado plenamente en el mecanismo de la corrupción–. Los dos partidos gobernantes, la Democracia Cristiana –que estaba en el poder desde 1945– y el Partido Socialista desaparecieron del mapa, y la tercera gran fuerza, el Partido Comunista también se vio afectada por la ofensiva judicial y, aún sobreviviendo, entró en una crisis que, primero, le llevó a perder su nombre y, más tarde, a la división en distintos partidos.

Dos décadas después de aquel cataclismo, el panorama político italiano no difiere sustancialmente mucho del que existía antes de 1992. Han cambiado las siglas y los protagonistas, ha aparecido y se ha consolidado una novedad destacable, el separatismo político del norte, la Lega, pero el funcionamiento del poder político sigue siendo el mismo. En Italia sigue habiendo una partitocracia, no pocos de los protagonistas de la anterior ocupan cargos destacados en ella, y el reciente éxito electoral, ahora un tanto redimensionado, del movimiento 5 Estrellas de Beppe Grillo, cuyo programa consiste en erradicar ese sistema y la corrupción que conlleva –y que es casi tan conspicua como la de hace dos décadas–, confirma que para buena parte de los votantes italianos el país no ha avanzado un ápice en la solución de esos problemas.

Uno de los motivos de ese estado de cosas es el sistema electoral italiano. Las poderosas cláusulas de proporcionalidad en el reparto de los escaños permiten la supervivencia de pequeños partidos cuyo único programa y objetivo es conseguir un espacio en el Parlamento que les permita obtener de los partidos mayores prebendas de poder en beneficio personal de sus dirigentes y cuadros a cambio de su apoyo parlamentario esporádico o estable. Las más de las veces, sin esos pequeños partidos no es posible gobernar. Pero gobernar con ellos conlleva prácticamente renunciar a cualquier reforma de calado y, de hecho, se convierte en un ejercicio de reparto del poder y de la influencia. Además, el sistema implica un encarecimiento de los costes de la política: los parlamentarios italianos están entre los mejores pagados de Europa y sus gastos alcanzan cifras fabulosas. La prima de mayoría introducida unos años para redimensionar esa deformación –el partido más votado en unas elecciones obtiene un plus de 50 escaños– no ha modificado significativamente el panorama. Y la reforma de la ley electoral sigue siendo una asignatura pendiente, que surge cada dos por tres en el debate, pero que nunca se lleva a cabo porque tendría que ser aprobada por los mismos partidos que se verían perjudicados por su aplicación.

Más allá de las características muy particulares de la política y de la sociedad italiana o de la importancia negativa del fenómeno Berlusconi, el fracaso de una auténtica reforma del sistema se debe sustancialmente a que unos cambios tan profundos como los que exigía la situación a la que se había llegado en 1992 eran imposibles si la motivación principal de los llamados a llevarla a cabo era la misma que la de sus predecesores –es decir, la ocupación, sin más, del poder– y si los intereses que ellos representaban, los suyos propios o los de sus partidos y los del entramado de poderes fácticos –de todo orden y condición– a los que se debían, seguían siendo los mismos; esto es, la obtención de prebendas y privilegios a repartir según el peso electoral de cada uno.

La experiencia italiana puede servir para reflexionar sobre el futuro del sistema político español. Aquí ya es casi un lugar común decir que el modelo político de la Transición está agotado y que hay que reformarlo de arriba abajo. Que el Estado de las Autonomías ya no sirve, que hay que cambiarlo, tanto para hacer frente a las demandas nacionalistas de Cataluña como para resolver los dramáticos problemas financieros de la mayoría de las regiones. O que el sistema electoral, concebido para fortalecer el bipartidismo, ha producido una degeneración que nada tiene que ver con la representatividad democrática. O que las listas cerradas y bloqueadas han convertido a los partidos en entidades oligárquicas, cada vez más alejadas de la realidad social que deberían representar. O que el reparto del poder en las instituciones que hacen entre ellos los partidos ha terminado por convertirlas en entidades inútiles, lo cual debilita aún más la democracia.

Pronunciadas con mayor o menor énfasis o acompañadas o no de mensajes de denuncia de la actual clase política, esas opiniones están bastante generalizadas. Entre las masas populares menos politizadas y junto con la indignación que en ellas produce la corrupción han coagulado en un rechazo masivo y sin paliativos de “los políticos” y hasta de la política misma. Lo cual no deja de ser inquietante en un país que hace poco, durante el franquismo, tenía mayoritariamente una actitud muy similar a esa, fruto también de la propaganda que en ese sentido hacía la dictadura, garantía de su solidez política.

