El Ayuntamiento de Los Realejos debe indemnizar a unos vecinos por las molestias que generó una granja porcina

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ordenado al Ayuntamiento de Los Realejos a indemnizar con 35.000 euros más los intereses de demora correspondientes, a una madre y un hijo por las molestias que generó una granja porcina situada en el barrio de La Ferruja.

La sentencia firme considera probado que la corporación local no demostró ningún interés en cumplir sus propias resoluciones por las que reconocía los perjuicios ocasionados y ordenaba la clausura de las instalaciones. En un principio la indemnización quedó fijada en 70.000 euros, pero finalmente se tuvo en cuenta que aunque la actividad era molesta, en ningún momento hubo riesgo para la salud de los afectados.

Las primeras denuncias se presentaron en el año 2003 y en 2008 se emitió la orden de cierre que nunca se llegó a ejecutar. La corporación local incluso había concedido una licencia para la ampliación de las instalaciones que hubiesen ocupado 400 metros cuadrados, frente a los 100 anteriores. La nueva granja iba a tener capacidad para albergar hasta 240 hembras reproductoras y se habría situado a tan sólo 99 metros del núcleo poblado más cercano.

Finalmente, el ayuntamiento y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) anularon la licencia dado que la finca se encuentra a menos de doscientos metros del barrio de La Ferruja. De esta manera se incumplían las distancias reglamentarias para este tipo de actividades, entre otras irregularidades urbanísticas y de otro tipo.

La sala considera que es “indudable” la existencia de graves perjuicios para los habitantes de la vivienda, una madre y su hijo que sufrieron los efectos inevitablemente derivados de la actividad de la granja porcina. La casa fue construida en 1968 mientras que la fábrica obtuvo la licencia inicial en 1977. Los problemas comenzaron cuando se amplió de forma significativa la actividad.