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Los promotores de una urbanización del sur de Tenerife, entre los mayores morosos del país

Hacienda reclama 1,4 millones a Tenerife Development Company SL por el impago del Impuesto de Sociedades

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Urbanización Las Adelfas.

Urbanización Las Adelfas

Una serie continuada de sentencias vienen desde hace años ratificando que la empresa Tenerife Development Company ha incurrido en fraude fiscal. Ahora el Ministerio de Hacienda lo vuelve a confirmar al reclamarle a esta compañía 1,4 millones de euros en concepto del impuesto de sociedades e incluirla en el listado de los mayores morosos del país, una lista que se ha hecho pública hace unos días.

La promotora es la responsable de la construcción de la urbanización Las Adelfas, situada en el municipio de San Miguel de Abona, en el Sur de Tenerife. Los inversores no declararon a Hacienda el Impuesto de Sociedades tras la venta de 82 bungalows en los años 1995, 96 y 97. El principal inversor reside fuera de España y su abogado ha sido condenado a pagar un millón de euros, que se suma al millón setecientos mil con el que fue sancionado en 2010.

La sociedad se creó a finales del año 1994 siendo sus promotores F. J. Q. P. y el ciudadano irlandés F. F., a quien representaba el abogado L. T. P. La entidad se puso en marcha con un capital de apenas 6.000 euros, de los cuales F. F. acaparó el 99% y F. J. Q. P. el 1% restante . El objeto social era la construcción para su venta de un complejo residencial denominado Las Adelfas, compuesto por 82 bungalows, 5 locales comerciales y aparcamientos, que fueron vendidos en su totalidad entre los años 1995 y 1997. Los tribunales consideran probado que la entidad incurrió en fraude fiscal al no presentar en ninguno de estos ejercicios las autoliquidaciones por el Impuesto de Sociedades.

Los promotores llegaron a invertir 4 millones de euros de los que casi la mitad se empleó en la compra del solar y el resto en las edificaciones por cuya venta obtuvieron en 1995 un total de 651.000 euros, 5,1 millones en 1996 y 1,7 millones en 1997. Todo ello supuso que se dejaron de abonar a las arcas públicas 1,2 millones de euros en concepto de Impuesto de Sociedades.

Los tribunales consideran probado que, aunque L. T. P. no era socio de la entidad en el momento de cometerse las infracciones tributarias, sí ostentaba la representación del inversor de nacionalidad irlandesa con domicilio fuera de España y que participó de forma activa en todos los actos encaminados a eludir el pago de las obligaciones tributarias. En el caso de F. J. Q. P. en 2003 se le absolvió de una causa penal en la que estaba incurso, pero todavía los tribunales están debatiendo sobre la reclamación del pago de otros 1,7 millones de euros por fraude fiscal.

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