Pero, más allá de las denuncias, sigue sin aparecer un proyecto político realmente factible para modificar significativamente la situación actual. Ideas sobre cómo tendría que ser el nuevo sistema no faltan. A la postre, se trataría de erradicar uno por uno los defectos del actual. Lo que no está ni mucho menos claro es cómo puede conseguirse eso. Porque, a falta de una fuerza externa al sistema que lo cambiara por vía de una revolución, son los partidos que actualmente existen, véase la partitocracia, los únicos que tienen los recursos políticos necesarios para propiciar los cambios imprescindibles. Y, hoy por hoy, en esos partidos, y particularmente en el que gobierna, el PP, no se atisba intención alguna de abordar reformas que implicarían recortes de su poder, por mínimos que fueran.

Ante esa perspectiva tan poco halagüeña, ¿cabe hoy alguna actitud intermedia entre el rechazo a la política y la aspiración revolucionaria? Sí, pero exige demasiado optimismo histórico como para proponerla como una alternativa ideológica: consistiría en suponer que las cosas no van a seguir así eternamente, que el deterioro de la situación y de la propia acción política, o un eventual desastre mayor que en lo actual –en la economía o en el Estado de las autonomías–, junto con el descontento popular, llevarán a los partidos mismos, o alguno de ellos, a cambiar de rumbo, a apuntarse de verdad a la reforma.

Hoy por hoy eso es un sueño. Los únicos atisbos de una intención reformadora parcial son los que está dando últimamente los socialistas en relación con la configuración constitucional del Estado de las autonomías. Pero la iniciativa ha surgido sobre la marcha, al calor de la tensión con el nacionalismo catalán, y por el momento no se ha concretado en nada. El PSOE sólo ha expresado una difusa y confusa vocación de dar un contenido federal a la Constitución. Lo cierto es que la reforma del inútil Senado, para convertirlo en una cámara de las autonomías, que podría ser un paso, lleva años parada y nada indica que se vaya a poner en marcha.

En los otros capítulos fundamentales para cambiar el sistema, por no haber no hay ni siquiera rumores de que alguien esté pensando en ello. La modificación de las normas, electorales y de todo tipo, que refuerzan artificialmente el poder de los grandes partidos, su democratización o la limitación del poder interno de las oligarquías partidarias, una nueva regulación del sistema de representación de los partidos en las instituciones que las abriera a la sociedad civil o la reforma del Estado de las autonomías, son todos ellos asuntos aparentemente intocables hoy por hoy en España. Porque los partidos que habrían de propiciarlos, y en particular los dos mayores, el PP y el PSOE, parecen entender que cualquier cambio en esos terrenos implicaría una merma de su poder actual y provocaría convulsiones internas –porque, en definitiva, les obligaría a dejar sin cargo a no pocos de sus cuadros– que los debilitaría justo en un momento en el que la opinión pública los pone mayoritariamente en cuestión.

En algo más de dos años, en España habrá dos elecciones cruciales: las autonómicas y municipales y las generales de 2015. Es impensable, a menos que medie un desastre por el momento imprevisible, que en ese periodo se produzca un intento mínimamente serio de reforma. Podrá haber añagazas al respecto, que seguramente se venderán como propaganda electoral. Luego, se verá. Aunque tampoco cabe ser muy optimistas de cara a ese futuro a medio plazo.

EL JUEGO HA CADUCADO

Stéphane Grueso

DIRECTOR Y PRODUCTOR DE DOCUMENTALES

El año que viene tenemos elecciones al Parlamento Europeo, que son tradicionalmente las que menos interesan a los votantes. Aunque viendo el devenir de la política en nuestro país, los crecientes porcentajes de abstención, y muy concretamente la cada vez más discutida figura de los partidos políticos, pronto ya no nos interesará ninguna convocatoria electoral, me temo. Tengo 42 años y doble nacionalidad franco española. He vivido en dos países y votado en tres. Siempre a la izquierda. O a lo que yo creía que era la izquierda, vaya. Desde los 18 años raramente he dejado de cumplir con mi derecho a pasar por las urnas cada poco tiempo. Las primeras veces me hacía ilusión la tan manida gran fiesta de la democracia. De cierta forma lo disfrutaba... Y, ¡alucina, vecina!, incluso confiaba en ellos y en sus organizaciones.

Y ahora, más de 20 años después, están ya casi consiguiendo que me deje de interesar todo esto. Que no participe, que me dé igual el resultado. Los partidos políticos se han quedado anclados en el tiempo. Las cosas han cambiado. El ciudadano quiere participar, quiere saber, quiere decidir. Esta democracia nuestra de sistema representativo está tocada de muerte. Tenemos ya los medios tecnológicos para posibilitar una mayor participación del ciudadano. Y el 15M acabó de darnos a muchos el empujón que nos faltaba en la búsqueda de esta nueva forma de participar. de la búsqueda de una democracia digna del siglo XXI. Yo quiero participar, y se podría, pero no hay ninguna voluntad de los partidos políticos mayoritarios de cambiar la reglas de tan caduco juego. Y esto lleva a que hoy sienta que los partidos –y sus políticos– ya prácticamente no me hacen falta. Están ahí, deciden sus cosas, pero yo llevo ya una vida paralela a ellos.

