Bajo la Cuesta elude de nuevo su desalojo

Los vecinos de Bajo la Cuesta insisten en que en 50 años no han habido incidentes.

Tachi Izquierdo

Candelaria —

A pesar de que se había cumplido el plazo establecido por el Ayuntamiento de Candelaria para que los habitantes del asentamiento de Bajo la Cuesta desalojaran sus viviendas, conforme a un informe que advertía del riesgo de desprendimiento, han preferido hacer oídos sordos a la decisión municipal y seguir en sus casas.

La mañana del martes 23 de junio se vivió con expectativa en la zona, con una importante presencia de medios de comunicación que estaban pendientes de cualquier modificación en la decisión municipal o de una acción vecinal que cambiara la tendencia inamovible que han mantenido hasta ahora. Pero, al final, todo transcurrió por la senda que han esgrimido desde que comenzó este conflicto, que se remonta a varios años atrás y que se ha agudizado con el desprendimiento reciente de una piedra, y que no es otra que su enérgica negativa a abandonar sus casas.

Antonio Oliva, representante de la asociación de vecinos de la zona, aseguró que ya se sienten cansados de “tanta persecución”, y que lo que reclaman es “poder vivir en paz en nuestras casas y disfrutar de nuestra vecindad”.

Dijo que, a pesar de que el día que se había marcado como un ultimátum para el desalojo había transcurrido con normalidad, “por desgracia, nos hemos acostumbrado a este tipo de situación, que nos somete, pese a la dificultades que suponen estar enfrentándonos a las injusticias, a estar bajo sospecha, cuando nuestras viviendas son legales y están debidamente registradas, con sus certificaciones catastrales y con las tasas de agua y luz pagadas, además de haber sido incluidos en el Plan Nacional de Electrificación Rural o de tener la consideración de núcleo urbano según las normas subsidiarias”.

Asegura que “lo más que nos cuesta es adaptarnos a una situación en la que parece que vinimos a robar a esta zona, cuando los primeros pobladores tuvieron que quitar las cadenas que, puestas por Unelco, impedían el acceso a la playa”.

No obstante, ahora están sometidos a una consideración técnica que determina que, ante el riesgo de desprendimiento de la ladera bajo la que están sus casas, deben desalojarlas de manera urgente, aunque en Bajo la Cuesta consideran que el origen de sus males “está en el empecinamiento del ex alcalde, el socialista José Gumersindo García Trujillo, cuando en 2006 nos retira en el PGO la consolidación como suelo urbano y nos lo convierte en rústico. En ese momento, Costas sitúa el deslinde de dominio público detrás de las viviendas. En 2010, esta entidad elabora un informe que advierte de riesgo de derrumbe, que sustenta en el caso de una casa que se desprendió pero de la que se le retiró 7 años antes la base para su posterior arreglo”.

Así, el representante vecinal de este medio centenar de familias alega que, mientras en otras zonas que han sufrido el golpe de temporales con daños directos en sus casas, como en Tabaiba, “sus habitantes siguen en ellas y, aquí, donde hemos soportado todo tipo de efectos sin consecuencias, nos quieren echar, porque cae una piedra de un kilo en la zona donde no se colocó la malla tras las obras de la TF-1”.

Antonio Oliva indicó que son conscientes de que, tras esta negativa a desalojar sus casas, “ahora tendrá que venir el Ayuntamiento a solicitar la entrada en los domicilios, a lo que también nos negaremos. Eso solo lo decidirá un juez”, por lo que aventura que “se abrirá un nuevo contencioso judicial que supondrá más tiempo de demora y más gastos para los vecinos”.

Aseguró que, “si nosotros fuéramos conscientes de un peligro inminente, seríamos los primeros en salir de la zona, porque no somos tan temerarios como para poner en riesgo a nuestras familias”, pues aseguran que no se fían del informe externo encargado por el ayuntamiento que, dicen, “técnicos especializados nos han dicho, extraoficialmente, que el mismo no aconseja un desalojo inminente, sino que hay un riesgo, como en cualquier talud, en el que en cualquier día puede caer una piedra, algo que no ha pasado aquí en 50 años”.

Tras este primer asalto, la incertidumbre se traslada ahora al miércoles 24 de junio, pues hay varias fechas de notificación, y se espera ahí a la comitiva municipal, mientras por otra parte se insiste en reclamar al Gobierno canario el arreglo de la malla y que aclare cuántas veces lo solicitó el informe el consistorio local y toda la documentación al respecto.

En este sentido, según Oliva, sí que aconseja es un arreglo para asegurar la ladera, “con unas obras que rondan el 1,6 millones de euros, algo inalcanzable para nuestros bolsillos”. Indicó que el concepto de riesgo es muy subjetivo, “aunque el único peligro para Bajo la Cuesta se llama José Gumersindo y su grupo municipal”.

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