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Empleados del Ayuntamiento emitieron informes contrarios al convenio de urbanización de Las Teresitas

Los dos testigos que han declarado este martes aseguran que iba contra las leyes y además no cumplía los requisitos exigidos

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Miguel Zerolo, a su llegada a la Audiencia Provincial

Miguel Zerolo, a su llegada a la Audiencia Provincial Ramón de la Rocha

Dos antiguos empleados del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife han declarado este martes (20 de septiembre) en el juicio del caso Las Teresitas que emitieron informes negativos a la firma del convenio de urbanización de esos terrenos porque era contrario a las leyes y no cumplía los requisitos exigidos.

La Audiencia de Santa Cruz Tenerife ha escuchado este testimonio por parte de Sebastián Martín, quien fue el secretario delegado de la Gerencia del Ayuntamiento de la capital entre 1997 y 1999, y de la actual diputada nacional del Partido Popular Ana Zurita, que en 1998 era técnico de la Gerencia de Urbanismo.

Martín ocupaba en aquellas fechas un cargo de libre designación, en el que fue sustituido en 1999 por Víctor Reyes, uno de los trece acusados en este juicio por el presunto pelotazo por el que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife adquirió por 53 millones de euros terrenos en la playa de Las Teresitas.

Ana Zurita, tras declarar como testigo

Ana Zurita, tras declarar como testigo Ramón de la Rocha

Este testigo ha explicado al tribunal que los tres informes que realizó en relación al convenio propuesto por la junta de compensación eran desfavorables, porque era contrario a las leyes, y ha reconocido que ignora qué realizaron con él sus superiores.

Según ha explicado Martín, los informes eran negativos, entre otras cuestiones, porque en el convenio no prevalecía el plan general de la ciudad sobre el plan parcial de Las Teresitas. Además, el testigo ha señalado que sabía que había propietarios de terrenos que no se habían adherido porque no había constancia de que se hubiesen producido expropiaciones.

La segunda persona en declarar este martes a propuesta de la Fiscalía ha sido Ana Zurita, quien ha explicado que su informe fue negativo al convenio de urbanización porque faltaba documentación y también porque, según el plan parcial, debían reflejarse qué infraestructuras y aparcamientos se harían, y eso no figuraba.

La arquitecta Ana Zurita propuso que la promotora de la urbanización, Inversiones Las Teresitas, solucionase las deficiencias, y ha añadido que cree que fue la última vez que realizó un informe sobre esta materia.

Además, la actual diputada del PP decía en su informe que parecía inoperante aprobar un convenio de urbanización cuando estaba previsto realizar un concurso de ideas para decidir qué se haría en la zona.

Ana Zurita dejó la Gerencia de Urbanismo en 2000 para pasar a la oficina del plan general, y en 2001 pidió la excedencia para compartir un despacho profesional con la también arquitecta Pía Oramas, de quien era compañera en la Gerencia.

Ella sabía que Pía Oramas había realizado un informe de tasación de los terrenos de la playa de Las Teresitas porque eran compañeras, ha reconocido la ahora diputada.

En su tasación, Oramas defendió que los terrenos tenían un valor de 19 millones de euros, pero el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no tuvo en cuenta su informe y pagó años después por ese suelo 53 millones de euros a los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia, responsables de Inversiones Las Teresitas.

En este juicio están acusado el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (CC), y los entonces portavoces municipales del PSOE, Emilio Fresco, y del PP, José Emilio García Gómez, además de los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, entre otros.

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