EL CRIMEN DE LA FORTALEZA EUROPA

IGNACIO ESCOLAR

Director de eldiario.es

La foto más famosa del año, la de José Palazón de la valla de Melilla, resume muchas cosas. No solo el contraste entre un primer mundo que juega al golf frente a unos desheredados que se juegan la vida. No es solo el color, esa pradera verde tan irreal como artificial en el norte de África. No es solo la actitud de quienes no interrumpen su partido, acostumbrados a esta locura cotidiana; o lo que debe de pasar por la cabeza de los inmigrantes que, desde lo alto de la alambrada, ven este sorprendente paisaje. ¿Qué tienen en común la valla y el campo de golf? Lo más importante: quién paga.

El campo de golf junto a la valla fue en parte levantado con el dinero de Europa, con fondos europeos para el desarrollo del turismo. También es esta Europa que teorizó los derechos humanos la que paga la fortaleza, la que financia la valla que separa con cuchillas a los ricos de los pobres. La Unión Europea gastó entre 2007 y 2013 cerca de 2.000 millones en blindar sus fronteras. Es casi tres veces más que todo el dinero que empleó la propia UE en políticas para proteger a refugiados y solicitantes de asilo, según Amnistía Internacional. En España, el contraste es muchísimo mayor: 9,3 millones de euros de la UE para refugiados frente a 289,4 millones para proteger la frontera; una frontera que se ha convertido en un enorme desastre humano.

Hoy el Mediterráneo es la fosa común más grande de este siglo, un enorme cementerio con miles de cadáveres. Es difícil saber la cifra exacta –The Migrant Files calcula cerca de 30.000 en los últimos 14 años– porque la mayoría de los muertos son anónimos. De cuando en cuando, el mar escupe algunos cuerpos sin nombre que no llegan ni a un breve en los periódicos. De cuando en cuando, una tragedia como la de Lampedusa lleva la muerte hasta los informativos de televisión y arruina la hora de la cena. Los dirigentes europeos tuercen el gesto, en Italia declaran día de luto nacional, pero nada o casi nada cambia ni en la política migratoria europea ni en el uso de las mentiras y el miedo por parte de políticos irresponsables. Los muertos se olvidan rápido y al poco tiempo hay quien cuestiona la inversión en patrullas marítimas de rescate de inmigrantes en peligro de ahogarse porque salvarlos de la muerte crea un “efecto llamada”. No exagero: lo planteó –al año de Lampedusa– el Gobierno del Reino Unido en una demostración práctica de que siempre se puede caer aún más bajo.

Al menos en Italia hubo luto nacional por Lampedusa. En España, la respuesta a la tragedia de Ceuta fue una mentira tras otra. Mentiras oficiales. Mentiras de Estado. Cinismo, manipulación y un discurso xenófobo calcado al del Frente Nacional francés, donde cualquiera que cuestione las ilegales devoluciones “en caliente” o la negligencia de la Guardia Civil –que acabó con 15 muertos en Ceuta– es un hipócrita o un perroflauta idealista y utópico. “Que me den la dirección y les enviamos a los que saltan la valla”, responde el ministro del Interior, Jorge Fernández, en una respuesta idéntica a la que suele dar Marine Le Pen cuando critican su xenofobia. “Que digan a cuántas personas están dispuestos a acoger y, si no lo hacen, que se callen y den menos lecciones”.

La trampa en las lecciones del ministro Jorge Fernández y Marine Le Pen –o Manuel Valls, o David Cameron– es que hay un montón de grises entre su extremo y el “buenismo” (como ellos lo llaman, como si lo suyo fuese “malismo”) que ellos caricaturizan. A su demagogia se responde fácilmente con datos. No hay “invasión” alguna –ni “avalanchas” ni “asaltos” en la frontera, como exageran algunos medios– porque España lleva ya varios años con tasas de inmigración negativas: son muchos más los que se van que los que entran. No está tampoco probado que las cuchillas en la valla sirvan como elemento disuasorio para unas personas que han llegado hasta allí a pesar del desierto, de las palizas de la policía marroquí y de una vida clandestina: solo sirven para infligir cortes inhumanos en los inmigrantes, y eso sí que está demostrado, a pesar de lo que dice el ministro Fernández cuando argumenta que son solo “heridas superficiales”. Ni siquiera son Ceuta y Melilla las puertas de entrada más comunes de la inmigración en España: es el aeropuerto de Barajas.

Como recuerda Amparo González Ferrer en este número de la revista de eldiario.es, el volumen global de migraciones no es mayor ahora que en los años 60. La migración ilegal no se arregla blindando aún más las fronteras, sino con migración legal y políticas de cooperación que arreglen el verdadero problema: no son las personas que buscan una vida mejor, sino la enorme desigualdad y pobreza. Incluso alguien tan poco sospechoso de perroflauta como el exministro del Interior griego y ahora comisario de Inmigración de la UE, Dimitris Avramopoulos, tiene claro que la Europa fortaleza no es la solución y que lo que está pasando en nuestras fronteras es un desastre humano. Un crimen.

LAS MENTIRAS QUE NOS CONTARON LA VERDAD

Las muertes de Ceuta demostraron que un Gobierno puede mentir a los ciudadanos para esconder ilegalidades y violaciones de derechos humanos. Pero que ya no cuela.

JUAN LUIS SÁNCHEZ

Subdirector de eldiario.es

Bienvenidos al viaje de la verdad. Abróchense los cinturones y afinen la mirada, no pierdan detalle porque vamos a hacer un recorrido por las páginas del parque jurásico de la política, por los juegos del hambre de la frontera, por los pasillos del lado oscuro donde no se ve venir el despertar de la Fuerza, por la isla donde habita el humo negro de la mentira. Verán dinosaurios resistiendo la extinción mientras pisan, muerden y siguen creyendo que el terreno es suyo; verán periodistas y ciudadanos lanzando flechas contra los espejismos electrificados del Gobierno, verán su cúpula de versiones oficiales venirse abajo, en directo y por televisión.

El día 6 de febrero de 2014, mientras amanece, 15 personas mueren en la frontera de Marruecos y Ceuta.

El 6 de febrero de 2014, a primera hora de la mañana, el Gobierno de España emite un comunicado oficial que dice que durante la madrugada 400 personas han tratado de “asaltar” el puesto fronterizo y la valla de Ceuta y que han sido “repelidos” por la policía marroquí. Que las fuerzas de seguridad españolas “en ningún caso han intervenido”. Que Marruecos se ha encargado de todo. Que ningún inmigrante ha conseguido entrar en territorio español. Y que sí, que ha muerto un número indeterminado de personas, pero que se han ahogado mientras nadaban para rodear la valla sin que hubiera episodio alguno de violencia y que los guardias españoles se han enterado de lo que ocurría a través de contactos por radio y teléfono con las autoridades marroquíes. Marquen este párrafo con un boli mientras leen porque habrá que volver a él al final del artículo.

Pasan las horas. La versión oficial de los hechos se publica en la mayoría de los medios de comunicación. Qué pena, ha muerto gente en aguas marroquíes. Vaya. Cómo va a tener la culpa España de nada de eso. Bueno, ¿hablamos de otra cosa?

Pasan las horas y a las cinco de la tarde se publican en eldiario.es los testimonios de inmigrantes supervivientes que acusan a los agentes de la frontera de cargar contra ellos y específicamente a la Guardia Civil española de lanzarles botes de humo y pelotas de goma cuando estaban en tierra y luego en el agua.

Interior cambia la versión oficial tras la publicación de este artículo. Un portavoz dice que lo único que se han usado son “armas de fogueo” desde el lado español del puesto fronterizo, lejos de los inmigrantes, y que “eso no hace nada, solo ruido”.

A las siete de la tarde surgen más testimonios de testigos diciendo que hubo disparos de bolas sobre el grupo que intentaba cruzar a nado. Y que es en ese punto donde se producen todas las muertes, por ahogamiento y aplastamiento. Algunos consiguieron pasar al otro lado y llegaron a la playa.

Pasan las horas. El ministerio de Interior tiene que volver a hacer declaraciones oficiales para admitir que también hubo de pelotas de goma y botes de humo. Pero insiste: solo se han usado en tierra y fue después cuando parte del grupo se metió en el agua para bordear la valla a nado. Y que ahí ya la Guardia Civil no tuvo nada que ver y se ahogaron porque no llevaban flotadores.

Y entonces se utiliza el comodín de la violencia. El uso de antidisturbios fue proporcionado porque “se trataba de un asalto masivo con violencia nunca vista”: “Han tirado piedras contra todo lo que han pillado”.

Han pasado 10.00 desde el primer comunicado oficial y el Ministerio del Interior ya ha difundido tres versiones diferentes. La línea roja de lo que están dispuestos a admitir está clara: no hubo ninguna actuación española ni en la valla, ni en el agua, ni en la playa de Ceuta.

Con esta tercera versión oficial del día, a pesar de los testimonios que apuntaban en sentido contrario, los grandes medios de comunicación hacen titulares e infografía explicando lo que había ocurrido en Ceuta. Violencia masiva. Respuesta proporcional.

–Las muertes son una tragedia, sí, pero involuntaria. Shit happens. ¿Hablamos de otra cosa?

–No.

Para la mañana siguiente, ya tenemos fotos donde, sorpresa, aparecen los guardias civiles españoles junto a la valla, en el espigón y en la playa, justo después de las muertes. Ante la confusión, los periodistas preguntamos si podemos ver las imágenes de las cámaras de seguridad que suele haber en los puestos fronterizos.

A las 11.00 del 7 de febrero, un portavoz de la Guardia Civil dice que en la zona de las muertes no hay cámaras. Nos dicen que en una frontera no hay cámaras de seguridad.

Como eso no se lo cree nadie, muchos periodistas no nos lo creemos. Unos minutos después la Guardia Civil recula ante las preguntas: sí que hay cámaras, sí. Pero nos dicen que no ha dado tiempo de ver aún las imágenes. Después de 24 horas desde la muerte de más de una decena de personas y con cinco versiones diferentes de lo ocurrido, ¿a nadie le había dado todavía por mirar las cámaras de seguridad?

¿Se han usado pelotas de goma para contener la llegada de los inmigrantes que llegaban? “Pelotas de goma en la mar, no”, dice el director de la Guardia Civil 30 horas después de los hechos. El 8 de febrero añade: “ningún inmigrante pisó el suelo español”. Testimonios en eldiario.es dicen ese mismo día lo contrario.

A falta de cámaras oficiales, llegan las ciudadanas. A las 14h se difunde un vídeo grabado desde un edificio próximo a la playa. El vídeo corrobora otra mentira oficial: sí había guardias civiles junto a la valla y junto al agua durante la tragedia. Y más importante: un numeroso grupo de inmigrantes llegó a la playa española, rodeando a nado el espigón fronterizo, y los guardias civiles los condujeron inmediatamente al otro lado.

Estas imágenes son la prueba más clara y descarnada que se había visto hasta la fecha de lo que conocemos como “devoluciones en caliente” y que no son más que una expulsión inmediata e ilegal del que llega, sin darle la oportunidad de justificar –como marca la ley nacional e internacional– por qué está desesperado por entrar y sin ser atendido de posibles heridas o hipotermia o ataque de nervios, sobre todo teniendo en cuenta que 15 personas habían muerto a su lado unos minutos antes. Los guardias hacen un cordón y los empujan al otro lado de nuevo, a zona marroquí. Algunos, muy débiles, van tropezándose por el camino.

El Gobierno dice que no ha mentido sobre aquello de que ningún inmigrante había conseguido cruzar a España porque España no empieza tras la valla o en la playa de Ceuta sino cuando uno consigue escabullirse de las autoridades. Algo que llamaron “línea fronteriza retráctil”. España no empieza en España; España empieza en la Guardia Civil.

El 10 de febrero, acorralado por algo que no suele pasar –los medios empiezan a no creerse la versión oficial de Interior sobre lo que ocurre en la frontera– el Gobierno difunde un vídeo de las cámaras de seguridad de la frontera. Esas que no existían.

El vídeo resume en tres minutos varias horas de actividad. Está editado por el Ministerio para dejar solo las partes que le interesaba mostrar: aparece primero, de noche, un grupo muy numeroso de inmigrantes corriendo desde Marruecos hacia el puesto fronterizo; luego, ya de día, se ve cómo los inmigrantes que se han quedado del lado marroquí lanzan piedras contra el lado español.

El resto, lo dejan fuera del montaje. No se ve nada del uso del material antidisturbios por parte de España. No se ve nada de las cargas de la policía marroquí para defender la frontera española. No se ve ni cómo ni en qué momento los inmigrantes deciden meterse en el agua. No hay ninguna imagen del momento de la muerte de las 15 personas ahogadas o aplastadas intentando cruzar a nado. No se ve nada del cumplimiento legal y humanitario de las obligaciones de las fuerzas españolas en la frontera y por supuesto nada de las devoluciones ilegales.

Una de las primeras teorías que estudia cualquier alumno de comunicación audiovisual es la del efecto Kuleshov: la percepción del público de cualquier imagen está condicionada por lo que sus ojos hayan visto justo antes, hasta el punto de que el significado cambia por completo. En este caso, la imagen final de un grupo de personas lanzando piedras no produce el mismo efecto sobre el que la mira si inmediatamente antes está la de la carrera de cientos de personas hacia la frontera, como es el caso, que si es el del uso de antidisturbios contra personas que acaban ahogadas. Justo lo que el montaje de Interior no enseña.

Aún así –porque para hacer el mal también hay que tener talento– en el montaje del Gobierno se escapan algunos detalles que son la confesión de varias mentiras. Un ejemplo: en el vídeo se ve que los inmigrantes llevaban flotadores artesanales puestos en la cintura desde el primer momento. El director de la Guardia Civil había dicho que era imposible que sus agentes pincharan nada, como sostienen varios inmigrantes, porque “los inmigrantes no llevaban ni manguitos ni flotadores”.

¿Cómo va el viaje? ¿Han perdido la cuenta de mentiras y versiones oficiales? No se preocupen. Nosotros también.

Una semana después de las muertes de Ceuta, el ministro se ve obligado a dar explicaciones en el Congreso. Y su comparecencia demuestra definitivamente que tanto su ministerio, la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil han mentido durante toda una semana. Admite que los agentes españoles sí dispararon pelotas al agua y cartuchos de fogueo mientras los inmigrantes nadaban. Lo hicieron con “objetivos disuasorios”, para que esas personas no pasaran a aguas españolas. Hubo 15 muertes, pero el ministro niega cualquier relación “causa-efecto” porque se dejó de disparar en cuanto hubo atisbo de “riesgo”.

–Vale, pesaos, ya está, ya habéis conseguido que el ministro admita que se mintió. ¿Podemos hablar de otra cosa?

–No.

“YO ESTUVE ALLÍ”

Un año después de la muerte de 15 personas en aguas fronterizas de Ceuta, los supervivientes no olvidan. Y su versión difiere notablemente de la oficial. Tras cruzar a Europa, algunos están dispuestos a hablar ante el juez

GABRIELA SÁNCHEZ

Periodista de eldiario.es

“Yo lo vi. Yo estuve allí”. Estuvo aferrado con un dedo a un hueco entre las rocas de un espigón que se convirtió en el infierno. Estuvo rodeado con un flotador fabricado con botellas, mientras a su alrededor caían pelotas de goma. Mientras el gas lacrimógeno que respiraba y su pánico al agua le dejaban casi inconsciente, asegura. Iker estuvo, como Mor, Charles o Louis, junto a los que ya no están. “La Guardia Civil apuntaba hacia las personas”. “El humo les ahogaba”. “No dispararon a su cuerpo, pero sí a su flotador. ¡Pam! Y se fue. Se hundió... Lo vi”.

Mientras la investigación judicial continúa a paso lento, los supervivientes del seis de febrero se resisten a olvidar allí donde se encuentran un año después. Francia, Alemania, España, Marruecos. Muchos de los testigos han logrado su objetivo de llegar a Europa. Otros siguen esperando. Este diario ha seguido su rastro. Su testimonio es clave para reconstruir los hechos en la causa abierta por el juzgado de instrucción número 6 de Ceuta. Como dicen, ellos estaban allí. Y la mayoría de sus testimonios coinciden. Fuentes jurídicas deslizan una “inminente” personación de testigos presenciales. Algunos de los participantes en el intento que acabó con la vida de 15 personas se unirán a la denuncia, confirman.

Mor estuvo allí, pero ahora está en Alemania. La cicatriz de su brazo le recuerda lo ocurrido. La Guardia Civil, denuncia, le golpeó con la porra mientras trataba de sortear el espigón. En la zona marroquí. “Los españoles entraron por la puerta de la valla a la zona de Marruecos”. La versión oficial lo niega. Los agentes afirman que no utilizaron sus defensas y se limitaron a actuar en España. Aunque en los pocos audios de las conversaciones de radio mantenidas aquella mañana se escucha: “Cuidado con los mehani –gendarmes marroquíes–. No les vayáis a dar a ellos”. Tras su publicación ganó más fuerza la posible actuación del Instituto Armado en el lado más próximo a donde, según la versión oficial, se produjeron las muertes. El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, lo zanjó: “En algún momento se ve que la embarcación está en la línea divisoria. Entiendo que lo dice por eso. También lo puede decir en un sentido irónico, exagerado, lo que sea, no lo sé”. Ahí quedó.

Pero el camerunés lo vio, reitera. No olvida la cara de uno de los agentes. “Podría reconocer al que me pegó más fuerte”, dice con contundencia en un testimonio recogido por Stéphane M. Grueso. Sostiene que se introdujo en el agua en un primer grupo de cerca de 30 personas. Delante de él nadaba Ousman Kenzo, relata. Lo volvería a ver minutos más tarde entre los cuerpos sin vida alineados en la playa. Mor centraba su atención en cruzar al otro lado. Piedra a piedra, no sabe nadar. Pisó suelo español, pero le devolvieron en caliente. Es menor de edad, pero no le preguntaron. Tiene 17 años y en la actualidad está tutelado por la administración alemana.

Hace casi un año relataba los hechos a eldiario.es desde Tánger. Iker eligió su nombre ficticio con la mente clavada en su equipo favorito. Un mes después de su llegada a Tarifa en patera, se sienta en una cafetería ubicada frente al estadio Santiago Bernabeu. Vuelve a describir su versión de los hechos detalle a detalle, e insiste: “No me importan los vídeos porque yo estuve allí. Yo lo vi –reitera, a la vez que señala uno de sus ojos–. Los primeros instantes en el agua eran de pánico. Mientras las personas luchaban por nadar, ellos disparaban hacia ellas”. El joven camerunés tiene un miedo atroz al agua. Durante esos momentos, cuando empezó a escuchar los disparos, metió el dedo en un agujero muy pequeño de una roca del espigón. “Me enganché para no ahogarme. Lloraba y pedía que me salvaran. Me rescataron dos agentes marroquíes y empecé a vomitar. Había tragado mucha agua y el gas lacrimógeno hizo que me sintiese muy mal, me picaban los ojos”. Otros se quedaron en el mar. “Cuando me reanimaron en la playa, vi los cuerpos. Ibrahim... mi compañero de búnker en el bosque. Le llamaban el hombre pez por cómo nadaba. Ahora está muerto”.

La impotencia le obliga a tomar un papel y situar sus recuerdos en un mapa. Un círculo desigual coloca la embarcación de la Guardia Civil entre aguas españolas y marroquíes. La única movilizada con antelación. La única, también, cuyas características impiden su acceso a zonas cercanas al espigón o a la costa, según las declaraciones de la tripulación. Es la justificación oficial de la falta de auxilio en los primeros instantes. Allí no estaba ni Salvamento Marítimo, ni Cruz Roja. Nadie les avisó. Las embarcaciones del Instituto Armado más adecuadas para este tipo de rescates llegaron cuando “casi no había inmigrantes en el mar”. No se les llamó a tiempo.

Durante estos primeros momentos, se producen los instantes más dramáticos, cuando podrían haber tenido lugar las muertes, según las fuentes oficiales, los agentes en servicio y algunos de los inmigrantes. “Un número importante de ellos estaba agolpándose en la misma punta, creando un embudo donde se puede ver cómo se empujan y apelotonan”, describe un capitán en el informe de diligencias entregado al juzgado de Ceuta. En este instante se produjeron disparos hacia el agua. Aquí ambas versiones distan en un detalle fundamental. La Guardia Civil niega haber apuntado hacia los inmigrantes. Los agentes en servicio aseguran que siempre “pretendían” mantener una distancia “prudencial”. Todos los supervivientes contactados por eldiario.es afirman que algunas pelotas de goma impactaron sobre sus cuerpos o flotadores. Las imágenes gubernamentales no aclaran estas acusaciones pero sí demuestran que los agentes lanzaron al menos un bote de humo sobre un grupo abundante de personas que nadaba en aguas marroquíes. También pueden observarse disparos de pelotas de goma desde el espigón fronterizo muy cerca de los inmigrantes que ya se encontraban en zona española. Algunos agentes apuntaban hacia abajo. Sí se confirma que no se cumplían los 25 metros garantizados por el ministro del Interior.

A pesar de la importancia de conocer lo ocurrido durante los primeros minutos, la información sobre estos es la más difusa. Las imágenes oficiales no lo muestran con claridad. La acusación popular solicitó a la jueza las grabaciones de las cámaras instaladas en vehículos, que, según descubrieron, no habían sido entregadas. La acusación popular defendía que, por su ubicación, esas imágenes podrían contener ese momento. La Guardia Civil ha respondido a la titular del juzgado que tales grabaciones no existen. Según han declarado, a partir de las cinco de la mañana, esas cámaras dejaron de grabar porque el operador que las manejaba, indican, tuvo que cubrir otro puesto de refuerzo en frontera.

