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Santa Cruz “tampoco” tendrá dinero suficiente este año para la PCI

La concejala de socialista, responsable del área municipal de Atención Social, también ha discrepado sobre la medida defendida por el alcalde, socio de gobierno, para facilitar el acceso al agua a un grupo de okupas

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La concejal de Atención Social de Santa Cruz de Tenerife, Alicia Álvarez.

La concejal de Atención Social de Santa Cruz de Tenerife, Alicia Álvarez.

La concejal de Atención Social de Santa Cruz, Alicia Álvarez, ha manifestado que, a pesar de la reciente aprobación por parte del Parlamento canario de la modificación de la Ley que regula la Prestación Canaria de Inserción (PCI), que, entre otras novedades, agiliza la tramitación de los expedientes al reducir de seis a dos meses el plazo para la resolución de las ayudas destinadas a familias en exclusión social o en riesgo de padecerla, la ciudad, de nuevo, “este año no tendrá dinero suficiente”.

La edil socialista, que realizó estas declaraciones en el programa Al cabo de la mañana de Onda CIT, destacó que, por mucho que mejore la ley, en cuanto a acortar los plazos de entrega de las ayudas, le preocupa, “y mucho, que seguimos sin dotarla presupuestariamente como se debía.

Las estimaciones quedan bastante lejos de lo que se aportó este año por el Gobierno canario”. Lo importante es el dinero, remarcó, pues anunció que “estamos en el mismo momento que el año pasado, en el sentido de que se acaben las cuantías antes de tiempo”.

Explicó que hasta ahora, el ayuntamiento cumplía con los plazos, pero dijo que el problema “está en la cantidad que se destina”. Al respecto, añadió que, a pesar de que este año se aportó mayor cantidad, en sus cálculos, para este año, y teniendo en cuenta el número de solicitudes que baraja su área, “las cantidades son del todo insuficientes para todo el ejercicio”.

Puso como ejemplo que en 2014, donde se acabaron las cuantías en el mes de julio, hasta diciembre habían reconocidas para abonar 600 solicitudes sin pagar, que se abonaron en enero. “Ese dinero de esos atrasos va a descontar de las nuevas solicitudes de este año, porque la cantidad de dinero es insuficiente”.

Hay 800 familias en la actualidad cobrando esta ayuda, apuntó Álvarez, quien advirtió que se registrarán muchas más, “pero me preocupa hasta dónde llegaremos este año, cuando en el pasado ejercicio solo alcanzamos hasta julio y eso hay que evitarlo”

Por otra parte, y con relación a la reciente decisión adoptada por el consistorio, de otorgar un contrato temporal que ha posibilitado facilitar el acceso al agua a 10 familias okupas del edificio Alejandro, en el barrio de Nuevo Obrero, en Ofra, y en el que esta semana también se le ha conectado al alcantarillado, señaló que “este no es un ejemplo aplicable a otras situaciones similares en la ciudad”.

Así, ratificó que “ningún modelo que no esté normalizado, es un buen modelo”, pues a su juicio, “cada caso hay que verlo de manera individualizada”.

La responsable del IMAS indicó que el caso de este edificio “es singular y así se ha tratado”. Pero, matizó que, “como este caso, también hay muchas realidades singulares y muy complejas en Santa Cruz”. Al respecto, la responsable del área social de la ciudad comentó que, en todo caso, “para facilitar el acceso al agua a una familia, lo primero que hay que hacer es facilitárselo a una vivienda, y es lo que hay que procurar desde un primer momento”.

Con un claro criterio diferente a la postura que ha defendido el alcalde, respecto a este asunto en particular, opinó que “esta no es la vía adecuada. Normalizar este tipo de situaciones no lo es. En casos puntuales hay que recurrir a situaciones excepcionales, porque lo que importa son las personas”.

Además, la concejal socialista puntualizó que este contrato provisional “no se va a convertir en un ejemplo para actuar en casos similares”, pues dijo que “no se ha intentado que se entienda como una generalidad, pues lo que se trata es de buscar otras alternativas”.

Afirmó que el criterio vigente es que las personas acaben estando en una situación normalizada y,“estar de okupano lo es”. En este sentido, explicó que siempre en estos casos “se busca primero un acuerdo con los propietarios o inmobiliarias para establecer un alquiler social, adaptado a sus rentas o acercarlos a los recursos existentes”.

Añadió que el mensaje para estas personas “es que estamos para ayudarles a que vivan de forma estable y tranquila, propiciando que los propietarios de las viviendas las pongan en alquiler y que acorten la rentas a la situación actual, además de seguir en estos supuestos favoreciendo el acceso a las ayudas de este tipo que se prestan a unas 800 personas, mediante un apoyo económico de 2.400 euros que aporta el IMAS para estos supuestos”.

 

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