Retomo: tenemos elecciones en 2014. ¿Y ahora qué hago? ¿Voto? ¿No voto? ¿Cómo me voy a implicar en algún partido si ignoran estas demandas de MÁS Democracia? Todavía está en manos de los partidos políticos hacer algo por cambiar este profundo desencanto. Por salvarse. Así que, o se abren, cambian, dejan participar y se convierten en organizaciones verdaderamente democráticas, admitiendo la crítica interna, el disenso… Y muestran y dan publicidad a sus cuentas y procesos de funcionamiento y decisión internos, o acabarán como meros guetos de zombis dogmáticos ultraconvencidos, y tendrán cada vez menos presencia e importancia.

Es su elección, y da cierto vértigo pensarlo, pero estoy convencido de que es así. Si no se democratizan y funcionan de una forma más transparente, estos partidos políticos se van a acabar convirtiendo en unas entidades totalmente irrelevantes en nuestra sociedad. Si es que no lo son ya.

ANATOMÍA DE UN

POLÍTICO

¿Hasta qué punto los partidos en España han ayudado a seleccionar mejor a los políticos? ¿Cómo han contribuido a asegurar la representatividad de los políticos ante la ciudadanía?

Juan Rodríguez Teruel

PROFESOR DE CIENCIA POLÍTICA EN LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

La selección de los políticos –mediante el reclutamiento de militantes, la designación de candidatos y la organización de las campañas electorales– es una de las funciones clásicas que se atribuye a los partidos políticos. De este modo, los partidos sitúan a decenas de miles de individuos en cargos públicos desde donde se puedan tomar decisiones o, al menos, tratar de influir en ellas. Para algunos académicos, se trata incluso de su función esencial, que distingue a los partidos de otro tipo de asociaciones voluntarias. De hecho, el origen de los partidos modernos, en el siglo XIX, tiene lugar en la necesidad de organizar las campañas electorales por parte de aquellos primeros diputados de la oligarquía que constataron cómo la extensión del sufragio a nuevos sectores sociales restaba eficacia a sus redes de clientelismo local. Desde entonces hasta hoy, los partidos han operado como grandes máquinas de selección de aspirantes a cargos parlamentarios y gubernamentales. Que los partidos puedan desempeñar otras funciones (agentes de participación y representación colectiva, agregación de intereses en sociedades complejas, presión de grupos específicos sobre temas concretos, etc.) no debe hacernos olvidar este papel.

¿Cómo se ha resuelto esta función en la democracia española después de más de tres décadas y media? Junto al impacto de la crisis económica que vivimos, en buena medida la insatisfacción política ciudadana que detectan las encuestas de opinión y que se ha manifestado en las últimas convocatorias electorales tiene que ver con esta cuestión. En particular, con la percepción pública de que los partidos han fallado, de un tiempo a esta parte, en la selección de nuestras élites políticas, y con ello han erosionado el vínculo representativo entre ciudadanos y sistema político. ¿Realmente son tan malos nuestros políticos o, al menos, tan diferentes de otras democracias? Las críticas por la mala calidad de “los de arriba”, de “los que mandan”, ni son nuevas ni resultan exclusivas de la escena española.

En los últimos años, diversos analistas, desde posiciones más académicas o más panfletarias, se han preocupado por el desapego de los ciudadanos hacia los políticos y el deterioro de las élites que gobiernan en las principales democracias de referencia. Que esta crítica haya emergido en Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia o Italia nos muestra que no es exclusivo de nuestro país y quizá responda a un fenómeno de mayor extensión y complejidad. Sin embargo, esta preocupación corre el riesgo de derivar en una diatriba populista sin mayor fundamento si nos olvidamos de los datos reales. Para evitarlo, es necesario repasar los rasgos más destacados de nuestros políticos y conectarlos con la forma en que los partidos los han seleccionado a lo largo de nuestra democracia. Antes de entrar en el análisis, hay que tener en cuenta cuál es el contexto político en el que se han desarrollado nuestros partidos políticos.

En primer lugar, una democracia de ciudadanos poco dispuestos a participar, de forma regular e intensa, en partidos y otras asociaciones políticas, lo que sitúa España entre los países con menor afiliación partidista. Esto deja un panorama propicio para el predominio de las jerarquías dentro de las organizaciones. En segundo lugar, una legislación orientada a reforzar a los partidos desde el Estado, principalmente a través de un sistema electoral y de un sistema de financiación pública que favorecen a los partidos de mayor representación social (a fin de evitar el riesgo de partidos populistas o empresariales) pero también refuerza el poder de las cúpulas de estos. Finalmente, un sistema político altamente descentralizado y con muchos cargos de relevancia política por cubrir (donde podemos identificar hasta seis niveles de gobierno distintos en algunos territorios), en el que las estrategias de los partidos se entrelazan, a veces de forma conflictiva, con las ambiciones políticas de los individuos que circulan por el sistema político, como señalara Joseph Schlesinger.

