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El exgerente de Urbanismo: "El precio de la compra y la forma de pago ya estaban pactados"

José Tomás Martín da la sorpresa y aporta dos borradores que muestran que el valor de la transacción y la manera de abonarlo existían antes de las tasaciones

El entonces concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, "llevaba el proceso en primerísima persona"

Reyes, exsecretario de la Gerencia, señala que no miró qué tasaciones eran más beneficiosas para los vendedores, “pero Manuel Parejo las conocía”

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El exalcalde Miguel Zerolo (centro), en la sesión judicial de este jueves por el caso Las Teresitas

El exalcalde Miguel Zerolo (centro), en la sesión judicial de este jueves por el caso Las Teresitas

Nueva sesión del juicio por el caso Las Teresitas y, con la de este jueves, ya van 26. Acabado el martes el interrogatorio a los “políticos” (Miguel Zerolo, Manuel Parejo y los exportavoces del PP y del PSOE, García Gómez y Emilio Fresco), este jueves comenzaron a declarar los funcionarios que participaron en la compra del frente de la playa de Las Teresitas por parte del Ayuntamiento. Y los dos primeros, José Tomás Martín (exgerente de Urbanismo) y Víctor Reyes (exsecretario de la Gerencia de Urbanismo) han coincidido al señalar a Manuel Parejo como el principal responsable de cómo se llevo a cabo esa operación, que luego supusiera la imputación de los delitos de prevaricación y malversación.

Se esperaba con expectación la declaración de Víctor Reyes, muy nombrado durante toda la vista oral, desde que arrancó el 9 de septiembre, pero ha sido Martín quien dio la sorpresa al aportar dos borradores que dejan claro que el precio para comprar la playa, 8.750 millones de pesetas (52,2 millones de euros), y su forma de pago ya estaban pactados cuando se encargaron las tasaciones externas para negociarlo, según lo que declararon ante el tribunal Miguel Zerolo y  Manuel Parejo los pasados 7 y 8 de noviembre.

Los dos borradores no han sido admitidos como pruebas por parte del presidente del tribunal, el magistrado Joaquín Astor Landete, aunque dijo que serían tenidos en cuenta en relación con la declaración de Martín.

El exgerente de Urbanismo negó haber participado en las negociaciones con los empresarios también encausados, Ignacio González y Antonio Plasencia, beneficiados con esa venta hasta el extremo de que funcionarios de Hacienda la calificaron como “un pelotazo de los de libro”.

Igualmente, respondió a la fiscal que él no tenía capacidad de gestión, que respondía a los requerimientos de Manuel Parejo, concejal responsable de Urbanismo, y de nuevo cargó contra éste al señalar que desde el año 2000, antes de que la compra-venta del frente de la playa se aprobara en pleno municipal, todas las indicaciones desde el Ayuntamiento eran dirigidas a la compra, y no a la expropiación o a la permuta de unos terrenos por otros.

Asimismo, reiteró, como ya lo hizo durante la instrucción judicial, que todas las reuniones que se llevaron a cabo en la Gerencia fueron ordenadas por Parejo, quien “llevaba el proceso en primerísima persona” y “quien ordenó a Pía Oramas (la exarquitecta municipal que valoró los terrenos en un tercio de lo pagado y se convirtió en uno de los pilares de la acusación) su informe.

Sin embargo, y aunque en la Gerencia se debatió sobre si el deslinde era el fijado en 1961 u otro posterior, y pese a que una sentencia del Supremo determinó que era el primero (lo que afecta a parcelas compradas que serían del Estado), lo que defendía Oramas, Martín dijo que no tuvo conocimiento de su informe, ni del segundo informe de la Universidad Carlos III, ni del de la sociedad Pool Gest, ni del anexo b del informe de la Sociedad de Tasación.

“No, no, no los conocía. Ese desgraciado anexo lo he conocido cuando salió en este juicio”, dijo. Y responsabilizó a Parejo de que no estuvieran incluidos en el expediente que se entregó a los concejales para que votaran la compra. Sin embargo, sí supo que Pía Oramas no avalaría el precio pactado, y “así se lo hice saber a Parejo”.

Víctor Reyes: “Parejo daba las órdenes”

Víctor Reyes, exsecretario de la Gerencia Municipal de Urbanismo, no quiso responder a las preguntas de la fiscal. Tampoco de la acusación popular ni del abogado del Ayuntamiento. Ninguno de los acusados ha querido responder a estos últimos hasta ahora. Sin embargo, sostuvo a preguntas de su abogado que “en abril de 2001 me llamó Parejo para decirme que se había adoptado la decisión de elaborar un convenio para la compraventa”, lo que dejaba fuera otras opciones.