El origen de la orden de emplear material antidisturbios hacia el agua también ha desaparecido. A pesar de que el informe del Instituto Armado concluye que “no se dio una petición de autorización como tal”, muchos agentes declaran haber recibido directrices. El jefe del grupo de antidisturbios reconoce dar instrucciones sobre “cómo emplearlo” para “no dañar” a los inmigrantes. El capitán de la Compañía de Ceuta empuñó una de las armas y disparó tres pelotas de goma para dar ejemplo. Los agentes no detallan la “autorización” pero las mencionan. Defienden que su objetivo era “canalizar” el trayecto de los inmigrantes y “salvaguardar su integridad” evitando que nadasen hacia el fondo. Días después del 6 de febrero se decidió prohibir el uso de material antidisturbios hacia el agua a través de una orden verbal.

Dos fuentes con contactos en el Instituto Armado de Ceuta apuntan más alto: “Eso era una decisión politizada. Las órdenes venía de arriba y eran muy claras. Que no pasen a nuestro lado, que se queden en tierra de nadie. Buscaos la vida, pero que no crucen”, detalla una de ellas a eldiario.es. “Las órdenes de evitar su paso por todos los medios y de no actuar, de no auxiliar. El servicio marítimo de la Guardia Civil está totalmente capacitado, es su labor. Pero había una orden”, añade. Se le pregunta por el destino de las pelotas de goma y responde, mirando hacia abajo, como si se avergonzase de su contestación: “Los agentes con los que he hablado defienden que las lanzaron en parábola, para marcar la línea fronteriza y todo eso... Pero, en confianza, alguno reconoce que sí, que dispararon hacia ellos”, desliza. La Delegación del Gobierno de Ceuta niega estar detrás de la supuesta directriz. No tienen ni competencias ni conocimientos para dictar tales órdenes, aseguran desde su portavocía a eldiario.es. Este periódico ha contactado con la Dirección General de la Guardia Civil para contrastar las nuevas informaciones y acusaciones desprendidas de los testimonios pero han rechazado hacer declaraciones.

La investigación judicial va despacio. Dos organizaciones de la acusación popular denuncian obstáculos impuestos por la jueza instructora del caso y su “pasividad” a la hora de solicitar diligencias. La magistrada ha solicitado el envío del causa a la Audiencia Nacional por “ falta de competencia” del juzgado ceutí. La acusación popular considera que “quiere deshacerse del caso”.

Charles –nombre ficticio– destaca el agobio que el gas lacrimógeno provocaba en la gente. “Se mete en tus ojos en tu boca, parece que no puedes respirar... No sé explicarlo. Te sientes mal. Ellos lanzaron gas lacrimógeno y botes de humo dentro del agua”, advierte en un piso del barrio tangerino de Boukhalef. Él sigue esperando y las fuerzas flaquean. Desde Alemania, Mor también lo menciona. En España, Iker se toca los ojos y la garganta al describir lo que sintió mientras lo respiraba, tras la fatiga de la carrera anterior. Creen que esa fue una de las causas de la muerte de sus compañeros. Los agentes reconocen que emplearon botes de humo hacia el agua.

Su rostro se pone aún más serio para relatar cómo murió su “primo hermano”, Michele. Reconoce estar convencido de la razón de su muerte. Una pelota de goma o bala de plástico. “La Guardia Civil no disparó a su cuerpo, pero sí a su flotador. ¡Pam! Y se fue para abajo”, sentencia sin perder la serenidad, con la mirada clavada en los ojos de quien pregunta. Varios testimonios mencionaban neumáticos pinchados durante las labores de rechazo del Instituto Armado, el Gobierno lo niega. El vídeo oficial muestra a un agente marroquí arrastrando lo que parece una embarcación hinchable sin aire en la orilla, pero se desconoce cómo se desinfló.

La ciudad de Ceuta, sin embargo, parece tratar de olvidar aquella mañana. Hablar de las muertes del Tarajal en las calles ceutíes produce cierta sensación de incomodidad. Muchos se niegan. “Me puede traer problemas”, repiten. Alguno responde con un rotundo: “No me interesa”. Excepto contados activistas ceutíes, como los integrantes de la ONG Pedagogía Ciudadana, las pocas personas que aceptan profundizar disminuyen el volumen de su voz. Piden ocultar su nombre en caso de publicar sus palabras. Miran a los lados durante la conversación, o reculan, y optan por zanjar la charla. No hablamos de guardias civiles afectados, nos referimos a taxistas, vecinos, profesionales de medios de comunicación que podrían haber accedido a más detalles de los difundidos, pero prefieren callar.

“Cuesta hablar porque la gente tiene miedo. El ‘ver, oír y callar’ es muy típico en Ceuta. Es la actitud que hay tener”, dice un ceutí buen conocedor de los entresijos de la ciudad. Pero ¿a qué tienen miedo? No hay respuesta concreta. Hablar implica dirigir la mirada a la Guardia Civil. Cerca de un tercio de los empleados públicos son policías, guardias civiles o militares. Es común tener un familiar, un amigo o un conocido cercano perteneciente al cuerpo. El Instituto Armado ha salvado miles de vidas y su trabajo en la frontera está muy bien valorado, especialmente entre los habitantes de las ciudades autónomas.

En este punto la Guardia Civil, los ciudadanos ceutíes, el Gobierno y los supervivientes de la tragedia de Ceuta están de acuerdo. Los inmigrantes tampoco se podían creer lo que veían. “No sabía qué hacer. Nosotros siempre vemos a la ‘Guardia’ como los buenos; cuando vi lo que hacían, di la vuelta y regresé a nado a la playa”, dijo Stéphane días después de la tragedia de Ceuta.

Mor rompe a llorar. Ya está en Alemania, es menor y, por el momento, no puede ser expulsado. Va al colegio y participa en las actividades extraescolares de su instituto. Pero, mientras observa las fotografías de sus compañeros fallecidos, frena su relato de los hechos. Esconde su cabeza entre sus manos. Y se desborda, una vez más: “Hay que hacer algo”.

LA VERDAD

STÉPHANE M. GRUESO

Director y productor de documentales

¿Qué es la verdad? Tenemos la verdad histórica, la judicial, la verdad mediática, la verdad de los vencedores, la verdad de las mil y una versiones del Delegado del Gobierno en Ceuta, la verdad del powerpoint del Secretario de Estado de Seguridad…

Circunstancias de la vida han hecho que en estos últimos cinco o seis meses haya conocido, conversado y grabado en varios países a una decena de participantes en el intento de entrada del pasado 6 de febrero en la frontera de Ceuta. Ese día, alrededor de 15 personas morían ahogadas en la frontera de la playa del Tarajal. Y ese día hubo también pelotazos de goma, palos y botes de humo por parte de la Guardia Civil.

La cuestión es que todos los testimonios concuerdan. Todos. TO-DOS. Y lamentablemente no tienen nada que ver con lo declarado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hasta el momento en el proceso judicial abierto.

Cuando una decena de personas te cuentan exactamente lo mismo –negros jóvenes y fuertes de metro ochenta y veintipocos años, que cada pocos minutos interrumpen su relato porque no pueden evitar llorar– sencillamente te lo crees. Es verdad, vaya. El relato de otros testigos y el estudio de vídeos y otras pruebas van en la misma dirección.

Y esa verdad, avergüenza a la Unión Europea, a España, a su Gobierno, a la Guardia Civil y al ser humano. Me avergüenza como español.

Me avergüenza también darme cuenta de que esa verdad –o una aproximada– yo ya la conocía hace tiempo. Algunos medios, pocos, la han publicado. Desalambre, sección de Derechos Humanos de eldiario.es entre ellos. Pero hasta que no he metido el dedo en la llaga no lo he creído. No lo he querido creer. No lo he visto del todo. No sé. Sensación de desasosiego y vergüenza de nuevo.

A veces explico el 15M como ese proceso por el cual, en ese teatro que todos sabemos que es esta sociedad en la que vivimos, donde nos sentimos engañados, tenemos esa sensación pero nunca lo confirmamos… Pues un día nos da por levantarnos, rodeamos el telón del teatro y vemos el truco. Vemos las cuerdas de las marionetas. Entonces lo confirmamos: es todo mentira. Y ya lo sabemos. Nunca nos podrán volver a engañar.

Pues para mí, el proceso en esta desgracia –crimen ya– del 6 de febrero en Ceuta, es lo mismo.

Como decía Manuel Vicent, “el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla”. En un futuro, puede que se abra juicio oral o no. Sus señorías de tribunales y programas de televisión dictarán veredictos, puede incluso que se aparezca Dios y diga lo que sea, pero a mí, lo siento, mi verdad no me la quita ya nadie. Para mi vergüenza.

LAS VALLAS: UNA ORTOGRAFÍA PARA LA EXCLUSIÓN

OLGA RODRÍGUEZ

Periodista

Tengo un amigo senegalés que tardó siete meses en llegar a nuestro continente. Hubo un momento, a mitad de camino, en el que se quedó sin dinero. No podía ni avanzar ni retroceder, permaneció en el desierto semanas, sin apenas nada. Así han muerto miles de personas. Él tuvo suerte. Se topó con un viejo conocido que traía refuerzos en forma de billetes y latas de comida. Juntos embarcaron en una patera y juntos presenciaron la muerte de varios compañeros que viajaban con ellos, apretados, abrasados por el sol y por la sal del mar que empapaba la barcaza. Su historia es una de tantas odiseas contemporáneas.

De gente como mi amigo, un tipo trabajador, nuestros gobiernos y la prensa afín dicen que saltan y asaltan, que “desestabilizan y crean alarma social”. Hay eufemismos que acusan a personas como mi amigo de formar “avalanchas”, “oleadas”, “amenazas” y otros cataclismos similares.

El discurso oficial sobre la inmigración difunde una premisa falsa, la de que “no hay suficiente para todos”. En el mundo se producen alimentos para nutrir a 12.000 millones de personas en un planeta habitado actualmente por 7.000 millones.

Hay para todos, pero se apuesta por políticas que fomentan el crecimiento de la desigualdad. España es buen ejemplo de ello. Nuestro país se convierte de nuevo en emisor de migrantes. En los últimos años cientos de miles de personas han salido de nuestras fronteras para buscar el trabajo o bienestar económico que España les niega. A pesar de los discursos y de los muros que pretenden diferenciarnos de los otros, la línea que separa a los migrantes que vienen a España de los españoles que huyen de ella es mucho más fina de lo que pensamos.

La mayor parte de los inmigrantes llega a España en avión, como turistas, y tan solo un porcentaje mínimo lo hacen cruzando la valla que separa Ceuta y Melilla de África. Sin embargo, el discurso institucional, alarmista y racista, ha logrado insertar en el ideario colectivo la convicción de que los inmigrantes son mayoritariamente subsaharianos llegados en pateras. De ese modo se logra despojar a los otros de aquello que los conecta con nosotros.

El pasado año entraron a España de forma clandestina 33.913 personas. De ellas solo el 4,79% lo hizo por Ceuta, el 7,78% por Melilla y, en ambos casos, la mayoría no llegó saltando la valla. Lo mismo ocurrió en 2012. A pesar de esto, desde 2005 los sucesivos gobiernos españoles se han gastado cerca de 72 millones de euros en la “seguridad” de las vallas de Ceuta y Melilla.

Con ello se traza una línea no solo física, sino también psicológica y simbólica. Poco importa que sea un porcentaje mínimo el que acceda a España a través de las vallas. Hay que gastar dinero en ellas porque se erigen como emblema de lo que nuestros gobiernos pretenden que seamos: torres de marfil, escenarios privilegiados frente a los de fuera, frente a los harragas, término árabe que se emplea en África para referirse a los jóvenes dispuestos a quemar las fronteras.

Las vallas son las líneas que subrayan el lenguaje de la insolidaridad y la exclusión como una forma de guerra contra los otros, contra aquellos que recorren las rutas de migración desde África hasta Europa con una cinta adhesiva pegada a su cuerpo, en la que escriben sus datos y los números de teléfono de familiares a los que habrá que llamar en caso de que ellos mueran durante la travesía.

Hay en la discriminación contra los migrantes una lucha de clases, la más actual, la más metafórica, la más global dentro de este siglo XXI. Todo es comprable, incluso los permisos y visados que abren la puerta de acceso a nuestro continente. Esta es una Europa de muros elevados y alambradas de espino, que expulsa o acepta a personas en función de sus necesidades de mano de obra semiesclava y precaria.

La desigualdad económica es compañera de viaje de este nuevo siglo y ante ella la migración es una necesidad para millones de personas condenadas a la pobreza, al desempleo, a la precariedad. Quienes justifican las violaciones de los derechos humanos contra los inmigrantes taponan toda posibilidad de llamarnos sociedad civilizada. Quienes airean el miedo contra los otros, acusándoles de arrebatadores de nuestras riquezas, muestran, además de una evidente falta de imaginación en busca de alternativas, un déficit de principios morales básicos.

Las víctimas de las políticas actuales tienen derecho a buscar un lugar en el mundo, un espacio que les garantice su derecho a caminar, a estar, a ser, a construirse. El viaje por una vida mejor es un derecho, su derecho, nuestro derecho. Porque es más lo que une que lo que separa a los migrantes que vienen y los españoles que se van. Porque los otros ya somos también nosotros.

HACER LEGAL LO ILEGAL

El Gobierno ha impulsado las devoluciones ‘en caliente’ de migrantes en Ceuta y Melilla, prohibidas internacionalmente por la falta de garantías y la imposibilidad de estas personas de pedir asilo.

LAURA OLÍAS

Periodista de eldiario.es

Samuel tocó suelo español tras dejar atrás la valla de Melilla. Quince veces se había encaramado a la alambrada en busca de un país que “respetase el derecho a amar”, con el impulso de quien no puede volver atrás. “La policía y la gente de mi pueblo me buscaba en Camerún porque descubrieron que soy gay”, explica. La alegría de Samuel no duró mucho. Ese día acabó soportando los golpes de la policía marroquí: “La guardia española abrió la puerta de la valla y me llevó de nuevo a Marruecos”.

El nombre de Samuel protege la identidad del hombre de 32 años que tras cinco saltos más consiguió entrar a España y espera la resolución de su solicitud de asilo, que presentó con el apoyo de la ONG Accem.

La imagen que describe, de los agentes españoles trasladando a migrantes por el entramado fronterizo, retrata las denominadas “devoluciones en caliente”: las autoridades devuelven a una persona que ha entrado de manera irregular a España sin las obligadas garantías legales. Abren las puertas de la valla que comunican Europa y África y los expulsan inmediatamente. Como si no hubieran llegado nunca. España incumple así la Ley de Extranjería, el convenio bilateral con Marruecos y multitud de tratados internacionales, porque si devuelves a alguien sin preguntarle por qué ha venido, quizá estás poniendo su vida en riesgo.

El camino que marca la ley debería haberlo conducido a un cuartel. Allí, la Guardia Civil está obligada a ofrecer la asistencia de un abogado y un intérprete. Si la persona sufre persecución u otros motivos que lo hagan susceptible de pedir asilo puede solicitarlo, así como expresar cualquier otra cuestión. Una vez en España, los migrantes deben ser identificados en todos los casos. Si no prueba que tiene motivos para ser refugiado, entonces puede iniciarse su trámite de expulsión.

Pero a Samuel no lo escucharon. Ni siquiera le preguntaron su nombre. Lo soltaron de nuevo “al otro lado”. Volvía a repetir una secuencia marcada por el miedo: los perros de la policía marroquí de madrugada, las palizas, las cuchillas que han marcado su rostro y su cuerpo. Porque no iba a cesar de intentarlo. Cinco saltos más. Dentro.

Su pasado ahora queda plasmado en una petición de asilo. Los meses sobreviviendo en las montañas de Marruecos. La ruta previa por Nigeria, Níger y Algeria. Que en Camerún trabajaba como carpintero y amaba a un hombre. Y que el descubrimiento de su relación le valió la persecución por parte de su propia familia y sus paisanos.

El Código Penal de Camerún condena las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. “Puedes ir cinco años a la cárcel, pero la gente también te puede matar. Te ponen la cuerda al cuello o incluso prenden fuego”, explica. Tuvo que saltar cinco veces más para denunciarlo.

El Gobierno pretende legalizar expulsiones inmediatas como la de Samuel, algo ilegalizable según las organizaciones sociales. Los expertos señalan, incluso, que es inconstitucional: la Carta Magna reconoce el derecho al asilo y obliga al Estado a cumplir los tratados internacionales.

Las devoluciones en caliente han sido negadas por todos los gobiernos. Ante unas imágenes que las demostraban, el ministro Jorge Fernández Díaz llegó a admitir que “en casos puntuales [sic]” se incumplía la ley. Hasta el pasado 6 de febrero. Después de más de una década de expulsiones sin garantías, la muerte de 15 personas en la playa de El Tarajal de Ceuta situó bajo el foco la actuación policial y supuso el reconocimiento de esta práctica.

Las víctimas mortales de Ceuta destaparon otro número: los 23 migrantes que la Guardia Civil devolvió en caliente a Marruecos. Sin identificación, sin ser oídos por un abogado. Incluso había vídeos que mostraban cómo algunos apenas podía mantenerse en pie cuando eran abandonados por los agentes españoles.

Fernández Díaz tuvo que admitir las devoluciones, pero en esa ocasión negó cualquier ilegalidad. El Gobierno cambiaba el concepto de frontera: los migrantes no entran en España hasta que no superan la totalidad del entramado fronterizo, incluido el cordón policial.

A estos rechazos inmediatos les siguieron otros a plena luz del día, captados por todas las cámaras, ya sin ocultarlo. La explicación de Interior no convenció a un juez de Melilla, que ha imputado al coronel jefe de la Guardia Civil de la ciudad autónoma, Ambrosio Martín Villaseñor, debido a un posible delito de prevaricación por permitir y ordenar las expulsiones.

El Gobierno mantiene que no actúa fuera de la ley, pero ha diseñado una vía para legalizar las devoluciones. Una nueva enmienda a la Ley de Seguridad Ciudadana permite devolver a los extranjeros detectados en Ceuta y Melilla “mientras intentan superar, en grupo, los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera”. La entrada grupal implica para el Gobierno que existe “una organización tendente a violentar las fronteras”.

Legislar contra derechos. Alain Diabanza intentó entrar por la valla de Ceuta en tres ocasiones, siempre en grupo. “Es la forma que hay de poder pasar, si lo intentan varias personas al mismo tiempo”, apunta. La tragedia de Ceuta le encogió el estómago porque, al final, entró en España a nado por el mismo espigón en 2005. “Podía haber sido yo”, repite una y otra vez. Se echó al mar de madrugada por miedo a una devolución en caliente: “En una de las primeras que vi, traían a un chico con la espalda abierta por las cuchillas”.

Alain huyó de República Democrática del Congo en 2002 cansado de “difundir las mentiras de la dictadura” a sus alumnos. Una vez en España, también cursó una petición de asilo, que fue denegada. Sin embargo, admite que el día que entró en España cambió su vida. “Trabajo, cotizo, tengo sanidad y conocí a mi esposa”.

Las devoluciones en caliente impiden que personas como Samuel y Alain, potenciales refugiados, pidan protección en España. Un derecho recogido no solo en la Constitución sino también en el Convenio de Ginebra, entre otros tratados. No se puede legalizar la vulneración de derechos ya reconocidos, recuerdan desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). “Los ciudadanos que llegan por Ceuta y Melilla no pueden tener menos derechos que los que acceden por otro punto del país”, apunta María Jesús Vega, de ACNUR España.

El coste humano de expulsar a estas personas, algunas menores de edad, también debería ser una línea roja para las autoridades, apuntan en Amnistía Internacional (AI) y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Alain temía una devolución porque “podías tener suerte y que solo te pegaran o no tenerla y que te metieran en un camión para deportarte”. El principio de no devolución prohíbe devolver a ciudadanos a un país donde sus vidas corren peligro.

Ninguna de las organizaciones contactadas recuerda otro país que haya intentado legalizar estas devoluciones. “Las hacen pero no han intentado aprobarlas”, indica María Serrano, de AI. En  la ONG esperan que si el Gobierno no da marcha atrás sea la justicia la que frene “esta vulneración de los derechos humanos”. Desde CEAR plantean “promover un recurso de inconstitucionalidad” si la mayoría del PP logra aprobar la enmienda, apunta su responsable de Incidencias, Nuria Díaz, quien recuerda que estos impedimentos solo provocarán más heridas, destruirán más vidas, pero no frenarán la llegada de migrantes.

“En este lado solo me muero. Si salto, hay dos opciones: muero o me salvo. Hay más oportunidades”, resume.

EL CORONEL YA TIENE QUIÉN LE DEFIENDA

ISABEL ELBAL

Abogada especializada en Derecho penal y profesora de Derecho procesal penal en el Centro de Estudios del Colegio de Abogados de Madrid

El día 11 de septiembre de este año el titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Melilla dictó un auto imputando al coronel jefe de la Guardia Civil de la ciudad autónoma un delito de prevaricación como responsable de las llamadas “devoluciones en caliente”, producidas por agentes de la Guardia Civil los días 18 de junio y 13 de agosto de este año.

Dicho agente, al mando del dispositivo, fue quien, además, dictó la Orden de Servicio Dispositivo anti intrusión en la valla perimetral de Melilla y protocolo operativo de vigilancia de fronteras, de 11 de abril de 2014. El juez entendió que se había cometido un delito de prevaricación porque dicha orden o protocolo incumple claramente lo dispuesto en la legislación española.

Nuestra normativa interna viene a cumplir las exigencias de la legalidad internacional en materia de Derechos Humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención de Ginebra y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, entre otros, que exigen el cumplimiento del llamado principio de no devolución. Dicha máxima implica un mínimo de garantías de que la persona que ingresa irregularmente en territorio de cualquier Estado tiene derecho a ser oído por si fuera solicitante de asilo y tuviera derecho a obtenerlo. El derecho de asilo o no devolución al país de origen o cualesquiera donde el solicitante pudiera peligrar su vida, por persecución política, circunstancias económicas excepcionales, estado de guerra… es un derecho inalienable de la persona, por lo que, en caso de solicitud, el afectado no deberá ser expulsado hasta que se resuelva su solicitud.

