CUATRO GRANDES PREGUNTAS PARA LAS MUNICIPALES Y AUTÓNOMICAS

Lo que puede pasar y lo que probablemente no sucederá en una de las elecciones más impredecibles de la historia democrática.

IGNACIO ESCOLAR

Director de eldiario.es

1. ¿Sobrevivirá el bipartidismo a la ola de Podemos y Ciudadanos? Aún no sabemos si el 2015 será el año “del cambio”, o el del cambio “tranquilo”, o el del “cambio sensato”, o el del recambio, o tal vez el año en que nada vaya a cambiar. Pero, al menos en las próximas elecciones, parece claro que hay dos cosas que, por ahora, no van a pasar.

No, el PP y el PSOE no van a ser barridos completamente. No van a hundirse, al menos no este mes de mayo, de la forma en que desaparecieron los viejos partidos en la Italia de la tangentópolis, o de la manera en que desapareció UCD. Y no, Podemos y Ciudadanos no van a quedarse en un bluf, un suflé hinchado por las encuestas y los medios que en las urnas quedará limitado a los niveles en los que antes se han movido otros partidos minoritarios, como el CDS, IU o UPyD. Entre estos dos extremos que parece que no se cumplirán, hay una amplia gama de grises, una posición exacta, difícil de pronosticar en las encuestas, que tendrá matices en cada autonomía y que sin duda dibujará un mapa de poder inédito, un resultado electoral nunca visto, aunque en este mayo tampoco llegue la revolución.

En este nuevo escenario a cuatro manos, lo que es seguro es que los dos grandes partidos retrocederán y tendrán su peor resultado electoral en décadas. Es lo que ha pasado ya en las últimas elecciones andaluzas, donde el PSOE y el PP perdieron entre ambos casi 350.000 votos –230.000 el PP y 120.000 el PSOE–. La duda en estas municipales y autonómicas es si ese deterioro del bipartidismo supondrá un gran revolcón o si permitirá, como en Andalucía, que algunas cosas cambien para que todo siga igual.

2. ¿Será gobernable la nueva situación? Los grandes partidos no van a extinguirse este mes de mayo, pero sus mayorías absolutas, probablemente, sí desaparecerán. No es un fenómeno exclusivamente español, de hecho la nueva situación política nos iguala con la inmensa mayoría de los países europeos donde hace mucho que no quedan grandes partidos con más del 40% de los votos. El fin de las mayorías absolutas va a obligar a algo que es tan necesario como probablemente impopular: la negociación y el consenso.

Muchos de los partidos parten hoy de posiciones maximalistas muy enfrentadas. Un sector de su electorado –del de todos ellos– considera cualquier acuerdo con otros partidos como una impresentable cesión, incluso una traición. Por eso, y porque las elecciones generales están por llegar, puede que haya alianzas que tardarán algunos meses en prosperar.

3. ¿Qué pasará con los partidos minoritarios? La agonía del bipartidismo sí tiene ya dos primeras víctimas: IU y mucho más UPyD. Carambolas de la política, son ellos los que más difícil lo tienen en estas elecciones, especialmente en el caso de UPyD.

El partido de Rosa Díez, con mucho menos pasado ni raíces que el histórico PCE, es sin duda el que más complicado lo tiene para sobrevivir. Pero también IU va a pasar por uno de sus momentos más complicados desde que existe la coalición.

4. ¿Cómo afectará el resultado de las municipales y autonómicas a las siguientes elecciones generales?

Todo cambio de poder en España ha venido precedido por unas elecciones municipales históricas, como recuerda Antón Losada en este mismo monográfico. Y el año de las cinco elecciones es un dominó donde cada ficha que cae empuja a las que vienen después.

Como ya se ha demostrado en esta carrera de expectativas en las que se ha convertido la impredecible situación política española, para ganar unas elecciones hoy no hace falta ser el más votado, sino demostrar que lo imposible puede pasar. Las europeas de 2014 fueron el aldabonazo para Podemos. Las andaluzas, la puesta de largo de Ciudadanos como una opción para el centro derecha que huye del Partido Popular.

Las próximas municipales y autonómicas van a representar la primera gran batalla entre cuatro: dos ejércitos frente a dos guerrillas. Dos partidos que cuentan con todas las ventajas de disponer de una gran estructura interna –PP, PSOE– frente a dos movimientos –Podemos y Ciudadanos– con todas las ventajas de no tener pasado, o no demasiado, en un momento donde el mensaje que más cala entre los ciudadanos es el de la renovación.

Por ajustada que sea la distancia entre ellos en porcentaje de voto, en las generales el empate a cuatro no se mantendrá.

Las peculiaridades de nuestro sistema electoral y su reparto de escaños por provincias dejarán descolgado al cuarto, por pequeña que sea la diferencia en número de votos. La gran duda es cuál de los cuatro será.

OTRAS MUNICIPALES PARA LA HISTORIA

En estas elecciones hay que estar atentos a las señales que las urnas emitan respecto a tres incertidumbres: si el bipartidismo muere o sigue agonizando, la renovación de la vieja guardia por nuevos actores y líderes y el papel bisagra de los nacionalistas.

ANTÓN LOSADA

Profesor de Ciencia Política en la Universidad de Santiago de Compostela

La elecciones municipales siempre han significado en España algo más que unos comicios locales. Unas municipales trajeron la República y mandaron a Alfonso XIII de Borbón al exilio en 1931. Otras municipales convirtieron al PP en el partido más votado y marcaron el principio del fin del felipismo en 1995. Unos comicios locales y autonómicos anunciaron el fin del ciclo del socialismo de Zapatero en 2011. La Ciencia Política nos recuerda, con razón, que los resultados de unas municipales no deben extrapolarse sobre unas hipotéticas elecciones generales porque los votantes deciden cosas diferentes y valoran asuntos distintos. Pero la historia nos dice, también con razón, que suelen representar un aviso que pocas veces falla.

En estas elecciones municipales de 2015 conviene estar atentos a las señales que las urnas, como si fueran posos de té, puedan emitir respecto a tres incertidumbres que ahora mismo tienen revuelta y alterada a la política española. La primera es si el bipartidismo muere de una vez o sigue agonizando sin fecha clara de caducidad. La segunda se refiere a la posible renovación de la vieja política por otra nueva con actores y líderes nuevos. La tercera afecta a la continuidad o no del papel central de los nacionalismos como bisagras en la política española y su posible relevo por fuerzas de carácter estatal.

No se acaba con el bipartidismo tan fácilmente. En estas o cualquier otras circunstancias los comicios municipales y autonómicos de 2015 iban a suponer, inevitable y casi naturalmente, un reequilibrio del mapa del poder local en España. Los populares sabían que resultaba por completo insostenible el abrumador dominio alcanzado en 2011, cuando todo el mapa se tiñó de azul y apenas quedaba algo que no gobernasen. Los socialistas confiaban en la tendencia instintiva del electorado a equilibrar, por pura supervivencia, el reparto de poder. El equilibro es la mejor manera de impedir que el exceso de mayoría absoluta se traduzca en un abuso o en una estupidez igualmente absolutos. En el mundo feliz del bipartidismo la disputa se limitaba a saber cuánto poder perderían o ganarían unos y otros.

Pero eso era ayer. Hoy el bipartidismo ha cambiado su posición de dominio abrumador por una mayoría aún cómoda pero menguante. Los dos partidos que lo encarnan, el Partido Popular y el Partido Socialista, han conocido y recuerdan tiempos ciertamente mejores. Durante las municipales y autonómicas de 2015 va a decidirse no sólo quién gobierna tal o cual ayuntamiento o tal o cual autonomía, sino si va a hacerlo en un escenario dominado por los dos grandes partidos o en un nuevo escenario donde tres, cuatro o incluso cinco fuerzas se disputen las posiciones mayoritarias con posibilidades reales de ganarlas.

La cosecha electoral de mayo va a permitir medir hasta qué punto el presunto final de ciclo bipartidista responde a turbulencias generadas desde el ámbito de la política estatal, a causa de variables esencialmente coyunturales, o registra un cambio efectivo del electorado y sus preferencias que ha venido para quedarse, penetra todos los ámbitos de la política española y certifica que la agonía bipartita solo es una cuestión de tiempo porque inevitablemente llevará a su fin.

Seguramente Mariano Rajoy estaba preparado para entregar parte del abrumador poder local y autonómico ganado con la crisis, pero no tanto como parece que puede perder tras el desastre andaluz. Pedro Sánchez seguramente contaba con un buen resultado confiado en el apego al equilibrio del votante español, pero seguramente no se esperaba hallarse en la necesidad de obtener un resultado lo más parecido posible a una victoria y comparable al triunfo de Susana Díaz en Andalucía. Sólo así podrá instalar un firewall electoral en Despeñaperros que contenga a quien fue su principal aliada y ahora maniobra para acabar siendo quien finalmente recupere La Moncloa para los socialistas.

Rajoy y Sánchez, dos líderes y un destino. Ambos necesitan un buen resultado aunque ninguno puede permitirse una derrota catastrófica del otro. Si el PP no consigue recuperar a una parte de sus electores perdidos seguramente los socialistas obtengan la victoria ansiada y que para Pedro Sánchez pasa necesariamente por ganar Madrid y Valencia y recuperar al menos una docena de ciudades importantes. Pero el precio de esa ganancia puede ser no competir ya únicamente contra Rajoy. La derrota popular en las generales de noviembre parecería más probable tras un batacazo municipal, pero también aumentaría la percepción de que desalojar al partido de Génova de La Moncloa no pasa necesariamente por el voto útil de la izquierda.

Si los socialistas no consiguen un resultado decente, el Partido Popular podría utilizarlo de nuevo para disimular sus propias malas noticias esa noche. Para ello los populares necesitan conservar al menos Madrid o Valencia, porque no pueden permitirse perder ambas, y retener el grueso del poder municipal. De nuevo la victoria podría tener un sabor agridulce porque se obtendría a costa de que a Mariano Rajoy también le crezcan los competidores.

Ambos líderes necesitan un buen resultado, pero también que las cifras del otro sean lo suficientemente malas para poder decir que han derrotado al rival pero el bipartidismo se ha salvado y pervive como la opción dominante. En estas municipales y autonómicas para el PP y el PSOE no se trata sólo de ganar o perder, sino de hacerlo ante el viejo adversario de siempre o ante varios, nuevos y además desconocidos.

De momento la agonía del bipartidismo ha servido principalmente para matar los liderazgos de Rosa Díez en UPyD y Cayo Lara en IU. Si el resultado de las municipales agudiza y prolonga hasta las generales la tribulaciones bipartitas, los siguientes liderazgos en sufrir serán los de Rajoy y Sánchez. Hasta las elecciones andaluzas el final del bipartidismo representaba un problema exclusivamente de unos socialistas que se desangraban a favor de Podemos. Ahora también presenta un problema para un PP que se deprime a favor de Ciudadanos.

Los dos grandes partidos vuelven a tener algo en común y pocas cosas unen tanto como las dificultades compartidas. Además, la noche electoral del penúltimo domingo de mayo no será el final sino el principio si los resultados confirman el lento desmoronamiento del dominio bipartito. Populares y socialistas no saben gobernar en coalición. No están acostumbrados, no entienden la necesidad y el ciclo bipartito ha resultado tan largo que han olvidado cómo funciona y cómo se hace. Llevan tanto tiempo siendo gobierno o siendo oposición casi en solitario que van a necesitar mucha pedagogía y reeducación para acostumbrarse a hacer política en un mundo cambiante, donde no sólo ellos pueden ser gobierno u oposición.

Las municipales de 2015 se presentan como las primeras elecciones donde los votantes nacidos después de los años sesenta constituirán el grupo más numeroso. En la política española han aparecido nuevos partidos que desafían el dominio de los viejos partidos. Pero la mayor novedad reside en que los nuevos votantes ya suman más que los viejos votantes. Los partidos tradicionales se van quedando sin sus votantes tradicionales y los nuevos votantes buscan nuevas opciones. La desafección política, la crisis institucional y la irrupción de nuevas fuerzas políticas tiene mucho que ver con la recesión económica y la corrupción, pero también con el relevo generacional que se está produciendo entre el censo electoral español.

Las municipales y autonómicas van a decirnos mucho sobre la capacidad de los nuevos partidos para fidelizar a esos nuevos votantes que parecen firmemente decididos a darles una oportunidad, pero no un cheque en blanco. También puede que nos cuenten algo sobre la incapacidad de los viejos partidos para conectar con las expectativas de un electorado nuevo que no se cree en deuda con ellos, no los siente parte de su identidad y los considera distantes y extraños.

Fuerzas como Ciudadanos y Podemos tienen ante sí un reto complejo. Por un lado necesitan desarrollar organizaciones fuertes, capaces de permitirles implantarse territorialmente y poder competir en el terreno local y autonómico. Un partido que realmente pretenda gobernar no puede presentarse únicamente a aquellas elecciones que le van bien. Debe salir a ganar en todas si quiere que el electorado le vea como una fuerza de gobierno. Pero al mismo tiempo los nuevos partidos necesitan mantener viva la novedad. Conservar lo más intacta posible una apariencia dinámica, flexible e innovadora en su estructura y modos de funcionamiento. Son dos demandas contradictorias y que sólo significan problemas cuando van juntas.

Los dos partidos nuevos más emergentes han elegido estrategias diferentes y opuestas para resolver este dilema. Podemos ha optado por la técnica del camuflaje. Se ha sumergido en el mundo de las mareas y las plataformas buscando un refugio que le permitiera competir pero sin exponer una marca que reserva para las generales. La decisión se percibe tan estratégica como arriesgada. El camuflaje solo les protegerá en parte de un mal resultado y siempre les estorbará para reclamar la victoria como suya.

El camuflaje incrementa las posibilidades de supervivencia pero genera confusión. Los de Pablo Iglesias puede encontrarse esa noche de mayo ante la peor pesadilla para cualquier partido ante unas elecciones. Todo el mundo puede decir que ha perdido y él no puede afirmar que ha ganado. O peor aún, todo el mundo sabe dónde ha perdido y él no puede decir dónde ha ganado. Tras el desenlace de las elecciones andaluzas, tan espectacular como paradójicamente decepcionante, a Podemos sólo le vale un resultado que supere las expectativas. Ya no le sirve como antes simplemente competir, obtener un resultado decente que le permita decidir quién es presidente en la Comunidad de Valencia, Castilla La Mancha o Extremadura.

Ciudadanos parece haber apostado por la estrategia contraria. Lejos de camuflarse ha decidido exponerse a plena luz. Se ha lanzado a anunciar y designar candidaturas propias en todo el territorio. Una decisión sin duda inspirada por su espectacular éxito en unos comicios andaluces donde nadie conocía, ni conoce, a su candidato. Le guste o no, el partido de Albert Rivera ha convertido las municipales y autonómicas en un test de estrés para su futuro. Un buen resultado le permitiría presentarse como una formación sólida que responde a una demanda social efectiva, no un simple acontecimiento mediático o un pasatiempo de fin de semana para los votantes populares enfadados. Un mal resultado cimentaría aún más la idea de que Ciudadanos sólo es una marca blanca que se pone o quita del mercado a conveniencia.

Tan arriesgado resulta pensar que el candidato lo es todo en política, como creer que la marca lo supone todo y el candidato apenas importa. Una máxima aún más cierta en unos comicios locales, donde sí se valora conocer a los candidatos. Cuando se progresa tanto y tan rápidamente la posibilidad de atraer a oportunistas y candidatos de fortuna crece, al igual que los problemas.

El día después es al día siguiente. Los nuevos partidos se juegan mucho en la noche electoral pero aún se juegan más en los pactos o no pactos posteriores. Pasada la emoción y la euforia, los votantes siempre quieren saber lo mismo: para qué ha servido su voto. Sea en Aragón, Cantabria o Navarra, sea en las capitales andaluzas, gallegas o castellanas, allí donde el electorado no decida poner el Gobierno en sus manos o devolvérselo al bipartidismo, los nuevos partidos deberán decidir si se abstienen y dejan hacer, si pactan con alguno de los viejos partidos para gobernar y, si ese el caso, con cuál les conviene más coaligarse.

Las tres decisiones ofrecen pocas ventajas y conllevan muchos costes. La abstención puede trasmitir a sus votantes la percepción de haber perdido su tiempo y su voto. Pactar y gobernar con los viejos partidos implica exponerse a desactivar el núcleo impulsor de la estrategia y el discurso que les han traído hasta aquí. No resultará tarea fácil continuar hablando de política vieja y nueva cuando unos y otros se mezclan en varios gobiernos. El cielo no se toma por consenso, pero tampoco con pactos. Se toma por asalto, así dice la cita completa.

A los nuevos partidos siempre les quedará confiar en la posibilidad de imponer cambio y regeneración en los viejos partidos como condiciones para gobernar. Pero de ilusión no se vive, tampoco en política. A pocos meses de las generales, muchos votantes solo verán que su voto nuevo ha ido a beneficiar a los partidos viejos y a muchos no les va a gustar. La duda será si merecerá la pena asumir ese riesgo.

¿Qué será de los nacionalistas? Los partidos nacionalistas conservadores vascos y catalanes han jugado en la política española el papel de pivote y apoyo estratégico que desempeñan en los países de nuestro entorno los partidos liberales y de centro. Esa función ha generado un doble efecto. Por un lado les ha implicado en eso que algunos llaman la “gobernabilidad” del Estado. Por otro, les ha permitido mantener su supremacía sobre el propio espacio nacionalista frente a competidores como ERC y Bildu. Puede no sea ni mucho menos casualidad que la progresiva pérdida de esa centralidad en la política bipartita haya coincidido tanto con un salto cualitativo de las demandas de CiU y PNV frente al Gobierno central, como con la progresión electoral de sus competidores.

En las municipales de mayo los nacionalistas de CiU y PNV comienzan a jugarse su rol estratégico de “fuerzas pivote” centrales y centradas, pero también su liderazgo entre el electorado nacionalista. De ahí que Artur Mas se haya apresurado a reactivar el “proceso” volviendo a seducir a ERC con el señuelo de una estrategia independentista común. O que los nacionalistas vascos hayan intensificado su presión sobre los gobiernos abertzales en San Sebastián y Guipúzcoa buscando acelerar su desgaste.

Los resultados de la municipales permitirán evaluar en qué medida la irrupción de los nuevos partidos continúa rompiendo el monopolio disfrutado hasta ahora por los nacionalistas vascos y catalanes para ofrecerse como socios preferentes al Gobierno central de turno. También nos dará el minuto y resultado de la feroz competencia electoral que ahora mismo se libra en Catalunya y Euskadi respecto al espacio nacionalista.

Las municipales pueden provocar una reacción en cadena. Los nuevos partidos confían en obtener parte de sus apoyos en el granero nacionalista, el PNV aspira a recuperar algo del terreno perdido ante Bildu y ERC intentará superar a CiU en votos y alcaldías para que las siguientes elecciones en el calendario, las catalanas, signifiquen algo más que el truco plebiscitario inventado por el president Mas.

Su voto decide. La noche electoral los ganadores intentarán convencernos de que los resultados de mayo suponen el primer paso de su inevitable victoria en las generales de final de año. Los perdedores se esforzarán en convencerles de que sólo son unas elecciones municipales y autonómicas. Son sólo palabras. Al final será su voto lo único que de verdad cuente para decretar el final del bipartidismo o el advenimiento de eso que llaman la nueva política.

¡SON LOS AYUNTAMIENTOS, ESTÚPIDO!

ISAAC ROSA

Escritor

Digámoslo claro, para empezar: no podemos (no Podemos) ganar las generales este año. Otro año, quizás, pero este todavía no. Y el resultado andaluz apunta en esa dirección: los nuevos actores políticos podrán sacar un buen resultado en las generales, incluso un muy buen resultado. Pero ganar, y no digamos ya gobernar, no. Va siendo hora de asumir que el ciclo político es más largo, que el “año del cambio” puede acabar siendo solo el año de empezar el cambio. Y esto último ya sería un éxito.

Tampoco parece fácil asaltar los gobiernos autonómicos. Cada comunidad autónoma tiene su propia realidad, con sus actores dominantes y sus relaciones de poder, y no es posible una estrategia conjunta para todos los territorios donde se celebran elecciones en mayo. Lo sucedido con el PSOE en Andalucía, la fidelidad de sus votantes y la existencia de redes clientelares, puede repetirse con el PP en la Comunidad Valenciana, Murcia o Madrid, y que la “nueva política” no cumpla sus expectativas en esos u otros territorios. Que saque un buen resultado (y el de Andalucía lo es), pero ni de lejos sea fuerza de Gobierno.

En cambio, los ayuntamientos son otro mundo. En ellos las opciones son otras. Y más cuanto más pequeños sean. Quizás sea complicado ganar Madrid, Barcelona o Valencia, pero hay decenas de ciudades medianas y pequeñas poblaciones donde no sería nada descabellado un cambio de Gobierno a favor de nuevas fuerzas políticas.

Si hay algún precedente de un partido de nueva creación o una agrupación de electores gobernando, está en el ámbito municipal. No ha ocurrido nunca en comunidades autónomas, menos aún en el Gobierno central. Pero sí hay experiencias locales que demuestran que, si del Ayuntamiento se trata, “sí se puede”.

En el municipio cuentan más las personas que las siglas, la gente vota a candidatos que conoce de cerca. Los dos grandes partidos, PP y PSOE, tienen menos control en los municipios, empezando por sus propios candidatos. En un pueblo o ciudad siempre cobra más fuerza una agrupación de electores o una coalición de fuerzas. Y es donde ya colaboran movimientos sociales, vecinales y políticos, y donde más oportunidades de convergencia tienen.

