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El fallo judicial contra el decreto canario de alquiler vacacional se espera en mayo

Hasta ahora se han planteado cinco recursos contenciosos contra esa regulación territorial desde la provincia de Santa Cruz de Tenerife y otros cinco a través de organizaciones de la provincia de Las Palmas

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La futura sentencia, clave en el desenlace de esta lucha de intereses

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El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) es probable que emita el 10 de mayo su fallo sobre los recursos contenciosos presentados contra el decreto autonómico que regula el alquiler vacacional en las islas, según el Colegio de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife.

La organización colegial indica en un comunicado que el anuncio lo realizó Antonio Aznar, profesor de Derecho Civil en la Universidad de La Laguna, durante una mesa redonda sobre esta materia incluida en las IV Jornadas Jurídicas que organizó el Colegio de Administradores de Fincas (CAF) de la citada provincia.

Aznar, autor del informe jurídico que encargó el CAF y que cuestiona varios aspectos del decreto, entre ellos la prohibición de la actividad en zonas turísticas, recordó que el Colegio se personó en  el recurso presentado por la Asociación de Alquiler Vacacional en Canarias (ASCAV).

En total, precisó el jurista, se han planteado hasta la fecha cinco recursos contra la regulación que hace el decreto en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Feditur, dos particulares, la asociación ASCAV y CAF, y la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia) y otros cinco desde organizaciones de la provincia de Las Palmas.

El viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa, participante en la mesa redonda, dijo que, en caso de que se anule el decreto, están obligados a recurrir esta decisión, y señaló que la Comunidad Autónoma ha regulado el alquiler vacacional teniendo en cuenta que la explotación turística, el uso residencial y el turístico del suelo están recogidos en el cuerpo legislativo, a diferencia de otras comunidades autónomas.

De la Rosa admitió que tras dos años de reuniones con todos los agentes implicados no ha habido un acercamiento de posturas, aunque sí "un cierto consenso en que el problema no está en una oferta de calidad, cuidada y responsable"; por ello, se mostró dispuesto a modificar el decreto en ese sentido, si hubiera acuerdo entre las partes.

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