UPyD exige la retirada de la ITE y pide a CC y PSOE que no hagan “electoralismo”

El candidato de UPyD a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife Miguel Ángel González Suárez.

Tenerife Ahora

Santa Cruz de Tenerife —

UPyD reclama la inmediata retirada de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) en Santa Cruz, pues asegura que “tras la medida electoralista” del concejal de Urbanismo, el socialista José Ángel Martín, de establecer un nuevo aplazamiento para incorporar modificaciones, “lo que tendría que hacer el socio de gobierno de CC es, reconocer, una vez más, que se han equivocado; volver a pedir disculpas a los ciudadanos y, dejar la inspección para mejores tiempos”.

El candidato de UPyD a la Alcaldía de la capital en las próximas elecciones de mayo, Miguel Ángel González Suárez, manifestó que la ITE no ha sido más que “un pretexto recaudador; un instrumento de control de los vecinos que, cuando el concejal de Urbanismo ha visto la reacción popular de rechazo, como buen populista, se ha apresurado a retirar”.

González calificó al también primer teniente de alcalde de “electoralista”, pues señaló que “primero impone unas normas que lo único que hacen es perjudicar a las familias y, cuando vé que la gente se le echa encima, se apresura retirar su entrada en vigor hasta después de las elecciones, alegando que lo hace con la intención de modificar el texto con las aportaciones vecinales”.

En este sentido, el candidato de UPyD asevera que “Martín parece que se olvida de incorporar a esa modificación el rechazo generalizado a la medida, porque rechaza hablar de las tasas y de que aún no ha sido capaz de explicar de manera clara cuáles son las subvenciones y ayudas que ha prometido, y que no aparecen ni en los presupuestos ni en los acuerdos con otras administraciones”.

Por ello, le exige al concejal de Urbanismo, y al alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), como primer responsable de las decisiones que se toman en la ciudad, que “retiren esta nueva norma, y que de esta manera le eviten el mal trago a muchas familias de la ciudad que tienen muchos problemas económicos y que, con apenas 400 euros al mes de ingresos o en situación de desempleo, no pueden hacer frente al abono de los requisitos que se exigen en la ordenanza o las posibles obras que deban afrontar”. Al respecto, dijo que “resulta ridículo que Martín se haya escudado en 100.000 euros para hacer frente a las ayudas, cuando esa cifra no es suficiente para el volumen de actuaciones que se derivarían de las inspecciones y, por supuesto, no aparece por ningún lado.

El concejal está aún a tiempo –añadió- de ahorrarle a los chicharreros muchos disgustos, como así han optado otros municipios, que han decidido dejar su ITE para mejores tiempos o la han adaptado para que no sea tan dolosa para sus ciudadanos, suprimiendo algunas tasas que en Santa Cruz sí que se pretende cobrar“.

A su vez, entiende que una inspección de los edificios de una ciudad, sobre todo cuando ya ha pasado un tiempo determinado desde su construcción, “es necesaria e imprescindible por motivos de seguridad”, aunque precisa que “una norma de estas características no se puede improvisar como se viene haciendo en Santa Cruz y sin tener en cuenta las singularidades de sus cinco distritos, con realidades muy diferentes de sus vecinos, de su geografía y formas de vivir, con las que han implantado el sistema del miedo y la persecución de cara a las inspecciones”.

Por todo ello, el candidato de UPyD le exige a los miembros del pacto de Gobierno en Santa Cruz que “pidan una vez más disculpas a los ciudadanos por su falta de seriedad y sensibilidad, y que se dejen de jugar con ellos por intereses electorales y que afronten la única postura posible en una ciudad que no han sabido sacar de la apatía y que aún ronda una tasa de paro del 30% y, que no es otra que, dejar si aplicación la ITE hasta que la situación de los ciudadanos lo permita”.

Por último,señaló que “no se puede improvisar con algo tan serio y en lo que no se distingue ni la zona de residencia y su idiosincrasia o el poder adquisitivo de las personas. Esta ordenanza es, a todas luces, un ejemplo de desigualdad e improvisación, que ha encontrado una respuesta social de rechazo que está justo a la altura de la mayor chapuza de los últimos años llevada a cabo en un consistorio que no piensa en las personas, sino en su rédito político”.

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