Por lo tanto, lo establecido en nuestra legislación en relación al tratamiento de inmigrantes no supone un capricho del legislador sino una obligación de carácter internacional.

El coronel jefe evidenció una voluntad claramente incumplidora de la legalidad y desde su superioridad como funcionario impuso su arbitrio a capricho, perjudicando gravemente los derechos humanos básicos de los afectados, los migrantes.

En este caso, el incumplimiento de la norma es severo, pues se ha puesto en grave peligro la vida y la integridad física de las personas que fueron entregadas a las autoridades marroquíes sin cumplir el procedimiento establecido legalmente y despreciando así la condición humana de los afectos.

Este ilegal comportamientoambién sería doloso, pues se lleva a cabo con perfecta consciencia de su ilicitud, pese a que se escude en directrices de carácter político, pues la obediencia debida a sus superiores no le exime del deber de acatamiento al sistema normativo.

En este sentido conviene tener en cuenta que el último movimiento del Gobierno, introduciendo el concepto de “rechazo” (devolución en caliente) en la Ley de Extranjería, no sólo pretende la legalización de esta práctica inhumana y cruel; además, perseguiría que el juez de Melilla levantara la imputación al coronel jefe Ambrosio Martín Villaseñor pues, legalizadas las devoluciones en caliente, ya no tendría sentido continuar un procedimiento penal contra él.

Una vez publicada esta enmienda, el juez dejaría sin efecto la imputación y archivaría la querella en contra del coronel. Lo demás, las explicaciones que daría el Gobierno ante la Unión Europea, la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y todo lo que viniera después sería asumible por nuestros gobernantes, pues llegado el momento de extirpar las devoluciones en caliente de nuestra normativa, ¡cuántos coroneles habrían acometido con total impunidad, a la vista de todos, devoluciones ilegales!

Sin embargo, no es tan sencillo como lo proponen los asesores legales del Gobierno (suponemos, una horda de abogados del Estado), pues los jueces no acatan a ciegas las leyes, sino que las interpretan a la luz de la Constitución Española y de la normativa internacional que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico.

Pero, además, este caso no se refiere a una simple ilegalidad administrativa, sino gravísimo incumplimiento de lo hasta ahora dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico, incluida la normativa de carácter internacional, que, como hemos visto, es unánime en prohibir las devoluciones. Esta arbitrariedad habría sido, según exige la jurisprudencia, manifiestamente grosera, patente, clamorosa, evidentemente contraria no sólo a la norma concreta –como en este caso la Ley de Extranjería– sino que contradictoria abiertamente el sentido de la Constitución y del ordenamiento jurídico en general

Por lo tanto no habría razón legal alguna para archivar la querella, pues el coronel imputado tenía obligación de acatar la norma constitucional, que prohíbe los tratos inhumanos y degradantes, además de los Tratados Internacionales válidamente celebrados y publicados que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico.

Cabe esperar que el Juez adopte una decisión en este sentido, pues ya es hora de que alguien asuma la responsabilidad por la barbarie cometida, abriendo el camino para evitar estas crueles e inhumanas prácticas allá donde la “frontera de las fronteras”, en las vallas de Ceuta y Melilla, se ha abierto una feroz guerra contra la inmigración.

LA VALLA BAJO EL TRICORNIO

Visitamos el Centro de Coordinación para la Vigilancia Marítima y de Fronteras de la Guardia Civil. Escuchamos la versión de quienes son el último obstáculo para el que llega y la primera línea de frontera para el Gobierno.

PEDRO ÁGUEDA

Periodista de eldiario.es

“Procurará ser siempre un pronóstico feliz para el afligido, y que a su presentación, el que se creía cercado de asesinos, se vea libre de ellos; el que tenía su casa presa de las llamas, considere el incendio apagado; el que veía a su hijo arrastrado por la corriente de las aguas, lo crea salvado; y por último, siempre debe velar por la propiedad y la seguridad de todos”. El verbo empleado en la Cartilla de la Guardia Civil revela que fue escrita en el siglo XIX, pero próxima a cumplir 170 años sigue muy presente en el ideario del cuerpo. El guardia Víctor –nombre supuesto– se pregunta mucha veces cómo es posible cumplir aquello del “pronóstico feliz para el afligido” desde su puesto de trabajo, pegado a la valla de Melilla durante los últimos veinte años. “Ves a padres y madres al otro lado y se te cae el alma al suelo. Muchas veces llegas a casa con ganas de abrazar a tu hijo. Te alegras de que no haya nacido al otro lado”. ¿Y esa es una opinión generalizada entre tus compañeros? “Absolutamente”, responde.

La Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dice que el hombre que los subsaharianos ven vestido de verde al otro lado, con una porra en la mano, debe impedir la entrada en territorio español de manera irregular. El 6 de febrero, un grupo de esos hombres de verde les esperaba en la playa del Tarajal. Su misión ese día acabó en tragedia: 15 subsaharianos murieron ahogados a pocos metros de alcanzar el sueño europeo. El lanzamiento de pelotas de goma por parte de los antidisturbios de la Guardia Civil centra parte de la investigación que sigue un juzgado de la ciudad.

Guillermo Prada es cabo primero y secretario general de APROGC Melilla. Su asociación es una firme defensora del carácter militar de la Guardia Civil. Prada prefiere no descender al detalle de lo que ocurrió lejos de su destino, en otra comandancia que no es la suya, y cuando hay abierta una investigación judicial. Pero hay algo que se atreve a afirmar con rotundidad: “Ningún guardia civil dispararía una pelota de goma a alguien que está en el agua para darle”. Hacia ahí apunta la versión del Ministerio del Interior, que habla de la intención de crear con los disparos “una barrera visible disuasoria”. Las ONG denunciantes creen que los lanzamientos de pelotas asustaron de tal forma a los inmigrantes que contribuyeron a que se ahogaran.

Para Juan Antonio Delgado Ramos, secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), los sucesos del Tarajal son “un ejemplo de algo que no se puede volver a repetir”. AUGC, la asociación mayoritaria, tiene entre sus objetivos la desmilitarización del Cuerpo. “Es preferible que entren 500 o 5.000 inmigrantes antes de que se ahogue tan solo uno. Aquí no sirve lo de los daños colaterales”, asegura. En cualquier caso, cree que hechos como los del Tarajal no representan a la “inmensa mayoría” de guardias civiles en el desempeño de sus funciones. “Para la minoría que no cumple está el Régimen Disciplinario y el Código Penal. No somos corporativistas”, añade.

A 665 kilómetros de la valla de Melilla está la dirección general de la Guardia Civil y en sus sótanos, el Centro de Coordinación para la Vigilancia Marítima y de Fronteras (Cecorvigmar). En una sala contigua a la de operaciones, policías de 19 países atienden a las explicaciones de una teniente de la Guardia Civil, que en inglés explica las “amenazas” a las que se enfrentan las fronteras españolas, desde el tráfico de drogas a la inmigración irregular. El idioma y los conocimientos del mar y aeronáutica son requisitos necesarios para ir destinado al Cecorvigmar.

Todo allí recuerda a las reproducciones cinematográficas de las sedes de la CIA o el FBI. Accesos con huella digital, silencio y una gran sala de operaciones donde jamás entra la luz natural. Las mesas de los operadores miran a una pantalla gigante que reproducen mapas salpicados de puntos rojos, las balizas que sitúan en todo momento las embarcaciones del instituto armado. Junto a ellos, una postal en movimiento del mar, exactamente la milla a la que enfoca la cámara del buque Río Miño, en ese momento involucrada en un operativo de la agencia europea Frontex cerca de Italia. Y más a la derecha, varias tomas de una doble valla, la que separa España de Marruecos a la altura de Ceuta y Melilla. Todo parece tranquilo en ese momento alrededor del perímetro.

El teniente coronel Lobo dirige el Centro de Coordinación. De su paso por el Servicio Marítimo asegura haber visto cómo muchos compañeros se jugaban la vida por rescatar a inmigrantes a bordo de pateras. Y también verles llorar cuando no lo conseguían. Para Lobo, la cuestión de la inmigración irregular no se puede eliminar por completo, pero se puede reducir “drásticamente”. “Sin la colaboración de los países de origen y de tránsito es imposible. El ejemplo son los cayucos a Canarias. Desde que la Guardia Civil está allí (Mauritania) se han reducido de 39.000 que llegaron en 2006 a 175 el año pasado”, asegura.

En un colectivo de casi 80.000 personas, como es la Guardia Civil, hay opiniones de todo tipo. Pero todos los consultados coinciden en el principal instrumento para eliminar los saltos a la valla: el Acuerdo de Readmisión firmado en 1992 con Marruecos, que esperó a 2012 para ratificarlo. Para el cabo Prada, de APROGC, es sencillamente “la varita mágica”, el instrumento legal por el que se puede devolver a Marruecos a los subsaharianos con un trámite a resolver en diez días. Su efecto disuasorio, explica, acabaría con los saltos, que no con la presión migratoria en Ceuta y Melilla. Los saltos a la valla son la imagen impactante que se repite en los medios, pero según los cálculos de Prada, solo un tercio de las personas que abarrotan el CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) llegaron de ese modo a la ciudad. Para encontrar la explicación de por qué no se aplica hay que buscar fuera de los muros de la discreción de la Guardia Civil. Marruecos no acepta la españolidad de Ceuta y Melilla y, mientras ese conflicto persista, la aplicación del acuerdo será con cuentagotas, explican otras fuentes políticas.

Pero mientras Europa raciona su ayuda a la castigada África o sus instituciones titubean a la hora de establecer una política común, los hombres vestidos de verde siguen cumpliendo con sus turnos de trabajo. ¿Son violentos los subsaharianos que quieren llegar a España? Hay consenso entre los consultados para comprender que aquellos que han sobrevivido a la selección natural que hace el desierto, por el que han tenido que transitar a veces años hasta llegar al borde de Europa, no vayan a detenerse ante un guardia español. Este, coinciden, debe responder con fuerza proporcional, no con violencia. Pero en ocasiones, resulta difícil. “Hace siete u ocho años, un chico enorme me levantó como si estuviera haciendo halterofilia y me lanzó a una trinchera militar. Me destrozó”, rememora el guardia Víctor.

Los guardias se consideran “maltratados” por algunas ONG y medios de comunicación. Dicen que Prodein, que opera en Melilla, edita vídeos de tal modo que parece que los guardias son violentos con los inmigrantes. Víctor se queja de que, una vez, esta ONG hizo pasar por muerto a un subsahariano que no lo estaba. El representante de APROGC añade: “Si me preguntas si el uso de la fuerza de los guardias en la valla es proporcional, te digo que absoluta y categóricamente lo es. Algunas ONG están tratando de presentar esa fuerza legítima como violencia. Es muy fácil manipular”.

Los guardias se quejan por otra parte de la “indefensión” en las que les dejan las autoridades y las propias leyes. En Melilla, los agentes defienden a su coronel, imputado por firmar el 11 de abril una orden titulada Dispositivo anti intrusión de la valla perimetral de Melilla, que viene a avalar las devoluciones “en caliente”. Según la orden, el territorio español solo empieza a partir de la valla interna y no en el espacio existente entre ésta y la exterior. Las asociaciones coinciden en que el coronel Martín Villaseñor lo hizo a sabiendas de las consecuencias que tendría, pero con la intención de colocarse de cortafuegos entre el Juzgado y los guardias.

Víctor asegura que las “devoluciones en caliente” eran el pan de cada día en Melilla, hasta la tragedia del Tarajal. “Antes no había orden concreta, estabas sometido al jefe de servicio, que es el amo del chiringuito. Al que le tocara impartía instrucciones para operar de una manera u otra. Donde encontraras inmigrantes, siempre que no hubieran pasado por comisaría, los llevabas a la valla, abrías la puerta y los echabas. Daba igual, como si estaban en el paseo marítimo”, relata. A partir de los sucesos del Tarajal, y ante la inacción de la Dirección de la Guardia Civil y el Ministerio del Interior, el coronel habilitó la fórmula para que los guardias no pagaran por las órdenes que ejecutaban, según Víctor.

En contra de lo que opinan distintos colectivos sociales y los partidos de la oposición, los guardias desean que se aplique cuanto antes la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, en la que el PP ha colado el aval legal a las devoluciones inmediatas de personas que atraviesen de forma irregular la frontera en grupo. Sería otro escudo contra las denuncias por cumplir órdenes. Un guardia civil cobra unos 600 euros más por trabajar en Melilla. “Los hay que están separados y tienen que vivir y pasar la pensión de los hijos. Yo tengo mi vida hecha aquí, pero si no, me iría. Esto no compensa”, se despide Víctor.

NO VERÁS A UN MINISTRO DIMITIR POR UNA CUESTIÓN DE POBRES

JUAN DIEGO BOTTO

Actor y dramaturgo

No verás a un ministro dimitir por una cuestión de pobres. Hemos visto a guardias civiles disparar pelotas de goma sobre náufragos, hemos visto a personas ahogarse ante la mirada impasible e implacable de los custodios de la frontera. Hemos visto a fuerzas de seguridad apalizar hombres y arrojarlos desde lo alto de una valla al suelo. Hemos visto las habituales redadas contra pobres de distintas razas. Hemos visto a policías drogando migrantes para subirlos a un avión que los dejará en ninguna parte. Hemos visto a víctimas de trata ser encarceladas y deportadas para que se reinicie el ciclo de su inagotable explotación sexual. Hemos visto la muerte de Samba Martine. Pero nunca veremos a un ministro dimitir por nada de eso.

Decía un célebre poema de Lorca: “Todos los días se matan en Nueva York cuatro millones de patos, cinco millones de cerdos, dos mil palomas para el gusto de los agonizantes...” Y los agonizantes son implacables. Retuercen los dedos de los niños que cosen las prendas con las que se disparan sus beneficios en bolsa, lo hacen en condiciones de absoluta insalubridad en lejanos países hasta sacarles todo el jugo. Los agonizantes exprimen cada moneda que entregan y la convierten en 20, 30, 1.000 veces su valor. Ese valor es libre de viajar de Bangladesh a Madrid sin que nadie le haga preguntas, sin que nadie le ponga una valla o le pida un pasaporte.

Por nuestra parte, aquí en España todos los días vemos la violencia que se ejerce contra los pobres que llegan a nuestro país para tratar de ganar un trozo de pan bajo el cielo de este mundo. Y es en el altar de un sistema agonizante en el que se sirve esa violencia. Un sistema organizado alrededor de una única premisa motriz: la búsqueda constante de beneficio. Todo lo demás es contingente, prescindible. Todo es, además y por lo tanto, susceptible de ser mercancía.

Pero incluso en la violencia contra los pobres hay gradaciones. Los pobres nativos sufren los recortes en educación, en sanidad, en servicios sociales, la falta de empleo, los bajos salarios. Sufren los desahucios y las tasas judiciales. Pero allá, mucho más abajo, hay otros pobres a los que se usa para dividir, para enfrentar a unos desheredados contra otros. Allá, al fondo, están los migrantes que vienen de los países olvidados. Éstos se enfrentan no solo a los problemas ya citados, sino además al miedo, a la amenaza constante de expulsión, a la explotación sin contrato, sin leyes que les amparen, al exilio del sistema sanitario, a la soledad y la distancia. Y, al final de todo, a la culpa. De ellos se dice que son los responsables del desempleo. Se les acusa de robar puestos de trabajo que no les corresponden, de arruinar el sistema sanitario, de beneficiarse de todo tipo de ayudas, de colmar las plazas de los colegios públicos.

No importa cuantas veces se esgriman los datos para demostrar que quienes roban en este país no son los pobres que vienen de otros países. En un solo caso de corrupción caben todos los pobres y sus pobres hurtos. En los 1.500 millones de euros que pagamos a Florentino Pérez por no hacer nada caben todas las plazas de guardería que no disfrutan ni los trabajadores locales ni los desheredados migrantes. Da igual cuántas veces y con cuántos datos se advierta de que quienes impiden el crecimiento están más cerca del Deutsche Bank o de Bankia que del obrero ecuatoriano. Quieren que miremos a la cuidadora boliviana y no a ese fondo de inversión que tras especular contra nuestra economía ha comprado vivienda de protección oficial para hacer de implacable cobrador del frac contra los pobres que en ella habitan.

El racismo está al fondo, acompañando, sirviendo de condensador de los miedos colectivos pero lo que late, lo que vibra bajo estas políticas, es la guerra contra los pobres. Es la voluntad de mercantilizar las manos y los sueños de los seres humanos. Los migrantes son usados como mera mano de obra y el trabajo de los ministros es regular su flujo en función de las necesidades del mercado.

Hemos llegado a subarrendar los coazones. Miles de madres migrantes venden los besos que no dan a sus hijos a otras madres. Las canciones de cuna, los abrazos, los mimos que no llegarán a sus hijos que se quedaron allá, en su país de origen, encuentran destino en otros niños más blancos, ajenos. A cambio de dinero ese amor muta de destinatario para que los padres y las madres de estos niños puedan trabajar y seguir produciendo.

Todo se vende en este sistema económico y filosófico en el que vivimos. Y los migrantes son maltratados porque su miseria abarata costes y mantiene el miedo en el cuerpo a un “enemigo” a pie de calle para que nadie mire hacia arriba en busca de responsables. Ese miedo permite que se les pueda maltratar a plena luz del día y no pase nada. Ningún ministro dimite por maltratar pobres.

EL VIEJO CUENTO DE LAS MAFIAS

La emigración africana hacia Europa se organiza de manera espontánea, aunque el incremento de la respuesta policial está favoreciendo la existencia de pequeñas redes criminales.

JOSÉ NARANJO

Periodista

En el puente de Wabaria sobre el río Níger el autobús se detiene. Los pasajeros se bajan para pasar el último control policial antes de entrar en la ciudad de Gao, la capital del norte de Malí. El viaje ha sido agotador tras dos pinchazos y una avería que convirtieron un “paseo” de 24 horas desde Bamako en un infierno de tres días. En el revuelo habitual de vendedores de bolsitas de agua fría, pequeñas botellas de refresco y paquetes de galletas, un joven tuareg trata de captar clientes. “¿Vas para Argelia? Yo te puedo ayudar”. Por aquí todos se conocen, todos saben de qué va esto. Trabaja para los pasadores, chóferes de camión que hacen la ruta entre Gao y Tamanrasset, y se encarga de buscar potenciales viajeros. Sidi y Abdel Karim están interesados. Han hecho el trayecto con nosotros desde la capital maliense y su objetivo final es Europa. Se miran entre ellos, asienten con la cabeza y el proceso se pone en marcha.

Los pasadores aguardan en una casa situada en el barrio de Quatrieme. El precio va desde los 25 euros de viajar en el remolque, encaramado en sacos de harina, hasta los 50 por la “comodidad” de una plaza en la cabina. Por supuesto, como casi todo por aquí, las tarifas son negociables. A la benefactora sombra de las paredes de barro, sentados en esteras en el patio, espera ya un puñado de aventureros, como se conoce a los candidatos a la emigración clandestina. Un denominador común, todos callan y observan. Saben que ante ellos tienen una de las etapas más difíciles del viaje, atravesar el desierto, para lo que necesitan a esta gente de los camiones. Pero desconfían, cientos de ellos han sido engañados, abandonados a su suerte, entregados a la policía. De ahí el miedo y el silencio.

Hay otra opción, otra ruta, el camino que está ahora más de moda. Desde Gao y tras cruzar la frontera llegamos a Niamey, la capital de Níger, el país más pobre del mundo. Aquí, en los alrededores de la estación de autobuses, pululan decenas de jóvenes siempre a la espera. De un trabajo, de un envío de dinero, de un amigo, de una oportunidad. Quieren seguir hacia Agadez y de ahí a Libia o Argelia, pero están atrapados durante días, semanas o meses. Son los más pobres entre los pobres. Hay cameruneses, gambianos, malienses, algún senegalés. Duermen en las estaciones, en obras abandonadas, en contenedores vacíos. En cuanto reúnen la suma suficiente, suben al primer autobús rumbo al norte.

Así es el viaje. Jóvenes procedentes de toda África occidental que emprenden el camino y que, etapa tras etapa, ciudad tras ciudad, van franqueando obstáculos desde sus países de origen hasta la Europa soñada.

Muchos lo intentan una y otra vez, durante meses, durante años incluso. Otros, por el contrario, desesperan y desisten al primer intento. A lo largo de las rutas, en cada estación de paso, en cada frontera, ha surgido un negocio del que todos tratan de sacar tajada. Lo vi en 2005 en Nuadibú (Mauritania), donde pequeños armadores revendían sus cayucos y gendarmes cobraban por hacer la vista gorda; lo volví a ver en 2006 en Saint Louis (Senegal), donde pescadores de Guet Ndar se ofrecían como patrones y de nuevo en 2007 en la isla de Diogué, donde el viejo Sanko había cambiado su penosa vida de intermediario en la venta de pescado por la de próspero organizador de viajes clandestinos a Canarias. Están por todas partes, cierto, pero están muy lejos de ser esa estructura organizada o “mafia” que tanto se invoca desde Europa.

Ruben Andersson, investigador de la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres y autor del libro Illegality, INC. sobre la emigración clandestina desde África hacia Europa, asegura que “durante las dos últimas décadas, desde que se comenzó a cerrar las fronteras exteriores de la Unión Europea, ha surgido una compleja dinámica migratoria alrededor de ellas. Los políticos suelen reducir esa dinámica a una simple cuestión de las llamadas mafias. Lo cierto –y esto lo confirman muchos profesionales de seguridad en la zona, además de los mismos migrantes– es que tales mafias raras veces existen. Más bien hay pequeñas redes transfronterizas, muchas veces manejadas por los mismos migrantes, quienes facilitan el viaje hacia el norte para otros viajeros subsaharianos. Estos migrantes suelen completar sus viajes en etapas, muchas veces tardando años en llegar a los países del Magreb o a Europa”.