En el municipio es también donde resulta más fácil formular políticas alternativas, contando con quienes llevan años trabajando en los barrios. Ahí es más sencillo identificar necesidades y proponer soluciones. Y la vinculación del elector con esas propuestas es más inmediata. Están hablando de su ciudad, de su barrio. Su disposición a participar, en la elaboración de programa y candidatura, y después votando, es mayor que en unas elecciones autonómicas o generales, donde sí pesa más la fidelidad a unas siglas

Si la apuesta municipal sale bien, empiezas a cambiar la vida de la gente. En cosas próximas, visibles, con resultados a corto plazo. Es ahí donde demuestras que tienes capacidad de Gobierno, que puedes administrar un presupuesto. No es que el Ayuntamiento sea un laboratorio, pero si estás pensando en metas más altas, empieza por gobernar un municipio, y luego ya hablamos de si puedes dirigir la sanidad, los impuestos o el Ejército.

La experiencia histórica demuestra también que el municipio es el paso previo para provocar cambios de Gobierno en España. No hace falta remontarse a la Segunda República, que llegó tras unas municipales. En los últimos cuarenta años hay ejemplos de cómo un partido llega al Gobierno tras vencer en las ciudades. La victoria del PSOE en el 82 vino precedida de su conquista de los principales ayuntamientos. La del PP de Aznar en 1996 había conocido un vuelco municipal un año antes. E incluso el arrollador triunfo de Rajoy en 2011, que solo seis meses antes había cubierto de azul el mapa municipal. ¿Es creíble que hoy Podemos, solo o en compañía de otros, pueda ganar las generales sin antes demostrar su fuerza en los municipios?

A quienes solo piensan en las generales habría que decirles, parafraseando la conocida frase (“es la economía, estúpido”) de un asesor norteamericano durante una campaña: “¡Son los ayuntamientos, estúpido!

Los distintos Ganemos que han surgido en España han tenido claro que el municipio es la palanca para empezar a cambiar. También IU, que apostó por converger con esas iniciativas. Sin embargo, Podemos se ha dejado llevar por cálculos que solo miraban a final de año, a las próximas generales, y decidió desde el primer momento no presentarse a las municipales. Ha acabado uniéndose o promoviendo iniciativas ciudadanistas, pero siempre manteniendo su marca al margen, sin volcar todo su potencial ni presentar a sus principales líderes, evitando alianzas que puedan perjudicar su imagen de cara a la que ha sido su prioridad: La Moncloa, no el Ayuntamiento.

Quizás el resultado de las andaluzas nos convenza de que el ciclo electoral es más largo de lo previsto. Y que para pensar en serio en las generales, no en las próximas sino en las siguientes, hay que empezar por asaltar los ayuntamientos. Y ganarlos.

LA EROSIÓN DE LA DEMOCRACIA MUNICIPAL

Los ayuntamientos son el Gobierno más cercano a los ciudadanos. Pero la democracia local ha sufrido una aguda devaluación. ¿Supone la ola de candidaturas municipalistas un avance para la refundación de nuestra democracia?

EMMANUEL RODRÍGUEZ

Observatorio Metropolitano de Madrid / Fundación de los Comunes

En 1976 un joven sociólogo urbano, de nombre Harvey Molotch, publicaba en el American Journal of Sociology un artículo que podríamos traducir como “La ciudad como máquina de crecimiento. Por una economía política del lugar”. Prueba del paupérrimo nivel de la academia española es que la proliferante “teoría de las máquinas de crecimiento” no tuvo prácticamente ningún eco en lengua castellana, al menos hasta los años 2000.

La sorpresa ante el lamentable estado de la sociología urbana española, a pesar de contar con algunos nombres de exportación como Manuel Castells, es si cabe mayor cuando se comprueba que la “teoría de la maquina de crecimiento” parecía hecha a medida del inflacionario desarrollo urbano de las ciudades españolas. El modelo anglosajón venía a decir que el desarrollo urbano de Estados Unidos, desde el siglo XIX, había tenido su base en la notable autonomía de los condados y las ciudades para promover un crecimiento sin cortapisas. Resumiendo mucho: el crecimiento urbano se había convertido en el objetivo prioritario de las políticas públicas. En la medida en que aumentaba la base fiscal se convertía en el medio más rápido para garantizar la prosperidad y la legitimidad de las élites políticas locales. La democracia estadounidense se había convertido, casi desde sus comienzos, en el escenario de una nueva forma de urbanismo capitalista caracterizado por la concatenación entre crecimiento inmobiliario y éxito político. ¿Suena todo esto a la euforia inmobiliaria de nuestra pasada Belle Époque?

Como en la frontera estadounidense del siglo XIX o como en la explosión de los suburbios norteamericanos de los años cincuenta, también las ciudades y los municipios españoles se han vuelto adictos al crecimiento. Entre 1995 y 2007, España fue el lugar de la mayor burbuja inmobiliaria de todo el planeta con unos incrementos medios del precio de la vivienda superiores al 2,7% y un crecimiento del parque de viviendas cercano al 40%. En demasiadas regiones y comarcas, en ese cortísimo periodo de tiempo, se cimentó más suelo que desde el Neolítico hasta 1995. Caben pocas dudas de que el protagonista de tamaño éxito inmobiliario fueron los municipios. Convertidos en “máquinas de crecimiento”, los gobiernos locales se volcaron, sin apuro ni prejuicios, en la carrera por multiplicar la población y el espacio construido de sus localidades.

Pero, ¿son los Ayuntamientos los responsables del reciente desaguisado inmobiliario? Desde que en 2008 comenzaron a conocerse aquellas bancarrotas municipales que dejaban sin luz y recogida de basuras a multitud de municipios, el dedo del Gobierno, y en general de todo el establishment político, se ha dirigido, sin temblor alguno, contra los ayuntamientos. Sobre la base de esta acusación se promulgó la controvertida ley Montoro, la reforma de la ley de Bases del Régimen Local, que hacía caer a plomo el artículo 135 de la Constitución con un mandato tajante: “Primero los acreedores, luego todo lo demás”. Como se sabe, la nueva ley prometía también la “racionalización” de las administraciones locales, la fusión de los municipios más pequeños, mayores controles sobre las haciendas locales y una notable merma de las competencias municipales.

Si admitimos que, desde que empezó la crisis, la política se parece cada vez más a la guerra, la ley Montoro fue una maniobra de distracción ejemplar. Ninguno de los problemas estructurales que afectaban al nivel administrativo y político más cercano a los ciudadanos resultó sometido a discusión pública. Contentos con hablar de corrupción y mala gestión, la ley destruyó lo que quedaba de autonomía de los municipios, especialmente de los más pequeños, que paradójicamente resultaron ser los más eficientes y menos endeudados.

En una síntesis posterior, firmada con John Logan (La fortuna de los espacios urbanos), Harvey Moloch trataba de dar una respuesta más desarrollada a la pregunta de qué estaba detrás de la adicción al crecimiento de la ciudades en Estados Unidos. La explicación era fundamentalmente política. Las rentas de crecimiento urbano acababan por generar una amplia colección de intereses capaz de presionar eficazmente para impulsar las políticas pro-crecimiento. Los más obvios defensores de estas políticas eran, como no podía ser de otra manera, los constructores y los propietarios, convertidos ahora en “capitalistas del suelo”.

También las industrias auxiliares, los servicios inmobiliarios e incluso las cadenas de distribución suelen ser ávidos defensores de las políticas de crecimiento. De hecho, basta ver la explosión de los nuevos barrios de Madrid, Zaragoza o Sevilla, generalmente asociados a grandes superficies comerciales para obtener una instantánea del quién es quién del capitalismo español: una docena de promotoras –hoy en su mayoría en quiebra–, un grupo aún más reducido de constructoras que ofertan la mayor parte de los servicios de estos barrios –desde la construcción de las autovías hasta la recogida de basuras–, un puñado de grandes bancos que se han encargado de financiar todo el tinglado y, por último, las grandes cadenas de distribución con nombres tan conocidos como Mercadona, El Corte Inglés o Carrefour.

Pero la alianza pro-crecimiento no termina en los agentes empresariales. Echemos la vista atrás. Durante los años buenos, gobernar un municipio era principalmente hacerlo crecer. Impulsar un ambicioso Plan urbanístico, conseguir ser sede de algún gran evento deportivo o cultural, hacer que la ciudad tuviera la más grandiosa estación de AVE o que por ella pasase el mayor número de autovías fueron las tareas elementales de cualquier alcalde que se preciara. Sin duda, aquí las “mordidas y comisiones” resultaron importantes a la hora de animar a los políticos locales al negocio inmobiliario. Como se sabe, la corrupción municipal ha sido estructural, pero esta no llega a explicar, al menos no del todo, por qué los ayuntamientos se hicieron adictos al crecimiento, o peor aún, se convirtieron en el departamento “político” de las corporaciones financiero-inmobiliarias.

El problema reside en algo que ni la ley Montoro, ni todavía ningún debate político consecuente han querido o sabido abordar. Los ayuntamientos en España tienen que ofrecer una amplia gama de servicios urbanos relativos a basuras, traída de aguas, servicios ambientales, alumbrado, etc. Para ello disponen de recursos limitados: unas pobres transferencias del Estado y de las Comunidades Autónomas, una serie de impuestos cedidos y algunas tasas relativas a licencias de obra, reforma, circulación, etc. Todo ello explica por qué la administración local es el nivel de gobierno territorial más “pobre” de los reconocidos por el ordenamiento institucional español. Los más de 8.000 consistorios españoles apenas administran el 13% de los presupuestos públicos, prácticamente la misma proporción que en los tiempos del último franquismo. Invariablemente la penuria de recursos se ha tratado de compensar por el único medio en el que los ayuntamientos disponen de una amplia discrecionalidad: sus competencias en materia de urbanismo.

Durante los años de la burbuja, el crecimiento urbano supuso sustanciosas entradas en las arcas municipales: licencias, incrementos del valor catastral, venta de suelo público. Sin embargo, a medio plazo y de forma algo paradójica, estos crecimientos llevaron consigo mayores inversiones y un incremento correlativo de las obligaciones municipales que sólo se pudo paliar con nuevos desarrollos inmobiliarios. Así quedó establecida la espiral de crecimiento urbano, endeudamiento y creciente dependencia de los gobiernos locales respecto de los agentes empresariales; al menos hasta que la crisis económica comenzó a desestabilizar este circuito con efectos todavía más desastrosos. ¿Existe alguna alternativa, alguna opción a este círculo vicioso de erosión democrática y dependencia municipal?

Desde que irrumpió el 15M, un viejo término de la historia de la democracia española ha recuperado cierta vitalidad; la sorpresa es que se vuelve a hablar de “municipalismo”. La idea es sencilla, “la democracia empieza por lo cercano”, justo en el nivel en el que gobernantes y gobernados pueden coincidir en las mismas personas. Así lo escribíamos en un librito lanzado por el Observatorio Metropolitano hace ya un año: La apuesta municipalista (Madrid, Traficantes de Sueños, 2014). Y así parece que lo han entendido todas las tradiciones políticas que en la historia del país han querido pensar la democracia desde la raíz: el republicanismo federal y el anarquismo. En aquellas corrientes históricas, como quizás para nosotros ahora, la democracia tenía su pilar fundamental en la vida local: el municipio era en efecto la escuela de participación y la escala idónea para la decisión directa.

La multitud de candidaturas municipalistas que se presentan a las elecciones del próximo mayo parece haber convertido el municipalismo en uno de los grandes retos de la época. El problema al que se enfrentan es, sin embargo, complejo y al menos tiene dos dimensiones. La primera es la más evidente. Se trata de destruir las tramas de corrupción, y de una forma más profunda de desarticular las alianzas oligárquicas que han devaluado la democracia municipal. No obstante, el objetivo, acabar con el endeudamiento y la liquidación del patrimonio público-común, se topa casi inmediatamente con un escollo mayor.

El segundo de los grandes impedimentos a la democracia local empuja a estas candidaturas, como ocurre en tantos otros ámbitos, a apostar por un cambio institucional profundo, una democratización radical de la institución que requiere de nuevas competencias y de más recursos para hacerse efectiva. Desgraciadamente este empuje no está al alcance de los ayuntamientos tomados individualmente, sino de un movimiento mucho más amplio que tendría que ser capaz de culminar en un proceso constituyente.

Sea como sea, la descentralización del poder y el gobierno en las escalas locales debiera ser una prioridad, al menos si queremos tomarnos en serio lo que de forma algo imprecisa viene llamándose “cambio político”. La cuestión, casi podríamos decir, es a vida o muerte para la nueva ola democrática, pues sencillamente sin democracia local no hay democracia.

CONSTRUIR CIUDAD, CONSTRUIR DEMOCRACIA

VÍCTOR ALONSO ROCAFORT

Profesor de Teoría Política en la Universidad de Talca (Chile)

Una idea clásica sostiene que la ciudad es previa al ciudadano. Algunos mitos se encargaban de recordarnos que al ser humano le interesa trenzar lazos de ayuda mutua, de respeto. Que para calmar las desconfianzas y violencias mutuas nada mejor que una distribución justa de los recursos, el establecimiento de leyes acordadas entre todos. Había quienes incluso –Protágoras, Aristóteles, Cicerón, todo menos unos ingenuos– sostenían que era imprescindible fomentar la amistad política en la ciudad. De lo contrario su ruina estaba próxima. Quizá por las dificultades que entrañaba la tarea, en los mitos eran los dioses quienes se encargaban de su reparto.

Entre los principales enemigos de la polis democrática estaba la oligarquía. El acopio de riquezas en manos de unos pocos, su cerrada defensa de estas, daba a las viejas leyes el amargo regusto de la letra inútil. Poco a poco se destruían los lazos de unión entre los ciudadanos, los espacios comunes, la confianza en las instituciones públicas, que caían al servicio de un puñado de intereses privados.

En el peor de los casos se instalaba lo que algunos llamarían el estado de naturaleza, no civil, donde cada cual trataría de salvarse a sí mismo, protegidos los más afortunados en sus propios cubículos cercados de grueso alambre. La expansión de la soledad. Algo así anticipó Giambattista Vico en el siglo XVIII. No se contaría con más ayuda que el ingenio, la suerte y, cuando fuera preciso, la fuerza. No habría ciudad ni por tanto ciudadanos.

Bien, la ideología neoliberal ha marcado el plan de batalla de esta oligarquía en nuestras ciudades. No hemos llegado al estado de naturaleza, pero queda más cerca que hace veinte años. Ayuntamientos y patrimonio público han ido cayendo irremisiblemente bajo dominio oligárquico. La última ley de reforma del régimen local (27/2013) supone, tras estos años de entrega inmobiliaria, la constatación final del vínculo que une a los gobernantes con el poder económico privado. Los servicios públicos se han convertido en una conquista más para la ganancia mientras la autonomía municipal queda doblegada en varios frentes esenciales.

Las ciudades también se destruyen desde el desmoronamiento ético. La quiebra de los buenos hábitos proviene del fraude en los concursos públicos, del robo a lo que es de todos sin grandes facturas electorales. Se instauran así perversos modos de socialización, de ceguera moral. Quien no entra en el juego es un idiota, mientras clientelismo y miedo instauran obediencias de otro modo inexplicables. ¿Cómo se puede si no entender a tanta gente implicada, desde diversas esferas, en prácticas corruptas o en la ejecución de miles de desahucios?

La resistencia cotidiana a esta paulatina destrucción de la ciudad es una primera línea imprescindible que, felizmente, ha crecido los últimos años. Ahí están numerosos activistas, multiplicados desde el 15M, que en diversos campos protegen de la especulación las aguas, la educación, la salud, las escuelas infantiles y tantos otros espacios fundamentales.

Parte de este activismo ha girado ahora hacia la conquista de las instituciones. Está por ver si para ser fugaz oposición, frenar el deterioro cívico o algo más. Este movimiento también es hoy imprescindible. Pongamos el ejemplo de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo en Madrid, convertida en todo lo contrario de lo que debería ser, expulsando familias violentamente para vender viviendas sociales a fondos buitres. Es un organismo que, como tantos otros, se precisa tomar desde las urnas para transformarlo de arriba a abajo.

A la vez habrá asuntos que más allá de la calle y los municipios solo podrán cambiarse desde el gobierno estatal. Pensemos en la mentada ley 27/2013, la cual a muchos nos gustaría ver derogada y sustituida por otra capaz de impulsar una nueva democracia municipal.

Para lograr esto, inevitablemente, habrá que incrementar la participación. Dar la vuelta a la idea de quiénes son los idiotas y retornar al dictum de Pericles: lo son —he aquí el origen de la palabra— aquellos que no participan del gobierno de su ciudad porque, como seguiría siglos después Rousseau, son ellos quienes permiten que les roben y encadenen. Es decir, el reto está en pasar finalmente del tiempo del ágora al de la asamblea, de los encuentros y deliberaciones, que tanto nos han politizado estos años, a su culminación en decisiones colectivas sobre lo público.

Para ello será necesario, entre otras muchas medidas, rebajar la escala de la política. Por eso el municipalismo resulta clave. Y donde haya municipios de cientos de miles de personas habrán de ser los distritos, los barrios, las comunas, las que se instituyan como formas políticas intermedias donde la democracia directa sea un hecho cotidiano.

La política es incertidumbre y los caminos de la nueva política comienzan a mostrarse inescrutables. Lo demuestra el hecho de que cuando a nivel nacional todo se acartona o se ve rodeado de división y embestidas internas paralizantes, lo que impide desarrollar grandes novedades, surgen dinámicas y figuras a nivel municipal que renuevan esperanzas.

Confiemos en que las buenas costumbres se contagien tan rápidamente como las malas. Será difícil lograr lo soñado, surgirán desavenencias y obstáculos imprevistos, los oligarcas nunca dieron fácilmente su brazo a torcer. No tenemos a los dioses. Pero como meta de unos y otras, desde las diferencias que nos habitan, ha de alzarse la construcción de nuestras ciudades y, con ello, de la propia democracia.

BOLSILLOS VACÍOS, AYUDAS MENGUADAS

Los municipios, puerta de entrada a los servicios sociales, hacen equilibrios entre la mayor demanda de sus vecinos y los recortes estatales, autonómicos y los propios.

VANESA PI

Periodista

Como tantos miles de pueblos de toda España, Villamalea (Albacete) tiene su plaza con su Ayuntamiento, su fuente frente a la iglesia, sus bancos. También está el bar, con sus mesas a modo de terraza, donde las conversaciones se funden con el vaivén de los vecinos. A escasos metros, una placa sobre una puerta indica que allí están los servicios sociales municipales. El relato sobre las dificultades para llegar a fin de mes, cómo los hijos y nietos no encuentran trabajo y cómo hacer para conseguir una ayuda, cada vez más escasa, centran el día a día en las dependencias municipales. La estadística dice que uno de cada cinco españoles vive por debajo del umbral de la pobreza. En Villamalea, como en cualquier pueblo, la realidad se mide por vecinos sin ingresos.

Con poco más de 4.000 habitantes y con una economía –basada en la ganadería y la agricultura– muy tocada por la crisis, los vecinos de Villamalea sufren el desempleo y la falta de las ayudas económicas que da la Junta de Castilla-La Mancha a quienes han agotado sus ingresos, las llamadas rentas mínimas. En toda España, las Comunidades Autónomas las están denegando, incluso endureciendo los requisitos. A falta de datos estatales, Madrid muestra la tendencia general, con un aumento de la demanda del 300% de 2007 a 2013, según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN, en sus siglas en inglés). En cambio, el gasto se ha estancado: entre 2011 y 2013, el presupuesto aumentó un 18%, pero la mitad de ese incremento lo asumió el País Vasco, según datos oficiales. Es la autonomía con la mayor tasa de cobertura de su red de ayudas y también la que más cuantía ofrece: 662 euros al mes. En cambio, en Castilla-La Mancha se pagan 372 euros y tiene la ratio más baja de ayudas.

Los vecinos de Villamalea también sufren que desde 2011 la financiación estatal para la Ley de Dependencia se ha recortado en un 23%. Sumado a los recortes autonómicos, se calcula que más de 100.000 personas han muerto a la espera de una ayuda en toda España. La responsable de Intervención Social en CC OO, Rosana Costa, hace hincapié en que no solo han disminuido los servicios y se han endurecido los requisitos de acceso: “Además han incrementado el copago, con lo que muchas familias no pueden acceder a servicios como la ayuda a domicilio o una plaza en un centro de día”, explica.

Pero las necesidades del entorno rural, de los pueblos, van más allá. En Villamalea, las personas con discapacidad ya no tienen los talleres que organizaba el Ayuntamiento y que les mantenían activos. Tampoco los más mayores pueden beneficiarse de las actividades que les ayudaban a socializarse, salir de su soledad. Desapareció el programa de prevención de drogas, vinculado a alternativas de ocio y tiempo libre para los más jóvenes. Ya no hay ludoteca, ni actividades de verano para los más pequeños.

A finales de 2011, la Junta de Castilla-La Mancha (PP) dejó de financiar este tipo de actividades y el Ayuntamiento (PSOE), con una deuda de unos 540.000 euros, no pudo afrontar el gasto en solitario. El recorte también se llevó por delante el servicio atención y mediación intercultural. “Muy importante”, destaca Florencio Alfaro, trabajador de los servicios sociales municipales, para un pueblo donde el 15% de su población nació en el extranjero. “Pero el inmigrante no desapareció”, recuerda. Así que los servicios sociales municipales asumieron ese papel, con los mismos recursos, “provocando más saturaciones”, denuncia.