El resultado de este panorama es un sistema de partidos profesionalizados y disciplinados, pero a la vez supeditados a los cargos públicos, especialmente en partidos de gobierno; muy centralizados pero a la vez vulnerables ante el proceso de desnacionalización que parece estar dándose en la selección de sus dirigentes, debido al peso creciente de las élites territoriales sobre las nacionales.

¿Cómo son los políticos que han surgido de este modelo de partidos? Una observación de los parlamentarios y de los ministros que han gobernado durante este tiempo nos muestra en buena medida cuál es su grado de representatividad social, de expertise y de profesionalización política.

La representatividad social. Aunque el retrato general de los diputados y ministros –tanto en el nivel estatal como en el autonómico– no se aparta sustancialmente del patrón general de las élites políticas de anteriores regímenes y de otros países (predominio de los hombres maduros con estudios universitarios, mayoritariamente juristas y provenientes de la Administración Pública), existen signos de cambio social y cultural que se reflejan en la transformaciones de las élites políticas. El principal de estos cambios está relacionado con el sustancial incremento de la presencia de mujeres en parlamentos y gobiernos.

La explicación fundamental de esta rápida incorporación de la mujer a la élite parlamentaria –en medida significativamente mayor a la media de los Estados miembros de la UE– estriba en buena parte en el cálculo electoral de unos partidos atentos al cambio en la opinión pública, cada vez más favorable a que las mujeres ejerzan altas responsabilidades.

Este cambio de mentalidad ha incentivado que las principales formaciones políticas hayan adoptado estrategias diferentes para incrementar la presencia de mujeres tanto en sus listas electorales como en sus órganos internos (Gráfico 1). El primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero marcó la culminación de este proceso, al formar un Ejecutivo paritario. En términos sustantivos, la paridad de género en los gobiernos, que Rajoy no ha mantenido, se ha visto matizada por la mayor dificultad de las ministras para sobrevivir a las remodelaciones de cada gabinete y por un cierto encasillamiento en carteras del área social y de bienestar, aunque estos límites se van superando a medida que el porcentaje de mujeres se aproxima al de los hombres.

Formación y ‘expertise’. No es fácil medir cuán apto o preparado es un político. La capacitación profesional suele ser un dato utilizado para evaluar la calidad de quienes acceden a los puestos de poder. Uno de los indicadores de esta cualificación es la formación universitaria. En contra de lo que sugieren ciertos discursos de tono populista, en España apenas hay espacio para individuos sin formación universitaria.

Sólo un 10% de los diputados nacionales no obtuvo un título universitario, un 5% entre los ministros (entre 1977 y 2011). En el otro extremo, un 24% de los diputados finalizó un curso de posgrado universitario (máster, doctorado…) y un 45% de los ministros. Los políticos españoles suelen acumular un nivel educativo alto, en el que predominan por igual las titulaciones de Derecho y Ciencias Sociales. El caso más significativo es el de los ministros, como cabría esperar, cuyo nivel de formación es incluso mayor al de otros países europeos.

Otro indicador de la cualificación profesional se encuentra en su ocupación laboral previa. Los políticos españoles han acostumbrado a provenir del mundo académico y de la Administración Pública, con una fuerte formación en Derecho. Este predominio de los docentes y empleados del sector público se explica, en parte, por la garantía de reincorporación a su puesto de trabajo tras dejar el escaño o el puesto en el Gobierno, lo que favorece la circulación de las élites. Por el contrario, existe poca “representación” del sector privado, tanto de obreros como de empresarios, destacando el descenso continuo experimentado por los asalariados de la industria, un declive que, paradójicamente, se intensificó al inicio de la primera legislatura de mayoría socialista, siendo su presencia residual en las últimas legislaturas.

Este perfil educativo y profesional sugiere que muchos políticos poseerán un perfil de experto en materias que gestionan, o al menos de habilidades gerenciales. Efectivamente, los ministros nacionales presentan un grado de especialización moderadamente alto, puesto que podemos considerar expertos en la materia de su responsabilidad a cerca de la mitad de los ministros desde 1977. Esta relativa importancia de la especialización de los gobernantes manifiesta, en parte, la herencia de la concepción tecnocrática que se tenía del gobierno durante la segunda mitad del franquismo, aunque la democratización ha significado un retroceso de la especialización respecto a la dictadura. Además, este aspecto presenta un valor variable en la carrera del ministro.