Según Andersson, que ha estado varias veces en Senegal y Malí y ha recogido los testimonios de cientos de personas, “sí que hay redes más especializadas en las costas magrebíes, pero hay que recordar que éstas son un comercio sujeto a las leyes de la oferta y la demanda como cualquier otro negocio, aunque sea ilícito”. A su juicio, es precisamente el intento europeo de cerrar fronteras el que provoca que florezca ese negocio, “en una dinámica absurda y contraproducente de cuantas más patrullas, cuanta más colaboración con los Estados africanos, más va a crecer ese negocio de pasadores. A principios de los años noventa muchos de los primeros migrantes en patera llegaron por sus propios medios, lo mismo pasó en la llamada ‘crisis de los cayucos’ en Canarias en 2006. Ahora, sin embargo, cruzar sin ayuda resulta mucho más difícil”.

La paradoja está ahí. “El cierre de fronteras ha fortalecido otros negocios, incluyendo redes criminales que operan en zonas transfronterizas y que muchas veces se nutren de los migrantes cautivos en esas zonas, secuestrándolos o chantajeándolos. También fortalece el business oficial, hay que recordar que muchos policías en países vecinos de Europa están implicados en las redes de pasadores. Los controles están creando las redes criminales que las autoridades dicen que quieren combatir. Mientras tanto, las únicas fronteras donde los migrantes siguen cruzando sin utilizar tales redes son precisamente donde los políticos siempre echan la culpa a las mafias, los perímetros de Ceuta y Melilla”.

El discurso del que habla Andersson, el que pretende hacernos creer que una estructura de crimen organizado gestiona el proceso migratorio, existe desde los inicios del fenómeno de la emigración irregular africana hacia España. En 1999, las Islas Canarias asistieron atónitas al primer naufragio de una barquilla y la reacción oficial fue echar la culpa a las mafias. Entre 2000 y 2005, decenas de pateras volcaron en las costas de Fuerteventura y Lanzarote, algunas de ellas a consecuencia de un imprudente abordaje por parte de las patrulleras de la Guardia Civil. Sin embargo, no hubo ni un asomo de autocrítica o de reflexión profunda ante lo que estaba pasando. “Culpa de las mafias”, una vez más.

Y en las sucesivas crisis de las vallas, más bien la crisis permanente, en las llegadas de cayucos, en los intentos desesperados de cruzar a nado o en balsa hinchable. Una y otra vez, el mismo discurso que cumple varios objetivos: en primer lugar, echa balones fuera de nuestra propia responsabilidad, además ciñe el fenómeno a una cuestión de seguridad a la que debe darse, por tanto, una respuesta policial, y, por último, construye una imagen de amenaza exterior que nada tiene que ver con la realidad de jóvenes desesperados por acceder a nuestro bienestar y que huyen de la falta de horizontes.

Otra paradoja del lenguaje: para los españoles que han emigrado durante la actual recesión económica usamos el término “expulsados por la crisis” mientras que a los africanos que escapan de países con tasas estructurales de paro que superan el 60% se les llama “víctimas de las mafias”. Los expertos rechazan que se use el propio término “mafia” porque no las ven por ninguna parte. En un reportaje de la periodista Luz Sela publicado este año, Rafael Crespo, investigador del Centro de Estudios Africanos de Barcelona destacaba que, en todo caso, se trata de redes locales y atomizadas, mientras que David Vidal, excolaborador del CNI, ponía el acento en que estos “traficantes” son vistos en África como personas “que ayudan” a los viajeros a avanzar.

Por su parte, el reportero italiano Gabriele del Grande, autor del libro Mamadou va a morir y de la bitácora Fortress Europe, pone sobre la mesa el hecho de que la mayoría de los candidatos a la emigración se autogestionan ellos mismos sus viajes. Y, sin embargo, las autoridades insisten en el discurso porque es la piedra angular de su política de fronteras. Recientemente, el Consejo Europeo anunciaba una gran operación policial para capturar inmigrantes en situación irregular y recopilar “información relevante con el fin de desarticular grupos de crimen organizado”.

Una de las consecuencias directas de esta visión criminalizadora de la emigración es la externalización de fronteras, que llevó al despliegue de patrulleras de la Guardia Civil española en las aguas de Mauritania y Senegal en el año 2006 bajo la premisa comúnmente aceptada de que estos dos países eran incapaces, por sus propios medios, de controlar la salida de cayucos.

Ocho años después, las patrulleras españolas siguen allí. Moustapha Diouf, emigrante senegalés expulsado desde España, lo tiene clarísimo. “La peor de todas las mafias es la de los gobiernos, tanto en Europa como en África”.

“¿Qué crees? ¿Que no me gustaría ir al aeropuerto y coger un avión para ir a España? ¿Alguien en su sano juicio va a hacer ese recorrido por el desierto o va a subirse a un cayuco pudiendo ir cómodamente en un avión y además pagando menos? Pero no podemos, nos cierran todas las puertas. Y luego los gobiernos africanos sacan tajada aceptando las repatriaciones, negocian con sus propios ciudadanos. Eso sí que es mafioso”, asegura.

EL LENGUAJE MÁGICO DE LA FRONTERA

CARLOS DELCLÓS

Sociólogo. Universidad Pompeu Fabra

No es sorprendente que las fronteras territoriales sean el escenario de una parte importante, si no la mayoría, de las noticias más destacadas sobre la inmigración. Además de suponer los límites del espacio físico que se suelen nombrar desde el poder soberano, la frontera es un paisaje mental dentro de todo un ecosistema cognitivo, en el cual nos construimos como sujetos individuales y colectivos. La frontera es un punto de partida, es decir, refleja la diferencia entre lo que pretendemos ser y lo que pretendemos no ser.

Por eso las fronteras se construyen en espacios que, siguiendo la terminología propia de la antropología, se podrían describir como liminales, en referencia al estado intermedio de los rituales mágicos que se caracteriza por la ambigüedad y la desorientación que siente el participante al no pertenecer ni al status que tenía antes de iniciar el ritual ni al que tendrá cuando termine. Esa fase líquida y maleable disuelve unas distinciones para construir otras. En ella, la clase trabajadora y la rentista se funden para convertirse en una nación, y las devoluciones ilegales y las violaciones del derecho al asilo se regularizan como devoluciones en caliente.

Igual resulta chocante pensar en los fenómenos migratorios desde el análisis de los rituales mágicos. Pero a veces en los medios también se adopta un lenguaje mágico para escribir sobre lo que ocurre en la frontera. “Vistos desde lejos”, rezaba un artículo en el diario El País sobre un salto a la valla de Melilla en marzo del 2014, “con sus ropas oscuras, se asemejan a una bandada de murciélagos colgados en la alambra”. Y así, una persona como tú o como yo se convierte en un animal con una mitología particular.

En la portada del Faro de Melilla del 16 de octubre de 2014, las personas aparecen como animales salvajes y rabiosos, que lanzan “orines y escupitajos ‘con ébola” hacia la policía. En estos casos, la figura del inmigrante se interpreta como algo que domesticar, además de un elemento tóxico, un riesgo de infección.

En otras ocasiones, el inmigrante aparece como parte de una ola oscura que inunda nuestra parcela. Según un estudio cuantitativo del Migration Observatory de la Universidad de Oxford sobre el lenguaje empleado por los medios británicos en las noticias sobre los fenómenos migratorios, entre las palabras más asociadas con “migrantes” e “inmigrantes” estaban las que están más relacionadas con el agua, entre ellas “influjo”, “olas”, “oleadas” e “inundación”. Entonces, el inmigrante es interpretado como parte de una fuerza de la naturaleza que debe ser controlada de la forma más rentable posible.

Que la mayoría de las noticias sobre la inmigración sean sobre la frontera tiene un efecto muy importante en el debate político, que es que cualquier discusión que afecta a las personas nacidas fuera de sus países de residencia se convierte en una discusión sobre el movimiento natural de la población mundial y la legitimidad o ilegitimidad de un tipo de frontera, que es la que se construye entre las personas en distintos territorios. Es una discusión con un altísimo nivel de abstracción, pues la categoría de “inmigrante” contiene todo el planeta menos el lugar de nacimiento del nativo. Y en esa categoría contenedora, se vierten todos los miedos y las inquietudes asociadas con las tensiones inherentes al fenómeno de la globalización: el cambio climático y sus implicaciones para el futuro (esas olas incontrolables que nos amenazan con la inundación), los flujos del capital global y su poder sobre nuestro poder de decisión local (nuestras comunidades se vuelven irreconocibles), el agotamiento de los recursos naturales y el consumismo desenfrenado (“aquí no hay para todos”).

Sin embargo, en la vida real la magia del poder soberano inscribe la frontera sobre los cuerpos migrantes y construye los espacios que transita más allá de la frontera territorial. En la introducción de su novela gráfica Undocumented: The Architecture of Migrant Detention, la arquitecta, artista y activista Tings Chak nos habla de esta relación poniendo varios ejemplos: una mujer sin papeles que busca un lugar seguro para refugiarse de la violencia doméstica, una madre que quiere que su hijo estudie en una escuela primaria pública, un refugiado cuya petición ha sido denegada que se dirige a un banco de alimentos institucional o una persona cuyo permiso de residencia ha caducado que entra en un hospital. En todos estos casos, la situación administrativa de la persona determina su acceso a las necesidades más básicas, trasformando así a los espacios de seguridad y cuidados en espacios de exclusión social y precariedad vital.

Éstas son las fronteras más allá de la frontera. Su violencia es menos espectacular que la que vemos en Ceuta, Melilla y el Estrecho, pero no menor en sus impactos. Abolirlas requiere un enfoque comprometido con las necesidades comunes, un fortalecimiento de las voces propias de las comunidades afectadas y su plena incorporación en el debate político.

MARRUECOS, EL GUARDIÁN DE LAS LLAVES

España no se atreve a reprender al vecino del sur en materia de inmigración. “A veces es difícil justificar ciertas cosas, pero todo sea por la cooperación”, admite un funcionario. El último desencuentro costó 48 horas sin vigilancia al otro lado de la frontera

ELENA GONZÁLEZ

Periodista

A Marruecos no conviene hacerle enfadar. Es la frase que repiten funcionarios del Ministerio de Interior, diplomáticos y políticos españoles en cuanto se apaga la grabadora. Con los micrófonos encendidos, el mensaje oficial, que se invoca sin descanso como un mantra, es destacar, subrayar, recalcar –elíjase el verbo al gusto del ministro, delegado del Gobierno o diplomático– la “estrecha colaboración entre España y Marruecos”. La traducción del axioma es que ni España ni Europa se atreven a reprender al vecino del sur en materia de inmigración. Marruecos tiene en su mano la llave de varias puertas y una de ellas se abrió el pasado agosto.

A las tres de la tarde del martes, 12 de agosto, Aliyu se las había ingeniado para conseguir un bote y reunir a toda prisa a 10 personas más. La “promoción de 48 horas” en las costas marroquíes le cogió por sorpresa y cuando pudo llegar al agua, el mar estaba embravecido y no pudo salir. Durante esas 48 horas, los tangerinos no daban crédito a lo que veían: decenas de inmigrantes subsaharianos corrían por las calles cargados con lanchas, a la vista de todos, sin que ningún gendarme les cortara el paso. 1.300 personas alcanzaron las costas andaluzas porque nadie estaba vigilando en las marroquíes.

Se da por hecho, según fuentes de la seguridad española, que lo que Rabat llamó “disfunción” en la vigilancia fue desidia por decreto, una consecuencia del alto que la Guardia Civil le dio al rey Mohamed VI cuando viajaba a bordo de su yate en aguas de Ceuta unos días antes. Huyendo del recuerdo de los tiempos de invierno diplomático con Marruecos durante el Gobierno de Aznar, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ni siquiera se atrevió a calificar lo sucedido de “incidente”. Lo llamó “los hechos” y viajó presto a Marruecos para apaciguar las aguas, agitadas con el enojo de su rey. “A veces hay dificultades para justificar ciertas cosas, pero todo sea en aras de la buena cooperación”, señala un funcionario español.

El Gobierno de España es consciente de que no se puede permitir ni un desliz diplomático. Desde hace ya varias legislaturas, la postura de España frente al conflicto del Sáhara es intachablemente neutral en público, aunque desde los despachos de Madrid se facturen carantoñas al plan de autonomía propuesto por Marruecos. La prensa marroquí recogía a finales de año la visita a Madrid de una delegación de periodistas durante la cual el diputado popular José María Beneyto les aseguró que en la cuestión del Sáhara “la posición del Parlamento español es próxima a la de Marruecos”.

Ambos países viven una luna de miel en las relaciones bilaterales. Negocio obliga. En cifras comerciales, Marruecos ya es el segundo cliente de España fuera de la UE, sólo por detrás de Estados Unidos. Cada vez más empresas y profesionales españoles buscan en Marruecos una salida laboral que no encuentran en España y la prioridad en la nueva política exterior española es la recuperación de la economía mirando, en este caso, al sur.

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, señalaba en diciembre pasado, durante la presentación del informe de Real Instituto Elcano España mirando al Sur: del Mediterráneo al Sahel, que el área es “prioridad estratégica para España” y zona de “oportunidades” aunque advertía de que es un “cinturón de inestabilidad”. Las autoridades de Marruecos calculan que en torno a 1.200 marroquíes han dejado el país para ir a combatir a Siria o a Irak y un tercio de ellos procede de las provincias de Tetuán y Tánger, muy cerca de Ceuta.

La proximidad y la posible vuelta de los combatientes a territorio marroquí preocupa tanto en Rabat como en Madrid. Las fuerzas de seguridad de ambos países han desmantelado al menos tres células yihadistas en el último año y España también coopera con Marruecos formando a sus agentes y compartiendo información. Esta colaboración es aún más estrecha –más que nunca– en la lucha contra la inmigración irregular, una exigencia española y europea que viene de lejos.

En el otoño de 2005, 14 inmigrantes subsaharianos murieron –algunos tiroteados y al menos dos cayeron del lado español– intentado cruzar a Ceuta y a Melilla. Durante las tres semanas siguientes, las fuerzas de seguridad marroquíes detuvieron a más de 4.000 personas –incluidos solicitantes de asilo registrados por ACNUR– y Rabat asumió la responsabilidad por seis de las muertes junto a la valla de Melilla, pero nadie hizo lo mismo desde Madrid.

“No podíamos abrir la frontera porque habrían entrado cientos de miles y, ¿qué hubiéramos hecho con ellos?”, evoca en conversación con eldiario.es el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. “La única manera de controlar las fronteras es el uso de métodos que con alto riesgo pueden dañar los derechos humanos. Es una tensión moral enorme, un dilema terrible”. Quizás Marruecos no cumpliera, en alguna ocasión, esas exigencias de respeto a los derechos humanos: “Como todos, como nosotros”, justifica Zapatero.

La respuesta del Gobierno socialista fue elevar las vallas de las ciudades autónomas de tres a seis metros de altura. La de Marruecos, continuar con las expulsiones de subsaharianos a Argelia y al desierto y las redadas periódicas y las palizas junto a las vallas, recogidas en los informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch. A ojos de Europa, lo que pasa en Marruecos se queda en Marruecos y hasta hace bien poco, al reino magrebí no parecía importarle su imagen en el exterior. Pero las primaveras árabes cambiaron el paisaje. 

El rey Mohamed VI logró esquivar la ola de protestas en el norte de África promulgando una Constitución en 2011 más aperturista sobre el papel, aunque su aplicación práctica es criticada. Marruecos quiere ser visto como un ejemplo de estabilidad y construcción democrática en el Magreb y en África y esta imagen no es compatible con la de un estado represor, la que dio Médicos Sin Fronteras en un informe de abril de 2013 en el que se relataban todo tipo de abusos y vejaciones por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes. El documento vinculaba la “extrema violencia” en las fronteras a la “nueva etapa de relaciones hispano-marroquíes” y la “excelente cooperación en materia de seguridad”. Fue la puntilla de un largo historial de denuncias.

En septiembre de 2013, el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), un órgano de carácter consultivo nombrado por el rey Mohamed VI, decidió reaccionar y puso en marcha la nueva perspectiva humanitaria de la cuestión migratoria: un plan de regularización de extranjeros que, a pesar del esfuerzo de la administración, está teniendo un éxito muy limitado entre los subsaharianos, ya que una gran parte no quiere quedarse en Marruecos y, además, los requisitos impuestos son casi imposibles de cumplir. Las ONG marroquíes confían en que los criterios se suavicen y se amplíe el plazo para presentar solicitudes.

El plan sí ha traído beneficios para los refugiados y solicitantes de asilo: “Antes de septiembre de 2013 veíamos arrestos continuos. La policía destruía sus documentos y se les deportaba a Argelia. De un día para otro, todo cambió en buena parte del territorio”, explica Marc Fawe, portavoz de ACNUR en Marruecos. Lo que no ha cambiado, sin embargo, es el norte, donde las fuerzas auxiliares no dan paseos en balde y al final de la mano tendida por los despachos, los inmigrantes se encuentran con un  bastón. Los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla se rigen por otra ley y no entienden de nuevas políticas migratorias. Se blindan a toda costa.

“No podemos criticar que un gobierno controle sus fronteras. Es un derecho legítimo”, asegura a eldiario.es Dris El Yazami, presidente del CNDH. A Yazami, un exopositor que en los últimos años se ha aproximado a los círculos del palacio real, cuesta arrancarle las palabras “a veces se hace un uso excesivo de la fuerza”. “Lo que le pido a Europa”, continúa, “es que nos ayude a financiar una política migratoria de integración. Frontex no es la solución”. En julio pasado, la Unión Europea destinó a Marruecos 890 millones de euros durante el período 2014-2017 para “potenciar el acceso equitativo a los servicios sociales y apoyar la democracia y el Estado de Derecho”.

Marruecos sigue siendo un socio privilegiado de la Unión Europea. Están en juego el control de fronteras, la seguridad y acuerdos de pesca como el que se firmó el año pasado, que permite faenar en sus aguas a barcos de España, Portugal, Países Bajos, Lituania y Letonia a cambio de 40 millones de euros anuales. “Marruecos conoce bien los miedos de los europeos y sus negociaciones con Europa son bastante equilibradas”, confiesa un funcionario europeo en Rabat. Marruecos puede ser el amo de llaves, pero nunca el criado. 

Sin embargo, Rabat también ha hecho concesiones dolorosas. En los últimos dos años, se han disipado los disturbios en las fronteras de Ceuta y Melilla que solían protagonizar grupos que reclamaban la soberanía marroquí de las ciudades. Y aún hay más. En abril de 2014, Marruecos inició la construcción de una valla coronada de concertinas que discurre paralela al perímetro fronterizo de Melilla. Ante la opinión pública marroquí, defensora contumaz de la integridad territorial, es difícil justificar que se está construyendo una frontera junto una ciudad –Melilla– que reclaman como suya. Hace meses que el partido Istiqlal registró en el Parlamento marroquí la pregunta sobre la valla, pero aún no ha aparecido en el orden del día de las sesiones.

Los inmigrantes subsaharianos no son completamente ajenos a esta partida de Risk. Los más veteranos del suelo marroquí, los que conocen las vallas, las lanchas y los barrios-guetto, son conscientes de que Marruecos y España juegan en el bando europeo y ellos en el africano. También saben que la única solución que da Europa es la de seguir militarizando sus fronteras, con Marruecos como gendarme. “Sí, a medio plazo lo seguirá siendo”, vaticina Zapatero. Lo que temen es que con la externalización de las fronteras europeas, de las cuales forma parte la nueva valla marroquí, Marruecos ejerza dentro de ellas de Señor Lobo: el que soluciona problemas. Si Europa no los ve, no existen.

ESPAÑA NO ERA EL CIELO

Un laberinto administrativo castiga a quienes llegan sin papeles a España. “Quiero pues que sepas, antes de seguir adelante, que estos no pecaron y aunque han ganado méritos en la vida, no es suficiente”, dijo Virgilio a Dante a las puertas del Limbo.

ISABEL VEGA

Periodista

Miles de personas viven a nuestro alrededor en esa densa confusión entre el cielo y el infierno. Son los inmigrantes que no tienen permiso de residencia, ese papel que convierte a los extranjeros en ciudadanos. Llegaron a Barajas con un visado de turista para dejarlo caducar, saltaron la valla de Melilla pensando en Alemania, arribaron a una playa de Tarifa adolescentes y a los 18 se agotó la protección o cruzaron por Francia con un contrato de trabajo y a los meses, o a los años, perdieron el puesto, el subsidio y el carné.

No pecaron. Carecer del permiso de residencia no es un delito, sino una infracción administrativa que según la Ley de Extranjería debería conllevar una multa y excepcionalmente, la expulsión del país, aunque la práctica suele invertir los términos.

Denunciada o no, la irregularidad tiene muchos efectos. Sin papeles no se puede trabajar legalmente ni por tanto cotizar y supone un problema en trámites cotidianos como contratar una línea de teléfono o conseguir el abono transporte. Desde la reforma sanitaria que el Gobierno aprobó por “austeridad” y por Real Decreto en 2012 tampoco se puede acceder a una tarjeta sanitaria: una persona sin permiso de residencia no tiene derecho a un médico de cabecera si no es un niño o está embarazada. Sólo puede recibir atención de urgencias y, aun así, se han denunciado casos de enfermos obligados a firmar un compromiso previo de pago en el hospital. Irónicamente, una persona sin papeles no está exenta de pagar el céntimo sanitario de la gasolina, como tampoco el IVA.

Un caso tipo. Recibe el alto por la calle y el policía descubre que no tiene permiso de residencia. Le conduce a comisaría y con suerte, vuelve a salir con una orden judicial de expulsión en el bolsillo. Debe abandonar el territorio nacional en un plazo y no regresar durante dos o cinco años. Se queda contra mandato legal. Nadie le pregunta por qué. Se convierte en una especie de proscrito y vive así, con trabajillos en negro, sin poder ir al médico cuando tiene tos y con un miedo a la policía que le hará cambiar de idea si un día necesita de su ayuda.