La ausencia de programas para la comunidad, fundamentales en el entorno rural, “está creando ciudadanos de tercera”, denuncia. Según explica, se planteó ceder este tipo de programas y talleres a empresas privadas, pero eso encareció el precio y la mayoría de familias no puede permitírselo.

Evitar el conflicto social. A los pueblos más pequeños, más aislados y con menos vida social que Villamalea, la pérdida de esas prestaciones aún les ha afectado más. A sus ayuntamientos, con menos recursos, con unos servicios sociales compartidos con las localidades vecinas a través de mancomunidades o diputaciones, aún les resulta más difícil hacer frente a los recortes autonómicos y estatales.

Rosana Costa explica que, más allá de los recortes en las prestaciones y ayudas para paliar la pobreza, ahora más extendida, se han eliminado programas fundamentales para las familias. “En general, en toda España han disminuido los programas de mediación familiar. Aunque a simple vista no se vea, son muy importantes, permiten solucionar situaciones entre parejas, con hijos, con problemas de droga o de cualquier otro tipo que si no se tratan, se agravan”, añade. “Cuando estos problemas se dan en un contexto de necesidad social como el actual, elevan las tasas de conflicto social”, advierte.

Estructura desigual. La mayor parte de los servicios sociales son competencia autonómica, aunque los ayuntamientos desempeñan un papel fundamental porque son la puerta de entrada al sistema. Al no existir una ley estatal, la organización, funcionamiento y financiación varía entre Comunidades Autónomas e incluso entre municipios. No obstante, existen patrones básicos.

De las comunidades dependen las ayudas a la Ley de Dependencia, la concesión de plazas para residencias y centros de día y las llamadas rentas mínimas, por ejemplo. Se financian fundamentalmente con dinero de las autonomías, aunque éstas también reciben financiación del Estado. No obstante, es en los servicios sociales municipales donde se empiezan a tramitar y donde se hace el seguimiento con las familias.Aparte, los ayuntamientos tienen las competencias propias que les da la proximidad con la población. Prevén situaciones de conflicto y promocionan a determinados grupos de población, como jóvenes, mayores, mujeres o personas con discapacidad. Conceden ayudas concretas de emergencia a las familias que no llegan a fin de mes y establecen planes de actuación para evitar su exclusión. Las competencias municipales se financian mediante el Plan Concertado, un acuerdo a tres bandas entre entidades locales, Comunidades Autónomas y Estado.

Con 760 veces más habitantes que Villamalea, en Madrid las familias también acusan los recortes autonómicos. “No hay ayuntamiento que pueda soportar el peso de la carencia de rentas mínimas”, asegura José Ignacio Santás, trabajador en los servicios sociales de Puente de Vallecas, un distrito popular de Madrid con alrededor de 250.000 vecinos. “La Comunidad de Madrid (PP) no suple presupuestaria ni técnicamente toda la demanda, que ha aumentado alrededor del 80%. En 2003 había tres o cuatro meses de espera, y las familias iban tirando con sus propias redes y con ayudas específicas que podíamos ir gestionando desde los servicios municipales. Ahora son 12 meses de espera y el Ayuntamiento (PP) no tiene dinero suficiente para atender a todas esas familias”, explica Santás. “Los ayuntamientos se desangran”, ratifica este empleado.

Con la dependencia pasa lo mismo. Como otras grandes ciudades, el Ayuntamiento de Madrid tiene un convenio con la Comunidad que le permite gestionar determinadas residencias y centros de día (teóricamente de competencia autonómica). Esto permite que, en casos de urgencia, los servicios sociales de la ciudad puedan dar una plaza en un centro de día a una familia que esté esperando esa ayuda por la vía de la Ley de Dependencia. Pero el Ayuntamiento (el más endeudado de España con un agujero de 5.936 millones de euros, según el dato del pasado mes de marzo) no puede sufragar durante meses y meses esas plazas que debería facturar a la Comunidad y las familias quedan desatendidas.

Toda la red pública de servicios sociales, sea de quien sea la competencia y la gestión, supone un gasto de 14.982 millones de euros, un 1,5% del PIB. Son cálculos de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, con datos de 2013, el último año del que se disponen los presupuestos liquidados de los tres niveles de la administración. De 2010 a 2013, cuando más se disparó la demanda, las administraciones públicas han recortado su gasto en toda la red pública de servicios sociales en 2.810 millones de euros, un 15,5%. Uno de cada seis euros ha desaparecido.

Si solo se tiene en cuenta la financiación de los servicios sociales que se gestionan en las dependencias municipales (supone excluir el coste de las plazas en residencias, centros de día o del personal que depende de la autonomía, entre otros), el 75% del coste recae sobre los ayuntamientos. José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, pone como ejemplo que en 2013, de los 5.113 millones gastados, 3.973 millones han corrido a cargo los entes municipales. Los 1.140 millones restantes han salido de las arcas autonómicas, que previamente habían ingresado 42 millones del Estado para ese fin.

Joaquín Santos, experto en servicios sociales, autor del libro El cuarto pilar (Paraninfo/CGTS) considera que detrás de estas cifras quedan “unos servicios sociales muy dañados. La crisis ha desbordado amplísimamente la capacidad de atención. Han aumentado la pobreza y la desigualdad pero no se han puesto más medios, sino que se han recortado”, asegura. Santos apunta a la responsabilidad de las Comunidades Autónomas, ya que son las que tienen las competencias en servicios sociales. “Los municipios han venido a sujetar situaciones que la comunidad no ha atendido”, asegura.

Prioridades políticas. Para Santos, el problema ha sido de prioridad política. “Ha habido comunidades totalmente insensibles ante una situación próxima a la emergencia social, en la que las familias no pueden pagar la calefacción, la electricidad de sus casas, el alquiler o no puede garantizar ni siquiera la alimentación básica de sus hijos”, denuncia. Según insiste, los recortes han puesto en evidencia que el sistema, al estar basado en Comunidades Autónomas con estructuras legales muy débiles, al no existir una norma estatal, ha permitido la disparidad y la laxitud al afrontar la situación.

Detrás de todo está el Estado, denuncia José Manuel Ramírez: “Todos los recortes que han aplicado el Estado, las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos responden a una política de recortes impuesta por la troika [la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional]”. Las cifras de recortes coinciden con los datos que el Gobierno presentó a Europa en su Programa Nacional de Reformas, recalca: “España se comprometió a hacer esos recortes en el Estado de Bienestar en el momento que más falta hacía”. Es como cuando en la guerra se atacan los hospitales y las ambulancias.

La propia Comisión Europea ha advertido a España de que debe mejorar su red de servicios sociales, ante el aumento de la pobreza y la exclusión social. “El sistema de protección social sigue teniendo dificultades en términos de cobertura y de eficiencia”, alerta el informe, publicado el pasado febrero. También critica que “se ha avanzado poco de cara a garantizar un enfoque integrado entre la protección social y las estrategias de activación”. La Comisión aconseja “reforzar la capacidad administrativa y la coordinación entre los servicios sociales y de empleo”.

Por su parte, Rosana Costa califica de “involución social” que se haya “naturalizado el tener que ir a comedores sociales o a recoger bolsas de comida, cuando debería ser algo muy subsidiario y residual”. Según reivindica, la respuesta “de carácter benéfico y paliativo” debe darse donde el Estado no llegue, pero nunca sustituirle. “Vivimos un cambio de modelo”, asegura. “Una persona pierde los ingresos pero no pierde su dignidad ni su capacidad para dirigir su vida”, insiste. CC OO y UGT promueven una Iniciativa Legislativa Popular para establecer una renta garantizada a la ciudadanía, el derecho subjetivo a una paga para quienes no tengan ingresos, que pueda ir complementado por cualquiera de los programas sociales o de empleo que ya están en funcionamiento.

Una dura vuelta atrás. “No sé si se podrá recuperar lo que teníamos”, lamenta Joaquín Santos. Y pone el ejemplo de Aragón, donde vive. En 2011 y 2012, solo en dependencia, acumuló una deuda de 40 millones de euros y aún hay 10.800 ciudadanos sin atender. A ello hay que sumar las 4.000 las personas que están esperando a recibir la renta mínima. “Nos jugamos el futuro de generaciones. Estamos fraguando una generación de niños que están destinados al fracaso escolar y social”, advierte. Santos aboga por cambiar la Constitución para blindar los servicios sociales como un derecho fundamental, una medida que reclaman también desde el Consejo General del Trabajo Social. Y reclama una estructura jurídica que “arme el sistema”, porque “o hay derechos fundamentales de los ciudadanos o no hay ciudadano”.

La reforma de la Administración Local, que en servicios sociales entrará en vigor el 1 de enero de 2016, supondrá un antes y un después. A grandes rasgos, elimina las competencias municipales en servicios sociales y se las cede a las autonomías. Si éstas ya aportan muy poco, ¿cómo podrán asumir más?, plantea Florencio Alfaro, que pone el ejemplo de las ayudas para pagar los libros escolares que da su Ayuntamiento. “¿Se dejarán de dar, si la Junta no lo asume?” Para José Manuel Ramírez, está claro: “Se eliminarán servicios, dependiendo de la proporción del gasto que asume cada municipio y cada autonomía”.

LOS NUEVOS BÁRBAROS DE LA FRONTERA SOCIAL

Las iniciativas municipalistas de carácter ciudadano están proponiendo un plan de emergencia social haciéndose eco de las demandas de las organizaciones sociales.

NURIA ALABAO

La Hidra Cooperativa / Fundación de los Comunes

La imagen que quedó es la de una oficina por la que ha pasado un vendaval: ordenadores por el suelo, papeles revueltos, la tierra de las macetas en la moqueta, una piel de plátano en la silla.

El relato de los medios fue el de un “asalto” o “ataque” a una oficina de servicios sociales de Ciutat Meridiana, Torre Baró y Vallbona –tres de los barrios más pobres de Barcelona–. Ocurrió a finales de octubre del año pasado. Entre la imagen y el relato mediático, lo que sucedió siempre es algo más profundo y difícil de explicar que un grupo de vecinos enfurecidos a los que la protesta se les va de las manos.

Hay sucesos inmediatamente anteriores: ese mismo grupo venía de parar con sus cuerpos dos desahucios. Las comisiones judiciales con varias ejecuciones en un mismo día forman parte del paisaje en Ciutat Meridiana, pero no por repetida la escena resulta menos dolorosa. Aunque no hay cifras oficiales –de casi nada– los vecinos hablan de una de cada cinco viviendas en proceso de desalojo y un goteo imparable de gente que se marcha del barrio. Eso los que tienen un sitio a donde ir. Los otros, muchas veces ocupan las que han quedado vacías. Una solución temporal y precaria para los que van perdiendo el control de su tiempo y de su vida. Ser pobre es no poder decidir nunca más dónde se vive, ni cómo.

Retrato robot del residente del barrio: inmigrante nuevo o viejo, nacional o extranjero en paro, con problemas de vivienda, sin trabajo o colgando del alambre, habitante de la frontera social en esa Barcelona a la que no llegan los turistas.

Unos días antes de estos hechos, los vecinos habían intentado explicarle cómo es vivir así a la concejal de distrito Irma Rognoni en una audiencia pública. Eva, Kofi, Raúl, Helen y otros.

Eva, Kofi, Raúl y Helen contaron qué supone tener 55 años y haber perdido el trabajo y saber que ya nunca más tendrás; o tener la inmensa suerte de trabajar y aún así no poder pagar el agua o la luz y la ayuda de servicios sociales que no llega o llega a destiempo, o llega parapetada en una montaña de requisitos burocráticos que quizás nunca se consiga escalar. Explicaron qué pasa cuando te dan garbanzos como ayuda alimentaria de emergencia pero te han cortado el gas necesario para cocinarlos, o te niegan la ayuda porque no te renovaron los papeles cuando perdiste el trabajo y luego la casa y te “sugieren” amablemente que es tiempo de volver a casa con tus cuatro hijos en este barrio donde el 40% son inmigrantes extracomunitarios, con más del doble de paro que el resto de la ciudad, la tasa de universitarios más baja, y algo que llamamos malnutrición infantil pero que en realidad es hambre. Hay hambre en nuestras ciudades.

En esa audiencia pública, donde los vecinos hablan a las autoridades el lenguaje de las dificultades cotidianas que tienen nombre –Laura, Kofi, Raúl, Helen y sus familias– confrontadas con el idioma de las políticas públicas cuando son enunciadas como proyecciones. Una audiencia donde se escucha que los servicios sociales tienen recursos suficientes y que las becas comedor son ilimitadas aunque Laura sabe y dice que se la han negado dos veces. “Oiga, le pido que me mire a la cara cuando le hablo”, dijo un vecino en una de estas audiencias a la concejala, que jugueteaba con su móvil. Y cada una de estas reuniones es un choque de realidades. Al final de esta, varios vecinos la abandonaron llorando. Esto sucedió unos días antes del “ataque” o “asalto” –peligroso y bárbaro o perpetrado por peligrosos bárbaros– a la oficina pública.

Ha sido demasiado profundo el abismo excavado en estos años entre representantes y representados para que exista ya un lenguaje común. Hoy, entre ellos se encuentran los trabajadores de servicios sociales que tienen que contener la hemorragia social con una ayuda insuficiente y mal concebida.

El desborde. En el distrito de Nou Barris, donde se encuentra Ciutat Meridiana, más de mil personas reciben la renta mínima de inserción como único paracaídas para frenar la total indigencia. Son los nuevos pobres, aquellos que se creyeron clase media durante el boom inmobiliario, integrados a la sociedad opulenta vía cuotas hipotecarias y crédito abundante, y ahora fuera del sistema por culpa de las deudas que arrastrarán de por vida y un mercado laboral incapaz de integrarlos. Era una posición frágil que se desplomó junto con las burbujas especulativas. Hoy se encuentra en crisis toda la composición social que la metrópolis fordista había generado en su pasaje hacia el postfordismo. El aumento de la pobreza y la caída de la renta media son consecuencia directa de la destrucción de empleo, pero también de la ausencia de políticas redistributivas capaces de evitar que la gente se quede sin recursos.

En barrios como Ciutat Meridiana la pobreza se cronifica, hay gente que hace mucho que no toca dinero, sólo les queda lo que puedan conseguir a través de las redes de sostén comunitarias y de los servicios sociales. Más de 10.000 personas pasan cada año por ellos, los propios trabajadores hablan de “desbordamiento” en sus comunicados; los vecinos, de colapso.

El discurso oficial es que no hay recursos, por eso los requisitos de acceso a las ayudas se endurecen. Hay colapso pero no hay recursos. Se han esfumado en los grandes circuitos financieros globales, están deslocalizados. No hay recursos ni en Barcelona ni en el resto del Estado para contener el desastre humano que está provocando la crisis, las consecuencias de cinco millones y medio de parados. Esta es la música de fondo de los recortes. La práctica totalidad de los presupuestos sociales han quedado en niveles de hace más de una década, cuando ya nos encontrábamos en la cola de los sistemas de bienestar europeos.

Como explican la asociaciones de vecinos, las ayudas que ofrecen los servicios sociales son individuales y los protocolos disuasivos, poco transparentes y angustiantes para muchas familias: siempre falta un papel o está todo y aún así la ayuda no llega. A veces el acceso es arbitrario y depende más de la voluntad y el saber hacer de los profesionales que de un sistema claro. Hoy el trabajador social es un guardia urbano que dirige el tráfico de las migajas en una ciudad caótica: a este le mando a Cáritas a por comida, a este quizás le pueda enchufar unos días en una pensión, a esta le puedo conseguir un bono de transporte.

No hay políticas globales, políticas de alcance universal que permitirían que el profesional recabase la información y simplemente hiciese llegar la ayuda, lo que evitaría la arbitrariedad y el control. Porque el que va a pedir recursos parece siempre sospechoso, hay que vigilar que no abuse. Las políticas actuales están pensadas para reparar situaciones transitorias, para conseguir que la gente que ha quedado fuera del sistema una temporada pueda reconectar: encontrar trabajo y mantenerlo, superar algún problema personal.

Pero si estos parches sirvieron más o menos para la época de la burbuja ahora no van a funcionar. La pobreza ya no será más residual o cíclica –pensada desde la ideología liberal como reductos fallidos que desaparecerían a medida que se expandiese el libre mercado– ahora se encuentra ya inscrita en el devenir de las sociedades contemporáneas. No hay ni habrá trabajo para muchos de los habitantes de estas periferias metropolitanas y las opciones disponibles estarán marcadas por el signo de la precariedad y la temporalidad.

Plan de choque. Todas las iniciativas municipalistas de carácter ciudadano están proponiendo un plan de emergencia social haciéndose eco de las demandas de las organizaciones sociales. Los ayuntamientos pueden ser el espacio de contención más cercano capaz de amortiguar los desahucios, de implementar medidas contra la pobreza energética y de generar propuestas de desarrollo local. Respecto al trabajo, no sería difícil ni costoso trasladar las externalizaciones y subcontratas de la gestión municipal a un régimen distinto de contratación que prime las cooperativas y estimule el trabajo comunitario, como proponen activistas como Ernesto Morales o Albert Recio, miembros de Barcelona En Comú.

Sin embargo, hay que asumir que el problema es estructural y que desde lo municipal solo se va a acolchar la pobreza. Medidas universales de distribución de la riqueza como la renta básica serán imprescindibles para generar tanto una salida a la propia crisis como políticas sociales a medida del nuevo régimen de acumulación.

No es agradable de ver la protesta que mete miedo a funcionarios y pasa por las oficinas como un vendaval, pero en Ciutat Meridiana y otros lugares similares de toda España cada vez hay más gente que se pregunta cuándo se va a lanzar la primera cerilla al líquido inflamable de nuestros barrios más depauperados. En distritos como Nou Barris lo que impide que todo se desmorone es la organización vecinal, las redes comunitarias todavía en pie. Pero hay un lenguaje áspero del conflicto que apenas conocemos todavía y que nos aguarda al final del descenso social de amplias capas sociales cuando abajo no hay una red suficiente para contenerlas.

EL DRAMA SOCIAL QUE GERMINÓ CON EL ABONO DE LA BURBUJA

Gente sin casa y casas sin gente. Es la paradoja que envuelve cada desahucio. El fruto más envenenado de la burbuja se aferra al suelo, atrapado en los lodos del estallido.

SOFÍA PÉREZ MENDOZA

Periodista de eldiario.es

Año 2001. Sur de la Comunidad de Madrid. Un municipio de poco más de 5.000 habitantes proyecta su futuro: grúas, hormigoneras y andamios. Las 2.000 casas que pueblan sus calles se multiplican por cinco en solo una década. Se llama Arroyomolinos y figura en el mapa como el punto de España con la población más endeudada. Tiene el mayor porcentaje de viviendas principales pendientes de pagos. Un 79,8% en 2014, según el INE. O, lo que es lo mismo, es el municipio en el que más proporción de familias cargan con el peso de una hipoteca.

El censo de 2011 sirvió para colocar al pueblo la etiqueta que certifica que los efectos de la burbuja inmobiliaria también germinaron allí: ese año el número de casas ya sobrepasaba las 10.000, aunque un 20,26% de ellas estaban vacías. Una cifra que a día de hoy el Ayuntamiento de Arroyomolinos (PP) reduce a 13,6% con el argumento de que “ya se dejó de construir”.

El ladrillo fue en la primera década de los 2000 el motor del país. Entre 1997 y 2007 se levantaron más de seis millones y medio de viviendas, el equivalente a la suma de las que se construyeron en Italia, Alemania y Francia. Un año antes de la caída de Lehman Brothers se conoció el pico más alto en términos de edificación: solo en 2006 se alzaron 664.923 casas, según datos del INE. “Se construyeron más viviendas de las que un país como España requería para cubrir las necesidades de la población. La demanda natural son unas 250.000 nuevas al año”, afirma José Luis Ruiz Bartolomé, experto en el sector inmobiliario.

La facilidad de acceso al crédito y la fiscalidad favorable a la compra en un escenario de tipos de interés históricamente bajos tras la entrada en el euro empujó a muchas familias a firmar una hipoteca. Tanto que, según datos extraídos del libro Vidas Hipotecadas, entre 1997 y 2007 el endeudamiento pasó del 55% al 130% de la renta familiar disponible.

Las condiciones flexibles de amortización hicieron crecer la media de años de devolución de 19 a 28, y la política comercial de los bancos, cuyas tasadoras valoraban la vivienda por encima de su coste real, provocó que el importe medio de los créditos se multiplicara por tres durante esos años: de poco más de 50.000 a 149.000 euros. En el durante, los precios seguían inflándose. De acuerdo con las cifras que maneja el Ministerio de Fomento, en 2008 el metro cuadrado de vivienda libre costaba 2.072 euros, un 142% más que en el año 2000.

Justo en este punto de máxima expansión es en el que muchos economistas sitúan el inicio del pinchazo. Un estallido que provocó la caída libre de los precios, del número de hipotecas concedidas, de los inmuebles construidos y también de los vendidos. Y, como consecuencia de ello, un fenómeno inédito: más de una de cada diez personas hipotecadas están atrapadas en viviendas que valen menos que el préstamo que les queda por pagar, según un estudio realizado por la web de ahorro Kelisto.es en colaboración con el Centre of Economics and Business Research (CEBR) londinense. Un terreno bien abonado en el que ha echado raíces el drama social que la burbuja escondía en su interior: los desahucios.

Las cifras confirman esta relación: de acuerdo con datos del INE, más del 60% de las ejecuciones hipotecarias –un proceso que no siempre acaba con el lanzamiento– iniciadas el año pasado corresponden a créditos inscritos entre 2005 y 2007.

