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La patronal hotelera Ashotel pide al Ejecutivo canario que anule el decreto sobre alquiler vacacional

Tras la sentencia del TSJC que abre esa actividad a los suelos de usos turísticos y mixtos y además permite el alquiler de habitaciones en las viviendas, la entidad que lidera Jorge Marichal pide una nueva norma, ahora sí hecha desde el consenso

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Jorge Marichal (derecha), junto a Carlos Alonso y Alberto Bernabé, del Cabildo, ambos a favor de la actual regulación

Marichal (derecha), junto a Carlos Alonso y Alberto Bernabé, del Cabildo, ambos a favor de la actual regulación

La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) ha alertado este miércoles de que la proliferación del alquiler vacacional en las islas afectará al actual modelo de éxito turístico, "que tan buenos resultados ha tenido para el bienestar de la sociedad canaria". La patronal cree necesario, tras analizar el fallo, que el Gobierno de Canarias anule el actual Decreto 113/2015 y elabore con consenso otra norma autonómica que ponga en orden esta nueva actividad turística.

Ashotel, en un comunicado, ha advertido de los posibles efectos adversos que puede determinar la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), puesto que permite la aplicación de la vivienda vacacional como nuevo producto turístico en las zonas turísticas y mixtas.  La patronal ha defendido la separación de usos en los suelos residencial y turístico, en lo que se ha basado el sistema clásico del turismo que viene desarrollándose en el archipiélago desde hace unas décadas.

El comité ejecutivo de la Ashotel se reunió este miércoles con sus servicios jurídicos para analizar el fallo del TSJC, que declara nulo el apartado de la norma que deja fuera al alquiler vacacional de viviendas ubicadas en las zonas turísticas, como recogía el Decreto 113/2015 del Gobierno de Canarias, y permite el desarrollo de esta actividad en zonas turísticas o urbanizaciones turísticas; también la comercialización de forma individual habitaciones dentro de una misma vivienda.

La patronal hotelera ve con preocupación los efectos que pueden derivarse de esta sentencia, pues no duda de que buena parte de la nueva promoción turística que se cree a partir de ahora pueda orientarse hacia la vivienda vacacional, que exige "muchísimos menos" requisitos de garantía de calidad, excelencia, empleo o seguridad que los exigidos para productos como el hotelero y extrahotelero.

Si la futura promoción turística se dirige hacia la vivienda vacacional, tal circunstancia repercutirá directamente en el volumen de empleo que genera el sector del alojamiento en Canarias, que da trabajo a unas 65.000 personas, destacó Ashotel.

Esos requisitos que se exigen para las viviendas vacacionales no contemplan una regulación del empleo a través de los correspondientes convenios colectivos y de empresas, que, según la patronal, tanta paz social han aportado al colectivo en los últimos 20 años, ya que estas viviendas se comercializan de manera individual y no requieren plantillas de trabajadores.

Ashotel ha considerado que los posibles efectos de esta sentencia van en detrimento de la homogeneidad de los estándares de calidad, de los propios consumidores que pueden recibir prestaciones de diversa categoría en la misma zona turística y, también, de los colectivos de trabajadores y de los departamentos hoteleros claramente definidos y regulados, entre ellos el de las camareras de pisos. A partir de ahora, ha insistido la asociación, no serán necesarias plantillas estables. 

Ashotel ha informado también de que el decreto de alquiler vacacional estaba necesitado de una modificación desde un principio, porque, entre otros aspectos, no contemplaba la responsabilidad subsidiaria de las plataformas de comercialización tipo Air Bnb, Home Away y otras.

Por todo ello, la patronal cree necesario que el Gobierno de Canarias anule el actual Decreto 113/2015 y elabore con consenso otra norma autonómica que ponga en orden esta nueva actividad turística.

"No puede ser lo mismo ni igual que dos unidades de un mismo complejo ofrezcan niveles de calidad y servicios diferentes, o que a un promotor se le exijan prestaciones y requisitos más rigurosos frente a un explotador individual, o que dos turistas reciban servicios y precios distintos en un inmueble", reza la nota.

La patronal hotelera ha considerado que toda esta complicada regulación normativa, en particular la referida a las viviendas que se pueden explotar como producto turístico, no contribuye al desarrollo del principal motor económico de Canarias, que supone más del 30% de su PIB.

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