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El presidente Clavijo, satisfecho con el aval que la Comisión Europea ha dado a la Ley del Suelo

La Comisión Europea, a través de su área de Medio Ambiente, ha hecho pública su conclusión sobre la denuncia formulada por una plataforma política y ciudadana de Canarias contra las leyes del Suelo y de las Islas Verdes

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El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, responde a la oposición durante la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Nacionalidad

Fernando Clavijo, en el Parlamento de Canarias CRISTÓBAL GARCÍA (EFE)

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se ha mostrado este viernes satisfecho por el aval que la Comisión Europea ha dado, entre otras, a la Ley del Suelo, informó la agencia Europa Press. Clavijo se refería así a que l a Comisión Europea, a través de su área de Medio Ambiente, ha hecho pública su conclusión sobre la denuncia formulada por una plataforma política y ciudadana de Canarias contra las leyes del Suelo y de las Islas Verdes.

La Comisión Europea, según la información adelantada este viernes por La Provincia, entiende que ambas normas no contravienen ninguna ley europea. En cambio, por ahora se mantiene abierta en la Eurocámara la  petición para investigar si la Ley del Suelo que entró en vigor en Canarias en septiembre pasado vulnera o no la legislación comunitaria.

Clavijo dijo sentirse "satisfecho de que en la UE valga un trabajo bien hecho. Se podrá estar más o menos de acuerdo pero, en realidad, es un trabajo riguroso, serio y que lo que busca es propiciar que no se nos sigan yendo inversores porque es imposible sacar un proyecto aquí; además, la ley es tremendamente respetuoso con el medio ambiente y los espacios naturales", apuntilló en declaraciones a los medios antes de participar en una ponencia de la cadena SER.

En esta línea, el presidente canario indicó que se espera que los "miles de millones de proyectos" que actualmente se encuentran "atascados" en el archipiélago generen empleo y crecimiento económico.

Cuestionado si se ha empezado a notar su implantación, Clavijo recordó que se aprobó a principios de septiembre, aunque matizó que "se ha notado un mayor movimiento en ayuntamientos", o por el impacto "directo" que ha tenido en las explotaciones agrícolas y ganaderas, que se encontraban en una situación de alegalidad y que ahora tienen un plazo de dos años para legalizarse.

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