Naciones Unidas ya advirtió en 2006, coincidiendo con la visita a España del relator sobre Vivienda Adecuada, de un exceso de endeudamiento de las familias y de las consecuencias que podía tener a largo plazo. No iban mal encaminados en sus previsiones. Nueve años más tarde el balance es desolador. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha contabilizado 360.125 lanzamientos entre enero de 2008 y septiembre de 2014. No todos esos desahucios están provocados por el impago de una hipoteca. En el tercer trimestre del año pasado –la última actualización de datos y una más que documenta que los desalojos no remiten– más del 50% se originaron porque la familia no tenía capacidad económica suficiente para asumir las mensualidades de un alquiler.

Pese a que la emergencia habitacional afecta a personas de todos los puntos de la geografía, existen territorios que cuentan, según las estadísticas, con un mayor número de procesos judiciales abiertos. Si tomamos las cifras más recientes, aportadas por el INE y correspondientes solo a ejecuciones hipotecarias, son Andalucía (16.275), Cataluña (14.230) y la Comunidad Valenciana (11.252).

La segunda de estas comunidades autónomas ha visto nacer y crecer numerosas iniciativas –en la sociedad civil primero y desde los despachos municipales después– para dar respuesta a las necesidades urgentes de vivienda de sus habitantes.

Más de 136 consistorios han aprobado, amparados por la ley catalana del derecho a la vivienda, una moción impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para multar a las entidades bancarias propietarias de pisos vacíos. Sin embargo, son pocos los municipios que han pasado a la acción. En el ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, a fecha de noviembre de 2014 solo se había empezado a actuar en tres barrios –de los 73 que forman la ciudad– con la elaboración de una suerte de censo de casas vacías sobre prospecciones de suministros. Solo en esas tres zonas Ciudad Meridiana, Trinitat Vella y Besòs se detectaron 398 viviendas “potencialmente desocupadas”.

Entre los municipios que han tomado la delantera en este sentido está Terrassa. El gobierno municipal tiene actualmente 717 expedientes abiertos, otros 256 en trámite de apertura y 91 multas registradas. “Con este sistema se han recuperado 189 casas. Las vamos sumando a cuentagotas y en servicios sociales tenemos aún a 400 familias en situación de emergencia”, reconoce Lluisa Melgares, responsable de Vivienda del municipio.

En la norma catalana, la desocupación permanente está contemplada como una infracción muy grave y penalizada con hasta 500.000 euros en el caso de las localidades de más de 100.000 habitantes. Las multas, no obstante, solo pueden aplicarse a las viviendas que están a nombre de una entidad y que llevan vacías más de dos años o se encuentran en mal estado. Las opciones para el propietario son dos: o bien convertirla en un piso de alquiler social o bien cederla al ayuntamiento para que sea la administración quien lo haga.

Unos cientos de kilómetros al sur está la Comunidad de Madrid. La región no encabeza la lista de territorios con más desahucios –suele posicionarse en el cuarto o quinto puesto–, pero está en el centro de la actualidad por otro motivo: una maniobra de venta de 32 lotes de viviendas sociales públicas al fondo de inversión Goldman Sachs-Azora que, en última instancia, también desprotege a los personas más vulnerables económicamente. Para los inquilinos, el cambio de manos se traduce en el aumento de hasta un 30% de las cuotas mensuales y procesos judiciales mucho más rápidos.

La operación, bajo cerco judicial, permitió al Gobierno de Ignacio González deshacerse de 3.000 viviendas públicas y fue imitada por el Ayuntamiento de la capital, que traspasó 18 promociones al fondo Magic Real Estate Blackstone por 125,5 millones de euros. “Es bueno que haya flujo de compraventa, aunque sería sano que no fuera a costa de una demanda artificial alimentada por los mercados de inversión”, apunta Julio Rodríguez, expresidente del Banco Hipotecario y miembro de Economistas Frente a la Crisis.

“Más bien se trata”, argumenta el economista, “de montar un modelo de desarrollo sobre algo que no sea solo construcción para que la historia no se repita. Y eso no es solo cuestión de una financiación bancaria razonable, sino de una responsabilidad por parte de las administraciones, que deberían adoptar políticas urbanísticas diferentes”.

En 1997, Madrid se imaginó creciendo sin freno. El entonces alcalde de la ciudad, José María Álvarez del Manzano (PP), aprobó un plan general de ordenación urbana que entregó al ladrillo parcelas catalogadas en el anterior plan, con fecha de 1985, como no urbanizables y de especial protección. Estas recalificaciones se fraguaron al calor de una ley de liberalización del suelo en ciernes, obra del Gobierno de Aznar en 1998.

“Esa legislación la fueron adaptando todas las autonomías y ayuntamientos, a los que están transferidas las políticas de suelo. En el caso de la Comunidad de Madrid se aprobó en 2001, aunque con los años fue modificada poco a poco y de tapadillo por el Gobierno de Esperanza Aguirre. Se han hecho auténticas barbaridades”, denuncia María Ángeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción.

El proyecto expansivo del Ayuntamiento de Madrid, que preveía la construcción de 418.063 viviendas (unas 300.000 en los nuevos PAU), fue recurrido en los tribunales por el PSM y Ecologistas en Acción. En 2007, el Supremo tumbó algunos sectores por la falta de justificación de la reconversión de suelo protegido en urbanizable. Pero durante esos años nada se paró. El consistorio fue tomando medidas para rodear las sentencias y solo la crisis logró frenar estos desarrollos urbanos.

La capital es una de las muchas ciudades españolas que inyectaron su futuro en el ladrillo. Algunas se levantaron bajo los lodos de la especulación, un fango en el que parecía que todas las partes ganaban: los ayuntamientos concedían licencias sin parar, las promotoras daban salida a viviendas al mismo ritmo y a los compradores les llovían las ofertas de los bancos. Los tres millones y medio de casas vacías por todo el territorio son la mejor prueba de ese desenfreno.

OBLIGADOS A PACTAR

JOSÉ MARÍA CALLEJA

Periodista, escritor y profesor de Periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid

“Evita que la vivienda te cueste la vida”, rezaba uno de los carteles electorales del PCE en las primeras elecciones municipales (1979).

No creo que los autores de tan bienintencionado eslogan pudieran imaginar hasta qué punto, 36 años después, la frase seguiría vigente.

Desde entonces, decenas de miles de españoles se han hipotecado de por vida para conseguir un piso, a miles de españoles les han partido la vida al desahuciarles por no poder pagarlo y algunos, incluso, se han quitado la vida cuando los bancos llamaban a su puerta.

La vivienda, el sector inmobiliario, ha sido parte trascendental y definidora de un modelo económico sostenido en el tiempo en nuestro país. El lenguaje de las grúas nos hablaba de la pujanza económica, cuando todo parecía ir tan bien que casi nadie podía pensar en un final tan abrupto. La crisis económica en España ha tenido su origen y consecuencia en el exceso de construcción de viviendas y en su desatada carestía, atizadas por cajas y bancos. Hoy, centenares de miles de pisos se apilan vacíos, sin posible comprador, y no es casual que los colectivos que combatieron contra los desahucios y la especulación pueden llegar a gobernar en algunos municipios.

Los ayuntamientos han sido en muchos casos los principales promotores de la construcción masiva al declarar urbanizables terrenos en los que muchas veces era casi imposible edificar. La gangrena de la corrupción se ha expandido desde las codiciadas concejalías de urbanismo, que tenían más poder que el propio alcalde. Por esa vía se ha desatado durante años una destrucción sistemática del paisaje español –no solo en la costa– y se ha construido el modelo del ladrillo de la corrupción, del pelotazo antesala del destrozo.

Los propios vecinos han contribuido en algunos casos a esa explosión inmobiliaria con una voracidad compradora que llevaba a tener dos o tres hipotecas a la vez, a comprar pisos en plano y venderlos, o no, un minuto después de construidos.

En 36 años de ayuntamientos democráticos las ciudades y pueblos españoles han experimentado una transformación descomunal, en muchos casos para bien, con una mejora en la calidad de vida, parques, equipamientos, etcétera; en otros se ha traducido en una hinchazón urbanística lamentable y en un reguero de casos de corrupción.

Las próximas elecciones municipales se ventilan como un más que posible voto de castigo a los alcaldes corruptos o zafios –algunos reúnen ambas militancias a la vez–. También como prueba para medir los apoyos y la solvencia de los partidos emergentes, Ciudadanos y Podemos, que cuentan con líderes nacionales claramente visibles, pero tienen dificultades para poner en pie candidaturas en la extensa red de municipios, casi 8.200.

A Podemos le habría gustado que después de las elecciones europeas se hubieran convocado las generales. Da la sensación de que para ellos las elecciones municipales son una ventana de riesgos más que de oportunidades. Ello les ha llevado a no presentarse como tales sino a través una especie de coaliciones que tienen, de entrada, la dificultad de ser identificadas por los electores que les confiaron su voto en las europeas.

En Ciudadanos han contratado a detectives para impedir que se metan en sus listas sujetos como los falangistas que han sido expulsados de la organización en Getafe (Madrid). El partido que lidera Albert Rivera corre peligro de aluvión, de actuar como un imán para los que quieren tocar el poder como sea y a cualquier precio.

En Izquierda Unida, las dificultades para saber quiénes son han explotado en los reiterados enfrentamientos producidos en su seno, particularmente virulentos en Madrid.

Los socialistas, partido de tradición municipalista, ven cómo tienen que renunciar a presentarse en 200 municipios de Cataluña y tendrán que demostrar con resultados si hay o no una regeneración, si ésta es percibida por los votantes.

En el PP, entregados freudianamente al saqueo de España, viven en estado de pánico y, ante el riesgo de perder poder, algunos candidatos a ayuntamientos y comunidades hacen campaña como si no fueran del PP, tratando de desvincularse de la nefasta gestión de estos tres años y de los numerosos casos de corrupción, que pueden llevar a la oposición a alcaldes que llevan lustros en el cargo.

En los últimos años se ha creado y consolidado un modelo de ciudad que ha tenido en la construcción uno de sus motores. No parece que vaya por ahí el tipo de ciudad que pueda salir de las municipales, si es que hay modelo alternativo.

Los programas electorales no parecen aspirar a crear un nuevo tipo de ciudad, como se deseaba en el 79. Más bien parece que el ganador tendrá que gobernar una precariedad económica y política. Los ayuntamientos están severamente endeudados y harán falta acuerdos y coaliciones entre partidos para gobernar, algo que se presenta como novedad, pero que ya se dio en las primeras elecciones municipales, aquellas en las que el PCE no quería que la vivienda nos costara la vida.

CORRUPCIÓN MUNICIPAL, LO ESENCIAL SIGUE AHÍ

En los últimos 15 años se han denunciado casi 700 casos de corrupción municipal. La única garantía de que este fenómeno no vuelva a ocurrir es que parece imposible que se repita el proceso económico en que se sustentó. El resto de elementos se mantienen.

CARLOS ELORDI

Periodista y escritor

La única garantía de que la corrupción municipal no va a volver a tener las dimensiones que alcanzó en la década 1998-2008 es que parece imposible que se repita el proceso económico en que ésta se sustentó, esto es, el frenético crecimiento de la construcción y de la especulación. Por lo demás, todos los elementos que la favorecieron siguen ahí, intocados en lo sustancial. Desde las leyes que confirieron autonomía total a los ayuntamientos en materia de decisiones urbanísticas, a la precariedad financiera de las corporaciones locales que les impulsaron a buscar en el ladrillo el dinero que no obtenían por otras vías, pasando por la inexistencia de cualquier control realmente efectivo sobre la acción de los políticos municipales.

El hecho de que la oleada de escándalos urbanísticos denunciados no se haya concretado, salvo en algunos casos excepcionales, en un castigo penal ejemplar contribuye a ese pesimismo. Desde finales de la década de los 90 hasta 2014 cerca de 700 casos fueron denunciados ante los tribunales o la policía, afectando a otros tantos municipios en los que vivía más de la mitad de la población española.

Pero sólo una mínima parte de ellos ha concluido en sentencias condenatorias significativas, habiéndose resuelto muchos de ellos con meras inhabilitaciones para ejercer cargos públicos o con multas o sobreseídos por prescripción. Además, buena parte de esos procesos judiciales no ha concluido y no lo hará en muchos años.

Es cierto que las leyes y las medidas que a partir de 2010 se han venido adoptando para evitar la quiebra del Estado español han limitado seriamente la capacidad de maniobra financiera de los ayuntamientos. La reforma del artículo 135 de la Constitución acordada en 2011 entre el PSOE y el PP estableció la prohibición absoluta de incurrir en déficit a las corporaciones locales, aunque no al Gobierno central ni a los autonómicos.

La ley orgánica de estabilidad presupuestaria de 2012 estableció nuevos límites a sus presupuestos, incluso aunque tuvieran superávit. A pesar de ello, en los años sucesivos los ayuntamientos siguieron endeudándose, pero ahora para pagar las facturas pendientes de la época del boom.

Lo que no se ha reformado, al menos en la medida que haría falta, es la capacidad del poder local para decidir la suerte de su territorio. Y si ya no hay recalificaciones de suelo –origen y clave de todo el proceso de corrupción municipal– es porque no hay promotores interesados en construir y en untar a quien hiciera falta para obtenerlas. Durante los años de la locura inmobiliaria el precio del suelo llegó a multiplicarse por 20 en bastantes zonas del país. Hoy la mayor parte de esos terrenos no vale nada y buena parte de esos activos figura en las cuentas de los bancos como morosidad incobrable, siendo uno de los motivos principales del grave riesgo financiero que sigue amenazando a España, junto a los cientos de miles de viviendas sin vender o cuyas hipotecas no han sido pagadas.

Sin recalificaciones de suelo no hay corrupción inmobiliaria, aunque puede haberla de otro tipo. Es previsible que esta situación dure aún mucho tiempo. Porque sobran viviendas y suelo ya recalificado para edificar. Pero si eso un día cambiara, la dinámica de la corrupción volvería a ponerse en marcha automáticamente. Porque el trapicheo bajo manga entre promotores y ayuntamientos es el único mecanismo eficaz de que dispone el sistema para fijar el precio del suelo.

La debilidad financiera de las corporaciones locales coadyuva sustancialmente a esa aberración. Los ayuntamientos fueron los grandes perdedores de la guerra por el poder competencial y financiero que la Administración Central y las Comunidades Autónomas libraron desde que se inició el desarrollo del título 8º de la Constitución. El resultado de la misma fue que el poder de una y otras llegó a ser similar en esas materias al término del proceso, a mediados de la década de 2000. Pero el sobrante que quedó para el poder municipal terminó por ser inferior al 10% del total.

La solución que el Gobierno de José María Aznar inventó para hacer frente a ese problema fue que el poder central cediera competencias a las autonomías en materia de urbanismo. Una sentencia del Tribunal Constitucional de 1997 ratificó esa política y desde entonces las Comunidades Autónomas fueron asumiendo toda la capacidad de decidir en ese capítulo, transfiriéndola a los ayuntamientos, lo cual era lógico pues sólo ellos podían aplicarla.

Los gobiernos locales vieron el cielo abierto. Como no estaban dispuestos a aumentar los impuestos para hacer frente a sus gastos, recurrieron a la recalificación de su suelo para obtener esos ingresos. Y fueron a por todas, sin fijarse límite ni criterio racional alguno. El lema que se instaló en la época fue el de “todo es urbanizable”, salvo lo especialmente protegido, y a veces ni eso como se vio en el caso almeriense del hotel de El Algarrobico (aún en pie hoy en día). Y se urbanizó prácticamente todo. Y se habría urbanizado aún más si no fuera porque un día de repente el invento estalló de golpe.

Porque el proceso era extraordinariamente rentable para todos aquellos que participaban en el mismo. Para los promotores, que aunque pagaban cada vez más por el suelo lo repercutían en el precio de venta –que de 2003 a 2005 creció un 150% de media– y vendían todo lo que construían gracias a la política oficial de facilitar el crédito para la compra de viviendas, que los bancos, españoles y extranjeros, y las cajas de ahorro potenciaron hasta límites de locura. Y los gobiernos locales, que no querían subir sus impuestos, aceptaban sin remordimientos que subiera ese impuesto indirecto que era el aumento imparable del precio de la vivienda.

Con el maná que llegaba a las arcas municipales, no sólo atendieron a sus gastos, sino que los aumentaron, al igual que sus plantillas, y además abordaron inversiones para infraestructuras. Algunas necesarias. Otras, muchas, únicamente fruto de la megalomanía que se apoderó de no pocos munícipes y que sólo valían para lucirlas en las campañas electorales. Muchas de ellas no estaban acabadas cuando llegó la crisis y hoy, junto con las terminadas que nunca entraron en uso o dejaron de tenerlo cuando faltó el dinero para hacerlas funcionar, son patéticas pruebas de la aberración que fue el boom de la construcción.

Las urbanizaciones fantasma que rodean a alguna de las grandes ciudades, particularmente Madrid, y pueblan las costas mediterráneas, también.

Pero una parte del dinero, muchas veces la mayor, no entraba en el Ayuntamiento. Un porcentaje de ella iba al partido que mandaba en el municipio –aunque no pocas veces se repartía, desigualmente eso sí, con algún otro de los que formaban parte del consistorio– y una parte esos fondos se entregaban a los aparatos regionales o centrales. Así se financiaban unas campañas electorales y unos costes estructurales cada vez mayores.

A los ojos de los dirigentes de los partidos, esa transferencia de fondos hacia arriba justificaba cualquier práctica fraudulenta. Si los sucesivos gobiernos, primero los de José María Aznar y luego los de José Luis Rodríguez Zapatero, alentaron la especulación inmobiliaria, y por tanto la corrupción, porque creaba empleo y aumentaba los ingresos fiscales, los vértices de los partidos hacían la vista gorda ante el tráfico ilegal de dinero porque este les permitía seguir gastando sin freno.

Surge aquí una pregunta: ¿de dónde lo van a sacar ahora para hacer frente a esos gastos? La campaña electoral permitirá comprobar si alguno ha tenido que ajustarse de verdad el cinturón.

Y por último, pero en muchos casos no porque fuera la más pequeña, estaba la parte que iba a los bolsillos de los munícipes que participaban en las operaciones y cuyo voto era necesario para que se aprobaran las recalificaciones en los plenos de los ayuntamientos. Ese ha sido el aspecto más visible de la corrupción municipal y el que lleva a poner más seriamente en cuestión la calidad moral de buena parte de la clase política que hasta ahora ha venido ocupando el poder.

Desde que en 2006 llegó a los medios de comunicación la llamada operación Malaya, que tuvo como epicentro a Marbella, hasta la operación Púnica, se han denunciado cerca de 650 tramas de este tipo, que han afectado a casi 700 municipios. En un exhaustivo informe de la Universidad de La Laguna, publicado hace ya más de un año, Andalucía, con 154 municipios afectados, figuraba como la región más activa, de largo, en estas prácticas dudosas.

Le seguía la Comunidad Valenciana con 94, Galicia, con 66, Madrid, con 46, Cataluña, con 43, Castilla y León con 40, Canarias, con 35, Extremadura, con 29 y Castilla-La Mancha, con 27. Al final de la lista aparecen Murcia, con 26, Baleares, con 24, Asturias, con 21, Cantabria, con 18, País Vasco, con 18, Navarra, con 14, La Rioja, con 12 y Aragón, con 8.

Ninguna región quedó al margen. Las dimensiones del fenómeno en unas y otras seguramente dependieron solo del volumen de las operaciones urbanísticas. En otro cómputo, el del porcentaje de municipios afectados respecto del total de municipios de la región, Murcia ocupaba la primera plaza, con el 57,8%. A continuación venían Canarias, con el 39,8%, Baleares, con el 35,8%, Madrid, con el 25,7%, Galicia, con el 20,9%, Andalucía, con el 20,%, etc. Son cifras impresionantes. Y, además, hay seguramente otros muchos municipios en los que había corrupción urbanística, solo que ésta nunca se denunció. No menos de 5.000 políticos municipales están implicados en los procedimientos policiales o judiciales.

No se trataba por tanto de prácticas minoritarias, sino casi de una norma. Se podría decir que quien no se corrompía es porque no tenía oportunidad de hacerlo. La mayoría de los munícipes imputados pertenecen al PP y al PSOE. Pero también los hay de IU, de los partidos nacionalistas y de las formaciones independientes que con frecuencia ocupan cargos en los consejos municipales.

¿Por qué las personas que les han sustituido en las listas, no pocas de las cuales compartieron con ellos las tareas municipales durante la época del boom inmobiliario no van a corromperse si tienen ocasión de ello? No hay ninguna razón poderosa para que eso no ocurra. El castigo que ha caído sobre los implicados no es precisamente disuasorio. La mayor parte de ellos va a terminar librándose de la prisión y, además, ninguno va a devolver el dinero que se embolsó fraudulentamente. El sistema de contratación pública, para construir viviendas e infraestructuras y para todo lo demás, sigue siendo lo suficientemente opaco e ineficaz como para que el empresario que quiera obtener un contrato recurra a la “comisión” para hacerlo más fácil.

Además, los partidos políticos van a seguir necesitando dinero. Y ninguno de ellos, con especial mención para los más grandes, ha tomado medidas serias para frenar esas prácticas en su seno. Y, lo que es peor, lo que casi siempre han hecho ha sido proteger a los inculpados de las más diversas maneras, incluida la de influir sobre el sistema judicial para favorecer los intereses de éstos. Hasta el punto de propiciar la expulsión de ese sistema de jueces dispuestos a llegar hasta el final. Como Baltasar Garzón y Elpidio Silva. Una sensación de impunidad se ha derivado de unas y otras cosas.