Cada caso varía en función de las circunstancias, la edad, la nacionalidad y la posibilidad de recurrir, pero tarde o temprano se impone la deportación. En 2013, el Ministerio del Interior fletó en solitario o en colaboración con la Agencia Europea de Control de la Frontera Exterior (Frontex) 148 vuelos en los que expulsó a 3.111 personas a países que han autorizado la vuelta forzosa de sus emigrantes firmando acuerdos con España.

En nuestro caso tipo, puede que un agente le pida de nuevo los papeles y salten las alarmas. Puede que reciba una llamada pidiéndole que acuda a comisaría a resolver un papeleo que no es tal. También es posible que dos agentes se presenten en su casa a recogerle. La policía tiene obligación de hacer cumplir la orden de expulsión, así que es probable que acabe siendo trasladado a uno de los nueve Centros de Internamiento (CIE) que funcionan en España.

Los CIE son establecimientos de custodia policial donde un inmigrante que va a ser expulsado puede permanecer recluido hasta 60 días. En origen se diseñaron pensando que una persona sin permiso de residencia no tendría domicilio conocido y sería imposible dar con él para deportarle. En la práctica hay de todo, desde personas establecidas con vivienda fija e hijos hasta delincuentes derivados desde la cárcel porque el juez conmutó parte de su condena por la expulsión. No son de patente nacional, existen en toda la Unión Europea.

También en teoría se levantaron solo para encerrar a personas que serán deportadas porque existen acuerdos con su país de origen. Lo contrario, conforme dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sería una restricción fútil de los Derechos Humanos. De nuevo, la práctica: 9.002 inmigrantes fueron privados de libertad en 2013 y no se pudo deportar al 47,51%.

De los CIE, además, se ha dicho mucho y poco bueno. Desde los primeros informes del Defensor del Pueblo, que describían instalaciones precarias de dudosa salubridad, hasta la memoria de la Fiscalía de 2013, que habla de estancias “solamente aceptables”, pasando por acusaciones de violencia difíciles de contrastar, pues la prensa no tiene acceso y las ONG sólo pueden trabajar con el interno que ha demandado sus servicios. Hay casos célebres, como la muerte de la interna del CIE de Madrid Samba Martine, que no recibió la respuesta médica que necesitaba; o el procedimiento judicial, inconcluso, contra cinco policías por supuestos abusos sexuales en el CIE de Málaga. En Valencia se han producido también varias denuncias, pero ninguna condena.

De vuelta al caso tipo. Entra esposado con unas bridas de plástico en el CIE y se le viene el mundo encima. Si acababa de llegar, no se lo imaginaba. Si llevaba tiempo proscrito confiaba en esquivarlo. Pero allí está. Le han quitado el móvil y le han enseñado la cabina de teléfono junto al comedor. Le han explicado que vivirá en una celda con dos literas y sin baño. Que cerrarán las rejas a última hora y no se abrirán hasta la mañana. Que le informarán “a su debido tiempo” de cuándo será expulsado. Que si hacen horas de cola, sus familiares podrán visitarle 30 minutos. Y empieza a contar los días. No está en una cárcel, no hay mucho que hacer salvo ver la tele colectiva o deambular por un patio donde se alternan las mujeres y los hombres. Igual a su lado duerme un delincuente, no hay separación física entre unos y otros.

Recibe la visita de un funcionario consular que podría ser de su país. Evita revelar su nacionalidad para dificultar la expulsión. Todos los días se acuesta con miedo a que le metan en un avión y le dejen en esa capital que no ha mencionado. Teme también el vuelo, circulan historias muy duras sobre lo que ocurre dentro. Y así llega al día 60 de su calendario. Él es de un país donde nacer no es sinónimo de ser aceptado, es de un país con el que España no se habla o directamente, no se sabe de qué país es. Lo que sea: No puede ser expulsado. Hey, 4.441, estás en la calle otra vez.

Y está como al principio. O peor. Sigue sin permiso de residencia y no tiene un papel que justifique su condición de inexpulsable, así que toca esconderse. Si le pillan, puede acabar de vuelta en el CIE y perder otros 60 días esperando un avión en el que no podrán embarcarle. Según el Consejo Europeo de Exiliados y Refugiados (ECRE), miles de personas en la UE están atrapadas en este bucle. En España le quedarían opciones: el permiso de residencia por motivos de arraigo.

La Ley de Extranjería contempla vías extraordinarias de regularización para casos flagrantes. Si una persona puede acreditar con el padrón que lleva más de dos años en España y tiene un contrato de trabajo, accede a un permiso de residencia por arraigo laboral. Es temporal, dura un año al cabo del cual debe haber cotizado seis meses, pero junto a la posibilidad de conseguir un permiso de arraigo social, que implica vínculos familiares, integración en la comunidad y más de tres años viviendo en España, es el motor con el que muchos aguantan en la clandestinidad. No obstante, no es precisamente un coladero. Al cierre de 2013 había 2,2 millones de extranjeros con permiso de residencia y, de ellos, 44.022 lo tenían por arraigo. La cuestión es que sin papeles difícilmente se puede entrar en un proceso de selección y con una tasa de paro superior al 20%, no abundan ni empleos ni empleadores dispuestos a lidiar con la burocracia de regularizar a un inmigrante. La integración la decide por informe la Comunidad Autónoma y la familia no siempre forma parte del proceso migratorio.

Permiso de residencia por motivos humanitarios. La quinta vía. Es para inmigrantes en situación límite, perfiles de extrema vulnerabilidad, como víctimas de trata o de violencia de género. También es temporal y deberán persistir las mismas condiciones para renovarlo. En diciembre figuraban 4.354 autorizaciones de este tipo en vigor. Una puerta, pero para el caso tipo es muy estrecha.

Sin documentación no se puede coger un avión. Sin trabajo no se puede ahorrar para intentarlo en otra parte. Hay quien resuelve la paradoja con un “no haber venido”, pero eso no les devuelve a la casilla de salida. Ni siquiera es posible saber cuántos son, porque la diferencia entre extranjeros empadronados y permisos de residencia vigentes tiene tantos matices que resulta imposible de contrastar. Desde que entró en vigor la reforma sanitaria se han dado de baja unas 800.000 tarjetas médicas, pero incluye duplicidades, fallecimientos y emigraciones. Cruz Roja Española sí tiene un número, los 36.000 inmigrantes sin derecho a atención primaria que trató en 2013, pero sería sólo una muestra.

Son decenas de miles, en todo caso, que no pueden avanzar, no pueden volver atrás y no deberían poder quedarse en esas condiciones. Son vecinos, no ciudadanos. Inmigrantes fuera de la estadística de inmigración, enfermos sin médico de cabecera. Invisibles.

Para nuestro caso tipo, a la postre inexpulsable, los expertos hablan de limbo. Quizá, si le preguntan, él hable de su vida como algo más parecido al Purgatorio.

SELECCIÓN DE PERSONAL

ISAAC ROSA

Escritor

Aunque hoy lo quieran disfrazar de otra cosa (defensa de la frontera, lucha contra el terrorismo), el control de los flujos migratorios hacia España siempre ha estado en función de un único factor: las necesidades de mano de obra extranjera. Los cambios legislativos, los procesos de regularización, los acuerdos con países, siempre se han orientado por una misma prioridad: cuántos inmigrantes necesitábamos, para qué sectores, con qué cualificaciones y a qué coste. De hecho, en muchos casos han sido las patronales sectoriales o provinciales quienes han diseñado los cupos, o han acudido a los países de origen a seleccionar allí mismo a los inmigrantes.

En esa ordenación laboral de la inmigración, la peor parte siempre se la han llevado los subsaharianos. Para ellos no hay empleos cualificados (reservados a europeos orientales y de algunos países latinoamericanos), ni tampoco esperamos que cuiden a nuestros hijos, mayores y dependientes (donde esté una americana hispanohablante, que se quiten las de culturas extrañas), ni están llamados a tomar el relevo en el pequeño comercio y la distribución (territorio reservado a los asiáticos).

Para los subsaharianos quedaban siempre las sobras del mercado laboral: lo que no querían los españoles ni tampoco otros inmigrantes de latitudes culturalmente más próximas. Es decir, el trabajo más duro, con peores condiciones laborales y menos sueldo. Así, los puestos más bajos en la construcción, las campañas agrícolas más exigentes, la dureza del invernadero y otros guetos laborales, a menudo invisibles. Y en el caso de las mujeres subsaharianas, la prostitución en su vertiente más despiadada.

Como decía al principio, el control de flujos migratorios responde a las necesidades de mano de obra en España. Dicho con palabras tomadas del libro Qué hacemos con las fronteras (VV AA, Akal): “La política migratoria ha sido una de las principales formas de producir una fuerza de trabajo barata y atemorizada”.

De ahí que hoy, con más de cinco millones de parados, con españoles reenganchados a la recolección agrícola, y una población inmigrante ya residente que sufre aun más el paro y la falta de recursos, era previsible que contra los subsaharianos aumentasen las medidas policiales, cuchillas, devoluciones en caliente, disparos en la playa, redadas, CIE y vuelos de deportación. No necesitamos tanta mano de obra subsahariana, así que la entrada y permanencia en España se endurece, solo al alcance de unos pocos, muy pocos.

El mercado pide menos carne africana, sí, pero no renuncia del todo a ella. Estamos muy lejos de los años previos a 2007, pero todavía hay empresarios que recurren a trabajadores sin papeles, es decir, sin derechos. Echo un vistazo rápido a la hemeroteca, y encuentro sin mucho buscar varios casos en los últimos meses de empresarios detenidos por explotar a sin papeles: varias fincas andaluzas, una empresa maderera en el País Vasco, hosteleros en el sur, una chatarrería en Murcia. Estos son solo los conocidos, los denunciados, la punta del iceberg, cuya zona sumergida sigue engordada por los invernaderos del sur y el poniente, donde los plásticos ocultan condiciones terribles.

Así que la política migratoria, en este caso la que se dirige a la inmigración africana en la llamada “frontera sur”, cumple una función añadida: no solo regula el número de quienes entran (pocos); además selecciona a los más aptos, los más resistentes. Como dice el libro antes citado, “el Estado español ha militarizado la frontera con el objetivo de seleccionar la mercancía humana que debía llegar a su destino”.

Hay pocos trabajos para los subsaharianos y las condiciones son cada vez más duras. Así que debemos seleccionarlos bien. Necesitamos trabajadores dispuestos a soportar largas jornadas, en intemperies o bajo plásticos asfixiantes, respirando químicos, levantando pesadas cargas, manejando herramientas que provocan accidentes; y por supuesto trabajadores dispuestos a cobrar poco, muy poco; a no tener derechos ni descanso. Ahora añadimos otro requisito: salud de hierro, trabajadores que puedan prescindir de una asistencia sanitaria que ya no tienen.

La endurecida política migratoria garantiza que solo los más fuertes lleguen a España. Serán pocos, y serán los más resistentes: aquellos capaces de soportar largas y peligrosas travesías por el continente africano; sobrevivir al trato con las mafias; resistir viajes en barcas hacinadas y al borde del naufragio; soportar las heridas de concertinas y cuchillas. Solo llegarán aquellos trabajadores con el ingenio suficiente para salvar las barreras y esquivar a los vigilantes; que sepan esconderse de la policía, esquivar las redadas, permanecer ocultos en viviendas ruinosas el tiempo que haga falta; con la fortaleza mental del vulnerable que sabe que quizá hoy no duerma en el mismo sitio, lo detengan por la calle y acabe en un CIE infame y mañana en un vuelo de deportación.

La endurecida política migratoria enfrenta a los candidatos con una cruel yincana, una sucesión de pruebas exigentes que garantiza que al mercado nacional solo lleguen los más fuertes, los más hábiles, pero también los más asustados, los más sumisos, los más invisibles. Un implacable proceso de selección de personal.

SI LOS ÁRBOLES HABLARAN

Por el Gurugú pasan 1.500 personas al año en su tránsito hacia Europa. Desde el campamento en el “monte tranquilo” jóvenes, niños y cada vez más mujeres esperan su momento para el salto. Casi nadie lo consigue a la primera.

JESÚS BLASCO DE AVELLANEDA

Periodista

El monte Gurugú es un volcán extinto de unos 900 metros de altura. Sobre sus faldas se asienta la ciudad española de Melilla y, al sureste, la marroquí de Nador. Entre ambos, la erupción del “infierno”, dicen sus habitantes. Abu Bakr, veterano del bosque, siempre movía la cabeza de un lado a otro para describirlo. Susurraba y, entre suspiros, concluía: “Si los árboles hablaran...”.

A pesar de que la valla fronteriza que rodea Melilla se levantó en 1999 no es hasta el año 2004 cuando comienzan a formarse los primeros establecimientos de inmigrantes subsaharianos en el Gurugú, coincidiendo con los primeros saltos grupales del, entonces, doble vallado de apenas tres metros de altura. Allí se instalan a la espera de encontrar el momento adecuado para intentar saltar la triple alambrada de seis metros de altura, cubierta de alambre de cuchillas, que separa Marruecos de Europa.

Cada persona es una historia dramática que aglutina en cada pasaje el sufrimiento de un continente que ve cómo sus jóvenes más fuertes y preparados pierden la vida ahogados en el Estrecho o enganchados a un alambre.

Como Mustapha Tougolá, joven maliense de 23 años que murió en su intento de saltar la valla de Melilla el pasado 1 de octubre. Financiados por la UE, Marruecos ha construido varios obstáculos para dificultar la llegada de subsaharianos al perímetro fronterizo: una valla de cuchillas, otra de alambre de espino, un montículo de tierra y un profundo foso. Fue en este donde Mustapha murió. Días antes había llovido con fuerza y la zanja estaba repleta de agua. Al intentar atravesarla quedó enganchado en unos alambres escondidos en el fondo. Se ahogó.

A pesar de los numerosos episodios de violencia vividos en sus lomas, el Gurugú es conocido como el “monte tranquilo” desde 2004. Este sobrenombre se debe en gran parte a que los primeros asentamientos estaban más cercanos a Melilla. Al estar próximos a la valla, a la misma altura y tan al norte –sin apenas salidas ante la llegada de la policía–, la tensión era constante y los subsaharianos tenían que estar continuamente moviéndose para no alertar a las fuerzas auxiliares que, además, acabaron instalando un cuartel en la zona ese mismo año.

Desde el Gurugú se divisa todo con la perspectiva que ofrece una atalaya. Esto permite a los inmigrantes ver a diario esa cicatriz de tierra que conforma la valla, estudiarla y obsesionarse con cruzarla para alcanzar el territorio melillense. Cada noche, con todas las luces encendidas, la ciudad española se presenta como una ensoñación casi celestial que todos quieren admirar antes de dormir. Les tranquiliza, aseguran, y les permite descansar.

Démbele, su compañero de búnker –tienda de plástico y palos– no ha podido dormir desde el 1 de octubre. Puede ver Melilla, esa no es su causa. La imagen de su amigo Mustapha se le aparece todas las noches desde su muerte. Antes lograba conciliar el sueño abrazando a sus hermanos pero ahora no puede, no están con él.

Es el pequeño de los tres. Tiene 19 años recién cumplidos. Llegó hace siete meses al monte junto con sus hermanos Daoudá, de 21, y Babá, de 26. Junto a ellos ha intentado entrar a Melilla en varias ocasiones. El pasado 20 de octubre muchos de sus compañeros de Mali lograron saltar la valla pero él y sus hermanos fracasaron en el intento.

Babá, el mayor, recibió duros golpes de las fuerzas auxiliares. Uno de ellos le abrió la cabeza. Pero tras una cura rápida en el hospital fue trasladado a Fez en autobús desde donde tendrá que volver a reunirse con sus hermanos. Daoudá cayó de la valla y se fracturó varios huesos de una pierna y desde entonces permanece ingresado en el Hospital Hassani de Nador en una silla de ruedas. Él, Démbele, lleva un brazo en cabestrillo y tiene una gran cicatriz en la cadera pero es el único de los tres que no ha dejado el Gurugú. Espera recuperarse pronto para poder jugar al fútbol con sus hermanos como hacía en los campos de su Kayes natal cuando sólo era un niño.

De los 12 asentamientos de inmigrantes subsaharianos repartidos por toda la provincia marroquí de Nador, sin duda el Gurugú es el más grande, disperso, cambiante y numeroso de todos. No siempre ha tenido la ubicación y distribución actual. Antes se dividía en muchos pequeños grupos muy dispersos y distantes que se iban conformando según nacionalidades, lenguas e incluso religiones. Hoy día, todos los campamentos están contiguos y forman una gran comunidad que se extiende por toda la falda central del macizo volcánico.

Actualmente, la mayoría de los inmigrantes que lo pueblan son francófonos y se dividen en cuatro zonas según vamos subiendo el monte. Primero está el África Central, donde Camerún es el grupo más numeroso y el que gobierna sobre el resto de camaradas procedentes principalmente de Gabón y Congo. Después nos encontramos con el África Occidental, donde los malienses, la comunidad más numerosa, viven en armonía con guineanos, burkineses, senegaleses, gambianos y togoleses. Un poco más arriba está la comunidad de marfileños, que también suele ser numerosa y que a veces acoge cerca de ella a compañeros de Níger, Liberia y Sierra Leona. A la zona más alta la llaman “el tranquilo” y no suele estar poblada, ya que se utiliza para esconderse o jugar al fútbol.

La media de edad de los inmigrantes que saltan la valla no sobrepasa los 22 años y entre uno y dos de cada diez, dependiendo de la época, son menores de edad. Aidou no era el único niño en los asentamientos, hay muchos más. Incluso los hay mucho más pequeños.

Seidou Bala tiene 12 años. Es de Duala, Camerún, y cada día recorre los tres kilómetros que separan el Gurugú del manantial de Trara para llenar las garrafas de agua para cocinar y lavarse. Le acompaña su hermano Omaru, de 23 años. Omaru logró en 2010 llegar a Melilla. Estuvo ocho meses en el CETI y fue trasladado a Madrid, donde permaneció dos años. Luego vivió otro en París hasta que en una redada fue identificado por su situación irregular y deportado a Camerún. Pasó cuatro años en Europa. Hace unos meses decidió volver a intentarlo y esta vez se trajo a su hermano pequeño.

No es un caso aislado. Muchos de los inmigrantes que sobreviven en los campamentos son reincidentes, como Bakari. Él entró en Melilla el 25 de febrero de 2014 saltando la valla. El 21 de mayo fue trasladado a Madrid y tras pasar dos meses en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) fue deportado con otros 60 malienses y 50 nigerianos. Le dieron 50 euros, le ataron las manos y lo dejaron en el aeropuerto de Bamako, tras pasar por el de Niamey. Hace un mes y 16 días que volvió: “El monte es una mierda. Es la mierda total, no es vida, no para un ser humano. Pero no puedo volver, allí no tengo nada. Volveré a entrar a Melilla y esta vez conseguiré quedarme”.

Por el Gurugú pasan más de 1.500 personas de media al año. Dependiendo de la época, de la intensidad de los conflictos armados en África, de los ciclos económicos y de la presión policial que Europa le exija a Marruecos, suele haber entre 200 y 600 personas en todo el monte.

El Gurugú era hasta hace poco territorio exclusivo de hombres. Acudían los subsaharianos más jóvenes y fuertes a esperar el momento idóneo para emprender la encrucijada de intentar entrar en Melilla sorteando el triple vallado metálico de seis metros de altura.

Hace un par de años comenzaron a llegar con cuentagotas algunas mujeres que se resistían a pensar que sólo los hombres podían aguantar la dureza de vivir en los asentamientos del “monte tranquilo”. Es el caso de Amina, una senegalesa que llegó a principios de 2012 a los campamentos acompañando a su marido. Hicieron el viaje juntos y así pretendían entrar a Melilla. Lo intentaron a nado primero y, más tarde, saltando la valla junto con otros 200 compañeros y compatriotas. Pero las fuerzas auxiliares marroquíes hirieron de una pedrada gravemente a su esposo en la cabeza y, después de casi un año tirada en el bosque, Amina tuvo que desistir y abandonar esa atalaya natural.

Otras, sin embargo, tomaron la opción de sobrevivir en el monte porque la falta de recursos económicos les impedía siquiera pensar en la opción de subirse a una patera, comprar documentación falsa o entrar por los pasos fronterizos escondidas en el doble fondo de algún vehículo.

Esta circunstancia empujó a Aissatou a asentarse en lo más alto del Gurugú. Huérfana, viuda y madre de cuatro pequeños, esta liberiana de 30 años sobrevivió durante meses, sin dinero y sin miedo, siendo entonces la única mujer entre más de 250 hombres. Nunca intentó saltar la valla; no podría superar esa dura barrera con sus cuatro hijos, pero tenía claro que quería dar a sus retoños una vida mejor que la que ella había llevado. Ahora, ya con cinco hijos, vive acogida legalmente en Marruecos, a las afueras de Tánger, con el apoyo económico y moral de distintas organizaciones humanitarias que se encargan del sustento de su familia y de la escolarización de los críos.

La mujer que marca un antes y un después en la breve historia de las supervivientes que se han enfrentado al Gurugú es Mireille: la primera mujer en saltar la valla de Melilla. Con solo 15 años, la camerunesa llegó a la carrera al CETI a pesar de tener una fisura en la tibia, después de entrar en suelo europeo con otros 200 inmigrantes.

Durante meses se obsesionó con la valla. Su fortaleza física, su carácter fuerte e introvertido y su tozudez, junto con la compañía inseparable de su hermano, permitieron a esta adolescente intentar hasta en cinco ocasiones la entrada a través del vallado y sobrellevar el día a día en los campamentos. Mireille es el penúltimo caso documentado de una serie de mujeres con un perfil muy definido: fuertes, luchadoras, acompañadas por familiares o amigos y con los objetivos muy claros. Llegaban a los campamentos libremente y con la protección del grupo.

