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Unidos Se Puede estudia personarse en el caso del trabajador municipal que cobraba su sueldo estando en la cárcel

La concejala en el Ayuntamiento de La Laguna Idaira Afonso informa de que la Fiscalía ha abierto "diligencias de prueba y ha llamado a declarar, entre otros, a Javier Abreu, Mónica Martín y José Alberto Díaz, alcalde de la Corporación"

Todo apunta a que dos familiares, padre y hermana, se valieron de sus puestos en el Ayuntamiento para encubrir la privación de libertad y simular que el encarcelado estaba de baja por enfermedad, lo que le permitió cobrar

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Sede principal del Ayuntamiento lagunero, junto a la plaza del Adelantado

Sede principal del Ayuntamiento lagunero, junto a la plaza del Adelantado

La edil de Unidos Se Puede en La Laguna Idaira Afonso registró para el pleno de mayo pasado una pregunta sobre si el área de Recursos Humanos en el Ayuntamiento conocía en qué punto se encontraba una denuncia presentada a finales de 2015 en la que se ponía en conocimiento de la Fiscalía la posibilidad de que un trabajador municipal, ingresado en prisión desde 2013, estuviese percibiendo un sueldo del Consistorio local.

Pese a que ha transcurrido más de un mes, Afonso dijo este viernes que “hasta la fecha no se ha respondido dicha cuestión, pero este jueves conocimos la noticia de que la Fiscalía abría diligencias de prueba y llamaba a declarar, entre otros, a Javier Abreu, Mónica Martín y a José Alberto Díaz, alcalde de la Corporación”.

Según el auto del oficio, hay toda una serie de circunstancias “preocupantes”, según la representante de Unidos Se Puede, porque “se desprende del documento que dos familiares se valieron de sus puestos dentro del Ayuntamiento de La Laguna para encubrir la situación de privación de libertad y simular que esa persona estaba de baja por enfermedad, cobrando retribuciones, pagas extraordinarias e incluso de especial rendimiento y dedicación, unos 75.000 euros”, comenta Afonso.

No se explica cómo la situación de incapacidad temporal se pudo mantener por un tiempo tan prolongado, más si la persona supuestamente enferma permanecía recluida y con acceso a los servicios médicos de la prisión. “L a Fiscalía sospecha que todo fue orquestado entre el denunciado, su padre (encargado general del Ayuntamiento) y su hermana (trabajadora municipal con responsabilidad en el área de Recursos Humanos) para ocultar tal circunstancia al Consistorio, pero a nadie se le escapa que son personas muy conocidas, por lo que resulta sorprendente que ningún responsable político supiera nada”.

La Justicia aclarará si ha habido delito de estafa y falsedad continuada de documento oficial. Por nuestra parte, los servicios jurídicos están estudiando todas las circunstancias que dieran lugar a actuaciones legítimas y necesarias", concluye la concejala de la oposición Idaira Afonso.

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