Abreu dice que Bermúdez “timará” a los vecinos si deja de tratar las aguas negras de La Laguna y El Rosario
El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Laguna y consejero delegado de Teidagua, Javier Abreu, ha acusado al alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, y a la empresa Emmasa de haber “timado” a los vecinos del área metropolitana si finalmente se deja de depurar las aguas residuales de La Laguna y El Rosario.
Así lo ha manifestado Abreu, según iinformación de Europa Press, después de que José Manuel Bermúdez dijera que no permitirá que La Laguna y El Rosario traten sus aguas residuales en la depuradora de la capital si el Gobierno de Canarias cumple con su amenaza de retirarle la autorización de verter al mar.
“Han timado a los vecinos de Santa Cruz, La Laguna y El Rosario, toda vez que tanto sus propios convecinos como los municipios anteriormente mencionados han pagado por un servicio que luego no se ha prestado según los términos pactados”, señaló Abreu.
Para el también concejal de Aguas, “Bermúdez intenta hacernos partícipes de los errores de su gestión, cuando los laguneros y laguneras hemos cumplido y hemos pagado religiosamente más de 1,2 millones de euros anuales para que se depuren nuestras aguas residuales”.
“¿Qué han hecho con todo ese dinero? ¿En qué se lo han gastado si no ha sido en implementar la capacidad de depuración de sus instalaciones? ¿Por qué nos cobraban si sabían que no podían cumplir con su parte del trato?”, ha cuestionado.
Según Abreu, esto es algo que “tarde o temprano” tendrán que explicar tanto Bermúdez como Emmasa porque “no sólo pueden haber incurrido en un presunto incumplimiento de contrato con La Laguna y El Rosario, también con los propios vecinos de Santa Cruz, a los que se les ha cobrado un canon de depuración que luego no se ha llevado a cabo”, ha subrayado.
Por otro lado, les acusa de haber provocado un “grave daño ecológico” en el ecosistema marino de Santa Cruz y en la salud de los bañistas al verter al mar aguas residuales en una cantidad “20 veces superior” a lo permitido por el Gobierno de Canarias, motivo por el que el ejecutivo ha abierto expediente al ayuntamiento capitalino.