La especialización es principalmente de tipo profesional (coincidencia entre la profesión y el campo del ministerio). Respecto a las habilidades gerenciales, la presencia de ministros con un perfil técnico de mánager (aquellos con estudios o experiencia profesional en el ámbito económico y empresarial) se ha reducido a lo largo de los diferentes gobiernos. Esta evolución muestra el crecimiento de los políticos profesionales sin experiencia ocupacional relevante previa, en contraposición con aquellos ministros que poseen un perfil de expertos o de especialistas amateurs.

Profesionales de partido. El monopolio de partidos sobre el reclutamiento de los representantes apenas tiene restricciones legales, más allá de las introducidas en 2007 para promocionar la igualdad de sexos. Estos criterios, que no suelen explicitarse y raramente se hacen públicos, establecen la búsqueda de un cierto equilibrio entre territorios, facciones internas y otros rasgos relevantes como el género. Este dominio del partido también afecta a cómo se comportan en el Parlamento y en el Gobierno. Las funciones que desarrollan los parlamentarios nacionales y autonómicos están subordinadas a la férrea disciplina de sus respectivos grupos parlamentarios, que son los que adoptan las iniciativas, y encauzan y controlan la inmensa mayoría de las actividades que tienen lugar en las Cámaras. Aunque esto es ciertamente lo habitual en los regímenes parlamentarios contemporáneos, es probable que en España haya alcanzado una de las cotas más altas, lo que resta atractivo al trabajo de buena parte de los parlamentarios individuales, en ocasiones ignorados por su propio grupo y habitualmente prisioneros de la voluntad de los dirigentes del partido. Ello puede también incidir en su disponibilidad para presentarse a la reelección, cuando no llevarles a renunciar al acta anticipadamente.

Igualmente, las trayectorias previas de los ministros y el peso de los partidos muestran una élite altamente politizada, propia del modelo de ejecutivos políticos más representativos y menos burocráticos, como sucede en el Reino Unido, Francia o Alemania. Sin embargo, esto no significa tener un Gobierno en manos del partido. Al contrario, los gobiernos oscilan entre gabinetes de marcado color partidista y gabinetes con una presencia débil del partido y de sus líderes. Esta evolución plantea interrogantes sobre el papel del partido en el Gobierno. No parece que éste tenga asegurado el control de la elección de los ministros, sino que ello más bien dependerá de las prioridades estratégicas del presidente, de su estilo y de su control del partido. Las relaciones entre Gobierno y partido son inevitablemente conflictivas, como pudieron comprobar Suárez, González y Zapatero.

Entre lo local y lo nacional. Algunos de estos profesionales de partido se desplazan arriba y abajo del tablero político español: diputados autonómicos que promocionan para ascender al Congreso y luego regresan a la Comunidad; ministros que vienen del Parlamento y luego se convierten en alcaldes; o alcaldes que también son diputados autonómicos y pueden acabar incluso como presidentes de la Comunidad… La casuística es muy variada y abundante. Así, el número de diputados con experiencia local o regional es superior a otros países con modelo de Estado regional o federal. La experiencia política en gobiernos locales es el principal canal de politización de los parlamentarios, algo poco sorprendente, dado que este tipo de posiciones es también el más abundante. También ha ganado un peso creciente la llegada de parlamentarios que han pasado previamente por instituciones regionales, en los parlamentos autonómicos o en órganos políticos ejecutivos.

A través del partido, los ministros han recorrido carreras políticas muy diversas antes de acceder al gobierno, con experiencias en varios niveles de gobierno, como muestra el gráfico 2. Los presidentes han favorecido el reclutamiento de ministros desde otros niveles del Gobierno. El nombramiento de altos cargos permite a los presidentes incorporar a individuos que le son leales por encima, sin tener que alterar los equilibrios parlamentarios o de partido. Además, la descentralización autonómica y municipal ha abierto la puerta del Ejecutivo a políticos formados en otras arenas políticas, a veces en detrimento del Parlamento nacional. Así, la arena autonómica se erige como un centro de reclutamiento de importancia creciente, una suerte de escuela para ministros, mientras que la arena local y, especialmente, la arena europea aparecen como niveles secundarios. Las nuevas vías no son necesariamente incompatibles con la experiencia en el Congreso, pero debilitan la formación de una élite ministerial estrictamente nacional y centralizada. Por eso, la llegada de ministros con carreras territoriales permite incorporar a la gobernación nacional la perspectiva autonómica y local, y con ello prevenir o aminorar los inevitables conflictos institucionales que surgen entre las diferentes arenas políticas del Estado. Pero también puede generar dilemas y contradicciones internas en las decisiones del Consejo de Ministros, y puede convertir la acción del ministerio en un contrapoder del gobierno autonómico cuando no existe congruencia partidista entre gobiernos de distinto nivel.