Pero, en los últimos meses, las organizaciones que trabajan con los inmigrantes se han percatado de que el Gurugú ha pasado de acoger a alguna mujer aislada a tener permanentemente grupos de entre seis y ocho, todas de origen camerunés. Estas no han llegado desde su tierra con parientes que las protejan. Muchas no tienen edad ni físico para el salto. No hablan ni se mueven abiertamente y al menos dos se han quedado embarazadas.

Esta es la situación que vive Anna (nombre ficticio). Es bajita, regordita, muy voluptuosa, entrada en la treintena. Siempre está controlada por los chairman, los jefes del campamento de Camerún. Dice que ha intentado saltar la valla en dos ocasiones pero, reconoce, para ella es muy difícil. Y ríe, ríe a carcajadas. En un momento de intimidad, cuenta que lleva años en los asentamientos del norte de Marruecos, pero que antes estaba en los “campamentos familiares”, donde sí es frecuente ver mujeres, niños y personas mayores de 40 años. Dice estar bien y que actualmente son seis las mujeres que sobreviven en el Gurugú. Una de ellas, describe, tiene varios dientes rotos y la cara llena de cicatrices tras recibir una paliza de los mejannis –fuerzas auxiliares de Marruecos–.

El delegado de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos en Nador, Adil Akid, cree que es muy posible que algunas cicatrices se deban a palizas de sus compatriotas y que estas mujeres pueden estar siendo víctimas de abusos o de redes de explotación sexual. “Antes el Gurugú era un remanso de paz. Ahora, al menos la zona de centroáfrica, está gobernada por gente de Camerún que no respeta a las mujeres y que no nos deja trabajar. Creemos que se puede estar abusando de algunas mujeres”.

Aicha, camerunesa de 32 años, partió de su Yaundé natal hace ya dos años. Allí dejó a sus dos hijos, de 10 y 7 años, al cuidado de familiares y amigos. Asegura que nunca habría dejado a sus pequeños si no fuera porque no tenía nada que ofrecerles. Nunca pensó llegar tan al norte en busca de prosperidad, pero las circunstancias le empujaron hasta los límites con Melilla, la ciudad soñada. Allí ha intentado entrar en tres ocasiones, todas ellas junto a Mireille: “Ella es más joven y fuerte. Yo no tuve suerte. Es muy difícil superar la valla. Muy difícil”.

Vive en los límites del campamento, casi fuera del Gurugú, junto a un nutrido grupo de compatriotas. Acaba de volver de Rabat, donde fue llevada tras una de las últimas redadas. Es la segunda vez que la atrapan, asegura, pero siempre vuelve al monte, a la espera de poder llegar un día a tierras españolas. Insiste en que está en los campamentos porque quiere, movida solo por la necesidad, pero cuando se acercan los chairman le cambia la cara y sólo susurra: “Descended, descended rápido”.

“La inmigración no entiende ni de leyes ni de vallas”

José Palazón

Director y el rostro visible de la ONG melillense Prodein, una organización que denuncia desde hace una década las ilegalidades qu con absoluta impunidad se perpetúan en la frontera.

SOFÍA PÉREZ MENDOZA

Periodista en eldiario.es

José Palazón (Cartagena, 1955) conoce cada rincón de una ciudad llena de contrasentidos, custodiada por una valla. Melilla es la frontera de África con Europa, y también un territorio tan reducido que parece mentira que en sus entrañas se concentren tantos problemas.

Detrás de cada vídeo, de cada foto, de cada denuncia de vulneraciones de derechos humanos está casi siempre la cámara de Palazón. Unos ojos muy abiertos de día que apenas se entornan de noche, por si, como dice, “hay que salir corriendo”.

Y aunque asegura no tener una vida muy distinta a la de todos los demás, lo cierto es que lleva más de una década discutiendo el discurso oficial sobre lo que ocurre en la valla y, lo que es aún más difícil, combatiendo el miedo que se respira en Melilla. Es una voz serena en medio de la agitación. Para muchos, el guardián de la ciudad autónoma. Para otros, el enemigo.

¿Se acostumbra uno también a esa vida?

Yo lo vivo muy normal, salvo estas cosas. Tengo una academia donde doy clases, familia y un grupo de amigos. Pero cuando menos te lo esperas, de día o de noche, hay una llamada y ¡pum!, tienes que salir corriendo.

Desde hace años concentra todos sus esfuerzos en la denuncia de la vulneración de los derechos humanos en la frontera. ¿Nota que lo que hace incomoda?

Incomoda mucho. Se nota en todo, incluso en la forma de actuar de ciertos sectores de la población hacia la asociación y los que estamos en ella. Hay mucho miedo. Hay personas que no son capaces de estar públicamente sentadas en la calle conmigo para que no las vean, porque si pasa el político de turno puede después llamarlas y preguntarles qué hacen con un tipo como yo.

En ocasiones se ha señalado a su persona directamente. Un periódico local incluso publicó en portada una foto suya bajo el nombre de “enemigo de Melilla”. ¿Cómo se digiere todo esto?

Aquí todo se personaliza enseguida, y se hace con el objetivo de desprestigiarte. Estás haciendo un trabajo en un espacio en el que sabes que existen presiones mucho más fuertes que en cualquier otro lado porque la ciudad está muy aislada. Te pones un escudo porque el acoso es casi diario. Al final asumes que eso es así y llega a formar parte de la rutina.

¿Ha recibido amenazas?

Sí, varias. La última fue hace año y medio por teléfono. Me dijeron que tenía dos días para irme de Melilla o me pegaban un tiro en la cabeza. Son cosas que uno no puede controlar y yo no les doy importancia. Lo que está fuera de tu mano, está fuera de tu mano.

¿Cuál es su motor para continuar?

Lo que me mueve es la indignación, ver lo que está pasando, el sufrimiento de los demás, cómo se desprecia a todo el que es distinto. Me apunté al carro de acabar con estas injusticias, y creo que hemos conseguido que no vaya a peor, que ya es bastante.

¿Cómo recuerda la primera vez que Prodein logró una prueba de que se estaban practicando devoluciones ilegales en la valla?

Era noviembre de 2005 y lo recuerdo como un momento que viví con mucha ilusión. Estábamos en el tema desde hacía tiempo sabiendo que era muy complicado tener documentos que evidenciaran esas prácticas. Entonces pensamos que esta prueba ayudaría a solucionar el problema, pero todo quedó en una denuncia que, aunque mediática, no tuvo más recorrido judicial. Todo se paró, como si las leyes estuvieran en hibernación. Hasta hoy.

Casi diez años más tarde, el Gobierno las regula. ¿Lo hace a sabiendas de que las devoluciones son manifiestamente ilegales?

Por supuesto. Ellos saben que son ilegales y las llevan escondiendo durante años. Cuando han visto que no podían ocultarlas más porque había evidencias de que se estaban practicando, intentan normalizarlas, publicitarlas, dejar que se vean. Legalizarlas era la única salida que les quedaba en ese empecinamiento de no dar su brazo a torcer. En otras cuestiones puede ser discutible u opinable, pero estamos hablando de derechos humanos, no de política.

¿Por qué todas las miradas, y también todas las alarmas, están puestas en la valla de Melilla?

Es una estrategia que tiene un doble objetivo. Primero, que la sociedad acepte la forma de actuar con los inmigrantes, la violencia que se emplea, y ahora, las devoluciones en caliente que convierten en legales. También es una buena forma de distraer la atención de otros problemas que no saltado todavía a los medios.

¿Cree que la visibilización de estas prácticas de dudosa legalidad han tenido un punto de inflexión con las muertes de Ceuta?

Fue un momento importante, muy grave, porque murió mucha gente. Podríamos decir que dio el disparo de salida, aunque también han contribuido a visibilizar las ilegalidades todos los acontecimientos a los que hemos asistido después, que al fin y al cabo son los mismos de siempre, pero sin el foco mediático puesto sobre ellos: por ejemplo, el vídeo de la Guardia Civil esposando a un inmigrante inconsciente antes de devolverlo.

¿Las oficinas de asilo que instalará el Gobierno en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla pueden ayudar a solucionar algunos de los problemas que existen?

Es un lavado de cara ante informaciones que señalaban la imposibilidad de solicitar asilo en Melilla y, como consecuencia de ello, un grado elevado de corrupción en la frontera de Beni Enzar, que es donde se concentran el 50% de las entradas a la ciudad, y no en la valla. La mayoría de los que entran son sirios que lo hacen con pasaportes falsos facilitados por mafias previo pago de hasta 3.000 euros. Estas salas están hechas para ellos. A las oficinas no van a tener acceso los subsaharianos porque no pueden pasar los controles marroquíes, así que la medida nace con graves anormalidades. Soluciona muy poco.

A pesar de estas limitaciones, Interior ha manifestado que “no puede ni va a decir nada a Marruecos sobre lo que tiene que hacer con su política de extranjería”.

Es lógico porque el Gobierno es dependiente de los acuerdos que tiene con Marruecos en la defensa, según la entienden ellos, de Ceuta y Melilla. Ven la inmigración como una amenaza, pero saben que el control no lo puede ejercer España pegando tiros porque estamos en un marco comunitario. Entonces dependen de Marruecos para que haga la contención. A su vez, Marruecos sabe que su actuación es necesaria y ofrece protección a cambio de otras cosas. Es una forma de relacionarse, aunque sea a base de presiones. El problema es que ese tipo de relaciones chocan con la normativa europea.

Ahora la atención se concentra en la frontera de Melilla pero, ¿qué hay de las pateras?

Las pateras son consecuencia de la aplicación global de la política de fronteras cerradas. Es igual de grave que lo que ocurre en Melilla, y además pasa lo mismo que en la valla: solo muere quien sale en la foto. Ahora salen menos pateras desde Marruecos porque está abierta la vía de Melilla. Pero, si se refuerza aún más y la gente deja de poder pasar por aquí, buscarán otra salida. La inmigración no entiende de leyes ni de vallas. No hay forma ni legal ni física de contener lo que es un proceso natural. Necesitamos otra política europea, más humana, que no cierre fronteras herméticamente.

LA FOTO

JOSÉ PALAZÓN

Periodista

una foto que "representa todo". Esta foto de José Palazón publicada en eldiario.es está dando la vuelta al mundo. "Aquel día se produjo un salto y la Guardia Civil había cortado la carretera. Vi de lejos que un grupo de inmigrantes estaba encaramado en la parte de la valla más cercana al campo de golf. Cogí el coche para subir a una montaña y fotografiar la escena"", recuerda. El espectáculo que retrató "representa todo": la indiferencia, la diferencia, la violencia… Y la hipocresía. Ese campo de golf de un verde impecable se construyó con fondos europeos FEDER para "corregir desequilibrios" territoriales en Europa y se mantiene con subvenciones públicas. Su presidente es también el dueño de un periódico de Melilla. Un "despropósito de principio a fin" en una ciudad golpeada por la pobreza donde esa subvención de dos millones de euros "hacía falta para muchas otras cosas", añade Palazón. "¿Cómo no iba a remover conciencias una imagen así?"

De las pateras y los cayucos a las ‘toys’
UN CUARTO DE SIGLO DE ‘MUERTES DE PERFIL’ EN EL ESTRECHO

El número de inmigrantes llegados a las costas españolas por medios marítimos ha ido decreciendo en los últimos años, desde el pico de 2006 (39.180 personas) hasta los 3.237 de 2013, según datos del Ministerio del Interior.

JAVIER RAMAJO

Periodista en eldiario.es/andalucia

La antesala de sus sueños ahogó su camino. Más de 20.000 personas han perecido cerca de las costas de Andalucía y Canarias desde 1988 en su intento por cambiar de continente y de porvenir, según cálculos de Andalucía Acoge y APDH-A, a falta de datos oficiales. Son muertes “de perfil”. Federico García Lorca usaba esa denominación para aquellos que encontraban la muerte en el transcurso de la aventura vital que les caracterizaba. Han pasado 26 años desde que se tuvo constancia documental del primer inmigrante naufragado en su intento de llegar a Europa por mar. Fue en la playa de Los Lances, en Tarifa (Cádiz).

Desde entonces, miles de muertes, miles de tentativas, miles de arriesgadísimas travesías para tocar tierra española. La tecnologización en el control de las fronteras ha provocado que el número de inmigrantes que tratan de alcanzar un futuro diferente por vía marítima haya disminuido y, al tiempo, haya variado en sus formas. De afrontar la aventura en grandes pateras, neumáticas o cayucos para 15 o 20 personas, a jugarse la vida en pequeñas embarcaciones hinchables denominadas toys. La precarización más absoluta en busca, simplemente, de otra oportunidad, de una vida mejor.

El número de inmigrantes llegados a las costas españolas por medios marítimos ha ido decreciendo en los últimos años desde el pico de 2006 (39.180 personas, mayoritariamente en las Islas Canarias) hasta los 3.237 de 2013, según datos del Ministerio del Interior. Solo en 2011 hubo un ligero aumento respecto al año anterior. Las mal llamadas “avalanchas” de personas extranjeras que llegan en pateras suponen tan solo el 1% de entrada de inmigrantes en España. La inmensa mayoría llega en avión. Así entró el 62,7% de personas migrantes que llegaron a España en 2007, según el último dato disponible de la Encuesta Nacional de Inmigrantes del INE.

La progresiva implantación a escala estatal del Servicio Integral de Vigilancia Exterior (SIVE), inaugurado en 2000, también ha orientalizado las vías de entrada por mar a la península desde que, durante la década de los 90, el foco de entrada estuviera centrado en la costa gaditana. Así lo apunta Carlos Arce, coordinador del área de inmigración de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), que sitúa en Granada, Almería, Murcia, Alicante, o incluso Baleares, donde ha llegado alguna patera desde Argelia, la variedad en los puntos de entrada. “Ahora se interceptan antes de que lleguen a la costa”, comenta, destacando igualmente en el mar de Alborán la mayor vigilancia del operativo en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la UE (Frontex).

En el caso de Andalucía, según los últimos datos de APDH-A, el descenso de entradas se refiere sobre todo a las provincias de Granada y Almería, sufriendo por el contrario un ligero repunte en la provincia de Cádiz. Esto tiene su explicación en la mayor dificultad de acceder a grandes embarcaciones para cruzar el mar de Alborán partiendo de la zona de Nador o de la zona de Alhucemas, y, por el contrario, la mayor facilidad para comprar pequeñas embarcaciones de juguete, mayoritariamente utilizadas para cruzar el Estrecho.

La diversificación en el uso del tipo de embarcación para alcanzar tierra es una cuestión relativamente actual y obedece, explica Arce, a la máxima de la oferta y la demanda. Por un lado, el motivo económico, es decir, el hecho de que el desplazamiento en la patera tradicional tenga un precio inalcanzable para una persona que, por ejemplo, lleva meses esperando sin recurso alguno en el monte Gurugú, justo al lado de la frontera con Melilla. A través de pequeñas embarcaciones, además, los inmigrantes sortean el papel de los pasadores, e incluso de las mafias, que tienen una menor operatividad. A pesar de ello muchos son estafados en los comercios, donde habitualmente estas balsas pueden costar unos 100 euros y por las que les cobran hasta seis veces más. Pero al repartir entre cuatro o seis, el coste es asumible.

Por otro lado, señala Arce, la embarcación de juguete es más difícil de detectar por el SIVE. La facilidad de acceso a pequeñas embarcaciones, más pensadas para jugar en la playa que para una travesía tan peligrosa, ha multiplicado este sistema de intentar cruzar el Estrecho. Aprovechando resquicios en los sistemas de control, una nueva ruta de entrada marítima a la que también se refiere Arce es el intento de llegar a Europa a través del paso intermedio por islotes y peñones bajo soberanía española (Alhucemas, Vélez de la Gomera, Chafarinas, Isla de Tierra).

También entra en juego, como en casi cualquier ámbito, el aspecto político y las relaciones internacionales entre países. Arce se sitúa en el pasado agosto cuando, mediado el mes, más de un millar de inmigrantes fueron rescatados en apenas un par de días procedentes de Marruecos. Es la manera del país vecino de “poner encima de la mesa su músculo negociador”, de hacer público que en su mano está el control de los flujos migratorios y de evidenciar que, si abre la mano, aquello es lo que puede suceder.

Para APDH-A, como hace constar en su informe anual Derechos Humanos en la Frontera Sur, es preciso tener en cuenta que una buena parte de la inmigración subsahariana es interceptada por Marruecos y Argelia, que han incrementado de forma exponencial su papel de países gendarmes de las fronteras europeas, aceptando plenamente, a cambio de importantes acuerdos económicos y políticos, la política de externalización de fronteras y de vecindaje de la Unión Europea. También a causa de ello, las entradas a nado en la ciudad de Ceuta se han reducido prácticamente a cero debido a la impermeabilización de la frontera de El Tarajal llevada a cabo por el Marruecos.

El particular caso canario. El 25 de octubre de 2003, una neumática naufragó en plena Bahía de Cádiz, dejando 37 personas fallecidas en sus aguas. Los cadáveres fueron goteando en sus playas. Era la primera vez que la sociedad española se enfrentaba con tanta crudeza a la tragedia de la inmigración, visibilizada en terribles imágenes. La embarcación zozobró a apenas 200 metros de la costa.

Desde entonces, las imágenes de pateras en la costa no han cesado. No tan crudas, pero con frecuencia inevitable. Alegría en muchos al tocar puerto español. Dolor en otros, víctimas de la hipotermia. Camillas para algunos con suerte, quizás, de haber sobrevivido a tan complicada travesía. Un goteo incesante que, de tanto repetirse, no escondía ni esconde en cambio las vergüenzas de políticas migratorias siempre en duda al amparo de la cerrazón de fronteras y doctrinas europeas que no han puesto solución al drama.

Con origen principal en África occidental, las Canarias experimentaron en 2006 la mayor llegada de inmigrantes por mar, año de inflexión en este crudo modo de viajar. Más de 30.000 en un solo año a bordo de embarcaciones tipo patera o cayuco. Cifras mareantes (más de 82 al día de media), a pesar de que ya estaba en marcha el plan de vigilancia de fronteras de la UE, el Frontex. El año pasado, el último con cifras cerradas, fueron apenas 200. “En Canarias ahora es algo residual”, señala el secretario general de Andalucía Acoge, Mikel Araguás. Aquel año, llegaron por mar un total de 39.180 inmigrantes a España; en 2013 fueron 3.237. Un 91,7% menos en siete años.

“Hay una orientalización de los puntos de entrada”, señala, “y un mayor control de lo que sucede en el mar”. Araguás se refiere a un reforzamiento en la política exterior migratoria, consistente en bloquear a las personas antes de que salgan a la mar y, además, ejercer más control en el tránsito con los sistemas de seguridad y la tecnología.

“La gente va a seguir queriendo entrar, escapando de la misma realidad”. Al representante de Andalucía Acoge le impone la situación que se sigue viviendo en algunos países africanos, los desplazamientos internos, las guerras civiles, etc. “Todo eso, antes o después, nos acaba llegando de una u otra forma. Italia, Malta, Grecia... es la misma enfermedad con diferentes síntomas”. Y concluye: “Si pensamos solo en la expulsión después del rescate de una patera, estamos retroalimentando la pelota. Tenemos que buscar otro tipo de soluciones si África sigue echando a los suyos”.

¿Qué pensarían si vieran las recientes imágenes de 23 inmigrantes trasladados en un camión del servicio de limpieza tras llegar en patera a la playa de Maspalomas? La percepción de Andalucía Acoge y APDH-A es que “la frontera entre el sur y el norte es mucho más amplia que el Estrecho de Gibraltar”. El canal de entrada “no está localizado”. Es su perspectiva respecto a las futuras características de la inmigración.

UNA POLÍTICA MIGRATORIA TAN INMORAL COMO INÚTIL

La combinación de bajas tasas de natalidad y el envejecimiento de la población es una amenaza para el futuro de los Estados del bienestar europeo. Más vale que los inmigrantes puedan viajar legalmente.

GONZALO FANJUL

Cofundador de la Fundación porCausa

Las percepciones erróneas son una constante en el debate migratorio. La población nativa considera que el número de extranjeros es demasiado alto y que muchos de ellos suponen un riesgo para su seguridad o sus bolsillos. Cualquier posible reforma se desarrolla en un contexto político tan radiactivo que lo mejor que podemos esperar es que el votante acepte mejorar ligeramente el status quo. Y eso deriva en normas e instituciones escleróticas que se desenvuelven de espaldas a la realidad y fuerzan a los Estados a comportarse de manera tan inmoral como insensata (e incluso ilegal, como hemos comprobado recientemente en nuestro propio país).

En un ilustrativo reportaje del diario The Guardian sobre las percepciones erróneas con las que convive una sociedad, ciudadanos de diferentes lugares eran preguntados sobre el porcentaje de inmigrantes que, en su opinión, residían en sus países. La palma se la llevaba Hungría, cuyos encuestados están convencidos de que el número de inmigrantes es un 30% más alto de lo que realmente es, pero en los 14 países de la encuesta, sin excepción, los consultados podrían jurar que habían visto en sus ciudades muchos más extranjeros de los que realmente existen.

Porque la realidad es tozuda: en contra de las fantasías que alimentan los intereses electorales de algunos partidos, el único efecto llamada que determina realmente la movilidad internacional de los trabajadores es la expectativa de progresar a través del empleo y la educación. Para eso son necesarias dos variables: una brecha de ingreso suficientemente amplia y la posibilidad de encontrar un empleo en el país de destino. Todo lo demás (el idioma, las diásporas, la distancia y las barreras) constituyen elementos secundarios de esta ecuación que encarecen, retrasan y encanallan el proceso migratorio, pero difícilmente lo evitan cuando los determinantes de la movilidad operan con la suficiente intensidad. La imagen con la que muchos españoles relacionan la inmigración –un grupo de africanos desesperados cruzando a toda costa nuestra frontera Sur– constituye solo una pequeña porción de la realidad, en donde la búsqueda de la protección internacional se mezcla a menudo con la emigración económica.