Lo único realmente nuevo –aparte de las consecuencias que la crisis económica ha tenido en la vida de los ayuntamientos– ha sido la reacción popular de rechazo a la corrupción que se ha instalado como uno de los datos centrales del panorama político y que ha ayudado mucho al crecimiento de las posibilidades electorales de nuevos partidos como Podemos y Ciudadanos. Es en esta nueva dinámica en lo que cabe confiar.

Energía y elecciones municipales

COTE ROMERO

Ecooo. Plataforma por un Nuevo Modelo Energético

Elecciones. Ese momento en el que los partidos políticos dejan por un tiempo de interactuar con la ciudadanía a través de los medios de comunicación (opinión publicada) y se acercan a tocar y ser tocados por los colectivos ciudadanos (la opinión pública). Las cosas son así y es probable que sigan así por algún tiempo. Pero podemos aprovechar la coyuntura, lo de que en periodo electoral parece que escuchan, para trasladar a los políticos en campaña diagnósticos y propuestas.

En el ámbito energético está prácticamente todo por hacer. Tenemos un sistema centralizado, oligopolístico, despilfarrador, caro y, sobre todo, contaminante y peligroso. Este modelo energético es el mayor responsable del dramático cambio climático que afrontarán nuestros hijos y nietos y nosotros mismos, por nuestra inconsciencia. Está todo por hacer, pero todo lo que está por hacer es posible. Basta con que introduzcamos cambios con decisión. Cambios además que no suponen sacrificio, sino esfuerzo. Un esfuerzo individual y colectivo que es una oportunidad para retomar un ritmo de vida más natural y más humano. Los únicos que podrían salir perdiendo son los que llevan ya demasiado tiempo ganando mucho dinero, las grandes empresas energéticas.

Y sin embargo sucede que la única oportunidad de que el cambio climático no nos supere pasa porque arranquemos el control sobre la energía de las manos de las grandes corporaciones y de las lejanas burocracias. El nuevo modelo energético que necesita el planeta y que se merecen los ciudadanos parte del ahorro y la eficiencia como pilar central; continúa con un sistema de generación eléctrica distribuida con tecnologías renovables; y, por encima de todo, se construye sobre la base del empoderamiento y la soberanía de las personas, de las comunidades y de los pueblos. Es decir, modelos energéticos de ámbito local, municipal, de redes inteligentes, no solo porque se utilicen tecnologías sofisticadas de gestión, sino sobre todo porque se implique a muchos ciudadanos en un nuevo paradigma colaborativo.

Y aunque pareciera que a los ayuntamientos les corresponde un papel marginal en el necesario cambio de modelo energético, tienen en realidad un papel protagonista. Nos han convencido de que, en la definición del sistema energético, las grandes decisiones deben tomarse muy arriba, en el ámbito estatal o incluso en las instituciones europeas. Se trata de uno de esos temas serios de los que se tienen que ocupar los altos dignatarios. Hay que invertir miles de millones de euros en interconexiones eléctricas, pensar, en clave geoestratégica, la forma de desafiar los chantajes de terceros y otras muchas graves decisiones, para que la bombilla se encienda al pulsar el interruptor.

A los ciudadanos y a las pequeñas comunidades nos queda poco más que cambiar la chamuscada bombilla incandescente del pasillo por bombillas led. Lo demás, las decisiones sobre el mix eléctrico, el sistema de distribución o los objetivos de ahorro y eficiencia se quedan para oficinas frías en edificios imponentes y para reuniones de altos ejecutivos de grandes compañías y la Administración.

Y aunque es verdad que en el reparto competencial de la Constitución española las bases del régimen minero y energético son del Estado, las entidades locales tienen margen de maniobra para realizar un cambio profundo en su ámbito: introduciendo medidas de sostenibilidad energética en sus propios inmuebles e infraestructuras; fomentando energías renovables y medidas de ahorro y eficiencia entre la población mediante incentivos fiscales y simplificando requisitos; aprobando medidas contra la pobreza energética; fomentando el transporte público y el uso de vehículos sostenibles, devolviendo los espacios públicos a los peatones, realizando campañas de sensibilización ambiental a fin de llegar entre todos a una cultura sensata de la energía, etc.

Resulta además que la administración local, al ser la administración pública más cercana a la ciudadanía, tiene un papel capital en la transición energética porque bien puede promover y canalizar la participación ciudadana. Y esto no es baladí. Este cambio de época nos muestra que las transformaciones son colectivas y de abajo a arriba. Y las instituciones no pueden quedarse al margen.

En estas elecciones municipales, comenzar a dar pasos hacia este nuevo modelo energético ciudadano debería estar en el encabezamiento del capítulo de “Energía” de los programas de todos los partidos políticos. Y para ello, ninguna hoja de ruta mejor que la que propone la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético con el manifiesto “Municipios Sostenibles” dentro de la campaña #VotaConENERGÍA. Esta campaña plantea 12 medidas concretas que pueden adoptar los municipios a partir de estos próximos comicios (municipiossostenibles.wordpress.com).

Debemos aprovechar el cambio de modelo energético como palanca de cambio del modelo económico y social, porque un modelo energético sostenible, democrático y sensato además puede ser solidario.

MODELO DE CIUDAD

La sostenibilidad involucra a la vez lo social, lo natural y lo económico. Las políticas municipales deben abarcar esas tres áreas y tener en cuenta su interrelación.

ELENA CABRERA

Periodista

Ninguna generación pasada o futura habrá sido más destructiva que la nuestra, aseguran Alicia Valero y Antonio Valero. “En el pasado, esto es obvio. Y en el futuro, porque no existirán más recursos que consumir”, dijeron estos investigadores de la Universidad de Zaragoza en el momento de forjar el concepto Thanatia. En oposición al planeta vivo, que se denomina Gaia, Thanatia es el planeta muerto, el destino de la Tierra cuando agote los recursos naturales.

Según los Valero, es un hecho científicamente contrastado e irreversible que ese es el futuro de la Tierra, y lo único que queda es intentar alejar en el tiempo el desastre final ralentizando la degradación. Este no es un problema de Groenlandia o el Amazonas. Tampoco de China o Estados Unidos. Es una responsabilidad de la ciudad y sus habitantes. Podemos hablar de Pekín, pero también de Madrid y madrileños, Barcelona y barceloneses, etcétera.

Para Javier Esquillor, del Vivero de Iniciativas Ciudadanas (VIC), hay evidencias inminentes de insostenibilidad, empezando por el agotamiento de los recursos energéticos para mantener las ciudades. Y consecuencias visibles, como la degradación del bienestar rebasando los umbrales de la dignidad para cantidades crecientes de personas. Y eso que el “desastre”, dice Esquillor, comienza en el punto en el que hay un único miembro de la comunidad “que sea incapaz de permitirse una vida digna”. Hay que anticiparse al desastre y también al sufrimiento social adherido al desastre. Así se planteó en la mesa redonda “Ciudad y sostenibilidad” durante la Semana de la Ciencia 2012 en Madrid.

Una visión ecologista de la economía señala que el bienestar está soportado por la acumulación de riqueza monetaria, la cual depende de la disponibilidad de combustible fósil, que no es ilimitado. El carbón, el petróleo o el gas tienen una alta tasa de retorno energético –la relación entre la energía que produce una fuente y la energía necesaria para explotar ese recurso– cuya valoración económica “está manipulada” y “adolece de equidad”, según se señaló en aquel debate. Ante esto, dos respuestas: la optimista de los que piensan que aún estamos a tiempo, o la apocalíptica de Anthony Barnosky y otros 22 científicos, quienes publicaron en la revista Nature en junio de 2012 que nos habíamos pasado de la raya.

“Un proyecto difícilmente es sostenible en sí mismo”, explica Esquillor tres años después, desde México DF. En cambio, matiza, “sí tiene una aportación a la sostenibilidad. Si se mira desde la óptica de esa contribución, como parte de algo más grande, se podrá pensar en hacerlo viable y que pueda evolucionar”. Es lo que él llama “urbanismo kaizen” o “de la mejora continua”. “Una aproximación que se centra tanto en la viabilidad de las nuevas formas de hacer ciudad como en la adaptación de los mecanismos administrativos formales y los vínculos con la industria para la sostenibilidad urbana”.

El concepto de sostenibilidad involucra, a la vez, lo social, lo natural y lo económico. El problema surge cuando se propone una acción o una política en una sola de esas áreas, obviando lo interrelacionadas que están. “Es una separación que no se corresponde a la realidad porque aparta de la atención procesos que afectan a cómo pasan las cosas y porque, en el caso de Occidente, ha conducido a un enfrentamiento entre lo natural y lo político, y a un entendimiento y un uso limitado de lo económico”. El pensamiento oriental, contrapone el urbanista, está más predispuesto a la comprensión de una “dimensión integral de la existencia en donde tiene sentido hablar de sostenibilidad”.

Resulta muy útil para entender esta aproximación el considerar la ciudad como si fuera un metabolismo, un organismo viviente. La observamos y vemos cómo funciona. “Esto conduce a llevar la atención al entramado de procesos y actores interconectados que hacen posible ese funcionamiento, a los factores de contorno condicionantes y a sus impactos”. A un nivel práctico y cotidiano, se trata, para Esquillor, de “analizar nuestra actitud ante el día a día. De aceptar que nos podemos equivocar y por eso estar alerta y afinar nuestra capacidad de observar ese entorno, empezando por lo inmediato, vigilando las implicaciones de nuestros actos, desarrollando la empatía para entenderlas y la capacidad de aprender para mejorar”.

“La sostenibilidad de las ciudades tiene que ver con dar respuesta a la pregunta de cómo podrían volver estas a ser espacios civilizados y no simples lugares de paso de flujos de personas, mercancías o energía”, aclara Rafael Córdoba, profesor de Urbanismo en la Escuela de Arquitectura de Madrid y miembro de Ecologistas en Acción. “Si logramos que la ciudadanía plantee alternativas a esta realidad, estaremos más cerca de evitar que sea utópica”. “A escala global, para evitar el colapso de las ciudades, hay que actuar a dos niveles. Por un lado, hay que preservar el medio que sustenta los recursos que necesita y por otro, rebajar la presión y la demanda descontrolada sobre ellos”.

Javier Esquillor ha estado trabajando en una cartografía de iniciativas ciudadanas en la capital de México, similar a otros proyectos que ya había realizado el VIC en Madrid, como el mapeo de desahucios. En su opinión, la manera más efectiva de avanzar es “involucrar a los actores económicos más pujantes, en particular las industrias que fabrican bienes de consumo, y sobre todo la manufactura de automóviles, de aviones y la generación de energía”. Para él, son importantes por dos razones: “Porque han soportado el modelo de desarrollo de nuestra sociedad, son sensores de la dirección que toma nuestra relación con el medio” y porque “involucran a la sociedad en toda su diversidad, ya sean trabajadores o usuarios de los bienes”.

La ciudad existe cuando se dan cita dos circunstancias: una reunión de personas en un territorio limitado y el espacio público. Sin espacio público hay urbanización, pero no ciudad. En nuestras ciudades la reunión entre personas se realiza en el espacio público que es el lugar en el que confluyen, según el director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, Salvador Rueda, la democracia y la política. Desde la agencia salen proyectos para la capital catalana que se van implantando, como la nueva red ortogonal de autobuses con la que las líneas pasaron a surcar la ciudad en forma de retícula, planificando las paradas por su cercanía a otras conexiones de transporte y segregando la circulación de los autobuses en un carril propio.

Otro proyecto de Rueda es el de la supermanzanas o superilles. Tomando un barrio cuadriculado como es el Ensanche barcelonés, se crean manzanas de 3x3 bloques cerrados al tráfico. Este plan convierte lo que antes eran cruces de caminos en plazas públicas. Cada superilla sería “una pequeña ciudad con carácter propio”. Esto promoverá la inclusión social, con una comunidad más cohesionada y sostenible, la biodiversidad, un índice de habitabilidad mayor –reducirá la contaminación acústica, la calidad del aire, la accesibilidad y el espacio para los viandantes– y supondrá una oportunidad para aplicar tecnologías propias de las smart cities.

En lugar de crear nuevos núcleos urbanos pensados desde cero de manera sostenible, Córdoba apuesta por la ciudad existente, centrándonos en su “rehabilitación, regeneración y renovación urbana” y aspirando a “obtener un adecuado equilibrio entre la calidad de vida, la cohesión social y la protección del medio ambiente”, considerando que la ciudad que tenemos es “un legado y una importante fuente de recursos en sí misma”. Pero para acometer la replanificación es necesario “una visión conjunta” y no centrarse en un único aspecto como puede ser la movilidad. “Este proceso debería hacerse en base a su no extensión y a la intervención en la ciudad consolidada con criterios ecológicos y de redistribución social”.

Para el caso de España, Rafael Córdoba propone una urgente revisión de la Ley del Suelo: “Es necesaria una nueva regulación que establezca límites y objetivos reales al crecimiento de la ciudad, incluyendo medidas que persigan la especulación urbanística, fomenten la participación ciudadana y tengan en cuenta la incidencia sobre el medio natural”.

Una ciudad sostenible no es aquella que se sostiene por sí misma, porque la ciudad no vive aislada del resto del planeta. La contaminación de Madrid afecta a la polución del aire que respiran los madrileños, pero también contribuye al calentamiento global por la emisión de gases. Toda contaminación tiene un impacto local, regional y territorial. Un municipio, una ciudad, no siempre se corresponde con la realidad territorial. San Sebastián de los Reyes y Alcobendas (Madrid) son dos localidades separadas por una calle, inseparables vistas desde el aire. Por ello hay que pensar en términos de cooperación y también de colaboración entre lo conveniente y lo sostenible. Un territorio necesita una “economía metabólica”, según Esquillor: gestión del agua, gestión de residuos, reutilización y reciclaje, agricultura local que se corresponda a las necesidades de la tierra que se cultiva y energías renovables con la mayor tasa de retorno posible. Para que este equilibrio se sostenga, la prioridad número uno de las políticas debe ser, según este investigador, disminuir la dependencia del transporte en la cadena logística.

La localidad madrileña de Rivas se llevó en 2010 y 2012 el premio “Ciudad Sostenible” que otorga la Fundació Fòrum Ambiental por sus políticas medioambientales y su ahorro energético. El Ayuntamiento tiene un plan de Emisiones Cero que incluye la movilidad sostenible, la eficiencia energética, la planificación urbana y la gestión de residuos y del agua. El objetivo de este municipio es reducir en un 50% las emisiones de gases de efecto invernadero en 2020 y alcanzar el balance neutro en 2030.

Para propiciar una transición hacia las energías renovables se han instalado placas fotovoltaicas en edificios públicos y se ha creado el servicio Rivas Solar de atención gratuita al ciudadano para realizar proyectos de soluciones solares en sus viviendas y oficinas. Y, con el objeto de consumir menos energía, se han sustituido las farolas tradicionales por luces LED y se ha restringido el consumo lumínico en parques. En el ámbito del transporte, se ha creado un servicio público de alquiler de bicicletas eléctricas —el municipio tiene mucha pendiente—, un servicio vía app para compartir las carreras en taxi, caminos escolares (“pedibus”) para que los niños vayan andando al colegio en grupo por rutas seguras, se ha racionalizado el servicio de autobuses y se cierra cada domingo una calle para obligar a los ripenses a usar medios de transporte alternativos al coche. Con respecto al consumo y en relación también con la reducción de los kilómetros de transporte de los alimentos, se ha creado un sello para las hortalizas cultivadas ecológicamente en la proximidad de Rivas, la huerta Soto del Grillo. También se ha incentivado la incorporación de composteras en los hogares para transformar los residuos orgánicos en abono. Y, hablando de la tierra, se ha introducido el riego de parques y jardines por goteo y la planta masiva de árboles, de manera que ya hay más de uno por habitante. Por otro lado, las campañas de educación en el separado de residuos parecen dar sus frutos pues Rivas se sitúa a la cabeza de los municipios en reciclaje efectivo.

El equipo de Salvador Rueda ha trabajado también realizando un proyecto para la Generalitat de Catalunya de actuación en el sector levantino de Figueres: el ecobarrio, nacido para ser replicado en otras localidades catalanas. El barrio creció con un tejido semiurbano de espaldas a la ciudad y con nula planificación, al otro lado de la vía del tren, marginado socialmente. Se necesitaba integrarlo con otras áreas y hacerlo de una manera sostenible y equilibrada. La Agència d’Ecología Urbana ha propuesto autoabastecerse con recursos propios energéticos mediante la instalación de placas solares sobre las cubiertas, una gestión eficiente de los residuos, poner en valor la biodiversidad local, hacer construcción sostenible de vivienda social, llevar el aparcamiento a las zonas exteriores y la creación de originales cubiertas verdes y zonas verdes de manera que corresponda hasta un 16% de espacio verde por habitante.

“Sostenible” es una palabra arrojada en el campo de batalla. En manos de unos es muy útil para el marketing de la introducción de determinadas políticas o en la venta de urbanizaciones. ¿Hay que pelear esa palabra? Esquillor dice que hace tres años, cuando tuvo lugar la aludida mesa redonda, habría respondido que sí, que usar el lenguaje con propiedad es importante. Pero, ahora, “los usos interesados ligados a las modas van cediendo a la evidencia, por la potencia de la naturaleza, la determinación de la gente comprometida y la diversidad de la gente implicada”.

El ‘postureo’ ambiental. En las ciudades del capitalismo desarrollado, la buena vida y la calidad ambiental pueden ser un lujo. No es de extrañar encontrar anuncios de viviendas muy caras en nuevos complejos urbanos construidos bajo criterios de sostenibilidad. Pero esto puede ocurrir también dentro de ciudades existentes si pensamos en políticas municipales destinadas a crear ecobarrios céntricos. Cuando una política urbanística revaloriza una zona de la ciudad antes deprimida y expulsa a los vecinos que la habitaban para dar cabida a otros recién llegados y con mayor nivel adquisitivo, se le denomina gentrificación.

“Gentrificación+sostenibilidad es un oxímoron”, una aritmética de opuestos, explica el abogado y urbanista Sito Veracruz. “La gentrificación implica un desplazamiento de personas de rentas más bajas, lo cual, si bien se puede llegar a sostener desde un punto de vista económico, es una bomba de relojería para una ciudad desde un punto de vista social por las tensiones y desequilibrios que provoca a la larga”. Veracruz pone como ejemplo extremo de ello las barriadas francesas. “El binomio calidad ambiental–clases adineradas no es nuevo. Lo que ocurre es que, durante años, la calidad ambiental se relacionaba con amplios espacios verdes en los suburbios, mientras los centros de las ciudades estaban en peores condiciones, a veces incluso con problemas de insalubridad, y con mayores problemas de seguridad. Aunque este modelo es más anglosajón, es evidente que también echó raíces en países como España con tradición de ciudad mediterránea compacta”. La gentrificación llega cuando se recorre el camino contrario, “esas clases más adineradas quieren volver al centro y desplazan a sectores sociales a otras zonas más degradadas, cada vez más difíciles de ver en los centros de las ciudades. Y claro, ahora las exigencias de calidad ambiental se han trasladado al centro. Prácticamente todas las ciudades están cuidando más estas zonas en detrimento de las afueras, al contrario que sucedía hace años”.

Para Veracruz, que trabaja en una empresa para resolver mediante el juego problemas urbanísticos, Play the city, Madrid es la ciudad más paradigmática de “postureo ambiental” y “gentrificación a marchas forzadas”. Aporta tres ejemplos relacionados con el transporte. El primero, el coche: “En líneas generales, se sigue apostando por el automóvil como vehículo principal de la capital. No olvidemos que Esperanza Aguirre, en 2012, todavía quería construir la Radial 1 a pesar del descalabro del resto y de la sentencia en contra del Tribunal Constitucional. Sin embargo, el centro se va a convertir en libre de coches en poco tiempo, como ya lo son otros barrios”. El segundo, las bicicletas: “Las estaciones de BiciMad están casi todas ubicadas dentro de la almendra central y a veces con una distancia ridícula entre estación y estación”. Por último, el metro: “Durante la burbuja ya fue objeto de mala utilización como nodo sobre el que empezar nuevas urbanizaciones y ha disminuido la calidad de su servicio hasta extremos inauditos”.

Proteger las viviendas y los comercios con un fundamento social es algo casi impensable todavía en España aunque ocurra a veces, señala Sito Veracruz, con el plan de protección de pequeños comercios que tiene Barcelona. Pero es habitual en otros países. Ahora mismo París está protegiendo viviendas bien ubicadas de personas con ingresos bajos. “La gentrificación solo es un problema si se ve como tal. El actual Ayuntamiento de Madrid no lo entiende como un problema sino más bien una consecuencia de la realidad contra la que creen que no se puede luchar”.

“Si la prioridad es el crecimiento, no
lo son las personas”

Yayo Herrero

Antropóloga, ingeniera técnica agrícola, directora de la Fuhem y miembro de Ecologistas en Acción, Yayo Herrero acumula años peleando por un cambio que ahora ve más cercano que nunca.

DANIEL SÁNCHEZ

Periodista en eldiario.es

Tras décadas de soledad en la trinchera de los movimientos sociales, Yayo Herrero observa ahora con satisfacción e interés el impulso que ha vivido el activismo. Desde su prisma del ecologismo feminista, Herrero realiza un discurso impregnado de la palabra “gente”, y alerta de que el modelo capitalista que prima los beneficios y el crecimiento por encima de todo está agotado y penaliza a unos ciudadanos que sin embargo comulgan con él. “Hay que dar la batalla de la hegemonía cultural”, asegura. Aunque celebra el auge de las plataformas populares, insiste en la idea de que el cambio vendrá de la calle ocupe quien ocupe las instituciones.

