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Canarias deberá renovar el 50% de sus profesores en 10 años por la jubilación de la mitad de los actuales

El Consejo Escolar de Canarias advierte de la situación que se va a producir en un decenio y señala como reto actual el incremento de la oferta educativa en el tramo de 0 a 3 años

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El informe recomienda que el gasto en educación represente al menos el 5% del PIB regional

El informe recomienda que el gasto en educación represente al menos el 5% del PIB regional

El 52% del profesorado que ejerce su actividad en Canarias es hoy mayor de 50 años y, dado que la mayoría se acoge al derecho de jubilación a los 60 años con 31 de servicio, en el plazo de diez años se va a tener que renovar a más del 50% del personal docente en las islas.

Así lo ha indicado este miércoles el presidente del Consejo Escolar de Canarias, Ramón Aciego, que ha comparecido en la Comisión de Educación y Universidades para presentar el informe realizado por esta entidad sobre la planificación del curso 2017-2018, al que se presentaron un total de 93 enmiendas, de las que solo 14 no fueron aceptadas.

Ramón Aciego valoró el esfuerzo de la Consejería de Educación y Universidades al presentar -por segunda vez consecutiva- la planificación del curso en el mes de mayo, pues con eso se logra que antes de que acabe la actividad docente pueda contarse con el informe de valoración del Consejo y así se tengan en cuenta estas consideraciones de cara a dicha planificación.

El informe del Consejo Escolar de Canarias, en su punto segundo, hace referencia a la financiación e insiste en que toda planificación educativa precisa de una planificación económica que haga posible su viabilidad. En este sentido, Aciego quiso recordar que en la propia Ley de Educación hay un compromiso "nítido" de alcanzar una inversión del 5% del PIB, lo que en 2018 tampoco se conseguirá.

Aciego hizo hincapié en que dicho compromiso debe hacerse efectivo para afrontar con éxito los continuos retos del sistema educativo. "La economía no es condición suficiente, pero sí imprescindible para que esos retos se puedan abordar con garantías", dijo.

En cuanto a los retos que recoge el informe, el presidente del Consejo Escolar se refirió al incremento de la oferta de educación de 0 a 3 años. A este respecto, indicó que hoy en día existe un desfase "muy grande" en Canarias respecto a otras comunidades autónomas y también echó en falta que se articule una oferta gratuita que llegue a las familias más desfavorecidas. En cualquier caso, alabó el esfuerzo hecho por los ayuntamientos para cubrir este desfase.

Aciego detalló que, según datos del INE del año 2015, en Canarias existen 132 centros de Educación Infantil de 0 a 3 años, cuando en el País Vasco, con una población similar, hay 844. De los 132 que hay en Canarias, 31 eran públicos, tres concertados o subvencionados y 98 no concertados, mientras que en País Vasco 575 eran públicos, 277 concertados o subvencionados y dos privados.

Puso de relieve que la educación de 0 a 3 años en Canarias es una "asignatura pendiente" y advirtió que esta situación no solo va a castigar a las familias más deprimidas, sino también a los niños, porque si no tienen la posibilidad de ir a estos centros estarán sometidos a una depreciación sensorial, motriz y cognitiva.

Otros de los retos, según Aciego, es la necesidad de consolidar de forma "sostenida y generalizable" planes y proyectos que se consideran claves, como por ejemplo el Programa Impulsa; la Formación Profesional Básica, un tema que "no está resuelto", y la atención a la diversidad, para seguir avanzando y alcanzar el principio de la inclusión.

En cuanto a la Formación Profesional, en el informe se plantea la adopción de un modelo proactivo en el sentido de que no quede a la espera del tejido productivo, sino que se aproveche para estimular un sentido de innovación y emprendimiento. También se aboga por establecer sinergias entre Educación, Empleo, Industria, Comercio y Economía.

En este mismo ámbito, Ramón Aciego indicó que el impulso de la Formación Profesional se está apoyando en gran medida en los centros integrados, pero apuntó que esos centros carecen de un reglamento que les permita desplegar esa capacidad de gestión que se está demandando.

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