De acuerdo con los datos del Banco Mundial, los 14 km que separan Marruecos de la zona del euro a través del Estrecho de Gibraltar determinan una diferencia en términos de ingreso per cápita (ajustada al poder adquisitivo) de 7 a 1. La brecha de riqueza con los grandes socios de migración en otras regiones del mundo sigue el mismo patrón: 4 a 1 en Ecuador y Albania; 9 a 1 en Filipinas; o 20 a 1 en Kenia. Los investigadores Ortega y Peri estimaron en 2009 que un aumento de 1.000 dólares en la brecha de ingresos entre los países de origen y de destino aumenta las presiones migratorias entre un 6% y un 10% con respecto a los niveles anteriores.

Michael Clemens, investigador principal para migraciones del Center for Global Development de Washington, ofreció una versión refinada de este argumento, centrándose en los EE UU como destino. Tras comparar los salarios de los trabajadores dentro de EE UU con los de aquellos ostensiblemente idénticos (en formación y capacidades) en otros 42 países, y tras considerar todos los costes asociados al proceso migratorio, este autor estima que un trabajador boliviano puede esperar multiplicar su salario real por 2,7 por el simple hecho de emigrar. Un indio lo multiplicará por 3,2 y un nigeriano por 8,4.

Toda la sofisticación política y policial de las naciones-fortaleza se deshace frente a un argumento económico tan poderoso. De hecho, el verdadero obstáculo a la emigración de los africanos es que la mayor parte de ellos no han alcanzado aún el nivel mínimo de recursos y capacidades que exige la movilidad hacia el Norte. A medida que esto vaya ocurriendo como consecuencia del desarrollo de sus países, muchos más emigrarán en cuanto tengan la oportunidad de hacerlo (de ahí que el argumento de la cooperación como freno de la inmigración sea una falacia bienpensante).

En realidad, más nos vale que en algún momento ellos y otros muchos tengan la oportunidad legal de emigrar. La combinación de las tasas de natalidad por debajo del nivel de reemplazo y el creciente envejecimiento de la población es una amenaza tangible para el futuro de los Estados de bienestar europeos. Un reciente documento elaborado para el proyecto Mejoramiento de los Sistemas de Inmigración de los Estados Unidos y de la UE indica que el año 2010 marcó el punto de inflexión en la evolución demográfica de la UE-27. Aunque las tendencias migratorias del periodo anterior a la crisis se mantuvieran, los actuales miembros de la UE se enfrentarían en 2050 a un virtual estancamiento de su población total (subiría un 3%), con un aumento masivo de personas de edad avanzada (un 71% más) y una disminución tangible de la población en edad de trabajar (el 12% menos). Los números son ligeramente diferentes en un escenario que considera la entrada de Turquía y otros candidatos de menor tamaño, pero las tendencias básicas permanecen.

Determinar si estas nuevas sociedades exigirán el mismo número de trabajadores cualificados y no cualificados está abierto al debate. La tecnología y la externalización pueden jugar un papel importante en la reducción de la demanda de mano de obra extranjera en muchas economías de destino, y el impacto estructural de la crisis en las tendencias a largo plazo de los mercados laborales es incierto. Sin embargo, el consenso general entre los autores es que estos factores estructurales y coyunturales no alterarán las tendencias fundamentales de los mercados laborales europeos. Un informe prospectivo del CEDEFOP – un centro de análisis de renombre en este ámbito – declara que “la previsión es que [en 2020] habrá unos ocho millones de empleos de nueva creación, pero surgirán casi 10 veces más oportunidades de trabajo, alrededor de 75 millones, debido a la necesidad de cubrir los puestos de trabajo de las personas que salen de la fuerza laboral”.

Según el informe, la mayor parte de este empleo se concentrará todavía en las cualificaciones de nivel medio, pero hay una polarización progresiva hacia sistemas de cualificación más altos y más bajos. En otras palabras, a menos que las familias europeas estén dispuestas a volver a tasas de fecundidad propias del siglo XIX, el continente está condenado a aumentar el flujo de trabajadores extranjeros con el fin de mantener su crecimiento y su estado de bienestar.

Ante este panorama, uno pensaría que los estadistas europeos están retorciéndose los menudillos en busca de un nuevo modelo migratorio que se adapte de manera más inteligente a las necesidades de las próximas generaciones y a la realidad de un mundo marcado por profundas cicatrices de desigualdad. Un modelo negociado entre tres partes que tienen la capacidad cierta de actuar por su cuenta (los países de origen y destino, y los propios migrantes) y que exige un desarrollo normativo e institucional a la altura de otros retos globales complejos.

Nada más lejos de la realidad. La política migratoria se rige por el mismo el juego reactivo y de corto que lastra la maquinaría política de nuestra generación. La UE ha hecho avances tangibles en la comunitarización de los controles fronterizos (a través de Frontex y Eurosur, que proporcionan esquemas comunes para la detención y deportación de inmigrantes irregulares), el asilo y la protección internacional, la movilidad de los trabajadores altamente cualificados (a través de la llamada Tarjeta Azul y de las directivas para ejecutivos dentro de una misma empresa y para investigadores) y la admisión de los estudiantes (aunque se aplican las condiciones nacionales una vez que estos han sido admitidos).

Se están haciendo esfuerzos en otras áreas, tales como la gestión de los flujos de mano de obra estacional (una Directiva fue aprobada en febrero de 2014), la residencia de larga duración, las políticas de retorno y la movilidad de los residentes no comunitarios dentro de las fronteras comunes. La Directiva “Permiso Único” establece un número limitado de derechos comunes para los ciudadanos no comunitarios que residen en un Estado miembro, tales como las condiciones de trabajo, las pensiones, la seguridad social y el acceso a algunos servicios públicos.

Se han firmado una serie de “acuerdos de readmisión” con 17 países terceros y cláusulas específicas relacionadas en otros 30 acuerdos. Por último, se ha abierto un camino experimental interesante con la creación de plataformas geográficas destinadas a aumentar la cooperación con determinadas regiones para la gestión y la construcción de políticas en materia de migración, como el Proceso de Rabat (con los países del norte y oeste de África).

Pero esto es todo. Todavía hoy, el régimen migratorio de Europa sigue siendo un sistema primitivo y atomizado, donde cada una de las naciones decide las reglas para la entrada, estancia y retorno de los trabajadores extranjeros y de sus familias; lleva a cabo los procesos de regularización de manera unilateral (y más o menos vergonzante); define acuerdos migratorios bilaterales con los países de origen; y regula el acceso de los migrantes irregulares a los servicios públicos. Incluso las políticas humanitarias en materia de migración siguen esta regla. Si bien casi todos los países europeos son firmantes de la normativa básica en materia de asilo y refugio, su implementación práctica es muy dispar.

Se trata de un reto complejo, de muy largo plazo, que escapa al control exclusivo de los países europeos. Pero algunas cosas son muy simples: en la frontera sur de Europa (empezando España) se vive una crisis humanitaria que debe ser tratada como toda la compasión y legalidad de las que carece este Gobierno. El debate sobre la movilidad internacional de trabajadores es mucho más amplio y exige de las sociedades e instituciones europeas la inteligencia y la creatividad que han faltado hasta ahora.

‘BOZHA’: AMARGA VICTORIA

HELENA MALENO

Activista e investigadora

Acaba de ser violada en el bosque, cerca de la frontera con Ceuta. Llega al hospital tras horas esperando que alguien la traslade, está sin zapatos. Es aún una adolescente.

No logra activar el protocolo post-violación porque es demasiado complicado para una persona como ella, migrante en situación irregular, y pasa la tarde entre comisarías y tribunales.

Al día siguiente sólo quiere ver un médico, que le diga que está bien, que le evite un embarazo y una enfermedad de transmisión sexual. Es lo mínimo.

Marie asume la violencia del proyecto migratorio con dolor pero como algo natural. Esta vez ha sido población autóctona, pero ya relata historias anteriores donde sufre agresiones procedentes de administraciones públicas o fuerzas de seguridad, entre ellas la Guardia Civil española.

Muchas de las personas migrantes sufrieron experiencias violentas antes de salir de sus países y estas se vieron incrementadas durante el tránsito migratorio y sobre todo en las zonas de frontera.

Pero no solo hay una violencia palpable, también existe aquella que nace de los estados corruptos, de sistemas sociales tremendamente desiguales, una violencia institucional, sistemática e invisible.

La misma de la que Laura no puede hablar pero se atisba en la decisión de esta mujer de montar en una patera con sus tres hijos. Hoy sería para ella difícil explicar sus razones, y aún más difícil para el resto del mundo entenderlo, cuando en el momento en el que escribo este artículo ella y sus bebés siguen aún desaparecidos en el mar. La violencia para Laura solo tenía un camino y era huir de ella, aunque fuese a costa de asumir otros riesgos.

En los últimos años esta, nuestra frontera sur, ha asistido a un aumento exponencial, cualitativo y cuantitativo, del dolor. A la vez, nos hemos ido olvidando de que tras los daños causados por nuestras políticas estaban los derechos, y tras ellos las personas que deberían beneficiarse de ellos. Hablamos de cifras, de migrantes, despojándolos de su entidad de ser humano. Y en el otro lado situamos a los estados, los gobiernos, y así las víctimas y los responsables de esas violencias se diluyen en los conceptos, en lo macro.

Fermín quiere saber quién disparó a su hermano una bala de goma en el Tarajal el 6 de febrero. Él cree que su familia se merece saber cómo se llama la persona qué disparó y el motivo por el que lo hizo. Fermín llama a eso buscar justicia.

Pero Fermín se niega a aceptar que nuestros políticos decidieron declarar la frontera sur como zona de guerra, de conflicto, donde todas las vulneraciones de derechos humanos son posibles, incluso aquella que afecta a la vida.

Normalizar la violencia ha sido una de las estrategias de comunicación más potentes que el Ministerio del Interior español ha hecho en el último año. El Gobierno de Rajoy ha asumido los daños y ante la opinión pública ha mostrado de una forma obscena y constante las torturas, golpes, paraplejias, violaciones e incluso muerte como daños colaterales de ese imaginario conflicto de la frontera sur.

Ahí quedan las imágenes de ganchos fabricados artesanalmente para poder acceder a la malla anti-trepa de los muros de Ceuta y Melilla y que han sido presentados en mesas como arsenal incautado. Quedan también las declaraciones institucionales en las que se describen los ejércitos de migrantes dirigidos por las mafias, que en avalanchas atacan la maltrecha Europa de la crisis económica.

Joey no está segura de entender las mafias de las que habla la policía española, pero tiene experiencia con redes de trata. Fue una red quien la trajo hasta Nador, en la frontera con Melilla.

Se enteró de que ejercería la prostitución en Europa cuando llegó a Oujda. No quiere hacerlo, la deuda que tiene que pagar es muy grande, pero sabe que solo existe esta manera de llegar a Europa para una niña tan pobre como ella. Además la red con la que camina se encarga de su seguridad ante la brutalidad del tránsito migratorio. Joey elige entre dos violencias, la institucional y la de la red, y la segunda, por ahora, es para ella la menos mala.

Para transitar por la frontera siempre hay que ofrecer algo, y Joey sabe que lo único que ella tiene para dar es su cuerpo de 14 años. Vista como mercancía para el mercado sexual europeo esta adolescente tendrá más probabilidades de atravesar nuestros muros. Las políticas neoliberales no sólo la han despojado de sus derechos y expuesto a violencia, sino que la han “cosificado” en una frontera donde funciona la ley de la oferta y la demanda.

Y es que las mafias, las verdaderas, las grandes, se alimentan de la propia política de violencia de los estados, y el conflicto y la desigualdad es el campo abonado para que operen y optimicen sus beneficios.

Por eso Mamadou cree profundamente en los derechos humanos y en que en cada migrante, económico o no, que intenta llegar a Europa tiene ese sueño de ser respetado, y considerado ciudadano. “En el fondo es lo que gritamos cuando decimos ‘Bozhaaaaaaa”, declara.

DEL SUEÑO A LA EXPLOTACIÓN

Abordar el fenómeno de la trata con enfoque de derechos humanos sigue siendo una asignatura pendiente en España, donde prevalece la lucha contra el crimen y el control migratorio frente a la protección de las víctimas.

MARIBEL HERNÁNDEZ

Periodista

“Mi situación en Nigeria era crítica, tenía una hija y el padre nos abandonó. Esta gente me prometió ayudarme, pagaron todas mis facturas del hospital, me dijeron que me traerían a Europa para encontrar un trabajo. Entonces, accedí”. El complejo laberinto de la trata suele empezar así, como recuerda Ruth. Expectativas de mejorar las condiciones de vida unidas a una promesa que nunca se cumple. “Me dijeron que tenía que ejercer la prostitución para devolverles el dinero. Me exigían 50.000 dólares. Si me negaba me amenazaban con matar a mi hija. Comencé a prostituirme y a pagar el dinero”.

Blanca vino de Colombia pensando que su trabajo consistiría en tomar copas por las noches con los clientes de un club de alterne y que, durante el día, encontraría otra ocupación en Madrid para poder enviar dinero a su familia. “Cuando llegué, me llevaron a un club de carretera en mitad del campo, a las afueras de un pueblo de donde no me podía mover y me obligaron a prostituirme”, relata.

A Yoana la forzaron a vivir en un piso con otras mujeres y miembros de la red. “Tenía que ejercer la prostitución en la calle llevando solo un sujetador y un tanga a pesar del frío. Me exigían que ganara al día al menos 600 euros, y si no, me pegaban golpes en la cabeza y me amenazaban con un cuchillo”, relata esta joven rumana.

Los testimonios de Ruth, Blanca y Yoana (nombres supuestos), recogidos por Proyecto Esperanza, organización especializada en el apoyo integral a víctimas de trata, reflejan la realidad de un fenómeno que vulnera de forma radical los derechos humanos, conectado a procesos de feminización de la pobreza, desigualdades sociales y de género. Pero también extremadamente lucrativo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) sitúa los beneficios de la trata de personas en los 32.000 millones de dólares al año (25.600 millones de euros). Solo los supera el tráfico de drogas.

Dos terceras partes de las víctimas de trata en el mundo son mujeres. Ocho de cada diez cuando la explotación se desarrolla en el ámbito sexual. La Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) calcula que unas 140.000 mujeres se encuentran en situación de trata con fines de explotación sexual en Europa. Las redes obtienen unos 3.000 millones de dólares anuales (2.400 millones de euros). Paradójicamente, el PIB europeo sube un 3,7% tras la inclusión en su cálculo de las drogas, las armas y la prostitución. El investigador de la UNODC Fabrizio Sarrica lanza una pregunta incómoda: “¿Acaso somos países más ricos si tenemos a más criminales haciendo negocios ilegales?”.

Ilegales y ocultos. La invisibilidad de las personas atrapadas en esta forma de esclavitud es uno de sus rasgos definitorios. Solo se identifica a una de cada 20 víctimas, advierten desde la agencia de la ONU. “Nuestra gran preocupación es que muchas víctimas no están siendo detectadas”, apunta Ane Azkunaga, coordinadora del Programa de Lucha contra la Trata de ACCEM, una de las organizaciones de la Red Española contra la Trata de Personas. Solo vemos la punta del iceberg.

La trata con fines de explotación sexual en España suele ir asociada a la prostitución pero son dos realidades diferenciadas. La prostitución es una actividad alegal, no regulada ni prohibida que es ejercida de forma libre; la trata está tipificada como delito, puede tener otros fines, como la explotación laboral o la mendicidad. El Estado, por tanto, debe asumir una serie de obligaciones: prevención, persecución del crimen, así como la protección y reparación de las víctimas.

¿Cómo se ha articulado la lucha contra la trata a nivel institucional? Prima la persecución del crimen y de la inmigración en situación administrativa irregular, una perspectiva que, según los casos, puede conducir al retorno a la red de trata, como deja entrever Marie. “Por culpa de los papeles a veces volvemos a hacer cosas que no queremos”, explica esta camerunesa que llegó a España tras un viaje en el que ya padeció todo tipo de violencias. Del centenar de personas que la acompañaban, dice, llegaron 21. “Los demás murieron en el mar”.

Mujer, de nacionalidad rumana, de 23 a 27 años. Este es el perfil de la víctima de trata en España según el último balance sobre la prevención y lucha contra la trata con fines de explotación sexual, elaborado por el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), organismo dependiente del Ministerio de Interior.

Hablar de perfiles es reduccionista. “Son de lo más variado”, sostiene José Nieto, uno de los máximos responsables de la lucha policial contra la trata. “Van cambiando dependiendo de la situación y las posibilidades de movimiento para las mafias”, especifica el inspector jefe de la UCRIF (Unidad Central de Redes de Inmigración ilegal y Falsedades documentales). Los tópicos relativos al perfil impactan particularmente sobre las víctimas de trata cuando se trasladan al ámbito institucional. “Las autoridades tienen en su imaginario un ideal y no creen a quien no encaja”, indica Gema Fernández, abogada de Women’s Link.

A Ruth no la creyeron. “Cuando fui a denunciar me dijeron que no me creían, intenté hacerles ver que era verdad, que no tenía más información porque esa gente no permitía que supiéramos mucho sobre ellos, lo poco que sabía lo dije”.

En España, la identificación de víctimas de trata recae exclusivamente en las fuerzas de seguridad, si bien existen acuerdos de colaboración con organizaciones especializadas. Una de las batallas de las ONG es lograr un reconocimiento formal en las entrevistas de identificación, algo que sí se da en otros países europeos como Italia.

Según datos del Ministerio del Interior, en 2013 se realizaron 2.555 inspecciones administrativas en lugares donde se ejercía la prostitución. Se detectaron más de 13.000 personas en situación de riesgo. Del total, el número de víctimas identificadas fue de 1.180, tan solo 264 por trata. Cuando la policía está ante una persona extranjera en situación irregular que presenta indicios de ser víctima de trata existe una vía de protección a través de la Ley de Extranjería. Es el llamado “periodo de reflexión” de al menos 30 días previsto en la Ley de Extranjería. Durante este tiempo no se le podrá incoar un expediente de expulsión y deberá decidir si coopera con las autoridades en la investigación.

La mujer es, en primer lugar, una posible fuente de información. Si decide colaborar, se le podrá conceder un permiso de residencia, pero no es automático. “Ha habido casos en los que las mujeres han colaborado y, aún así, las han dejado sin protección al considerar que no aportaban información relevante. Se les ofrece tan poco y ellas arriesgan tanto…”, lamenta Gema Fernández.

En la práctica son muy pocas las mujeres que se acogen al periodo de reflexión. Un 89% de las víctimas que lo rechaza, según la Defensora del Pueblo. “Yo pensé en denunciar desde el principio, pero era una alternativa que veía lejos, pensaba que la policía era corrupta como en mi país. Al principio tenía mucho miedo de la policía”, cuenta Yoana. Este miedo es una barrera habitual. “A ellas les meten en la cabeza que somos unos corruptos, que somos los dueños, que manejamos el dinero. Nosotros siempre somos los malos”, espeta Nieto.

Los Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) y las fronteras de Ceuta y Melilla son los lugares donde se dan las situaciones de mayor vulnerabilidad y violencia institucional. La condición de víctimas de trata pasa desapercibida. Aquí son, ante todo, “inmigrantes ilegales”, víctimas convertidas, a ojos del Estado, en infractores de la Ley de Extranjería. “Se está priorizando pura y duramente el control de las fronteras frente a otros aspectos fundamentales”, alerta Marta González, coordinadora de Proyecto Esperanza. “Se están rechazando, devolviendo en caliente o abriendo expedientes de expulsión a personas a las que el Estado tiene la obligación de proteger”, denuncia.

Personas como Naomi, una joven nigeriana que llegó a España pensando que trabajaría en el servicio doméstico. Contrajo un deuda de 20.000 euros y fue obligada durante tres años a ejercer la prostitución en contra de su voluntad para saldarla. Amenazada de muerte y forzada a no emplear medios de protección porque así tendría más clientes. En febrero de 2010 fue detenida, sin documentación, sin permiso de residencia, le abrieron un expediente de expulsión y la trasladaron al CIE de Aluche, embarazada de 11 semanas, donde siguió recibiendo amenazas. Dos organizaciones verificaron su condición de víctima de trata. Naomi pidió asilo por persecución religiosa y ACNUR emitió un informe favorable pero le fue denegado, como recogió la organización Women’s Link.

Según Gema Fernández, es aquí cuando ante la desesperación o porque tienen acceso a la información muchas víctimas de trata se deciden a denunciar, aunque en los CIE es donde más se cuestiona su credibilidad.

Hasta la fecha, la Oficina de Asilo y Refugio, dependiente del Ministerio del Interior, ha concedido únicamente dos estatutos de refugiado a víctimas de trata y se espera, próximamente, un tercero. María Jesús Vega, portavoz de ACNUR, aboga por “un reconocimiento expreso de la trata como motivo abierto y formal de persecución por razones de género”. Pero matiza: “Esto no significa que todas las víctimas de trata sean refugiadas, hay que valorar muy bien el temor y el riesgo al que se enfrentarían en caso de ser devueltas a su país de origen”.

Tras cerrarse la vía del asilo, Naomi solicitó acogerse al periodo de reflexión. El 17 de marzo de 2010, sin previo aviso, fue deportada a Nigeria. Un día después llegaba la resolución del periodo de reflexión. Denegado.

EL JUEGO DE LA CONFUSIÓN

Pese a las percepciones, el volumen global de migraciones no es mayor ahora que en los 60. La UE habla de reforzar los accesos legales. Pero en lugar de discutir cómo, los dirigentes nacionales insisten en el discurso del miedo.