¿Son estas elecciones más importantes que otras o sólo lo parece porque son las que tenemos encima?

Con toda la expectativa que se ha ido generando a raíz del ciclo de movilizaciones, la constitución de las plataformas emergentes y un cierto desplazamiento del interés de los movimientos sociales al ámbito electoral, probablemente sí sean unas elecciones diferentes. También lo son por el propio contexto. La gravedad de la situación de crisis, sobre todo la crisis social, hacen que el ciclo electoral tenga una trascendencia, no porque yo crea que sean sólo las instituciones las que van a cambiar la crisis que tenemos —sin una ciudadanía fuerte y organizada no va a ser posible— pero sí se ha alentado cierta ilusión en la gente que permite hacer pensar que estas elecciones sí que tienen algo diferente.

¿El cambio es ahora o nunca?

No. Este es un momento importante, pero si no se produjera el cambio tendremos que seguir trabajando para conseguirlo. Insisto en que el cambio no se va a producir sólo porque llegue gente muy ilusionada y no corrupta a las instituciones. Es importante que se produzca un cambio en las instituciones, pero el cambio se va a construir en la calle.

¿Se ha estado gobernando contra los ciudadanos?

Yo creo que sí. El régimen y el modelo en el que se está viviendo, por cómo está construido y las prioridades que tiene, se desarrolla contra la vida de las personas y contra la naturaleza. Un modelo que privilegia y pone como foco la obtención de beneficios y la regeneración de las tasas de ganancia del capital forzosamente se tiene que hace siempre a costa de esquilmar el territorio y sacar las últimas gotas de rentabilidad de los espacios de solidaridad pública y los servicios sociales.

¿Es por esto por lo que las ciudades parecen cada vez más inhabitables?

Las ciudades son un foco de problemas y oportunidades enorme. Desde el prisma del ecologismo social son sumideros que utilizan cantidades ingentes de energía y materiales que generan una cantidad brutal de residuos que hay que sacar cada día. En una ciudad viven millones de personas que no viven con lo que les proporciona su territorio sino con recursos que vienen de muchos territorios de alrededor. Si a eso le añadimos que la ciudad ha priorizado los espacios que generan negocios, que está vendiendo al mejor postor una buena parte de su patrimonio, que busca la rentabilidad en el espacio público, nos encontramos con un modelo de ciudad que se construye contra las personas. El modelo de dimensión urbana no tiene en cuenta las prioridades de la vida, y te encuentras con gente que vive en un lugar, que tiene que hacer decenas de kilómetros para llegar a su centro de empleo, otros tantos para llegar a las personas que dependen de ellas (padres, hijos), que tienen que recorrer muchos espacios para abastecerse e ir a la compra.

¿Cuánta culpa tenemos los ciudadanos de que la situación haya ido derivando así?

Cuando hablamos de culpabilidades hay que hablar de culpabilidades asimétricas. Para mi quién más culpa tiene es quien gestiona, quien tiene la responsabilidad de poner el bienestar de la gente en el centro. Los intereses económicos sistemáticamente presionan y tienen unos niveles de connivencia a veces escandalosos. Y desde ahí vamos bajando hasta llegar a las responsabilidades asimétricas, pero también de la ciudadanía, que hemos interiorizado una manera de entender el mundo que le es muy funcional a los intereses de quienes manejan los negocios y van a veces contra nuestro propio interés. Hay ciudades donde respirar envenena a diario, pero como ciudadanía nos oponemos a que se restrinja el tráfico rodado. Es esa locura que hace que la ciudadanía pueda estar apoyando medidas o formas de organizar la ciudad que son contraproducentes, le dañan la salud, el estilo de vida, que ocupan su tiempo en transporte de manera impresionante y que hacen que llevemos una vida desde luego no generadora de felicidad o bienestar.

Habla de cuestiones que no parece que estén en los pensamientos del ciudadano, que requieren un cambio de mentalidad muy grande.

Una de las disputas que nos planteamos hace tiempo que tenemos que hacer es la de la hegemonía cultural. No es la única. Pero hemos interiorizado de forma clara la idea de que uno solo merece llevar una forma de vida decente si la persona que le emplea gana lo que quiere ganar. Si no se ve razonable que te puede despedir aunque tenga beneficios. Hemos interiorizado que es el beneficio del capital el que de alguna manera tiene que organizar la vida de la gente. Que son otros, al servicio también del beneficio, quienes organizan la ciudad y cómo están dispuestas las cosas. La disputa de la hegemonía política y económica no es viable si no disputamos la hegemonía cultural. Y hablamos del concepto de bienestar, de progreso, de vida buena, del concepto de riqueza que tenemos en estas sociedades. El capitalismo ha fabricado un tipo de persona que le permite funcionar. Y ese tipo de persona sueña con aquello que supuestamente sólo el modelo económico le puede proporcionar. Y curiosamente en todo este modelo de personas ricas nos encontramos en la parte del mundo que más ansiolíticos y antidepresivos consume. Es un modelo de organización que se ha olvidado de que los seres humanos dependemos de la naturaleza, que esta es finita y que está en unas condiciones de verdadero riesgo para la humanidad.

Al final habla de cambiar el capitalismo, todo el modelo. Muchos le dirán que eso es muy utópico.

Lo utópico es pensar que vamos a mantenernos mucho más tiempo con este modelo que ha provocado el paro masivo o el fenómeno de los trabajadores pobres, personas que trabajan y no llegan a fin de mes. Que ha hecho que haya pobreza energética. Esta situación de crisis económica, que esconde otras crisis estructurales, no se va a resolver, porque no se afronta el problema central: el modelo económico que permitió ciertos niveles de bienestar en las sociedades no se va a poder reproducir por falta de recursos minerales y energéticos y porque no existe un contrapoder como el que existió después de la II Guerra Mundial por la vía de la movilización obrera que, a base de huelga y negociación colectiva, puso freno a las ambiciones de quienes ganaban dinero. Esto quiere decir que lo utópico, en el sentido de iluso, es que vayamos a poder avanzar hacia un modelo que permita que la mayor parte de gente quepa dentro de él y pueda desarrollar vidas razonables. Para mí lo más realista, desde el punto de vista del bienestar de la mayoría, es que seamos capaces de crear un movimiento fuerte que presione para que podamos cambiar las prioridades en nuestra sociedad y en nuestro sistema económico. Si la prioridad es el crecimiento y crear beneficios, la prioridad no es la gente. El bienestar queda supeditado a que las tasas de la ganancia sean las que se espera obtener. Y cuando no lo son se procede al extractivismo social, a sacar cualquier gota de rentabilidad de cualquier sitio. Quitan las becas del comedor, las ayudas a la dependencia, se produce el fenómeno de los desahucios, etc.

Critica que el crecimiento sea la prioridad. Es un discurso contracorriente. ¿Crecer es negativo?

Cuando hacemos la crítica al crecimiento lo hacemos conscientes de la situación a la que hemos llegado, con el declive de la energía fósil y los minerales como el cobre, el platino o el litio, esenciales para mantener el metabolismo económico que funciona ahora pero también para realizar una transición a un modelo basado en renovables. Para ese tránsito necesitamos construir una gran cantidad de placas solares, infraestructuras diferentes. Y para eso necesitamos los minerales que se están agotando en otros usos que nos parecen irracionales. Criticamos la obsesión de que el crecimiento económico a costa de lo que sea es bueno en sí mismo, positivo en cualquier caso. Si se produjera un incremento de los agregados monetarios porque se está acometiendo un proceso radical de transformación del modelo petrodependiente a otro basado en renovables serían muy bien celebrados. El problema no es que la economía crezca, sino a costa de qué crece. La crítica es al discurso que dice ‘tenemos que hacer que aumente la demanda agregada’. Yo digo que tenemos que hacer que aumente la demanda agregada de aquellos bienes que son socialmente necesarios, que satisfacen las necesidades de la gente y son conscientes de los recursos que quedan y el cambio que hay que hacer.

¿Por ejemplo?

Hablamos de rehabilitación energética de edificios para la reconversión del modelo de construcción, del desarrollo e impulso a un modelo de producción agroecológica que proporcione alimentos que no envenenen ni a la tierra ni a la gente y además genere gran cantidad de puestos de trabajo... Hablamos del desarrollo de un sistema de transporte público que puede generar puestos de trabajo para las personas y que limite y reduzca la necesidad de energía material dentro del metabolismo económico. Hablamos de desarrollar toda una serie de trabajos alrededor de los bienes relacionales, de la economía de cuidados, que ahora mismo son trabajos realizados o de forma invisible dentro de los hogares o por personas que son lo más lumpen de toda la clase obrera. Trabajos desarrollados por personas migrantes que vienen de los mismos lugares que vienen las materias primas que sostienen nuestro modelo económico.

Dice que no existe un contrapoder fuerte, pero los movimientos sociales parecen tener buena salud. ¿Viven su mejor momento?

Absolutamente. En la época del crecimiento económico, en esta fantasía de luz y color que proporcionó el sistema de deudas y permitió crear todas esas infraestructuras que no hacían falta y que ahora no se usan, pero que eran vistas como símbolo de progreso, sí era más pesimista. Cuando de repente estallan todos esos movimientos que permitieron llegar al 15M y lo que vino detrás (las mareas, el 25S, la irrupción de Podemos y el cambio de las opciones electorales y los movimientos de base) fueron un momento de subidón importante. Se está elevando la conciencia de las personas y crece con fuerza la idea de que no es posible delegar la vida política y social sólo a personas expertas. Cuando decía que no existe contrapoder me refiero a que no tiene todavía la fuerza para frenar ese desequilibrio de poder brutal y esa acumulación de poder que tiene el poder económico, a veces en connivencia con el poder político. El contrapoder tiene que incorporar a sectores que no están suficientemente incorporados o que no han realizado una reflexión suficientemente profunda, como es la mayor parte del movimiento sindical. Un sindicalismo con una noción de trabajo resignificada, que no sea sólo el empleo remunerado. Un sindicalismo que mire más allá del mantenimiento de unos puestos concretos de trabajo. Y creo que la opción electoral, la llegada a lo institucional, es parte del camino pero no todo. Que las personas que lleguen a las instituciones con intenciones de hacer cambios radicales, de poner a las personas en el centro, se van a encontrar con muchísimas trabajas y obstáculos de la institución. Va a ser muy necesario que haya mucha gente en la calle exigiendo, pidiendo y defendiendo esos cambios que se quieren hacer, va a ser imprescindible.

¿Existe el riesgo de que, llegado el caso, entre las resistencias internas del sistema y la falta de recursos por la ingente deuda de los municipios no se pueda implementar un cambio tan ambicioso como se quiere?

No se podrá sin conflicto, sin pelearlo. En las candidaturas hay gente muy solvente que conoce las instituciones y las cuentas, y plantean que hay margen de recorrido para efectuar algunas mejoras. El tema de la deuda es un escollo enorme. También hay muchos contratos firmados con letra pequeña que maniatan las opciones de gobierno. Hay que mirar los resquicios que deja la institución, pero también indagar qué posibilidades de creatividad pero incluso de desobediencia institucional existen. Y ahí es clave la organización que haya en la calle. Tener transparencia con la ciudadanía... Ada Colau lo contaba en una charla. Ella es consciente de las dificultades que se pueden encontrar, y hablaba de la transparencia, de compartir con la ciudadanía las dificultades reales que existen como un elemento central para activar la movilización y conseguir esa presión ciudadana para el cambio.

Participación ciudadana directa. ¿Desde dónde, hasta dónde, por qué vías?

Hay que abrir los canales y que no sea una participación meramente estética. Se ha hablado mucho de los presupuestos participativos pero poco de la fiscalidad participada. Una buena parte de la financiación tendrá que venir por la vía de la fiscalidad. Y esta vía culturalmente es muy negativa para muchísima gente. Una cosa es que colectivamente mucha gente quiera tener servicios públicos, y otra es que tengan tan interiorizado lo público como para que quieran contribuir. Suele ser un problema el tema de los impuestos. De hecho en los últimos años todos los reclamos electorales han pasado por la disminución de los impuestos de forma progresiva. Hay mucha gente, que se ha movilizado incluso, que no tiene nada incorporado el tema impositivo. Dar participación en la fiscalidad puede hacer a la ciudadanía más consciente de la importancia de la financiación y cómo participar. También muchos elementos de gestión en los barrios pueden ser participados e incluso gestionados por la ciudadanía. Toda la red de centros ocupados que hay en Madrid muestran claramente cómo la ciudadanía es capaz de hacer una gestión de calidad cultural participada en los barrios. Hay muchos ámbitos: la atención primaria sanitaria, la educación... prácticamente en todos.

¿Qué le parece la nueva Ley de Bases Locales?

No la conozco en profundidad, pero sé que es una ley que le quita poder a los ayuntamientos y centraliza más el foco de poder. Soy partidaria de que se optimice la eficacia de la gestión. Pero me parece que uno de los grandes problemas que hemos tenido a nivel ecológico es que la distancia entre el lugar donde se toman las decisiones y donde vive la gente cada vez se ha hecho más grande. La gestión, cuanto más descentralizada y pegada al territorio, más positiva. Seguir acumulando y centralizando poder en detrimento de lo local va contra los cambios que habría que hacer, que pasan por relocalizar buena parte de la economía, desarrollar mecanismos de vida económicos en los propios territorios, crear circuitos cortos de comercialización... todo esto se impide cuando estableces un tipo de legislación que lo que hace es eliminar competencias a nivel local para colocarlas lejos.

La crisis, estos movimientos sociales vertiginosos, ¿han dejado un poco apartados y descolocados a los movimientos ecologistas?

Un poco sí. Podemos ha sacudido el tablero para todo el mundo. Decían que querían ocupar el centro, otros se querían colocar a la izquierda, y los movimientos sociales de repente se tenían que recolocar porque se quedaban sin tablero. Fruto del ciclo de movilizaciones de repente se produce un cambio vertiginoso, pasamos de la idea de que la ciudadanía tiene que articular el cambio y la importancia de la movilización social a poner el foco en lo electoral con muchísima fuerza. La movilización ha sufrido un retroceso, porque muchas personas han depositado una parte de la ilusión en la llegada a la institución electoral. Los movimientos sociales vemos con interés lo que está pasando, deseamos que terminen bien, pero deseamos también seguir conservando un espacio de independencia. Si finalmente se produjera algún tipo de vuelco electoral, los movimientos sociales van a ser absolutamente necesario para presionar y exigir un rendimiento de cuentas a los supuestamente buenos que van a llegar. Rendir cuentas a alguien es central.

CIUDADES INCLUSIVAS, CIUDADES MÁS VIVIBLES

La perspectiva feminista pone la calidad de vida y el cuidado de las personas en el centro de las políticas municipales y del urbanismo, atendiendo a la diversidad social y a las realidades específicas y cotidianas de las mujeres.

JUNE FERNÁNDEZ

Periodista

Imagine una ciudad pensada para las personas y no para los coches, en la que ir de la oficina a recoger a los hijos al colegio y de ahí a casa no sea una odisea y en la que no haya que coger el vehículo hasta para ir a comprar el pan. En la que el transporte público sea accesible para todas las personas y todos los bolsillos. En la que no dé miedo volver a casa sola. En la que no sude la gota gorda subiendo carritos de la compra y de bebés, sillas de ruedas o bicicletas por escalinatas. En la que los edificios cuenten con espacios comunes pensados para relacionarte con el vecindario más allá de la reunión de escalera o la conversación de ascensor. Así sería una urbe diseñada y gobernada con criterios feministas.

Frente a las políticas desarrollistas, los proyectos megalómanos y, después, las medidas de austeridad, corrientes como la economía feminista, el urbanismo feminista o el ecofeminismo responden con una propuesta integral de organización social y política basada en el principio de la sostenibilidad de la vida; recuerdan que el sistema productivo se sostiene por el trabajo invisible de cuidados que realizan las mujeres. Por tanto, reclaman incorporar la ética de los cuidados a la gestión política, económica y urbanística.

En Gipuzkoa, una plataforma política feminista lleva desde 1995 concurriendo a las elecciones forales y a las municipales de Donostia: Plazandreok. Este año han renovado su imagen y su discurso, incluyendo en primera fila a feministas jóvenes y transgresoras, y hasta han cambiado el nombre: Plaz! Según la candidata a la alcaldesa de Donostia, Josebe Iturrioz, Plaz! demuestra que “es posible realizar una gestión feminista de toda una ciudad”. En su web defienden que “los problemas de la gente no solo pueden entrar en departamentos como Servicios Sociales. Es necesario que todo el Ayuntamiento, todos sus departamentos, patronatos y empresas públicas estén centrados en mejorar la vida de lxs donostiarras”.

El ciudadano universal no existe. Aplicar la perspectiva de género a las políticas públicas se traduce en tener en cuenta las realidades y necesidades de todas las personas. Plaz! lo explica así: “Vivimos en la ficción del sujeto neutral. Las administraciones tratan a la ciudadanía como una masa uniforme y no atienden a su diversidad. Se han centrado en el modelo tradicional de ciudadano: varón adulto, blanco, con poder adquisitivo medio-alto, sano, autóctono, independiente, que se traslada en vehículo privado y elude sus responsabilidades familiares, con lo que se invisibiliza que somos las mujeres las que sostenemos las necesidades más básicas, y las que, mayoritariamente, sin cobrar o ganando muy poco, sacamos adelante lo que se conoce como trabajo doméstico”. Este enfoque reconoce más barreras que las sexistas: también las que limitan las condiciones de vida de las personas por su orientación sexual, por ser mayores, inmigradas o tener una discapacidad física o intelectual.

Las ciudades segregan las zonas de oficinas y comercios de los barrios residenciales, un esquema que reproduce lo que la teoría feminista denomina la división sexual del trabajo, por la que se presume que los hombres trabajan fuera de casa (esfera productiva) y las mujeres asumen las tareas domésticas y de cuidados (trabajo reproductivo), y que “prioriza dos usos que alimentan el sistema capitalista: consumir y producir”, explica Blanca Gutiérrez Valdivia, socióloga especializada en gestión y valoración urbana.

Es una de las integrantes del colectivo Punt6, formado por mujeres dedicadas a repensar la arquitectura urbana para favorecer una vida sin discriminaciones en la que sea más sencillo conciliar entre la actividad productiva, reproductiva y comunitaria: “La ciudad es el soporte físico de nuestro día a día. Poder ir al trabajo a pie y tener una tienda en la que comprar el pan son cosas básicas para mejorar la calidad de vida”, señala Gutiérrez Valdivia. Por ejemplo, frente a un sistema de transportes que toma el horario de oficina como referencia, se trata de reconocer también las necesidades de las personas cuidadoras, jubiladas o autónomas que trabajan en casa. También le preocupa la escasez de baños públicos (que afecta especialmente a mujeres, a personas mayores y cuidadoras), para lo que propone presionar a los bares para que permitan el uso de sus baños a todas las personas, como contraprestación por el uso que hacen de las aceras.

Otra clave es propiciar la creación y habilitación de espacios públicos que favorezcan “la autonomía y la socialización y el apoyo mutuo de las personas”. Gutiérrez Valdivia echa en falta propuestas como la creación de grupos de crianza compartida en centros cívicos o la colectivización de tareas domésticas en las comunidades vecinales. Además, critica “la hipocresía” de que un mismo Ayuntamiento aprueba planes de convivencia e interculturalidad y al mismo tiempo lance ordenanzas cívicas que sancionan los usos del espacio público que se salen de la norma. Por ejemplo, critica que la Guardia Urbana de Barcelona multa a la gente que organiza celebraciones en parques y plazas, un hábito que se ha recuperado de la mano de las comunidades de inmigrantes.

Recuperar los espacios públicos incluye para el urbanismo feminista también actuaciones como revisar cuántas vías y plazas tienen nombres de mujeres, no permitir publicidad sexista en las calles o apostar por el muralismo social.

Tener en cuenta la realidad de las mujeres en las políticas municipales no es un reclamo nuevo. El urbanismo feminista se viene desarrollando desde los años 70 y, en el ámbito institucional, diferentes resoluciones internacionales han llamado también a integrar la perspectiva de género en el diseño y el gobierno de las ciudades. La principal referencia en la UE es la Carta Europea de las Mujeres en la Ciudad (1996), que insta a impulsar la participación de las mujeres en la política municipal para que se tengan en cuenta sus condiciones de vida cotidianas; a atender las condiciones de seguridad y movilidad de las mujeres (haciendo referencia al miedo a sufrir agresiones sexistas); a apostar por la proximidad de los servicios para favorecer la conciliación del trabajo productivo y reproductivo, y a formar en género a los agentes implicados en la planificación urbana.

Carmen Innerarity Grau y Ana Sancho Martínez publican en la revista Investigaciones feministas, de la Universidad Complutense Madrid, un análisis sobre si los planes estratégicos de desarrollo urbano de diferentes ciudades españolas integran estos principios, partiendo de la premisa de que “la igualdad no se logra mediante unas políticas universalistas, sino que pasa por atender las percepciones y necesidades específicas”. Mientras que ciudades como Bilbao o Málaga no se refieren a las necesidades concretas de las mujeres, los planes estratégicos más actuales, los de Jaén y Zaragoza (ambos de 2011), sí que incluyen aspectos interesantes. Mientras que Jaén asume que “hombres y mujeres de Jaén han de compartir espacios públicos y privados, decisiones y recursos” y se compromete a crear más infraestructuras para promover la conciliación (ludotecas, centros de educación infantil mancomunados) y la participación social de las mujeres, la Estrategia Zaragoza 2020 llama a tener en cuenta que la mayoría de usuarias del transporte público y los servicios comunitarios son mujeres.