Minutos antes, y como en el caso de Manuel Parejo, se leyó por parte de la secretaria judicial la declaración que hizo Reyes ante la magistrada Carla Bellini en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias durante la investigación de esta causa. En ella sostuvo que nunca supo del “trabajo interno” de Pía Oramas, pese a que testigos y acusados han admitido que era vox populi.

“No sé si me lo colocaron en el ordenador, en alguna descarga”. Sin embargo, dijo   entonces que no sabía por qué no formaba parte del expediente, lo que, opinó, debía ser responsabilidad del gerente (Martín) y de Parejo, que a la sazón, como concejal de Urbanismo, era el consejero director del consejo de administración de la Gerencia.

Como Martín, Reyes descargó en Manuel Parejo (fue quien lo contrató) muchos de los motivos que lo han sentado en el banquillo. “Él era quien daba las órdenes”, y señaló que no miró qué tasaciones eran más beneficiosas para los vendedores, “pero Parejo las conocía”. Lo que entendía es que “había un acuerdo de voluntades para solucionar un conflicto de más de 30 años”.

También insistió en esa declaración de 2007 que las parcelas compradas “no eran de dominio público, porque el nuevo deslinde se fijó tras modificar la playa”. Y tampoco vio la posibilidad de compensaciones de aprovechamientos porque “eran muy difíciles”.

A preguntas de su abogado, indicó que todo trabajo que hacía era porque se lo ordenaban y, en concreto, si hizo un informe sobre si cabía o no la expropiación, fue por mandato de Parejo. “No recibí instrucciones para hacerlo, pero lo hice con mucha premura”. Descartó la expropiación por cuestiones legales y por la existencia de un plan parcial vigente que la hacía inviable, añadió.

La sala de sesiones este jueves, en el juicio por la compraventa del frente de la playa santacrucera

La sala de sesiones este jueves, en el juicio por la compraventa del frente de la playa santacrucera

En cuanto al informe para el acuerdo marco de colaboración con los empresarios dueños de las parcelas, “se incoó por orden de Manuel Parejo”. “Fue una orden verbal para que me pusiera en contacto con Epifanio Gómez (jefe de Planeamiento de la Gerencia y persona no acusada) y Fernando Senante (uno de los redactores del Plan General de Santa Cruz de Tenerife)”.

Delegó en el área económica de la Gerencia la incorporación del precio cuando la orden ya era de redactar un convenio para la compra. “La compra fue una decisión política”, añadió. Y asimismo dijo que “tenía conocimiento de los estudios de la Universidad Carlos III (sobre la valoración de los terrenos). Pregunté si debían ser incorporados, pero Parejo me dijo que no, que no eran tasaciones sino estudios sobre posibilidades.

De la misma forma, fue Parejo quien le dijo que las tasaciones ya estaban incorporadas al expediente y, según sus conocimientos como jurista, “la tasación que se acercaba más al precio pactado con los empresarios era la de Tinsa, aportada por CajaCanarias.

Nuevamente, salió Manuel Parejo a relucir cuando su abogado le preguntó por la información que le había proporcionado acerca de las tasaciones al exportavoz socialista Emilio Fresco en una reunión en la Gerencia.

“Expliqué que estaban la de Sotasa, la de Tinsa y la de la Universidad Politécnica de Barcelona (elaborada a petición de los empresarios). Pero no estaban los demás estudios ni el de Pía Oramas. Yo le había preguntado a Parejo por eso, pero me dijo que él ya haría mención si era necesario. Eso me dijo. Y no los nombró”.

El enfado de Miguel Zerolo con la prensa

Miguel Zerolo se levantó de su silla en medio de la lectura de la declaración que Víctor Reyes hizo durante la fase de investigación judicial y se dirigió al magistrado Astor Landete.

“Llevo 29 días aquí sentado y escucho constantemente comentarios detrás de mí y, de verdad, soy muy respetuoso con la libertad de expresión, pero escucho constantemente chascarrillos y no tengo manera de atender al juicio. Se lo pido por favor... No me gustan los chascarrillos ni los tuits . Y cada vez me pongo más nervioso y no sé... Tendre que pedirle a mi médico que me recete un Tranquimazin”.

Quienes nos sentamos detrás del exalcalde somos los periodistas.

Astor Landete comentó que desde su posición no podía ver ni escuchar esos comentarios, “pero me he fijado que cada vez se inclina más para poder escuchar”.

Por ello, dio poder a los auxilios judiciales a que, en adelante, expulsen de la sala de vistas a quien haga comentarios o hable. “Las opiniones, antes de entrar al juicio o después”, ordenó. Sobre los tuits no dijo nada, quizás porque un tuit no se lee si no se inicia sesión en Twitter.

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