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Los servicios jurídicos advierten a Bermúdez de que incurrirá en desacato si no derriba la totalidad del Mamotreto

Los grupos de la oposición, excepto Ciudadanos, se unen para exigir a CC-PP que proceda a la demolición del edificio situado al inicio de la playa de Las Teresitas

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Rueda de prensa de los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a excepción de Ciudadanos

Rueda de prensa de los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a excepción de Ciudadanos

Los Servicios Jurídicos municipales han advertido al alcalde, José Manuel Bérmudez, de que incurrirá en desacato si no da cumplimiento inmediato a la sentencia del Audiencia Provincial que ordena el derribo total del edificio de aparcamientos y centro comercial situado al inicio de la playa de Las Teresitas conocido como mamotreto. El concejal del Partido Socialista Canario-PSOE, José Ángel Martín Bethencourt, indicó que por las informaciones que manejaba los técnicos habían dejado claro al alcalde de Santa Cruz que no existe posibilidad alguna de legalizar la parte de este edificio que no ocupa la zona de servidumbre.

El fallo de la Audiencia Provincial abría la posibilidad a sólo derribar 420 metros cuadrados que son los que se sitúan en esta parte del dominio público, siempre y cuando se demostrara que es posible legalizar el resto. La última alternativa que barajaba el grupo de gobierno integrado por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) es incluir este edificio dentro del futuro Plan Especial de Las Teresitas. Sin embargo, el anterior responsable de Urbanismo reitera que la jurisprudencia ratifica que no existe instrumento alguno que permita salvar al edificio de su desaparición.

La Plataforma a favor del derribo del Mamotreto consiguió reunir este miércoles a todos los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Santa Cruz, excepto Ciudadanos, en una rueda de prensa en la que ratificó su posición a favor del derribo total del inmueble diseñado por el arquitecto francés, Dominique Perrault, que formaba parte del frustrado proyecto de remodelación de Las Teresitas.

Los portavoces de este colectivo, Lola Schneider y Ramón Afonso, lamentaron la imagen que tiene en la actualidad la principal playa de la capital tinerfeña y culparon a la mayoría de gobierno de emprender todo tipo de operaciones para incumplir el fallo judicial. Cándido Quintana, representante también de la Plataforma, recordó que en la propia encuesta hecha por el Ayuntamiento en la que se sondeaba a los vecinos sobre cuál era la playa que querían, en un 90 % éstos se oponían a la continuidad del edificio.

El colectivo cree que existen alternativas para evitar la saturación de coches como incentivar el transporte público o habilitar espacios en momentos concretos en los que se produzca la llegada masiva de usuarios. Schneider, Afonso, Quintana y Carmen Rosa Santos, han solicitado este miércoles a título personal personarse en el sumario con el fin de tener acceso directo a las resoluciones que a partir de ahora se emita. El grupo de gobierno también pensaba personarse pero por ahora no ha tomado una decisión firme.

El portavoz de Sí Se Puede, Pedro Arcila, incidió en la relación de esta trama con el caso de Las Teresitas que calificó como el mayor pelotazo de la historia de Canarias. Recordó que la anulación de la compra de la playa fue un acto “heroico” protagonizado por el colectivo El Rincón y señaló que tras el intento de construir un hotel, el aparcamiento y el puerto deportivo se esconde la intención de ir retirando el uso de esta playa para los ciudadanos y privatizarla. El también abogado y experto en Urbanismo ratificó que en estos momentos no existe posibilidad alguna de mantener en pié al edificio y dijo que su ilegalidad se basa en la falta de autorización, haber emprendido las obras mientras se fijaba el deslinde o haber construido más de lo previsto, entre otras irregularidades.

El concejal de Izquierda Unida Canaria (IUC), Ramón Trujillo, calificó de “surrealista” el hecho de que haya tenido que unirse la oposición para convocar esta rueda de prensa y exigir el derribo “íntegro” del edificio, “ilegal e ilegalizable”. Todo ello ante los intentos del grupo de gobierno de hacer lo posible para incumplir el fallo judicial.

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