Y, al final, ¿quién manda? Hombres (y cada vez más, mujeres) de partido, con elevada formación y especialización, que viven de la política varios años y que se mueven entre diversas instituciones. Por supuesto, no todos coinciden con ese retrato, y sería fácil recordar memorables excepciones al patrón. Sin embargo, ¿son tan poderosos e influyentes como se les percibe? Dos aspectos nos sugieren que el papel de parlamentarios y ministros es más limitado aún de lo que hemos comentado.

Por un lado, los parlamentarios, especialmente en el nivel nacional, se renuevan mucho en cada cambio de legislatura, más que en otros países europeos. Esta elevada discontinuidad obedece en parte a los altibajos electorales, pero también está condicionada por la propia historia de los partidos, por el control que ejercen sobre la confección de las listas electorales y por las relaciones entre grupo parlamentario y partido, sin olvidar la propia motivación de los diputados para aspirar a la reelección. Esto último guarda una estrecha relación con la cantidad y calidad de los incentivos del trabajo parlamentario en términos de remuneración, indemnizaciones y asistencias de personal específico, el margen de autonomía en su labor con respecto al grupo parlamentario, el propio prestigio de la posición de diputado en cada momento y el grado de poder e influencia que ésta pueda otorgar a quien la ostenta. Ligado a este último aspecto estaría igualmente el valor añadido que la posición de diputado pueda suponer en cuanto a ventajas para una futura carrera profesional, o de cara a culminar una carrera política a nivel nacional accediendo a una cartera ministerial.

En cuanto a los ministros, duran poco (la media no alcanza el tiempo de una legislatura completa), apenas se mueven entre ministerios y nunca vuelven al gobierno tras haber salido de él (con contadísimas y significativas excepciones). Estas pautas de circulación ministerial son también un reflejo del predominio del presidente sobre el resto. Los ministros tienen poco espacio para desafiar la influencia del presidente en el proceso político gubernamental. Esto explica por qué los ministros han perdido peso político respecto a los líderes de gobierno autonómicos.

Efectivamente, la descentralización del Estado ha favorecido el desarrollo de sus territorios gracias a una mayor autonomía para sus élites periféricas. También ha debilitado la producción nacional de políticos. Ante esta posición, algunos observadores han planteado un escenario dramático que sitúa los ámbitos superiores del Estado a merced de los nuevos caciques regionales. El surgimiento de estas nuevas élites regionales, desconectadas de las instituciones de poder centrales, ha contribuido a alimentar las tendencias centrífugas en la vida política española. Esto tiene especial relevancia en aquellas regiones con fuertes sentimientos nacionales, que han visto en el Estado de las autonomías un camino a la homogeneización territorial y no una respuesta a sus demandas de reconocimiento específico de su identidad. En este contexto, la existencia de una circulación multinivel en el núcleo de las élites políticas españolas puede ocultar una presencia mayoritaria de élites políticas locales para las que su mundo político aparece cada vez más alejado del centro del sistema político.

EL CONTROL DE LOS

PARTIDOS

Los partidos son los que aportan la documentación y nunca revelarían nada ilegal salvo por error. La mayoría de las veces que el Tribunal de Cuentas detecta irregularidades no hay consecuencias.

Olga Granado

PERIODISTA

El atípico sistema de los partidos en España, donde se financian básicamente con fondos públicos, está sometido al control del Tribunal de Cuentas, que busca sobre todo detectar cualquier malversación, por incorrecta, incompleta o nula justificación de ingresos y gastos. Y todos coinciden, incluso dentro del propio organismo, en que es necesario mejorar los mecanismos de supervisión.

Los partidos son los que aportan la documentación para su fiscalización y, si hubiera algo ilegal o una contabilidad B, nunca lo irían a revelar, al menos conscientemente. Lo sorprendente es que en ese examen, el tribunal sí detecta irregularidades que luego plasma en los informes sobre su actividad ordinaria por año y los correspondientes a los periodos electorales. Pero la mayoría de las veces terminan en nada, porque sus dictámenes van con tanto retraso que prescriben.

El claro ejemplo de incumplimiento generalizado lo tenemos en el último informe del Tribunal de Cuentas, publicado este verano y correspondiente a la actividad ordinaria de los partidos en 2008. ¡Cinco años de retraso! Dicho informe constata en todos los casos la falta de una auditoría interna en la documentación presentada por los partidos. Pero ¿qué efecto tiene? Muy poco o ninguno. Junto al retraso en la elaboración de sus informes y a un régimen sancionador insuficiente, el tribunal se enfrenta al reto de ampliar su capacidad de control –lo que se quiere lograr precisamente con la reforma de la ley– y al de amortiguar las dudas sobre su imparcialidad, debido a su composición (seis consejeros elegidos por el Congreso de los Diputados y otros tantos por el Senado para un mandato de nueve años).

