Abreu recuerda que la Ley de Memoria Histórica permitió derribar el monumento a Franco en Tenerife
El grupo Socialista del Cabildo de Tenerife recurrirá la querella presentada contra el derribo del monumento levantado en la zona de Las Raíces en honor a Francisco Franco, ya que, según el vicepresidente de la corporación, Aurelio Abreu, la Ley de Memoria Histórica “nos ha permitido eliminar ese trozo de hormigón”.
Para los socialistas, el derribo del monolito cumple con la Ley de la Memoria Histórica, pero cuenta también con el dictamen favorable de la comisión insular de Patrimonio, así como los elaborados por la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna y el Museo de Historia de Tenerife.
Según el consejero de Medio Ambiente del Cabildo tinerfeño, José Antonio Valbuena, el único afán que tiene la querella, presentada por la Fundación Francisco Franco, es la “nostalgia por los tiempos donde la ley de la fuerza imperaba sobre la democracia”, pero añadió que eso, lejos de amedrentarlos, les afianza en sus principios.
Valbuena aseguró que a la Fundación Francisco Franco “le importa un bledo” la Ley de Patrimonio que menciona en su querella, y que está llena de provocaciones, como su presentación el 14 de abril, Día de la República, por parte de quienes “ante el imperio de la democracia solo entienden el tiro en la nuca”.
Desde la presentación de la moción para la retirada del monumento hasta su derribo se han sentido “muy orgullosos”, y admitió que no quedó más remedio que demoler el monolito “con sigilo y rapidez” porque personas afines a la Fundación estaban preparándose para “montar escándalo” e impedir el trabajo de la pala.
La consejera de Patrimonio del Cabildo de Tenerife, Josefa Mora, destacó los “errores” de la querella al “confundir” el expediente de la desafectación del Bien de Interés Cultural con el de la demolición del monolito, que “nada tiene que ver”.
Mora explicó que el monolito “no está protegido por la ley” porque no hay razones “artísticas, arquitectónicas o religioso-artísticas” para considerarlo un bien de interés cultural, como se expone en el artículo 15.1 de la Ley de Memoria Histórica sobre los símbolos y monumentos públicos.
“Hemos sido escrupulosos en la tramitación del expediente de demolición, y en la valoración de la comisión de patrimonio nos hemos limitado a respetar la legislación vigente”, declaró la consejera.
Tanto Mora como Valbuena aseguraron que la denuncia no irá a más porque han sido cuidadosos en la aplicación de la ley, y comentaron que tendrán una reunión con los servicios jurídicos del Cabildo porque en realidad la Fundación se querella contra toda la institución.
“Afortunadamente, hoy tienen la oportunidad de denunciarnos los mismos que nos perseguían y nos privaron de libertad, pero si fuese al revés, estaríamos frente a un pelotón de fusilamiento”, finalizó Abreu.
