Nerviosismo en Asprocan por la entrada en vigor del pacto comercial UE-Ecuador
El protocolo de adhesión de Ecuador (principal país exportador de banana del mundo y primer vendedor de esa fruta en los Veintiocho) al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Colombia y Perú se firmó en Bruselas, la capital comunitaria, el viernes de la semana pasada, lo que implica que las nuevas ventajas ofrecidas a la banana con origen en aquel país serán de aplicación a partir del 1 de enero de 2017, siempre y cuando ese documento oficial sea ratificado por el Parlamento Europeo, lo que parece que así mismo va a ocurrir.
Tal acuerdo bilateral, como refleja en una nota la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan), “forma parte del proceso de supresión arancelaria iniciado en el año 2010” y funciona, en el caso de los productores comunitarios (con el 55% de la oferta total en Canarias), como auténtica “moneda de cambio porque no llega a considerar el enorme perjuicio que esa decisión supone dada la competencia desleal de las producciones de bananas con origen en terceros países, muy alejadas de los requisitos exigidos por la propia UE a sus productores”, sobre todo localizados en Canarias, aunque también en Madeira y los territorios franceses de ultramar, con dominio de Martinica y Guadalupe (Caribe). Las consecuencias de todos estos procesos de apertura a las importaciones son la pérdida de cuota de mercado en la Unión y la caída de los precios percibidos por los agricultores; en el caso canario, la pérdida de poderío en su único territorio de venta hoy en día: el nacional de Península y Baleares.
El mencionado protocolo de adhesión implica, según ha enunciado la propia Comisión, “la apertura bilateral aunque asimétrica de los mercados por ambas partes (UE y Ecuador), lo que incluye la eliminación de los aranceles para todos los productos industriales y de la pesca, incrementando el acceso al mercado de los productos agrícolas [donde se incluye la banana], aumentando el acceso a los servicios y a la contratación pública, y reduciendo los obstáculos técnicos al comercio”.
Tras esta última firma de carácter comercial que afecta a los intereses plataneros de las islas, Asprocan recuerda que esa “apertura comercial incumple lo pactado con la propia Comisión [por los productores comunitarios], que en 2007 se comprometió [el Ejecutivo comunitario] a mantener el nivel de barreras arancelarias combinado con un complemento de ayudas al sector productor de la UE” según los aranceles entonces establecidos, los que, posteriormente, se han visto constantemente desmantelados, desde el año 2010 en adelante.
Esa apertura a las producciones agrícolas de terceros países genera, siempre según Asprocan, “el incumplimiento de los estándares de protección del medio ambiente, de seguridad alimentaria, y de protección laboral y social que defiende Europa, parámetros que se exigen para las producciones europeas pero que no se requieren ni controlan en el caso de las provenientes de fuera de la UE”. A continuación añade la misma organización patronal en su comunicado: “Si la justificación de esos acuerdos bilaterales es el desarrollo social de esos países, no entendemos por qué no se establecen criterios mínimos de protección social y ambiental, y también de calidad alimentaria, a los productos importados desde terceros países, tal y como se exige a los europeos, cuando se trata igualmente de productos para consumo alimentario en los países de la Unión”.
“Este incumplimiento de los estándares, que abarata los costes de producción en esos países, es especialmente sensible al tratarse de productos de alimentación y consumo”, subraya Asprocan, que siempre ha criticado que con ese tipo de ventajas a lo que viene de fuera de hecho se está permitiendo la competencia desleal y a la vez se consolida un modelo de intercambios que atenta contra los intereses de las producciones comunitarias, entre ellas las de Canarias, en primer lugar según comercialización anual, en el entorno de las 370.000 toneladas por año.