De hecho, la propia elección de los consejeros no es más que el resultado de un equilibrio de fuerzas –negociado hasta última hora– entre los partidos dominantes, PP y PSOE; y los elegidos no siempre tienen por qué responder a un perfil puramente técnico.

Los propuestos por el PP son el propio presidente del organismo, Ramón Álvarez de Miranda García, funcionario del Cuerpo Superior de Auditores y que trabaja para esta institución desde hace dos décadas; Manuel Aznar López, hermano del expresidente José María Aznar; Margarita Mariscal de Gante, su exministra de Justicia; Ángel Algarra Paredes, María José de la Fuente y de la Calle, José María Suárez Robledano y Javier Medina Guijarro. Mientras, los socialistas propusieron a Felipe García Ortiz, María Dolores Genaro Moya, Lluís Armet i Coma, Enriqueta Chicano Jávega y María Antonia Lozano Álvarez; en este caso, pactada con IU.

Con este panorama, los expertos coinciden en que el tribunal está sometido a limitaciones, por lo que su rendimiento es manifiestamente mejorable. “Y esto es necesario para que los partidos se conviertan en instituciones limpias, en las que los ciudadanos puedan confiar al menos en lo que se refiere a su financiación”, en palabras del profesor de Ciencias Políticas Óscar Rodríguez Buznego.

“Lo más grave es que la capacidad de control se detenga ante las sospechas y evidencias de financiación ilegal de los partidos, como si nada pudiera hacer. Escruta la contabilidad formal y legal de los partidos, y en ocasiones se puede atisbar en sus advertencias operaciones de dudosa legalidad o abiertamente irregulares, pero la contabilidad opaca se escapa a ese control. Cada uno de los grandes partidos brinda un ejemplo de las formas y magnitudes de la financiación ilegal en España. El caso Bárcenas es el último que nos servirá de gran prueba”, dice tajante.

Rodríguez Buznego cita cuatro puntos débiles del organismo. “El primero es la insuficiencia de la legislación. El segundo se deriva en parte del primero: las limitaciones que la ley pone a su capacidad para imponer o proponer sanciones. El tribunal recomienda y amonesta, pero al quedarse en eso las más de las veces su actuación, su autoridad se debilita y la sensación de impunidad crece entre los partidos. El tercero es la escasez de recursos con que cuenta, que le impide cumplir eficazmente con su cometido. El cuarto, pero igual o más importante que los anteriores, es el criterio seguido en el nombramiento de los consejeros, que no garantiza debidamente su independencia respecto de los partidos a los que deben controlar”.

En la misma línea, subraya que las herramientas de control de las que dispone son insuficientes y, sobre todo, ineficaces. “Suele publicar sus informes con un retraso de años, incumpliendo los plazos, cuando las ilegalidades observadas pueden haber prescrito y no merecen ya la atención de la opinión pública. El tribunal ha advertido más de una vez de la irregularidad que implica la condonación de deudas contraídas por los partidos con los bancos, pero esas denuncias no han tenido ninguna trascendencia”, añade.

“Ha elaborado un plan relativamente ambicioso, que le permitiría fiscalizar a ciertos dirigentes políticos y a su entorno familiar así como extender su control a un perímetro amplio en torno al partido. El propio partido, el grupo parlamentario, las fundaciones vinculadas, las agrupaciones locales...”, indica por su parte Begoña Sesma Sánchez, catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Oviedo.

De todas maneras, también señala que actualmente la tipificación de las infracciones y sanciones tanto en la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas como en la que regula la financiación de los partidos es insuficiente. “Retirar las subvenciones al partido que no rinde bien sus cuentas es una opción, como lo es imponer multas cuando hay exceso de donaciones; pero la cuestión es que el organismo llegue a tiempo de sancionar estas conductas (prescriben a los cuatro años desde que se cometieron) y tenga pruebas suficientes (y voluntad) de imponerlas. En octubre de 2012 se modificó la Ley de Financiación de Partidos para endurecer infracciones y sanciones pero sigue siendo insuficiente”, asevera.

Precisamente, dada esa falta de medios que mencionan los expertos, en los últimos años solo se estaba procediendo a concentrar los esfuerzos en los informes relativos a los “momentos de riesgo”, según apuntan desde el tribunal, que se producen precisamente cuando hay comicios, porque se cierran más contratos y hay más movimiento de cuentas. De todas maneras, se ha potenciado el departamento dedicado al control de los partidos, y a finales de año calculan estar al día en la contabilidad con un informe conjunto de la actividad ordinaria de 2009, 2010 y 2011. Y a partir de ahora va a poder acceder al conjunto de información que antes le denegaba el Banco de España “en el terreno de eventuales condonaciones de créditos de los partidos y en la identificación del conjunto de cajas pagadoras que manejan a lo largo y ancho del territorio nacional”.

