Santa Cruz gana otro asalto en su intento por recuperar el dinero de Las Teresitas
La entidad Inversiones Las Teresitas (ILT), integrada por los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, ha perdido otro asalto dentro de la guerra abierta con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para anular la compra de los terrenos del frente de playa suscrita en el año 2001. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha fallado en contra del intento de los empresarios de paralizar la anulación del convenio suscrito en el año 1986 entre el Ayuntamiento y la Junta de Compensación de Las Teresitas.
Por medio de este acuerdo, la Corporación presidida por Manuel Hermoso abría la puerta para que los antiguos dueños recuperaran los 64.000 metros cuadrados cedidos al Ayuntamiento en 1968, a cambio de que saldaran una deuda de 66.000 euros. Este suelo fue entregado a la ciudad como compensación por la ejecución de la playa artificial de Las Teresitas pero se permitía su reversión a los propietarios si estos pagaban 300.000 euros. Lo cierto es que nunca se llegó a abonar la totalidad del dinero y por el contrario se generó la mencionada deuda, que en la actualidad sumaría 1,4 millones, sumados los intereses de demora
En 1989, el Ayuntamiento aprobó el proyecto de compensación en el que se fijaban las cargas y beneficios de cada uno de los propietarios y que ratificaba la devolución de este suelo a la Junta, pese al incumplimiento del convenio en cuanto no se saldó la deuda. Por todo ello, los servicios jurídicos municipales hace un año y medio diseñaron una estrategia que pasaría por anular el acuerdo suscrito en 1986, con el fin de que el suelo no pueda ser devuelto a sus propietarios originales.
Los juristas consideran que de esta manera sería posible que el Ayuntamiento pueda inscribir los terrenos como propiedad suya. Todo ello con el fin de dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que en 2007 anuló la compraventa de la playa y que ha originado un cruce de peticiones de indemnizaciones millonarias entre la Corporación local y los empresarios. Precisamente, ILT asumió los derechos y obligaciones de la Junta cuando adquirió los terrenos en 1998.
En 2001 la Corporación compró a los empresarios los 64.000 metros cuadrados que ya eran suyos, lo que supone que se pagaron en aquel entonces 4 millones de más. La sospecha de que esta adquisición se pudo haber realizado con plena conciencia supone otra de las patas en las que se sustenta la acusación contra el exalcalde, Miguel Zerolo y doce personas más en la causa penal conocida como caso Las Teresitas.
Ahora, dentro de la estrategia de los empresarios de recurrir todos y cada uno de los pasos dados por la Corporación local, se decidió también oponerse al acuerdo adoptado en Junta de Gobierno y por la Gerencia de Urbanismo a principios de 2014 para anular el convenio de 1986. El TSJC se niega, sin embargo, a paralizar el procedimiento al considerar que en realidad éste no es recurrible, pese a que el propio Ayuntamiento indujera al error al asegurar lo contrario.
Por lo tanto, se abre la puerta a que la Corporación siga investigando a través de esta vía, lo que tendrá su peso en la causa civil y penal.
Un recurso de apelación emitido hace algunas fechas apunta que se está ante un acto de trámite, al menos hasta que no se concreten los efectos del incumplimiento al que se imputa a los empresarios. “La propia ausencia de procedimiento - informes, audiencia- que denuncia el demandante avalaría precisamente que no estamos en presencia de una resolución definitiva, sino de un acuerdo de incoación de expediente”, se indica en la sentencia.
