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El alcalde de La Laguna minimiza la función del interventor para justificar la prórroga de contratos vencidos

Unidos Se Puede y XTF-NC exigen explicaciones a José Alberto Díaz por las autorizaciones otorgadas en 2015 y 2016 para renovar contratos extinguidos saltándose los reparos del funcionario con habilitación nacional

"Las decisiones que tienen consecuencias económicas para la Hacienda Pública hay que hacerlas respetando las reglas. Y lo demás son vainas", dice Santiago Pérez, portavoz de Por Tenerife-Nueva Canarias

"Si alguna empresa descubre estas situaciones, podría denunciar", advierte Rubens Ascanio, concejal de Unidos Se Puede

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José Alberto Díaz, alcalde de La Laguna

José Alberto Díaz, alcalde de La Laguna

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (CC), minimizó este jueves el papel que la ley reserva a los interventores municipales, funcionarios con habilitación nacional que fiscalizan la legalidad de las actuaciones con repercusión económica sobre las arcas públicas de los ayuntamientos, para tratar de justificar que, entre los ejercicios 2015 y 2016, la corporación que rige autorizara la continuidad de contratos extinguidos por valor de 18 millones de euros.

En el pleno celebrado este jueves por la tarde, Díaz restó importancia a los reiterados reparos planteados por el interventor contra esa práctica habitual en el Consistorio lagunero, institucionalizada en la época de Fernando Clavijo como alcalde, y equiparó el valor de los informes del habilitado nacional con el de otros funcionarios de área que han avalado la prórroga de esos contratos en contra de sus propias cláusulas y de la Ley de Contratos del Sector Público. El alcalde coincide así con los argumentos esgrimidos por su predecesor en el cargo, que en unas declaraciones en Radio Nacional de España manifestó que los interventores no eran "garantes de la legalidad de los contratos".

Díaz compareció en la sesión de este jueves a propuesta de Rubens Ascanio, portavoz de Unidos Se Puede, que le preguntó por los motivos de esos repetidos levantamientos de los reparos del interventor, por las medidas a adoptar para "acabar con la superación del máximo legal previsto para el desarrollo del contrato" y por las razones por las que no se convocaron concursos públicos para renovar esas adjudicaciones cuando, en algunos casos, "ya se había sobrepasado ampliamente la fecha tope de prórrogas acumulables".

Como informó Canarias Ahora el pasado miércoles, algunas empresas adjudicatarias del Ayuntamiento de La Laguna operan con el mismo contrato hasta tres años después de que haya finalizado el plazo máximo fijado en los pliegos, prórrogas incluidas.  

Un visiblemente irritado Díaz, como se encargó de hacerle notar Ascanio tras su primera interpelación, expuso en sus dos intervenciones tres motivos para defender su postura y la de su predecesor en relación a la prórroga de contratos vencidos. El alcalde lagunero aludió, en primer lugar, a las dudas que generó la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, aprobada en 2014 por el Gobierno de Mariano Rajoy, sobre qué administraciones debían asumir las competencias sobre los servicios sociales, si la estatal, las autonómicas o las municipales. Díaz sugirió que esta incertidumbre retrasó la convocatoria de los concursos, la mayoría de ellos de áreas sociales.

Por otro lado, defendió que, en contra de los reparos del interventor, las autorizaciones de continuidad contaban con otros informes favorables de funcionarios "de alto nivel" que han ganado su plaza "por concurso oposición" y que a estos técnicos municipales les da "credibilidad". Junto a esas dos razones, el regidor se escudó en el interés público para mantener servicios "esenciales, básicos"  y para no "dejar de atender diariamente, por ejemplo, a mil personas que necesitan que alguien vaya a comprarles para comer o que vayan para lavarles", en relación al servicio de ayuda a domicilio adjudicado a la empresa Servisar en 2008, que se mantiene en vigor a pesar de que el contrato se extinguió, con las prórrogas previstas incluidas, en 2015.

Santiago Pérez, concejal de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC), pidió el turno de palabra para recordarle al alcalde que sólo al interventor le corresponde la función de control previo de legalidad sobre actuaciones que tienen repercusión sobre la Hacienda municipal y no a los funcionarios que firmaron los informes en los que se ampara Díaz para justificar las autorizaciones de continuidad. Además remarcó que varios de esos informes ni siquiera están rubricados por los técnicos, sino por concejales de área que no tienen competencia para ello, como reflejó en numerosos informes el interventor municipal.

Pérez recordó que se trata de contratos de un "indudable monto económico" y que, más allá del servicio de ayuda a domicilio que mentó el alcalde, el resto no tenía "un objeto tan perentorio desde el punto de vista social". "Me estoy refiriendo a contratos que tienen que ver con el mantenimiento de instalaciones, con la limpieza de instalaciones, con el mantenimiento de los jardines del municipio (...) La perentoriedad social no es tan grande, la dificultad para tramitarlos (los concursos públicos) tampoco, situaciones de incertitumbre juríídica al repecto no había, pero se autoriza, al margen del contrato, que esas empresas sigan prestando el servicio en condiciones económicas que la propia Intervención ha dicho que no están acreditadas. Y todo ello, vulnerando el derecho de los empresarios a participar en un concurso público a partir de la presentación de los ofertas", añadió el concejal.

El también profesor de Derecho Constitucional recordó que los reparos del interventor no aluden a cuestiones de "mejor o pero gestión" o de "oportunidad", sino a la legalidad de las actuaciones y rechazó el argumento del alcalde de que esos contratos se prorrogaban por razones de necesidad, puesto que la licitación de los procedimientos era "relativamente sencilla". "Las decisiones que tienen consecuencias económicas para la Hacienda Pública hay que hacerlas respetando las reglas. Y lo demás son vainas", concluyó Pérez, que reiteró que llevará toda la información sobre estas irregularidades a los juzgados, ya que considera que son "contrarias al Código Penal".

Por su parte, Rubens Ascanio insistió en que el objetivo de su grupo no es que "se cierren los servicios públicos", sino que "se respete la legalidad". "Nos preocupa que se esté haciendo prórroga tras prórroga saltándose la legalidad y generando unos efectos que no sabemos hasta qué punto pueden tener perjuicios para nuestro Ayuntamiento. Si alguna empresa descubre estas situaciones, podría denunciar", manifestó el portavoz de Unidos Se Puede, que reclamó más "voluntad"para solventar los problemas y más "autocrítica" al gobierno municipal.

En su última intervención sobre este punto, José Alberto Díaz aseguró que el Ayuntamiento ya ha convocado los concursos para adjudicar 11 de los 12 servicios afectados por estas autorizaciones de continuidad al margen de los contratos y de la legislación.

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