Por el contrario, el tribunal aún no tiene “acceso a los datos de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social como elementos adicionales a las comprobaciones”, según ha apuntado. Otra de las dificultades que ha expuesto a los parlamentarios para luchar contra la corrupción es, a su juicio, el abuso del recurso a las “cláusulas secretas” a la hora de hablar de las contrataciones que hacen los partidos.

Por eso, el máximo responsable del tribunal sugiere limitar su uso solo a lo que se derive de la Ley sobre Secretos Oficiales. De hecho, los partidos deben aportarle toda la información referida a sus ingresos y gastos, y desde hace un año, además, están obligados también a notificar las donaciones recibidas superiores a los 50.000 euros.

En cuanto a las consecuencias que tienen estos informes, ya se ha dicho que son muy pocas o ninguna, aunque no hay que perder de vista que el Tribunal de Cuentas es un departamento técnico y es el Congreso de los Diputados el que adopta las decisiones. La sanción más habitual que impone es como consecuencia de superar el límite de las donaciones –que nunca pueden ser anónimas–, fijado en 100.000 euros al año. En ese caso, la multa corresponde al doble de la cantidad que se haya superado. Otro de los motivos de sanción, menos habitual, es que no se aporten las cuentas para la fiscalización.

El Tribunal de Cuentas ya presentó en 2011 una moción en el Congreso de los Diputados solicitando que se incrementaran las sanciones, que no fue tenida en cuenta. Por eso cuando PSOE e IU sobre todo arremetieron contra el hecho de que no hubiera un régimen más duro, el organismo dejó claro que lo había pedido, pero que no es su competencia aprobar esta resolución. En estos momentos, también está en estudio llevarlo a cabo.

EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS

Javier Gallego

PERIODISTA Y MÚSICO

Cuando el 15M gritaba “que no nos representan” estaba poniendo el dedo en la llaga por la que supura nuestra sociedad: los partidos. Hemos perdido la confianza en ellos porque se han convertido en el epicentro de uno de los terremotos que ha resquebrajado el sistema. Parafraseando la novela de Joseph Conrad, los partidos están en el corazón de las tinieblas en las que se mueve a tientas nuestra democracia. Qué lejana nos parece ahora la ilusión con la que se votó en las primeras elecciones. Quienes votaban entonces no imaginaban que el modelo de la Transición llevaba el germen de su destrucción en las tripas. Estaba condenado a colapsar más pronto que tarde. Por eso nuestra joven democracia parece prematuramente envejecida.

El funcionamiento de los partidos políticos en España produce monstruos. Opacidad, listas cerradas y escasa democracia interna generan una casta intocable, corrupta y mediocre que medra por amiguismos y utiliza el partido como trampolín para engordar cuentas bancarias y asegurarse una futura colocación en la empresa privada a cambio de favores políticos. Como dijo la presidenta en fechas recientes, un partido es una empresa. Son Partidos Políticos S.L., sociedades limitadísimas que buscan su propio beneficio, pagan cuantiosos sueldos a sus directivos y les blindan de la crítica. Además, un sistema electoral que protege a los partidos más grandes contribuye a la endogamia y al clientelismo que pudre nuestras administraciones. Unos pocos se reparten el pastel y, si alguien quiere un trozo, tiene que someterse a sus designios. De ahí que tantos votantes y medios de comunicación hagan la vista gorda o participen del trapicheo.

Pero ahora toca regenerarse o morir. Por eso resulta calamitosa la resistencia a renovarse de la mayoría. Es difícil que lo hagan por propia voluntad porque los privilegiados no renuncian a sus privilegios. Tampoco es probable la rebelión de las bases porque suelen seguir con reverencia sectaria la disciplina militar del partido: muchos aspiran a ser casta. La única manera de forzarlos es la presión social y el voto a los partidos minoritarios que, aunque comparten defectos con los grandes, son los únicos que pueden obligarles al cambio.

Mientras los partidos políticos no transformen radicalmente sus estructuras y su relación con la ciudadanía, seguiremos oyendo la voz de Kurtz, el protagonista de la novela de Conrad, que nos grita desde el fondo de nuestro sistema: “El horror, el horror”.

Índice

01 Intro

02 El nacimiento de la nueva sociedad civil

03 De profesión, político

04 Los partidos según sus votantes

05 Urnas impermeables a la corrupción

06 El futuro de los partidos

07 Ni contigo ni sin ti

08 El malentendido de D'hondt

09 Poder y dinero

10 Eterna juventud o vejez eterna

11 Urgente para la izquierda

12 ¿Por qué celebrar primarias?

13 Plantados en macetas

14 Intrusas en sus propios partidos

15 Nuestra partitocracia no quiere cambios

16 El juego ha caducado

17 Anatomía de un político

18 El control de los partidos

19 El corazón de las tinieblas