AMPARO GONZÁLEZ FERRER

Socióloga del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC

Es difícil escribir sobre inmigración sin evocar los naufragios en el Mediterráneo y las historias desgarradoras que conocemos día tras día sobre los que se ahogan a nuestras puertas. Siguen siendo pocas las denuncias frente a la pasividad y el silencio con que estamos contemplando estas muertes. Pero además de denunciar la parálisis y poner los medios para salvar cuantas vidas podamos, se hace más necesario que nunca escapar de la miopía imperante.

En contra de lo que suele pensarse, el volumen global de las migraciones no es mayor ahora que en los años sesenta, aunque sí se hayan diversificado los países emisores como resultado de la caída de los regímenes comunistas en la Europa del Este o la progresiva apertura de China. Y, a la vez, es cierto, también se han concentrado algo más los destinos y Europa ha ido ganando protagonismo en el mercado migratorio mundial. Lamentablemente no parece que lo estemos gestionando bien. Nos falta articular mecanismos de gestión a medio y largo plazo que resulten eficaces más allá de la cambiante coyuntura económica o geopolítica. Y para ello es importante identificar con claridad y transparencia nuestras necesidades, nuestros compromisos y los límites a nuestra capacidad de real de control, tanto logísticos como éticos.

La Comisión Europea lleva de hecho una década –así es, una década ya– perfilando un Enfoque Global sobre Migración y Movilidad que parece querer apuntar en este sentido. Los principios que lo inspiran –colaboración con los países de origen, apertura de vías de acceso legal, estímulo a ciertas formas de circularidad, lucha contra la fuga de cerebros y búsqueda de estrategias que maximicen el beneficio de todas las partes implicadas en el proceso migratorio, incluidos los propios migrantes y sus países de origen– transmiten esa aspiración de gestión integral. La lucha eficaz contra la inmigración irregular planteada en este contexto suena de hecho como algo bastante razonable.

El propio Avramopoulos, nuevo comisario de Inmigración y antiguo ministro del Interior griego, sorprendió el día de su toma de posesión con un discurso mucho más ambicioso, garantista y liberal de lo esperado. Desde el principio admitió como un desastre humanitario lo que está ocurriendo en nuestras fronteras y afirmó con contundencia que la Europa Fortaleza no es la solución. Llegó a decir “la migración legal es la mejor forma de combatir la migración ilegal”. Y volvió sobre ello durante el Fórum de Alto Nivel sobre Migración organizado por la OCDE, donde reclamó la necesidad de cambiar nuestro discurso sobre la migración y mostrar sus efectos positivos sobre la demografía de un continente que envejece y pierde competitividad. Insistió en su compromiso por reforzar las vías de acceso legal, en especial para trabajadores cualificados; y, en un alarde de atrevimiento, llegó a sugerir incluso que mejorar nuestras políticas de admisión legal (también para los no tan cualificados), en lugar de recurrir erráticamente a regularizaciones extraordinarias, nos permitiría lidiar mejor con el vínculo entre inmigración irregular y economía sumergida. Frases todas que tuvieron que sonar como herejías en los oídos de muchos.

Efectivamente, las entradas anuales por empleo a la UE representan una parte pequeña del total de inmigración legal, simplemente porque no existen vías eficaces para ello. Y esto ya era así antes de la crisis económica: en 2008 solo el 31% del total de permisos concedidos en la Unión Europea a personas de fuera de la Unión fueron por motivos de empleo (el 24% si nos fijamos solo en las entradas de un año o más de duración); en 2013 habían caído al 23% (un 18% para las de un año o más). Más sorprendentes resultan aún las cifras de admitidos por el procedimiento creado para fomentar la atracción de talento y personal cualificado, la denominada Tarjeta Azul (Blue Card): en 2012, menos de 4.000, y en 2013 casi 13.000, casi todas para Alemania. Está claro que el sistema de admisión legal no funciona si, para toda la Unión, con sus 28 Estados, las entradas con Tarjeta Azul representan sólo el 0,07% del total de entradas legales que recibimos.

Pero del dicho al hecho hay un trecho, y lo conseguido dista demasiado de lo propuesto. En lugar de estar discutiendo cómo y cuándo llevar a cabo ese rediseño de las vías de acceso legal a la Unión, para los que necesitan protección y para los que quieren trabajar, seguimos enfrascados en el permanente juego de la confusión. Un juego que parece interesar a todos, no solo a los partidos extremistas que hacen de la xenofobia su razón de ser y su medio de subsistencia. Los dirigentes europeos Valls, Cameron o Fernández Díaz contribuyen al discurso del miedo y de las soluciones simplistas de forma más preocupante que los primeros. El primer ministro francés, Manuel Valls, como Rocard en los años noventa, mantiene que “Francia no puede acoger toda la miseria del mundo”, como si en algún momento se hubiese pretendido esto. El premier británico, David Cameron, asegura que los ciudadanos comunitarios que van a trabajar al Reino Unido lo hacen atraídos por sus prestaciones sociales y no por la galopante demanda de trabajadores no cubierta en sectores clave como la construcción o la hostelería. Y nuestro ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, intenta convencernos de que nos invaden por miles y que la única solución es ignorar nuestra propia ley para impedirlo, mientras el INE nos alerta de que llevamos ya tres años con saldo migratorio negativo.

Son solo tres ejemplos pero podríamos seguir con muchos otros, casi todos bien representados en el Consejo Europeo, que cuando se reúne para hablar de estos asuntos difunde vídeos titulados “Lidiando con la migración irregular en el Mediterráneo” pero donde solo aparecen barcazas repletas de gente que huye de la guerra de Siria o de las violaciones sistemáticas de derechos humanos en países como Eritrea. Las palabras no son inocentes. Si los llamamos inmigrantes irregulares parece que son parte del mismo fenómeno de hace unos años y, por tanto, podemos seguir vendiendo la idea de que ellos continuarán viniendo, y serán cada vez más, porque el motivo último que explica su llegada es la pobreza que asola sus países. Y así ratificamos nuestra diagnosis del problema y, como “la amenaza” sigue creciendo, fortificarnos más y mejor sigue siendo la solución.

El juego de la confusión no se limita a negar los efectos beneficiosos de la inmigración, o de la libre circulación; ni a llamar inmigrantes irregulares a los solicitantes de asilo; ni a proponer muros más gruesos y vallas más altas mientras la mayoría sigue aterrizando, con nuestro permiso, y a menudo nuestro reclamo, en los aeropuertos de todos los países de la Unión. El juego de la confusión consiste también en emborronar sistemáticamente la atribución de responsabilidades respecto de todo lo que se hace en gestión migratoria y, sobre todo de lo que no se hace. Nuestros gobernantes, en especial nuestros Ministros del Interior, culpan con frecuencia a un ente abstracto al que llaman “la Unión Europea”. Pero olvidan explicarnos que esa “Unión Europea” a la que culpan son ellos mismos, que reunidos en el Consejo ponen trabas o boicotean todos los esfuerzos de la Comisión por pasar de la obsesión fronteriza a un intento de gestión integral.

Y mientras culpamos a los solicitantes de asilo, a los que ejercen la libre circulación de trabajadores, a la “Unión Europea” o a quien se tercie, los discursos simplistas y excluyentes nos ganan la batalla. Son los efectos colaterales del juego de la confusión, que la reciente caída del Gobierno en Suecia ha ilustrado muy bien. En Suecia, el país que acoge más peticiones de asilo en relación a su tamaño de toda la Unión, unas 5.700 por cada millón de habitantes frente a tan solo 95 en España en 2013, los socialdemócratas ganaron las elecciones por un estrecho margen y necesitaban apoyos para sacar adelante los nuevos presupuestos. Los Demócratas Suecos, partido xenófobo que ha duplicado sus apoyos en cuatro años, bloquearon la aprobación cuando quedó claro que el gobierno no cedería a ninguna de sus dos exigencias clave: reducir la inmigración en un 90%, y rebajar el coste económico de la hospitalidad con los refugiados. Y los conservadores, que podrían haber evitado la caída del Gobierno, decidieron no hacerlo aunque ello implicara jugar a favor del partido xenófobo al que cuatro años antes prometieron aislar políticamente.

La debilidad del Gobierno sueco es consecuencia directa, obviamente, del resultado en las urnas en las elecciones de septiembre pasado. Sin embargo, Europa y la Unión Europea, con su incapacidad para asegurar una responsabilidad compartida entre los Estados Miembros en el acogimiento de refugiados contribuye indirectamente a la debilidad de todo aquel que se empeña en mantener su compromiso con la decencia y las obligaciones internacionales adquiridas en este ámbito. Durante un acto organizado por la organización Population Europe con motivo de la Presidencia Italiana de la Unión dos días antes de la cancelación definitiva de la operación Mare Nostrum, un responsable del Ministerio del Interior italiano nos decía: “Nosotros iniciamos Mare Nostrum para salvar vidas, obvio; pero también para presionar a la Unión Europea y que esto fuese una responsabilidad compartida; pasado un año no vemos nada y en solitario no podemos seguir”. Y a la vez, el señor que estaba sentado a mi lado susurraba “sí, con esto Europa ya se quitó definitivamente la careta”.

Cada día que pasa, la ausencia de esa acción coordinada y esa responsabilidad compartida va debilitando a los que aún defienden su necesidad. Los ciudadanos de esos países se acaban preguntando por qué ellos acogen, por qué ellos y sus gobiernos asumen los costes directos de hacerlo mientras el resto de socios europeos miran hacia otro lado. Y todo ello va dando argumentos a los extremistas y a su discurso fácil, tan falaz como peligroso, que prende cada vez en más votantes en todas partes. Es así como la falta de liderazgo desde la Unión Europea, y la falta de visión y voluntad política a la hora de encarar la gestión migratoria nos envilece un poco a todos y se va convirtiendo en una amenaza para Europa mucho mayor que la invasión de la que hablan algunos.

¡ALERTA! INFORMACIÓN INTOXICADA

¿Por qué en Ceuta y Melilla hay “asaltos” a la frontera pero en Lampedusa se habla de “tragedia humana”? Expertos analizan el doble discurso de los grandes medios de comunicación y las administraciones sobre las personas migrantes.

ÁNGEL CALLEJA

Periodista

Plano general de una redacción. El director se planta ante sus periodistas: “¿Tenemos una noticia sobre inmigrantes y pensáis salir con esta foto? El público quiere ver esto otro”. Y muestra una portada con hombre negro lanzando fuego por la boca.

Con esta hipérbole describe Red Acoge el tratamiento que los medios de comunicación tradicionales dan al fenómeno migratorio. “Sensacionalista, descontextualizado, alarmista… La población inmigrante sigue siendo representada de forma estereotipada”, lamenta Manuel Sobrino, portavoz.

Las hemerotecas le dan la razón. “Avalancha sin precedentes”, tituló ABC en marzo. “El mayor intento de salto masivo agudiza la crisis de los inmigrantes”, rotulaba El País en las mismas fechas. “Orines y escupitajos ‘con ébola’, fuego y piedras desde lo alto de la valla”, anunciaba el diario melillense El Faro el pasado mes de octubre.

Tampoco ayudan los comunicados de las delegaciones del Gobierno en Ceuta y Melilla, trufados de términos como “presión migratoria” y “salto violento”; o de eufemismos como “dispositivo anti-intrusión” para referirse a las cuchillas de la barrera fronteriza. “Además, hay un uso irresponsable de fotografías y vídeos, que solo reflejan una parte de lo ocurrido o que permiten identificar a los potenciales solicitantes de asilo y refugio perseguidos en sus países”, advierte Charles Autheman, de la ONG especializada Instituto Panos Europa.

Con esta carta de presentación, no es de extrañar que Henri, ciudadano de Gabón que rehace su vida gracias a La Merced Migraciones, comprenda el recelo que provocan los extranjeros en una parte de los españoles: “Mi madre no podía darnos una educación a los cinco hermanos. Crucé Camerún, Nigeria, Níger, Argelia y Marruecos. Entré en España el 11 de marzo de 2013 tras intentarlo dos veces en barca y ser expulsado otras tres de Melilla. Es normal que la gente tenga miedo, pero yo les diría que intenten razonar, que hablen conmigo. No vengo a robarles nada, sino a tener una oportunidad, a crecer, a tener un trabajo y libertad para sacar a mi familia de esa pesadilla”.

De “sin papeles” a “sin rostro”. Aunque las palabras están en el centro del debate, lo que más preocupa a los observadores de Red Acoge es la “deshumanización” de los inmigrantes. “Aparecen como hordas dispuestas a invadir un continente, como una masa sin rostros ni contexto, lo que facilita presentarlos como una amenaza. Se repite el modelo de Hollywood durante la Guerra Fría, cuando se dibujaba a la población de la URSS como temible, marciana”, insiste Sobrino.

Las autoridades de Melilla facilitan desde el año pasado imágenes nocturnas de los intentos de salto. En la oscuridad, los ciudadanos subsaharianos se asemejan a marabuntas que se abalanzan sobre el perímetro fronterizo. La imagen, proyectada en las pantallas, tiene consecuencias.

“La prensa influye en el imaginario colectivo. Si bien ha visibilizado injusticias y violaciones de los Derechos Humanos, también construye prejuicios, desinforma y cosifica. Usa ‘sin papeles’ o ‘ilegales’, en lugar de ‘personas”, critica Julissa Jáuregui, politóloga peruana residente en España. Juan Carlos Sendín, doctor en Teoría de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos y coordinador de la Cátedra Unesco sobre Comunicación y África, apunta que periódicos, televisiones y emisoras de radio se comportan como “correas de transmisión” de los gobiernos y los políticos de turno.

De hecho, este rechazo al extranjero no es nuevo. Ya estuvo presente cuando el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero permitió regularizar la situación de más de 500.000 personas (la mayoría, latinoamericanos) en el año 2005.

En ese momento había 3,7 millones de inmigrantes en España. La cifra creció hasta los 5,8 millones en 2011, momento a partir del cual la crisis multiplicó los retornos voluntarios. “Este incremento implicó un ascenso de la xenofobia, que se hace más presente cuando se eleva la competencia por los recursos escasos”, apunta Sendín.

Los titulares sobre “redadas”, “avalanchas” y “mafias” hicieron que la inmigración se situase como el primer problema para los españoles, según la encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) tras el repunte de entradas en Melilla en 2006. Hoy, la corrupción y el paro encabezan la lista, con la inmigración como noveno elemento de preocupación.

Pero medios e instituciones no siempre se comportan así. El 3 de octubre de 2013, más de 300 personas murieron al naufragar la barcaza en la que intentaban alcanzar la isla italiana de Lampedusa. Las portadas y crónicas recogieron de forma unánime una palabra: “Vergüenza”. La indignación se tradujo en informaciones que cayeron en la compasión y la victimización. Pese a todo, la Unión Europea se negó a replantearse sus políticas. La prensa no tardó en volver a su lenguaje habitual.

“El discurso universalista, sin fronteras, políticamente correcto se usa cuando ocurre una ‘tragedia’ en Lampedusa. El discurso nacionalista, con fronteras, civilizado, se retrata cuando hay ‘avalanchas’ en Ceuta o Melilla. Ambos representan una patología: la visión colonialista”, reprocha Rubén Díaz, uno de los editores del libro Remixing Europe, presentado en la 16ª edición del festival crítico Zemos98. “La frontera es considerada zona de guerra y las guerras no se narran ni se ven igual cuando ocurren en casa que cuando suceden fuera”, añade.

María Jesús Vega, responsable de comunicación de la oficina española del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), cree que la estrategia “defensiva” del Estado frente a la inmigración y su desarrollo mediático tienen como objetivo predisponer a la sociedad para que acepten y justifiquen las acciones gubernamentales contra estos colectivos, “medidas que, de otro modo, serían impopulares”.

Entre ellas están las cuchillas o concertinas, las “devoluciones en caliente” o “rechazos en frontera”, rechazados por la Comisaría de Interior de la UE, el Defensor del Pueblo, el Consejo General de la Abogacía y varios grupos de juristas internacionales.

Periodistas, organizaciones sociales y ONG tienen claro el diagnóstico. Pero la Administración se resiste a cambiar. “Utilizamos términos como ‘asaltos masivos’ porque son los que mejor describen lo que ocurre. Los inmigrantes no hacen otra cosa que violentar las fronteras. Si hablamos de ‘irregulares’ o de ‘ilegales’ es porque lo son. La palabra ‘personas’ es más genérica y no reflejaría la presión migratoria. Es un drama humano extremo, pero detrás hay un negocio de mafias que promueven y alientan estos movimientos”, se justifica Irene Flores, responsable de comunicación de la Delegación del Gobierno en Melilla.

El encuentro entre periodistas y migrantes organizado en Barcelona por la artista latinoamericana Daniela Ortiz a principios de diciembre puso de manifiesto hasta qué punto es urgente un giro radical. “No les podéis pedir paciencia, porque muchos migrantes llevan en España más años de los que vosotros tenéis y están cansados de esperar”, recomendó el periodista y activista guineano Abuy Nfubea a sus colegas cuando éstos fueron responsabilizados de la falta de credibilidad de la prensa, la ausencia de rigor o la inexistencia de enfoques positivos sobre la inmigración.

Las ONG se han puesto en marcha, aunque, como advirtió Nfubea, con escasa presencia de los colectivos que representan a los extranjeros en nuestro país, a los que invitó a tomar la palabra: “Debéis salir a la calle y haceros valer. Tenéis que criticar a los periodistas, porque no somos dioses”.

Red Acoge ha elaborado un informe con recomendaciones básicas después de encuestar a más de 100 profesionales de la información y de realizar un focus group con redactores de TVE, La Sexta, El País, ABC, Europa Press, Cope, eldiario.es y 20minutos. Entre las conclusiones destacan la utilización precisa del lenguaje y el tratamiento riguroso de las fuentes. A cambio, los informadores solicitaron que se les facilite el acceso a los protagonistas de las informaciones.

Acnur trata de implicar a las asociaciones de periodistas para implantar en España la Carta di Roma, por la que los editores de prensa se comprometerían a no usar la inmigración como arma política. Pero los obstáculos nacen de los propios medios. “No se contrasta, no se diversifican las fuentes y falta tiempo para trabajar. Los periodistas se salen de esa norma a título individual, enfrentándose a las rutinas de sus redacciones o a la falta de interés de sus superiores”, se lamenta la organización.

El País, primer diario español en difusión, carece de un especialista en migraciones. Célebre es la portada en la que el rotativo tituló a cuatro columnas –y recurriendo únicamente a fuentes policiales– que 30.000 africanos esperaban para saltar las fronteras españolas.

La muerte por ahogamiento de 15 personas en el paso de El Tarajal de Ceuta en febrero de este año puso en evidencia el riesgo de reproducir únicamente las versiones oficiales de los hechos. El Ministerio del Interior, que negó la responsabilidad de la Guardia Civil, tuvo que terminar admitiendo que los disparos de material antidisturbios provocaron una situación de pánico determinante para el resultado final.

José Carlos Sendín recomienda la guía sobre tratamiento mediático de la inmigración que él mismo y la experta en relaciones con la UE Patricia Izquierdo editaron en 2008. Los consejos audiovisuales de Cataluña, Navarra o Andalucía y las federaciones de asociaciones de prensa española y andaluza han publicado distintas normas y manuales. La Marea, 20minutos o eldiario.es ya cuentan con sus propios decálogos a la hora de afrontar estas informaciones.

Para los autores del libro Remixing Europe y los promotores del festival Zemos98, los periodistas aún tienen en su mano una parte importante del cambio: “Hay que hacerse preguntas, no describir lo mismo con los mismos elementos y voces, ser creativos. La remezcla de la que hablamos es descubrir dónde está el truco de cómo y por qué se cuentan las cosas e invertir los términos para dinamitar las construcciones mentales que nos hacemos”.

QUE VIENEN LOS NEGROS

JAVIER GALLEGO

Director del programa de radio Carne Cruda. carnecruda.es

Es indiscutible: el Gobierno de Rajoy es el más xenófobo de la historia de nuestra democracia. Su política de inmigración no se limita a poner obstáculos a la llegada de los extranjeros sin papeles sino que se ha ensañado con los más pobres, especialmente con los negros subsaharianos. No ha establecido solo medidas antiinmigración sino medidas antipersonas.

Primero expulsó de la Sanidad a más de 800.000 inmigrantes sin papeles, entre 2.700 y 4.600 con sida. No le parecieron bastante disuasorias las vallas y mandó colocar cuchillas en los bordes para desollar a quienes saltaran. Tampoco se conformó con las cuchillas y ordenó a las fuerzas policiales que disparasen pelotas de goma y golpeasen con sus porras a los que intentaran entrar. No se conformó con la violencia y procedió a expulsar ilegalmente a los que ya habían conseguido acceder a España. Solo faltaba matarles, y los disparos de la Guardia Civil a personas que nadaban en la costa de Ceuta acabaron con 15 cadáveres en la playa. Dos más en los Centros de Internamiento de Extranjeros por falta de asistencia médica. No son solo políticas restrictivas, son políticas agresivas. Incluso mortales.

El PP se alimenta de los miedos. De la ignorancia, pues. Vive de crearse enemigos: ETA, Podemos, las mareas, el comunismo. De hacer saltar las alarmas. ¡Que vienen los rojos!, grita en las campañas electorales. ¡Que vienen los negros!, es ahora su monserga. Piensa que su papel de héroe nacional que defiende a la patria de las invasiones bárbaras les da votos, y por eso ha creado una amenaza que no es real. No es real que haya una avalancha de africanos. La mayor parte de la inmigración que viene a España llega en avión o sobre ruedas. Ni el 1% de ellos lo hace saltando la valla o en patera. No es real que sean una amenaza. Los inmigrantes aportan bastante más a los servicios sociales de lo que reciben, según un estudio de La Caixa, y según la OCDE tienen un impacto fiscal positivo, son “un recurso, no un problema”.

El problema es un Gobierno que viola la legalidad, los acuerdos internacionales y los derechos humanos. El problema es que legalice sus delitos. El problema es un ministro del Interior que ordena disparar a personas en el agua y después lo niega aunque hay pruebas de que miente. La amenaza no son los negros. Son los azules.