La capital aragonesa defiende “una ciudad cohesionada, igualitaria e integradora de la diversidad”, que cuenta con “la percepción y las necesidades de mujeres, ancianos, infancia y juventud, personas con discapacidades” y huye del modelo de ciudad dormitorio, apostando por los servicios de proximidad y por la creación de “espacios informales de relación social, en las salidas del colegio, los parques, los mercados”.

La recomendación que menos se recoge en estos planes estratégicos territoriales es la relativa a la seguridad de las mujeres en el espacio público. Algunos municipios, especialmente en el País Vasco, se han preocupado, a iniciativa de las áreas de Igualdad, por la realidad de que el miedo a vivir una agresión sexual limita la libertad de movimiento de las mujeres en las ciudades. Los llamados “mapas de la ciudad prohibida” parten de preguntar a las mujeres cuáles son los “puntos negros” en los que sienten especial miedo o en los que han vivido episodios de acoso machista, para señalarlos y que el Ayuntamiento se comprometa con medidas como mejorar la iluminación.

Blanca Gutiérrez Valdivia aboga por ampliar el concepto de seguridad para incluir realidades como la de “la señora mayor a la que le da miedo cruzar una calle porque el semáforo se pone rojo muy rápido”. En algunas ciudades, los mapas sí que incluyen cuestiones relativas a la accesibilidad. Por ejemplo, cuestionar unas escalinatas por ser escenario potencial de agresiones sexuales, pero también por representar una barrera arquitectónica para personas con discapacidad y cuidadoras.

Cuando son técnicos los que piensan la ciudad en despachos, ocurren cosas como que un puente encargado a un arquitecto famoso resulta terrorífico para los peatones, especialmente para las personas mayores y con discapacidad física, ya que no se han previsto materiales para que el suelo no resbale cuando se moja. Por eso, las urbanistas de Punt6 reclaman equipos multidisciplinares en los que participen profesionales del ámbito social y también contar con la participación del vecindario en todo el proceso (diseño, gestión y evaluación), frente a la tendencia de que el “experto iluminado” decida, sin pisar el terreno, qué nuevas infraestructuras necesita la ciudad.

La transversalidad –o mainstreaming– es un concepto clave en las políticas públicas de igualdad y que plantea algo aparentemente obvio: que la perspectiva de género ha de integrarse en todas las políticas públicas de todos los departamentos, desde Vivienda a Deportes. Las expertas en políticas de igualdad alertan de que esto no se está cumpliendo y que, más aún, el principio de transversalidad se está utilizando de forma perversa para justificar la eliminación de recursos dirigidos a velar por los derechos de las mujeres; fue el argumento bajo el que el Gobierno de Núñez Feijóo anunció en 2010 la eliminación del Servizio Galego de Igualdade.

Anabel Sanz y Begoña Zugadi, técnicas de Igualdad en distintos municipios de Bizkaia e integrantes del colectivo feminista Feministalde, se declaran decepcionadas con las promesas de transversalidad. “Implica convertir Igualdad en un área fuerte dependiente directamente del equipo del gobierno, que alcaldía inste con firmeza al resto de áreas a aplicar las políticas. En la práctica, Igualdad siempre se queda en un área menor, continuamente cuestionada y recortada”, lamenta Sanz.

Así, añade Zugadi, se acaba “poniendo parches” para compensar la escasa atención a la participación de las mujeres en el resto de áreas: “Es alucinante que desde Igualdad tengamos que organizar exhibiciones de deporte rural femenino porque el área de Deportes, que maneja más dinero, solo lo gasta en fútbol masculino”.

Desde la candidatura política Plaz! cuestionan una estructura de departamentos “estancos, atomizados sin ninguna coordinación”, que obstaculiza promover políticas transversales. Blanca Gutiérrez Valdivia señala que la rigidez institucional frena reclamos como abrir los patios de los colegios por las tardes. Y llama la atención también sobre los “absurdos” que provoca la falta de coordinación entre municipios, como que dos pueblos pequeños tengan cada uno su campo de fútbol enorme y que en ninguno haya biblioteca o centro social.

Al mismo tiempo que el mainstreaming queda reducido a pura retórica, desde 2010 se ha producido en el Estado español un desmantelamiento de los recursos públicos dedicados a la promoción de la igualdad. Si bien el pretexto suele ser la austeridad, las comunidades autónomas más afectadas han sido las gobernadas por el Partido Popular. Desde el 2010 el presupuesto de las comunidades autónomas dedicado a la igualdad ha caído de media en un 74,4%

Dado la falta de condiciones políticas favorables para que la transversalidad sea una apuesta real, Sanz y Zugadi consideran fundamental que los municipios cuenten con “un movimiento feminista fuerte que presione a la institución”. Sobre todo cuando las asociaciones vecinales tampoco están volcándose en asuntos como la lucha contra la violencia machista: “El vecindario se mueve para conseguir unas escaleras mecánicas pero no para exigir el cumplimiento de las políticas de igualdad”, reconoce Zugadi.

Una experiencia valiosa para fortalecer el movimiento feminista y de mujeres, iniciada en municipios vascos como Basauri, Ondarroa o Donostia, ha sido la creación de Casas de las Mujeres. Las técnicas cuentan que estos espacios propician la relación entre mujeres diversas (migradas, gitanas, con discapacidad...) y que permiten atender a las víctimas de violencia de género “más allá de la asesoría legal o psicológica”, integrándolas en grupos y actividades que promueven el empoderamiento.

“Se ven acompañadas y reviven”, afirma Sanz. Por todo ello, la mayor parte de los colectivos feministas de Bilbao se han sumado a una plataforma llamada Bilbao Eraikitzen (Construyendo Bilbao), en la que están consensuando un programa que enviarán a los partidos políticos de cara a las elecciones municipales, y en el que la creación de una Casa de las Mujeres es una de las peticiones centrales.

Con todo, las técnicas de igualdad reconocen que queda mucha pedagogía social por hacer, para que vaya calando el mensaje de que “la propuesta feminista de sostenibilidad de la vida es la más solidaria y justa que hay, porque es la que tiene en cuenta a las personas a la hora de planificar la vida, el tiempo y el espacio”.

PRESERVAR Y CREAR COMUNES URBANOS Y MUNICIPALISMO

Frente a la idea de la defensa, la concepción más politizada de los comunes habla de ir más allá contra el sistema neoliberal, de salvaguardar, restaurar y redefinir los derechos y la democracia.

JOAL GUAL

Observatorio Metropolitano de Barcelona / Cooperativa La Borda

No se puede hablar de comunes urbanos dando por descontado su significado. La definición probablemente más conocida es la elaborada por la premio Nobel de Economía Elinor Ostrom en El gobierno de los bienes comunes. Desde su perspectiva, los comunes son comunidades (sujeto) que gestionan un recurso, bien o servicio (objeto) siguiendo sus propias normas (gobernanza). Si bien la autora no se refiere específicamente a comunidades urbanas, su definición resulta extremadamente útil trasladada al ámbito metropolitano. Si se hace así un centro social autogestionado, una cooperativa de consumo o un huerto urbano encajarían perfectamente en el concepto de comunes urbanos.

Aquí nos vamos a desviar de ese planteamiento. Preferimos usar una concepción politizada de comunes urbanos, entendiéndolos provocativamente como procesos de organización por la preservación y creación de derechos, democracia y medio ambiente, que tienen como objetivo político de fondo la aniquilación del neoliberalismo. Resulta muy importante poner énfasis en la palabra preservación, la cual no es sinónimo de defensa. En el significado de preservar está comprendido el doble sentido de salvaguardar, por un lado, y de restaurar o redefinir, por otro. Así, cuando es preservada una reserva del medio ambiente del tipo que sea, por ejemplo un bosque, la intervención humana resulta evidente, pero lo importante es que a través de dicha acción se puede disfrutar de los beneficios ecológicos que provienen de tal preservación, de la redefinición de su uso.

Muchos han sido los movimientos o mareas en defensa de lo público que hemos presenciado en nuestras ciudades. Desde mi punto de vista, el objetivo político de los mismos no es tanto la defensa como la preservación de derechos, por ejemplo la sanidad y la educación. Es decir, no se trata tanto de defender lo público en esencia, tal y como estaba instituido, en un momento de desmantelamiento y privatización. De lo que se trata más bien –y el matiz resulta muy importante– es de garantizar el derecho y mejorar el acceso de todas y todos a través de su reinvención. Podemos afirmar, en otras palabras, que no hay ningún tipo de añoranza o nostalgia por lo perdido, sino un afán colectivo de replantearlo a partir de requisitos indispensables que se elaboran y reelaboran constantemente, sobre todo en un momento como el actual de amenaza y desposesión que cuenta con el disenso y la indignación mayoritarios.

Entonces, dicho todo esto, cabría diferenciar los comunes urbanos –procesos organizativos antagonistas al neoliberalismo ubicados en la ciudad– y las instituciones del común –que serían justamente las prácticas instituyentes de los comunes urbanos: las cooperativas, los centros sociales, los huertos, o las plataformas de resistencia, en otras palabras, aquellas infraestructuras gestionadas comunitariamente para la satisfacción y/o el impulso de las propias demandas y deseos–.

Bajo esta óptica, la movilización por el derecho a la vivienda sería un común urbano con diferentes formas institucionales del común: la PAH, por un lado, como frente de lucha en red contra los desahucios, la estafa hipotecaria y la financiarización del acceso a la vivienda –que se moviliza a través de un repertorio de acciones que van desde el escrache a la reapropiación de vivienda de su Obra Social–, y La Borda, una cooperativa de vivienda en cesión de uso vinculada al proyecto del centro social Can Batlló, cuyo objetivo es el de promover un modelo no especulativo y de propiedad colectiva de la vivienda. Aunque la PAH y La Borda estén formadas por gente distinta y no colaboren en estos momentos, ambas parten de una lectura compartida completamente antineoliberal de la vivienda como “valor de cambio”, y desarrollan prácticas distintas de tipo complementario para alcanzar un sistema en el que la vivienda se defina por “el valor de uso”.

Los comunes urbanos pueden ser pensados también como constelaciones de formas institucionales que no son ni públicas ni privadas. Si miramos el ámbito de la sanidad, encajarían en esta definición la Marea Blanca, los colectivos Yo sí sanidad universal –en contra de la exclusión sanitaria de los migrantes– y las cooperativas de salud que utilizan métodos alternativos. En educación podríamos hablar de las “escoles bressol indignades” (guarderías indignadas de Barcelona), las movilizaciones de l’Assemblea de Docents de Balears, las nuevas cooperativas de crianza compartida –como Babàlia en Barcelona–, el proyecto de autoformación Nociones Comunes y las luchas contra la privatización de la universidad. Pero hemos dicho que además de “preservar” también se trata de crear.

Si viajamos en el tiempo 40 años atrás, al contexto de las ciudades de la España franquista, encontraremos un fuerte movimiento vecinal organizado en ciudades como Madrid, Zaragoza, Bilbao o Barcelona. Este movimiento organizado reclamaba convertir los suburbios en barrios. Esto quiere decir que el sentido de la palabra suburbio (sub-urbe, la urbe de los y las de abajo que no alcanzaba las condiciones vitales dignas y necesarias) se encarnaba de manera literal en el paisaje de la ciudad. El abandono de muchos miles de personas hacinadas en las periferias, los cinturones industriales y los entornos más descuidados se tradujeron justamente en movimientos sociales urbanos –tal y como los llamó Manuel Castells– que reclamaban su derecho a la ciudad.

Tal derecho común, colectivo, produjo el señalamiento de un desarrollo urbano desigual y la exigencia de su transformación con la construcción de escuelas, centros sanitarios, carreteras, vivienda digna, una red de transportes que conectase el centro con las periferias y un gran número de etcéteras de mejora sustancial del bienestar ciudadano. En aquel momento no se trataba tanto de preservar algo que se había conquistado antes, tal y como nos toca afrontar ahora, sino de crear otras condiciones materiales de existencia basadas en derechos, garantías y libertades de nuevo cuño, enmarcadas en la batalla por la democracia.

Seguramente la línea que atraviesa los comunes urbanos de las distintas épocas –unos más de preservación y otros más de creación– es la relación entre crisis urbana y cambio social en las que ambas acciones colectivas e instituyentes tienen lugar. Como muestra, vale la pena visionar Temblor Municipal, un vídeo realizado por Zemos98 que pone en relación comunes urbanos y municipalismo. En él la ciudad nos habla mediante una voz en off mientras un montaje de imágenes concatena el pretérito imperfecto de las luchas por la urbanización de finales de los setenta –del movimiento vecinal–, con el presente de indicativo de las movilizaciones del 15M y de la burbuja estallada. Se trata de un relato de dos crisis urbanas muy distintas –la de la ciudad sin construir, y la de la ciudad hipotecada y sobreconstruida– junto con dos movilizaciones de masas también muy diferentes que la pieza logra acerca a nuestro presente: el de la reclamación del derecho a la ciudad o el de su realización mediante prácticas autónomas.

En ambos casos, las luchas han anticipado un devenir municipalista, una toma de las instituciones que ha sido percibida como una herramienta que permita avanzar, después de constatar el techo de la movilización autónoma, hacia una determinada concepción del derecho a la ciudad. En el pasado fue un derecho a la ciudad antifranquista –con todas las declinaciones de clase y género que ello implicaba– y en el presente, un derecho a la ciudad antineoliberal.

Uno de los mitos que se está derrumbando es el de la eficiencia neoliberal. En las principales ciudades europeas se está procediendo a la remunicipalización de servicios como reversión de una situación de “externalización de servicios” iniciada en los años 80. Así pues, el agua, la electricidad, el transporte público, la gestión de residuos, la limpieza y la vivienda están siendo recuperados obteniendo una mejor gestión, a un coste más barato y manteniendo o incluso ampliando el número de puestos de trabajo. Así pues, Londres disolvió pocos años atrás dos grandes asociaciones público-privadas de transporte urbano mediante cancelación de contrato, y la autoridad municipal se ha hecho cargo de buena parte de la gestión del servicio. París sustituyó en 2010 las compañías privadas que proveían agua a la ciudad logrando ahorrar solamente en el primer año 35 millones de euros, bajando la tarifa de los usuarios en un 8%. En Alemania en 2012 habían vuelto a manos públicas más de cien concesiones de redes de distribución energética y prestación de servicios y se habían construido 44 nuevas instalaciones públicas.

La realidad en el contexto del Estado español resulta a día de hoy exactamente la opuesta a este tipo de voluntad. Hemos visto últimamente innecesarias privatizaciones de servicios municipales –como la flagrante de los aparcamientos económicamente rentables de Barcelona– que demuestran una clara voluntad de dejar todo “atado y bien atado” en el pacto entre élites locales. Yendo un poco más allá, los intentos de cierre de espacios como El Patio Maravillas de Madrid o La Casa Invisible de Málaga, centros sociales ocupados autogestionados que han constituido infraestructuras básicas para la gestación de las propias candidaturas municipales que se presentan como alternativas, supone una declaración de guerra en las campañas del PP.

Todo ello se da en un momento de ascenso de la espiral represiva en el cual hemos presenciado la Operación Pandora, la aprobación de la Ley Mordaza o las criminalizaciones sonadas de la protesta –con penas de cárcel en los casos de Can Vies, en las acciones de Aturem el Parlament o del Hotel Mandarín–. Es decir, la actualización de la clásica política del “enemigo interno” está siendo utilizada para desgastar y tratar de obtener réditos electorales. Sin duda, el efecto democratizador que partió del 15M se encuentra en la base de este giro que pretende desmantelar a través del miedo y la represión cualquier lucha por lo común que se abra paso. Así pues, el revanchismo, alargar al máximo el ciclo inmobiliario caducado con grandes obras y evitar a toda costa la remunicipalización de servicios se encuentran en la base del modelo de ciudad que las por lo menos cien candidaturas municipales ciudadanas tratan de desafiar.

Tal y como se apunta en el planteamiento de las candidaturas Ganemos, Ahora Madrid, los diferentes En Común, las versiones derivadas de Podemos, etc. la estación del (auto)gobierno del municipio es la primera en un itinerario trazado para recuperar la “democracia real”. La confluencia municipal de distintos comunes urbanos tiene en la recuperación de la institución pública una función similar a la de la creación de instituciones del común, pero a escala de ciudad: la satisfacción de necesidades colectivas a partir de la (auto)gestión antineoliberal o lo que es lo mismo, la crítica práctica de una democracia representativa y delegativa que sea sustituida por mecanismos de corresponsabilidad y cogestión, a través de los que se lleve a cabo el principio de “mandar obedeciendo”.

Pero también la reducción de la creciente desigualdad, de la “fractura social”, a través de la distribución de recursos y de acciones de necesaria desobediencia a la austeridad impuesta. Y por último, aunque no menos importante, la reducción del desastre medioambiental que el actual modelo productivo y energético conlleva en términos de una cada vez más insostenible huella ecológica y contaminación urbana.

Democratizar la institución pública local hoy pasa por algo completamente nuevo en nuestra cultura política: hacerla funcionar como parte de un contrapoder urbano. Dicho de otra manera, para hacer efectivo el derecho a la ciudad hoy las candidaturas tendrán que servir de palanca para articular la fórmula del partido-movimiento. Por ejemplo, lograr un objetivo concreto como la municipalización del agua será posible no solamente gracias a la buena voluntad de aquellas que accedan al poder, sino mediante la acción coordinada del afuera y el adentro de los ayuntamientos, por una movilización sostenida y generadora de políticas públicas urbanas a partir de un interés general que se defina de abajo a arriba. Es decir, el ilusionante plano que se puede abrir es efectivamente el del municipalismo en movimiento.

¿POLÍTICAS CULTURALES? SERÍA UNA BUENA IDEA

La Transición enfrentó la cultura popular a la cultura experimental; hoy se empieza a poner en cuestión esa dicotomía.

JARON ROWAN

Investigador cultural y profesor universitario

“Insistir en la idea de cultura estará bien mientras sirva para recordarnos que una cultura es, esencialmente, algo que no se puede planificar de antemano, algo no planificable. Tenemos que asegurar los medios de vida y los medios de una vida en común, pero no podemos saber ni afirmar qué se vivirá a través de esos medios”. Raymond Williams

Si existieran, sería interesante hablar de las políticas culturales municipales en el Estado español. Lamentablemente no existen o, por lo menos, no como un elemento cohesionado, homogéneo y concreto que podamos describir y valorar. Sería un acto de osadía o de ingenuidad intentar establecer un patrón que aunara políticas, prácticas y medidas que tienen lugar en ubicaciones tan dispares con intenciones tan diferentes. Hablar de las políticas culturales que se han ido desarrollando en los diferentes municipios implica pensar en términos de heterogeneidad y de asimetrías notables. Si la diferencia de tamaño o de densidad de población no fueran motivos suficientes, la desigualdad a la hora de acceder a recursos económicos, la diversidad de partidos políticos que los gobiernan o las peculiaridades históricas que los dominan imposibilitan hablar con un mínimo de propiedad de las políticas culturales municipales como un elemento singular. De igual manera, las competencias en materia de cultura de los municipios a veces se ven cruzadas por medidas lanzadas desde diputaciones o planes regionales, complejizando incluso más la evaluación que propongo a continuación.

Los primeros partidos de la democracia se enfrentaron a todo lo anterior, añadiendo una nueva problemática todavía vigente, aunque posiblemente invisibilizada. El franquismo diseñó una engrasada máquina que puso al servicio de la invención de tradiciones y ritos culturales. El capítulo que aún no se ha escrito en el famoso libro de Hobsbawm y Ranger La invención de la tradición nos daría un generoso muestreo de las fiestas patronales, festividades, procesiones, ritos y rituales que se fueron asentando en el Estado español durante un franquismo ávido por construir una identidad nacional católica y conservadora. Muchos de los partidos que entraron a gobernar en ciudades y municipios durante la década de los ochenta eran conscientes de ese hecho pero, como en muchos otros aspectos de la transición, decidieron mirar hacia otro lado. Se dieron por legítimas las expresiones de cultura popular y en una huida hacia delante se consideró que todo se solventaría con un proceso de “modernización cultural”.

De la timidez política nació la gestión cultural, un conjunto de prácticas que resolvían los problemas políticos como si fueran asuntos técnicos. En muchos municipios pequeños y medianos, salvando algunas excepciones, se apostó por la “cultura popular” (categoría abstracta que servía tanto a los intereses de la derecha como de la izquierda) y en las ciudades más grandes se apostaba por los centros de vanguardia o con premisas de “cultura contemporánea”. Esta visión populista está en la base de la falsa dicotomía que se establece entre una cultura experimental y otra de carácter popular, entre vanguardia y tradición, que aún perdura y enturbia ciertos debates.

De esta manera, si evaluamos las diferentes medidas y programas de políticas culturales que se han ido desarrollando a lo largo de los últimos 25 años en el Estado español, comprobamos que, pese a no seguir una dirección unívoca, y sin adscribirlas a un programa ideológico definido, podríamos llegar a clasificarlas o comprenderlas bajo la lógica de cuatro perspectivas diferenciadas pero no excluyentes: la cultura como derecho, la cultura como recurso, la cultura como identidad y la cultura popular.

