Los ecologistas de ATAN también cuestionan la existencia de la piscifactoría de truchas en Aguamansa

Piscifactoría de Aguamansa, en La Orotava, instalación que gestiona el Cabildo de Tenerife

Lidia Rodríguez

Santa Cruz de Tenerife —

El vertido sin control que se produjo en días de este verano en aguas que luego llegaron al canal del norte (suministra a la población) con restos de un antibiótico prohibido para uso humano también ha puesto en alerta a la organización ecologista tinerfeña ATAN, que este jueves se replantó la existencia de la piscifactoría de Aguamansa, en La Orotava, un lugar con malas prácticas en la gestión de la cría y el engorde de truchas, tal y como acredita un informe de técnicos especializados del propio Cabildo de Tenerife, el titular del recinto.

La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) se llega a cuestionar si la existencia de la piscifactoría de Aguamansa es “un negocio” para la Corporación insular, así como si se han cumplido los plazos adecuados para que el antibiótico utilizado con las truchas no afecte a la salud pública. Podemos y el PP también han criticado con extrema dureza la gestión que el área de Medioambiente, regida por el socialista José Antonio Valbuena, realiza en esas instalaciones.

A raíz de la información publicada por este medio sobre la utilización sin control exhaustivo de un antibiótico prohibido en humanos en la piscifactoría de Aguamansa, el portavoz de ATAN ha manifestado su preocupación por este asunto.

Eustaquio Villalba explicó que sobre este asunto existen dos cuestiones que hay que poner en duda: por un lado, la propia existencia de la piscifactoría, ya que se diseñó en Canarias en los años setenta; y por otro, que se haya podido utilizar una sustancia prohibida en humanos. “No sabemos qué sentido tiene una piscifactoría en Canarias, y si es un negocio no entendemos cómo se sostiene, mucho menos si funciona deficitariamente”, ha dicho.

La misma fuente sostiene que el Cabildo debe aclarar “si se han cumplido los plazos necesarios” para que las sustancias suministradas a las truchas no supongan un peligro para la salud pública. También “tiene que informar sobre este problema”, ya que se desconoce “si el agua que se ha estado consumiendo en el área metropolitana contenía sustancias prohibidas para humanos, y sobre qué control se ha estado haciendo al respecto”, que no parecen los correctos y razonables, según se recoge en la crítica formulada por un área técnica de la propia Corporación insular.

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