La primera de estas perspectivas es fácil de identificar, puesto que se inserta en una de las tradiciones de políticas culturales más extendidas e instauradas. Es la visión ilustrada que considera que el acceso a la cultura debería ser un derecho garantizado para la ciudadanía. Recogido tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en el artículo 44 de la Constitución Española, bajo esta perspectiva se han de comprender las políticas de proximidad, la creación de bibliotecas y equipamientos culturales, la promoción de cierta excelencia y en definitiva, la promoción de una visión ligeramente paternalista y patricia pero necesaria de la cultura. Como en todo, en algunos municipios esto se ha hecho mejor o peor (la desigualdad en la distribución de equipamientos es manifiesta), pero seguramente esta perspectiva ha prevalecido en el diseño de los programas culturales de muchos municipios, facilitando que la ciudadanía pueda acceder a eventos, recursos o equipamientos culturales.

Con el auge del neoliberalismo y la burbuja especulativa, otra perspectiva que ha influenciado mucho las políticas culturales municipales ha sido la visión de la cultura como un recurso económico. Este enfoque que, dadas las evidencias, ha perdido muchos apoyos tras la crisis, ha sido el que ha traído y se ha llevado grandes eventos culturales como conciertos, festivales de teatro o de cine a muchas de nuestras localidades.

Ha sido la causante de la espectacularización de la cultura y el detonante de la aparición de los llamados emprendedores culturales, gestores venidos a más que se han lucrado de la expansión y promoción de eventos de carácter cultural financiados normalmente desde las arcas públicas. De estas políticas salieron algunas cosas más interesantes que otras, festivales más longevos que otros y, si bien es verdad que partes del patrimonio se revalorizaron, siempre fue bajo la premisa de que generarían cuantiosos ingresos que, en muchos de los casos, nunca se materializaron.

En una suerte de encrucijada de las dos categorías anteriores nos encontramos la perspectiva identitaria, crucial para entender el desarrollo de estrategias y planes en diferentes municipios. Y podemos situar este enfoque entre los dos primeros porque en los municipios que se encuentran en regiones con una tradición nacionalista más acentuada, el enfoque identitario ha servido para promover cierta identidad nacional, para hacer latente la diferencia y para construir un imaginario simbólico-cultural propio.

De igual manera, y sin entrar en contradicción con lo anterior, la perspectiva identitaria ha servido para ir diseñando una marca al servicio del turismo y de la inversión internacional. Valiéndose de museos como el Guggenheim en Bilbao o el MUSAC en León, de festivales de cine como en Sitges o Málaga, festivales de teatro clásico como el de Mérida o Almagro, festivales de música como en Viveiro o Benicàssim, diferentes ciudades han logrado auparse en la escalera de la visibilidad gracias a su vinculación con un evento cultural. Si bien es verdad que estas actividades no dependen en su totalidad de los gobiernos locales, sí tienen plena incidencia en los programas municipales. Unido a la burbuja inmobiliaria y especulativa, también ha contribuido a la creación de palacios de congresos de escaso uso, la aparición por doquier de grandes museos, centros de arte o auditorios y grandes equipamientos costosos de mantener y de justificar en términos de uso. En definitiva, no podemos entender la alta densidad de calatravas por metro cuadrado sin tener en cuenta esta voluntad de crear una marca-ciudad basándose en elementos culturales.

Por último y, posiblemente, de forma más importante, las políticas culturales que se han creado e implementando a una escala municipal tienen que ver y se basan, a veces en exclusiva, en promover las fiestas patronales y festividades populares. Si tuviéramos acceso a los presupuestos culturales de todos los municipios del Estado veríamos que gran parte de los fondos de los municipios pequeños y medianos se destinan a la promoción de este tipo de eventos. Las tradiciones, viejas y nuevas, han de respetarse, aunque eso implique repetir rituales discriminatorios, tradiciones de tintes o incluso abiertamente racistas o de explícito maltrato animal. Las fiestas mayores, carnavales, verbenas de verano y pasacalles, son elementos tan necesarios como incuestionables a la hora de vertebrar nuestras políticas culturales.

Esta es la coyuntura a la que se enfrentan los partidos de nuevo cuño, más teniendo en cuenta que los más asentados no lo han hecho. Van a tener que enfrentarse a dicotomías muy enraizadas y entumecidas para decidir si aceptan que la cultura popular es algo maleable y cambiante o se limitan a seguir cristalizándola, con todo lo que eso conlleva. Determinar si, como ya pasó durante la transición, es mejor mirar hacia otro lado o enfrentarse de pleno al rumor nacional-católico que recorre de fondo gran parte del imaginario de la cultura popular nacional. No sin paternalismo, la izquierda ha tendido a fetichizar la cultura popular como expresión directa de los anhelos e ideas del pueblo, pero ahora estamos frente a un momento clave para poner en evidencia la hegemonía cultural que camufla la tradición. La dicotomía cultura popular versus cultura experimental debería estar superada, pero no lo está.

Se siguen oponiendo canchas de fútbol a medialabs, centros cívicos a centros de investigación, cómo si la experimentación y la crítica no fueran inherentes a la práctica cultural. Acabar con estas falsas oposiciones es crucial para superar la distribución desigual de recursos y por ende, de oportunidades. Al mismo tiempo, la falta de un marco concreto de políticas para las formas de cultura digital que nos rodean debería suponer una preocupación, sino una responsabilidad a asumir.

En definitiva, el reto de las políticas culturales municipales consiste en existir. En dejar de ser meros instrumentos de gestión y aceptar que la cultura es política. Que la cultura es y puede ser problemática. Que la cultura puede y ha de ser crítica pero también puede ser reaccionaria y retrógrada. Puede ser liberadora pero también racista y discriminatoria. Pero sobre todo, es hora de aceptar que la cultura popular también puede conllevar riesgo y experimentación. Se manifiesta tanto a través del folclore digital como en espacios culturales independientes o proyectos autónomos. Es necesario pensar en cómo se regula y propicia la excelencia crítica desde abajo para no acabar reproduciendo de nuevo una dicotomía que nunca tuvo porqué ser. Si los partidos de la transición pensaron que podían escapar de todos estos problemas con una huida ciega hacia la modernización, ya estamos en condiciones de afirmar que esto no ha funcionado, nunca fuimos modernos. Es por estas razones que ha llegado la hora de ponerse en serio a hacer política cultural.

CUANDO ÉRAMOS RICOS

Desde palacios de congresos a aeropuertos, durante los años de bonanza económica no hubo municipio que no quisiera (y construyera) su propio icono arquitectónico.

DANIEL SÁNCHEZ

Periodista

Durante años, los municipios compitieron por tener el palacio de congresos más bonito, la mejor estación de AVE, aeropuerto o tranvía más moderno, un estadio olímpico o cualquier icono que pusiera el nombre de la ciudad en el mapa. ¿Quién no querría uno? Total, el dinero llovía del cielo. Miles de millones de euros se invirtieron en infraestructuras cuando menos cuestionables. Dinero restado, en ocasiones, de proyectos sociales. Sólo los siete ejemplos de este artículo –escogidos al azar, unos por icónicos y otros por desconocidos– suman más de 1.300 millones de euros. Algunos al menos se utilizan. Otros ni siquiera.

torre del agua. zaragoza. 53 millones.

Se construyó con motivo de la Expo del Agua de 2008. Apenas se utiliza. EFE

aPalau de les artes. valencia. 478 millones.

Su precio se multiplicó desde los 100 millones iniciales. Además, en sólo diez años, se cayó el revestimiento exterior de la obra de Santiago Calatrava. EFE

palacio de buenavista. oviedo. 320 millones.

El complejo, también de Calatrava y que incluye un palacio de congresos, se disparó desde los 80 millones presupuestados. EFE

ciudad de la cultura. Santiago. 400 millones.

Fraga, padre de la obra, la calificó de "un sueño". El sueño está paralizado y sin terminar. Si se completa puede llegar a 600 millones. EFE

ciudad de la justicia. Madrid. 483 millones.

Se ha levantado sólo un edificio de los 14 que tendrá. La Comunidad quiere que lo pague una constructora a cambio de un canon anual. ap

'la peineta'. madrid. 45 millones.

El proyecto de estadio olímpico, nunca terminado, agoniza en desuso desde 1992 a la espera, ahora, de que se traslade el Atlético de Madrid. EFE

aeropuerto de castellón. 220 millones.

El aeropuerto de Fabra suma dos años sin aviones mientras Ryanair se instala. Sólo la escultura de la entrada costó 300.000 euros. EFE

LA NUEVA LEY DE RÉGIMEN LOCAL

REGRESIVA, AUTORITARIA Y ANTISOCIAL

Interpretando (mal) la “racionalización” que impone la UE, el Gobierno resta competencias a los municipios y garantías democráticas a sus ciudadanos.

MARÍA EUGENIA R. PALOP

Profesora de Derechos Humanos, Filosofía del Derecho y Filosofía Política. Universidad Carlos III de Madrid

Con la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local se ha transformado el régimen local que habíamos heredado de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local. Aunque la reforma no ha sido tan traumática como pretendía el gobierno inicialmente, la Ley 2013 introduce cambios sustanciales en el funcionamiento de Ayuntamientos, Diputaciones (o similares) y Comunidades Autónomas (CC AA), amputando garantías democráticas, de representación y participación ciudadana, recortando servicios sociales que se prestaban en los municipios de manera satisfactoria, y, en definitiva, atentando contra el ámbito competencial de las CC AA y contra la autonomía local.

La autonomía local, enunciada de manera muy vaga en el art. 140CE y ahora ninguneada, estaba garantizada con la Ley anterior, en la que se fijaba un campo de acción bastante amplio para los entes locales, distinguiendo entre los servicios que habrían de prestar obligatoriamente en función de su población (arts. 25 y 26) y los que pudieran asumir por delegación del Estado o las CC AA (art. 27). Añadía, además, la posibilidad de que se coordinaran con otras Administraciones para asumir competencias de incidencia local que no estuvieran cubiertas (art. 28).

Ahora, la Ley 2013, obsesionada con las medidas de ahorro que la UE ha impuesto al sur de Europa y con lo que pretende ser la “racionalización” institucional y la “sostenibilidad” financiera, ha puesto patas arriba este escenario, eliminando el principio de “máxima proximidad” (art. 2.1) en pro de la eficiencia y la estabilidad presupuestaria, y estableciendo mecanismos de tutela y control que colocan a los municipios en una situación de dependencia jerárquica, especialmente a los más pequeños. De hecho, la Ley no sólo entiende que es el Estado el que ha de configurar las instituciones locales (en contra de la Comisión Europea), sino que también es el Estado el que ha de fijar sus competencias.

Vaya, que puede decirse que los conatos descentralizadores de la CE no han podido frenar los diferentes procesos de recentralización y verticalismo administrativo que se han alentado con entusiasmo en estos años, profundizados, ciertamente, al calor de la crisis económica y la presión de la troika. De hecho, en este mismo marco puede leerse, sin duda, la vergonzosa reforma del artículo 135 de la Constitución que desactivó las competencias y limitó la financiación de las instancias autonómicas y municipales, a fin de priorizar el pago de la deuda. Y aún así, no sería justo cargar todas las tintas contra Bruselas, porque las directrices europeas solo nos animaban a simplificar nuestras estructuras administrativas pero no nos daban pautas claras y expresas, como tampoco se recogían reformas concretas en el Memorándum de Entendimiento Español (BOE 10/12/2012).

Hemos sido nosotros solitos los que en lugar de reducir y abaratar las estructuras administrativas empoderando y democratizando a los entes locales frente a los provinciales, como han hecho Francia o Italia, hemos optado por masacrar la esfera local, fortalecer a las Diputaciones Provinciales (o similares), que carecen de legitimidad democrática directa (con la excepción del País Vasco), y obviar a las CC AA. Podríamos haber aprovechado para establecer un reparto coordinado de competencias entre nuestras diferentes instancias políticas, asumiendo su interseccionalidad, y considerando los principios de subsidiariedad, cooperación y eficacia, pero lo cierto es que no es eso lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho ha sido, más bien, aprovechar la ocasión para situarnos en cotas de democratización y bienestar anteriores a las de 1985 e incluso a las de 1978.

Así, la Ley 2013 empieza por reducir el ámbito competencial de los municipios, eliminando sus competencias directamente, impidiendo su ampliación por medio de leyes autonómicas o trasladándolas a las Diputaciones Provinciales (o similares).

Para empezar, los municipios tienen atribuidas una serie de competencias propias que no pueden ser ampliadas más que por delegación, bajo control, sujetas a revocación y solo a fin de reducir costes, algo que ha suscitado una resistencia considerable, y no pocos recursos de inconstitucionalidad (art. 25) . Como tales recursos indican, si antes este listado era un mínimo competencial ampliable, ahora es un máximo con el que se cierra el ámbito material en el que los municipios pueden trabajar. De hecho, los Ayuntamientos ya no pueden participar en la gestión de la atención primaria de la salud, ni en la prestación de los servicios sociales, promoción y reinserción social. Un espacio valiosísimo para los ciudadanos que parece haberse perdido para siempre.

Para seguir, en algunas de sus Disposiciones adicionales y transitorias (DA 15ª, DT 1ª y DT 2ª) nuestra Ley pretende que las CC AA recuperen las competencias que delegaron en los entes locales relativas a servicios educativos y sanitarios, así como a prestaciones sociales. Dicho castizamente, “Devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás”, que viene a ser el alumbrado, el asfaltado, la gestión de residuos y alguna cosilla equivalente.

Y para rematar al muerto, se impide cualquier colaboración con otras Administraciones en la prestación de un servicio de incidencia local que pudiera no estar suficientemente cubierto por la Administración competente. Gracias a esta colaboración, durante años los Ayuntamientos han asumido prestaciones que la mayoría de los ciudadanos consideraban esenciales como las guarderías, los centros de mayores, las escuelas de formación de adultos, la promoción del medio ambiente, la asistencia social a ciertos grupos vulnerables, las oficinas de atención a la mujer y a los consumidores, vivienda, dependencia…, aunque no disponían de ninguna dotación presupuestaria para ello. El vaciamiento al que se enfrentan ahora estos mismos Ayuntamientos no puede ser mayor.

Pues bien, de esta quema sin control la Ley solo salva, en alguna medida, a los Ayuntamientos del País Vasco y Navarra (más favorecidos), y, por supuesto, a los que tengan superávit o demuestren que la competencia de que se trate no está siendo desarrollada en su municipio por la Administración competente (art. 7.4). O sea, que allí donde tal superávit no exista, la ciudadanía solo tendrá acceso a estos servicios si las CC AA se animan a prestarlos, algo que, hoy por hoy, sin financiación, sin organización, y sin buena disposición, no parece muy realista. Así que los recortes no se darán solo por acción sino también por omisión.

Finalmente, todo lo anterior se agrava si de lo que hablamos es de municipios de menos de 20.000 habitantes, porque la Ley les obliga a calcular el coste exacto de los servicios prestados, de acuerdo con las directrices del Ministerio de Hacienda, y a coordinarse con la Diputación Provincial (o similar) si el coste efectivo resulta ser superior al que ofrece la Diputación. Es decir, los arts. 116, 26.2 y 36 plantean un control de oportunidad sobre los municipios más pequeños cuya consecuencia es clara. Si el Ayuntamiento en cuestión quiere mantener la prestación, o bien ha de aumentar la presión fiscal para obtener los recursos que necesita, o bien disminuir la calidad del servicio para abaratarlo. Si no puede mantenerlo, y la Diputación (o similar) no se hace cargo, la única solución es eliminarlo o externalizarlo, con lo que el servicio pasará, con toda probabilidad, a manos de esas grandes empresas ajenas al espacio local que funcionan a base de subcontratas.

Por consiguiente, o los servicios no se prestan, o se prestan en una escala provincial, más alejada de las necesidades y el control de su base ciudadana, o caen en las redes de empresas privadas que suelen ofrecerlos a un precio más alto y con menor beneficio para los trabajadores y la comunidad.

Desde luego, en estos municipios vaciados, tutelados y controlados, de poco servirá exigir responsabilidades a los cargos públicos, con lo que las elecciones y el ejercicio del sufragio tendrá en estos casos un impacto mucho menor. Si a esto se añade que, como dijo el Consejo de Estado en su Dictamen sobre el Anteproyecto, a las Diputaciones no se les puede exigir responsabilidad política por una gestión insatisfactoria o inadecuada dado que no están sujetas, en cuanto a su composición, a mecanismos de elección directa, parece claro que quienes viven en pequeños núcleos urbanos serán ciudadanos de segunda clase.

En fin, de esta sutil manera viola nuestra ley la garantía institucional de la autonomía local por la que vela, por ejemplo, la Carta Europea de la Autonomía Local (CEAL), y obvia que las políticas públicas han de gestionarse en el espacio más cercano posible a la gente, dado que esta cercanía garantiza la participación y el control ciudadano (principio de subsidiariedad – art. 4.3 CEAL). Y así de descarada es también la vulneración de nuestros más básicos principios democráticos y de nuestros más elementales derechos políticos.

Todo sea por la sacrosanta sostenibilidad financiera. De hecho, la obsesión por la eficiencia es tal que si el Pleno de un Ayuntamiento no alcanza en una primera votación la mayoría necesaria para aprobar el presupuesto, planes económico-financieros, planes de saneamiento o la entrada de mecanismos extraordinarios de financiación, será el ejecutivo local quien tendrá la competencia (DA 16ª). O sea, que si hablamos de dinero, lo mismo da el pleno que el ejecutivo. Se trata de un pequeño detalle que, sin embargo, el Consejo de Estado ha considerado conflictivo en términos constitucionales (Dictamen 338/2014).

Lo cierto es que estamos frente a una reforma local regresiva y autoritaria, que más que un intento de racionalización parece ser una respuesta desesperada a los procesos soberanistas y descentralizadores que se han iniciado en nuestro país, y que, de aplicarse, dejará sin efecto ese nuevo municipalismo integrador e inclusivo que hoy se fortalece gracias a la movilización espontánea de calles y plazas. Si nuestra democracia representativa era ya bastante pobre y lamentable, resulta descorazonador que se eliminen las estrechas grietas por las que aún podían colarse nuestras propuestas o dinamizarse mínimamente los escasísimos procesos deliberativos de que disponemos. El ámbito local es el único en el que la política puede ser más transversal, más activa y más horizontal; en el que no resulta tan difícil participar y debatir; y en el que priman esos vínculos de proximidad y esa cohesión social que exige la gestión de los bienes comunes. Ese es el espacio inestimable en el que nacen las narrativas comunitarias y se fortalece el discurso de la identidad y el autogobierno; un auténtico peligro, a los ojos de según quién.

En suma, ¿era verdaderamente necesario modificar de esta manera el régimen local? ¿Era una exigencia de la troika que arrasáramos con los municipios? ¿Ha resultado “sostenible” en términos financieros esta apuesta por la eficiencia frente a la democracia? ¿Cuánto puede costarnos el equilibrio presupuestario si hablamos de bienestar ciudadano? ¿Cuánto dinero nos hemos ahorrado violando los derechos políticos y sociales de una buena parte de los españoles? No sé si serán cantidades ridículas pero es evidente que nos van a salir muy caras.

EL KILÓMETRO CERO DE LA DEMOCRACIA

JAVIER GALLEGO

Director del programa de radio Carne Cruda. carnecruda.es

Vivo en una ciudad patrocinada, una ciudad donde una compañía telefónica ha estampado su nombre a la mayor estación de metro y una franquicia internacional de cafeterías acaba de abrir una sucursal en el teatro de la ópera. Vivo en una ciudad donde reforman plazas para convertirlas en inhóspitas planicies sin un árbol que te cobije ni un banco en el que sentarse porque están pensadas para instalar ferias y puntos de venta de empresas como si de un centro comercial se tratara. Vivo en una ciudad en la que apenas se crean sitios para el recreo de los niños ni se ceden inmuebles para centros sociales, pero cada día se vende un rincón del espacio público a una marca privada. Siento que han desahuciado al ciudadano de mi ciudad para dejar paso al cliente.

Por eso es tan urgente que recuperemos el municipio para sus habitantes. Por eso son tan importantes las municipales. Porque sobre todo en las ciudades, aunque también en muchos pueblos, hemos olvidado el sentido de la palabra “municipio”. Proviene del latín, de “munus, muneris”, cargo o deber, y “capere”, tomar o coger. Nótese que no significa dejar o delegar nuestras obligaciones en manos de otros, sino apropiarse de ellas, asumir el mando y ejercer nuestro deber como ciudadanos, que es participar en el gobierno de nuestra ciudad. Basta con volver al origen de las palabras para darnos cuenta de cuánto nos hemos alejado de ellas. Basta con volver al origen de la palabra “municipio” para ver cuán lejos estamos de la democracia.

Ya decía Gerald Brenan en El laberinto español que quienes dieron los derechos constitucionales a los españoles en el XIX se cuidaron para que jamás pudieran ejercerlos. Igualmente los muñidores de la Transición desactivaron los municipalismos y movimientos vecinales para evitar que el pueblo se acercara al poder donde más a mano lo tiene. Cualquier intento de alcanzar la soberanía popular debe partir de ahí. No sólo porque las municipales van a marcar las elecciones generales, también porque es el territorio donde mejor podemos desempeñar nuestros derechos y obligaciones de ciudadano. Hay que participar en la política a la medida de las personas para poder hacer ciudades a nuestra medida.

Seamos originales, volvamos al origen, al kilómetro cero de la democracia. Recuperar la política municipal es el principio para recuperar nuestras ciudades y pueblos, para recuperar la ciudadanía y recuperar la soberanía. Esa (y no la que vende el Gobierno) es la recuperación por la que merece la pena luchar.